LEGISLACION

Protocolo de Utilización de Videocámaras en Establecimientos Penitenciarios

DISPOSICIÓN 20/2018

Protocolo de Utilización de Videocámaras en Establecimientos Penitenciarios

 

Art. 1 - APRUÉBASE el “PROTOCOLO GENERAL DE UTILIZACIÓN DE VIDEOCÁMARAS EN ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS” de conformidad a las especificaciones obrantes en la Planilla Anexo I a este artículo en un todo de acuerdo a los considerandos vertidos en la presente Disposición.-

Art. 2 - INSTRÚYASE y FACÚLTASE a los Directores de las UNIDADES PENITENCIARIAS y de las ALCAIDÍAS PENITENCIARIAS dependientes de la DIRECCIÓN GENERAL DE ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS del SERVICIO PENITENCIARIO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ a implementar, en la órbita de cada uno de los establecimientos a su cargo, su propio Manual de Procedimiento, b asado en los principios emergentes del protocolo general aprobado por el artículo precedente.-

Art. 3 - De forma.

 

ANEXO

Planilla Anexo I al artículo 1°

PROTOCOLO GENERAL DE UTILIZACIÓN DE VIDEOCÁMARAS EN ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS

1. OBJETO.

El presente Protocolo establece los lineamientos generales respecto de la utilización y funcionamiento de videocámaras en establecimientos penitenciarios en la órbita del SERVICIO PENITENCIARIO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ, desarrollando criterios de localización y utilización, tratamiento y confidencialidad de las imágenes registradas, procedimientos aplicables, funcionamiento de los centros de monitoreo y casos específicos de comunicación y remisión a las autoridades judiciales competentes.

2. COORDINACIÓN GENERAL.

La SUBSECRETARÍA DE ASUNTOS PENITENCIARIOS ejercerá la coordinación y supervisión general de los Centros de Monitoreo de Video-Vigilancia y los lineamientos de instalación y utilización de videocámaras para registrar imágenes en lugares abiertos o cerrados de los establecimientos penitenciarios que se implementen funcional y organizativamente en el ámbito del SERVICIO PENITENCIARIO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ.

3. MARCO DE ACTUACIÓN. PRINCIPIOS DE LEGALIDAD Y DERECHO DE PRIVACIDAD.

El derecho a la supervisión, monitoreo y uso de videocámaras de seguridad se limita exclusivamente a las autoridades públicas competentes, que resultan responsables en términos funcionales y normativos del sistema que supervisan, debiendo garantizar un funcionamiento sustentado en principios de legalidad y respeto de la privacidad de las personas (art. 19 de la Constitución Nacional, art. 5 Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, art. 12 Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 11, incs. 2 y 3, de la Convención Americana de Derechos Humanos -Pacto de San José de Costa Rica-, Normas Supranacionales de Jerarquía Constitucional en los términos del art. 75, inc. 22, de la Constitución Nacional).

4. UTILIZACIÓN Y TRATAMIENTO DE IMÁGENES. FINALIDAD.

La utilización y posterior tratamiento de imágenes que se obtengan, tendrán como finalidad exclusiva contribuir a la seguridad y custodia de las personas privadas de su libertad, brindando un aporte probatorio relevante para la investigación judicial.

5. INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE VIDEOCÁMARAS. PRINCIPIOS APLICABLES.

La instalación y funcionamiento de las videocámaras y la posterior registración de imágenes, no debe constituir una planificación aislada, sino un aporte complementario relevante a funciones operativas de seguridad y custodia en establecimientos penitenciarios, respetando los principios constitucionales de legalidad y razonabilidad, en comunión con el amparo efectivo del derecho de intimidad de las personas.

6. PAUTAS DE PLANIFICACIÓN EN LA UBICACIÓN DE VIDEOCÁMARAS.

Las premisas de ubicación de videocámaras, como herramienta de seguridad y custodia en establecimientos penitenciarios, deberán fundamentarse en el estudio preliminar de la ubicación y localización de los dispositivos debiendo responder a criterios objetivos, mensurables y razonablemente vinculados a la infraestructura de cada establecimiento penitenciario.

7. PREMISAS DE UTILIZACIÓN DE DISPOSITIVOS.

La utilización de dispositivos de video-vigilancia se sustenta en las funciones de seguridad y custodia de las personas privadas de su libertad, quedando prohibido todo seguimiento, análisis y/o registro de información motivada en fines discriminatorios, incluyendo condiciones étnicas, religiosas, culturales, sociales, políticas, ideológicas, profesionales, de nacionalidad, de género u opción sexual, por cuestiones de salud y/o enfermedad.

8. DETECCIÓN DE IMÁGENES Y COMUNICACIÓN A AUTORIDADES.

Ante la detección de imágenes que razonablemente denoten la eventual comisión de ilícitos, deberán cursarse las comunicaciones inmediatas para una eficiente intervención de las autoridades judiciales competentes, en el marco del régimen procesal aplicable, instrumentando a tales efectos las medidas idóneas de resguardo, confidencialidad y seguridad de las imágenes registradas.

9. CUMPLIMIENTO DE DIRECTIVAS Y REQUISITORIAS DE LAS AUTORIDADES INTERVINIENTES.

Los Centros de Monitoreo de Video-Vigilancia deberán cumplimentar las directivas funcionales de cada Dirección del Establecimiento Penitenciarios y las que fije la DIRECCIÓN GENERAL DE ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS y los objetivos fijados por la normativa en materia de respeto de la privacidad de las personas, receptando las requisitorias de las autoridades judiciales, evitando la cesión de las imágenes registradas a medios de comunicación que pudieran afectar la eficacia probatoria y el esclarecimiento de los hechos en términos procesales.

