LEGISLACION

LEY 7344

Mecanismo Provincial de Prevención de la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes

 

MECANISMO PROVINCIAL DE PREVENCIÓN DE LA TORTURA

Y OTROS TRATOS O PENAS CRUELES, INHUMANOS O DEGRADANTES

DE LA PROVINCIA DE SANTIAGO DEL ESTERO.

TÍTULO I

Del Sistema Provincial de Prevención de la Tortura y Otros Tratos o

Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.

CAPITULO UNICO

Art. 1 - Objeto. Mecanismo Provincial. Derechos Protegidos. Crease en el ámbito de la Defensoría del Pueblo de la Provincia el Mecanismo Provincial de Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, en adelante denominado "Mecanismo Provincial" en virtud de lo establecido en los Artículos 3, 32 y concordantes de la Ley Nacional 26.827, cuyo objeto será garantizar todos los derechos reconocidos tendientes a la prevención y prohibición de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, otorgando especial énfasis en la prevención, consagrados por los Artículos 18 y 75, inciso 19, de la Constitución Nacional, por la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, incorporado a la Constitución Nacional en su Artículo 75, inciso 22, por el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, aprobado por Ley Nº 25.932, y demás tratados internacionales que versen sobre estos derechos, y artículos pertinentes de la constitución provincial.

Tendrá competencia e intervención funcional en todos los lugares de detención, internación y/o encierro de jurisdicción provincial.

Las funciones y atribuciones emergentes del cumplimiento de la presente ley, en ningún caso serán entendidas como restricción o limitación de las funciones o atribuciones conferidas a otros organismos o autoridades, sino como un mandato supra legal de cumplimiento inexcusable derivado de compromisos asumidos en las convenciones internacionales de la materia.

Art. 2 - Finalidad. El Mecanismo Provincial tendrá por finalidad fortalecer la vigencia y el cumplimiento de los derechos y las garantías de las personas que se encuentren privadas de su libertad, velando por condiciones de detención dignas, y reforzando la protección de las mismas contra todo tipo de trato o penas prohibidas por nuestra legislación vigente y las normas internacionales, así como procurar especialmente la prevención y el logro de la erradicación de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.

Art. 3 - Integración. El Mecanismo Local estará integrado por el "Comité para la Prevención de la Tortura y otros Tratos y Penas Crueles, Inhumanos y/o Degradantes" y el "Consejo Consultivo para la Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes" que tendrá carácter consultivo y de asesoramiento al comité en el cumplimiento de los objetivos del "Protocolo Facultativo de La Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles Inhumanos o Degradantes".

Art. 4 - Lugar de detención y privación de libertad. Definición. A los efectos de la presente ley se entiende por lugar de detención o encierro a todo ámbito espacial público, privado o mixto, bajo jurisdicción, control, supervisión o cualquier tipo de monitoreo por parte del estado nacional, provincial o municipal donde se encuentren o pudieran encontrarse personas privadas de su libertad, ya sea que es ten detenidas, arrestadas, bajo custodia o que se les impida su salida de dicho ámbito por orden o disposición judicial, administrativa o de cualquier otra autoridad o por su instigación o su consentimiento expreso o tácito o su aquiescencia. Esta definición se deberá interpretar conforme lo establecido en el Articulo 4º incisos 1 y 2 del Protocolo Facultativo de la Convención Contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes y en consonancia con su enfoque preventivo, en sentido amplio.

Art. 5 - De los principios. Los principios que rigen el funcionamiento del Mecanismo Provincial son:

a. Fortalecimiento del monitoreo: La presente ley promueve el fortalecimiento de las capacidades de los organismos estatales y no estatales que desempeñan funciones vinculadas con el monitoreo de los lugares de detención y la defensa de los derechos de las personas privadas de su libertad, con énfasis en la prevención de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. En ninguna circunstancia podrá considerarse que el establecimiento del Sistema de Prevención de la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes implique una restricción o el debilitamiento de esas capacidades de dichos organismos.

b. Coordinación: Todos los integrantes del Mecanismo Provincial actuarán coordinadamente con el objeto de lograr el cumplimiento de la finalidad prevista en el Artículo 3º de la presente. También se trabajará articuladamente con el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura y el Consejo Federal de Mecanismos Locales para la Prevención de la Tortura.

c. Cooperación: Las autoridades públicas competentes fomentarán el desarrollo de instancias de diálogo y cooperación con el Mecanismo Provincial de Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes a fin de garantizar el cumplimiento de los objetivos del Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes y de la presente ley.

d. Confidencialidad: Según lo establecido en los parámetros de las normativas aplicables.

e. Imparcialidad y objetividad: El comité debe adoptar criterios y metodologías de trabajo justas, imparciales y objetivas. Los integrantes del Comité deben cumplir su mandato de manera profesional, basada en los hallazgos que en el marco de su función de obtengan. Si bien deben dialogar y coordinar su trabajo con varios entes serán independientes de los gobiernos, la sociedad civil, los medios de comunicación o de cualquier otro tipo de interés.

TÍTULO II

Del Comité Provincial para la Prevención de la Tortura

Capítulo I

Creación. Naturaleza. Integración.

Principios de selección de sus miembros. Composición.

Procedimiento de Selección

Art. 6 - Naturaleza-Constitución: el Comité Provincial para la Prevención de la Tortura, en el ámbito de la Defensoría del Pueblo de Santiago del Estero, actuará en todo el territorio de la Provincia, de acuerdo con las competencias y facultades que se establezcan en la presente ley.

El Comité tendrá plena autonomía funcional e independencia política, contará con los recursos humanos y materiales que garanticen su adecuado funcionamiento para cumplir con los objetivos por el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.

Art. 7 - Integración. El Comité estará integrado por cinco (5) miembros, que serán remunerados por el ejercicio de su función, la precepción de ésta será incompatible con cualquier otra remuneración pública, salvo la docencia, la investigación académica y actividades de capacitación en materias referidas a la aplicación del Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.

Los miembros del Comité para la Prevención de la Tortura percibirán las remuneraciones que se le asignen el presupuesto específico con arreglo a la normativa vigente. Los viáticos y las compensaciones necesarias para el desarrollo de sus tareas serán fijados de acuerdo con el reglamento interno que se dicte.

Art. 8 - Principios de selección. En la integración del Comité se asumen como prioritarios los principios de representación equilibrada entre géneros sobre la base de la igualdad y de no discriminación. La totalidad de los miembros del comité deberán acreditar adecuada, pública, notoria y evidente participación, en el cumplimiento de las finalidades previstas en el protocolo facultativo de la convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes y de la presente ley. Además deberá presentar indiscutible trayectoria personal, sostenida e incuestionable en defensa y promoción de derechos humanos, con especial énfasis en el resguardo de los derechos de las personas privadas de la libertad y la prevención de la tortura que le permitan ofrecer garantías de imparcialidad e independencia de criterio.

Estos principios comprenden a los miembros del comité, tanto como a las organizaciones no gubernamentales en su carácter de proponentes.

Art. 9 - Composición. El Comité se integrará de la siguiente manera:

Un (1) representante de la Defensoría del Pueblo de la Provincia.

Un (1) represente del Poder Legislativo Provincial.

Un (1) representante de la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia.

Un (1) representante del Ministerio Público de la Defensa.

Un (1) representante propuesto por las organizaciones no gubernamentales que desarrollan actividades de defensa de los Derechos Humanos en el marco del Instituto Espacio por la Memoria, creado por Ley Nº 6.884.

Art. 10 - Criterios de selección. Son criterios para la selección de los miembros del Comité: a) Integridad ética, el compromiso con los valores democráticos y la reconocida trayectoria en la promoción y defensa de los derechos humanos, con especial énfasis en el resguardo de los derechos de las personas privadas de libertad y la prevención de la tortura. b) Capacidad de mantener independencia de criterio para el desempeño de la función en los términos que exige el cumplimiento del Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes y la presente Ley. En la integración del Comité se asumen como prioritarios los principios de representación equilibrada entre géneros sobre la base de los principios de igualdad y no discriminación. Respecto a la designación de los representantes de las ONG'S interesados en integrar el Comité, se deben establecer los mecanismos de selección que aseguren la efectiva participación plural y democrática de todos los interesados, como también la transparencia en todas las instancias del proceso de selección y nombramiento, amplitud de convocatoria, publicidad y difusión.

Art. 11 - Presidencia. La Presidencia del Comité será elegida, en una primera instancia, mediante el consenso entre todos sus miembros. Si no se lograra dicho consenso en la primera instancia, la presidencia será elegida a simple pluralidad de sufragios.

Art. 12 - Mandato. La duración del mandato de los miembros del Comité Provincial contra la Tortura será de cuatro años y podrán ser reelegidos. Si habiendo cesado en su mandato alguno de los representantes sin que se haya designado su reemplazante, este continuará ejerciendo sus funciones hasta tanto se produzca la designación pendiente.

CAPÍTULO II

Inhabilidades. Incompatibilidades.

Garantías e Inmunidades. Cese.

Art. 13 - Inhabilidades. No podrán integrar el Comité Provincial para la Prevención de la Tortura:

a. Aquellas personas que hayan desempeñado a partir del 24 de marzo de 1976 cargos de responsabilidad política en los regímenes de facto;

b. Quienes hayan integrado fuerzas de seguridad y hubieran sido denunciados y/o tengan antecedentes de haber participado, consentido o convalidado hechos de tortura u otros tratos y penas crueles, inhumanos y/o degradantes.

Art. 14 - Incompatibilidades. El cargo de miembro del Comité Provincial para la Prevención de la Tortura es incompatible con el ejercicio de otras actividades que pudieran afectar o poner en riesgo el cumplimiento de los objetivos del Comité Provincial para la Prevención de la Tortura.

Art. 15 - Cese en sus funciones. Los integrantes del Comité Provincial para la Prevención de la Tortura cesan en sus funciones por alguna de las siguientes causales:

a. Por renuncia o muerte;

b. Por vencimiento de su mandato;

c. Por incapacidad sobreviniente, acreditada fehacientemente;

d. Por haber sido condenado por delito doloso mediante sentencia firme;

e. Por notoria negligencia en el cumplimiento de los deberes del cargo;

f. Por haber incurrido en alguna situación de incompatibilidad prevista en la presente ley.

En el caso de los representantes de las funciones del Estado, cesarán como miembros del Comité al finalizar el período de su función, si éste se produjera antes de los cuatro (4) años.

Art. 16 - Cese. En caso de renuncia o muerte de algún integrante del Comité Provincial para la Prevención de la Tortura se debe promover la designación de un nuevo miembro en la forma prevista en la presente ley y respetando la composición establecida, dentro del plazo de treinta (30) días.

En caso de no estar constituido plenamente el Comité, el mismo podrá funcionar con la mayoría simple de sus integrantes.

Art. 17 - Reglamento. El Comité debe emitir su propio reglamento interno y su protocolo de actuación en el término de sesenta (60) días después de su integración formal.

CAPÍTULO III.-

Funciones. Atribuciones. Informes anuales.

Art. 18 - Funciones. Corresponde al Comité Provincial para la Prevención de la Tortura:

a-) Actuar como órgano rector del Mecanismo Provincial para la Prevención de la Tortura, articulando y coordinando con el Sistema Nacional de Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, y teniendo en cuenta las recomendaciones, decisiones y propuestas del Consejo Federal, para una aplicación homogénea del Protocolo Facultativo para la Prevención de la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes;

b-) Realizar visitas de inspección a cualquier lugar de encierro de acuerdo con la definición prevista en el artículo 4º de la presente ley. Las visitas podrán ser de carácter regular o extraordinario y sin previo aviso, acompañados por personas idóneas elegidas por el Comité Provincial para la Prevención de la Tortura, pudiendo concurrir con peritos, asesores o con quien estime del caso, estando habilitados para registrar la inspección o visita por los medios y con los soportes tecnológicos que estime pertinentes;

c-) Diseñar y recomendar acciones y políticas para la prevención de la tortura, y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes y promover la aplicación de sus directivas, recomendaciones, estándares y criterios de actuación por las autoridades competentes a nivel provincial y municipal;

d-) Comunicar en forma inmediata a los organismos pertinentes o funcionarios judiciales que correspondan, los hechos de tortura o malos tratos que pudieran conocer;

e-) Participar en el proceso de formación de leyes emitiendo dictámenes, recomendaciones y propuestas sobre proyectos de ley o reformas constitucionales, y sugerir a los organismos públicos competentes la aprobación, modificación o derogación de las normas del ordenamiento jurídico, todo ello con el fin de fortalecer la protección de las personas privadas de su libertad;

f-) Crear, implementar y coordinar el funcionamiento del Registro Provincial de casos de Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes y de un Registro Provincial de Acciones Judiciales de Hábeas Corpus motivadas en el agravamiento de condiciones de detención, en consonancia con los criterios de los Registros Nacionales para ambas situaciones;

g-) Recopilar y sistematizar información sobre la situación de las personas privadas de libertad en el territorio de la provincia, ya sea que estén sujetas a la jurisdicción federal, nacional, provincial o municipal;

h-) Asesorar y capacitar a entidades u organismos públicos o privados que tengan vinculación con su actividad, así como al personal afectado a los lugares de detención y a las personas privadas de libertad;

i-) Aplicar los estándares y criterios de actuación que el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura elabore en cumplimiento con lo establecido en el artículo 7, inciso f) de la ley 26.827;

j-) Representar al Sistema Provincial de Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes ante el Sistema Nacional de Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes y ante el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura.

Art. 19 - Facultades y Atribuciones. Para el cumplimiento de sus funciones, el Comité Provincial para la Prevención de la Tortura tendrá las siguientes facultades y atribuciones:

a-) Acceder a la información, documentación, archivos, estadísticas. Datos, expedientes tanto de los lugares de detención como de los organismos administrativos de los cuales dependen;

b-) Entrevistar a personas privadas de libertad en forma individual o colectiva, de modo confidencial y sin la presencia de testigos, en el lugar que considere más conveniente;

c-) Acceder a los lugares de detención en los que se encuentren o pudieren encontrarse personas privadas de su libertad con teléfonos celulares, computadoras, grabadoras, cámaras fotográficas y/o de filmación, o todo otro elemento necesario para la realización de sus tareas;

d-) Solicitar a toda autoridad competente, así como a los magistrados y funcionarios judiciales que corresponda, la adopción de medidas urgentes para la protección de personas privadas de libertad cuando en virtud de sus declaraciones, pudieran ser víctimas de agresiones, castigos, represalias, o perjuicios de cualquier tipo, o cuando existieren elementos que indiquen un acontecimiento inminente de carácter dañoso que pudiera afectarles por cualquier motivo;

e-) Asesorar y capacitar a las personas que se encuentren privadas de su libertad, al personal afectado a lugares de detención y a entidades u organismos públicos y privados

f-) El Comité podrá promover acciones judiciales, incluyendo medidas cautelares, con el objeto de asegurar el cumplimiento de sus funciones y fines, pudiendo presentarse como querellante;

g-) Mantener reuniones confidenciales con familiares de personas privadas de libertad, magistrados y funcionarios judiciales, abogados, médicos y otros profesionales de la salud, integrantes de los distintos servicios penitenciarios o instituciones de detención o alojamiento, y con todas aquellas personas y organismos públicos o privados que el Comité Provincial para la Prevención de la Tortura considere necesario para el cumplimiento de su mandato;

h-) Desarrollar acciones y trabajar juntamente con las organizaciones no gubernamentales y/o instituciones públicas locales para el cumplimiento del Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes;

i-) Diseñar y proponer campañas públicas de difusión y esclarecimiento sobre los derechos de las personas en situación de encierro;

j-) Proponer reformas institucionales para el cumplimiento de los fines del Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes y ser consultado en las discusiones parlamentarias vinculadas con la situación de las personas privadas de libertad en todo el territorio de la provincia;

k-) Poner en conocimiento de lo actuado a los jueces a cuya disposición se encontrarán las personas privadas de libertad, pudiendo, a la vez, expresar su opinión sobre algún aspecto de hecho o de derecho, en carácter de "amigo del tribunal";

l-) Articular sus acciones con universidades, organizaciones de derechos humanos, asociaciones de familiares de personas privadas de libertad y demás organismos de la sociedad civil que desarrollen acciones en defensa de los derechos de personas privadas de libertad a nivel nacional, provincial y municipal. La coordinación de acciones podrá realizarse mediante la firma de convenios, elaboración de informes o visitas conjuntas;

ll-) El Comité propondrá para su funcionamiento el nombramiento o afectación del personal que requierase;

m-) El Comité solicitará la adquisición de bienes de cualquier tipo necesario para su funcionamiento; abrir y administrar cuentas bancarias, y celebrar cualquier tipo de contrato necesario para el cumplimiento de sus fines y funciones;

n-) Delegar en el secretario ejecutivo, o en otro u otros de sus integrantes, las atribuciones que considere adecuadas para un eficiente y ágil funcionamiento;

n-) Asegurar la publicidad de sus actividades;

o-) Realizar todo otro acto que sea necesario para el mejor cumplimiento de sus fines y funciones. Para ello, deberá reunirse cuantas veces sea necesario, recurrir al auxilio de expertos y peritos, solicitar informes, solicitar la presencia y las explicaciones de cualquier funcionario público provincial, convocar a expertos nacionales e internacionales y en general llevar adelante toda acción que sea conducente al logro de acuerdos sobre los problemas vigentes en los lugares de detención de la provincia, las causas de estos y sus posibles soluciones.

p-) Elaborar un plan anual de trabajo.

q-) Elaborar y elevar anualmente su proyecto de presupuesto a la legislatura provincial para su incorporación al proyecto de ley general de presupuesto.

r-) Realizar la rendición de cuentas del ejercicio mediante un informe detallado.

Art. 20 - Inmunidades. Con el fin de garantizar el ejercicio sin limitaciones de las funciones previstas por esta ley, los integrantes del Comité, en ejercicio de sus funciones, tendrán las siguientes inmunidades:

a-) Inmunidad de arresto y detención, salvo el caso de ser sorprendido in fraganti en la ejecución de delito doloso reprimido con pena máxima superior a los tres (3) años.

b-) Inmunidad contra toda acción judicial respecto a las palabras habladas o escritas y a los actos en cumplimiento de su misión. Las inmunidades se conceden en beneficio del comité y no en provecho de sus integrantes.

Art. 21 - Intervenciones específicas. El Comité Provincial para la Prevención de la Tortura podrá realizar recomendaciones, así como cualquier otra actuación necesaria para el cumplimiento de sus funciones específicas.

Las autoridades públicas o privadas requeridas por el Comité Provincial para la Prevención de la Tortura deberán responder sus solicitudes en un plazo no mayor a veinte (20) días.

En caso de considerarlo necesario, en el momento de remitir los informes, el Comité Provincial para la Prevención de la Tortura podrá fijar un plazo diferente a los veinte (20) días para obtener respuesta de las autoridades competentes.

En el plazo fijado al efecto, las autoridades deberán responder fundadamente sobre los requerimientos efectuados, así como comunicar el plan de acción y cronogramas de actuación para su implementación.

El Comité Provincial para la Prevención de la Tortura podrá realizar informes de situación y/o temáticos.

Los informes serán remitidos a las autoridades competentes. El Comité Provincial para la Prevención de la Tortura, si lo estimara conveniente, deberá dar a publicidad las gestiones y/o informes de situación realizados. Asimismo, deberá convocar a mesas de diálogo o audiencias públicas.

Art. 22 - Informe Anual. El Comité Provincial para la Prevención de la Tortura presentará un informe anual, en la fecha que fije su reglamento, el que será comunicado a los tres Poderes del Estado Provincial.

El informe anual contendrá un diagnóstico de la situación de las personas privadas de libertad en la provincia y una evaluación del cumplimiento de las obligaciones estatales en la materia, así como las recomendaciones que el Comité ha realizado y su estado de cumplimiento. El Comité Provincial para la Prevención de la Tortura definirá aquellos indicadores que permitan un mejor registro de la información y su comparación anual.

A su vez, el informe incluirá un anexo con el detalle de la ejecución del presupuesto correspondiente al período. El informe será público desde su remisión a los Organismos competentes.

CAPÍTULO IV

Estructura. Presupuesto. Patrimonio.

Art. 23 - Estructura. El Comité Provincial para la Prevención de la Tortura contará con una presidencia que será elegida entre sus miembros, por simple mayoría, y una secretaría ejecutiva que le dará apoyo técnico y funcional.

Art. 24 - Presidencia. El presidente será elegido virtud de lo establecido en el artículo precedente de la presente ley y sus funciones serán:

a. Ejercer la representación legal del Comité Provincial para la Prevención de la Tortura,

b. Ejercer la representación del Comité Provincial para la Prevención de la Tortura ante el Consejo Federal de Mecanismos Locales para la Prevención de la Tortura,

c. Presidir el Consejo Consultivo del Mecanismo Local,

d. Proponer el reglamento interno al Comité Provincial para la prevención de la Tortura,

e. Convocar al Comité Provincial para la Prevención de la Tortura.

Art. 25 - Secretaría Ejecutiva. El titular de la Secretaría Ejecutiva será designado a propuesta del Comité. El Secretario Ejecutivo tendrá dedicación exclusiva, percibirá una remuneración por su función que se fijará en el presupuesto anual. Regirán para el titular de la Secretaría Ejecutiva las incompatibilidades del Artículo 18º de la presente ley.

Art. 26 - Funciones del Secretaría Ejecutiva. Son funciones de la Secretaría Ejecutiva:

a. Organizar el registro y administración de todos los insumos necesarios para el adecuado funcionamiento del Comité Provincial,

b. Cumplir con las responsabilidades, atribuciones y facultades que le asigne el Comité,

c. Someter a consideración del Comité Provincial contra la Tortura la estructura administrativa de la Secretaría Ejecutiva que le dará apoyo,

d. Llevar el registro de instituciones participantes del Consejo Consultivo y convocar a sus sesiones,

e. Todas las demás funciones que establezca el reglamento.

Art. 27 - Presupuesto. La ley de presupuesto deberá contemplar las partidas necesarias para garantizar el adecuado funcionamiento del Mecanismo Provincial de Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. El comité elaborara y elevara anualmente al Defensor del Pueblo su presupuesto de funcionamiento.

Art. 28 - Patrimonio. El patrimonio del Comité Provincial para la Prevención de la Tortura se integrará con:

a. Todo tipo de bienes muebles e inmuebles del Estado que resulten afectados a sus misiones y funciones por decisión administrativa;

b. Todo tipo de aportes, contribuciones en dinero, subsidios, legados, herencias, donaciones, bienes muebles o inmuebles, programas de actividades o transferencias que reciba bajo cualquier título, de organismos internacionales de derechos humanos;

c. Todo otro ingreso compatible con la naturaleza y finalidades del organismo, que pueda serle asignado en virtud de las leyes y reglamentaciones aplicables.

TÍTULO III

Consejo Consultivo del Mecanismo Local contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.

CAPÍTULO ÚNICO

Art. 29 - Creación. Créase el Consejo Consultivo para la Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, que actuará como órgano de consulta y asesoramiento permanente del Mecanismo Provincial.

Art. 30 - Estará integrado por representantes de los organismos de derechos humanos interesados en la prevención de la tortura, las universidades, Colegios Públicos de Profesionales y demás instituciones con interés o competencia en la materia. Sus integrantes deberán poseer una reconocida trayectoria en la promoción y protección de los Derechos Humanos. Cada representante puede contar con un suplente que debe cumplir con los mismos requisitos. En la integración del Consejo se deben respetar los principios de equidad de género, no discriminación, y asegurar la multidisciplinariedad y la representación de los interesados en la promoción y protección de los derechos humanos.

La reglamentación que dicte el Comité establecerá los mecanismos que aseguren la efectiva participación plural y democrática de todos los interesados, como también la transparencia en todas las instancias del proceso de selección, nombramiento, convocatoria, publicidad, y difusión, teniendo tal función el carácter de ad-honorem.

Art. 31 - Conformación. Dentro de los ciento ochenta (180) días de puesto en funcionamiento el Comité, éste sancionará el reglamento para el puesta en funcionamiento del Consejo Consultivo en el que deberá establecer número de integrantes, duración de mandato, forma de elección y todo otro aspecto relativo a su funcionamiento e integración, incluyendo las incompatibilidades, requisitos de idoneidad para ejercer sus funciones y causales de remoción, y cualquier cuestión pertinente que el Comité considere de relevancia.

Art. 32 - Funciones. Son funciones del Consejo Consultivo para la Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes:

a. Elevar al comité propuestas, realizar sugerencias y recomendaciones sobre políticas públicas a adoptar en la materia, sobre el mejoramiento de las prácticas carcelarias y otros lugares de encierro y promover la aplicación de sus recomendaciones, estándares y criterios de actuación por las autoridades competentes;

b. Actuar como órgano de consulta y asesoramiento permanente del Comité Provincial.

Art. 33 - El presidente del Comité Provincial contra la Tortura actuará como presidente también en el Consejo Consultivo.

TÍTULO IV

Estándares de funcionamiento del Mecanismo Local contra la Tortura y

Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o degradantes.

CAPÍTULO ÚNICO.

Art. 34 - Confidencialidad y Reserva de Identidad. Cualquier persona o institución, pública o privada, goza del derecho de proporcionar al Comité Provincial la información que estime pertinente con el objeto de su correcto funcionamiento y la consecución de los fines previstos en la presente ley.

El Comité Provincial podrá reservar la fuente de los datos e informaciones sobre las que base sus acciones o recomendaciones. Los datos personales o cualquier tipo de información lesiva a los derechos de la persona privada de libertad sobre casos individuales, obtenidos en el cumplimiento de las funciones asignadas por la presente ley, resulten o no pertinentes, falsas o verdaderas, se mantendrán en reserva con carácter confidencial, salvo autorización expresa de la persona afectada. Esta disposición alcanza a los miembros integrantes del Comité Provincial y al personal que desempeñe funciones en el mismo, en los términos establecidos por las disposiciones referidas al secreto profesional. Los miembros integrantes del Comité Provincial podrán reservar la identidad del informante a pesar de un proceso penal abierto, si del conocimiento de la información pueda derivarse razonablemente algún tipo de represalia o daño, para el que lo haya proporcionado. En caso de que la revelación de la identidad del informante pudiese colocar a este en una situación de riesgo para su persona, el Comité Provincial estará obligado a no revelarlo, mediante una decisión fundada, a pesar de la existencia de una orden judicial.

La información confidencial recogida por el Comité y por el Consejo Consultivo tendrá carácter reservado.

Art. 35 - Prohibición de Sanciones. Ninguna autoridad o funcionario ordenará, aplicará, permitirá o tolerará sanción alguna contra persona u organización, en razón de haber comunicado o proporcionado informaciones, sean éstas verdaderas o falsas al Comité Provincial, referentes a las condiciones de detención en que se encuentran las personas privadas de su libertad y el trato recibido por éstas. Ninguna de estas personas podrá sufrir perjuicios de ningún tipo por este motivo.

Art. 36 - Deber de Colaboración. Todos los Poderes del Estado Provincial, autoridades, funcionarios y personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, cuya actividad se encuentre vinculada a los centros de detención, y otras instituciones que ingresen dentro de la órbita de competencia del Mecanismo Provincial para la Prevención de la Tortura y Otros Tratos Crueles, Inhumanos y Degradantes, sin distinción de rango o jerarquía, ni excusa en órdenes de sus superiores, colaborarán con carácter obligatorio, urgente y de manera inmediata con el mismo, para su pleno funcionamiento y la consecución de los fines previstos en la presente ley.

La negativa u omisión a esta obligación podrá ser considerada por el Comité como una obstrucción al cumplimiento de sus obligaciones y, sin perjuicio de las responsabilidades legales de la autoridad respectiva y de las personas involucradas, el incumplimiento será incluido en el informe anual, independientemente de que se prosiga investigando la denuncia por las vías que considere adecuada.

Art. 37 - Consentimiento. Siempre se requerirá el consentimiento informado de la persona afectada para publicar sus datos e información personal en informes, medios de comunicación u otras formas de hacer pública la información que el sistema de prevención procure; esta pauta es extensible a toda información confidencial a la que accedan los integrantes del sistema de prevención.

En los casos en los que se trate de niños, niñas y adolescentes, deberá prevalecer el interés superior del niño según las disposiciones de la Convención sobre los Derechos del Niño, la Ley 26.061 de Protección integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes y la Ley provincial de Protección Integral de los Derechos del Niño, el Adolescente y la Familia.

Art. 38 - Obstaculización. Todo aquel que impida el ingreso irrestricto del Comité Provincial para la Prevención de la Tortura y/o los mecanismos locales a todos los ámbitos de los lugares de detención; el contacto en condiciones de privacidad con las personas privadas de libertad; el registro de las visitas; y/o la realización de una denuncia, será pasible de las sanciones previstas en los artículos 239 y 248 del Código Penal. Sin perjuicio de lo anterior, todo aquel que entorpezca las actividades del Comité Provincial para la Prevención de la Tortura incurrirá en falta grave administrativa.

La persistencia en una actitud entorpecedora de la labor del Comité Provincial para la Prevención de la Tortura y/o de los mecanismos locales, por parte de cualquier organismo o autoridad, puede ser objeto de un informe especial ante las autoridades competentes, además de destacarse en la sección correspondiente del informe anual previsto en el artículo 22 de la presente ley.

El Comité Provincial para la Prevención de la Tortura y los mecanismos locales pueden requerir la intervención de la justicia para obtener la remisión de la documentación que le hubiere sido negada por cualquier institución pública o privada.

Art. 39 - Reglas mínimas. A los fines del cumplimiento de las misiones del Mecanismo Provincial de Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, se considerarán los principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y de violaciones graves del derecho internacional humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones, la Declaración sobre los Principios Fundamentales de Justicia para las Víctimas de Delitos y del Abuso de Poder; los Principios Básicos para el Tratamiento de los Reclusos; el Conjunto de Principios para la Protección de todas las Personas sometidas a cualquier forma de Detención o Prisión; las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos; Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados; los Principios relativos a la investigación y documentación eficaces de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes (2000); las Reglas mínimas de las Naciones Unidas para la administración de la justicia de menores (Reglas de Beijing); las Directrices de las Naciones Unidas para la prevención de la delincuencia juvenil (Directrices de Riad); la Declaración sobre los Principios Sociales y Jurídicos Relativos a la Protección y el Bienestar de los Niños, con Particular Referencia a la Adopción y la Colocación en Hogares de Guarda, en los Planos Nacional e Internacional (1986); las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas sobre las Medidas no Privativas de Libertad (Reglas de Tokio); las Reglas de las Naciones Unidas para la protección de los menores privados de libertad (1990); Principios de las Naciones Unidas en Favor de las Personas de Edad (AGNU - Res. 46/91); los Principios de las Naciones Unidas para la Protección de los Enfermos Mentales y el Mejoramiento de la atención de la Salud Mental, la Declaración de los Derechos del Retrasado Mental (1971); la Declaración de los Derechos de los Impedidos (1975); los Diez principios básicos de las normas para la atención de la Salud Mental (OMS); la Declaración sobre los Derechos de las Personas Pertenecientes a Minorías Nacionales o Étnicas, Religiosas y Lingüísticas (1992); los Principios de Ética Médica Aplicables a la Función del Personal de Salud, especialmente los Médicos, en la Protección de Personas Presas y Detenidas Contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes y las Directrices de las Naciones Unidas.

Art. 40 – De forma.

 

TEXTO S/L 7344 - BO: 6/6/2022

FUENTE: L 7344

VIGENCIA Y APLICACIÓN

Fecha BO: 6/6/2022

Aplicación: a partir del 15/6/2022 (según art. 5 Código Civil y Comercial)

 

Cita digital: