LEGISLACION

Acción Provincial de Extinción de Dominio. Modificación del Código Procesal Civil, Comercial y Tributario

LEY 9151

Acción Provincial de Extinción de Dominio. Modificación del Código Procesal Civil, Comercial y Tributario

 

Art. 1 - La acción de extinción de dominio podrá ser ejercida en el ámbito de la justicia provincial, respecto de los bienes que presuntamente provengan de la comisión de los siguientes delitos, contemplados en el Código Penal de la Nación:

a) Los previstos en los artículos 125, 125 bis, 126, 127, 128 primer párrafo, 142 bis en caso de que sea competente la justicia provincial, 146;

b) El previsto en los artículos 173 inciso 7 y 174 inciso 5 en los casos de imputación por parte de la justicia provincial de un funcionario público que tenía a su cargo el cuidado y/o manejo de bienes públicos;

c) Los previstos en los artículos 256 a 261, 263 cuando los bienes no pertenezcan a particulares, 264 a 268 (2), 269, 277 a 279;

d) Los previstos en los artículos 210 y 210 bis siempre que los delitos que se le atribuyan sean algunos o varios de los detallados en este artículo y sean de competencia provincial; y

e) Los previstos en los artículos 300 bis y 306 siempre que el hecho ilícito penal precedente sea alguno de los delitos enumerados en este artículo.

El plazo y cómputo de la prescripción se regirán por las disposiciones de la ley de fondo.

Art. 2 - Modifícase la denominación del Capítulo II del Título II del Libro Segundo del Código Procesal Civil, Comercial y Tributario de la Provincia, Ley N° 9.001, por la siguiente:

“CAPÍTULO II. Prescripción Adquisitiva y Extinción de Dominio.”

Art. 3 - Incorpórase como inciso V) del artículo 209 de la Ley N° 9.001 el siguiente:

"V. La sentencia que declara adquirido el dominio establecerá:

a) La fecha exacta de adquisición del derecho real;

b) La inscripción en los registros públicos, a los fines de su oponibilidad contra terceros;

c) No se aplicarán costas a los demandados y terceros comparecientes que no hubieren formulado oposición;

d) La sentencia que rechace la demanda no impedirá la iniciación de un nuevo juicio con el mismo objeto."

Art. 4 - Sustitúyase el artículo 210 del Código Procesal Civil, Comercial y Tributario de la Provincia, Ley N° 9.001, por el siguiente:

“Artículo 210. Procesos de extinción de dominio.

En los procesos de extinción de dominio que tramiten ante los Tribunales de la Provincia conforme las disposiciones de la legislación de fondo, por delitos cuya competencia corresponda a la justicia provincial, se seguirán las reglas del proceso de conocimiento con las siguientes particularidades:

I- Será competente para entender el Juez en lo Civil y Comercial del domicilio del demandado, o el de cualquiera de ellos en caso de acumulación subjetiva de acciones, o aquel donde se encuentren ubicados los bienes objeto de la acción a elección de la parte actora. En caso de que existan bienes ubicados en distintas jurisdicciones la parte actora podrá accionar en cualquiera de ellas a su elección.

II- La legitimación activa corresponderá a los representantes del Ministerio Público Fiscal.

III- La legitimación pasiva corresponderá a cualquier persona, humana o jurídica, que ostente la tenencia, posesión, titularidad o cualquier otro derecho sobre un bien objeto de la acción de extinción de dominio, que se encuentre imputada en la investigación penal. Sin perjuicio de ello, deberá disponerse la acumulación subjetiva necesaria en los términos de los artículos 43 y 45 respecto de toda otra persona que ostente un derecho sobre los bienes objeto de la demanda que pudiera ser afectado por la acción de extinción de dominio.

IV- Se dará trámite a la acción aun en los casos en que los bienes objeto de la litis estuvieren afectados por medidas dispuestas en otro proceso. En este supuesto, la interposición de la demanda de extinción de dominio producirá la inmediata suspensión de los procedimientos relacionados con dichos bienes. A tal fin, el Juez dispondrá oficiar al Tribunal que hubiese dispuesto las medidas o ante quien tramite dichos procesos, comunicándole el inicio de la acción de extinción de dominio.

V- La acción de extinción de dominio tramitará de conformidad con las reglas del proceso de conocimiento con las siguientes particularidades:

a) Con la promoción de la demanda de extinción de dominio deberá adjuntarse la documentación que acredite el dictado de medidas cautelares dispuestas en sede penal sobre los bienes objeto de la acción intentada.

b) El Juez dispondrá la anotación de la litis en los Registros respectivos en caso de tratarse de bienes registrables.

c) No se aplicarán costas a los demandados y terceros c omparecientes que se allanaren a la demanda.

d) Solo será admisible, como excepción de previo y especial pronunciamiento en los términos del artículo 168, la acreditación de que el bien o derecho objeto de la demanda se incorporó al patrimonio del demandado con anterioridad a la fecha de presunta comisión del delito investigado, siempre que esa circunstancia fuere manifiesta.

e) La parte demandada tiene la carga de probar que los bienes y derechos objeto de la acción de extinción de dominio, se incorporaron a su patrimonio con anterioridad a la fecha de presunta comisión del delito investigado o el origen lícito de los fondos con los que los hubiera adquirido.

VI- Las partes podrán alcanzar acuerdos de extinción de dominio. Dichos acuerdos deberán ser necesariamente refrendados por el Procurador General, y homologados judicialmente, tras lo cual tendrán efecto de cosa juzgada.

VII- El Juez podrá, a pedido del Ministerio Público Fiscal y con intervención de la autoridad a cargo de la administración de los bienes, ordenar la venta anticipada de los bienes sujetos a medidas cautelares, cuando presenten riesgo de perecer, deteriorarse, desvalorizarse o cuando su conservación genere erogaciones excesivas para el erario público.

El Juez siempre podrá ordenar la venta anticipada de los bienes cautelados cuando el afectado manifieste su consentimiento.

Previo a resolver, el Juez deberá escuchar a quienes invoquen derechos reales o personales sobre aquellos bienes. De no presentarse los interesados, procederá sin más la venta anticipada y el producido con sus intereses pasarán a conformar el objeto del proceso de extinción de dominio.

El Juez podrá adoptar las medidas que considere adecuadas para evitar la compra simulada o fraudulenta del bien que frustre los fines de desapoderamiento pretendidos.

VIII- El Juez podrá ordenar la destrucción de los bienes cautelados cuando:

a) Sea necesario u obligatorio dada su naturaleza;

b) Representen un peligro para el ambiente, la salud o la seguridad pública;

c) Amenacen su ruina.

IX- Además de los requisitos del artículo 90, la sentencia de extinción de dominio deberá contener:

a) Los fundamentos específicos que llevaron al juzgador a formarse la convicción de que bienes o derechos de propiedad del o los demandados y/o de los terceros citados fueron incorporados sin una causa lícita a su patrimonio;

b) Si se dispusiere la extinción de dominio, la identificación precisa de los bienes o derechos afectados por la sentencia;

c) La declaración de extinción de dominio del bien o de los bienes identificados conforme al inciso b) sin contraprestación ni compensación alguna a favor del o de los demandados, así como de sus frutos y productos, en caso de resultar aplicable;

d) Los efectos respecto de los derechos existentes sobre los bienes afectados;

e) En caso de que se determine un incremento patrimonial que no pueda desvincularse de un patrimonio constituido en forma previa a los hechos investigados, o que el bien o el derecho haya sido transferido a favor de un tercero de buena fe y a título oneroso, deberá determinar su valor en dinero para su ejecución por vía monitoria;

f) Las medidas de ejecución de la sentencia, conforme los medios previstos por este Código, y en especial, el plazo para la subasta de los bienes. Efectuada esta, y deducidos los gastos incurridos para el secuestro, administración y mantenimiento y demás costos procesales, su producido ingresará a Tesorería General de la Provincia.

g) En caso de tratarse de bienes inmuebles y bienes muebles registrables, la notificación a los registros respectivos del cambio de titularidad de los bienes afectados por la sentencia;

h) En caso de que la sentencia incluya bienes ubicados fuera de la República Argentina, deberá identificarlos de manera precisa, con el objeto de que la Procuración General proceda a efectuar los trámites de reconocimiento y ejecución de sentencia en la jurisdicción correspondiente, conforme a la legislación aplicable.

i) En caso de que la sentencia rechace la demanda de extinción de dominio, deberá comunicarse al Juez a cargo de la investigación penal en la que oportunamente se dictaron las medidas cautelares, a efectos de que adopte la determinación que estime corresponder.

X- La sentencia firme hará cosa juzgada respecto de los bienes o derechos involucrados, con independencia del resultado de cualquier otra acción judicial.

La sentencia firme de sobreseimiento o absolución dictada en sede penal, fundadas en la inexistencia del hecho investigado o en que dicho hecho no encuadra en una figura legal, obligará al Estado Provincial a restituir el bien o derecho a su anterior poseedor o titular o, de resultar imposible, entregarle un valor equivalente en dinero."

Art. 5 - Incorpórase como artículo 1 bis de la Ley N° 8.008 y sus modificatorias, el siguiente:

"Artículo 1º bis- Queda incluida entre las funciones de los representantes del Ministerio Público Fiscal la de ejercer la legitimación activa en las acciones de extinción de dominio."

Art. 6 - Incorpórase como Inciso 31 del artículo 28 de la Ley N° 8.008 y sus modificatorias, el siguiente:

"31) Establecer los criterios que orienten el inicio y selectividad de las acciones de extinción de dominio en función de la significación económica de los bienes, el grado de afectación al interés público y los objetivos que orientan el accionar del Ministerio Público Fiscal. Para el cumplimiento de estas funciones, el Procurador General podrá requerir y/o prestar colaboración internacional en los términos de la normativa, convenios y pactos vigentes."

Art. 7 - Incorpórense como incisos 13 y 14 del artículo 34 de la Ley N° 8.008 y sus modificatorias, los siguientes:

"13) Solicitar el dictado de las medidas cautelares que estime necesarias para asegurar bienes que, directa o indirectamente, pudieren ser objeto de la acción de extinción de dominio, a los fines del posterior ejercicio de dicha acción."

"14) Poner en conocimiento del Procurador General el inicio de todas aquellas actuaciones en las que pudieran existir bienes que, directa o indirectamente, pudieren ser objeto de la acción de extinción de dominio."

Art. 8 - Incorpórase como inciso 13 del artículo 35 de la Ley N° 8.008, el siguiente:

"13) Deducir las acciones de extinción de dominio."

Art. 9 - Durante la tramitación del proceso de extinción de dominio, la administración y el mantenimiento de los bienes muebles e inmuebles sometidos a medidas cautelares de desapoderamiento estará a cargo del Ministerio de Hacienda y Finanzas de la Provincia o el organismo que en el futuro lo reemplace. En las mismas circunstancias, el dinero en efectivo o depositado en cuentas bancarias a la vista podrá ser transferido a una cuenta judicial, para luego constituir una imposición a plazo fijo que devengue intereses a fin de mitigar su depreciación.

Art. 10 - Los fondos ingresados a Tesorería General de la Provincia, conforme lo establecido por el artículo 210 inciso IX subinciso f), del Código Procesal Civil, Comercial y Tributario, serán destinados a la construcción y reparación de escuelas públicas de la Provincia.

Art. 11 - El Poder Ejecutivo de la Provincia a través del Ministerio de Hacienda y Finanzas, o el que en el futuro lo reemplace, deberá establecer un fondo de garantía, conformado por un porcentaje del producido de los bienes enajenados de acuerdo con el régimen de extinción de dominio, a los efectos previstos en la última parte del inciso X del artículo 210 del Código Procesal Civil, Comercial y Tributario.

Art. 12 - Disposición transitoria. El Ministerio Público Fiscal deberá realizar un relevamiento exhaustivo de las causas penales en trámite a los efectos del ejercicio de las facultades conferidas mediante la presente, dentro de los treinta (30) días contados a partir de su entrada en vigencia.

Art. 13 - La presente Ley entrará en vigencia a partir de su publicación.

Art. 14 - De forma.

 

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