10. MANUAL DE PROCEDIMIENTO. CONTENIDOS.

En los Centros de Monitoreo de Video-Vigilancia se implementará un Manual de Procedimiento que establecerá los lineamientos específicos en materia de funcionamiento; normas de tratamiento, confidencialidad y resguardo de las imágenes registradas; competencias, deberes y responsabilidades de los funcionarios y agentes públicos asignados en dichas tareas; mecanismos de comunicación a autoridades administrativas y judiciales y demás exigencias operativas propias de la actividad.

Los Directores de cada Establecimiento Penitenciario deberán aprobar el manual referido contemplando las normas generales impuestas por el presente protocolo.

11. FUNCIONES EN CENTROS DE MONITOREO. PRINCIPIOS APLICABLES.

Los funcionarios y agentes públicos destinados a tareas de seguimiento, monitoreo y coordinación de videocámaras deberán respetar principios de confidencialidad, ética profesional y legalidad en el tratamiento de las imágenes receptadas, en el marco del amparo integral del derecho de privacidad de las personas (art. 19 de la Constitución Nacional). A tales fines, suscribirán una Declaración Jurada de Compromiso de Confidencialidad.

12. CAPACITACIÓN Y ESPECIALIZACIÓN DE PERSONAL.

El personal asignado a tareas de seguimiento, monitoreo y coordinación de videocámaras, contará con la capacitación e idoneidad técnica y legal acorde a las responsabilidades propias de las funciones a desarrollar.

13. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES.

Todo registro de video-vigilancia debe cumplimentar las exigencias previstas en materia de procedimiento, tratamiento de datos, deber de reserva y confidencialidad, protección y resguardo de información, cumplimiento exclusivo de la finalidad específica de su creación, funcionamiento e inscripción de banco de datos exigidos por la Ley Nacional de Protección de Datos Personales Nº 25.326.

 

 

Cita digital:
mación motivada en fines discriminatorios, incluyendo condiciones étnicas, religiosas, culturales, sociales, políticas, ideológicas, profesionales, de nacionalidad, de género u opción sexual, por cuestiones de salud y/o enfermedad.

8. DETECCIÓN DE IMÁGENES Y COMUNICACIÓN A AUTORIDADES.

Ante la detección de imágenes que razonablemente denoten la eventual comisión de ilícitos, deberán cursarse las comunicaciones inmediatas para una eficiente intervención de las autoridades judiciales competentes, en el marco del régimen procesal aplicable, instrumentando a tales efectos las medidas idóneas de resguardo, confidencialidad y seguridad de las imágenes registradas.

9. CUMPLIMIENTO DE DIRECTIVAS Y REQUISITORIAS DE LAS AUTORIDADES INTERVINIENTES.

Los Centros de Monitoreo de Video-Vigilancia deberán cumplimentar las directivas funcionales de cada Dirección del Establecimiento Penitenciarios y las que fije la DIRECCIÓN GENERAL DE ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS y los objetivos fijados por la normativa en materia de respeto de la privacidad de las personas, receptando las requisitorias de las autoridades judiciales, evitando la cesión de las imágenes registradas a medios de comunicación que pudieran afectar la eficacia probatoria y el esclarecimiento de los hechos en términos procesales.

10. MANUAL DE PROCEDIMIENTO. CONTENIDOS.

En los Centros de Monitoreo de Video-Vigilancia se implementará un Manual de Procedimiento que establecerá los lineamientos específicos en materia de funcionamiento; normas de tratamiento, confidencialidad y resguardo de las imágenes registradas; competencias, deberes y responsabilidades de los funcionarios y agentes públicos asignados en dichas tareas; mecanismos de comunicación a autoridades administrativas y judiciales y demás exigencias operativas propias de la actividad.

Los Directores de cada Establecimiento Penitenciario deberán aprobar el manual referido contemplando las normas generales impuestas por el presente protocolo.

11. FUNCIONES EN CENTROS DE MONITOREO. PRINCIPIOS APLICABLES.

Los funcionarios y agentes públicos destinados a tarea s de seguimiento, monitoreo y coordinación de videocámaras deberán respetar principios de confidencialidad, ética profesional y legalidad en el tratamiento de las imágenes receptadas, en el marco del amparo integral del derecho de privacidad de las personas (art. 19 de la Constitución Nacional). A tales fines, suscribirán una Declaración Jurada de Compromiso de Confidencialidad.

12. CAPACITACIÓN Y ESPECIALIZACIÓN DE PERSONAL.

El personal asignado a tareas de seguimiento, monitoreo y coordinación de videocámaras, contará con la capacitación e idoneidad técnica y legal acorde a las responsabilidades propias de las funciones a desarrollar.

13. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES.

Todo registro de video-vigilancia debe cumplimentar las exigencias previstas en materia de procedimiento, tratamiento de datos, deber de reserva y confidencialidad, protección y resguardo de información, cumplimiento exclusivo de la finalidad específica de su creación, funcionamiento e inscripción de banco de datos exigidos por la Ley Nacional de Protección de Datos Personales Nº 25.326.

 

 

Cita digital: