LEGISLACION

LEY 3325-B

Juicios Civiles y Comerciales por Jurados

 

JUICIOS CIVILES Y COMERCIALES POR JURADOS DEL PUEBLO DE LA PROVINCIA DEL CHACO

TÍTULO I

PRECEPTOS GENERALES

Art. 1 - Objeto. La presente ley tiene por objeto garantizar la participación ciudadana en la administración de la justicia civil y comercial de la Provincia del Chaco conforme lo dispuesto en los artículos 5, 14, 24, 75 inciso. 12, 121, 122, 123 y 126 de la Constitución Nacional y en el marco del Derecho Convencional vigente que obliga a la República Argentina.

Art. 2 - Derecho a Audiencia Oral y Pública. Principios del Proceso Adversarial.

Toda persona tiene derecho a que la resolución de su caso civil y comercial se dicte en un juicio oral y público frente a un jurado y un juez o jueza competente, independiente e imparcial.

Durante todo el proceso ante jurados se deben observar los principios de igualdad entre las partes, proporcionalidad e instrumentalidad, buena fe, lealtad procesal, oralidad, publicidad, dispositivo, contradicción, concentración, inmediación, simplicidad, celeridad, participación ciudadana y litigación adversarial.

Todas las audiencias serán públicas, salvo las excepciones legalmente establecidas y estrictamente necesarias para proteger la intimidad o la seguridad de cualquier persona que sea parte en ella. Ello deberá ser especialmente considerado por el juez o jueza cuando los conflictos involucran la intervención de personas en situación de vulnerabilidad o de tutela preferente, especialmente niños, niñas y adolescentes.

El órgano judicial que restrinja el libre acceso deberá hacerlo por resolución fundada y siempre a solicitud de parte interesada, objetiva, debidamente acreditada y contradicho en audiencia. El orden público o la seguridad estatal no podrán ser invocados abstractamente para justificar la restricción de la publicidad y transparencia judicial, se trate de un conflicto individual o colectivo.

La carga de acreditación y el escrutinio en su admisión será estricto. La medida que se adopte debe ser necesaria, razonable, proporcional y adecuada a los derechos e intereses en conflicto, teniendo como principio la máxima transparencia y publicidad de las actuaciones judiciales.

Todas las audiencias celebradas durante el proceso, salvo la deliberación del jurado y la audiencia preliminar, serán registradas en audio y video.

Art. 3 - Competencia. Los juicios civiles y comerciales se celebrarán por jurados, exclusivamente en los siguientes casos:

a) Cuando se tratare de determinar la responsabilidad civil extracontractual individual.

b) Cuando se hayan afectado derechos colectivos, sea que tengan por objeto bienes colectivos o intereses individuales homogéneos.

Art. 4 - Monto. Exenciones. Apelación. El Juicio por Jurados sólo se celebrará si en la demanda se reclama un monto de reparación plena superior a los ciento cincuenta (150) Salarios Mínimos Vital y Móvil, salvo que en el caso estuviesen en juego el derecho a la libertad de expresión, pensamiento, religión, conciencia o no discriminación. En estos supuestos, el caso deberá ser sometido a jurados cualquiera sea el monto pecuniario que se reclame y/o la pretensión que se interponga.

Con independencia del tipo de derecho en juego, también podrán someterse a jurados casos que no superen dicho monto cuando fueran trascendentes.

Se consideran trascendentes aquellos casos que aún siendo individuales, su resolución revista interés público, institucional o relevancia desde el punto de vista político, social o jurídico.

En estos supuestos, el sometimiento al juicio por jurados podrá ser solicitado por las partes en sus escritos postulatorios y/o en la audiencia preliminar o dispuesto de oficio por la autoridad judicial al resolver sobre la admisibilidad del caso o en la audiencia preliminar. En ambos casos, deberá acreditarse y justificarse adecuadamente la trascendencia del caso.

Las partes podrán interponer recurso de apelación contra toda decisión del juez o jueza que se oponga a la celebración del Juicio por Jurados en los casos previstos.

Art. 5 - Renuncia al Juicio por Jurados. Mediación. Acuerdos Colectivos. Transacción. En los supuestos de los incisos a) y b) del artículo 3° las partes podrán ejercitar la renuncia de común acuerdo al trámite del Juicio por Jurados o derivar el mismo a mediación hasta la oportunidad prevista en el artículo 30 y concluirlo mediante acuerdo transaccional o conciliación hasta la oportunidad prevista en el artículo 52 de esta ley.

Los conflictos colectivos no podrán ser sometidos a renuncia al jurado ni a mediación extrajudicial. Pueden ser conciliados dentro del proceso judicial y bajo la supervisión del juez o jueza o del experto inscripto en el registro de mediadores que este designe al efecto. Para valorar la razonabilidad del acuerdo conciliatorio o transacción, el juez o jueza tendrá en consideración:

a) La expectativa de éxito de la pretensión deducida.

b) La dificultad probatoria y complejidad jurídica del caso.

c) Las ventajas de obtener un remedio pronto, en comparación con el tiempo y los costos que insumiría demostrar la razón en juicio.

d) La adecuada distinción entre sub-categorías de afectados y la razonabilidad de la diferencia de trato eventualmente dada a cada una de ellas.

e) La claridad de los parámetros para implementar y ejecutar las obligaciones del acuerdo.

f) El cumplimiento de los estándares de mínima en términos de protección de derechos humanos.

g) La no afectación de cuestiones de orden público interno y convencional en la composición del conflicto.

Dentro de los diez (10) días de presentado el acuerdo, el juez o jueza deberá fijar una audiencia pública para debatir sobre su razonabilidad y conveniencia. La audiencia debe ser debidamente publicitada y participarán obligatoriamente de la misma las partes y el Ministerio Público Fiscal. Se invitará a participar a los miembros del grupo, medios de prensa y a quienes se hubieran presentado en carácter de amicus curiae.

Celebrada la audiencia, el juez o jueza establecerá un plazo máximo de diez (10) días para recibir impugnaciones contra el acuerdo.

Resueltos los mismos, corrida la vista al Ministerio Público Fiscal, resolverá sobre la aprobación del acuerdo o acto de disposición.

Art. 6 - Integración. El jurado estará integrado en todos los casos por doce (12) miembros titulares y como mínimo, por dos (2) suplentes y será dirigido por un solo juez o jueza civil y comercial. El juez o jueza podrá ordenar que haya más suplentes de acuerdo con la gravedad y/o complejidad del caso.

El panel de jurados titulares y suplentes deberá estar siempre integrado por mujeres y hombres en partes iguales. El género de los jurados será determinado por su documento nacional de identidad.

Art. 7 - Integración del Jurado con Pueblos Indígenas. Cuando se juzgue un hecho en el que una de las partes pertenezca al pueblo indígena Qom, Wichi o Mocoví, el panel de doce jurados titulares y suplentes estará obligatoriamente integrado en la mitad por hombres y mujeres de su misma comunidad de pertenencia. Cuando se juzgue un hecho en el que ambas partes pertenezcan al mismo pueblo indígena Qom, Wichi o Mocoví, el panel de doce jurados titulares y suplentes estará obligatoriamente integrado en su totalidad por hombres y mujeres de su misma comunidad de pertenencia.

Art. 8 - Intérpretes. Cuando se juzgue un hecho en el que una de las partes o miembro del jurado pertenezca al pueblo indígena Qom, Wichi, Mocoví o una persona con discapacidad, se dispondrá la participación obligatoria de traductores o intérpretes según corresponda.

Art. 9 - Prórroga de Jurisdicción. Los Juicios por Jurados se realizarán en la circunscripción judicial en la que se hubiera cometido el hecho. Cuando un hecho hubiera conmocionado a una comunidad de tal modo que no pudiera razonablemente obtenerse un jurado imparcial, el juez o jueza podrá disponer, sólo a pedido del demandado y mediante auto fundado, que el juicio se lleve a cabo en otra circunscripción judicial de la Provincia. La determinación de la circunscripción se definirá por sorteo público.

Art. 10 - Función del Jurado y del Juez o Jueza. El Jurado delibera sobre la prueba rendida en el juicio público y determina la responsabilidad, valorando la conducta, la relación causal y las consecuencias dañosas del o los hechos por los cuales la parte que corresponda tiene el deber de reparar. Para que el jurado pueda desempeñar y llevar a cabo esta función, los miembros del jurado deben ser obligatoriamente instruidos sobre el derecho sustantivo aplicable por el magistrado que preside el proceso acerca de las cuestiones jurídicas sustantivas planteadas por las partes y las alternativas legales que puedan llegar a ser aplicables según la prueba producida en el litigio.

Art. 11 - Veredicto y Rol de las Instrucciones del Juez o Jueza. El Jurado rinde su veredicto según su leal saber y entender, de acuerdo con la prueba de los daños, la causación, la atribución y/o la eximición exclusivamente producida en el juicio y sin expresión de los motivos de su decisión. Las instrucciones del juez o jueza al Jurado, los escritos de demanda, contestación y reconvención de las partes y el registro íntegro y obligatorio del juicio en audio y video constituyen plena y suficiente base para el control amplio de la decisión.

Las instrucciones impartidas por el juez o jueza deben estar redactadas de manera de permitir que el público en general y en especial las partes, puedan entender el significado y los fundamentos del veredicto que el jurado tiene que pronunciar en base a esas indicaciones.

Art. 12 - Libertad de Conciencia del Jurado. Prohibición de Represalias. El Jurado es independiente, soberano e indiscutiblemente responsable por su veredicto, libre de cualquier amenaza del juez o jueza, del Gobierno, de cualquier poder o de las partes por sus decisiones. La regla del secreto de las deliberaciones y su poder para rendir un veredicto general les aseguran a los jurados la más amplia libertad de discusión y de decisión, sin estar sujetos por ello a penalidad alguna, a menos que parezca que lo hicieron contra su conciencia o que fueron corrompidos por vía de soborno.

El contenido textual de este artículo formará parte obligatoria de las instrucciones del juez o jueza al jurado.

Art. 13 - Derecho al Debido Proceso Colectivo. Constituyen presupuestos del debido proceso colectivo, el acceso a la justicia colectiva, la legitimación colectiva, la acreditación y control de la representatividad adecuada, la instrumentación de un procedimiento adecuado de publicidad y notificación del proceso, la posibilidad de optar por ser parte o excluirse, la certificación de la acción, la intervención de amicus curiae, la consagración de registros o dispositivos públicos de información relativa al proceso, un deber calificado de contradicción, una sentencia con alcance de cosa juzgada colectiva y mecanismos de implementación acordes a la complejidad de las soluciones que demandan esta clase de conflictos.

Art. 14 - Representatividad Adecuada. Pautas. Remoción. El juez o jueza controlará durante todo el proceso la adecuada representación de los intereses de los integrantes del grupo por parte del legitimado y de los abogados que asuman la dirección técnica del proceso. A tal efecto evaluará la idoneidad, credibilidad, capacidad, prestigio y experiencia del legitimado y la calidad de su actuación y conducta en otros procesos colectivos; asimismo controlará el cabal cumplimiento de sus abogados de los deberes específicos y prohibiciones establecidas en los artículos 5 y 11 de la ley 2275-B en el caso concreto y la coincidencia de ambos con los intereses de los miembros del grupo y el objeto de la demanda.

La dirección del proceso quedará a cargo del legitimado colectivo que esté en mejores condiciones de llevar adelante una defensa idónea de los intereses del grupo, de acuerdo al conflicto de que se trate. En caso que el juez o jueza determine que este requisito ha dejado de estar configurado, ordenará en forma oficiosa la intervención del Ministerio Público Fiscal u otro legitimado para que evalúen la necesidad, oportunidad y conveniencia de continuar con el pleito en nombre del grupo y en su caso, asuman en forma conjunta o indistinta tal representación hasta su culminación o hasta la designación de un nuevo representante.

Art. 15 - Publicidad y Notificaciones en Procesos Colectivos. El juez o jueza determinará las modalidades de notificación y publicidad que estime adecuadas para informar a los miembros del grupo sobre la existencia y estado de tramitación del pleito. Estas modalidades deberán ser razonables según las circunstancias del caso, las particularidades de las pretensiones en discusión y las características del sector de la población a la cual se dirijan.

Se procurará acordar al proceso la mayor publicidad posible y priorizar el uso de las nuevas tecnologías y medios de comunicación digital.

Las partes involucradas, el Estado y cualquier otra persona o entidad pública o privada de relevancia social, deberán prestar especial colaboración en la difusión del asunto a través de las redes sociales, plataformas y medios de comunicación que dispongan, siempre que ello no suponga una carga desmedida. En todos los casos se comunicará la existencia del proceso a la Receptoría de Expedientes a sus efectos.

Art. 16 - Aplicación de la ley 2364-B de Juicio Penal por Jurados. Se aplicarán al procedimiento del Jurado Civil todas las reglas previstas para el funcionamiento del Jurado de la ley 2364-B, con las adaptaciones especiales a la naturaleza del litigio contempladas expresamente en esta ley.

A los efectos de esta ley, se reemplazarán los términos "imputado o acusado" por "demandado" o "parte demandada" y "acusador o fiscal" por "actor" o "parte actora".

Art. 17 - Máxima Accesibilidad Comunicacional. Las partes, el Jurado y la sociedad tienen derecho a comprender el lenguaje jurídico como condición esencial para el ejercicio de su derecho de defensa, participación, transparencia institucional y rendición de cuentas. Todos los sujetos procesales deben utilizar un lenguaje claro, sencillo y breve en la creación y comunicación de actuaciones judiciales. El uso de lenguaje jurídico técnico es el último recurso lingüístico. Está prohibida la utilización de arcaísmos, latinismos y cualquier tipo de expresión afín que dificulte o entorpezca la comprensión de la decisión y que no se encuentre justificada por un tecnicismo insustituible.

Art. 18 - Remuneración. La función del Jurado será remunerada de acuerdo con lo establecido por el artículo 47 de la ley 2364-B en todos sus términos.

TÍTULO II

RÉGIMEN POSTULATORIO Y ETAPA INICIAL

Art. 19 - Principio general. Determinación de Audiencia Preliminar. El régimen postulatorio, las medidas cautelares y la etapa inicial se regularán conforme lo dispone el Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia y las leyes especiales aplicables, en tanto esta ley no disponga lo contrario. Además de los recaudos generales, en sus escritos postulatorios las partes deberán proponer las medidas de gestión del caso que estimen más adecuadas para el procesamiento del conflicto y la adecuada organización de la discusión.

Contestada la demanda o vencido el plazo para hacerlo, sin necesidad de petición alguna, el juez o jueza ordenará la celebración de audiencia preliminar, la cual se regirá de acuerdo con lo establecido en los artículos. 369 a 372 del Código Procesal Civil y Comercial, aplicando a lo dispuesto en el inciso 10) del artículo 371 las reglas referidas a los anticipos jurisdiccionales de prueba del artículo 61 de la ley 2364-B y en todo cuanto no contraríe la presente ley, agregándose los siguientes objetivos:

a) Resolver cualquier planteo vinculado con el debido proceso colectivo y la certificación de la acción y todas las demás vinculadas o previstas en los artículos 173 y concordantes del Código Procesal Civil y Comercial que sean conducentes para la correcta realización del juicio.

b) En casos de litigación de partes complejas o múltiples, el juez o jueza procurará unificar las posiciones procesales y su representación entre aquellos a los cuales la controversia le resulte común, buscando una litigación congruente, ordenada y con las debidas garantías. Solo podrá habilitarse la integración de la litis manteniendo un frente actor o demandado con multiplicidad de participantes en caso de ostensible contraposición de argumentos e intereses.

c) Ante diversos litigantes con un interés común, el juez o jueza intimará de oficio la unificación de representación en los términos del artículo 72 del Código Procesal Civil y Comercial y concordantes el incidente se resolverá en audiencia complementaria donde deberán citarse a comparecer a los interesados.

d) Ante la intervención voluntaria u obligada de terceros, el juez o jueza propondrá de oficio la unificación de representación. El incidente sobre la procedencia y calidad de las intervenciones en los términos del artículo 107 del Código Procesal Civil y Comercial, se resolverá en audiencia complementaria donde deberán citarse a comparecer a los interesados.

e) Ante la citación de evicción, el Juez resolverá sin sustanciación si fuere manifiestamente procedente, debiendo el citado limitarse a asumir o no la defensa en los términos del artículo 122 del Código Procesal Civil y Comercial.

f) Podrá discutirse en esta audiencia o en cualquier otra que complementariamente se disponga para organizar el proceso previo al juicio, las propuestas de instrucciones al Jurado que le acerquen las partes por escrito.

Art. 20 - Demanda en Conflictos Colectivos. Aparte de cumplimentar los recaudos establecidos en el Código Procesal Civil y Comercial para la demanda individual, la colectiva deberá:

a) Fundar la pretensión colectiva en hechos que den lugar al trámite de un proceso colectivo y se limiten exclusivamente a resolver las cuestiones comunes invocadas por el representante del grupo involucrado. De existir cuestiones heterogéneas entre los miembros del grupo, estas deberán dirimirse individualmente en forma posterior por vía incidental o en pleitos particulares, según se ejerza o no el derecho de exclusión.

b) Identificar, describir y definir cualitativamente al grupo involucrado a efectos de establecer los límites subjetivos del proceso. Asimismo, deberá estimar el número de personas que lo componen. La contraparte deberá aportar la información necesaria que obre en su poder para establecer dicho número.

c) Acreditar la adecuada representatividad del legitimado cuando ésta no se presuma conforme lo establecido en el presente.

d) Denunciar, con carácter de declaración jurada, si participan en otro u otros procesos con pretensiones similares y en su caso, los datos necesarios para individualizarlos y su estado procesal.

e) Explicitar con la mayor precisión posible el tipo y características de la decisión o remedio judicial que pretende obtener del sistema de justicia.

Art. 21 - Admisibilidad del Proceso Colectivo. Instrucciones. El juez o jueza evaluará la legitimación y representatividad adecuada de las partes colectivas de manera temprana, con la intervención del Ministerio Público Fiscal en caso de no resultar parte actora.

Cuando se trate de pretensiones divisibles referidas a derechos individuales homogéneos, será necesario alegar la impracticabilidad del litisconsorcio y demostrar la utilidad de la tutela colectiva en el caso concreto como medio para garantizar el acceso a la justicia, economía procesal, modificación de conductas y obtención de soluciones igualitarias.

En el supuesto b) del artículo 3°, el juez o jueza fijará un período no inferior a diez (10) días previos al traslado de la demanda para que los miembros de la clase actora puedan optar por salir del proceso, quedando así habilitado su reclamo individual. A este fin deberá dar publicidad suficiente del auto que determine el objeto del juicio, la clase comprendida en el proceso y el postulado como representante adecuado y de plazo conferido para presentarse en el expediente a optar por salir del proceso.

Este derecho podrá ser limitado por el juez o jueza en aquellos supuestos donde, a pesar de tratarse de derechos individuales homogéneos, las particularidades del caso exijan una solución indivisible del conflicto. La solicitud de exclusión no requerirá fundamentación ni será sustanciada y surtirá efectos desde que sea tenida presente por el tribunal.

Promovida la pretensión colectiva, el juez o jueza analizará su admisibilidad. En el examen jurisdiccional sobre la admisibilidad de un proceso colectivo será necesario verificar la impracticabilidad del litisconsorcio, el predominio de las cuestiones comunes sobre las individuales, la divisibilidad del objeto de la pretensión, la conveniencia de su resolución única, la clara identificación del grupo y los demás recaudos estatuidos al respecto en el artículo 20. Verificará además si existen procesos colectivos en trámite que se refieran al mismo objeto litigioso y precisará instrucciones generales para la gestión del caso por parte del Secretario en la audiencia de descubrimiento.

Art. 22 - Gestión del Caso. El responsable de la Oficina Judicial de Apoyo asignado será la persona encargada de garantizar la legalidad, formalidad del acto y adecuada e íntegra videograbación. Gestionará y mantendrá un control permanente de la ejecución de las actividades fijadas con el fin de garantizar su realización, evitar dilaciones o resolver problemas que surjan. Para ello se observarán las reglas del presente título y las concordantes del Código Procesal Civil y Comercial en los términos del artículo 19 de la presente ley.

Art. 23 - Instrumentación Proporcional de Medidas. La gestión del caso supone para el juez o jueza y la Oficina Judicial de Apoyo, la instrumentación proporcional de toda clase de medidas que faciliten, mejoren u optimicen el procesamiento del conflicto, su resolución y en su caso, la realización efectiva de lo compuesto o decidido. Entre otras, ello supone la posibilidad de:

a) Adaptar el esquema de discusión a la complejidad o sencillez del conflicto, pudiendo asignar el trámite que considere más apropiado, proporcional y razonable.

b) Disponer y/o concertar agendas de trabajo, reuniones, calendarios o protocolos de actuación para procesar adecuadamente el conflicto.

c) Determinar los problemas centrales del procesamiento o dilucidación del conflicto en una fase temprana.

d) Reducir o ampliar plazos a fin de facilitar la producción de actuaciones judiciales.

e) Concentrar o dispensar actos, desalentando la realización de actividades que aparezcan innecesarias o superfluas.

f) Acordar anticipadamente convenciones probatorias, su mecánica, costos y plazos.

g) Promover y fomentar las soluciones autocompositivas sobre la totalidad o parte del litigio.

h) Concertar con las partes procedimientos y métodos de publicidad, notificación y participación adecuadas en conflictos colectivos.

i) Adoptar procedimientos especiales para gestionar acciones potencialmente difíciles o prolongadas que pueden involucrar problemas, múltiples partes, preguntas legales difíciles o problemas de pruebas inusuales.

j) Ante la existencia de múltiples partes, establecerá la distribución equitativa del ejercicio del derecho a recusar sin causa, de hasta a cuatro (4) jurados por aquellos que se encuentran en la posición actora y los que se hallan en posición demandada.

k) Organizar la distribución del orden y reglas de intervención en los alegatos de apertura, producción de la prueba, examen y contraexamen de testigos y peritos, acreditación e ingreso de documentos y prueba física y alegatos de clausura.

l) Instrumentar las modalidades de ejecución que sean más convenientes para la realización de las decisiones adoptadas. Entre otras, designaciones conjuntas de expertos anticipo de algún tipo de elemento probatorio mesas de trabajo entre las partes y autoridades públicas o privadas para el cumplimiento de decisiones mecanismos externos de control y participación ciudadana para el monitoreo de la ejecución de la decisión con intervención de organizaciones no gubernamentales, organismos y funcionarios públicos o la delegación de la ejecución en funcionarios judiciales o entes, con el objetivo de generar inmediación con los miembros del grupo afectado y dotar de mayor celeridad a la resolución de las incidencias que pudieran suscitarse en el marco del procedimiento de ejecución de sentencia.

Las medidas señaladas son meramente enunciativas, teniendo el juez o jueza y las partes amplias facultades para proponer fórmulas, mecanismos o modalidades de gestión idóneas al caso. En los conflictos colectivos el juez o jueza y las partes tienen un deber calificado de trabajar en torno a la gestión del caso.

Art. 24 - Control y Seguimiento. La Oficina Judicial mantendrá un control permanente de la ejecución de las actividades fijadas con el fin de evitar dilaciones o contratiempos en la causa, informando al juez o jueza sobre los pormenores que requieran su intervención.

Art. 25 - Acuerdos Procesales. De común acuerdo, antes o luego de iniciado el proceso, las partes pueden concertar acuerdos procesales o protocolos de actuación generales o particulares a fin de facilitar la gestión, discusión o solución del conflicto.

Los acuerdos procesales o protocolos serán presentados por las partes en juicio y deberán ser homologados por el juez o jueza, quien sólo los invalidará cuando supongan transgredir reglas de orden público, coloquen en indefensión manifiesta a una de las partes, dilaten o entorpezcan la resolución del conflicto o supongan colusión o fraude en relación a terceros. En caso de que la cláusula sea aislada, accesoria, secundaria o no afecte la razón de ser del acuerdo o su alcance, declarará la nulidad de la cláusula y homologará el acuerdo.

Art. 26 - Prohibición de Actividad Oficiosa del Juez o Jueza. El juez o Jueza no podrá ordenar prueba de oficio ni medidas para mejor proveer, salvo en los casos previstos en el inciso b) del artículo 3° o dirigidas a asegurar una igualdad jurídica efectiva a grupos vulnerables.

La posibilidad de acceder, ofrecer, obtener, producir y contradecir la prueba constituye un derecho de las partes y una garantía fundamental del debido proceso individual y colectivo. Las pruebas se producirán a instancia de parte.

Excepcionalmente, en los conflictos que involucren sujetos o bienes de tutela constitucional preferente, el tribunal podrá acordar de oficio que se practiquen determinadas pruebas, garantizando el amplio y oportuno contradictorio. Dicha potestad deberá ser ejercida en la audiencia preliminar o en la primera que se fijase, garantizando a las partes la posibilidad de contradecir y ampliar prueba.

Art. 27 - Audiencia de Descubrimiento. A efectos de garantizar el pleno contraexamen adversarial durante el debate ante jurados, será obligatorio para las partes anticipar el intercambio y producción de cualquier tipo de prueba que fueran a utilizar en juicio. Luego de celebrada la audiencia preliminar, el descubrimiento y producción de la prueba se hará por ante el Secretario o responsable del área de Juicio por Jurados de la Oficina Judicial, en la sala destinada a tal fin por el Director de la misma.

Art. 28 - Audiencia de Admisibilidad de los Medios de Prueba. Descubierta toda la prueba, se convocará a audiencia pública obligatoria videograbada a todas las partes para decidir la admisibilidad o exclusión de las pruebas. Toda la prueba sobre los hechos controvertidos producida por las partes será admitida, a menos que el juez o jueza, luego de haberlas examinado y escuchar a las partes, estime fundadamente que se trata de prueba:

a) Manifiestamente impertinente.

b) Inadmisible.

c) Sobre hechos no controvertidos.

d) Superabundante o superflua, en cuyo caso podrá ordenar que se reduzca el número de pruebas ofrecidas para un mismo hecho.

e) Propuesta en términos prohibidos por la regla de derecho, obtenidas por modos ilícitos o en violación de principios de valor preeminente.

f) Referente a la existencia o los detalles de las negociaciones entre las partes en un proceso alternativo de resolución de conflictos fallido.

A efectos de lo dispuesto en el inciso a), se entenderá por prueba pertinente aquellos medios que hayan sido ofrecidos por las partes en sus presentaciones con el fin de acreditar el o los hechos de los presupuestos normativos que invocasen como fundamento de sus pretensiones, defensas o excepciones, en tanto tengan consecuencia directa en las probabilidades de adjudicación de sus respectivas teorías del caso.

También será prueba pertinente aquella que sirva para impugnar o reforzar la credibilidad de otro medio de prueba.

Si el juez o jueza tiene dudas sobre la pertinencia de la prueba, la declarará admisible.

A efectos de lo dispuesto en el inciso b), la evidencia pertinente puede ser declarada inadmisible cuando su valor probatorio quede sustancialmente superado por cualquiera de estos factores: (1) riesgo de causar perjuicio indebido, (2) riesgo de causar confusión, (3) riesgo de causar desorientación al Jurado, (4) dilación indebida de los procedimientos (5) presentación innecesaria de prueba acumulativa.

A efectos de lo dispuesto en el inciso f), si hubiese existido un acuerdo parcial exitoso, no será admitida la prueba respecto de todos aquellos asuntos en los que no se hubiese logrado acuerdo. Será admisible prueba respecto de los asuntos en que se logró acuerdo, salvo que las partes hayan estipulado mantener en reserva sus detalles.

Será inadmisible para todos los efectos toda prueba producida de oficio por el juez o jueza, salvo los supuestos previstos como excepción.

Art. 29 - Estipulaciones Probatorias. Protesta. Impugnación. Hechos Pertinentes no Controvertidos. Ateniéndose estrictamente a las alegaciones de las partes, el juez o jueza determinará en la audiencia preliminar y/o en la audiencia de admisibilidad de pruebas cuáles son los hechos pertinentes para la acertada resolución de la controversia que no son controvertidos entre ellas.

Antes de resolver, el juez o jueza escuchará a las partes al respecto, las que podrán realizar precisiones a la formulación propuesta de los hechos, como también podrán oponerse a la selección de hechos del juez o jueza cuando éstos no se ajusten a sus alegaciones.

Las partes podrán acordar otros hechos no controvertidos que el juez o jueza no hubiese considerado.

Una vez determinados y estipulados los hechos no controvertidos, las partes los aceptarán como probados y serán puestos en conocimiento del Jurado en la forma en que las partes lo estimen más conveniente y resuelvan en esta audiencia. Estos hechos no podrán ser discutidos posteriormente en la audiencia de Juicio por Jurados. El juez o jueza procederá de la misma manera respecto de los hechos públicos y notorios que sean pertinentes para la solución del conflicto.

Las partes dejarán sentadas sus protestas contra las decisiones del juez o jueza sobre la prueba a los efectos del recurso contra la sentencia definitiva dictada tras el Juicio por Jurados.

Art. 30 - Día y Hora de la Audiencia de Selección de Jurados. Voir dire. Concluida la audiencia preliminar y/o la audiencia de admisibilidad de pruebas y no siendo necesaria la celebración de audiencia de descubrimiento o audiencia de gestión complementaria, el juez o jueza resolverá la fecha de inicio del debate público y obligatorio ante jurados en los plazos estipulados en el Código Procesal Civil y Comercial. Al quedar firme, las partes no podrán ejercer su derecho de renunciar expresamente y de común acuerdo al trámite de Juicio por Jurados ni someterlo a un medio alternativo de solución de conflicto.

El juez o jueza fijará también la fecha y hora de la audiencia de voir dire para seleccionar al jurado con no más de cinco días de antelación al inicio del juicio. También determinará la cantidad estimada de jornadas en que tendrá lugar, con comunicación a la Oficina Judicial.

Las partes y demás sujetos intervinientes o que estando notificados debieron comparecer, quedarán notificadas en el acto de las mismas.

La audiencia de voir dire para seleccionar al Jurado se realizará íntegramente en los términos de la ley 2364-B, con los arreglos oportunamente efectuados ante casos de múltiples partes.

TÍTULO III

EL JUICIO POR JURADOS

CAPÍTULO I

REGLAS GENERALES

Art. 31 - Principio General. El Juicio por Jurados se regirá íntegramente por las disposiciones de la ley 2364-B, con las adaptaciones a la naturaleza del litigio previstas en esta ley y en el Código Procesal Civil y Comercial. Quedan expresamente excluidas en su aplicación las normas relativas a la audiencia de vista de causa previstas en el Código Procesal Civil y Comercial.

Art. 32 - Valoración de la Prueba. Los Jurados valoran la prueba en conjunto según su íntima convicción y sin expresión de los motivos de su decisión, observando los principios de la libertad probatoria, la lógica, las máximas de la experiencia, el sentido común y los conocimientos científicamente afianzados.

Art. 33 - Grado de Convicción. Estándar de Prueba Preponderante. Otros Estándares. El Jurado determinará como ciertas las afirmaciones de una parte aplicando principalmente el estándar probatorio de preponderancia de la prueba o aquel otro estándar probatorio que el juez o jueza, tras el litigio de partes en las instrucciones, defina de acuerdo a las cargas dinámicas de la prueba en el caso concreto.

En los casos en que así corresponda, el Jurado determinará como ciertas las afirmaciones de una parte según cómo hayan quedado determinadas las distribuciones de las cargas probatorias por el juez o jueza, en función del deber de colaboración probatorio.

El juez o jueza explicará con detalle estos estándares probatorios en las instrucciones.

Art. 34 - Facultades del Juez o Jueza y de los Jurados Sobre los Declarantes. El juez o jueza y/o el Jurado no podrán bajo ningún concepto formular preguntas a quienes comparezcan a declarar al juicio, en cualquier carácter. El incumplimiento de esta prohibición constituirá falta grave y motivo de sanción con hasta cinco mil (5.000) U.T. y exclusión de la conformación del Jurado.

Art. 35 - Oralidad. Excepciones. La prueba deberá producirse íntegramente en la audiencia de juicio oral. Las pericias deberán presentarse de forma tal que puedan ser gráficamente repasadas, en lenguaje sencillo.

Sólo podrán ser incorporados al juicio por su lectura, exhibición o reproducción las pruebas recibidas conforme a las reglas del anticipo jurisdiccional de prueba, sin perjuicio de que la o las partes exijan la reproducción cuando sea posible.

Los anticipos jurisdiccionales de prueba serán grabados en video para que el Jurado los aprecie.

Los anticipos jurisdiccionales de prueba deberán ser hechos obligatoriamente de manera oral y pública en presencia del juez o jueza y las partes para que examinen y contra examinen a quienes deban declarar y serán grabados en video para que el Jurado los aprecie.

Salvo las situaciones expuestas, toda otra prueba que se pretenda introducir al juicio por su lectura no tendrá ningún valor y su propuesta puede ser motivo de sanción.

Art. 36 - Prohibición del Empleo del Expediente. Por ningún concepto podrán los integrantes del jurado popular conocer las constancias del expediente. Incurre en falta grave quien lo ponga en conocimiento del Jurado, en cualquier forma.

CAPÍTULO II

REGLAS ESPECÍFICAS

DECLARACIÓN DE PARTE EN LA AUDIENCIA DE JUICIO ORAL

Art. 37 - Normas aplicables a la Declaración de las Partes. Las partes declararán de acuerdo con las normas establecidas para los testigos, con las modificaciones establecidas en el presente capítulo.

Art. 38 - Presencia Ininterrumpida. Las partes siempre tendrán derecho a presenciar la rendición de las demás pruebas sin que esto sea un obstáculo para que presten su declaración en un momento posterior.

Art. 39 - Declaración Personal. Sujetos Comprendidos. Oposición. La parte deberá declarar personalmente y no podrá delegar la declaración de ninguna forma en persona alguna. En el caso de las personas jurídicas, públicas, privadas o mixtas, estatales o no, el juez o jueza podrá citar a la autoridad superior del ente o persona que en cada caso correspondiere, quien deberá comparecer o designar a un funcionario o representante legal que lo suplante siempre que el mismo no revista categoría inferior a director general y que tenga conocimiento directo de los hechos, otorgándole poder suficiente para prestar la declaración en representación de la parte. Los demás representantes, ejecutivos o empleados de la persona jurídica podrán ser citados a declarar como testigos de acuerdo con las reglas generales.

En la audiencia preliminar, la parte que propuso la declaración podrá oponerse al sujeto propuesto por la persona jurídica si alegase que no intervino personalmente o no tuvo conocimiento directo de los hechos. El juez o jueza previa sustanciación, dispondrá en el mismo acto quién deberá comparecer. Si resolviere que declare el propuesto por la persona jurídica y el mismo manifestare en la audiencia que ignora los hechos, se tendrá por reconocidos los hechos sobre los que debía declarar. En todos los casos esta prueba será rendida por un solo declarante, aunque los estatutos o el contrato social exigieren la actuación de dos o más personas.

Art. 40 - Momento de la Declaración. La declaración de la parte se podrá producir en cualquier momento durante la rendición de la prueba de la misma parte declarante. Sin embargo, si su declaración hubiese sido solicitada por la contraria, ésta se producirá al presentarse la prueba de la contraria.

Art. 41 - Consecuencia de la Negativa a Contestar, Respuestas Evasivas y Ausencia de la Parte. Si la parte se negare a contestar o diera respuestas evasivas, el jurado podrá estimar este hecho como un indicio serio sobre la veracidad de los hechos por los que se le pregunta. El mismo indicio será aplicable a la parte ofrecida para declarar por la contraria que no concurra.

El Jurado podrá tomar en consideración tanto las declaraciones de las partes que las beneficien como aquellas que las perjudiquen.

El juez o jueza le explicará al jurado en sus instrucciones este punto de prueba.

Art. 42 - Declaraciones Múltiples de las Partes. Si una o varias partes han resuelto declarar en la audiencia de juicio oral por su propia decisión y al mismo tiempo la contraria ha solicitado que declare, su declaración será recibida en el primer momento que corresponda de acuerdo a las reglas generales y su segunda declaración no tendrá lugar, salvo que el juez o jueza considere que no se trata de una repetición innecesaria de la primera.

La decisión sobre la necesidad de recibir la segunda declaración de la parte solo podrá ser resuelta por el juez o jueza en la misma audiencia en que se produzca la declaración y siempre que ésta sea solicitada.

TÍTULO IV

CLAUSURA DEL DEBATE, INSTRUCCIONES, DELIBERACIÓN Y VEREDICTO

Art. 43 - Elaboración de las Instrucciones y Formulario de Veredicto. Finalizado el debate tras los alegatos de clausura de las partes, el juez o jueza celebrará una audiencia privada con las partes a fin de determinar las instrucciones legales que impartirá al Jurado. Las partes tratarán de adelantarle al juez o jueza antes o durante el debate sus propuestas de instrucciones. Tras escuchar a las partes, el juez o jueza definirá las normas de derecho aplicables a los hechos que deberá adjudicar el Jurado y confeccionará, previa discusión de las partes, el formulario de veredicto que se le entregará al Jurado. Las partes dejarán constancia en el registro audiovisual las protestas para eventuales recursos ante la decisión del juez o jueza.

Todas estas incidencias constarán en registro audiovisual, bajo pena de nulidad. Por precaución la Oficina General de Audiencia grabará en video esta audiencia por cualquier otro medio informal ante cualquier eventual falla del sistema de registro.

Art. 44 - Contenido de las Instrucciones para Deliberar. El juez o juez hará ingresar al jurado a la sala de juicio para impartir verbalmente las instrucciones. Antes de leer las instrucciones en la sala de juicio, el juez o jueza le entregará a cada uno de los jurados una copia escrita de las instrucciones, para que las sigan con mayor facilidad y los ayuden en sus deliberaciones.

Primero le explicará al Jurado las normas que rigen la deliberación, le entregará una copia de ellas por escrito junto con las instrucciones, les explicará cómo se confecciona el o los formularios con las propuestas de veredicto y les informará sobre su deber de intentar pronunciar un veredicto unánime en sesión secreta y continua. Les dirá también que en algún momento de sus deliberaciones, deberán elegir un Presidente.

El juez o jueza le explicará especialmente al Jurado que primero deberán definir la responsabilidad, luego la valoración de la conducta, luego la causalidad y por último, los daños o perjuicios. También les hará saber que podrán distribuir culpas para la adjudicación de daños en caso de culpa concurrente.

Instruirá al Jurado que deberá definir el pleito y decidir su veredicto según su íntima convicción sobre las pruebas de los hechos sometidos a su apreciación durante el juicio, a la luz del estándar probatorio de la prueba preponderante o aquél que corresponda.

También le explicará al Jurado cuál de las partes tiene la carga de la prueba en cada cuestión de hecho y los instruirá acerca de la medida de los daños que la ley establece o permite que se tomen en cuenta para fijar el monto de la indemnización. Hará del daño contemplando la obligación de restituir en dinero o especie y los rubros indemnizatorios, discriminando las consecuencias patrimoniales y no patrimoniales y en su caso, el valor vida, pero expresando manifiesta e inequívocamente que son valores meramente orientativos.

Art. 45 - Explicación del Derecho Aplicable. Explicitación de estándares a ponderar en el análisis de conflictos que involucren derechos humanos. Brindará una explicación respecto al derecho sustantivo aplicable al caso y las cuestiones atinentes a la valoración de la prueba. Para ello se utilizará un lenguaje claro y sencillo.

En los conflictos que involucren derechos humanos, el juez o jueza deberá instruir al jurado sobre las reglas y estándares que definen su exigibilidad. Entre ellos, el deber de adoptar medidas adecuadas; la inexistencia de jerarquías de derechos; la garantía de mínimos existenciales y su deber de satisfacción aún en contextos de crisis; los principios de indivisibilidad e interdependencia de derechos, no discriminación, progresividad, no regresividad y perspectiva de género; la existencia de sujetos y bienes de tutela constitucional y convencional preferente y el deber de trato y asignación presupuestaria privilegiada para materias de protección constitucional prevalente.

Finalmente, les hará saber el contenido del artículo 12 de la presente ley.

Art. 46 - Prohibición. El juez o jueza no podrá dar en las instrucciones, bajo pena de nulidad, su visión de los hechos del caso, ni efectuar valoraciones o alegaciones sobre los hechos, las pruebas o la credibilidad de las declaraciones recibidas durante el juicio.

Art. 47 - Custodia del Jurado. Durante el transcurso del juicio y antes de la deliberación, el juez o jueza podrá permitir que los jurados se separen y continúen con su vida normal con el compromiso de no hablar del caso con nadie según prestaron juramento, o disponer que queden bajo el cuidado del oficial de custodia y de regresar con ellos al tribunal en la próxima sesión.

Asimismo durante el transcurso del juicio, cuando en el interés de la justicia sea necesario, las partes podrán solicitar del juez o jueza que, en su sana discreción, ordene que el Jurado quede bajo la custodia del oficial.

Art. 48 - Juramento del Oficial de Custodia del Jurado. Al retirarse el Jurado a deliberar, el oficial de custodia deberá prestar juramento de:

a) Mantener a los Jurados juntos en el sitio destinado por el juez o jueza para sus deliberaciones.

b) No permitir a persona alguna que se comunique en absoluto con el Jurado o con cualquiera de sus miembros.

c) No comunicarse él mismo con el Jurado o cualquiera de sus miembros acerca de ningún particular relacionado con el proceso.

Art. 49 - Deliberación. Uso de Evidencia del Jurado. Intérpretes. Al retirarse a deliberar, el Jurado deberá llevarse consigo todo objeto o escrito admitido como prueba, excepto las declaraciones.

Nadie fuera de los jurados titulares podrá ingresar al recinto de las deliberaciones, salvo el caso de aquél Jurado con capacidades extraordinarias que precise de un intérprete para asistirlo durante ellas, el cual se limitará exclusivamente a cumplir con esa función y a guardar absoluto secreto.

La violación de esta prohibición acarreará la invalidez del juicio.

Art. 50 - Disolución del Jurado. Causal. El juez o jueza podrá ordenar la disolución del jurado antes del veredicto si después de retirarse el Jurado a deliberar, se hiciere imposible la continuación del proceso a consecuencia de la enfermedad grave o muerte de hasta dos de los miembros del Jurado o sobreviniere cualquier otra circunstancia que les impidiera permanecer reunidos.

Sin embargo, el Jurado podrá continuar la deliberación con los miembros presentes hasta llegar a un veredicto unánime, siempre que las partes así lo consientan.

En última instancia y previa discusión con las partes, el juez o jueza podrá ordenar que se incorporen los Jurados suplentes a condición de que el Jurado recomience la deliberación desde su inicio si es que ésta no se ha extendido demasiado.

Si el Jurado fuere disuelto por estos motivos, la causa podrá ser juzgada nuevamente.

Art. 51 - Rendición del Veredicto. El Jurado acordará la mejor manera de ordenar las deliberaciones y de llevar a cabo las votaciones. Si deciden votar con boletas individuales, serán destruidas de inmediato una vez obtenido el veredicto, cuidándose de que no tomen conocimiento de ella personas ajenas al Jurado. Después que el Jurado se hubiere puesto de acuerdo sobre el veredicto, el o los formularios finales entregados por el juez o jueza serán completados, firmados y datados por el Presidente en presencia de todo el Jurado. Luego regresará el jurado en pleno a la sala de sesiones bajo la custodia del oficial para su anuncio en corte abierta.

Art. 52 - Pronunciamiento del Veredicto. Para pronunciar el veredicto, se observará estrictamente el siguiente procedimiento: una vez presentes en la sala de audiencias todas las partes y la totalidad del Jurado, el juez o jueza le preguntará en voz alta al Presidente del Jurado si han llegado a un veredicto.

En caso afirmativo, le ordenará que lo lea en voz alta, momento a partir del cual las partes no podrán presentar ningún acuerdo transaccional que ponga fin al caso en los términos del artículo 1643 del Código Civil y Comercial.

Art. 53 - Veredicto General. El veredicto declarará ganador al actor o al demandado sin otros aditamentos y establecerá el monto indemnizatorio, los daños punitivos y/o la reparación plena en función de las pretensiones planteadas y discutidas en juicio.

El Jurado podrá dividir la responsabilidad de las partes en el evento en caso de culpa concurrente y otorgarle a cada una el porcentaje que corresponda de la indemnización.

El Presidente del Jurado leerá en alta voz, en corte abierta el veredicto del Jurado.

Art. 54 - Veredicto Especial. En la audiencia de elaboración de las instrucciones, las partes podrán solicitarle excepcionalmente al juez o jueza que junto al veredicto general, ordene al Jurado que conteste por escrito ciertas preguntas de hecho que le formulará el tribunal y que constarán en el formulario de veredicto. Las respuestas podrán ser categóricas o breves y el juez o jueza les dará las instrucciones y explicaciones necesarias para permitir que el Jurado rinda su veredicto general y conteste por escrito las preguntas del veredicto especial.

El vocero del Jurado leerá en corte abierta el veredicto especial.

Art. 55 - Unanimidad y Nuevo Juicio. El veredicto del Jurado será unánime. En caso de no llegar a la unanimidad, y transcurrido un plazo racional de deliberación, el juez o jueza y las partes procurarán acordar todas las medidas necesarias que permitan asistir al Jurado para superar el estancamiento, tales como la reapertura de cierto punto de prueba, nuevos argumentos o alegatos de las partes o una nueva instrucción del juez o jueza. A ese fin, el juez o jueza podrá preguntarle al Jurado si desean poner en su conocimiento mediante breve nota escrita el o los puntos que les impiden acordar, sin revelar ningún aspecto o detalle de las deliberaciones ni del número de votos a favor de una u otra postura. Una vez presentes todas las partes y el jurado en la sala de juicio, el juez o jueza determinarán el curso a seguir, conforme lo discutido previamente con las partes para asistir al Jurado a lograr la unanimidad.

De corresponder, el juez o jueza impartirá una nueva instrucción al jurado para que vuelvan a deliberar y tratar las cuestiones controvertidas. Si el Jurado continuase sin alcanzar la unanimidad, se lo declarará estancado y el juez o jueza le preguntará al actor si habrá de continuar con su demanda. En caso negativo, el juez o jueza la rechazará.

En caso afirmativo, el juez o jueza procederá a la disolución del Jurado y se dispondrá la realización de un solo nuevo juicio más ante otro jurado.

Si nuevamente fracasa en alcanzar la unanimidad, el juez o jueza rechazará la demanda.

Art. 56 - Comprobación del Veredicto. Cuando el Jurado hubiere rendido un veredicto, a requerimiento de cualquier parte o a instancias del propio juez o jueza, tal veredicto podrá ser comprobado en cuanto a cada miembro del Jurado de manera individual.

Si la comprobación reflejare la voluntad unánime del Jurado, el juez o jueza aceptará el veredicto y lo registrará. Si como resultado de esta comprobación se determinare que el veredicto no fue rendido de manera unánime, se le ordenará al mismo retirarse a continuar sus deliberaciones.

Art. 57 - Reserva de Opinión. Regla del Secreto. Los miembros del Jurado popular están obligados a mantener en todo momento en absoluta reserva su opinión y la forma en que han votado.

Las declaraciones realizadas, las opiniones expresadas, los argumentos adelantados y/o los votos emitidos por los miembros de un Jurado popular en el curso de sus deliberaciones son inadmisibles en cualquier procedimiento legal.

  En particular, los jurados no pueden ser obligados a exteriorizar o a testificar sobre el efecto de nada de aquello que haya influido en su mente o en la de los otros Jurados, en sus emociones o en sus decisiones finales.

Sin embargo, un miembro del Jurado podrá testificar sobre si se presentó a la consideración del Jurado materia impropia y ajena a la deliberación de éste o si hubo alguna influencia o presión externa para tratar de influir en alguna persona del Jurado o si hubo un error al anotar el veredicto en el formulario.

El incumplimiento de dicha obligación los hará pasible de una multa que podrá llegar hasta los cinco mil (5.000) U.T.

Art. 58 - Procedimiento Posterior o Transacción. En el supuesto de presentarse en tiempo y forma un acuerdo transaccional que ponga fin al proceso, el mismo juez o jueza entenderá en el trámite de homologación. En los casos previstos en los incisos b) y c) del artículo 48 de la presente ley será obligatorio el dictamen previo del representante del Ministerio Público Fiscal, salvo que actúe como parte actora.

Leído y comprobado el veredicto, el juez o jueza declarará disuelto al Jurado, liberando de sus funciones a sus miembros y procederá a celebrar una audiencia para escuchar las eventuales peticiones de las partes antes del dictado de la sentencia definitiva.

TÍTULO V

DEL CONTROL DE LA SENTENCIA

Art. 59 - Sentencia. La sentencia se ajustará a las reglas del Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia, con la siguiente modificación: en lugar de los fundamentos de la decisión sobre los hechos probados, se transcribirán las instrucciones al Jurado sobre las disposiciones legales y probatorias aplicables al caso y el veredicto del Jurado.

Art. 60 - Sentencia y Cosa Juzgada Colectiva. La sentencia, tanto si hiciere lugar o si desestimare la pretensión, así como el acuerdo transaccional debidamente homologado, deberán incluir una descripción precisa del grupo involucrado.

La decisión hará cosa juzgada, sea esta favorable o desfavorable para los intereses del grupo, siempre que sus miembros hayan sido adecuadamente representados. Se considerará que no existió representación adecuada, entre otros supuestos, en los casos de rechazo de demanda por ausencia de pruebas o en la omisión de hechos fundamentales para el proceso, siempre que tuvieren entidad para revertir la decisión firme.

La decisión no tendrá eficacia sobre aquellos que hubieran solicitado su exclusión en los supuestos de derechos individuales homogéneos. En la sentencia deberán individualizarse los nombres de las personas que hubieran solicitado oportunamente su exclusión.

Quien pretenda discutir la oponibilidad o validez de la sentencia o acuerdo transaccional pasado en autoridad de cosa juzgada, deberá hacerlo por vía autónoma ante un juez o jueza distinto al que dictó la decisión y demostrar que el defecto en la calidad o ejercicio de la representación tuvo una influencia determinante en el resultado adverso del proceso.

Art. 61 - Impugnación. Legitimación. Serán aplicables las reglas generales de la impugnación de las sentencias las que prevén los Códigos Procesal Civil y Comercial y el Tributario de la Provincial Chaco. Sin embargo, constituirán motivos específicos para su interposición:

a) La inobservancia o errónea aplicación de las reglas referidas a la constitución y recusación del Jurado y a la capacidad de sus miembros.

b) La arbitrariedad de la decisión que rechace o admita medidas de prueba, de modo que se hubiera cercenado el derecho de defensa en juicio y condicionado la decisión del Jurado.

c) Cuando se hubieran cuestionado las instrucciones brindadas al Jurado y se entendiera que éstas pudieron condicionar su decisión.

d) Cuando la sentencia se derive de un veredicto del Jurado que sea arbitrario o que se apartare manifiestamente de la prueba producida en el debate.

Art. 62 - Procedimiento en Impugnación. Audiencia Pública ante las Cámaras de Apelación o Superior Tribunal de Justicia.

Cuando se deba revisar la decisión de un Jurado popular, el procedimiento para resolver el recurso se ajustará a las reglas generales previstas en el Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia del Chaco.

Sin embargo, además de los escritos de recurso de las partes, se convocará a una audiencia pública de impugnación ante los jueces del tribunal que se desarrollará del modo en que sigue:

a) Cada parte tendrá estrictamente quince minutos para exponer su caso, sin excepciones.

b) Los jueces o juezas podrán hacerles preguntas a los litigantes para extraer información útil para la toma de decisión y para aclarar sus dudas.

c) Los jueces o jueza podrán, en su sana discreción, anunciar en la misma audiencia la parte resolutiva del pronunciamiento tras su deliberación o diferirlo por escrito en el plazo legal.

d) Las audiencias serán públicas, videograbadas y transmitidas en vivo para garantizar la máxima transparencia y publicidad.

TÍTULO VI

NORMAS COMPLEMENTARIAS

Art. 63 - Vigencia. La presente ley entrará en vigencia dentro de los quince (15) días de su publicación en el Boletín Oficial, pero sólo se aplicará a los procesos iniciados con posterioridad o cuando la causa no está elevada a juicio oral.

Art. 64 - Implementación Progresiva. Determinación de Casos. Estándares. Proceso de Selección. La implementación del Juicio por Jurados será progresiva, a fin de garantizar su adecuada instrumentación. Durante los dos primeros años de vigencia de la presente, sólo se someterán a Juicio por Jurados un número determinado de casos, el cual no podrá ser inferior a doce ni superior a veinte por año calendario.

La selección de los casos que serán efectivamente sometidos a Jurados en los términos del primer párrafo del presente, será realizada por el Superior Tribunal de Justicia a propuesta de la Oficina General de Audiencias.

En la propuesta y selección de casos deberá valorarse la relevancia social, política y económica del caso, su condición repetitiva y/o posible incidencia en casos similares, las condiciones y capacidades institucionales, humanas y materiales del órgano y profesionales intervinientes, la seriedad y calidad de las pretensiones en juego, la importancia de su tratamiento público para cierta localidad, región o la provincia, el interés y compromiso del juez o jueza, las partes y/o terceros involucrados con el sistema de enjuiciamiento democrático por Jurados; el universo de casos posibles que cumplen con las condiciones para ser sometidos a Juicio por Jurados y/o cualquier otro aspecto o factor que se considere determinante para garantizar su adecuado desenvolvimiento.

Radicada una causa comprendida en los supuestos de los artículos 3 y 4 de la presente, la autoridad judicial comunicará inmediatamente dicha circunstancia a la Oficina General de Audiencias, remitiendo electrónicamente copia de la demanda y de toda documentación adjunta. Contestada la demanda, también remitirá electrónicamente copia de la misma.

Con dicha información y la que considerase conveniente solicitar al órgano judicial, la Oficina General de Audiencia analizará si el caso cumple con los requisitos para ser seleccionado e informará a la Suprema Corte de Justicia, quien decidirá en definitiva.

La Oficina General de Audiencia deberá comunicar si el caso ha sido seleccionado para ser sometido a Jurados hasta el momento de la celebración de la audiencia preliminar.

Ante la ausencia de comunicación fehaciente, se presumirá que no ha sido seleccionado y deberá tramitarse mediante juicio técnico.

Art. 65 - Modificaciones Presupuestarias. Investigaciones Empíricas. Autorízase al Poder Ejecutivo y al Poder Judicial a efectuar las modificaciones presupuestarias necesarias para garantizar la implementación de la presente ley, incluyendo infraestructura tangible e intangible y a coordinar con los Colegios de Abogados, de Magistrados y Universidades la difusión entre la población, la capacitación de los abogados en litigación adversarial y la realización de investigaciones empíricas sobre el funcionamiento del sistema de Jurados.

Art. 66 - De forma.

Cita digital: