LEGISLACION

Código Civil. Texto [Derogado]

LEY 340(*)

Código Civil. Texto [Derogado]

JURISDICCIÓN:

Nacional

ORGANISMO:

Poder Legislativo

FECHA:

25/09/1869

FECHA PROMULGACIÓN:

29/09/1869

BOLETÍN:

RN 1863/1869

 

  (*) Derogada por ley 26994 - BO: 08/10/2014

 

Actualizaciones recientes

(Sancionado por ley 340)

TÍTULOS PRELIMINARES

TÍTULO I

De las leyes

  Art. 1 - Las leyes son obligatorias para todos los que habitan el territorio de la República, sean ciudadanos o extranjeros, domiciliados o transeúntes.

1. L. 15, tít. 1, part. 1ª, L. 3 y sigs., tít. 2, lib. 3, Nov. Rec. Cód. de Nápoles, art. 5.

  Art. 2 - (Texto s/ley 16504 - BO: 03/11/1964) Las leyes no son obligatorias sino después de su publicación, y desde el día que determinen. Si no designan tiempo, serán obligatorias después de los ocho días siguientes al de su publicación oficial.

2. En la primera parte, conforme con todos los códigos modernos y L. 12, tít. 2, lib. 3, Nov. Rec. ZACHARIAE, t.1, págs. 24 y 25.

    cc_art3

Art. 3 - (Texto s/ley 17711 - BO: 26/04/1968) A partir de su entrada en vigencia, las leyes se aplicarán aun a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes. No tienen efecto retroactivo, sean o no de orden público, salvo disposición en contrario. La retroactividad establecida por la ley en ningún caso podrá afectar derechos amparados por garantías constitucionales.

A los contratos en curso de ejecución no son aplicables las nuevas leyes supletorias.

3. En los últimos tiempos, MERLIN, CHABOT, MEYER y varios jurisconsultos alemanes han combatido el principio de la no retroactividad de las leyes como incompatible con muchas de las relaciones de derecho. La fuerza de las consideraciones legales de estos jurisconsultos ha hecho decir a FREITAS, en la nota que pone al primer artículo de su Proyecto de Cód. civil para el Brasil, "que el estado de la ciencia sobre este asunto era bien poco satisfactorio". Pero SAVIGNY, antes de ahora, se hizo cargo de contestar las equivocadas teorías de los jurisconsultos citados, y consagró a este objeto doscientas páginas del t. VIII de su grande obra sobre el Derecho romano. Explica perfectamente la materia; destruye todos los argumentos que se oponen al principio recibido y demuestra, sin dejar la menor duda, que en todas las relaciones de derecho: derecho de las personas, derecho de la familia, derecho de las cosas, derecho de las obligaciones, derecho de sucesión, etc., las leyes no pueden tener efecto retroactivo ni alterar los derechos adquiridos; y que esta doctrina, bien entendida, está en plena conformidad con toda la legislación civil y criminal, mientras que el principio contrario dejaría insubsistentes y al arbitrio del legislador, todas las relaciones de derecho sobre que reposa la sociedad.

  Art. 4 - (Derogado por la ley 17711 - BO: 26/04/1968)

4. Cód. de Prusia, arts. 14 al 21.

  Art. 5 - (Derogado por la ley 17711 - BO: 26/04/1968)

5. MORELL, tít. 1, cap. 2. Esta materia está perfectamente tratada en una Memoria de DUVERGIER que se halla en la Revista de la Legislación, año de 1845, pág. 1.

  Art. 6 - La capacidad o incapacidad de las personas domiciliadas en el territorio de la República, sean nacionales o extranjeras, será juzgada por las leyes de este Código, aun cuando se trate de actos ejecutados o de bienes existentes en país extranjero.

6. La última parte del artículo no se opone al principio de que los bienes son regidos por la ley del lugar en que están situados, pues en este artículo sólo se trata de la capacidad de las personas, y no del régimen de los bienes o de los derechos reales que los afectan.

  Art. 7 - La capacidad o incapacidad de las personas domiciliadas fuera del territorio de la República, será juzgada por las leyes de su respectivo domicilio, aun cuando se trate de actos ejecutados o de bienes existentes en la República.

  Art. 8 - Los actos, los contratos hechos y los derechos adquiridos fuera del lugar del domicilio de la persona, son regidos por las leyes del lugar en que se han verificado; pero no tendrán ejecución en la República, respecto de los bienes situados en el territorio, si no son conformes a las leyes del país, que reglan la capacidad, estado y condición de las personas.

6, 7 y 8. FREITAS, sobre los arts. 6, 7 y 8, que son de su Proyecto de Código para el Brasil, dice: "El domicilio y no la nacionalidad determina el asiento jurídico de las personas para saber qué leyes civiles rigen su capacidad de derecho. Éste es, en verdad, el pensamiento del Cód. Civil Francés y de los escritores franceses, cuando dicen que el estado y capacidad de las personas se reglan por las leyes de su nacionalidad, pues confunden la nacionalidad con el domicilio, identificando ideas esencialmente diversas. Esta confusión aparece en el derecho internacional privado de FOELIX, quien tratando del estatuto personal, emplea como sinónimos las palabras «nacionalidad» y «domicilio». En la p. 39 dice que "las expresiones «lugar del domicilio del individuo» y «territorio de la nación o patria», pueden ser empleadas indiferentemente"; y en efecto, él lo hace así confundiéndolo todo. Mucho contribuye a esta confusión el art. 9 del Cód. francés, declarando no ser nacional el que hubiese nacido en Francia de un extranjero; y el art. 10, declarando ser nacional el hijo de francés nacido en país extranjero. De esta manera, como el lugar del domicilio de origen no es el del nacimiento sino el del domicilio del padre, resulta que la nacionalidad del Cód. francés es lo mismo que el domicilio de origen. El error de tal suposición es evidente, porque el domicilio no es inmutable; su variación no exige una mutación de la nacionalidad; y por lo tanto, el lugar del domicilio de origen no nos ofrece fundamento para decidir una cuestión de nacionalidad. Esta objeción no tendrá peso alguno para aquellos que, como DEMOLOMBE (t. I, pág. 448), sostuvieron, contra una realidad innegable, que, en la teoría del Cód. francés, no se puede tener domicilio en país extranjero. DEMANGEAT, en sus notas críticas a FOELIX, pág. 57, dice: "Según FOELIX, no puede tenerse domicilio sino en el territorio de la nación de la cual el individuo es miembro". "Suscítase, entre tanto, la cuestión de saber cuál será la ley personal del extranjero domiciliado en Francia, de que habla el art. 13 del Código, que no ha dejado de pertenecer a su nación. Nosotros creemos que el domicilio prevalece sobre la nacionalidad."

STORY, en su obra Conflict of Laws, consagra todo el largo cap. IV a discutir la cuestión de cuáles sean las leyes que deban regir la capacidad de las personas. Pone los textos de varios jurisconsultos que han tratado la materia, y apoyado en los poderosos fundamentos que expone, en las decisiones de los tribunales de los Estados Unidos, y en la opinión de los jurisconsultos franceses POTHIER y MERLIN (este último cambió más tarde de opinión), concluye que la ley local del domicilio de la persona es la que rige su capacidad legal. SAVIGNY, que se ocupó extensamente de la cuestión y le consagró el más profundo estudio, demuestra de la manera más incontestable que el domicilio determina el derecho territorial especial, al cual cada uno está sujeto, como a su derecho personal (t. 8, cap. 1).

  Art. 9 - Las incapacidades contra las leyes de la naturaleza, como la esclavitud, o las que revistan el carácter de penales, son meramente territoriales.

9. STORY, Conflict of Laws, pág. 105.

  CAMPO_Artículo_10

  Art. 10 - Los bienes raíces situados en la República son exclusivamente regidos por las leyes del país, respecto a su calidad de tales, a los derechos de las partes, a la capacidad de adquirirlos, a los modos de transferirlos, y a las solemnidades que deben acompañar esos actos. El título, por lo tanto, a una propiedad raíz, sólo puede ser adquirido, transferido o perdido de conformidad con las leyes de la República.

10. L. 15, tít. 14, part. 3ª, STORY, § 224. SAVIGNY dice respecto a esto lo siguiente: "El que quiere adquirir o ejercer un derecho sobre una cosa, se transporta, con esta intención, al lugar que ella ocupa; y por esta relación del derecho especial se somete voluntariamente al derecho de la localidad. Así pues, cuando se dice que los derechos reales se juzgan según el derecho del lugar donde la cosa se encuentra, lex rei sitae, se parte del mismo principio que cuando se aplica al estado de las personas la lex domicilii. Este principio es la sumisión voluntaria" (t. 8, § 366).

  Art. 11 - Los bienes muebles que tienen situación permanente y que se conservan sin intención de transportarlos, son regidos por las leyes del lugar en que están situados; pero los muebles que el propietario lleva siempre consigo, o que son de su uso personal, esté o no en su domicilio, como también los que se tienen para ser vendidos o transportados a otro lugar, son regidos por las leyes del domicilio del dueño.

11 . Las cosas muebles, sin asiento fijo, susceptibles de una circulación rápida, de fácil deterioro, consumibles algunas veces al primer uso, consistiendo otras, en género y no en especie, determinándose por cantidades abstractas, y pudiendo ser legalmente sustituidas por otras homogéneas, que prestan las mismas funciones, como sucede en el mutuo y en el cuasiusufructo, no pueden ser afectadas por los derechos reales, no participan del territorio en que ocasionalmente se encuentran, y en esas circunstancias peculiares a ellas, se funda el artículo y la especie. STORY, Conflict of Laws, § 362 hasta 376 y 380, § 388 al fin. Respecto a la última parte trata extensamente la materia; pero de su misma doctrina se deduce que los muebles que tienen asiento fijo, como los muebles de una casa, de una biblioteca, etc., deben ser regidos por la ley del lugar en que se hallen. SAVIGNY sostiene perfectamente la doctrina del artículo (t. 8, § 366).

  Art. 12 - Las formas y solemnidades de los contratos y de todo instrumento público, son regidas por las leyes del país donde se hubieren otorgado.

12. Cód. de Luisiana, art. 10, Cód. francés, art. 293 (sólo respecto a los testamentos). STORY, Conflict of Laws, desde el párr. 260 -larga e importantísima discusión del artículo- L. 18, § 4, tít. 20, lib. 10. Nov. Rec.; L. 2, tít. 32, lib. 6, Cód. romano, y L. 6, tít. 2, lib. 21, Dig.

  Art. 13 - La aplicación de las leyes extranjeras, en los casos en que este Código la autoriza, nunca tendrá lugar sino a solicitud de parte interesada, a cuyo cargo será la prueba de la existencia de dichas leyes. Exceptúanse las leyes extranjeras que se hicieren obligatorias en la República por convenciones diplomáticas, o en virtud de ley especial.

13. La ley extranjera es un hecho que debe probarse. La ley nacional es un derecho que simplemente se alega sin depender de la prueba.

    L340_Art14

Art. 14 - Las leyes extranjeras no serán aplicables:

        1. Cuando su aplicación se oponga al derecho público -##-(1) o criminal de la República -##-(2), a la religión del Estado -##-(3), a la tolerancia de cultos -##-(4), o a la moral y buenas costumbres;

  2. Cuando su aplicación fuere incompatible con el espíritu de la legislación de este Código-##-(5);

3. Cuando fueren de mero privilegio;

  4. Cuando las leyes de este Código, en colisión con las leyes extranjeras, fuesen más favorables a la validez de los actos -##-(6).

    L340_Art15

Art. 15 - Los jueces no pueden dejar de juzgar bajo el pretexto de silencio, oscuridad o insuficiencia de las leyes.

15. L. 233, Del Estilo. Cód. francés, art. 4.

  L_340_ART_0016

    Art. 16 - Si una cuestión civil no puede resolverse, ni por las palabras, ni por el espíritu de la ley, se atenderá a los principios de leyes análogas; y si aún la cuestión fuere dudosa, se resolverá por los principios generales del derecho, teniendo en consideración las circunstancias del caso.

16. Conforme al art. 7 del Cód. de Austria, L. 13, tít. 5, lib. 22, Dig. L. 11, tít. 5, lib. 19, íd. L. 1, tít. 33, part. 7ª y regla 36, tít. 34, part. 7ª; pero las leyes 11, tít. 22; y 15, tít. 23, part. 3ª ordenan que, no pudiendo el juez salir de la duda, de hecho o de derecho, remita la causa al Soberano para que la decida.

    ART_17

Art. 17 - (Texto s/ley 17711 - BO: 26/04/1968) Los usos y costumbres no pueden crear derechos sino cuando las leyes se refieran a ellos o en situaciones no regladas legalmente.

17. LL. 3 y 11, tít. 2, lib. 3, Nov. Rec. que derogaron las leyes romanas y la 4 y 6, tít. 2, part. 1ª. El Cód. francés guarda silencio sobre este punto. El Cód. de Luisiana admite expresamente la costumbre.

  Art. 18 - Los actos prohibidos por las leyes son de ningún valor, si la ley no designa otro efecto para el caso de contravención.

18. Es muy importante sobre este punto la L. Rom. 5, tít. 14 lib. 1 del código. Cód. de Chile, art. 10. Cód. de Luisiana, art. 12. LECLERCQ, Droit Romain, t. 1, págs. 238 y 239. Igual artículo fue propuesto al formarse el Cód. francés y no fue admitido, quedando este punto sin resolverse. Véase ZACHARIAE, t. 1, pág. 46. LL. 17 y 22, tít. 1, y 1ª, tít. 3, y 6ª y 7ª, tít. 11, lib. 10, Nov. Rec.

  Art. 19 - La renuncia general de las leyes no produce efecto alguno; pero podrán renunciarse los derechos conferidos por ellas, con tal que sólo miren al interés individual y que no esté prohibida su renuncia.

19. Cód. de Austria, art. 937. Cód. de Prusia, part. 1ª, art. 193. Cód. de Chile, art. 12. Véase ZACHARIAE, t. 1, pág. 44, § 34.

    ART_20

Art. 20 - La ignorancia de las leyes no sirve de excusa, si la excepción no está expresamente autorizada por la ley.

20. L. 3, tít. 14, part. 5ª Cód. de Luisiana, art. 7 Cód. de Austria, art. 2. Véase el Proyecto de GOYENA, art. 2, y ZACHARIAE, parágrafo 26. Las L. 21, tít. 1, part. 1ª y 6ª, tít. 14, part. 3ª, copiaron las leyes romanas sobre la ignorancia del derecho.

  Art. 21 - Las convenciones particulares no pueden dejar sin efecto las leyes en cuya observancia estén interesados el orden público y las buenas costumbres.

21. L. 28, tít. 11, part. 5ª. Cód. francés, art. 6; de Nápoles, art. 7; sardo, art. 3. LL. 27 y 38, tít. 14, L. 2, Dig. y L. 5, tít. 14, lib. 1, Cód. romano.

    Art. 22 - Lo que no está dicho explícita o implícitamente en ningún artículo de este Código, no puede tener fuerza de ley en derecho civil, aunque anteriormente una disposición semejante hubiera estado en vigor, sea por una ley general, sea por una ley especial.

22. Código del Ducado de Baden, art. 1, letra b).

  TÍTULO II

Del modo de contar los intervalos del derecho

  Art. 23 - Los días, meses y años se contarán para todos los efectos legales por el calendario gregoriano.

  Art. 24 - El día es el intervalo entero que corre de medianoche a medianoche; y los plazos de días no se contarán de momento a momento, ni por horas, sino desde la medianoche en que termina el día de su fecha.

  Art. 25 - Los plazos de mes o meses, de año o años, terminarán el día que los respectivos meses tengan el mismo número de días de su fecha. Así, un plazo que principie el 15 de un mes, terminará el 15 del mes correspondiente, cualquiera que sea el número de días que tengan los meses o el año.

  Art. 26 - Si el mes en que ha de principiar un plazo de meses o años, constare de más días que el mes en que ha de terminar el plazo, y si el plazo corriese desde alguno de los días en que el primero de dichos meses excede al segundo, el último día del plazo será el último día de este segundo mes.

  Art. 27 - Todos los plazos serán continuos y completos, debiendo siempre terminar en la medianoche del último día; y así, los actos que deben ejecutarse en o dentro de cierto plazo, valen si se ejecutan antes de la medianoche, en que termina el último día del plazo.

  CAMPO_Artículo_28

  Art. 28 - En los plazos que señalasen las leyes o los tribunales, o los decretos del gobierno, se comprenderán los días feriados, a menos que el plazo señalado sea de días útiles, expresándose así.

    Art. 29 - Las disposiciones de los artículos anteriores, serán aplicables a todos los plazos señalados por las leyes, por los jueces, o por las partes en los actos jurídicos, siempre que en las leyes o en esos actos no se disponga de otro modo.

LIBRO PRIMERO

De las personas

SECCIÓN PRIMERA

De las personas en general

TÍTULO I

  De las personas jurídicas -##-(*)

    ART_30

Art. 30 - Son personas todos los entes susceptibles de adquirir derechos, o contraer obligaciones.

  Art. 31 - Las personas son de una existencia ideal o de una existencia visible. Pueden adquirir los derechos, o contraer las obligaciones que este Código regla en los casos, por el modo y en la forma que él determina. Su capacidad o incapacidad nace de esa facultad que en los casos dados, les conceden o niegan las leyes.

31. Como en un código civil no se trata sino del derecho privado, la capacidad artificial de la persona de existencia ideal, sólo se aplica a las relaciones de derecho privado, y no a las de derecho público. Comúnmente, en el dominio del derecho público, ciertos poderes no pueden ejercerse sino por una reunión de personas o una unidad colectiva. Considerar una unidad semejante, por ejemplo, un tribunal de justicia, como persona de existencia ideal, sería errar en la esencia de la constitución de la persona jurídica, porque a esos seres colectivos les falta la capacidad de poseer bienes como tales, de adquirir derechos y contraer obligaciones con los particulares.

  Art. 32 - Todos los entes susceptibles de adquirir derechos, o contraer obligaciones, que no son personas de existencia visible, son personas de existencia ideal, o personas jurídicas.

Art. 32 bis - (Derogado por la ley 21173 - BO: 22/10/1975)

    ART_33

Art. 33 - (Texto s/ley 17711 - BO: 26/04/1968) Las personas jurídicas pueden ser de carácter público o privado.

Tienen carácter público:

1. El Estado Nacional, las Provincias y los Municipios.

2. Las entidades autárquicas.

3. La Iglesia Católica.

Tienen carácter privado:

1. Las asociaciones y las fundaciones que tengan por principal objeto el bien común, posean patrimonio propio, sean capaces por sus estatutos de adquirir bienes, no subsistan exclusivamente de asignaciones del Estado, y obtengan autorización para funcionar.

2. Las sociedades civiles y comerciales o entidades que conforme a la ley tengan capacidad para adquirir derechos y contraer obligaciones, aunque no requieran autorización expresa del Estado para funcionar.

  Art. 34 - Son también personas jurídicas los Estados extranjeros, cada una de sus provincias o municipios, los establecimientos, corporaciones o asociaciones existentes en países extranjeros, y que existieren en ellos con iguales condiciones que los del artículo anterior.

33 y 34. El Cód. de Chile, en el título De las personas jurídicas, no reconoce como tales al Fisco, a las municipalidades, a las Iglesias, a las comunidades religiosas, ni a las sociedades anónimas, por la razón de ser regidas por legislaciones especiales, o ser personas del derecho público. FREITAS combate la doctrina y las resoluciones del Cód. chileno, diciendo que debe reconocerse la soberanía del derecho civil, siempre que se trate de bienes, de su posesión y dominio; que un Estado extranjero puede verse en el caso de demandar a un individuo en su domicilio por obligaciones o créditos a su favor, sin poder llevar el negocio por la vía diplomática. Desde que se reconoce que las mismas obligaciones que se forman entre particulares pueden formarse entre un Estado y un particular, es forzoso admitir que los tribunales deben administrar justicia, sin distinción de personas. Los tribunales franceses están declarados competentes para juzgar las cuestiones civiles entre el Gobierno y los simples particulares, lo que no puede explicarse sin admitir la misma personalidad jurídica creada para las asociaciones de interés público.

Para sostener los dos artículos contra la grande autoridad, que para con los jurisconsultos debe gozar el Código de Chile, creo que debe decirse algo más.

En nuestra República no puede haber duda alguna en la materia. La Constitución Nacional ha creado una Suprema Corte de Justicia, ante la cual el Estado, en cuestiones con los particulares, debe demandar sus derechos, y ante la cual también puede ser demandado, previa autorización del Congreso. La misma Corte de Justicia es el tribunal competente en las cuestiones civiles de una provincia con otra, o entre un Estado y las personas particulares. Por consiguiente el Estado y las provincias son personas civiles, personas jurídicas, desde que no son personas individuales, y pueden estar en juicio sobre sus bienes, o sobre sus derechos a la par de los particulares. Además las leyes de la Nación reconocen en los Estados, derechos exclusivos sobre bienes y territorios, y los distinguen de las propiedades nacionales. Las leyes provinciales, por otra parte, clasifican y determinan los bienes que sean municipales, distintos de los bienes del Gobierno del Estado, residiendo el dominio y la administración en las respectivas municipalidades.

        Y este derecho no es nuevo; era el derecho administrativo del Imperio Romano, que en mucha parte ha llegado hasta nosotros. En Roma, el Fisco podía ser demandado ante los jueces ordinarios. Mil leyes sobre sus privilegios en los juicios, demuestran que el Estado era considerado como persona civil, capaz de adquirir bienes y contraer obligaciones con los particulares. Las causas fiscales tenían el beneficio de ser juzgadas en presencia del abogado fiscal -##- (1) . En los juicios, el Fisco no podía ser condenado a pagar intereses -##- (2) . Cuando el Fisco demandaba no se le podía oponer la compensación sino cuando la suma era debida por la misma oficina que demandaba -##- (3) . Los jueces no podían, en las cuestiones fiscales, obligar al Fisco a dar fianzas, porque siempre se le presumía solvente -##- (4) , y varios otros privilegios, como el de la restitución de la sentencia. En cuanto a las municipalidades, Roma como en los pueblos modernos, tenían bienes propios que no pertenecían al Fisco del Imperio, y que administraban con absoluta independencia de los Emperadores, SERRIGNY, en su grande obra sobre el Derecho Administrativo del Imperio Romano , al tratar de los bienes de las municipalidades, principia el Cap. 8 de esta manera: "Desde la más remota antigüedad, las municipalidades han formado personas morales o jurídicas, y en esta calidad han sido reconocidas capaces de adquirir y poseer bienes".

    Cuando Roma, por la conquista, se anexaba un Estado, ordinariamente le dejaba su régimen particular, contentándose con sólo imponerle algunas cargas. Esto no inquietaba al despotismo imperial. El Derecho Romano reconocía en las municipalidades una persona moral capaz de adquirir bienes y contraer obligaciones -##-(5). El ejercicio de las acciones municipales se hacía bajo el nombre de un actor o síndico elegido por la Curia. La ley permitía el embargo de los bienes de los deudores a una municipalidad; y a su turno, si una municipalidad era condenada, el acreedor podía hacerse dar la posesión de bienes municipales, y obtener un decreto para hacerlos vender -##-(6). Esto prueba que los bienes de las municipalidades pertenecían a una persona igual a las demás en razón de sus bienes, derechos y obligaciones.

          Respecto de la Iglesia, podemos decir que después de la Constitución de Constantino en 321 por lo cual cada Iglesia o asamblea católica adquirió la capacidad de recibir bienes de las disposiciones testamentarias de toda persona, llegó ella a ser una persona jurídica -##-(7). No tenía ninguna dependencia del Estado en la administración de sus propiedades -##-(8), y estuvo siempre exenta de las contribuciones directas, derecho que ha regido en España hasta el siglo pasado. Poco importaba pues, que, como Iglesia espiritual, estuviera sujeta a otra legislación, si en cuanto a sus bienes y a las relaciones de derecho sobre ellos con las particulares, debía necesariamente reconocer la autoridad del derecho civil. En Roma abundaban los establecimientos de beneficencia: hospicios para los recién nacidos, para los huérfanos pobres, para los ancianos, para alimentar a los indigentes inválidos, para viajeros pobres, hospitales para curar enfermos, etc., etc. Ninguno de los establecimientos de beneficencia existentes en la época actual, dice SERRIGNY, era desconocido de los romanos; y todos eran considerados como personas jurídicas, con capacidad de poseer y adquirir bienes -##-(9). Las asociaciones, corporaciones o establecimientos públicos, podían, a ejemplo de las municipalidades, poseer bienes, tener una caja y un síndico para administrarlos y representarlos en todos los actos de la vida civil -##-(10). En otros términos, estas corporaciones, continúa el autor citado, constituían una persona moral, enteramente distinta de los miembros que la componían. La consecuencia de la personalidad de una corporación era que lo que ella debía, no era debido por los individuos que la componían, y recíprocamente, que lo que se le debía, no era debido, a ninguno de sus miembros -##-(11).

  Art. 35 - Las personas jurídicas pueden, para los fines de su institución, adquirir los derechos que este Código establece, y ejercer los actos que no les sean prohibidos por el ministerio de los representantes que sus leyes o estatutos les hubiesen constituido.

35. Para realizar la idea de la persona jurídica era necesario crear una representación que remediase de una manera artificial su incapacidad de obrar; pero solamente en el dominio del derecho de los bienes. Muchas veces las personas jurídicas son creadas para otros fines más importantes que la capacidad de derecho privado, y entonces, los órganos generales de las personas jurídicas los representan al mismo tiempo en la materia de derecho privado. Cuando se da por fundamento necesario de la representación artificial la incapacidad natural de obrar a la persona jurídica, que es un ser ideal, debe esto entenderse literalmente. Más de un autor se figura que un acto que emanase de todos los miembros de una corporación, debía considerarse como acto de la corporación misma, y que la representación no ha sido introducida, sino a causa de la dificultad de traer a todos los miembros de la corporación a una comunidad de voluntad y de acción. Pero, en realidad, la totalidad de los miembros que forman una corporación difiere esencialmente de la corporación misma, y aunque los miembros de ella, sin excepción alguna, se reunieran para obrar, no sería esto un acto del ser ideal que llamamos persona jurídica. El carácter esencial de una corporación es que su derecho repose, no sobre sus miembros reunidos, sino sobre un conjunto ideal. Una corporación es semejante a un pupilo, cuya tutela será ejercida por el que ha nombrado la ley. Para la formación de la persona jurídica, ha debido preceder su constitución, y a ella la creación de la representación que ha de obrar, como en un banco, el directorio que ha de gobernar los intereses de la sociedad. Todos los miembros reunidos no podrán legalmente apartarse de la constitución y ejecutar actos que por ella correspondiesen al directorio del banco. La persona jurídica, pues, sólo por medio de sus representantes, puede adquirir derechos y ejercer actos, y no por medio de los individuos que forman la corporación, aunque fuese la totalidad del número (Véase SAVIGNY, t. 2, § § 90 y 96).

  Art. 36 - Se reputan actos de las personas jurídicas los de sus representantes legales, siempre que no excedan los límites de su ministerio. En lo que excedieren, sólo producirán efecto respecto de los mandatarios.

  Art. 37 - Si los poderes de los mandatarios no hubiesen sido expresamente designados en los respectivos estatutos, o en los instrumentos que los autoricen, la validez de los actos será regida por las reglas del mandato.

  Art. 38 - Será derecho implícito de las asociaciones con carácter de personas jurídicas, admitir nuevos miembros en lugar de los que hubieran fallecido, o dejado de serlo, con tal que no excedan el número determinado en sus estatutos.

  Art. 39 - Las corporaciones, asociaciones, etcétera, serán consideradas como personas enteramente distintas de sus miembros. Los bienes que pertenezcan a la asociación, no pertenecen a ninguno de sus miembros; y ninguno de sus miembros, ni todos ellos, están obligados a satisfacer las deudas de la corporación, si expresamente no se hubiesen obligado como fiadores, o mancomunado con ella.

  Art. 40 - Los derechos respectivos de los miembros de una asociación con el carácter de persona jurídica, son reglados por el contrato, por el objeto de la asociación, o por las disposiciones de sus estatutos.

  Art. 41 - Respecto de los terceros, los establecimientos o corporaciones con el carácter de personas jurídicas, gozan en general de los mismos derechos que los simples particulares para adquirir bienes, tomar y conservar la posesión de ellos, constituir servidumbres reales, recibir usufructos de las propiedades ajenas, herencias o legados por testamentos, donaciones por actos entre vivos, crear obligaciones e intentar en la medida de su capacidad de derecho, acciones civiles o criminales.

41. Las consecuencias de este artículo son sumamente importantes y graves. Por él, la Iglesia y las corporaciones religiosas, entre otras facultades, tienen la de poder heredar, recibir donaciones y adquirir propiedades raíces, sin intervención alguna de los gobiernos. Todo lo que a este respecto se ha dicho y hecho desde el siglo pasado, ha sido por un espíritu irreligioso, o con la mira de someter absolutamente a las iglesias al poder temporal, aun cuando se quebrantaran los derechos individuales y la libre disposición de los bienes por los propietarios de ellos. Si el permiso a la Iglesia Católica de heredar y de adquirir bienes, que el emperador Constantino le dio en 321, le ha importado más que la dudosa cesión del gobierno de Roma, como se ha dicho; si los pueblos han sido arruinados por haber pasado casi todos los bienes raíces al poder de la Iglesia, esos males, en verdad, no han procedido de la capacidad legal de la Iglesia para adquirir bienes, sino de las creencias de los pueblos, del fanatismo religioso, de un orden de ideas y de una civilización enteramente diferente de la actual. Así vemos hoy en Inglaterra y en los Estados Unidos que la Iglesia Católica y las congregaciones protestantes tienen, como los particulares, la facultad de adquirir y poseer bienes raíces, sin que los bienes territoriales se degraden, y sin que esa facultad traiga una acumulación de bienes raíces en las personas que se han llamado manos muertas. En la República misma, vemos comunidades religiosas con capacidad de adquirir bienes raíces, que serían muy felices si lograran siquiera vivir de sus rentas. Si la existencia de la Iglesia es conveniente y necesaria, no vemos razón alguna para privarle o limitarle los medios de su propia conservación. El Código de Chile adopta un término medio, permitiendo a las iglesias la adquisición de bienes raíces por sólo el término de cinco años, a cuyo plazo deben enajenar los que hubiesen adquirido por compra o donaciones que se les hubiere hecho. Diremos en fin, con SAVIGNY, que si la legislación de algunos países ha restringido la adquisición de las corporaciones de manos muertas, esas restricciones nunca han hecho parte del derecho común. Puede, por lo tanto, sostenerse el artículo, sin perjuicio de que una ley especial límite, cuando fuere oportuno, la capacidad legal de la Iglesia para adquirir bienes raíces.

Sin embargo de haberse reconocido a las iglesias la capacidad de adquirir bienes, el dominio de éstos ha traído cuestiones que sólo están resueltas por el derecho de Justiniano. ¿Sobre qué reposa el derecho de propiedad? Los dioses del paganismo eran representados como seres individuales, semejantes al hombre. Nada, pues, más natural que atribuir bienes a cada divinidad. Considerar como persona jurídica un templo determinado, consagrarlo a una divinidad, era seguir el mismo orden de ideas. La Iglesia Católica, al contrario, reposa sobre la fe de un solo Dios, y sobre la comunidad de fe en este solo Dios y en su revelación, está fundada la unidad de la Iglesia; así es que ordinariamente se atribuye la propiedad de los bienes eclesiásticos, ya a Jesucristo, ya a la Iglesia cristiana, o ya al Papa como a su jefe visible. Mas, reflexionando sobre la generalidad de este punto de vista, él no puede entrar en el dominio del derecho privado, y es preciso admitir la pluralidad de personas jurídicas para los bienes de las iglesias. La aplicación de este sistema la encontramos en una ley de Justiniano (L. 27, Cód. De Sacros. Eccles.). "Si un testador instituye a Jesucristo por heredero, se entiende, dice el Código, que es a la Iglesia del lugar que aquél habita. Si instituye por heredero a un arcángel o a un mártir, la sucesión corresponde a la Iglesia consagrada al arcángel o al mártir, en el lugar de su domicilio, y en su falta, a la que exista en la capital de la Provincia. Si en la aplicación de esta regla hubiese alguna duda, entre muchas iglesias, se prefiere aquella a la cual el testador tenía devoción particular, y faltando esta circunstancia, a la más pobre (L. 26, Cód. De Sacros. Eccles.). El sujeto, pues, de la sucesión podía ser una parroquia determinada. Puede decirse, por lo tanto, que en el Derecho romano, ni la Iglesia en general, ni la Iglesia episcopal, tenían la propiedad de los bienes eclesiásticos o de los bienes de cada diócesis.

Las fundaciones piadosas tienen mucha analogía con los bienes destinados a la Iglesia. Ellas comprenden los establecimientos para socorrer a los pobres, a los enfermos, a los peregrinos, a los ancianos, huérfanos, etc. Así, cuando un establecimiento de este género tenga el carácter de persona jurídica, debe ser tratado como un individuo. Las constituciones de los emperadores cristianos las reconocían como personas jurídicas. Si un testador instituía como herederos o legatarios a los pobres en general, esta disposición era nula, porque el derecho prohibía instituir una persona incierta. Pero Justiniano interpretaba el testamento de la manera siguiente: en el caso supuesto, la sucesión correspondía al hospicio que el testador tenía en mira; si había duda sobre este punto, la sucesión o legado correspondía al hospicio del lugar de su domicilio; si no lo había, a la Iglesia del lugar, con el cargo de consagrar los bienes al alivio de los pobres. Así también, si un testador instituía por herederos a los cautivos, la sucesión pertenecía a la Iglesia del lugar de su domicilio, con el cargo de emplear los bienes en rescate de los cautivos (L. 49, Cód. De Epis).

Por consiguiente, las fundaciones podían tener, las unas respecto de las otras, respecto del Estado, de las municipalidades, y de las iglesias mismas, multitud de relaciones de derecho, que implican necesariamente su individualidad.

  Art. 42 - Las personas jurídicas pueden ser demandadas por acciones civiles, y puede hacerse ejecución en sus bienes.

  ART_43

  Art. 43 - (Texto s/ley 17711 - BO: 26/04/1968) Las personas jurídicas responden por los daños que causen quienes las dirijan o administren, en ejercicio o con ocasión de sus funciones. Responden también por los daños que causen sus dependientes o las cosas, en las condiciones establecidas en el Título: "De las obligaciones que nacen de los hechos ilícitos que no son delitos".

43. La cuestión de si las personas jurídicas pueden o no cometer delitos y sufrir penas, ha sido vivamente controvertida. Puede verse sobre la materia a SAVIGNY, t. 2, desde la p. 310. Para nosotros, el artículo del proyecto tiene fundamentos incontestables.

El derecho criminal considera al hombre natural, es decir, a un ser libre e inteligente. La persona jurídica está privada de este carácter, no siendo sino un ser abstracto, al cual no puede alcanzar el derecho criminal. La realidad de su existencia se funda sobre las determinaciones de un cierto número de representantes, que en virtud de una ficción, son considerados como sus determinaciones propias. Semejante representación, que excluye la voluntad propiamente dicha, puede tener sus efectos en el derecho civil, pero jamás en el criminal.

La capacidad de las personas jurídicas de poder ser demandadas, no implica una contradicción, aunque toda acción supone la violación de un derecho. Esta especie de violación del derecho tiene una naturaleza puramente material: ella no interesa la conciencia en el mayor número de casos. Las acciones del derecho civil son destinadas a conservar o a restablecer los verdaderos límites de las relaciones individuales de derecho. Teniendo pues las personas jurídicas la capacidad de la propiedad, esta necesidad, la de las acciones civiles, existe respecto de ellas como respecto de las personas naturales. No hay, por lo tanto, inconsecuencia, en decir, que la persona jurídica puede sufrir por un delito, y que no puede cometerlo. Desde que la propiedad existe, ella puede ser violada cualquiera que sea el propietario, un ser de una existencia ideal o un ser inteligente y libre.

Los delitos que pueden imputarse a las personas jurídicas han de ser siempre cometidos por sus miembros o por sus jefes, es decir, por personas naturales, importando poco que el interés de la corporación haya servido de motivo o de fin al delito. Si, pues, un magistrado municipal, por un celo malentendido, comete un fraude con el fin de enriquecer la caja municipal, no deja de ser por eso el único culpable. Castigar la persona jurídica, como culpable de un delito, sería violar el gran principio del derecho criminal que exige la identidad del delincuente y del condenado.

Los que creen que los delitos pueden ser imputados a las personas jurídicas, les atribuyen una capacidad de poder que realmente no tienen. La capacidad no excede del objeto de su institución, que es el de hacerle participar del derecho a los bienes. Para esto, la capacidad de los contratos es indispensable. Si las personas jurídicas tuvieran la capacidad absoluta de derecho y la de voluntad, serían igualmente capaces de relaciones de familia. Los impúberes y los dementes tienen, como las personas jurídicas, la capacidad de derecho sin la capacidad natural de obrar. Para los unos y para los otros, hay los mismos motivos de dar a esta voluntad ficticia una extensión ilimitada, y desde entonces se podría castigar en la persona del pupilo, el delito del tutor, si él comete como tutor un robo o un fraude en el interés de su pupilo. Los casos que se citan de justos castigos a ciudades, municipalidades, etc., han sido o actos del derecho de la guerra, o medidas políticas, que nunca se hubieran sancionado por el Poder Judicial, pues en ellas siempre resultaban castigados muchos inocentes. El error del argumento nace de que regularmente los actos del mayor número de los ciudadanos de una ciudad, o de los miembros de una corporación, pasan por ser actos de la ciudad, o de la corporación, confundiendo así la corporación con sus miembros. Por otra parte, todo delito implica dolo o culpa y, por lo tanto, la voluntad de cometerlo y la responsabilidad consiguiente. Desde entonces el dolo podría imputarse tanto a las personas jurídicas, como a los impúberes o dementes.

Al lado de la obligación que produce un delito, nace otra del todo diferente, obligatio ex re ex eo quod aliquem pervenit, que se aplica a las personas jurídicas, como a los dementes o a los impúberes. Si, pues, el jefe de una corporación comete fraude en el ejercicio de sus funciones, él sólo es responsable por el dolo; pero la caja de la corporación debe restituir la suma con que el fraude la hubiera enriquecido. Es preciso no decir lo mismo de las multas que pueden imponerse en un proceso, las cuales no son verdaderas penas sino gastos, partes esenciales del mecanismo de los procedimientos judiciales. Las personas jurídicas deben someterse a esas multas, si quieren participar de los beneficios de un proceso.

Pasando a las disposiciones del derecho sobre la materia, podemos decir que muchas leyes de los Códigos romanos confirman plenamente la doctrina que hemos expuesto. Un texto dice expresamente que la acción de dolo no puede intentarse contra una municipalidad, porque ella, por su naturaleza, es incapaz de dolo; pero que si se ha enriquecido por el fraude de un administrador, debe restituir la suma de que hubiese aprovechado (L. 15 § 1, Dig. De dolo).

El poseedor de un inmueble, desposeído violentamente a nombre de una municipalidad, obtiene contra ella el interdicto de vi si ella detiene todo o parte del inmueble. Si vi me dejeccerit quis nomine municipium, in municipes mihi interdictum reddendum Pomponius ait, si quid ad eos pervenit. (L. 4, Dig. De vi). La expresión municipes designa siempre la corporación misma. Muchas otras leyes pudiéramos citar que disponen lo mismo.

  Art. 44 - Las personas jurídicas nacionales o extranjeras tienen su domicilio en el lugar en que se hallaren, o donde funcionen sus direcciones o administraciones principales, no siendo el caso de competencia especial.

CAPÍTULO I

Del principio de la existencia de las personas jurídicas

  Art. 45 - Comienza la existencia de las corporaciones, asociaciones, establecimientos, etc., con el carácter de personas jurídicas, desde el día en que fuesen autorizadas por la ley o por el gobierno, con aprobación de sus estatutos, y confirmación de los prelados en la parte religiosa.

(Párrafo incorporado por ley 17711 - BO: 26/04/1968) Las decisiones administrativas en esta materia podrán ser revocadas judicialmente por vía sumaria, en caso de ilegitimidad o arbitrariedad.

(Párrafo incorporado por ley 17711 - BO: 26/04/1968) En el supuesto de fundaciones cuyos estatutos no prevean el procedimiento para su reforma, podrá el Poder Ejecutivo disponer su modificación para hacer posible el cumplimiento del fin de la entidad. En este caso los órganos de gobierno de la fundación podrán interponer los recursos mencionados en el párrafo anterior.

45. Independientemente de la razón política, la necesidad del consentimiento del Estado para la formación de una persona jurídica tiene su fundamento en la naturaleza misma del derecho, dice SAVIGNY: ·"El hombre por el solo hecho de su aparición corporal, manifiesta su título a la capacidad de derecho. Por este signo visible cada hombre, como cada juez, sabe los derechos que debe reconocer, o los que debe proteger. Cuando la capacidad natural del hombre se extiende ficticiamente a un ser ideal, falta este signo visible, y la voluntad de la autoridad suprema puede sólo suplirlo, creando sujetos artificiales de derecho. Abandonar estas facultades a las voluntades individuales sería introducir una grande incertidumbre sobre el estado del derecho, a más de los abusos que podrían cometer las voluntades fraudulentas."

Otras consideraciones políticas y económicas hacen indispensable la autorización del Gobierno para crear la persona jurídica. La extensión ilimitada de las corporaciones de diversas clases, no siempre es conveniente o indiferente a los pueblos. Puede haber conveniencia para la sociedad en evitar la acumulación de bienes en las corporaciones de manos muertas, y esto no podría conseguirse si los particulares pudieran crear a su voluntad nuevas fundaciones.

  Art. 46 - (Texto s/ley 17711 - BO: 26/04/1968) Las asociaciones que no tienen existencia legal como personas jurídicas, serán consideradas como simples asociaciones civiles o religiosas, según el fin de su instituto. Son sujetos de derecho, siempre que la constitución y designación de autoridades se acredite por escritura pública o instrumentos privados de autenticidad certificada por escribano público. De lo contrario, todos los miembros fundadores de la asociación y sus administradores asumen responsabilidad solidaria por los actos de ésta. Supletoriamente regirán a las asociaciones a que este artículo se refiere las normas de la sociedad civil.

46. Queda así a los particulares la libertad de hacer las asociaciones que quieran, sean religiosas, de beneficencia, o meramente industriales, sin necesidad de previa licencia de la autoridad pública, como lo exigía el Derecho romano y el Derecho español; pero esas asociaciones no tendrán el carácter que el Código da a las personas jurídicas, creadas por un interés público; y sus miembros, en sus derechos respectivos o en sus relaciones con los derechos de un tercero, serán regidos por las leyes generales.

  Art. 47 - En los casos en que la autorización legal de los establecimientos fuese posterior a su fundación, quedará legitimada su existencia como persona jurídica, con efecto retroactivo al tiempo en que se verificó la fundación.

CAPÍTULO II

Del fin de la existencia de las personas jurídicas

  Art. 48 - (Texto s/ley 17711 - BO: 26/04/1968) Termina la existencia de las personas jurídicas que necesitan autorización expresa estatal para funcionar:

1º Por su disolución en virtud de la decisión de sus miembros, aprobada por la autoridad competente.

2º Por disolución en virtud de la ley, no obstante la voluntad de sus miembros, o por haberse abusado o incurrido en transgresiones de las condiciones o cláusulas de la respectiva autorización, o porque sea imposible el cumplimiento de sus estatutos, o porque su disolución fuese necesaria o conveniente a los intereses públicos.

3º Por la conclusión de los bienes destinados a sostenerlas.

La decisión administrativa sobre retiro de la personería o intervención a la entidad dará lugar a los recursos previstos en el artículo 45. El juez podrá disponer la suspensión provisional de los efectos de la resolución recurrida.

48. La persona jurídica, una vez constituida, no debe ser disuelta por la sola voluntad de los miembros actuales, porque ella existe, como lo hemos dicho, independiente de sus miembros y por el motivo principal de un interés público, permanente, mientras que el gobierno o la ley no hubiese declarado que había cesado la causa de su existencia.

Las personas jurídicas pueden ser disueltas por la decisión sola de la autoridad pública, si ellas vienen a comprometer los intereses generales, pues que sólo el interés público, y no intereses individuales, religiosos o industriales, por grandes que sean, es el motivo de la autorización para su creación.

El derecho a los bienes fue el objeto de la creación de la persona jurídica. Desde que ella no puede tenerlos, y sólo debe existir dependiente del Estado o del favor público, puede decirse que su existencia no es existencia propia, y que se halla confundida con la del Estado o la de la persona que la sostiene, con relación al derecho de los bienes.

  Art. 49 - No termina la existencia de las personas jurídicas por el fallecimiento de sus miembros, aunque sea en número tal que quedaran reducidos a no poder cumplir el fin de su institución. Corresponde al Gobierno, si los estatutos no lo hubiesen previsto, declarar disuelta la corporación, o determinar el modo como debe hacerse su renovación.

  Art. 50 - Disuelta o acabada una asociación con el carácter de persona jurídica, los bienes y acciones que a ella pertenecían, tendrán el destino previsto en sus estatutos; y si nada se hubiese dispuesto en ellos, los bienes y acciones serán considerados como vacantes y aplicados a los objetos que disponga el Cuerpo Legislativo, salvo todo perjuicio a tercero y a los miembros existentes de la corporación.

  50. Por el Derecho romano, constituida una universitas, podía continuar con un solo miembro. Si universitas ad unum reddit, majus admititur posee eum convenire et conveniri cum jus omnium in unum reciderit et stet nomen universitatis. (L. 7, Dig. quod univ.). En tal caso, la persona jurídica continúa su existencia, conserva su nombre, y los bienes de la corporación no vienen a ser del único miembro restante. El caso del texto es, que ese individuo que hubiese quedado, puede obrar directamente en juicio sin el intermedio de un síndico. De este principio y del texto mismo, se ha sacado la conclusión errónea de que una corporación acaba necesariamente por la muerte de todos sus miembros; y que así, si una epidemia acabara con todos los padres de un convento, la corporación quedaría disuelta; y sus bienes, como vacantes, pertenecerían al Estado. Este error nace de olvidar el principio, base de toda la teoría, de que la persona jurídica es independiente de cada uno de sus miembros y de todos ellos.

  TÍTULO II

De las personas de existencia visible

    ART_51

Art. 51 - Todos los entes que presentasen signos característicos de humanidad, sin distinción de cualidades o accidentes, son personas de existencia visible.

51. Proyecto de FREITAS, art. 35. GOYENA, art. 107. L. 5, tít. 23, part. 4ª y L. 8, tít. 33, part. 7ª. LL. 12 y 14, tít. 5, lib. 1, Dig.

  Art. 52 - Las personas de existencia visible son capaces de adquirir derechos o contraer obligaciones. Se reputan tales todos los que en este Código no están expresamente declarados incapaces.

52. La expresión "adquirir derechos", a más de comprender implícitamente la posibilidad de contraer obligaciones, abraza en sí todas las fases de los derechos adquiridos, desde el hecho de la adquisición de cada uno de los derechos, hasta el de su pérdida total.

Esas fases pueden resumirse del modo siguiente:

1. Hecho de la adquisición del derecho.

2. Duración y ejercicio del derecho.

3. Conservación o defensa del derecho.

4. Pérdida total del derecho.

Y así, cuando las leyes civiles permiten la adquisición de un derecho o cuando no la prohíben, permiten su ejercicio, su conservación y la libre disposición de ese derecho.

  CAMPO_Artículo_53

  Art. 53 - Les son permitidos todos los actos y todos los derechos que no les fueren expresamente prohibidos, independientemente de su calidad de ciudadanos y de su capacidad política.

    Art_54

Art. 54 - Tienen incapacidad absoluta:

1. Las personas por nacer.

  ART_54_INC_2

2. Los menores impúberes.

3. Los dementes.

  Art_54_Inc4

4. Los sordomudos que no saben darse a entender por escrito.

5. (Derogado por ley 17711 - BO: 26/04/1968)

54. En el número de los incapaces, no pongo los pródigos porque esa calidad no podrá, según este Código, ni sujetarse a juicio ni traer una interdicción. El Cód. de Luisiana, en el art. 413, abolió la incapacidad de los pródigos o disipadores. Dice así: "La interdicción no tendrá lugar por causa de disipación o de prodigalidad". Las razones de esta resolución son: 1ª que la prodigalidad no altera las facultades intelectuales; 2ª que la libertad individual no debe ser restringida, sino en los casos de interés público, inmediato y evidente; 3ª que en la diferente manera de hacer gastos inútiles que concluyan una fortuna, no hay medio para distinguir con certeza el pródigo del que no lo es, en el estado de nuestras costumbres, y todo sería arbitrario en los jueces, poniendo interdicción a algunos, mientras quedaban innumerables disipadores; y 4ª que debe cesar la tutela de los poderes públicos sobre las acciones de los particulares, y ya que no es posible poner un máximum a cada hombre en sus gastos, el que se llamase pródigo habría sólo usado o abusado de su propiedad, sin quebrantar ley alguna.

  Art. 55 - (Texto s/ley 17711 - BO: 26/04/1968) Los menores adultos sólo tienen capacidad para los actos que las leyes les autorizan otorgar.

  Art. 56 - Los incapaces pueden, sin embargo, adquirir derechos o contraer obligaciones por medio de los representantes necesarios que les da la ley.

  Art. 57 -(Texto s/ley 17711 - BO: 26/04/1968) Son representantes de los incapaces:

1. De las personas por nacer, sus padres, y a falta o incapacidad de éstos, los curadores que se les nombre.

2. De los menores no emancipados, sus padres o tutores.

3. De los dementes o sordomudos, los curadores que se les nombre.

  Art. 58 - Este Código protege a los incapaces, pero sólo para el efecto de suprimir los impedimentos de su incapacidad, dándoles la representación que en él se determina, y sin que se les conceda el beneficio de restitución, ni ningún otro beneficio o privilegio.

58. Este artículo es el 43 del Proyecto de FREITAS para el Imperio del Brasil. En varios Códigos están ya suprimidos los beneficios de los menores, incluso el de restitución in integrum, que abrazaba a todos los incapaces, las iglesias, el Fisco, etc., privilegio exorbitante que les dan nuestras leyes, no sólo por un daño recibido, sino por una gran ganancia, que en virtud de él puedan obtener. Esa protección exagerada a los incapaces no presenta una utilidad que compense los males que causa a la sociedad, y a bienes mismos de los menores. La confianza en la adquisición queda vacilante, e impide la seguridad del derecho de propiedad, pues ese beneficio aun dura más que la minoridad de los que favorece. Excluye por el exceso de protección la concurrencia a la compra de los bienes de los incapaces. Por otra parte, en la época actual, las lesiones no pueden admitirse como vicio en los contratos, según veremos en adelante. Creemos pues, que más valiera a los menores y a los incapaces, una buena administración de sus bienes, que todos los privilegios con que han querido ampararlos las leyes, y a ese objeto tenderán las ulteriores disposiciones de este Código. Más valiera, decimos también, la buena organización del Ministerio de Menores, que podría evitar no sólo los malos contratos de los tutores y curadores, sino la mala conducta de éstos en la administración de los bienes.

  Art. 59 - A más de los representantes necesarios, los incapaces son promiscuamente representados por el Ministerio de Menores, que será parte legítima y esencial en todo asunto judicial o extrajudicial, de jurisdicción voluntaria o contenciosa, en que los incapaces demanden o sean demandados, o en que se trate de las personas o bienes de ellos, so pena de nulidad de todo acto y de todo juicio que hubiere lugar sin su participación.

  Art. 60 - (Derogado por la ley 17711 - BO: 26/4/1968)

  CAMPO_Artículo_61

  Art. 61 - Cuando los intereses de los incapaces, en cualquier acto judicial o extrajudicial, estuvieren en oposición con los de sus representantes, dejarán éstos de intervenir en tales actos, haciéndolo en lugar de ellos, curadores especiales para el caso de que se tratare.

    Art. 62 - La representación de los incapaces es extensiva a todos los actos de la vida civil, que no fueren exceptuados en este Código.

  TÍTULO III

De las personas por nacer

    ART_63

Art. 63 - Son personas por nacer las que no habiendo nacido están concebidas en el seno materno.

63. Las personas por nacer no son personas futuras, pues ya existen en el vientre de la madre. Si fuesen personas futuras no habría sujeto que representar. El art. 22 del Cód. de Austria, dice: "Los hijos que aún no han nacido tienen derecho a la protección de las leyes, desde el momento de su concepción. Son considerados como nacidos, toda vez que se trate de sus derechos y no de un tercero". Lo mismo el Cód. de Luisiana, art. 29 y el de Prusia, 1ª parte, tít. 1, art. 10. Pero el Cód. de Chile, en el art. 74, dice: "Que la existencia legal de toda persona principia al nacer"; pero si los que aún no han nacido no son personas, ¿por qué las leyes penales castigan el aborto premeditado? ¿Por qué no se puede ejecutar una pena en una mujer embarazada? En el Derecho romano había acciones sobre este punto. Nasciturus habetur pro nato. Nasciturus pro jam nato habetur si de ejus commodo agitur, etc., etc. Se oponen a éstos, otros textos del Digesto. SAVIGNY los explica perfectamente, demostrando que no hay contradicción entre ellos (t. 2, p. 11).

  Art. 64 - Tiene lugar la representación de las personas por nacer, siempre que éstas hubieren de adquirir bienes por donación o herencia.

64. En este artículo sólo se trata del feto que puede tener bienes que adquirir por una donación o un testamento, y que necesita una representación protectora; y no para asegurar la legitimidad de los hijos o prevenir las suposiciones de parto, de lo cual se tratará en otro lugar.

  Art. 65 - Se tendrá por reconocido el embarazo de la madre, por la simple declaración de ella o del marido, o de otras partes interesadas.

65. El Derecho romano en cuatro títulos contenía disposiciones de un rigor excesivo hasta obligar a la mujer embarazada a declarar, bajo juramento, tomándole valores en prenda o imponiéndole multas (títs. 3, 4, 5 y 9; lib. 25, Dig.). Había varias diligencias para el reconocimiento del embarazo, depósito de la mujer y reconocimiento del parto. Pero estas medidas deben abolirse: 1º porque el reconocimiento del embarazo requiere examen de médicos, cuyos resultados son muy falibles; 2º porque la mujer embarazada puede no prestarse a ese examen humillante y ofensivo al pudor y no habría medio de obligarla, por el peligro de su situación, ni hacerle conminaciones penales de ningún género, porque no se trata de su derecho o interés propio. Basta dejar a salvo el derecho de pedir medidas policiales. La materia no puede corresponder a la justicia civil.

  Art. 66 - Son partes interesadas para este fin:

1. Los parientes en general del no nacido, y todos aquellos a quienes los bienes hubieren de pertenecer si no sucediere el parto, o si el hijo no naciera vivo, o si antes del nacimiento se verificare que el hijo no fuera concebido en tiempo propio.

2. Los acreedores de la herencia.

3. El Ministerio de Menores.

  Art. 67 - Las partes interesadas aunque teman suposición de parto, no pueden suscitar pleito alguno sobre la materia, salvo sin embargo el derecho que les compete para pedir las medidas policiales que sean necesarias. Tampoco podrán suscitar pleito alguno sobre la filiación del no nacido, debiendo quedar estas cuestiones reservadas para después del nacimiento.

  Art. 68 - Tampoco la mujer embarazada o reputada tal, podrá suscitar litigio para contestar su embarazo declarado por el marido o por las partes interesadas, y su negativa no impedirá la representación determinada en este Código.

    Art. 69 - Cesará la representación de las personas por nacer el día del parto, si el hijo nace con vida, y comenzará entonces la de los menores, o antes del parto cuando hubiere terminado el mayor plazo de duración del embarazo, según las disposiciones de este Código.

  TÍTULO IV

De la existencia de las personas antes del nacimiento

  CAMPO_Artículo_70

  Art. 70 - Desde la concepción en el seno materno comienza la existencia de las personas; y antes de su nacimiento pueden adquirir algunos derechos, como si ya hubiesen nacido. Esos derechos quedan irrevocablemente adquiridos si los concebidos en el seno materno nacieren con vida, aunque fuera por instantes después de estar separados de su madre.

70. SAVIGNY, en el t. 2, desde la pág. 5, reúne toda la doctrina del Derecho romano sobre la materia, en los términos siguientes:

                  "1º Es preciso que el hijo sea separado de la madre; 2º, separado completamente; 3º, que viva después de la separación; 4º, que sea una criatura humana. Respecto a lo primero, son indiferentes lo medios que se empleen para obtener esta separación. Así pues, en derecho no se distingue el nacimiento natural del que se obtiene por una operación quirúrgica" -##-(1). Una antigua ley ordenaba expresamente que después de la muerte de una mujer embarazada, su cuerpo fuera abierto a fin de salvar, si era posible, la vida del hijo -##-(2). La separación debe ser completa -##-(3). Es preciso que el hijo viva después de la separación -##-(4). Si, pues, durante un parto trabajoso, el hijo da signo de vida, pero muere antes de haber sido completamente separado de la madre, nunca tuvo la capacidad de derecho. Debe decirse lo mismo, y con más razón, si antes de comenzar el nacimiento, el hijo hubiese muerto -##-(5). Es preciso que la vida sea indudable, no importa por qué signos. Antiguamente muchos jurisconsultos miraban como condición indispensable que el nacido hubiese dado algún vagido, pero JUSTINIANO condenó expresamente esta opinión -##-(6). La duración de la vida es también cosa indiferente; y el hijo tiene la capacidad de derecho aun cuando muera inmediatamente después de su nacimiento -##-(7). En fin; para tener la capacidad de derecho, el hijo debe presentar los signos característicos de humanidad, exteriormente apreciables; no debe ser, según la expresión de los romanos, ni monstrum ni prodigium -##-(8); pero una simple desviación de las formas normales de la humanidad, por ejemplo, un miembro de más o un miembro de menos, no obsta a la capacidad de derecho. Los textos no nos dicen por qué signos se reconoce una criatura humana. Parece que la cabeza debe representar las formas de la humanidad -##-(9).

  Art. 71 - Naciendo con vida no habrá distinción entre el nacimiento espontáneo y el que se obtuviese por operación quirúrgica.

  Art. 72 - Tampoco importará que los nacidos con vida tengan imposibilidad de prolongarla, o que mueran después de nacer, por un vicio orgánico interno, o por nacer antes de tiempo.

72. El Cód. francés, art. 725, exige que el nacido sea viable, de vida, es decir, que no traiga algún vicio por el cual su muerte pueda asegurarse, o que haya nacido antes de tiempo. Lo mismo dispone el de Nápoles, art. 146; el de Austria, cap. 3, parte 2; el de Baviera, cap. 3, lib. 1. Pero el Cód. sardo, art. 705, dice que se presume viable el que ha nacido vivo. El de Luisiana: "Basta que el hijo haya nacido viable, aunque no haya vivido sino un instante", art. 948, y en el art. 917, añade: "La existencia del hijo, nacido vivo, se determina por su respiración o sus vagidos, o por otros signos". El Cód. de Chile, art. 74, sólo exige que el hijo, después de separado de la madre, haya vivido siquiera un momento. La L. 2 Rec., tít. 5, lib. 10, para quitar dudas en la materia, exigió que el hijo había de nacer en el tiempo regular, vivir veinticuatro horas y ser bautizado. La cuestión quedaba siempre como cuestión de hecho, sobre un solo momento de vida, pues si el nacido vivía sólo veintitrés o veintitrés horas y cincuenta minutos, se tendría como abortivo, o nacido sin vida. Nuestro artículo no exige la viabilidad del nacido como condición de su capacidad de derecho. El fundamento del Cód. francés y de los códigos que le siguen es el siguiente: El hijo que nace antes de los seis meses de la concepción, aunque nazca vivo, es incapaz de prolongar su existencia. Lo mismo se dice del que nace con un vicio orgánico, tan demostrado que pueda asegurarse su pronta muerte; desde entonces a este ser no se le puede atribuir derecho alguno, porque la capacidad de derecho depende, no solamente del nacimiento, sino de la capacidad de la vida, de la viabilidad.

Esta doctrina no tiene ningún fundamento, pues es contraria a los principios generales sobre la capacidad de derecho inherente al hecho de la existencia de una criatura humana, sin consideración alguna a la mayor o menor duración que pueda tener esa existencia. Éste es el derecho general, y no se comprende qué motivo haya para introducir una restricción respecto al recién nacido. La muerte que sobrevenga puede provenir de circunstancias exteriores y no de la no viabilidad. Por otra parte, ¿cómo conocer el día de la concepción? ¿Qué médico puede decir que el nacido no ha estado sino 178 días en el vientre de la madre, y no los 180, los seis meses fijados por las leyes? Se abriría así una puerta a la incertidumbre de los juicios individuales, y a las opiniones siempre dudosas de los facultativos, sobre el tiempo que el hijo hubiese estado en el vientre materno, por la imperfección de su constitución material, que vendría a decidir de los derechos más importantes.

Decimos lo mismo respecto de los vicios orgánicos que el recién nacido presente. No porque una persona parezca con signos indudables de una pronta muerte, queda incapaz de derecho. Sería preciso también que la ley fijara el tiempo en que el vicio orgánico debía desenvolverse para causar la incapacidad del recién nacido, y la ciencia por cierto no podría asegurar qué días o qué horas de vida le quedaban al nacido con un vicio orgánico.

SAVIGNY ha tratado esta materia extensamente en el apéndice 1 del t. 2.

  Art. 73 - Repútase como cierto el nacimiento con vida, cuando las personas que asistieren al parto hubieren oído la respiración o la voz de los nacidos, o hubiesen observado otros signos de vida.

  Art. 74 - Si muriesen antes de estar completamente separados del seno materno, serán considerados como si no hubieran existido.

  Art. 75 - En caso de duda de si hubieran nacido o no con vida, se presume que nacieron vivos, incumbiendo la prueba al que alegare lo contrario.

  Art. 76 - La época de la concepción de los que naciesen vivos, queda fijada en todo el espacio de tiempo comprendido entre el máximum y el mínimum de la duración del embarazo.

    Art. 77 - (Texto s/ley 23264 - BO: 23/10/1985) El máximo de tiempo del embarazo se presume que es de trescientos días y el mínimo de ciento ochenta días, excluyendo el día del nacimiento. Esta presunción admite prueba en contrario.

    Art. 78 - No tendrá jamás lugar el reconocimiento judicial del embarazo, ni otras diligencias como depósito y guarda de la mujer embarazada, ni el reconocimiento del parto en el acto o después de tener lugar, ni a requerimiento de la propia mujer antes o después de la muerte del marido, ni a requerimiento de éste o de partes interesadas.

  TÍTULO V

De las pruebas del nacimiento de las personas

  CAMPO_Artículo_79

  Art. 79 - El día del nacimiento, con las circunstancias del lugar, sexo, nombre, apellido, paternidad y maternidad, se probará en la forma siguiente:

  Art. 80 - De los nacidos en la República, por certificados auténticos extraídos de los asientos de los registros públicos, que para tal fin deben crear las municipalidades, o por lo que conste de los libros de las parroquias, o por el modo que el Gobierno Nacional en la Capital, y los gobiernos de provincia determinen en sus respectivos reglamentos.

  Art. 81 - De los nacidos en alta mar, por copias auténticas de los actos que por ocasión de tales accidentes, deben hacer los escribanos de los buques de guerra y el capitán o maestre de los mercantes, en las formas que prescriba la respectiva legislación.

  Art. 82 - De los nacionales nacidos en país extranjero, por certificados de los registros consulares, o por los instrumentos hechos en el lugar, según las respectivas leyes, legalizados por los agentes consulares o diplomáticos de la República.

  Art. 83 - De los extranjeros en el país de su nacionalidad, o en otro país extranjero, por el modo del artículo anterior.

  Art. 84 - De los hijos de los militares en campaña fuera de la República, o empleados en servicio del ejército, por certificados de los respectivos registros, como fuesen determinados en los reglamentos militares.

  Art. 85 - No habiendo registros públicos, o por falta de asiento en ellos, o no estando los asientos en la debida forma, puede probarse el día del nacimiento, o por lo menos el mes o el año, por otros documentos o por otros medios de prueba.

  Art. 86 - Estando en debida forma los certificados de los registros mencionados se presume la verdad de ellos, salvo sin embargo, a los interesados el derecho de impugnar en todo o en parte las declaraciones contenidas en esos documentos, o la identidad de la persona de que esos documentos tratasen.

  Art. 87 - A falta absoluta de prueba de la edad, por cualquiera de los modos declarados, y cuando su determinación fuere indispensable se decidirá por la fisonomía, a juicio de facultativos, nombrados por el juez.

    Art. 88 - Si nace más de un hijo vivo en un solo parto, los nacidos son considerados de igual edad y con iguales derechos para los casos de institución o sustitución a los hijos mayores.

88. Porque el tiempo, como se ha declarado, no se cuenta por horas.

  TÍTULO VI

Del domicilio

  Art. 89 - El domicilio real de las personas es el lugar donde tienen establecido el asiento principal de su residencia y de sus negocios. El domicilio de origen, es el lugar del domicilio del padre, en el día del nacimiento de los hijos.

89. POTHIER, Introducción general a las costumbres de Orléans, cap. 1, § 1. art. 8, Cód. francés, art. 102. Cód. sardo, art. 66.

  Art. 90 - El domicilio legal es el lugar donde la ley presume, sin admitir prueba en contra, que una persona reside de manera permanente para el ejercicio de sus derechos y cumplimiento de sus obligaciones, aunque de hecho no esté allí presente, y así:

1. Los funcionarios públicos, eclesiásticos o seculares, tienen su domicilio en el lugar en que deben llenar sus funciones, no siendo éstas temporarias, periódicas, o de simple comisión.

2. Los militares en servicio activo tienen su domicilio en el lugar en que se hallen prestando aquél, si no manifestasen intención en contrario, por algún establecimiento permanente, o asiento principal de sus negocios en otro lugar.

3. El domicilio de las corporaciones, establecimientos y asociaciones autorizadas por las leyes o por el gobierno, es el lugar donde está situada su dirección o administración, si en sus estatutos o en la autorización que se les dio, no tuviesen un domicilio señalado.

4. Las compañías que tengan muchos establecimientos o sucursales tienen su domicilio especial en el lugar de dichos establecimientos, para sólo la ejecución de las obligaciones allí contraídas por los agentes locales de la sociedad.

5. Los transeúntes o las personas de ejercicio ambulante, como los que no tuviesen domicilio conocido, lo tienen en el lugar de su residencia actual.

6. Los incapaces tienen el domicilio de sus representantes.

    ART90_INC_7

7. El domicilio que tenía el difunto determina el lugar en que se abre su sucesión.

8. Los mayores de edad que sirven, o trabajan, o que están agregados en casa de otros, tienen el domicilio de la persona a quien sirven, o para quien trabajan, siempre que residan en la misma casa, o en habitaciones accesorias, con excepción de la mujer casada, que, como obrera o doméstica, habita otra casa que la de su marido.

9. (Derogado por la ley 23515 - BO: 12/06/1987)

90. ZACHARIAE, § 88.

1. Cód. francés, arts. 106 y 107.

4. POTHIER, Ad. Pand., lib. 50., tít. 1, núm. 3.

6. Cód. francés, arts. 108 y 109; sardo, art. 71.

7. Cód. francés, art. 110. Cód. sardo, art. 74.

8. Cód. sardo, art. 72.

9. L. 32, tít. 2, part. 3ª. Cód. francés, art. 108; sardo, art. 71.

  Art. 91 - La duración del domicilio de derecho, depende de la existencia del hecho que lo motiva. Cesando éste, el domicilio se determina por la residencia, con intención de permanecer en el lugar en que se habite.

      ART92

Art. 92 - Para que la habitación cause domicilio, la residencia debe ser habitual y no accidental, aunque no se tenga intención de fijarse allí para siempre.

  Art. 93 - En el caso de habitación alternativa en diferentes lugares, el domicilio es el lugar donde se tenga la familia, o el principal establecimiento.

  Art. 94 - Si una persona tiene establecida su familia en un lugar, y sus negocios en otro, el primero es el lugar de su domicilio.

  Art. 95 - La residencia involuntaria por destierro, prisión, etc., no altera el domicilio anterior, si se conserva allí la familia, o se tiene el asiento principal de los negocios.

  Art. 96 - En el momento en que el domicilio en país extranjero es abandonado, sin ánimo de volver a él, la persona tiene el domicilio de su nacimiento.

  Art. 97 - El domicilio puede cambiarse de un lugar a otro. Esta facultad no puede ser coartada ni por contrato, ni por disposición de última voluntad. El cambio de domicilio se verifica instantáneamente por el hecho de la traslación de la residencia de un lugar a otro, con ánimo de permanecer en él y tener allí su principal establecimiento.

97. Cód. francés, art. 103; sardo, art. 66.

  Art. 98 - El último domicilio conocido de una persona es el que prevalece, cuando no es conocido el nuevo.

  Art. 99 - El domicilio se conserva por la sola intención de no cambiarlo, o de no adoptar otro.

  Art. 100 - El domicilio de derecho y el domicilio real, determinan la competencia de las autoridades públicas, para el conocimiento de los derechos y cumplimiento de las obligaciones.

    ART_101

Art. 101 - Las personas en sus contratos pueden elegir un domicilio especial para la ejecución de sus obligaciones.

    Art. 102 - La elección de un domicilio implica la extensión de la jurisdicción que no pertenecía sino a los jueces del domicilio real de las personas.

102. L. 32, tít 2. part. 3ª. Cód. francés, art. 111; sardo, art. 75.

  TÍTULO VII

Del fin de la existencia de las personas

  Art. 103 - Termina la existencia de las personas por la muerte natural de ellas. La muerte civil no tendrá lugar en ningún caso, ni por pena, ni por profesión en las comunidades religiosas.

103. Los votos solemnes en comunidades religiosas causan incapacidad para todos los efectos civiles. Desde ese momento, la sucesión de los religiosos es deferida según su testamento, o se da a los parientes que se encuentran en grado de sucederles. Pero esta posición de una persona viva no ha podido sostenerse sino con excepciones tan comunes, que todos los días vemos dejar sin efecto la ley que causó la muerte civil por la profesión religiosa. El religioso profeso que ha sido elevado al episcopado y queda secularizado, recobra por su promoción a esta dignidad la vida civil que había perdido por su profesión, y viene a ser capaz de todas las funciones públicas; puede adquirir bienes por toda clase de actos; tiene derecho a disponer por testamento de los que posee y ab-intestato transmite su sucesión a sus parientes.

También los religiosos, curas de las parroquias, como ha habido tantos ejemplos en la República, pueden adquirir bienes y disponer de ellos libremente.

Son también restituidos a la vida civil los religiosos que obtienen dispensa de sus votos, dispensas comunes y tan fáciles de obtener, como lo vemos diariamente. Causaba tantas dificultades en las familias esta aparición repentina del individuo a quien ya se había heredado o contándosele por muerto en la sucesión de los padres, que Francia no reconoció, como asegura POTHIER, la facultad de esas dispensas ni aun en el Sumo Pontífice, y no eran por ellas restituidos a la vida civil los religiosos dispensados de sus votos. En la República no ha sido así, y ha dependido de un obispo, de un vicario apostólico, y aun de los vicarios capitulares, derogar las leyes y restituir a la vida civil a los muertos civilmente por la profesión religiosa. Es mejor pues, que tales leyes no existan, cuando son tantos los medios de dejarlas sin efecto, causando cuestiones difíciles en las familias, tanto más cuanto que ni la muerte civil era efectiva. Mil veces los religiosos han sido miembros de los cuerpos legislativos, nacionales o provinciales, y en muchos pueblos lo son hasta hoy.

Así pues, si una sucesión es deferida a un religioso o religiosa, pueden éstos hacer una abdicación voluntaria de ella con más conocimiento que las que hacen de las sucesiones futuras al profesar. El religioso, por conservar la vida civil, no deja de ser miembro de una persona jurídica, su convento, sujeto en un todo a los estatutos que lo rijan.

  Art. 104 - La muerte de las personas, ocurrida dentro de la República, en alta mar o en país extranjero, se prueba como el nacimiento en iguales casos.

  Art. 105 - La de los militares muertos en combate, respecto de los cuales no hubiese sido posible hacer asientos, por lo que conste en el Ministerio de Guerra.

  Art. 106 - La de los fallecidos en conventos, cuarteles, prisiones, fortalezas, hospitales o lazaretos, por lo que conste de los respectivos asientos, sin perjuicio de las pruebas generales.

  Art. 107 - La de los militares dentro de la República o en campaña, y la de los empleados en servicio del Ejército, por certificados de los respectivos registros de los hospitales o ambulancias.

    Art. 108 - A falta de los referidos documentos, las pruebas del fallecimiento de las personas podrán ser suplidas por otros en los cuales conste el fallecimiento, o por declaraciones de testigos que sobre él depongan.

(Párrafo incorporado por ley 14394 - BO: 30/12/1954) En los casos en que el cadáver de una persona no fuese hallado, el juez podrá tener por comprobada la muerte y disponer la pertinente inscripción en el registro, siempre que la desaparición se hubiera producido en circunstancias tales que la muerte deba ser tenida como cierta. Igual regla se aplicará en los casos en que no fuese posible la identificación del cadáver.

    Art. 109 - Si dos o más personas hubiesen fallecido en un desastre común o en cualquier otra circunstancia, de modo que no se pueda saber cuál de ellas falleció primero, se presume que fallecieron todas al mismo tiempo, sin que se pueda alegar transmisión alguna de derecho entre ellas.

109. Todos los Códigos modernos, con excepción del de Chile, han creado presunciones de derecho sobre la prioridad de la muerte, cuando muchos mueren a un tiempo, derivándolas de la edad o del sexo. Para unos, primero deben haber muerto las mujeres que los varones; para otros, la edad de las personas parece que fijaba el orden del fallecimiento. Pero estas presunciones de derecho, que también se ven en las Leyes de Partida, eran arbitrarias, y sin ningún fundamento positivo, y lo que es más, no había necesidad alguna de crear tales presunciones de derecho. ¿Qué interés social se presentaba para que necesariamente hubiera una transmisión de derechos entre personas que habían fallecido a un tiempo, o de quienes se ignoraba cuál hubiese muerto primero? Mejor es legislar el caso como el Cód. de Chile y como lo propone FREITAS, estableciendo que han muerto todas en el mismo momento y que no ha habido entre ellas transmisión alguna de derechos. De esto no puede resultar cuestión alguna entre los sucesores de esas personas.

  TÍTULO VIII

  De las personas ausentes con presunción de fallecimiento-##-(*)

  Art. 110 - La ausencia de una persona del lugar de su domicilio o residencia en la República, haya o no dejado representantes, sin que de ella se tenga noticia por el término de seis años causa la presunción de su fallecimiento.

110. FREITAS observa que el Cód. francés y los demás que lo han seguido, no hablan precisamente de la ausencia como presunción de fallecimiento, y que no se comprende de qué ausencia tratan, pues el carácter de ésta es modificado por la circunstancia de haber dejado o no el ausente, apoderado o representante legal. La declaración judicial, que por estos códigos debe hacerse, es meramente declaración de ausencia, cuando debía ser declaración del día del fallecimiento presunto, según las mismas resoluciones finales, que en dichos códigos se advierten. Es, pues, inútil notar las concordancias con los códigos extranjeros.

En la legislación española sólo hay la L. 14, tít. 14, part. 3ª, que dice: "Si aquel de cuya muerte dubdan, dicen que en estrañas é luengas tierras es muerto, é gran tiempo es pasado, ansí como diez años arriba, abonda que prueben que esto es fama entre los de aquel logar, ó que públicamente dicen todos que es muerto".

  Art. 111 - Los seis años serán contados desde el día de la ausencia, si nunca se tuvo noticia del ausente o desde la fecha de la última noticia que se tuvo de él.

  Art. 112 - Causa también presunción de fallecimiento la desaparición de cualquiera persona domiciliada o residente en la República, que hubiese sido gravemente herida en un conflicto de guerra, o que naufragase en un buque perdido o reputado por tal, o que se hallase en el lugar de un incendio, terremoto u otro suceso semejante, en que hubiesen muerto varias personas, sin que de ella se tenga noticia por tres años consecutivos. Los tres años serán contados desde el día del suceso, si fuese conocido, o desde un término medio entre el principio y fin de la época en que el suceso ocurrió, o pudo haber ocurrido.

  Art. 113 - En los casos de los artículos anteriores el cónyuge del ausente, los presuntos herederos legítimos, los instituidos por tales en un testamento abierto, o los legatarios, los que tuviesen derecho a bienes poseídos por el ausente, o los que tuviesen sobre sus bienes algún derecho subordinado a la condición de su muerte, el ministerio fiscal y el cónsul respectivo, si el ausente fuese extranjero, pueden pedir una declaración judicial del día presuntivo del fallecimiento del ausente, al juez del último domicilio o residencia de aquél.

  Art. 114 - Los que se presentasen pidiendo esta declaración, deben justificar el tiempo de la ausencia, las diligencias que hubiesen practicado para saber de la existencia del ausente, sin resultado alguno, el derecho a sucederle, y en su caso, el suceso del naufragio, terremoto, acción de guerra, etc., en que el ausente se encontraba.

    Art_115

Art. 115 - El juez debe nombrar un defensor al ausente y un curador a sus bienes, si no hubiese administrador de ellos, y citar al ausente por los periódicos cada mes, por espacio de seis meses.

  Art. 116 - Pasados los seis meses, y recibidas las pruebas que presentaren los que hubiesen pedido la declaración del día presuntivo del fallecimiento del ausente, el juez, oído el defensor de éste, declarará la ausencia y el día presuntivo del fallecimiento del mismo, y mandará abrir, si existiese, el testamento cerrado que hubiese dejado.

  Art. 117 - En el caso del artículo 110, el juez fijará, como día presuntivo del fallecimiento del ausente, el último día de los primeros tres años de la ausencia, o del día en que se tuvo de él la última noticia; y en el caso del artículo 112, el día del conflicto de guerra, naufragio, terremoto, etc., si fuese conocido, y no siéndolo, el día del término medio entre el principio y el fin de la época en que el suceso ocurrió o pudo haber ocurrido.

  Art. 118 - Fijado el día presuntivo del fallecimiento, los herederos testamentarios, y en su falta los legítimos, a la época del presuntivo fallecimiento del ausente, o los herederos de éstos o los legatarios, entrarán en la posesión provisoria de los bienes del ausente bajo inventario formal y fianzas, que aseguren su buena administración. Si no pudiesen dar fianzas, el juez podrá exigir la garantía que juzgue conveniente, o poner los bienes bajo la administración de un tercero.

  Art. 119 - Los derechos y obligaciones del que hubiese obtenido la posesión provisoria, serán los mismos que los del curador del incapaz de administrar sus bienes.

  Art. 120 - Si dada la posesión provisoria, se presentase el ausente o hubiese noticia cierta de él, quedará sin efecto alguno.

  Art. 121 - Los herederos presuntivos o los herederos instituidos, después de dada la posesión provisoria, pueden hacer división provisoria de los bienes sin poder enajenarlos, sean muebles o raíces, sin autorización judicial.

  Art. 122 - Pasados quince años desde la desaparición del ausente, o desde que se tuvo noticia cierta de su existencia, u ochenta desde su nacimiento, el juez, a instancia de parte interesada, podrá dar la posesión definitiva de los bienes del ausente a los herederos instituidos, si hubiese testamento, y no habiéndolo a los herederos presuntivos el día del presunto fallecimiento del ausente, a los legatarios y a todos los que tengan derechos subordinados a la condición de su muerte.

  Art. 123 - Con la posesión definitiva queda concluida y podrá liquidarse la sociedad conyugal.

  Art. 124 - Si el ausente apareciese después de dada la posesión definitiva de sus bienes, le serán entregados en el estado en que se encuentren, o los que con el valor de ellos se hubiesen comprado; pero no podrá exigir el valor de los consumidos, ni las rentas o intereses percibidos por los que hubiesen tenido la posesión definitiva.

    Art. 125 - Si el ausente hubiese dejado hijos legítimos, cuya existencia se ignoraba, podrán éstos pedir, y deberá entregárseles, los bienes del ausente, como en el caso de la aparición de éste. Lo mismo se hará si se presentasen herederos instituidos en un testamento del que no se tenía conocimiento, y los herederos probasen la efectiva muerte del testador.

  TÍTULO IX

De los menores

    Art. 126 - (Texto s/ley 26579 - BO: 22/12/2009) Son menores las personas que no hubieren cumplido la edad de DIECIOCHO (18) años.

    Art. 127 - (Texto s/ley 26579 - BO: 22/12/2009) Son menores impúberes los que aún no tuvieren la edad de CATORCE (14) años cumplidos, y adultos los que fueren de esta edad hasta los DIECIOCHO (18) años cumplidos.

      Art_128

Art. 128 - (Texto s/ley 26579 - BO: 22/12/2009) Cesa la incapacidad de los menores por la mayor edad el día que cumplieren los DIECIOCHO (18) años.

El menor que ha obtenido título habilitante para el ejercicio de una profesión puede ejercerla por cuenta propia sin necesidad de previa autorización, y administrar y disponer libremente de los bienes que adquiere con el producto de su trabajo y estar en juicio civil o penal por acciones vinculadas a ello.

128. SAVIGNY. pág. 52. La incapacidad de los menores es limitada al derecho privado y no se extiende al derecho público. El hijo sujeto a la patria potestad podía, como su padre, por el Derecho romano, votar en las asambleas del pueblo y ejercer las más altas magistraturas, L. 9, Dig. De is qui sui filium familias in publicis causis loco patris familias habetur. L. 14 ad S. C. Trep. Nam. quod ad jus publicum atinet, non sequitur jus potestatis.

      Art_129

Art. 129 - La mayor edad habilita, desde el día que comenzare, para el ejercicio de todos los actos de la vida civil, sin depender de personalidad-##-(1) alguna o autorización de los padres, tutores o jueces.

  Art. 130 - Para que los menores llegados a la mayor edad entren en la posesión y administración de sus bienes, cuando la entrega de éstos dependa de la orden de los jueces, bastará que simplemente presenten la prueba legal de su edad.

    Art. 131 - (Texto s/ley 26579 - BO: 22/12/2009) Los menores que contrajeran matrimonio se emancipan y adquieren capacidad civil, con las limitaciones previstas en el artículo 134.

Si se hubieran casado sin autorización no tendrán hasta la mayoría de edad la administración y disposición de los bienes recibidos o que recibieren a título gratuito, continuando respecto a ellos el régimen legal vigente de los menores.

    Art. 132 - (Texto s/ley 26579 - BO: 22/12/2009) La invalidez del matrimonio no deja sin efecto la emancipación, salvo respecto del cónyuge de mala fe para quien cesa a partir del día en que la sentencia pasa en autoridad de cosa juzgada.

Si algo fuese debido al menor con cláusula de no poder percibirlo hasta la mayoría de edad, la emancipación no altera la obligación ni el tiempo de su exigibilidad.

    Art. 133 - (Texto s/ley 23515 - BO: 12/06/1987) La emancipación por matrimonio es irrevocable y produce el efecto de habilitar a los casados para todos los actos de la vida civil, salvo lo dispuesto en los artículos 134 y 135, aunque el matrimonio se disuelva en su menor edad, tengan o no hijos. No obstante ello, la nueva aptitud nupcial se adquirirá una vez alcanzada la mayoría de edad.

  Art. 134 - (Texto s/ley 17711 - BO: 26/04/1968) Los emancipados no pueden ni con autorización judicial:

1. Aprobar cuentas de sus tutores y darles finiquito.

2. Hacer donación de bienes que hubiesen recibido a título gratuito.

3. Afianzar obligaciones.

  Art. 135 - (Texto s/ley 17711 - BO: 26/04/1968) Los emancipados adquieren capacidad de administración y disposición de sus bienes, pero respecto de los adquiridos por título gratuito antes o después de la emancipación, sólo tendrán la administración; para disponer de ellos deberán solicitar autorización judicial, salvo que mediare acuerdo de ambos cónyuges y uno de éstos fuere mayor de edad.

  Art. 136 - La autorización judicial no será dada sino en caso de absoluta necesidad o de ventaja evidente, y las ventas que se hicieren de sus bienes, serán siempre en pública subasta.

  Art. 137 - Si alguna cosa fuese debida al menor con cláusula de sólo poder haberla cuando tenga la edad completa, la emancipación no alterará la obligación, ni el tiempo de su exigibilidad.

  Art. 138 - El que mude su domicilio de un país extranjero al territorio de la República, y fuese mayor o menor emancipado, según las leyes de este Código, será considerado como tal, aun cuando sea menor o no emancipado, según las leyes de su domicilio anterior.

    Art. 139 - Pero si fuese ya mayor o menor emancipado según las leyes de su domicilio anterior, y no lo fuese por las leyes de este Código, prevalecerán en tal caso aquéllas sobre éstas, reputándose la mayor edad o emancipación como un hecho irrevocable.

  TÍTULO X

  De los dementes e inhabilitados -##-(*)

    Art_140

Art. 140 - Ninguna persona será habida por demente, para los efectos que en este Código se determinan, sin que la demencia sea previamente verificada y declarada por juez competente.

  CAMPO_Artículo_141

    Art_141

Art. 141 - (Texto s/ley 17711 - BO: 26/04/1968) Se declaran incapaces por demencia las personas que por causa de enfermedades mentales no tengan aptitud para dirigir su persona o administrar sus bienes.

  Art. 142 - La declaración judicial de demencia no podrá hacerse sino a solicitud de parte, y después de un examen de facultativos.

  Art. 143 - Si del examen de facultativos resultare ser efectiva la demencia, deberá ser calificada en su respectivo carácter, y si fuese manía, deberá decirse si es parcial o total.

    Art. 144 - Los que pueden pedir la declaración de demencia son:

  1. (Inciso s/ley 26618 - BO: 22/07/2010) Cualquiera de los cónyuges no separado personalmente o divorciado vincularmente.

2. Los parientes del demente.

3. El Ministerio de Menores.

4. El respectivo cónsul, si el demente fuese extranjero.

5. Cualquier persona del pueblo, cuando el demente sea furioso, o incomode a sus vecinos.

  L_340_ART_145

    Art. 145 - Si el demente fuese menor de catorce años no podrá pedirse la declaración de demencia.

  Art. 146 - Tampoco podrá solicitarse la declaración de demencia, cuando una solicitud igual se hubiese declarado ya improbada, aunque sea otro el que la solicitase, salvo si expusiese hechos de demencia sobrevinientes a la declaración judicial.

  Art. 147 - Interpuesta la solicitud de demencia, debe nombrarse para el demandado como demente, un curador provisorio que lo represente y defienda en el pleito, hasta que se pronuncie la sentencia definitiva. En el juicio es parte esencial el Ministerio de Menores.

  Art. 148 - Cuando la demencia aparezca notoria e indudable, el juez mandará inmediatamente recaudar los bienes del demente denunciado, y entregarlos, bajo inventario, a un curador provisorio, para que los administre.

    Art. 149 - (Texto s/ley 23264 - BO: 23/10/1985) Si el denunciado como demente fuere menor de edad, su padre o su madre o su tutor ejercerán las funciones del curador provisorio.

  Art. 150 - La cesación de la incapacidad por el completo restablecimiento de los dementes, sólo tendrá lugar después de un nuevo examen de sanidad hecho por facultativos, y después de la declaración judicial, con audiencia del Ministerio de Menores.

  Art. 151 - La sentencia sobre demencia y su cesación, sólo hacen cosa juzgada en el juicio civil, para los efectos declarados en este Código, mas no en juicio criminal, para excluir una imputación de delitos o dar lugar a condenaciones.

  Art. 152 - Tampoco constituye cosa juzgada en el juicio civil, para los efectos de que se trata en los artículos precedentes, cualquiera sentencia en un juicio criminal que no hubiese hecho lugar a la acusación por motivo de la demencia del acusado, o que lo hubiese condenado como si no fuese demente el procesado.

  T10_152_BIS

  Art. 152 bis - (Texto s/ley 17711 - BO: 26/04/1968) Podrá inhabilitarse judicialmente:

1. A quienes por embriaguez habitual o uso de estupefacientes estén expuestos a otorgar actos jurídicos perjudiciales a su persona o patrimonio.

2. A los disminuidos en sus facultades cuando sin llegar al supuesto previsto en el artículo 141 de este Código, el juez estime que del ejercicio de su plena capacidad pueda resultar presumiblemente daño a su persona o patrimonio.

3. A quienes por la prodigalidad en los actos de administración y disposición de sus bienes expusiesen a su familia a la pérdida del patrimonio. Sólo procederá en este caso la inhabilitación si la persona imputada tuviere cónyuge, ascendientes o descendientes y hubiere dilapidado una parte importante de su patrimonio. La acción para obtener esta inhabilitación sólo corresponderá al cónyuge, ascendientes y descendientes.

Se nombrará un curador al inhabilitado y se aplicarán en lo pertinente las normas relativas a la declaración de incapacidad por demencia y rehabilitación.

Sin la conformidad del curador los inhabilitados no podrán disponer de sus bienes por actos entre vivos.

Los inhabilitados podrán otorgar por sí solos actos de administración, salvo los que límite la sentencia de inhabilitación teniendo en cuenta las circunstancias del caso.

  Nacional_L_340_art_152_ter

Art. 152 ter - (Artículo incorporado por ley 26657 - BO: 03/12/2010) Las declaraciones judiciales de inhabilitación o incapacidad deberán fundarse en un examen de facultativos conformado por evaluaciones interdisciplinarias. No podrán extenderse por más de TRES (3) años y deberán especificar las funciones y actos que se limitan, procurando que la afectación de la autonomía personal sea la menor posible.

  TÍTULO XI

De los sordomudos

  CAMPO_Artículo_153

  Art. 153 - Los sordomudos serán habidos por incapaces para los actos de la vida civil, cuando fuesen tales que no puedan darse a entender por escrito.

  Art. 154 - Para que tenga lugar la representación de los sordomudos, debe procederse como con respecto a los dementes; y después de la declaración oficial, debe observarse lo que queda dispuesto respecto a los dementes.

  Art. 155 - (Texto s/ley 17711 - BO: 26/04/1968) El examen de los facultativos verificará si pueden darse a entender por escrito. Si no pudieren expresar su voluntad de ese modo, los médicos examinarán también si padecen de enfermedad mental que les impida dirigir su persona o administrar sus bienes y en tal caso se seguirá el trámite de incapacidad por demencia.

  Art_155Ant

  Art. 156 - Las personas que pueden solicitar la declaración judicial de la incapacidad de los dementes, pueden pedir la de la incapacidad de los sordomudos.

  Art. 157 - La declaración judicial no tendrá lugar sino cuando se tratare de sordomudos que hayan cumplido catorce años.

    Art. 158 - Cesará la incapacidad de los sordomudos, del mismo modo que la de los dementes.

  seccionsegundalibroprimero

SECCIÓN SEGUNDA

De los derechos personales en las relaciones de familia

TÍTULO I

Del matrimonio

Se reproducen a continuación los textos ordenados por la ley 23515 - BO: 12/06/1987 y su respectivo texto originario, derogado por la ley 2393 - RN: 1887/1888.

CAPÍTULO I

Régimen legal aplicable al matrimonio

  Art. 159 - (Texto s/ley 23515 - BO: 12/06/1987) Las condiciones de validez intrínsecas y extrínsecas del matrimonio se rigen por el derecho del lugar de su celebración, aunque los contrayentes hubiesen dejado su domicilio para no sujetarse a las normas que en él rigen.

159. "La poligamia y el incesto en toda la cristiandad, dice STORY, causan la nulidad del matrimonio". Pero, ¿hasta qué grado la unión de los parientes puede llamarse incestuosa? En muchas naciones los grados del Levítico han formado el término desde donde únicamente puede comenzar la unión legítima. En Inglaterra son respetados los grados del Levítico, limitados al tercer grado de consanguinidad, y al segundo de afinidad, es decir, que es incestuosa la unión de los sobrinos con los tíos, lo mismo que la de los cuñados. "Mas sería muy difícil, dice KENT («Lect.», 26, ps. 83 y 84), sostener toda unión como incestuosa fuera del segundo grado, que es entre hermanos en la línea colateral. En la línea recta, toda unión es incestuosa, sea el parentesco de consanguinidad o de afinidad. Si en el país no hay una ley especial sobre el incesto, debemos estar a la ley natural. La práctica de todas las naciones de la cristiandad reputa inmoral, incestuosa y contraria a la pureza que debe reinar en las familias, y prohibida también por la ley natural, la unión de los hermanos, sean de padre y madre, o sólo de padre o de madre. Esta ha venido a ser la regla o la ley común del género humano, y en ese grado debe acabar el incesto, si la legislatura del pueblo no ha señalado otro grado ulterior".

En cuanto a los parientes por afinidad, puede decirse que no hay incesto fuera de la línea recta. En los Estados americanos, dice STORY, la unión de los cuñados no sólo es tenida como legal, sino que se reputa moral, religiosa y conforme a las doctrinas cristianas.

Respecto al fondo del artículo, STORY, desde el § 121, discute extensamente la materia: transcribe la opinión de los principales jurisconsultos que la han tratado, y expone las razones que la fundan, aun respecto a los que al parecer, por defraudar la ley, salen de su domicilio y van a otro país a celebrar el matrimonio. Demuestra con los textos de los más célebres teólogos españoles, como SÁNCHEZ, que no hay fraude a la ley y que sólo usan de su derecho, desde que no haya una prohibición especial respecto a ese caso.

(a) La legislación sobre el matrimonio desde la era cristiana hasta el presente, ha partido del punto de vista especial que cada legislador tomó sobre tan importante acto. En un tiempo, la Iglesia Católica lo consideró sólo como un sacramento y la idea religiosa dominó todo el derecho. Vino la Revolución Francesa, y el matrimonio fue legislado por sólo los principios que rigen los contratos. La lógica del jurisconsulto fácilmente dedujo del error de que partía, las formas que debían acompañarlo para su validez: el divorcio perpetuo, y la omnímoda facultad de hacer las convenciones matrimoniales que los esposos quisieran. Los extremos no podían satisfacer ni la conciencia de los pueblos cristianos, ni las relaciones indispensables de las familias, ni menos las necesidades sociales. Un hecho de la importancia y resultados del matrimonio no podría descender a las condiciones de una estipulación cualquiera. La sociedad no marcharía a la par de las leyes: serían necesarias tantas excepciones al contrato, que vendría a quedar sin ninguno de los principios que sirven de base a las convenciones particulares.

Había otra manera de considerar el acto que dejaba completamente libre al legislador para formular las condiciones todas del matrimonio, y era reputarlo como una institución social fundada en el consentimiento de las partes; y entonces las peculiaridades de su naturaleza, su carácter y la extensión de las obligaciones, tan diferentes de las de los contratos, podían corresponder al fin de su institución. Como bajo este punto de vista consideraremos al matrimonio, pondremos un notable párrafo de Lord ROBERTSON, en sus notas a FERGUSTON sobre el matrimonio y el divorcio, que responderá a todas las objeciones jurídicas que pueda hacerse a los artículos de este título.

"Siendo el matrimonio, dice, un contrato consensual, puede juzgarse que la «lex loci» es la que debe resolver toda cuestión que respecto a él nazca; pero debe observarse que el matrimonio es un contrato «sui generis», diferente en mucho respecto de todos los otros contratos, y tanto, que las reglas de derecho aplicables a los otros contratos, no pueden aplicarse a éste, ni en su constitución, «ni en los medios de ejecución». El matrimonio es la más importante de todas las transacciones humanas. Es la base de toda la constitución de la sociedad civilizada. Se diferencia de los otros contratos, en que los derechos, las obligaciones y los deberes de los esposos no son reglados por las convenciones de las partes, sino que son materia de la ley civil, la cual los interesados, sea cual fuere la declaración de su voluntad, no pueden alterar en cosa alguna. El matrimonio confiere «el estado» de la legitimidad a los hijos que nazcan y los derechos, deberes, relaciones y privilegios que de ese estado se originan; da nacimiento a las relaciones de consanguinidad y afinidad; en una palabra, domina todo el sistema de la sociedad civil. No teniendo semejanza con los otros contratos, puede celebrarse a una edad en que no es permitida la más indiferente estipulación, y entre tanto, en las naciones civilizadas no puede ser disuelto por mutuo consentimiento, y subsiste en toda su fuerza, aun cuando una de las partes venga a ser para siempre incapaz de llenar las obligaciones del contrato, como en el caso de una demencia incurable, que no le permita cumplir la parte que le corresponda en esa convención. No es extraño, pues, que los derechos, deberes y obligaciones que nazcan de tan importante contrato, no se dejen a la voluntad de los contratantes, sino que sean regidos por las leyes de cada país.

"Aunque un matrimonio que es contraído conforme a la «lex loci» pueda ser válido en todas partes, sin embargo, la ley pública del domicilio, que es imperativa sobre todos los habitantes que están dentro de su jurisdicción, no puede ser afectada por la circunstancia de que el matrimonio fue celebrado en un país donde la ley era diferente, como sucede en los contratos, porque a un individuo que esté domiciliado aquí, no se le puede permitir que importe a este país una ley peculiar que se halle en oposición a las grandes e importantes leyes públicas que nuestra legislatura ha juzgado esencialmente ligadas a los más grandes intereses de la sociedad".

Agregaremos a esto lo que dice sobre la materia SAVIGNY: "Se ha querido colocar al matrimonio al lado de la venta o de la sociedad, como un mero contrato consensual, que por «una singular inadvertencia» olvidaron los romanos". "Cuando el sacerdote pregunta a los esposos si quieren prometerse amor y fidelidad hasta la muerte, y los esposos hacen la promesa, esta declaración no implica la promesa de ciertos actos determinados, ni la sumisión a una ejecución jurídica en el caso en que esos actos no se cumpliesen. Esa promesa significa sólo, que los esposos conocen los preceptos del cristianismo sobre el matrimonio, y que tienen la intención de conformar a ellos toda su vida" (t. 3, § 141).

    ART_160

Art. 160 - (Texto s/ley 23515 - BO: 12/06/1987) No se reconocerá ningún matrimonio celebrado en un país extranjero si mediaren algunos de los impedimentos de los incisos 1, 2, 3, 4, 6 ó 7 del artículo 166.

160, 161, 162 y 163. Estos artículos son tomados de las resoluciones de STORY, en el Cap. 6 de su obra Conflict of Laws, y del Código de Luisiana, art. 2370. STORY trae sobre la materia la más importante discusión, exponiendo la opinión de los principales jurisconsultos franceses y alemanes, y las decisiones de los tribunales de Inglaterra y Estados Unidos.

  Art. 161 - (Texto s/ley 23515 - BO: 12/06/1987) La prueba del matrimonio celebrado en el extranjero se rige por el derecho del lugar de celebración.

El matrimonio celebrado en la República cuya separación personal haya sido legalmente decretada en el extranjero, podrá ser disuelto en el país en las condiciones establecidas en el artículo 216, aunque el divorcio vincular no fuera aceptado por la ley del Estado donde se decretó la separación. Para ello cualquiera de los cónyuges deberá presentar ante el juez de su actual domicilio la documentación debidamente legalizada.

  Art. 162 - (Texto s/ley 23515 - BO: 12/06/1987) Las relaciones personales de los cónyuges serán regidas por la ley del domicilio efectivo, entendiéndose por tal el lugar donde los mismos viven de consuno. En caso de duda o desconocimiento de éste, se aplicará la ley de la última residencia.

El derecho a percibir alimentos y la admisibilidad, oportunidad y alcance del convenio alimentario, si lo hubiere, se regirán por el derecho del domicilio conyugal. El monto alimentario se regulará por el derecho del domicilio del demandado si fuera más favorable a la pretensión del acreedor alimentario.

Las medidas urgentes se rigen por el derecho del país del juez que entienda en la causa.

  CAMPO_Artículo_163

  Art. 163 - (Texto s/ley 23515 - BO: 12/06/1987) Las convenciones matrimoniales y las relaciones de los esposos con respecto a los bienes se rigen por la ley del primer domicilio conyugal, en todo lo que, sobre materia de estricto carácter real, no esté prohibido por la ley del lugar de ubicación de los bienes. El cambio de domicilio no altera la ley aplicable para regir las relaciones de los esposos en cuanto a los bienes, ya sean adquiridos antes o después del cambio.

  Art. 164 - (Texto s/ley 23515 - BO: 12/06/1987) La separación personal y la disolución del matrimonio se rigen por la ley del último domicilio de los cónyuges sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 161.

164. El matrimonio meramente religioso no es admitido en Francia, ni lo era por el Cód. de Nápoles, donde para surtir efectos civiles deben celebrarse dos matrimonios, el matrimonio religioso y el matrimonio civil, y el uno sin el otro no produce efecto alguno.

CAPÍTULO II

De los esponsales

    ART_165

Art. 165 - (Texto s/ley 23515 - BO: 12/06/1987) Este Código no reconoce esponsales de futuro. No habrá acción para exigir el cumplimiento de la promesa de matrimonio.

165. Las leyes de Escocia declaran disoluble el matrimonio por diversas causas, y cuando el caso ha llegado de quererse casar en Inglaterra los que estaban casados en Escocia, ha nacido la cuestión de si la disolución del matrimonio en conformidad a las leyes del domicilio de los cónyuges, los autoriza para volverse a casar en otro país donde no rijan leyes semejantes.

STORY, en el cap. 5º, se ocupa extensamente de la cuestión que ahora también se presenta en algunos de los Estados de América. Trae y funda las diversas resoluciones de las Cortes de Justicia en Inglaterra. Sea cual fuere la resolución de los países protestantes en este punto, yo creo, que siendo entre nosotros indisoluble el matrimonio, si bien podemos tener por legítimo el que se ha contraído en otro país, disuelto el vínculo de un primer matrimonio, no podemos permitir que tales matrimonios se celebren en la República con efectos civiles.

  CAPÍTULO III

De los impedimentos

    Art. 166 - (Texto s/ley 26579 - BO: 22/12/2009) Son impedimentos para contraer matrimonio:

1. La consanguinidad entre ascendientes y descendientes sin limitación.

2. La consanguinidad entre hermanos o medio hermanos.

3. El vínculo derivado de la adopción plena, en los mismos casos de los incisos 1), 2) y 4). El derivado de la adopción simple, entre adoptante y adoptado, adoptante y descendiente o cónyuge del adoptado, adoptado y cónyuge del adoptante, hijos adoptivos de una misma persona, entre sí, y adoptado e hijo de adoptante. Los impedimentos derivados de la adopción simple subsistirán mientras ésta no sea anulada o revocada.

4. La afinidad en línea recta en todos los grados.

    5.-##-(*) Tener menos de DIECIOCHO (18) años.

6. El matrimonio anterior, mientras subsista.

7. Haber sido autor, cómplice o instigador del homicidio doloso de uno de los cónyuges.

    8.-##-(*) La privación permanente o transitoria de la razón, por cualquier causa que fuere.

    9.-##-(*) La sordomudez cuando el contrayente no sabe manifestar su voluntad en forma inequívoca por escrito o de otra manera.

166. Proyecto de GOYENA, art. 47. En contra, el tít. 1, de la part. 4ª; la ley 18, tít. 2, lib. 10, Nov. Rec.; el Cód. sardo, arts. 106 y 107, y los de Baviera, Prusia, Nápoles y Austria. En Inglaterra no hay esponsales. SEOANE, en su obra sobre legislación comparada, dice que en toda la Europa están desusados los esponsales.

    ART_167

Art. 167 - (Texto s/ley 23515 - BO: 12/06/1987) Podrá contraerse matrimonio válido en el supuesto del artículo 166, inciso 5), previa dispensa judicial.

La dispensa se otorgará con carácter excepcional y sólo si el interés de los menores lo exigiese previa audiencia personal del juez con quienes pretendan casarse y los padres o representantes legales del que fuera menor.

167. Las diversas comuniones cristianas, los cultos idólatras, las religiones que admiten la poligamia y las que autorizan el divorcio, están acordes en dar al matrimonio un carácter religioso. De los códigos modernos sólo el de Bélgica, el del Ducado de Baden, y últimamente el de Cerdeña, hacen del matrimonio un simple acto civil, que para su validez no requiere la consagración de la Iglesia. Los pueblos sujetos a la Iglesia griega reconocen un sacramento en la unión conyugal, y la celebración del matrimonio debe hacerse en conformidad a las leyes de la Iglesia. (Código de Rusia, título "Del matrimonio"). Las naciones que siguen las religiones protestantes, aunque miran el matrimonio como un contrato civil, han juzgado que el simple contrato no bastaba para dar al matrimonio el carácter que debe tener, y han dispuesto que para ser válido, debe celebrarse ante la Iglesia y por un sacerdote de la religión de los esposos (BLACKSTONE, lib. 1, cap. 15). Podemos decir entonces, que en todas las naciones de Europa y de América, con excepción de tres, el matrimonio civil del Cód. francés no ha encontrado imitadores.

Las personas católicas, como las de los pueblos de la República Argentina, no podrían contraer el matrimonio civil. Para ellas sería un perpetuo concubinato, condenado por su religión y por las costumbres del país. La ley que autorizara tales matrimonios, en el estado actual de nuestra sociedad, desconocería la misión de las leyes que es sostener y acrecentar el poder de las costumbres y no enervarlas y corromperlas. Sería incitar a las personas católicas a desconocer los preceptos de su religión, sin resultado favorable a los pueblos y a las familias.

Para los que no profesan la religión católica, la ley que da al matrimonio carácter religioso, no ataca en manera alguna la libertad de cultos, pues que ella a nadie obliga a abjurar sus creencias. Cada uno puede invocar a Dios en los altares de su culto.

El resultado que ha producido en Francia la ley del matrimonio civil, nos demuestra que el Cód. de Napoleón no ha hecho sino obligar a católicos y protestantes a contraer dos matrimonios, el civil y el religioso. Sólo a los que no profesan religión alguna, puede satisfacer el matrimonio civil. Otras veces ha causado cuestiones de las más grandes consecuencias la validez del acto civil, cuando no es seguido de la celebración religiosa, que debía suponerse una condición implícita, bajo la cual únicamente una persona católica podía consentir en el matrimonio civil. "Cuando una mujer sostenga ante los tribunales, dice BRESSOLLES, que con sólo el acto civil no está casada; que así se lo enseñan y se lo mandan los preceptos de su religión, y que ningún poder sobre la tierra la obligaría a vivir en un estado que para ella no es sino un comercio criminal, ¿qué responderíamos a este grito imperioso de la conciencia, y qué recursos nos ofrece la ley? Ninguno, le responde THIERRIET, por más vergonzoso que esto sea para nuestra civilización. La nulidad del matrimonio, le contesta BRESSOLLES, si nos guiamos por los principios que rigen los contratos". (Revista de legislación de Wolowski, año 1846, t. 3, pág. 342). En ese mismo tomo, desde la pág. 161, puede verse la discusión sobre el matrimonio civil, entre los jurisconsultos BRESSOLLES, DELPECH y THIERRIET.

    Art. 168 - (Texto s/ley 26579 - BO: 22/12/2009) Los menores de edad no podrán casarse entre sí ni con otra persona mayor sin el asentimiento de sus padres, o de aquel que ejerza la patria potestad, o sin el de su tutor cuando ninguno de ellos la ejerce o, en su defecto, sin el del juez.

  Art. 169 - (Texto s/ley 23515 - BO: 12/06/1987) En caso de haber negado los padres o tutores su asentimiento al matrimonio de los menores, y éstos pidiesen autorización al juez, los representantes legales deberán expresar los motivos de su negativa, que podrán fundar en:

1. La existencia de alguno de los impedimentos legales.

2. La inmadurez psíquica del menor que solicita autorización para casarse.

3. La enfermedad contagiosa o grave deficiencia psíquica o física de la persona que pretende casarse con el menor.

4. La conducta desordenada o inmoral o la falta de medios de subsistencia de la persona que pretende casarse con el menor.

169. L. 18, tít. 2, lib. 10, Nov. Rec.

  Art. 170 - (Texto s/ley 23515 - BO: 12/06/1987) El juez decidirá las causas de disenso en juicio sumarísimo, o por la vía procesal más breve que prevea la ley local.

170. Cód. de Holanda, art. 90; de Chile, art. 112. Proyecto de GOYENA, art. 53. El Cód. francés guarda silencio sobre la materia. En contra: L. 18, tít. 2, lib. 10, Nov. Rec. L. 3, tít. 2, lib. 23, Dig. y los códigos de Nápoles, art. 165; sardo, art. 112 y prusiano, art. 68.

  Art. 171 - (Texto s/ley 23515 - BO: 12/06/1987) El tutor y sus descendientes no podrán contraer matrimonio con el menor o la menor que ha tenido o tuviere aquél bajo su guarda hasta que, fenecida la tutela, haya sido aprobada la cuenta de su administración.

Si lo hicieran, el tutor perderá la asignación que le habría correspondido sobre las rentas del menor.

CAPÍTULO IV

Del consentimiento

      ART_172

Art. 172 - (Texto s/ley 26618 - BO: 22/07/2010) Es indispensable para la existencia del matrimonio el pleno y libre consentimiento expresado personalmente por ambos contrayentes ante la autoridad competente para celebrarlo.

El matrimonio tendrá los mismos requisitos y efectos, con independencia de que los contrayentes sean del mismo o de diferente sexo.

El acto que careciere de alguno de estos requisitos no producirá efectos civiles aunque las partes hubieran obrado de buena fe, salvo lo dispuesto en el artículo siguiente.

172. Véase L. 10, tít. 2, lib. 10, Nov. Rec. La pragmática de 1776 facultaba a los padres para desheredarlos. Lo mismo y con más dureza el Cód. de Chile, art. 114 y el Cód. sardo, arts. 109 y 110. De la mitad de la legítima, el Cód. de Prusia, arts. 997 y 1000.

      Art. 173 -##- (*) - (Texto s/ley 23515 - BO: 12/06/1987) Se considera matrimonio a distancia aquel en el cual el contrayente ausente expresa su consentimiento personalmente ante la autoridad competente para autorizar matrimonios del lugar en que se encuentra.

La documentación que acredite el consentimiento del ausente sólo podrá ser ofrecida dentro de los noventa días de la fecha de su otorgamiento.

173. L. 10, tít. 2, lib. 10, Nov. Rec. y Cód. de Chile, art. 112.

  Art. 174 - (Texto s/ley 23515 - BO: 12/06/1987) El matrimonio a distancia se reputará celebrado en el lugar donde se presta el consentimiento que perfecciona el acto. La autoridad competente para celebrar el matrimonio deberá verificar que los contrayentes no están afectados por los impedimentos legales y juzgará las causas alegadas para justificar la ausencia. En caso de negarse el oficial público a celebrar el matrimonio, quien pretenda contraerlo con el ausente podrá recurrir al juez competente.

    ART_175

Art. 175 - (Texto s/ley 23515 - BO: 12/06/1987) Vician el consentimiento la violencia, el dolo y el error acerca de la persona del otro contrayente. También lo vicia el error acerca de cualidades personales del otro contrayente si se prueba que, quien lo sufrió, no habría consentido el matrimonio si hubiese conocido el estado de cosas y apreciado razonablemente la unión que contraía. El juez valorará la esencialidad del error considerando las condiciones personales y circunstancias de quien lo alega.

175. Cód. de Austria, art. 51

CAPÍTULO V

De la oposición a la celebración del matrimonio

  Art. 176 - (Texto s/ley 23515 - BO: 12/06/1987) Sólo pueden alegarse como motivos de oposición los impedimentos establecidos por ley.

La oposición que no se fundare en la existencia de alguno de esos impedimentos será rechazada sin más trámite.

  Art. 177 - (Texto s/ley 23515 - BO: 12/06/1987) El derecho a deducir oposición a la celebración del matrimonio por razón de impedimentos compete:

1. Al cónyuge de la persona que quiere contraer otro matrimonio.

2. A los ascendientes, descendientes y hermanos de cualquiera de los futuros esposos.

3. Al adoptante y al adoptado en la adopción simple.

4. A los tutores o curadores.

5. Al Ministerio Público, que deberá deducir oposición cuando tenga conocimiento de esos impedimentos.

  Art. 178 - (Texto s/ley 23515 - BO: 12/06/1987) Cualquier persona puede denunciar ante el Ministerio Público o ante el oficial público del Registro correspondiente que ha de celebrar el matrimonio, la existencia de alguno de los impedimentos establecidos en el artículo 166.

178. L. 59, tít. 2, lib. 23, Dig. y L. 64, íd., que dice Ne pupilae in re familiari circunscribantur ab his qui rationes eis gestae tutelae reddere compelluntur. Cód. de Nápoles, art. 157 y prusiano, art. 14.

  Art. 179 - (Texto s/ley 23515 - BO: 12/06/1987) La oposición deberá deducirse ante el oficial público que intervenga en la celebración del matrimonio.

179. L. 9, Cód. "De nuptis." Respecto de la segunda parte, en contra, Cód. francés, art. 194 y Cód. de Holanda, art. 155. La legislación de España no determina prueba alguna especial. Véase ZACHARIAE, § 116.

  Art. 180 - (Texto s/ley 23515 - BO: 12/06/1987) Toda oposición podrá deducirse desde que se hayan iniciado las diligencias previas hasta el momento en que el matrimonio se celebre.

  Art. 181 - (Texto s/ley 23515 - BO: 12/06/1987) La oposición se hará verbalmente o por escrito expresando:

1. El nombre y apellido, edad, estado de familia, profesión y domicilio del oponente.

2. El vínculo que lo liga con alguno de los futuros esposos.

3. El impedimento en que funda su oposición.

4. Los motivos que tenga para creer que existe el impedimento.

5. Si tiene o no documentos que prueben la existencia del impedimento y sus referencias. Si el oponente tuviere documentos, deberá presentarlos en el mismo acto. Si no los tuviere, expresará el lugar donde estén, y los detallará, si tuviere noticia de ellos.

Cuando la oposición se deduzca verbalmente, el oficial público levantará acta circunstanciada, que deberá firmar con el oponente o con quien firme a su ruego, si aquél no supiere o no pudiere firmar. Cuando se deduzca por escrito, se transcribirá en el libro de actas con las mismas formalidades.

  Art. 182 - (Texto s/ley 23515 - BO: 12/06/1987) Deducida en forma la oposición, se dará conocimiento de ella a los futuros esposos por el oficial público que deba celebrar el matrimonio.

Si alguno de ellos o ambos estuviesen conformes en la existencia del impedimento legal, el oficial público lo hará constar en el acta y no celebrará el matrimonio.

  Art. 183 - (Texto s/ley 23515 - BO: 12/06/1987) Si los futuros esposos no reconocieran la existencia del impedimento, deberán expresarlo ante el oficial público dentro de los tres días siguientes al de la notificación; éste levantará acta y remitirá al juez competente copia autorizada de todo lo actuado con los documentos presentados, suspendiendo la celebración del matrimonio.

Los tribunales civiles sustanciarán y decidirán por el procedimiento más breve que prevea la ley local la oposición deducida, y remitirán copia de la sentencia al oficial público.

  Art. 184 - (Texto s/ley 23515 - BO: 12/06/1987) El oficial público no procederá a la celebración del matrimonio mientras la sentencia que desestime la oposición no haya pasado en autoridad de cosa juzgada.

Si la sentencia declarase la existencia del impedimento en que se funda la oposición, no podrá celebrarse el matrimonio; tanto en un caso como en el otro, el oficial público anotará al margen del acta la parte dispositiva de la sentencia.

184. L. 2, tít. 6, part. 2ª, L. 1, tít. 2, part. 4ª.

  Art. 185 - (Texto s/ley 23515 - BO: 12/06/1987) Si cualquier persona denunciare la existencia de impedimentos de conformidad con lo previsto en el artículo 178, el oficial público la remitirá al juez en lo civil quien dará vista de ella al Ministerio Fiscal. Éste, dentro de tres días, deducirá oposición o manifestará que considera infundada la denuncia.

CAPÍTULO VI

De la celebración del matrimonio

  Art. 186 - (Texto s/ley 23515 - BO: 12/06/1987) Los que pretendan contraer matrimonio, se presentarán ante el oficial público encargado del Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas, en el domicilio de cualquiera de ellos y presentarán una solicitud que deberá contener:

1. Sus nombres y apellidos y los números de sus documentos de identidad si los tuvieren.

2. Su edad.

3. Su nacionalidad, su domicilio y el lugar de su nacimiento.

4. Su profesión.

5. Los nombres y apellidos de sus padres, su nacionalidad, los números de sus documentos de identidad si los conocieren, su profesión y su domicilio.

6. Si antes han sido casados o no, y en caso afirmativo, el nombre y apellido de su anterior cónyuge, el lugar del casamiento y la causa de su disolución.

Si los contrayentes o alguno de ellos no supieren escribir, el oficial público levantará acta que contenga las mismas enunciaciones.

186. Proyecto de GOYENA, art. 60. En contra: L. 8, tít. 15, lib. 5, Cód. romano y L. 17, tít. 11, part. 4ª.

      Art. 187 -##- (*) - (Texto s/ley 23515 - BO: 12/06/1987) En el mismo acto, los futuros esposos deberán presentar:

1. Copia debidamente legalizada de la sentencia ejecutoriada que hubiere anulado o disuelto el matrimonio anterior de uno o ambos futuros esposos, o declarado la muerte presunta del cónyuge anterior, en su caso. Si alguno de los contrayentes fuere viudo deberá acompañar certificado de defunción de su anterior cónyuge.

2. La declaración auténtica de las personas cuyo asentimiento es exigido por este Código, si no la prestaran en ese acto, o la venia supletoria del juez cuando proceda. Los padres o tutores que presten su asentimiento ante el oficial público suscribirán la solicitud o el acta a que se refiere el artículo anterior; si no supieren o no pudieren firmar, lo hará alguno de los testigos a su ruego.

3. Dos testigos que, por el conocimiento que tengan de las partes, declaren sobre su identidad y que los creen hábiles para contraer matrimonio.

4. Los certificados médicos prenupciales.

187. Véase todo el tít. 3, lib. 7, Rec. de Indias.

    Art. 188 - (Texto s/ley 26618 - BO: 22/07/2010) El matrimonio deberá celebrarse ante el oficial público encargado del Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas que corresponda al domicilio de cualquiera de los contrayentes, en su oficina, públicamente, compareciendo los futuros esposos en presencia de dos testigos y con las formalidades legales.

Si alguno de los contrayentes estuviere imposibilitado de concurrir, el matrimonio podrá celebrarse en el domicilio del impedido o en su residencia actual, ante cuatro testigos. En el acto de la celebración del matrimonio, el oficial público leerá a los futuros esposos los artículos 198, 199 y 200 de este Código, recibiendo de cada uno de ellos, uno después del otro, la declaración de que quieren respectivamente constituirse en cónyuges, y pronunciará en nombre de la ley que quedan unidos en matrimonio.

El oficial público no podrá oponerse a que los esposos, después de prestar su consentimiento, hagan bendecir su unión en el mismo acto por un ministro de su culto.

188. L.L. 11 y 12, tít. 1, lib. 10, Nov. Rec. Conforme con el art. 215 del Cód. francés, y 204 de Nápoles. En contra: L. 14, tít. 13, lib. 4, Cód. romano y art. 84, Cód. de Rusia. Las Leyes de Partida guardan silencio sobre la materia. El art. 223 del Cód. francés y el 151 del sardo no admiten la autorización general.

  Art. 189 - (Texto s/ley 23515 - BO: 12/06/1987) Cuando uno o ambos contrayentes fuesen menores de edad, la autorización que este Código requiere podrá otorgarse en el mismo acto del matrimonio o acreditarse mediante declaración auténtica.

189. L.L. 11 y 14, tít. 1, lib. 10, Nov. Rec. y L. 12, tít. 23, part. 1ª. El Cód. francés, art. 117 y el de Holanda, art. 163, exigen a más la autorización de sus más próximos parientes.

  Art. 190 - (Texto s/ley 23515 - BO: 12/06/1987) Cuando uno o ambos contrayentes ignorasen el idioma nacional deberán ser asistidos por un traductor público matriculado, y si no lo hubiere, por un intérprete de reconocida idoneidad, dejándose en estos casos debida constancia en la inscripción.

  Art. 191 - (Texto s/ley 23515 - BO: 12/06/1987) La celebración del matrimonio se consignará en un acta que deberá contener:

1. La fecha en que el acto tiene lugar.

2. El nombre y apellido, edad, número de documento de identidad si lo tuvieren, nacionalidad, profesión, domicilio y lugar de nacimiento de los comparecientes.

3. El nombre y apellido, número de documento de identidad, nacionalidad, profesión y domicilio de sus respectivos padres, si fueren conocidos.

4. El nombre y apellido del cónyuge anterior, cuando alguno de los cónyuges haya estado ya casado.

5. El asentimiento de los padres o tutores, o el supletorio del juez en los casos en que es requerido.

6. La mención de si hubo oposición y de su rechazo.

7. La declaración de los contrayentes de que se toman por esposos, y la hecha por el oficial público de que quedan unidos en nombre de la ley.

8. El nombre y apellido, edad, número de documento de identidad si lo tuvieren, estado de familia, profesión y domicilio de los testigos del acto.

191. Todos los códigos antiguos y modernos; el Derecho Romano como el derecho español.

  Art. 192 - (Texto s/ley 23515 - BO: 12/06/1987) El acta de matrimonio será redactada y firmada inmediatamente por todos los que intervinieren en él o por otros a ruego de los que no pudieren o no supieren hacerlo.

192. Cód. francés, art. 225. De Nápoles, art. 214.

  Art. 193 - (Texto s/ley 23515 - BO: 12/06/1987) La declaración de los contrayentes de que se toman respectivamente por esposos no puede someterse a modalidad alguna. Cualquier plazo, condición o cargo se tendrán por no puestos, sin que ello afecte la validez del matrimonio.

  CAMPO_Artículo_194

  Art. 194 - (Texto s/ley 23515 - BO: 12/06/1987) El jefe de la oficina del Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas entregará a los esposos copia del acta de matrimonio. Dicha copia se expedirá en papel común y tanto ella como todas las actuaciones, las que no tributarán impuesto de sellos, serán gratuitas, sin que funcionario alguno pueda cobrar emolumentos.

194. L.L. 13 y 15, tít. 1, lib. 10, Nov. Rec. Cód. francés, art. 218. De Nápoles, arts. 207 y sigs.

  Art. 195 - (Texto s/ley 23515 - BO: 12/06/1987) Si de las diligencias previas no resultara probada la habilidad de los contrayentes o si se dedujese oposición o se hiciese denuncia, el oficial público suspenderá la celebración del matrimonio hasta que se pruebe la habilidad, se rechace la oposición o se desestime la denuncia, haciéndolo constar en el acta de la que dará copia a los interesados, si la pidieren, para que puedan recurrir al juez en lo civil.

  Art. 196 - (Texto s/ley 23515 - BO: 12/06/1987) El oficial público procederá a la celebración del matrimonio con prescindencia de todas o de alguna de las formalidades que deban precederle, cuando se justificase con el certificado de un médico, y, donde no lo hubiere, con la declaración de dos vecinos, que alguno de los futuros esposos se halla en peligro de muerte.

En caso de no poder hallarse al oficial público encargado del Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas, el matrimonio en artículo de muerte podrá celebrarse ante cualquier magistrado o funcionario judicial, el cual deberá levantar acta de la celebración, haciendo constar las circunstancias mencionadas en los incisos 1), 2), 3), 4), 5), 7) y 8) del artículo 191 y la remitirá al oficial público para que la protocolice.

196. L. 14, tít. 1, lib. 10, Nov. Rec.

CAPÍTULO VII

De la prueba del matrimonio

  Art. 197 - (Texto s/ley 23515 - BO: 12/06/1987) El matrimonio se prueba con el acta de su celebración, su testimonio, copia o certificado, o con la libreta de familia expedidos por el Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas. Cuando existiese imposibilidad de presentarlos, podrá probarse la celebración del matrimonio por otros medios, justificando a la vez esa imposibilidad.

La posesión de estado no puede ser invocada por los esposos ni por terceros como prueba suficiente cuando se tratare de establecer el estado de casados o de reclamar los efectos civiles del matrimonio. Cuando hay posesión de estado y existe el acta de celebración del matrimonio, la inobservancia de las formalidades prescriptas no podrá ser alegada contra su existencia.

197. Cód. de Chile, art. 146.

CAPÍTULO VIII

Derechos y deberes de los cónyuges

    Art_198

Art. 198 - (Texto s/ley 23515 - BO: 12/06/1987) Los esposos se deben mutuamente fidelidad, asistencia y alimentos.

    Art_199

Art. 199 - (Texto s/ley 23515 - BO: 12/06/1987) Los esposos deben convivir en una misma casa, a menos que por circunstancias excepcionales se vean obligados a mantener transitoriamente residencias separadas. Podrán ser relevados judicialmente del deber de convivencia cuando ésta ponga en peligro cierto la vida, o la integridad física, psíquica o espiritual de uno de ellos, de ambos o de los hijos.

Cualquiera de los cónyuges podrá requerir judicialmente se intime al otro a reanudar la convivencia interrumpida sin causa justificada bajo apercibimiento de negarle alimentos.

    Art_200

Art. 200 - (Texto s/ley 23515 - BO: 12/06/1987) Los esposos fijarán de común acuerdo el lugar de residencia de la familia.

CAPÍTULO IX

De la separación personal

  Art. 201 - (Texto s/ley 23515 - BO: 12/06/1987) La separación personal no disuelve el vínculo matrimonial.

201. L. 7, tít. 10, part. 4ª, Cód. sardo, art. 140. De Chile, art. 168. GOYENA, art. 75 de su proyecto, propone que el conocimiento de las causas de divorcio corresponda a los jueces civiles, y destina el largo apéndice núm. 1, a demostrar que esto no sería contrario a los cánones de los concilios de la Iglesia Católica. Esta fue materia muy discutida en las comisiones de legislación para redactar el Cód. Civil de España.

  CAMPO_Artículo_202

  Art. 202 - (Texto s/ley 23515 - BO: 12/06/1987) Son causas de separación personal:

1º El adulterio.

2º La tentativa de uno de los cónyuges contra la vida del otro o de los hijos, sean o no comunes, ya como autor principal, cómplice o instigador.

3º La instigación de uno de los cónyuges al otro a cometer delitos.

4º Las injurias graves. Para su apreciación el juez tomará en consideración la educación, posición social y demás circunstancias de hecho que puedan presentarse.

5º El abandono voluntario y malicioso.

202. Cód. sardo, art. 141. Cód. de Chile, art. 168.

  CAMPO_Artículo_203

  Art. 203 - (Texto s/ley 23515 - BO: 12/06/1987) Uno de los cónyuges puede pedir la separación personal en razón de alteraciones mentales graves de carácter permanente, alcoholismo o adicción a la droga del otro cónyuge, si tales afecciones provocan trastornos de conducta que impiden la vida en común o la del cónyuge enfermo con los hijos.

203. Cód. sardo, art. 141. Cód. de Chile, art. 168.

  Art. 204 - (Texto s/ley 23515 - BO: 12/06/1987) Podrá decretarse la separación personal, a petición de cualquiera de los cónyuges, cuando éstos hubieren interrumpido su cohabitación sin voluntad de unirse por un término mayor de dos años. Si alguno de ellos alega y prueba no haber dado causa a la separación, la sentencia dejará a salvo los derechos acordados al cónyuge inocente.

  Art. 205 - (Texto s/ley 23515 - BO: 12/06/1987) Transcurridos dos años del matrimonio, los cónyuges, en presentación conjunta, podrán manifestar al juez competente que existen causas graves que hacen moralmente imposible la vida en común y pedir su separación personal conforme a lo dispuesto en el artículo 236.

CAPÍTULO X

De los efectos de la separación personal

    Art. 206 - (Texto s/ley 26618 - BO: 22/07/2010) Separados por sentencia firme, cada uno de los cónyuges podrá fijar libremente su domicilio o residencia. Si tuviese hijos de ambos a su cargo, se aplicarán las disposiciones relativas al régimen de patria potestad.

Los hijos menores de CINCO (5) años quedarán a cargo de la madre, salvo causas graves que afecten el interés del menor. En casos de matrimonios constituidos por ambos cónyuges del mismo sexo, a falta de acuerdo, el juez resolverá teniendo en cuenta el interés del menor. Los mayores de esa edad, a falta de acuerdo de los cónyuges, quedarán a cargo de aquel a quien el juez considere más idóneo. Los progenitores continuarán sujetos a todas las cargas y obligaciones respecto de sus hijos.

    ART_207

Art. 207 - (Texto s/ley 23515 - BO: 12/06/1987) El cónyuge que hubiere dado causa a la separación personal en los casos del artículo 202, deberá contribuir a que el otro, si no dio también causa a la separación, mantenga el nivel económico del que gozaron durante su convivencia, teniendo en cuenta los recursos de ambos.

Para la fijación de alimentos se tendrá en cuenta:

1º La edad y estado de salud de los cónyuges.

2º La dedicación al cuidado y educación de los hijos del progenitor a quien se otorgue la guardia de ellos.

3º La capacitación laboral y probabilidad de acceso a un empleo del alimentado.

4º La eventual pérdida de un derecho de pensión.

5º El patrimonio y las necesidades de cada uno de los cónyuges después de disuelta la sociedad conyugal.

En la sentencia el juez fijará las bases para actualizar el monto alimentario.

    ART_208

Art. 208 - (Texto s/ley 23515 - BO: 12/06/1987) Cuando la separación se decreta por alguna de las causas previstas en el artículo 203 regirá, en lo pertinente, lo dispuesto en el artículo anterior en favor del cónyuge enfermo, a quien, además, deberán procurársele los medios necesarios para su tratamiento y recuperación, teniendo en cuenta las necesidades y recursos de ambos cónyuges.

Fallecido el cónyuge obligado, aunque se hubiere disuelto el vínculo matrimonial por divorcio vincular con anterioridad, la prestación será carga en su sucesión debiendo los herederos prever, antes de la partición, el modo de continuar cumpliéndola.

    ART_209

Art. 209 - (Texto s/ley 23515 - BO: 12/06/1987) Cualquiera de los esposos, haya o no declaración de culpabilidad en la sentencia de separación personal, si no tuviera recursos propios suficientes ni posibilidad razonable de procurárselos, tendrá derecho a que el otro, si tuviera medios, le provea lo necesario para su subsistencia. Para determinar la necesidad y el monto de los alimentos se tendrán en cuenta las pautas de los incisos 1, 2 y 3 del artículo 207.

    ART_210

Art. 210 - (Texto s/ley 23515 - BO: 12/06/1987) Todo derecho alimentario cesará si el cónyuge que lo percibe vive en concubinato o incurre en injurias graves contra el otro cónyuge.

    Art_211

Art. 211 - (Texto s/ley 23515 - BO: 12/06/1987) Dictada la sentencia de separación personal el cónyuge a quien se atribuyó la vivienda durante el juicio, o que continuó ocupando el inmueble que fue asiento del hogar conyugal, podrá solicitar que dicho inmueble no sea liquidado ni partido como consecuencia de la disolución de la sociedad conyugal si ello le causa grave perjuicio, y no dio causa a la separación personal, o si ésta se declara en los casos del artículo 203 y el inmueble estuviese ocupado por el cónyuge enfermo.

En iguales circunstancias, si el inmueble fuese propio del otro cónyuge, el juez podrá establecer en favor de éste una renta por el uso del inmueble en atención a las posibilidades económicas de los cónyuges y al interés familiar, fijando el plazo de duración de la locación. El derecho acordado cesará en los casos del artículo 210. También podrá declararse la cesación anticipada de la locación o de la indivisión si desaparecen las circunstancias que le dieron lugar.

211. L. 5, tít. 4, lib. 10, Nov. Rec. L. 1, tít. 9 y L. 8, tít. 23, part. 3ª, L. 29, tít. 11, part. 4ª.

    Art. 212 - (Texto s/ley 26618 - BO: 22/07/2010) El cónyuge que no dio causa a la separación personal, y que no demandó ésta en los supuestos que prevén los artículos 203 y 204, podrá revocar las donaciones hechas al otro cónyuge en convención matrimonial.

CAPÍTULO XI

De la disolución del vínculo

  Art. 213 - (Texto s/ley 23515 - BO: 12/06/1987) El vínculo matrimonial se disuelve:

1) Por la muerte de uno de los esposos.

      ART_213_INC_2

2)-##-(*) Por el matrimonio que contrajere el cónyuge del declarado ausente con presunción de fallecimiento.

3) Por sentencia de divorcio vincular.

213. L. 3, tít. 19, part. 4ª, L. 9, tít. 47, lib. 8, Cód. Romano. Estas leyes, lo mismo que la 3, tít. 8, lib. 3 del Fuero Real, limitan a tres años lo que llaman el tiempo de la lactancia. En casi todos los códigos se niega al esposo que ha dado causa al divorcio, el derecho de tener los hijos. Las leyes los dejan a cargo del cónyuge inocente, tenga o no aptitud para crearlos y educarlos. Nada tienen que ver las relaciones del marido y de la mujer con la conducta probable que uno u otro observarán con sus hijos. He creído que los hijos y el derecho de tenerlos, no puede ser objeto de pena al que diese causa al divorcio: que el mejor bienestar de los hijos debe sólo atenderse cuando se trata de la separación personal de los padres.

CAPÍTULO XII

Del divorcio vincular

  Art. 214 - (Texto s/ley 23515 - BO: 12/06/1987) Son causas de divorcio vincular:

1º Las establecidas en el artículo 202.

2º La separación de hecho de los cónyuges sin voluntad de unirse por un tiempo continuo mayor de tres años, con los alcances y en la forma prevista en el artículo 204.

  Art. 215 - (Texto s/ley 23515 - BO: 12/06/1987) Transcurridos tres años del matrimonio, los cónyuges, en presentación conjunta podrán manifestar al juez competente que existen causas graves que hacen moralmente imposible la vida en común y pedir su divorcio vincular, conforme lo dispuesto en el artículo 236.

215. Proyecto de GOYENA, art. 83. La L. 3, tít. 19, part. 4ª y algunos códigos modernos hacen sólo cargar con el deber de alimentar y educar a los hijos, al esposo que hubiera dado causa al divorcio.

  Art. 216 - (Texto s/ley 23515 - BO: 12/06/1987) El divorcio vincular podrá decretarse por conversión de la sentencia firme de separación personal, en los plazos y formas establecidos en el artículo 238.

CAPÍTULO XIII

De los efectos del divorcio vincular

  Art. 217 - (Texto s/ley 23515 - BO: 12/06/1987) La sentencia de divorcio vincular producirá los mismos efectos establecidos para la separación personal en los artículos 206, 207, 208, 209, 210, 211 y 212.

Los cónyuges recuperarán su aptitud nupcial y cesará la vocación hereditaria recíproca conforme a lo dispuesto en el artículo 3574, último párrafo.

  Art. 218 - (Texto s/ley 23515 - BO: 12/06/1987) La prestación alimentaria y el derecho de asistencia previsto en los artículos 207, 208 y 209 cesarán en los supuestos en que el beneficiario contrajere nuevas nupcias, viviere en concubinato o incurriese en injurias graves contra el otro cónyuge.

218. L. 8, tít. 17, part. 7ª. Cap. 10, Novela 134, Cód. de Holanda, art. 271.

CAPÍTULO XIV

De la nulidad del matrimonio

  Art. 219 - (Texto s/ley 23515 - BO: 12/06/1987) Es de nulidad absoluta el matrimonio celebrado con alguno de los impedimentos establecidos en los incisos 1, 2, 3, 4, 6 y 7 del artículo 166. La nulidad puede ser demandada por cualquiera de los cónyuges y por los que hubieren podido oponerse a la celebración del matrimonio.

219. L. 4, tít. 8, 2 y 5, tít. 10, part. 4ª. Cód. de Austria, art. 111; sardo, art. 144.

  Art. 220 - (Texto s/ley 23515 - BO: 12/06/1987) Es de nulidad relativa:

  1º (Inciso s/ley 26618 - BO: 22/07/2010) Cuando fuere celebrado con el impedimento establecido en el inciso 5) del artículo 166. La nulidad puede ser demandada por el cónyuge incapaz y por los que en su representación podrían haberse opuesto a la celebración del matrimonio. No podrá demandarse la nulidad después de que el cónyuge o los cónyuges hubieren llegado a la edad legal si hubiesen continuado la cohabitación, o, cualquiera fuese la edad, si hubieren concebido.

  ART_220_INC_2

2º Cuando fuere celebrado con el impedimento establecido en el inciso 8 del artículo 166. La nulidad podrá ser demandada por los que podrían haberse opuesto a la celebración del matrimonio. El mismo incapaz podrá demandar la nulidad cuando recobrase la razón si no continuare la cohabitación, y el otro cónyuge si hubiere ignorado la carencia de razón al tiempo de la celebración del matrimonio y no hubiere hecho vida marital después de conocida la incapacidad.

3º En caso de impotencia de uno de los cónyuges, o de ambos, que impida absolutamente las relaciones sexuales entre ellos. La acción corresponde al cónyuge que alega la impotencia del otro, o la común de ambos.

4º Cuando el matrimonio fuere celebrado adoleciendo el consentimiento de alguno de los vicios a que se refiere el artículo 175. La nulidad sólo podrá ser demandada por el cónyuge que haya sufrido el vicio de error, dolo o violencia, si hubiese cesado la cohabitación dentro de los treinta días de haber conocido el error o de haber sido suprimida la violencia.

CAPÍTULO XV

Efectos de la nulidad del matrimonio

  Art. 221 - (Texto s/ley 23515 - BO: 12/06/1987) Si el matrimonio anulado hubiese sido contraído de buena fe por ambos cónyuges producirá, hasta el día en que se declare su nulidad, todos los efectos del matrimonio válido. No obstante, la nulidad tendrá los efectos siguientes:

1º En cuanto a los cónyuges, cesarán todos los derechos y obligaciones que produce el matrimonio, con la sola excepción de la obligación de prestarse alimentos de toda necesidad conforme al artículo 209.

2º En cuanto a los bienes, será de aplicación a la sociedad conyugal lo dispuesto en el artículo 1306 de este Código.

  Art. 222 - (Texto s/ley 23515 - BO: 12/06/1987) Si hubo buena fe sólo de parte de uno de los cónyuges, el matrimonio producirá, hasta el día de la sentencia que declare la nulidad, todos los efectos del matrimonio válido, pero sólo respecto al esposo de buena fe.

La nulidad, en este caso, tendrá los efectos siguientes:

1º El cónyuge de mala fe no podrá exigir que el de buena fe le preste alimentos.

2º El cónyuge de buena fe podrá revocar las donaciones que por causa del matrimonio hizo al de mala fe.

3º El cónyuge de buena fe podrá optar por la conservación, por cada uno de los cónyuges, de los bienes por él adquiridos o producidos antes y después del matrimonio, o liquidar la comunidad integrada con el de mala fe mediante la aplicación del artículo 1315, o exigir la demostración de los aportes de cada cónyuge, a efectos de dividir los bienes en proporción a ellos, como si se tratase de una sociedad de hecho.

  Art. 223 - (Texto s/ley 23515 - BO: 12/06/1987) Si el matrimonio anulado fuese contraído de mala fe por ambos cónyuges, no producirá efecto civil alguno.

La nulidad tendrá los efectos siguientes:

1º La unión será reputada como concubinato.

2º En relación a los bienes, se procederá como en el caso de la disolución de una sociedad de hecho, si se probaren aportes de los cónyuges, quedando sin efecto alguno las convenciones matrimoniales.

  Art. 224 - (Texto s/ley 23515 - BO: 12/06/1987) La mala fe de los cónyuges consiste en el conocimiento que hubieren tenido, o debido tener, al día de la celebración del matrimonio, del impedimento o circunstancia que causare la nulidad. No habrá buena fe por ignorancia o error de derecho.

Tampoco lo habrá por ignorancia o error de hecho que no sea excusable, a menos que el error fuere ocasionado por dolo.

  Art. 225 - (Texto s/ley 23515 - BO: 12/06/1987) El cónyuge de buena fe puede demandar, por indemnización de daños y perjuicios al de mala fe y a los terceros que hubiesen provocado el error, incurrido en dolo o ejercido la violencia.

  Art. 226 - (Texto s/ley 23515 - BO: 12/06/1987) En todos los casos precedentes, la nulidad no perjudica los derechos adquiridos por terceros, que de buena fe hubiesen contratado con los supuestos cónyuges.

CAPÍTULO XVI

De las acciones

  Art. 227 - (Texto s/ley 23515 - BO: 12/06/1987) Las acciones de separación personal, divorcio vincular y nulidad, así como las que versaren sobre los efectos del matrimonio, deberán intentarse ante el juez del último domicilio conyugal efectivo o ante el del domicilio del cónyuge demandado.

  Art. 228 - (Texto s/ley 23515 - BO: 12/06/1987) Serán competentes para entender en los juicios de alimentos:

1º El juez que hubiere entendido en el juicio de separación personal, divorcio vincular o nulidad.

2º A opción del actor el juez del domicilio conyugal, el del domicilio del demandado, el de la residencia habitual del acreedor alimentario, el del lugar de cumplimiento de la obligación o el del lugar de celebración del convenio alimentario si lo hubiere y coincidiere con la residencia del demandado, si se planteare como cuestión principal.

  Art. 229 - (Texto s/ley 23515 - BO: 12/06/1987) No hay separación personal ni divorcio vincular sin sentencia judicial que así lo decrete.

  Art. 230 - (Texto s/ley 23515 - BO: 12/06/1987) Es nula toda renuncia de cualquiera de los cónyuges a la facultad de pedir la separación personal o el divorcio vincular al juez competente, así como también toda cláusula o pacto que restrinja o amplíe las causas que dan derecho a solicitarlos.

230. L. 1, tít. 13, part. 4ª y L. 4, tít. 6, lib. 3, F. R. ZACHARIAE, § 125. En cuanto a los hijos naturales, en contra: POTHIER, Traité du Mariage, § § 418 y 419, y Cód. de Chile, art. 203.

    Art_231

Art. 231 - (Texto s/ley 23515 - BO: 12/06/1987) Deducida la acción de separación personal o de divorcio vincular, o antes de ella en casos de urgencia, podrá el juez decidir si alguno de los cónyuges debe retirarse del hogar conyugal, o ser reintegrado a él, determinar a quién corresponda la guarda de los hijos con arreglo a las disposiciones de este Código y fijar los alimentos que deban prestarse al cónyuge a quien correspondiere recibirlos y a los hijos, así como las expensas necesarias para el juicio.

En el ejercicio de la acción por alimentos provisionales entre los esposos, no es procedente la previa discusión de la validez legal del título o vínculo que se invoca.

  Art. 232 - (Texto s/ley 23515 - BO: 12/06/1987) En los juicios de separación personal o divorcio vincular no será suficiente la prueba confesional ni el reconocimiento de los hechos, a excepción de lo dispuesto en los artículos 204 y 214, inciso 2).

  Art. 233 - (Texto s/ley 23515 - BO: 12/06/1987) Durante el juicio de separación personal o de divorcio vincular, y aun antes de su iniciación en caso de urgencia, el juez dispondrá, a pedido de parte, medidas de seguridad idóneas para evitar que la administración o disposición de los bienes por uno de los cónyuges pueda poner en peligro, hacer inciertos o defraudar los derechos patrimoniales del otro. Podrá, asimismo, ordenar las medidas tendientes a individualizar la existencia de bienes o derechos de que fueren titulares los cónyuges.

  Art. 234 - (Texto s/ley 23515 - BO: 12/06/1987) Se extinguirá la acción de separación personal o de divorcio vincular y cesarán los efectos de la sentencia de separación personal, cuando los cónyuges se hubieren reconciliado después de los hechos que autorizaban la acción. La reconciliación restituirá todo al estado anterior a la demanda. Se presumirá la reconciliación, si los cónyuges reiniciaran la cohabitación.

La reconciliación posterior a la sentencia firme de divorcio vincular sólo tendrá efectos mediante la celebración de un nuevo matrimonio.

  Art. 235 - (Texto s/ley 23515 - BO: 12/06/1987) En los juicios contenciosos de separación personal y de divorcio vincular la sentencia contendrá la causal en que se funda. El juez declarará la culpabilidad de uno o de ambos cónyuges, excepto en los casos previstos en los artículos 203, 204, primer párrafo y en el inciso 2 del artículo 214.

    ART_236

Art. 236 - (Texto s/ley 23515 - BO: 12/06/1987) En los casos de los artículos 205 y 215 la demanda conjunta podrá contener acuerdos sobre los siguientes aspectos:

1º Tenencia y régimen de visitas de los hijos.

2º Atribución del hogar conyugal.

3º Régimen de alimentos para los cónyuges e hijos menores o incapaces, incluyendo los modos de actualización.

También las partes podrán realizar los acuerdos que consideren convenientes acerca de los bienes de la sociedad conyugal. A falta de acuerdo, la liquidación de la misma tramitará por vía sumaria.

El juez podrá objetar una o más estipulaciones de los acuerdos celebrados cuando, a su criterio, ellas afectaren gravemente los intereses de una de las partes o el bienestar de los hijos. Presentada la demanda, el juez llamará a una audiencia para oír a las partes y procurará conciliarlas. Las manifestaciones vertidas en ella por las partes tendrán carácter reservado y no constarán en el acta. Si los cónyuges no comparecieran personalmente, el pedido no tendrá efecto alguno.

Si la conciliación no fuere posible en ese acto, el juez instará a las partes al avenimiento y convocará a una nueva audiencia en un plazo no menor de dos meses ni mayor de tres, en la que las mismas deberán manifestar, personalmente o por apoderado con mandato especial, si han arribado a una reconciliación. Si el resultado fuere negativo el juez decretará la separación personal o el divorcio vincular, cuando los motivos aducidos por las partes sean suficientemente graves. La sentencia se limitará a expresar que dichos motivos hacen moralmente imposible la vida en común, evitando mencionar las razones que la fundaren.

236. Cód. sardo, art. 145. Cód. de Austria, arts. 120 y 121. Cód. francés, art. 228 y Cód. de Holanda, art. 91. En contra: L. 4, tít. 2, lib. 10, Nov. Rec. que revocó la L. 3, tít. 12, part. 4ª. En la Iglesia Griega sólo se permiten 3 matrimonios.

  Art. 237 - (Texto s/ley 23515 - BO: 12/06/1987) Cuando uno de los cónyuges demandare por separación personal podrá ser reconvenido por divorcio vincular, y si demandare por divorcio vincular podrá ser reconvenido por separación personal. Aunque resulten probados los hechos que fundaron la demanda o reconvención de separación personal, se declarará el divorcio vincular si también resultaron probados los hechos en que se fundó su petición.

237. L. 7, tít. 4, lib. 10, Nov. Rec. L. 26, tít. 13, part. 5ª. L. 3 y siguientes, tít. 9, lib. 5, Cód. romano. Cód. sardo, arts. 146 y 147. En contra: todos los otros códigos modernos. Las leyes declaraban reservables, a más de los bienes heredados de los hijos del primer matrimonio, todos los demás que hubiese adquirido de su difunto consorte por testamento, donación u otro cualquier título lucrativo. El artículo limita la reserva a sólo los bienes heredados de los hijos del primer matrimonio.

  Art. 238 - (Texto s/ley 23515 - BO: 12/06/1987) Transcurrido un año de la sentencia firme de separación personal, ambos cónyuges podrán solicitar su conversión en divorcio vincular en los casos de los artículos 202, 204 y 205. Transcurridos tres años de la sentencia firme de separación personal, cualquiera de los cónyuges podrá solicitar su conversión en divorcio vincular en las hipótesis de los artículos 202, 203, 204 y 205.

238. L. 3, tít. 9, lib. 5, Cód. romano.

      ART_239

Art. 239 - (Texto s/ley 23515 - BO: 12/06/1987) La acción de nulidad de un matrimonio no puede intentarse sino en vida de ambos esposos.

Uno de los cónyuges puede, sin embargo, deducir en todo tiempo la que le compete contra el siguiente matrimonio contraído por su cónyuge; si se opusiera la nulidad del anterior, se juzgará previamente esta oposición.

El supérstite de quien contrajo matrimonio mediando impedimento de ligamen puede también demandar la nulidad del matrimonio celebrado ignorando la subsistencia del vínculo anterior.

La prohibición del primer párrafo no rige si para determinar el derecho del accionante es necesario examinar la validez del matrimonio y su nulidad absoluta fuere invocada por descendientes o ascendientes.

La acción de nulidad de matrimonio no puede ser promovida por el Ministerio Público sino en vida de ambos esposos.

Ningún matrimonio será tenido por nulo sin sentencia que lo anule, dictada en proceso promovido por parte legitimada para hacerlo.

TÍTULO II

  De la filiación -##-(*)

CAPÍTULO I

Disposiciones generales

  CAMPO_Artículo_240

  Art. 240 - (Texto s/ley 23264 - BO: 23/10/1985) La filiación puede tener lugar por naturaleza o por adopción. La filiación por naturaleza puede ser matrimonial o extramatrimonial.

La filiación matrimonial y la extramatrimonial, así como la adoptiva plena, surten los mismos efectos conforme a las disposiciones de este Código.

  Art. 241 - (Texto s/ley 23264 - BO: 23/10/1985) El Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas expedirá únicamente certificados de nacimiento que sean redactados en forma que no resulte de ellos si la persona ha sido o no concebida durante el matrimonio o ha sido adoptada plenamente.

CAPÍTULO II

Determinación de la maternidad

  CAMPO_Artículo_242

  Art. 242 - (Texto s/ley 24540 - BO: 22/09/1995) La maternidad quedará establecida aun sin reconocimiento expreso, por la prueba del nacimiento y la identidad del nacido. La inscripción deberá realizarse a petición de quien presente un certificado del médico u obstétrica que haya atendido el parto de la mujer a quien se atribuye la maternidad del hijo y la ficha de identificación del recién nacido. Esta inscripción deberá serle notificada a la madre salvo su reconocimiento expreso, o que quien hubiese denunciado el nacimiento fuere el marido.

CAPÍTULO III

Determinación de la paternidad matrimonial

  CAMPO_Artículo_243

    Art. 243 - (Texto s/ley 23515 - BO: 12/06/1987) Se presumen hijos del marido los nacidos después de la celebración del matrimonio y hasta los trescientos días posteriores a su disolución, anulación o la separación personal o de hecho de los esposos. No se presume la paternidad del marido con respecto al hijo que naciere después de los trescientos días de la interposición de la demanda de divorcio vincular, separación personal o nulidad del matrimonio, salvo prueba en contrario.

  Art. 244 - (Texto s/ley 23264 - BO: 23/10/1985) Si mediaren matrimonios sucesivos de la madre se presume que el hijo nacido dentro de los trescientos días de la disolución o anulación del primero y dentro de los ciento ochenta días de la celebración del segundo, tiene por padre al primer marido; y que el nacido dentro de los trescientos días de la disolución o anulación del primero y después de los ciento ochenta días de la celebración del segundo tiene por padre al segundo marido.

Las presunciones establecidas en este artículo admiten prueba en contrario.

  Art. 245 - (Texto s/ley 23264 - BO: 23/10/1985) Aun faltando la presunción de la paternidad del marido en razón de la separación legal o de hecho de los esposos, el nacido será inscripto como hijo de los cónyuges si concurre el consentimiento de ambos.

CAPÍTULO IV

Determinación y prueba de la filiación matrimonial

  Art. 246 - (Texto s/ley 23264 - BO: 23/10/1985) La filiación matrimonial queda determinada legalmente y se prueba:

1º Por la inscripción del nacimiento en el Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas y por la prueba del matrimonio de los padres, de conformidad con las disposiciones legales respectivas.

2º Por sentencia firme en juicio de filiación.

246. L. 16, tít. 6ª, part. 6ª. L. 4, tít. 28, part. 4ª y véase la L. 2, tít. 5, lib. 10, Nov. Rec. Son muy importantes en la materia las leyes romanas 5, tít. 4, lib. 2, Dig. 6, tít. 6, lib. 1, ídem 3, parágrafo 12, tít. 16, lib. 38, ídem. L. 29, tít. 2, lib. 28 ídem, y Novela 39, Cap. 2, art. 312. Cód. francés; de Nápoles, art. 234; de Holanda, art. 305, y de Austria, art. 138. El Cód. de Prusia exige 210 días, o siete meses cumplidos desde la celebración del matrimonio, y 302 después de su disolución.

"En los ciento veinte días de los trescientos que han precedido al matrimonio". GOYENA explica este término de la manera siguiente, en las notas al art. 101: "O en los cuatros primeros meses (contándose de treinta días) de los diez anteriores al nacimiento. Probada la imposibilidad física del acceso en el tiempo del artículo, la criatura no habrá nacido dentro de los trescientos días (diez meses), que son el término más largo de los nacimientos tardíos, ni después de los ciento ochenta días (seis meses), término de los nacimientos más precoces; ejemplo:

"La mujer libra en 26 de diciembre.

"Los diez meses de treinta días, o los trescientos días anteriores al nacimiento, comienzan a correr desde el 1 de marzo y se completan en 25 de diciembre, ambos inclusive.

"Los cuatro primeros meses de los diez, o los ciento veinte días de los trescientos se completan el 29 de junio inclusive; y el marido prueba la imposibilidad física del acceso por haber estado ausente en todo el dicho período, y no haber regresado hasta el 30 de junio.

"El parto no será legítimo, porque pasó ya un día del onceno mes, o tuvo lugar a los trescientos un días desde que sobrevino la imposibilidad física, y dentro de los ciento ochenta días, o sin tocar un solo día del séptimo mes desde que cesó: desde el treinta de junio, en que regresó el marido, hasta el veintiséis de diciembre, en que libró su mujer, ambos inclusive, van seis meses justos de treinta días, o ciento ochenta días."

CAPÍTULO V

Determinación de la paternidad extramatrimonial

  Art. 247 - (Texto s/ley 23264 - BO: 23/10/1985) La paternidad extramatrimonial queda determinada legalmente por el reconocimiento del padre o por la sentencia en juicio de filiación que la declare tal.

247. Véase L. 17, tít. 6, part. 6ª y L. 1, tít. 9, L. 37, Dig., y los arts. desde el 190 al 197, Cód. de Chile.

CAPÍTULO VI

Del reconocimiento de la filiación

  Art. 248 - (Texto s/ley 23264 - BO: 23/10/1985) El reconocimiento del hijo resultará:

1º De la declaración formulada ante el oficial del Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas en oportunidad de inscribirse el nacimiento o posteriormente.

2º De una declaración realizada en instrumento público o privado debidamente reconocido.

3º De las disposiciones contenidas en actos de última voluntad, aunque el reconocimiento se efectuara en forma incidental.

Lo prescripto en el presente capítulo es aplicable a la madre cuando no hubiera tenido lugar la inscripción prevista en el artículo 242.

248. L. 1, tít. 9, lib. 37, Dig. Cód. de Chile, art. 199.

  Art. 249 - (Texto s/ley 23264 - BO: 23/10/1985) El reconocimiento efectuado es irrevocable, no puede sujetarse a modalidades que alteren sus consecuencias legales, ni requiere aceptación del hijo.

El reconocimiento del hijo ya fallecido no atribuye derechos en su sucesión a quien lo formula, ni a los demás ascendientes de su rama.

249. Véase L. 17, tít. 6, part. 6ª y L. 1, tít. 9, lib. 7, Dig. y los arts. desde el 190 al 197, Cód. de Chile.

  L340_250

  Art. 250 - (Texto s/ley 23264 - BO: 23/10/1985) En el acto de reconocimiento es prohibido declarar el nombre de la persona con quien se tuvo el hijo, a menos que esa persona lo haya reconocido ya o lo haga en el mismo acto.

No se inscribirán reconocimientos que contradigan una filiación anteriormente establecida. Quien pretenda reconocer al hijo deberá previa o simultáneamente ejercer la acción de impugnación de la filiación establecida.

250. Cód. de Luisiana, art. 207. Cód. de Chile, art. 190.

CAPÍTULO VII

Las acciones de filiación. Disposiciones generales

  Art. 251 - (Texto s/ley 23264 - BO: 23/10/1985) El derecho de reclamar la filiación o de impugnarla no se extingue por prescripción ni por renuncia expresa o tácita, pero los derechos patrimoniales ya adquiridos están sujetos a prescripción.

  Art. 252 - (Texto s/ley 23264 - BO: 23/10/1985) Si la reclamación de filiación importa dejar sin efecto una filiación anteriormente establecida, deberá previa o simultáneamente ejercerse la acción de impugnación de esta última.

252. L. 9, tít. 14, part. 3ª. L. 11, parágrafo 9, tít. 5, lib. 48, Dig. y 29, parágrafo 1, tít. 3, lib. 22, ídem. Cód. francés, art. 313 y Cód. sardo, art. 152. Cód. de Holanda, art. 307, y véase a LECLERC, Droit Romain, t. 1, pág. 333.

    Art_253

Art. 253 - (Texto s/ley 23264 - BO: 23/10/1985) En las acciones de filiación se admitirán toda clase de pruebas, incluso las biológicas, las que podrán ser decretadas de oficio o a petición de parte.

253. Proyecto de Goyena, art. 104. Cód. francés, art. 314, para los tres casos. Cód. sardo, art. 153, para los dos primeros casos y Cód. de Austria, art. 155, para sólo el primer caso.

CAPÍTULO VIII

Acciones de reclamación de estado

  Art. 254 - (Texto s/ley 23264 - BO: 23/10/1985) Los hijos pueden reclamar su filiación matrimonial contra sus padres si ella no resultare de las inscripciones en el Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas.

En este caso la acción deberá entablarse conjuntamente contra el padre y la madre. Los hijos pueden también reclamar su filiación extramatrimonial contra quien consideren su padre o su madre. En caso de haber fallecido alguno de los padres, la acción se dirigirá contra sus sucesores universales.

Estas acciones podrán ser promovidas por el hijo en todo tiempo.

Sus herederos podrán continuar la acción iniciada por él o entablarla si el hijo hubiese muerto en la menor edad o siendo incapaz.

Si el hijo falleciere antes de transcurrir los dos años desde que alcanzase la mayor edad o la plena capacidad, o durante el segundo año siguiente al descubrimiento de las pruebas en que se haya de fundar la demanda, su acción corresponde a sus herederos por todo el tiempo que faltare para completar dichos plazos.

254. Cód. de Chile, art. 183. El Cód. francés, art. 316, señala sólo un mes, si el marido se encuentra en el lugar del nacimiento, y dos meses, si está ausente. Lo mismo el Cód. sardo, art. 154, de Nápoles, art. 238, de Holanda, art. 311. El Cód. de Austria señala tres meses, art. 158, y un año el de Prusia, art. 2, tít. 2, parte 2ª.

    Art_255

Art. 255 - (Texto s/ley 23264 - BO: 23/10/1985) En todos los casos en que un menor aparezca inscripto como hijo de padre desconocido, el Registro Civil efectuará la comunicación al Ministerio Público de Menores, quien deberá procurar la determinación de la paternidad y el reconocimiento del hijo por el presunto padre. En su defecto podrá promover la acción judicial correspondiente si media conformidad expresa de la madre para hacerlo.

  Art. 256 - (Texto s/ley 23264 - BO: 23/10/1985) La posesión de estado debidamente acreditada en juicio tendrá el mismo valor que el reconocimiento expreso, siempre que no fuere desvirtuado por prueba en contrario sobre el nexo biológico.

256. L. 2, tít. 9, part. 4ª.

  Art. 257 - (Texto s/ley 23264 - BO: 23/10/1985) El concubinato de la madre con el presunto padre durante la época de la concepción hará presumir su paternidad, salvo prueba en contrario.

CAPÍTULO IX

Acciones de impugnación de estado

  Art. 258 - (Texto s/ley 23264 - BO: 23/10/1985) El marido puede impugnar la paternidad de los hijos nacidos durante el matrimonio o dentro de los trescientos días siguientes a su disolución o anulación, alegando que él no puede ser el padre o que la paternidad presumida por la ley no debe ser razonablemente mantenida en razón de pruebas que la contradicen. Para acreditar esa circunstancia podrá valerse de todo medio de prueba, pero no será suficiente la sola declaración de la madre. Aun antes del nacimiento del hijo, el marido o sus herederos podrán impugnar preventivamente la paternidad del hijo por nacer. En tal caso la inscripción del nacimiento posterior no hará presumir la paternidad del marido de la madre sino en caso de que la acción fuese rechazada.

En todos los casos del presente artículo, para la admisión de la demanda se deberá acreditar previamente la verosimilitud de los hechos en que se funda.

258. Proyecto de GOYENA, art. 106. Cód. francés, art. 317. Cód. de Chile, arts. 184 y 185.

  Art. 259 - (Texto s/ley 23264 - BO: 23/10/1985) La acción de impugnación de la paternidad del marido podrá ser ejercida por éste, y por el hijo. La acción del marido caduca si transcurre un año desde la inscripción del nacimiento, salvo que pruebe que no tuvo conocimiento del parto, en cuyo caso el término se computará desde el día en que lo supo. El hijo podrá iniciar la acción en cualquier tiempo.

En caso de fallecimiento del marido, sus herederos podrán impugnar la paternidad si el deceso se produjo antes de transcurrir el término de caducidad establecido en este artículo. En este caso, la acción caducará para ellos una vez cumplido el plazo que comenzó a correr en vida del marido.

259. Cód. francés, art. 328 y ss. Cód. de Holanda, arts. 324 y 325. Cód. sardo, arts. 169 y 170.

  Art. 260 - (Texto s/ley 23264 - BO: 23/10/1985) El marido podrá negar judicialmente la paternidad del hijo nacido dentro de los ciento ochenta días siguientes a la celebración del matrimonio. Si se probare que el marido tenía conocimiento del embarazo de su mujer al tiempo de su casamiento o si, luego del nacimiento, reconoció como suyo expresa o tácitamente al hijo o consintió en que se le diera su apellido en la partida de nacimiento, la negación será desestimada. Quedará a salvo, en todo caso, la acción de impugnación de la paternidad que autoriza el artículo 258.

Para la negación de la paternidad del marido rige el término de caducidad de un año.

  Art. 261 - (Texto s/ley 23264 - BO: 23/10/1985) La maternidad puede ser impugnada por no ser la mujer la madre del hijo que pasa por suyo.

  Art. 262 - (Texto s/ley 23264 - BO: 23/10/1985) La maternidad podrá ser impugnada en todo tiempo por el marido o sus herederos, por el hijo y por todo tercero que invoque un interés legítimo. La mujer podrá ejercer la acción cuando alegue sustitución o incertidumbre acerca de la identidad del hijo.

    Art. 263 - (Texto s/ley 23264 - BO: 23/10/1985) El reconocimiento que hagan los padres de los hijos concebidos fuera del matrimonio puede ser impugnado por los propios hijos o por los que tengan interés en hacerlo. El hijo puede impugnar el reconocimiento en cualquier tiempo. Los demás interesados podrán ejercer la acción dentro de los dos años de haber conocido el acto de reconocimiento.

263. Cód. sardo, art. 164, ZACHARIAE, parágrafo 162. MERLÍN, Rep. Verb. Maternité.

TÍTULO III

De la patria potestad

  Cod.Civil.LibroI.SecciónII.Art.264

    Art. 264 - (Texto s/ley 23264 - BO: 23/10/1985) La patria potestad es el conjunto de deberes y derechos que corresponden a los padres sobre las personas y bienes de los hijos, para su protección y formación integral, desde la concepción de éstos y mientras sean menores de edad y no se hayan emancipado.

Su ejercicio corresponde:

  1. (Inciso s/ley 26618 - BO: 22/07/2010) En el caso de los hijos matrimoniales, a los cónyuges conjuntamente, en tanto no estén separados o divorciados, o su matrimonio fuese anulado. Se presumirá que los actos realizados por uno de ellos cuenta con el consentimiento del otro, salvo en los supuestos contemplados en el artículo 264 quáter, o cuando mediare expresa oposición.

  2. (Texto s/ley 23515 - BO: 12/06/1987) En caso de separación de hecho, separación personal, divorcio vincular o nulidad de matrimonio, al padre o madre que ejerza legalmente la tenencia, sin perjuicio del derecho del otro de tener adecuada comunicación con el hijo y de supervisar su educación.

3. En caso de muerte de uno de los padres, ausencia con presunción de fallecimiento, privación de la patria potestad, o suspensión de su ejercicio, al otro.

4. En el caso de los hijos extramatrimoniales, reconocidos por uno solo de los padres, a aquel que lo hubiere reconocido.

5. En el caso de los hijos extramatrimoniales reconocidos por ambos padres, a ambos, si convivieren y en caso contrario, a aquel que tenga la guarda otorgada en forma convencional, o judicial, o reconocida mediante información sumaria.

6. A quien fuese declarado judicialmente el padre o madre del hijo, si no hubiese sido voluntariamente reconocido.

264 . Proyecto de GOYENA, tít. 7, LL. 1 y 3, tít. 17, part. 4ª. L. 3, tít. 20, part. 2ª, y 18, tít. 8, part. 4ª.

Art. 264 bis - (Texto s/ley 23264 - BO: 23/10/1985) Cuando ambos padres sean incapaces o estén privados de la patria potestad o suspendidos en su ejercicio los hijos menores quedarán sujetos a tutela. Si los padres de un hijo extramatrimonial fuesen menores no emancipados, se preferirá a quien ejerza la patria potestad sobre aquel de los progenitores que tenga al hijo bajo su amparo o cuidado, subsistiendo en tal caso esa tutela aun cuando el otro progenitor se emancipe o cumpla la mayoría de edad.

  Cod.Civil.LibroI.SecciónII.Art.264ter

  Art. 264 ter - (Texto s/ley 26618 - BO: 22/07/2010) En caso de desacuerdo entre los padres, cualquiera de ellos podrá acudir al juez competente, quien resolverá lo más conveniente para el interés del hijo, por el procedimiento más breve previsto por la ley local, previa audiencia de los padres con intervención del Ministerio Pupilar. El juez podrá, aun de oficio, requerir toda la información que considere necesaria, y oír al menor, si éste tuviese suficiente juicio, y las circunstancias lo aconsejaren. Si los desacuerdos fueren reiterados o concurriere cualquier otra causa que entorpezca gravemente el ejercicio de la patria potestad, podrá atribuirlo total o parcialmente a uno de los padres o distribuir entre ellos sus funciones, por el plazo que fije, el que no podrá exceder de DOS (2) años.

Art. 264 quáter - (Texto s/ley 23264 - BO: 23/10/1985) En los casos de los incisos 1, 2 y 5 del artículo 264, se requerirá el consentimiento expreso de ambos padres para los siguientes actos:

1º Autorizar al hijo para contraer matrimonio.

  2º (Inciso derogado por ley 26579 - BO: 22/12/2009)

3º Autorizarlo para ingresar a comunidades religiosas, fuerzas armadas o de seguridad.

4º Autorizarlo para salir de la República.

5º Autorizarlo para estar en juicio.

6º Disponer de los bienes inmuebles y derechos o muebles registrables de los hijos cuya administración ejercen, con autorización judicial.

7º Ejercer actos de administración de los bienes de los hijos, salvo que uno de los padres delegue la administración conforme lo previsto en el artículo 294.

En todos estos casos si uno de los padres no diere su consentimiento, o mediara imposibilidad para prestarlo, resolverá el juez lo que convenga al interés familiar.

    Art. 265 - (Texto s/ley 23264 - BO: 23/10/1985) Los hijos menores de edad están bajo la autoridad y cuidado de sus padres. Tienen éstos la obligación y el derecho de criar a sus hijos, alimentarlos y educarlos conforme a su condición y fortuna, no sólo con los bienes de los hijos sino con los suyos propios.

  (Párrafo incorporado por ley 26579 - BO: 22/12/2009) La obligación de los padres de prestar alimentos a sus hijos, con el alcance establecido en artículo 267, se extiende hasta la edad de veintiún años, salvo que el hijo mayor de edad o el padre, en su caso, acrediten que cuenta con recursos suficientes para proveérselos por sí mismo.

265. L. 1, tít. 19, part. 4ª. L. 9, tít. 2, lib. 10, Nov. Rec. La ley romana decía: Veluti erga Deum religio ut parentibus et patriae pareamur. LL. 4 y 5, tít. 3, lib. 25, Dig. y 4, tít. 2, lib. 27, ídem y 16, tít. 10, lib. 37, ídem. Cód. francés, art. 203, y los demás Códigos modernos. ZACHARIAE, § 131, y véase L. 7, tít. 2, part. 3ª, y 13, tít. 7, part. 6ª.

    Art. 266 - (Texto s/ley 23264 - BO: 23/10/1985) Los hijos deben respeto y obediencia a sus padres. Aunque estén emancipados están obligados a cuidarlos en su ancianidad y en estado de demencia o enfermedad y a proveer a sus necesidades, en todas las circunstancias de la vida en que les sean indispensables sus auxilios.

Tienen derecho a los mismos cuidados y auxilios los demás ascendientes.

266. Las leyes del tít. 19, part. 4ª.

      ART_267

Art. 267 - (Texto s/ley 23264 - BO: 23/10/1985) La obligación de alimentos comprende la satisfacción de las necesidades de los hijos en manutención, educación y esparcimiento, vestimenta, habitación, asistencia y gastos por enfermedad.

267. L. 5, tít. 33, parts. 7ª y 2ª, tít. 20, part. 4ª. ZACHARIAE, § 131. LL. 43 y 44, Dig. De Verb. Signif.

  Art. 268 - La obligación de dar alimentos a los hijos no cesa aun cuando las necesidades de ellos provengan de su mala conducta.

268. La Nov. 27, cap. 2, dice: Quia legum contemptores et impii sint, parientes tamen sunt. En contra, L. 6, tít. 19, part. 4ª, y Proyecto de GOYENA, art. 72.

    Art. 269 - (Texto s/ley 23264 - BO: 23/10/1985) Si el menor de edad se hallare en urgente necesidad, que no pudiere ser atendido por sus padres, los suministros indispensables que se efectuaren se juzgarán hechos con autorización de ellos.

269. Cód. de Chile, art. 232, ZACHARIAE, § 131.

  Art. 270 - Los padres no están obligados a dar a sus hijos los medios de formar un establecimiento, ni a dotar a las hijas.

270. Cód. francés, art. 204; ZACHARIAE, § 130. TOULLIER, t. 14, núms. 69 y 70. En contra: en cuanto a dotar a las hijas: L. 8, tít. 11, part. 4ª. Cód. de Nápoles, art. 194. Cód. de Prusia, en cuanto a los hijos e hijas, en contra: arts. 232 y 233.

    Art. 271 - (Texto s/ley 23515 - BO: 12/06/1987) En caso de divorcio vincular, separación personal, separación de hecho o nulidad de matrimonio, incumbe siempre a ambos padres el deber de dar alimento a sus hijos y educarlos, no obstante que la tenencia sea ejercida por uno de ellos.

271. Véase el Tít. "Del matrimonio", Cap."Del divorcio".

    Art. 272 - (Texto s/ley 26618 - BO: 22/07/2010) Si cualquiera de los padres faltare a esta obligación, podrá ser demandado por la prestación de alimentos por el propio hijo, si fuese adulto, asistido por un tutor especial, por cualquiera de los parientes, o por el ministerio de menores.

  Art. 273 - Derogado por la ley 23264 - BO: 23/10/1985

  Art. 274 - Los padres, sin intervención alguna de sus hijos menores, pueden estar en juicio por ellos como actores o demandados, y a nombre de ellos celebrar cualquier contrato en los límites de su administración señalados en este Código.

  CAMPO_Artículo_275

    Art. 275 - (Texto s/ley 26579 - BO: 22/12/2009) Los hijos menores no pueden dejar la casa de sus progenitores, o aquella que estos le hubiesen asignado, sin licencia de sus padres.

Tampoco pueden ejercer oficio, profesión o industria, ni obligar sus personas de otra manera sin autorización de sus padres, salvo lo dispuesto en los artículos 128 y 283.

275. Cód. de Friburgo, art. 192. En cuanto al enrolamiento militar, en contra: el Cód. francés, art. 274. Cód. sardo, art. 212 y L. 4, § 11, Dig. "De re militare." La razón especial de esta ley puede verse en LECLERC, Droit Romain, t. 1, p. 441.

    Art. 276 - (Texto s/ley 23264 - BO: 23/10/1985) Si los hijos menores dejasen el hogar, o aquel en que sus padres los hubiesen puesto, sea que ellos se hubiesen sustraído a su obediencia, o que otros los retuvieran, los padres podrán exigir que las autoridades públicas les presten toda la asistencia que sea necesaria para hacerlos entrar bajo su autoridad. También podrán acusar criminalmente a los seductores o corruptores de sus hijos, y a las personas que los retuvieren.

    Art. 277 - (Texto s/ley 23264 - BO: 23/10/1985) Los padres pueden exigir que los hijos que están bajo su autoridad y cuidado les presten la colaboración propia de su edad, sin que ellos tengan derecho a reclamar pago o recompensa.

    Art. 278 - (Texto s/ley 23264 - BO: 23/10/1985) Los padres tienen la facultad de corregir o hacer corregir la conducta de sus hijos menores. El poder de corrección debe ejercerse moderadamente, debiendo quedar excluidos los malos tratos, castigos o actos que lesionen o menoscaben física o psíquicamente a los menores. Los jueces deberán resguardar a los menores de las correcciones excesivas de los padres, disponiendo su cesación y las sanciones pertinentes si correspondieren.

    L340_Art   279

Art. 279 - Los padres no pueden hacer contrato alguno con los hijos que están bajo su patria potestad.

279. L. 3, tít. 4, parts. 5ª y 8ª, tít. 11, lib. 1, Fuero Real.

  Art. 280 - Los padres no pueden hacer contratos de locación de los servicios de sus hijos adultos, o para que aprendan algún oficio sin asentimiento de ellos.

  Art. 281 - Derogado por la ley 23264 - BO: 23/10/1985

    Art. 282 - (Texto s/ley 23264 - BO: 23/10/1985) Si los padres o uno de ellos negaren su consentimiento al menor adulto para intentar una acción civil contra un tercero, el juez, con conocimiento de los motivos que para ello tuviera el oponente, podrá suplir la licencia, dando al hijo un tutor especial para el juicio.

    Art. 283 - (Texto s/ley 23264 - BO: 23/10/1985) Se presume que los menores adultos, si ejercieren algún empleo, profesión o industria, están autorizados por sus padres para todos los actos y contratos concernientes al empleo, profesión o industria, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 131. Las obligaciones que de estos actos nacieren, recaerán únicamente sobre los bienes cuya administración y usufructo o sólo el usufructo, no tuvieren los padres.

283. Cód. de Chile, art. 242.

    Art. 284 - (Texto s/ley 23264 - BO: 23/10/1985) Los menores adultos ausentes del hogar con autorización de los padres, o en un país extranjero, o en un lugar remoto dentro de la República, que tuviesen necesidad de recursos para su alimento u otras necesidades urgentes, podrán ser autorizados por el juez del lugar o por la representación diplomática de la República, según el caso, para contraer deudas que satisfagan las necesidades que padecieren.

    Art. 285 - (Texto s/ley 23264 - BO: 23/10/1985) Los menores no pueden demandar a sus padres sino por sus intereses propios, y previa autorización del juez, aun cuando tengan una industria separada o sean comerciantes.

    Art. 286 - (Texto s/ley 23264 - BO: 23/10/1985) El menor adulto no precisará la autorización de sus padres para estar en juicio, cuando sea demandado criminalmente, ni para reconocer hijos ni para testar.

    Art. 287 - (Texto s/ley 26618 - BO: 22/07/2010) Los padres tienen el usufructo de los bienes de sus hijos matrimoniales o extramatrimoniales voluntariamente reconocidos, que estén bajo su autoridad, con excepción de los siguientes:

1. Los adquiridos mediante su trabajo, empleo, profesión o industria, aunque vivan en casa de sus padres.

2. Los heredados por motivo de la indignidad o desheredación de sus padres.

3. Los adquiridos por herencia, legado o donación, cuando el donante o testador hubiera dispuesto que el usufructo corresponde al hijo.

287. L. 5, tít. 17, part. 4ª y L. 13, t. 8, part. 6ª. Cód. sardo, art. 235. Estas leyes dan sólo el usufructo al padre. En cuanto a los bienes exceptuados, Cód. sardo, art. 226. De Austria, 151 y Cód. francés, art. 387. En contra: L. 7, tít. 17, part. 4ª. Las leyes 6 y 7, del mismo título conforme con el artículo en cuanto al peculio castrense, y en contra respecto a los otros bienes, LL. 4, 6 y 8, tít. 61, lib. 6, Cód. romano.

    Art. 288 - El usufructo de dichos bienes exceptuados corresponde a los hijos.

288. Argumento de la L. 11, tít. 4, part. 6ª y Nov. 117. Cód. francés, art. 387; de Nápoles, art. 301; sardo, art. 227.

    Art. 289 - Derogado por la ley 23264 - BO: 23/10/1985

    Art. 290 - (Texto s/ley 23264 - BO: 23/10/1985) Es implícita la cláusula de no tener los padres el usufructo de los bienes donados o dejados a los hijos menores, cuando esos bienes fuesen donados o dejados con indicación del empleo que deba hacerse de los respectivos frutos o rentas.

290. L. 5, tít. 17, part. 4ª. Cód. francés, art. 385; de Nápoles, art. 299 y sardo, 230 y véase la importante L. 8, § 4, tít. 61, Cód. romano.

    Art. 291 - (Texto s/ley 26618 - BO: 22/07/2010) Las cargas del usufructo legal de los padres son:

1. Las que pesan sobre todo usufructuario, excepto la de afianzar.

2. Los gastos de subsistencia y educación de los hijos, en proporción a la importancia del usufructo.

3. El pago de los intereses de los capitales que venzan durante el usufructo.

4. Los gastos de enfermedad y entierro del hijo, como los del entierro y funerales del que hubiese instituido por heredero al hijo.

    Art. 292 - Las cargas del usufructo legal son cargas reales. A los padres por hechos o por deudas no se les puede embargar el goce del usufructo, sino dejándoles lo que fuese necesario para llenar aquéllas.

292. Véase sobre la materia ZACHARIAE, § 188 y nota 14.

    Art. 293 - (Texto s/ley 23264 - BO: 23/10/1985) Los padres son los administradores legales de los bienes de los hijos que están bajo su potestad con excepción de los siguientes:

1º Los que hereden con motivo de la indignidad o desheredación de sus padres.

2º Los adquiridos por herencia, legado o donación cuando hubieran sido donados o dejados por testamento bajo la condición de que los padres no los administren.

293. L. 5, tít. 17, part. 4ª. Cód. sardo, art. 231. El Cód. francés, art. 389, de Holanda, art. 362, y el de Nápoles, arts. 291 y 311, ponen la cláusula: "durante el matrimonio". Según el artículo y el Cód. sardo, el padre ni por enviudar, ni por contraer segundas nupcias, pierde la administración de los bienes de los hijos menores de edad.

    Art. 294 - (Texto s/ley 26618 - BO: 22/07/2010) La administración de los bienes de los hijos será ejercida en común por los padres cuando ambos estén en ejercicio de la patria potestad. Los actos conservatorios pueden ser otorgados indistintamente por cualquiera de los padres.

Los padres podrán designar de común acuerdo a uno de ellos administrador de los bienes de los hijos, pero en ese caso el administrador necesitará el consentimiento expreso del otro para todos los actos que requieran también la autorización judicial. En caso de graves o persistentes desacuerdos sobre la administración de los bienes, cualquiera de los padres podrá requerir al juez competente que designe a uno de ellos administrador.

    Art. 295 - (Texto s/ley 23264 - BO: 23/10/1985) La condición que prive a los padres de administrar los bienes donados o dejados a los hijos, no los priva del derecho al usufructo.

    Art. 296 - (Texto s/ley 26618 - BO: 22/07/2010) En los TRES (3) meses subsiguientes al fallecimiento de uno de los padres, el sobreviviente debe hacer inventario judicial de los bienes del matrimonio, y determinarse en él los bienes que correspondan a los hijos, so pena de no tener el usufructo de los bienes de los hijos menores.

    Art. 297 - (Texto s/ley 23264 - BO: 23/10/1985) Los padres no pueden, ni aun con autorización judicial, comprar por sí, ni por interpuesta persona, bienes de sus hijos aunque sea en remate público; ni constituirse cesionario de créditos, derechos o acciones contra sus hijos; ni hacer partición privada con sus hijos de la herencia del progenitor prefallecido, ni de la herencia en que sean con ellos coherederos o colegatarios; ni obligar a sus hijos como fiadores de ellos o de terceros.

Necesitan autorización judicial para enajenar bienes de cualquier clase de sus hijos, constituir sobre ellos derechos reales o transferir derechos reales que pertenezcan a sus hijos sobre bienes de terceros.

297. L. 24, tít. 13, part. 5ª, ley 6, § 2, tít. 61, lib. 6, Cód. romano. Cód. sardo, art. 232; de Nápoles, arts. 291 y 292; de Holanda, art. 364. El Cód. francés guarda silencio.

    Art. 298 - (Texto s/ley 23264 - BO: 23/10/1985) Igualmente necesitan autorización judicial para enajenar ganados de cualquier clase que formen los establecimientos rurales, salvo aquellos cuya venta es permitida a los usufructuarios que tienen el usufructo de los rebaños.

  Art. 299 - Los actos de los padres contra las prohibiciones de los dos artículos anteriores son nulos y no producen efecto alguno legal.

  Art. 300 - Los arrendamientos que los padres hagan de los bienes de sus hijos, llevan implícita la condición que acabarán cuando concluya la patria potestad.

  Art. 301 - Los padres perderán la administración de los bienes de sus hijos, cuando ella sea ruinosa al haber de los mismos, o se pruebe la ineptitud de ellos para administrarlos, o se hallen reducidos a estado de insolvencia y concurso judicial de sus acreedores. En este último caso podrán continuar con la administración, si los acreedores les permiten y no embargan su persona.

  Art. 302 - Los padres aun insolventes, pueden continuar en la administración de los bienes de sus hijos, si dieren fianzas o hipotecas suficientes.

    Art. 303 - (Texto s/ley 23264 - BO: 23/10/1985) Removido uno de los padres de la administración de los bienes, ésta corresponderá al otro; si ambos fueren removidos, el juez la encargará a un tutor especial y éste entregará a los padres, por mitades, el sobrante de las rentas de los bienes, después de satisfechos los gastos de administración y de alimentos y educación de los hijos.

  Art. 304 - Los padres pierden la administración de los bienes de los hijos, cuando son privados de la patria potestad, pero si lo fuesen por demencia, no pierden el derecho al usufructo de los bienes de sus hijos.

304. Cód. austríaco, art. 176. Proyecto de GOYENA, art. 163.

  Art. 305 - Derogado por la ley 23264 - BO: 23/10/1985

305. Proyecto de Goyena, art. 164. Los códigos modernos no están conformes con la resolución de este artículo. En unos la patria potestad pasa a la madre, después del fallecimiento del padre, con todos los derechos y obligaciones impuestas a éste; en otros, la patria potestad de la madre es limitada en sus facultades; en otros, lo es en sus derechos, no dando a la madre sino la mitad del usufructo en los bienes del hijo menor que está en su poder, y en otros, que son los menos, la patria potestad se acaba con la muerte del padre.

Esta era la marcha natural de la civilización, elevando contra las más antiguas costumbres, la condición de las madres de familia. El derecho ha marchado también y acabará por ser reconocida en los países cultos la necesidad y conveniencia de poner a la madre en sus relaciones de derecho, a la par del padre.

El Derecho Romano y las Partidas negaron la patria potestad y todas sus ventajas a la madre, aunque la ley romana decía: "Non minorem curam erga filiorum utilitatem matres constat frequenter impendere". ¿Cuál era pues la razón de no dar a la viuda los derechos todos que sobre los hijos tenía el padre? Sólo la razón histórica de que en el matrimonio, la mujer comenzó por ser una hija de familia. Después fue conveniente darle la tutela de los hijos, una patria potestad supletoria sin los derechos de la verdadera patria potestad, y después fue preciso autorizarla con uno de los más importantes derechos de los padres, la necesidad de su asentimiento para el matrimonio de sus hijos. Al fin, el mayor número de legisladores ha dado a la madre viuda la misma autoridad, poder y derechos sobre sus hijos y sus bienes, que los que tenía el marido. GOYENA, en una nota al art. 164 de su proyecto, funda muy bien el artículo que de él tomamos.

    Art. 306 - (Texto s/ley 26579 - BO: 22/12/2009) La patria potestad se acaba:

1. Por la muerte de los padres o de los hijos;

2. Por profesión de los padres en institutos monásticos;

3. Por llegar los hijos a la mayor edad;

4. Por emancipación legal de los hijos sin perjuicio de la subsistencia del derecho de administración de los bienes adquiridos a título gratuito, si el matrimonio se celebró sin autorización;

5. Por adopción de los hijos, sin perjuicio de la posibilidad de que se la restituya en caso de revocación y nulidad de la adopción.

306. LL. 1 y 8, tít. 7, part. 1ª. L. 8, tít. 1, lib. 5, Nov. Rec.

    Art. 307 - (Texto s/ley 26618 - BO: 22/07/2010) Cualquiera de los padres queda privado de la patria potestad:

  Art_307_Inc1

1. Por ser condenado como autor, coautor, instigador o cómplice de un delito doloso contra la persona o los bienes de alguno de sus hijos, o como coautor, instigador o cómplice de un delito cometido por el hijo.

  ART_307_INC_2

2. Por el abandono que hiciere de alguno de sus hijos, para el que los haya abandonado, aun cuando quede bajo guarda o sea recogido por otro progenitor o un tercero.

3. Por poner en peligro la seguridad, la salud física o psíquica o la moralidad del hijo, mediante malos tratamientos, ejemplos perniciosos, inconducta notoria o delincuencia.

307. L. 4, Tít. 20, part. 4ª. Lib. 2, Tít. 52, lib. 8, Cód. Romano y Nov. Rec., 153.

    Art. 308 - (Texto s/ley 23264 - BO: 23/10/1985) La privación de la autoridad de los padres podrá ser dejada sin efecto por el juez si los padres demostraran que, por circunstancias nuevas, la restitución se justifica en beneficio o interés de los hijos.

308. Arg. de la L. 5, tít. 16, part. 6ª. "Autent sacramentum" a la L. 2, tít. 55, lib. 5, Cód. romano. Véase Cód. francés, art. 386; de Nápoles, art. 300; sardo, art. 235; holandés, 372. Es expreso el Cód. de Vaud, art. 206.

  CAMPO_Artículo_309

    Art. 309 - (Texto s/ley 23264 - BO: 23/10/1985) El ejercicio de la autoridad de los padres queda suspendido mientras dure la ausencia de los padres, judicialmente declarada conforme a los artículos 15 a 21 de la ley 14394. También queda suspendido en caso de interdicción de alguno de los padres, o de inhabilitación según el artículo 152 bis, incisos 1 y 2, hasta que sea rehabilitado, y en los supuestos establecidos en el artículo 12 del Código Penal.

Podrá suspenderse el ejercicio de la autoridad en caso de que los hijos sean entregados por sus padres a un establecimiento de protección de menores. La suspensión será resuelta con audiencia de los padres, de acuerdo a las circunstancias del caso.

309. L. 18, tít. 18, part. 4ª. L. 5, tít. 12, lib. 3, Dig. L. 12, tít. 4, lib. 1, Cód. romano. Cód. de Austria, arts. 77 y 78. Cód. de Prusia, tít. 2, part. 1ª, arts. 90 y 91. Cód. de Baviera, art. 7, núm. 2, Cap. 5, lib. 1.

    Art. 310 - (Texto s/ley 26061 - BO: 26/10/2005) Si uno de los progenitores fuera privado o suspendido en el ejercicio de la patria potestad, continuará ejerciéndola el otro. En su defecto, y no dándose el caso de tutela legal por pariente consanguíneo idóneo, en orden de grado excluyente, el juez proveerá a la tutela de las personas menores de edad.

TÍTULO IV

  De la adopción -##-(*)

CAPÍTULO I

Disposiciones generales

    Art. 311 - (Texto s/ley 24779 - BO: 01/04/1997) La adopción de menores no emancipados se otorgará por sentencia judicial a instancia del adoptante. La adopción de un mayor de edad o de un menor emancipado puede otorgarse, previo consentimiento de éstos cuando:

1. Se trate del hijo del cónyuge del adoptante.

2. Exista estado de hijo del adoptado, debidamente comprobado por la autoridad judicial.

  Art. 312 - (Texto s/ley 24779 - BO: 01/04/1997) Nadie puede ser adoptado por más de una persona simultáneamente, salvo que los adoptantes sean cónyuges. Sin embargo, en caso de muerte del adoptante o de ambos cónyuges adoptantes, se podrá otorgar una nueva adopción sobre el mismo menor.

El adoptante debe ser por lo menos dieciocho años mayor que el adoptado salvo cuando el cónyuge supérstite adopta al hijo adoptado del premuerto.

  Art. 313 - (Texto s/ley 24779 - BO: 01/04/1997) Se podrá adoptar a varios menores de uno y otro sexo simultánea o sucesivamente.

Si se adoptase a varios menores todas las adopciones serán del mismo tipo. La adopción del hijo del cónyuge siempre será de carácter simple.

  Art. 314 - (Texto s/ley 24779 - BO: 01/04/1997) La existencia de descendientes del adoptante no impide la adopción, pero en tal caso aquéllos podrán ser oídos por el juez o el tribunal, con la asistencia del Asesor de Menores si correspondiere.

  Art. 315 - (Texto s/ley 24779 - BO: 01/04/1997) Podrá ser adoptante toda persona que reúna los requisitos establecidos en este Código cualquiera fuese su estado civil, debiendo acreditar de manera fehaciente e indubitable, residencia permanente en el país por un período mínimo de cinco años anterior a la petición de la guarda.

No podrán adoptar:

a) Quienes no hayan cumplido treinta años de edad, salvo los cónyuges que tengan más de tres años de casados. Aún por debajo de este término, podrán adoptar los cónyuges que acrediten la imposibilidad de tener hijos.

b) Los ascendientes a sus descendientes.

c) Un hermano a sus hermanos o medio hermanos.

  CAMPO_Artículo_316

  Art. 316 - (Texto s/ley 24779 - BO: 01/04/1997) El adoptante deberá tener al menor bajo su guarda durante un lapso no menor de seis meses ni mayor de un año el que será fijado por el juez.

El juicio de adopción sólo podrá iniciarse transcurridos seis meses del comienzo de la guarda.

La guarda deberá ser otorgada por el juez o tribunal del domicilio del menor o donde judicialmente se hubiese comprobado el abandono mismo.

Estas condiciones no se requieren cuando se adopte al hijo o hijos del cónyuge.

    Art_317

Art. 317 - (Texto s/ley 24779 - BO: 01/04/1997) Son requisitos para otorgar la guarda:

a) Citar a los progenitores del menor a fin de que presten su consentimiento para el otorgamiento de la guarda con fines de adopción. El juez determinará, dentro de los sesenta días posteriores al nacimiento, la oportunidad de dicha citación.

No será necesario el consentimiento cuando el menor estuviese en un establecimiento asistencial y los padres se hubieran desentendido totalmente del mismo durante un año o cuando el desamparo moral o material resulte evidente, manifiesto y continuo, y esta situación hubiese sido comprobada por la autoridad judicial. Tampoco será necesario cuando los padres hubiesen sido privados de la patria potestad, o cuando hubiesen manifestado judicialmente su expresa voluntad de entregar al menor en adopción.

b) Tomar conocimiento personal del adoptando.

c) Tomar conocimiento de las condiciones personales, edades y aptitudes del o de los adoptantes teniendo en consideración las necesidades y los intereses del menor con la efectiva participación del Ministerio Público, y la opinión de los equipos técnicos consultados a tal fin.

d) Iguales condiciones a las dispuestas en el inciso anterior se podrán observar respecto de la familia biológica.

El juez deberá observar las reglas de los incisos a), b) y c) bajo pena de nulidad.

    ART_318

Art. 318 - (Texto s/ley 24779 - BO: 01/04/1997) Se prohíbe expresamente la entrega en guarda de menores mediante escritura pública o acto administrativo.

  Art. 319 - (Texto s/ley 24779 - BO: 01/04/1997) El tutor sólo podrá iniciar el juicio de guarda y adopción de su pupilo una vez extinguidas las obligaciones emergentes de la tutela.

  Art. 320 - (Texto s/ley 24779 - BO: 01/04/1997) Las personas casadas sólo podrán adoptar si lo hacen conjuntamente, excepto en los siguientes casos:

a) Cuando medie sentencia de separación personal.

b) Cuando el cónyuge haya sido declarado insano, en cuyo caso deberá oírse al curador y al Ministerio Público de Menores.

c) Cuando se declare judicialmente la ausencia simple, la ausencia con presunción de fallecimiento o la desaparición forzada del otro cónyuge.

  CAMPO_Artículo_321

  Art. 321 - (Texto s/ley 24779 - BO: 01/04/1997) En el juicio de adopción deberán observarse las siguientes reglas:

a) La acción debe interponerse ante el juez o tribunal del domicilio del adoptante o del lugar donde se otorgó la guarda.

b) Son partes el adoptante y el Ministerio Público de Menores.

c) El juez o tribunal de acuerdo a la edad del menor y a su situación personal, oirá personalmente, si lo juzga conveniente, al adoptado, conforme al derecho que lo asiste y a cualquier otra persona que estime conveniente en beneficio del menor.

d) El juez o tribunal valorará si la adopción es conveniente para el menor teniendo en cuenta los medios de vida y cualidades morales y personales del o de los adoptantes así como la diferencia de edad entre adoptante y adoptado.

e) El juez o tribunal podrá ordenar, y el Ministerio Público de Menores requerir, las medidas de prueba o informaciones que estimen convenientes.

f) Las audiencias serán privadas y el expediente será reservado y secreto. Solamente podrá ser examinado por las partes, sus letrados sus apoderados y los peritos intervinientes.

g) El juez o tribunal no podrá entregar o remitir los autos, debiendo solamente expedir testimonios de sus constancias ante requerimiento fundado de otro magistrado, quien estará obligado a respetar el principio de reserva en protección del interés del menor.

h) Deberá constar en la sentencia que el adoptante se ha comprometido a hacer conocer al adoptado su realidad biológica.

i) El juez o tribunal en todos los casos deberá valorar el interés superior del menor.

  CAMPO_Artículo_322

  Art. 322 - (Texto s/ley 24779 - BO: 01/04/1997)La sentencia que acuerde la adopción tendrá efecto retroactivo a la fecha del otorgamiento de la guarda.

Cuando se trate del hijo del cónyuge el efecto retroactivo será a partir de la fecha de promoción de la acción.

CAPÍTULO II

Adopción plena

    L340_Art323

Art. 323 - (Texto s/ley 24779 - BO: 01/04/1997) La adopción plena, es irrevocable. Confiere al adoptado una filiación que sustituye a la de origen. El adoptado deja de pertenecer a su familia biológica y se extingue el parentesco con los integrantes de ésta así como todos sus efectos jurídicos, con la sola excepción de que subsisten los impedimentos matrimoniales. El adoptado tiene en la familia del adoptante los mismos derechos y obligaciones del hijo biológico.

    Art. 324 - (Texto s/ley 26618 - BO: 22/07/2010) Cuando la guarda del menor se hubiese otorgado durante el matrimonio y el período legal se completara después de la muerte de uno de los cónyuges, podrá otorgarse la adopción al sobreviviente y el hijo adoptivo lo será del matrimonio.

  Art. 325 - (Texto s/ley 24779 - BO: 01/04/1997) Sólo podrá otorgarse la adopción plena con respecto a los menores:

a) Huérfanos de padre y madre.

b) Que no tengan filiación acreditada.

c) Cuando se encuentren en un establecimiento asistencial y los padres se hubieran desentendido totalmente del mismo durante un año o cuando el desamparo moral o material resulte evidente, manifiesto y continuo, y esta situación hubiese sido comprobada por la autoridad judicial.

d) Cuando los padres hubiesen sido privados de la patria potestad.

e) Cuando hubiesen manifestado judicialmente su expresa voluntad de entregar al menor en adopción.

En todos los casos deberán cumplirse los requisitos previstos en los artículos 316 y 317.

    Art. 326 - (Texto s/ley 26618 - BO: 22/07/2010) El hijo adoptivo llevará el primer apellido del adoptante, o su apellido compuesto si éste solicita su agregación.

En caso que los adoptantes sean cónyuges de distinto sexo, a pedido de éstos podrá el adoptado llevar el apellido compuesto del padre adoptivo o agregar al primero de éste, el primero de la madre adoptiva. En caso que los cónyuges sean de un mismo sexo, a pedido de éstos podrá el adoptado llevar el apellido compuesto del cónyuge del cual tuviera el primer apellido o agregar al primero de éste, el primero del otro. Si no hubiere acuerdo acerca de qué apellido llevará el adoptado, si ha de ser compuesto, o sobre cómo se integrará, los apellidos se ordenarán alfabéticamente.

En uno y otro caso podrá el adoptado después de los DIECIOCHO (18) años solicitar esta adición.

Todos los hijos deben llevar el apellido y la integración compuesta que se hubiera decidido para el primero de los hijos.

Si el o la adoptante fuese viuda o viudo y su cónyuge no hubiese adoptado al menor, éste llevará el apellido del primero, salvo que existieran causas justificadas para imponerle el del cónyuge premuerto.

  Art. 327 - (Texto s/ley 24779 - BO: 01/04/1997) Después de acordada la adopción plena no es admisible el reconocimiento del adoptado por sus padres biológicos, ni el ejercicio por el adoptado de la acción de filiación respecto de aquéllos, con la sola excepción de la que tuviese por objeto la prueba del impedimento matrimonial del artículo 323.

  Art. 328 - (Texto s/ley 24779 - BO: 01/04/1997) El adoptado tendrá derecho a conocer su realidad biológica y podrá acceder al expediente de adopción a partir de los dieciocho años de edad.

CAPÍTULO III

Adopción simple

    Art. 329 - (Texto s/ley 24779 - BO: 01/04/1997) La adopción simple confiere al adoptado la posición del hijo biológico; pero no crea vínculo de parentesco entre aquél y la familia biológica del adoptante, sino a los efectos expresamente determinados en este Código.

Los hijos adoptivos de un mismo adoptante serán considerados hermanos entre sí.

  Art. 330 - (Texto s/ley 24779 - BO: 01/04/1997) El juez o tribunal, cuando sea más conveniente para el menor o a pedido de parte por motivos fundados, podrá otorgar la adopción simple.

  Art. 331 - (Texto s/ley 24779 - BO: 01/04/1997) Los derechos y deberes que resulten del vínculo biológico del adoptado no quedan extinguidos por la adopción con excepción de la patria potestad, inclusive la administración y usufructo de los bienes del menor que se transfieren al adoptante, salvo cuando se adopta al hijo del cónyuge.

    Art. 332 - (Texto s/ley 26618 - BO: 22/07/2010) La adopción simple impone al adoptado el apellido del adoptante, pero aquél podrá agregar el suyo propio a partir de los DIECIOCHO (18) años.

El cónyuge sobreviviente adoptante podrá solicitar que se imponga al adoptado el apellido de su cónyuge premuerto si existen causas justificadas.

  CAMPO_Artículo_333

  Art. 333 - (Texto s/ley 24779 - BO: 01/04/1997) El adoptante hereda ab-intestato al adoptado y es heredero forzoso en las mismas condiciones que los padres biológicos, pero ni el adoptante hereda los bienes que el adoptado hubiera recibido a título gratuito de su familia biológica ni ésta hereda los bienes que el adoptado hubiera recibido a título gratuito de su familia de adopción. En los demás bienes los adoptantes excluyen a los padres biológicos.

  CAMPO_Artículo_334

  Art. 334 - (Texto s/ley 24779 - BO: 01/04/1997) El adoptado y sus descendientes heredan por representación a los ascendientes de los adoptantes; pero no son herederos forzosos. Los descendientes del adoptado heredan por representación al adoptante y son herederos forzosos.

  Art. 335 - (Texto s/ley 24779 - BO: 01/04/1997) Es revocable la adopción simple:

a) Por haber incurrido el adoptado o el adoptante en indignidad de los supuestos previstos en este Código para impedir la sucesión.

b) Por haberse negado alimentos sin causa justificada.

c) Por petición justificada del adoptado mayor de edad.

d) Por acuerdo de partes manifestado judicialmente, cuando el adoptado fuera mayor de edad.

La revocación extingue desde su declaración judicial y para lo futuro todos los efectos de la adopción.

  Art. 336 - (Texto s/ley 24779 - BO: 01/04/1997) Después de la adopción simple es admisible el reconocimiento del adoptado por sus padres biológicos y el ejercicio de la acción de filiación. Ninguna de estas situaciones alterará los efectos de la adopción establecidos en el artículo 331.

CAPÍTULO IV

Nulidad e inscripción

  Art. 337 - (Texto s/ley 24779 - BO: 01/04/1997) Sin perjuicio de las nulidades que resulten de las disposiciones de este Código:

1. Adolecerá de nulidad absoluta la adopción obtenida en violación de los preceptos referentes a:

a) La edad del adoptado.

b) La diferencia de edad entre adoptante y adoptado.

c) La adopción que hubiese tenido un hecho ilícito como antecedente necesario, incluido el abandono supuesto o aparente del menor proveniente de la comisión de un delito del cual hubiera sido víctima el mismo y/o sus padres.

d) La adopción simultánea por más de una persona salvo que los adoptantes sean cónyuges.

e) La adopción de descendientes.

f) La adopción de hermanos y de medio hermanos entre sí.

2. Adolecerá de nulidad relativa la adopción obtenida en violación de los preceptos referentes a:

a) La edad mínima del adoptante.

b) Vicios del consentimiento.

  Art. 338 - (Texto s/ley 24779 - BO: 01/04/1997) La adopción, su revocación o nulidad deberán inscribirse en el Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas.

CAPÍTULO V

Efectos de la adopción conferida en el extranjero

  Art. 339 - (Texto s/ley 24779 - BO: 01/04/1997) La situación jurídica, los derechos y deberes del adoptante y adoptado entre sí, se regirán por la ley del domicilio del adoptado al tiempo de la adopción, cuando ésta hubiera sido conferida en el extranjero.

    Art. 340 - (Texto s/ley 24779 - BO: 01/04/1997) La adopción concedida en el extranjero de conformidad a la ley de domicilio del adoptado, podrá transformarse en el régimen de adopción plena en tanto se reúnan los requisitos establecidos en este Código, debiendo acreditar dicho vínculo y prestar su consentimiento adoptante y adoptado. Si este último fuese menor de edad deberá intervenir el Ministerio Público de Menores.

  Art. 341 - (Derogado por la ley 23264 - BO: 23/10/1985)

  Art. 342 - (Derogado por la ley 23264 - BO: 23/10/1985)

  Art. 343 - (Derogado por la ley 23264 - BO: 23/10/1985)

    Art. 344 - (Derogado por la ley 23264 - BO: 23/10/1985)

TÍTULO VI

Del parentesco, sus grados; y de los derechos y obligaciones de los parientes

  Art. 345 - El parentesco es el vínculo subsistente entre todos los individuos de los dos sexos, que descienden de un mismo tronco.

345. Cód. de Rusia, art. 143.

  Art. 346 - La proximidad de parentesco se establece por líneas y grados.

346. La L. 2, tít. 13, part. 6ª., confunde los grados y las líneas: "Tres grados", dice, "o líneas son de parentesco".

  Art. 347 - Se llama grado, el vínculo entre dos individuos, formado por la generación; se llama línea la serie no interrumpida de grados.

347 . La L. 2, tít. 6, part. 4ª, con un árbol genealógico, explica esta materia. El Cód. francés la trata desde el art. 735 muy confusamente, y lo siguen el de Nápoles, desde el art. 656 al 658; el de Holanda, desde el 346 al 349, y el sardo, desde el 917 al 921.

  Art. 348 - Se llama tronco el grado de donde parten dos o más líneas, las cuales por relación a su origen se llaman ramas.

  Art. 349 - Hay tres líneas: la línea descendente, la línea ascendente y la línea colateral.

  Art. 350 - Se llama línea descendente la serie de grados o generaciones que unen el tronco común con sus hijos, nietos y demás descendientes.

  Art. 351 - Se llama línea ascendente la serie de grados o generaciones que ligan al tronco con su padre, abuelo y otros ascendientes.

CAPÍTULO I

Del parentesco por consanguinidad

  Art. 352 - En la línea ascendente y descendente hay tantos grados como generaciones. Así, en la línea descendente el hijo está en el primer grado, el nieto en el segundo, y el bisnieto en el tercero, así los demás. En la línea ascendente, el padre está en el primer grado, el abuelo en el segundo, el bisabuelo en el tercero, etcétera.

352. GOYENA acepta el modo de contar los grados de la Ley de Partida. "En todas las líneas, dice, hay tantos grados cuantas son las personas, descontando la del tronco". La L. 2, tít. 3, part. 4ª, dice: "cuantas son las personas quitada una, tantos son los grados entre ellas". Se cree que la palabra "persona" da una idea más clara que la palabra "generación"; pero es tan antiguo el uso de la palabra "generación", que habría algún inconveniente en sustituirla por "persona", que está comprendida en la palabra "generación". La Instituta dice: semper generata persona gradum adjicit (lib. 3, tít. 6, § 7).

  Art. 353 - En la línea colateral los grados se cuentan igualmente por generaciones, remontando desde la persona cuyo parentesco se quiere comprobar hasta el autor común; y desde éste hasta el otro pariente. Así, dos hermanos están en el segundo grado, el tío y el sobrino en el tercero, los primos hermanos en el cuarto, los hijos de primos hermanos en el sexto, y los nietos de primos hermanos en el octavo, y así en adelante.

    Art. 354 - (Texto s/ley 26618 - BO: 22/07/2010) La primera línea colateral parte de los ascendientes en el primer grado, es decir de cada uno de los padres de la persona de que se trate, y comprende a sus hermanos y hermanas y a su posteridad.

    Art. 355 - (Texto s/ley 26618 - BO: 22/07/2010) La segunda, parte de los ascendientes en segundo grado, es decir de cada uno de los abuelos de la persona de que se trate, y comprende al tío, el primo hermano, y así los demás.

    Art. 356 - (Texto s/ley 26618 - BO: 22/07/2010) La tercera línea colateral parte de los ascendientes en tercer grado, es decir de cada uno de los bisabuelos de la persona de que se trate, y comprende sus descendientes. De la misma manera se procede para establecer las otras líneas colaterales, partiendo de los ascendientes más remotos.

  Art. 357 - (Derogado por la ley 23264 - BO: 23/10/1985)

  Art. 358 - (Derogado por la ley 23264 - BO: 23/10/1985)

  Art. 359 - (Derogado por la ley 23264 - BO: 23/10/1985)

    Art. 360 - (Texto s/ley 26618 - BO: 22/07/2010) Los hermanos se distinguen en bilaterales y unilaterales. Son hermanos bilaterales los que proceden de los mismos padres. Son hermanos unilaterales los que proceden de un mismo ascendiente en primer grado, difiriendo en el otro.

  Art. 361 - Cuando los hermanos unilaterales proceden de un mismo padre, tienen el nombre de hermanos paternos; cuando proceden de la misma madre, se llaman hermanos maternos.

  Art. 362 - Los grados de parentesco, según la computación establecida en este título, rigen para todos los efectos declarados en las leyes de este Código, con excepción del caso en que se trate de impedimento para el matrimonio, para lo cual se seguirá la computación canónica.

362. En la L. 2, tít. 6, part. 4ª, se explican las diferencias de la computación civil y canónica, sobre la línea colateral. En la línea recta, es la misma en el derecho civil que en el canónico, cuya regla es que los grados son tantos, cuantas son las personas menos una. En la línea colateral, el derecho civil es diferente del derecho canónico. La regla del derecho canónico es que las personas distan entre sí tantos grados, cuantos distan del tronco común. Cuando la línea colateral es desigual, la regla es que las personas distan entre sí tantos grados cuantos dista del tronco común la más remota de ellas.

CAPÍTULO II

Del parentesco por afinidad

    Art. 363 - La proximidad del parentesco por afinidad se cuenta por el número de grados en que cada uno de los cónyuges estuviese con sus parientes por consanguinidad. En la línea recta, sea descendente o ascendente, el yerno o nuera están recíprocamente con el suegro o suegra, en el mismo grado que el hijo o hija, respecto del padre o madre, y así en adelante. En la línea colateral, los cuñados o cuñadas entre sí están en el mismo grado que entre sí están los hermanos o hermanas. Si hubo un precedente matrimonio, el padrastro o madrastra en relación a los entenados o entenadas, están recíprocamente en el mismo grado en que el suegro o suegra en relación al yerno o nuera.

363. En el parentesco por afinidad, no hay grados porque no hay generaciones. La computación se hace por analogía, suponiéndose que los dos cónyuges forman una sola persona.

  Art. 364 - El parentesco por afinidad no induce parentesco alguno para los parientes consanguíneos de uno de los cónyuges en relación a los parientes consanguíneos del otro cónyuge.

CAPÍTULO III

Del parentesco ilegítimo

  Art. 365 - (Derogado por la ley 23264 - BO: 23/10/1985)

  Art. 366 - (Derogado por la ley 23264 - BO: 23/10/1985)

CAPÍTULO IV

Derechos y obligaciones de los parientes

    Art. 367 - (Texto s/ley 23264 - BO: 23/10/1985) Los parientes por consanguinidad se deben alimentos en el orden siguiente:

1º Los ascendientes y descendientes. Entre ellos estarán obligados preferentemente los más próximos en grado y a igualdad de grados los que estén en mejores condiciones para proporcionarlos.

2º Los hermanos y medio hermanos.

La obligación alimentaria entre los parientes es recíproca.

367. En el Derecho romano el orden de la obligación de alimentos era el siguiente: 1º, el padre; 2º, los ascendientes paternos; 3º, la madre; 4º, los ascendientes maternos. L. 5, §§ 2 y 8, tít. 3, lib. 25, Dig. En caso de divorcio la madre rica reemplazaba inmediatamente en esta obligación al padre. Nov. 117, cap. 7. La ley romana hizo obligación privativa de la madre criar a los hijos menores de tres años. L. 9, tít. 47, lib. 8, Código. La Ley de Partida adoptó en todas sus partes la ley romana. L. 3, tít. 19, part. 4ª, y después de los tres años impone la obligación al padre y subsidiariamente a la madre; después a los ascendientes sin distinción de línea, L. 4, ídem. Por este Código se hace común a los dos esta obligación; pues también a la madre se le da toda la autoridad y beneficio que tenía el padre sobre sus hijos y los bienes de ellos. La obligación entre los hermanos estaba establecida por la Nov. 89, cap. 12, § 6. Las Leyes de Partida no la admitieron. Yo he aceptado en esta parte el art. 197 del Código de Nápoles.

    Art. 368 - (Texto s/ley 23264 - BO: 23/10/1985) Entre los parientes por afinidad únicamente se deben alimentos aquellos que están vinculados en primer grado.

  Art. 369 - (Derogado por la ley 23264 - BO: 23/10/1985)

  Art. 370 - El pariente que pida alimentos, debe probar que le faltan los medios para alimentarse, y que no le es posible adquirirlos con su trabajo, sea cual fuese la causa que lo hubiere reducido a tal estado.

370. LL. 4 y 6, tít. 19, part. 4ª. Pero no se reputa pobre o necesitado el que puede vivir de su trabajo. Dicha L. 6 y L. 5, § 7, tít. 3, lib. 25, Dig.

  Art. 371 - El pariente que prestase o hubiese prestado alimentos voluntariamente o por decisión judicial, no tendrá derecho a pedir a los otros parientes cuota alguna de lo que hubiere dado, aunque los otros parientes se hallen en el mismo grado y condición que él.

    ART_372

Art. 372 - La prestación de alimentos comprende lo necesario para la subsistencia, habitación y vestuario correspondiente a la condición del que la recibe, y también lo necesario para la asistencia en las enfermedades.

    Art. 373 - (Texto s/ley 23264 - BO: 23/10/1985) Cesa la obligación de prestar alimentos si los descendientes en relación a sus ascendientes, o los ascendientes en relación a sus descendientes, cometieren algún acto por el que puedan ser desheredados.

373. El Cód. sardo, arts. 109 y 110, conserva los alimentos necesarios a los hijos que se casen contra la voluntad de los padres. Conforme con el artículo cuando haya una causa de desheredación, el mismo Código, art. 743 y L. 6, tít. 19, part. 6ª, y Nov. 115, caps. 3 y 4.

  Art. 374 - La obligación de prestar alimentos no puede ser compensada con obligación alguna, ni ser objeto de transacción; ni el derecho a los alimentos puede renunciarse ni transferirse por acto entre vivos o muerte del acreedor o deudor de alimentos, ni constituir a terceros derecho alguno sobre la suma que se destine a los alimentos, ni ser ésta embargada por deuda alguna.

374. Cód. de Holanda, art. 384; sardo, 2098; prusiano, 413. Las leyes españolas guardan silencio sobre la materia.

  CAMPO_Artículo_375

  Art. 375 - El procedimiento en la acción de alimentos será sumario, y no se acumulará a otra acción que deba tener un procedimiento ordinario; y desde el principio de la causa o en el curso de ella, el juez, según el mérito que arrojaren los hechos, podrá decretar la prestación de alimentos provisorios para el actor, y también las expensas del pleito, si se justificare absoluta falta de medios para seguirlo.

375. L. 7, tít. 10, Part. 4º

    ART_376

Art. 376 - De la sentencia que decrete la prestación de alimentos, no se admitirá recurso alguno con efecto suspensivo, ni el que recibe los alimentos podrá ser obligado a prestar fianza o caución alguna de volver lo recibido, si la sentencia fuese revocada.

376. L. 7, tít. 10, Part. 4º

  CC.Art.376_BIS.Ant

  Art. 376 bis - (Texto s/ley 21040 - BO: 06/10/1975) Los padres, tutores o curadores de menores e incapaces o quienes tengan a su cuidado personas mayores de edad enfermas o imposibilitadas deberán permitir la visita de los parientes que conforme a las disposiciones del presente capítulo, se deban recíprocamente alimentos. Si se dedujere oposición fundada en posibles perjuicios a la salud moral o física de los interesados el juez resolverá en trámite sumario lo que corresponda, estableciendo en su caso el régimen de visitas más conveniente de acuerdo a las circunstancias del caso.

  CAP_IV_TIT_VII

TÍTULO VII

De la tutela

CAPÍTULO I

De la tutela en general

  Art. 377 - La tutela es el derecho que la ley confiere para gobernar la persona y bienes del menor de edad, que no está sujeto a la patria potestad, y para representarlo en todos los actos de la vida civil.

377. L. 1, tít. 16, part. 6ª. Por el Derecho romano sólo se daban tutores a los varones huérfanos menores de catorce años, y a las mujeres de doce. Desde esta edad hasta los veinticinco se daba curadores a unos u otros. Las LL. 1 y 13, tít. 16, part. 6ª, aceptaron esta legislación. Los códigos modernos con excepción del de Luisiana, no la han admitido, y por éste los tutores se dan a los menores hasta que llegan a la mayor edad. La distinción de las leyes romanas y de Partida, a más de no fundarse en razón alguna, causa todos los días cuestiones judiciales sobre si los púberes podían o no ser obligados a recibir curadores, o sobre la validez de sus actos, etcétera.

  Art. 378 - Los parientes de los menores huérfanos están obligados a poner en conocimiento de los magistrados el caso de orfandad, o la vacante de la tutela; si no lo hicieren, quedan privados del derecho a la tutela que la ley les concede.

378. L. 12, tít. 16, part. 6ª. Por el Derecho romano y de Partidas perdían el derecho a suceder ab intestato al menor.

  Art. 379 - La tutela es un cargo personal, que no pasa a los herederos, y del cual nadie puede excusarse sin causa suficiente.

379. Cód. francés, art. 419. Proyecto de GOYENA, art. 173.

  Art. 380 - El tutor es el representante legítimo del menor en todos los negocios civiles.

380. LL. 15 y 17, tít. 16, part. 6ª. LL. 2 y 3, tít. 7, lib. 3, F. R. Hasta donde se extiende esta representación: ZACHARIAE, § 96 y nota 7ª al § 207.

  Art. 381 - La tutela se ejerce bajo la inspección y vigilancia del Ministerio de Menores.

  Art. 382 - La tutela se da, o por los padres, o por la ley, o por el juez.

382. L. 3, tít. 16, part. 6ª.

CAPÍTULO II

De la tutela dada por los padres

  Art. 383 - El padre mayor o menor de edad, y la madre que no ha pasado a segundas nupcias, el que últimamente muera de ambos, puede nombrar por testamento, tutor a sus hijos que estén bajo la patria potestad. Pueden también nombrarlo por escritura pública, para que tenga efecto después de su fallecimiento.

383. Cód. francés, art. 397; de Nápoles, art. 319; de Luisiana, art. 275. El Cód. sardo sólo reconoce esta facultad en el padre, art. 245. Lo mismo el de Vaud, art. 214. Ésta es también la disposición de las Leyes de Partida. L. 2, tít. 16, part. 6ª. En cuanto a la menor edad de los padres, ZACHARIAE, nota 12 al § 208. En cuanto al nombramiento por escritura pública, véase Cód. francés, arts. 392 y 398.

  Art. 384 - El nombramiento de tutor puede ser hecho por los padres, bajo cualquiera cláusula o condición no prohibida.

  Art. 385 - Son prohibidas y se tendrán como no escritas, las cláusulas que eximan al tutor de hacer inventario de los bienes del menor, o de dar cuenta de su administración todas las veces que se le ordena por este Código, o lo autoricen a entrar en la posesión de los bienes, antes de hacer el inventario.

  Art. 386 - La tutela debe servirse por una sola persona, y es prohibido a los padres nombrar dos o más tutores, que funcionen como tutores conjuntos: y si lo hicieren, el nombramiento subsistirá solamente para que los nombrados sirvan la tutela en el orden que fuesen designados, en el caso de muerte, incapacidad, excusa o separación de alguno de ellos.

386. L. 11, tít. 16, part. 6ª. L. 3, § 6, tít. 7, lib. 26, Dig. TOULLIER, t. 2, núm. 1123. ZACHARIAE, nota 3 al § 198. FREMINVILLE, Traité de la minorité et de la tut., núm. 121. En contra: Cód. de Chile, art. 361.

  Art. 387 - Los padres pueden nombrar tutores al hijo que deshereden.

387. Proyecto de GOYENA, art. 117, LL. 4 y 10, tít. 2, lib. 26, Dig.

  Art. 388 - La tutela dada por los padres debe ser confirmada por el juez, si hubiese sido legalmente dada, y entonces se discernirá el cargo al tutor nombrado.

388. LL. 6 y 8, tít. 16, part. 6ª.

CAPÍTULO III

De la tutela legal

    Art. 389 - (Texto s/ley 23264 - BO: 23/10/1985) La tutela legal tiene lugar cuando los padres no han nombrado tutor a sus hijos o cuando los nombrados no entran a ejercer la tutela, o dejan de ser tutores.

389. La L. 9, tít. 16, part. 6ª, sólo da lugar a la tutela legítima, cuando el padre no nombrase tutor en su testamento; véase a GREGORIO LÓPEZ sobre dicha ley, y compárese con la L. 12 del mismo título. Lo mismo que la Ley de Partida, el Cód. francés, art. 402; el de Nápoles, art. 665, y sardo, art. 257. Pero si los padres hubiesen nombrado tutor y éste no lo fuese, o dejare la tutela, tenía en tal caso lugar la tutela dativa y no la legítima. Conforme con el artículo, el Cód. de Luisiana, art. 282, y las leyes romanas 11, tít. 2 y 6, tít. 4, lib. 26, Dig.

    Art. 390 - (Texto s/ley 23264 - BO: 23/10/1985) La tutela legal corresponde únicamente a: 1. los abuelos, 2. tíos, 3. hermanos o medio hermanos del menor, sin distinción de sexos.

390. La ley romana prefería en la tutela legítima a la abuela del huérfano. Autent. matri, tít. 35, lib. 5, Código. El Cód. de las Partidas da derecho a la tutela a todos los parientes del menor, por el orden de su proximidad en el parentesco, LL. 9 y 11, tít. 16, part. 6ª, y también la L. 2, tít. 7, lib. 3, F. R. El Cód. francés da la tutela aun a los bisabuelos, art. 404. Lo mismo el Cód. sardo.

    Art. 391 - (Texto s/ley 23264 - BO: 23/10/1985) El juez confirmará o dará la tutela legal a la persona que por su solvencia y reputación fuese la más idónea para ejercerla, teniendo en cuenta los intereses del menor.

CAPÍTULO IV

De la tutela dativa

    Art. 392 - (Texto s/ley 23264 - BO: 23/10/1985) Los jueces darán tutela al menor que no la tenga asignada por sus padres y cuando no existan los parientes llamados a ejercer la tutela legal o cuando, existiendo, no sean capaces o idóneos, o hayan hecho dimisión de la tutela, o hubiesen sido removidos de ella.

392. L. 12, tít. 26, part. 6ª. Véase el comentario de GREGORIO LÓPEZ a la L. 9, del mismo título. Por el Cód. francés, por el sardo y otros, la tutela dativa la defiere el consejo de familia.

    Art. 393 - (Texto s/ley 10903 - BO: 27/10/1919) Los jueces no podrán proveer la tutela, salvo que se tratase de menores sin recursos o de parientes de los mismos jueces, en socios, deudores o acreedores suyos, en sus parientes dentro del cuarto grado, en amigos íntimos suyos o de sus parientes hasta dentro del cuarto grado; en socios, deudores o acreedores, amigos íntimos o parientes dentro del cuarto grado de los miembros de los tribunales nacionales o provinciales, que ejercieran sus funciones en el mismo lugar en que se haga el nombramiento, ni proveerla dando a una misma persona varias tutelas de menores de diferentes familias, salvo que se tratase de filántropos reconocidos públicamente como tales.

393. La ley 10903 - BO: 27/10/1919 fue derogada por ley 26061 - BO: 26/10/2005.

CAPÍTULO V

De la tutela de los hijos naturales

  Art. 394 - (Derogado por la ley 23264 - BO: 23/10/1985)

394. L. 8, Tít. 16, part. 6ª. L. 7, Tít. 3, lib. 26, Dig. El Cód. de Holanda, art. 408, no exige que los instituya por herederos. Lo mismo el de Luisiana, art. 279. El Cód. Francés guarda silencio sobre la materia. En varios códigos está determinado que el que dejare algún legado a los menores ilegítimos, pueda nombrarles tutor. He creído deber limitar tal facultad a sólo nombrarles administrador de los bienes que les hubiere legado, pues que la tutela es un gran poder que no debe constituirse por un simple legado.

  Art. 395 - (Derogado por la ley 23264 - BO: 23/10/1985)

395. Proyecto de GOYENA, art. 270.

  Art. 396 - (Derogado por la ley 23264 - BO: 23/10/1985)

396. Cód. de Holanda, art. 421.

CAPÍTULO VI

De la tutela especial

      ART_397

Art. 397 - Los jueces darán a los menores, tutores especiales, en los casos siguientes:

1º Cuando los intereses de ellos estén en oposición con los de sus padres, bajo cuyo poder se encuentren.

2º Cuando el padre o madre perdiere la administración de los bienes de sus hijos.

3º Cuando los hijos adquieran bienes cuya administración no corresponda a sus padres.

4º Cuando los intereses de los menores estuvieren en oposición con los de su tutor general o especial.

5º Cuando sus intereses estuvieren en oposición con los de otro pupilo que con ellos se hallase con un tutor común, o con los de otro incapaz, de que el tutor sea curador.

6º Cuando adquieran bienes con la cláusula de ser administrados por persona designada, o de no ser administrados por su tutor.

7º Cuando tuviesen bienes fuera del lugar de la jurisdicción del juez de la tutela, que no puedan ser convenientemente administrados por el tutor.

8º Cuando hubiese negocios, o se tratase de objetos que exijan conocimientos especiales, o una administración distinta.

TÍTULO VIII

De los que no pueden ser tutores

      ART_398

Art. 398 - No pueden ser tutores:

1º Los menores de edad.

  2º (Texto s/ley 23647 - BO: 01/11/1988) Los mudos.

3º Los privados de razón.

4º Los que no tienen domicilio en la República.

5º Los fallidos, mientras no hayan satisfecho a sus acreedores.

6º El que hubiese sido privado de ejercer la patria potestad.

7º Los que tienen que ejercer por largo tiempo, o por tiempo indefinido, un cargo o comisión fuera del territorio de la República.

8º Derogado por la ley 11357 - BO: 23/11/1926

9º El que no tenga oficio, profesión o modo de vivir conocido, o sea notoriamente de mala conducta.

10 El condenado a pena infamante.

11 Los deudores o acreedores del menor por cantidades considerables.

12 Los que tengan, ellos o sus padres, pleito con el menor por su estado, o sus bienes.

13 El que hubiese malversado los bienes de otro menor, o hubiese sido removido de otra tutela.

14 Los parientes que no pidieron tutor para el menor que no lo tenía.

15 Los individuos del Ejército y de la Marina que se hallen en actual servicio, incluso los comisarios, médicos y cirujanos.

16 Los que hubiesen hecho profesión religiosa.

398. LL. 4 y 7, tít. 6, part. 6ª. Lib. 1, tít. 13, § 3, Instit.

2º L. 4, tít. 16, part. 6ª.

3º Dicha L. 4, y L. 1, tít. 7, lib. 3, F. R. Lib. 1, tít. 14, § 2, Instit.

4º, 5º y 6º Cód. de Chile, art. 497.

7º Cód. de Chile, art. 498.

8º L. 4, tít. 16, part. 6ª y Autent. matri, tít. 35, lib. 5, Cód. romano.

9º L. 1, tít. 18, part. 6ª y L. 3, § 12, tít. 10, lib. 26, Dig.

11. L. 14, tít. 16, part. 6ª, en cuanto a los deudores, y Nov. 72, cap. 1, en cuanto a los acreedores. Lo mismo el Cód. de Chile, art. 506.

12. L. 1, tít. 18, part. 6ª.

13. L. 1, tít. 18, part. 6ª, y L. 3, tít. 10, lib. 26, Dig.

15. Cód. de Chile, art. 498.

16. L. 14, tít. 16, part. 6ª, y Nov. 123, cap. 5. Cód. sardo, desde el art. 302 al 305. Véase sobre este inciso el Cód. francés desde el art. 442 al 445, y el Cód. de Nápoles, desde el art. 365 al 368.

TÍTULO IX

Del discernimiento de la tutela

    ART_399

Art. 399 - Nadie puede ejercer las funciones de tutor, ya sea la tutela dada por los padres o por los jueces, sin que el cargo sea discernido por el juez competente, que autorice al tutor nombrado o confirmado para ejercer las funciones de los tutores.

  Art. 400 - El discernimiento de la tutela corresponde al juez del lugar en que los padres del menor tenían su domicilio, el día de su fallecimiento.

  Art. 401 - Si los padres del menor tenían su domicilio fuera de la República el día de su fallecimiento, o lo tenían el día en que se trataba de constituir la tutela, el juez competente para el discernimiento de la tutela será, en el primer caso, el juez del lugar de la última residencia de los padres el día de su fallecimiento, y en el segundo caso, el del lugar de su residencia actual.

  Art. 402 - Derogado por la ley 23264 - BO: 23/10/1985

  Art. 403 - En cuanto a los expósitos o menores abandonados, el juez competente para discernir la tutela será el del lugar en que ellos se encontraren.

  Art. 404 - El juez a quien compete el discernimiento de la tutela, será el competente para dirigir todo lo que a ella pertenezca, aunque los bienes del menor estén fuera del lugar que abrace su jurisdicción.

  Art. 405 - La mudanza de domicilio o residencia del menor o de sus padres, en nada influirá en la competencia del juez que hubiese discernido la tutela, y al cual sólo corresponde la dirección de ella hasta que venga a cesar por parte del pupilo.

  Art. 406 - Para discernirse la tutela, el tutor nombrado o confirmado por el juez, debe asegurar bajo juramento el buen desempeño de su administración.

  Art. 407 - Los actos practicados por el tutor a quien aún no se hubiere discernido la tutela, no producirán efecto alguno, respecto del menor; pero el discernimiento posterior importará una ratificación de tales actos, si de ellos no resulta perjuicio al menor.

    Art. 408 - Discernida la tutela, los bienes del menor no serán entregados al tutor, sino después que judicialmente hubiesen sido inventariados y avaluados, a menos que antes del discernimiento de la tutela se hubiera hecho ya el inventario y tasación de ellos.

TÍTULO X

De la administración de la tutela

    ART_409

Art. 409 - La administración de la tutela, discernida por los jueces de la República, será regida solamente por las leyes de este Código, si en la República existiesen los bienes del pupilo.

  Art. 410 - Si el pupilo tuviese bienes muebles o inmuebles fuera de la República, la administración de tales bienes y su enajenación será regida por las leyes del país donde se hallaren.

  Art. 411 - El tutor es el representante legítimo del menor en todos los actos civiles: gestiona y administra solo. Todos los actos se ejecutan por él y en su nombre, sin el concurso del menor y prescindiendo de su voluntad.

411. LL. 15 y 17, tít. 16, part. 6ª. LL. 2 y 3, tít. 7, lib. 3, F. R. LL. 12, 30 y 33, lib. 26, Dig.

  Art. 412 - Debe tener en la educación y alimento del menor los cuidados de un padre. Debe procurar su establecimiento a la edad correspondiente, según la posición y fortuna del menor, sea destinándolo a la carrera de las letras, o colocándolo en una casa de comercio, o haciéndole aprender algún oficio.

412 . Proem. al título 16, part. 6ª, L. 9 de dicho título. ZACHARIAE, § 220.

  Art. 413 - El tutor debe administrar los intereses del menor como un buen padre de familia, y es responsable de todo perjuicio resultante de su falta en el cumplimiento de sus deberes.

413. L. 94, tít. 18, part. 3ª, L. 15, tít. 16, part. 6ª, L. 23, tít. 7, lib. 26, Dig.

  Art. 414 - Si los tutores excediesen los poderes de su mandato, o abusasen de ellos en daño de la persona o bienes del pupilo, éste, sus parientes, el Ministerio de Menores, o la autoridad policial, pueden reclamar del juez de la tutela las providencias que fuesen necesarias.

  Art. 415 - El menor debe a su tutor el mismo respeto y obediencia que a sus padres.

415. L. 5, tít. 14, part. 7ª. Cód. de Prusia, art. 231; austríaco, 217; sardo, 314.

  Art. 416 - El menor debe ser educado y alimentado con arreglo a su clase y facultades.

416. L. 20, tít. 16, part. 6ª, L. 3, tít. 2, lib. 27, Dig. Cód. francés, art. 454; sardo, 328; de Luisiana, art. 343.

  Art. 417 - El juez, discernida la tutela, debe señalar, según la naturaleza y situación de los bienes del menor, el tiempo en que el tutor debe hacer el inventario judicial de ellos. Mientras el inventario no esté hecho, el tutor no podrá tomar más medidas sobre los bienes, que las que sean de toda necesidad.

  Art. 418 - Cualesquiera que sean las disposiciones del testamento en que el menor hubiese sido instituido heredero, el tutor no puede ser eximido de hacer el inventario judicial.

417 y 418. L. 15, tít. 16, part. 6ª. L. 24, tít. 37, lib. 5, Cód. romano. L. 7, tít. 7, lib. 26, Dig. Cód. francés, art. 451; holandés, 444; sardo, 316; ZACHARIAE, § 219.

  Art. 419 - Si el tutor tuviese algún crédito contra el menor, deberá asentarlo en el inventario; y si no lo hiciese, no podrá reclamarlo en adelante, a menos que al tiempo del inventario hubiese ignorado la deuda a su favor.

419. Cód. francés, art. 451, Nov. 72, cap. 4. ZACHARIAE, § 219.

  Art. 420 - Los bienes que en adelante adquiriese el menor por sucesión u otro título, deberá inventariarlos con las mismas solemnidades.

  Art. 421 - Si el tutor entrase en lugar de un tutor anterior, debe inmediatamente pedir a su predecesor o a sus herederos, la rendición judicial de las cuentas de la tutela, y la posesión de los bienes del menor.

  Art. 422 - Para la facción del inventario el juez debe acompañar al tutor con uno o más parientes del menor, u otras personas que tuviesen conocimiento de los negocios o de los bienes del que lo hubiese instituido por heredero.

  Art. 423 - El juez, según la importancia de los bienes del menor, de la renta que ellos produzcan, y de la edad del pupilo, fijará la suma anual que ha de invertirse en su educación y alimentos, sin perjuicio de variarla, según fuesen las nuevas necesidades del menor.

423. L. 20, tít. 16, part. 6ª, L. 3, tít. 2, lib. 27, Dig., y 3, tít. 7, lib. 26, ídem.

  Art. 424 - Si hubiese sobrante en las rentas del pupilo, el tutor deberá colocarlo a interés en los bancos o en rentas públicas, o adquirir bienes raíces con conocimiento y aprobación del juez de la tutela.

424. L. 24, tít. 27, lib. 5, Cód. romano. L. 3, tít. 7, lib. 26, Dig. Estas leyes señalaban el término de seis meses para la colocación del dinero que hubiese en los bienes del menor, y dos meses para lo que sobrase de las rentas. Lo mismo el Cód. francés, arts. 455 y 456. El de Nápoles, arts. 378 y 379. El sardo, 329 y 330. El de Luisiana, art. 341, cuando la suma llegase a 500 pesos fuertes. El de Holanda, art. 449, cuando el sobrante llegue a la cuarta parte de las rentas del menor, el empleo debe ser en fondos públicos, en bienes raíces o a interés sobre hipoteca. Por la Nov. 72, cap. 7, el tutor cumple con guardar bien el dinero del menor, y sólo está obligado a emplearlo cuando todo el patrimonio consista en dinero, o no tenga el menor otras rentas de qué mantenerse.

  Art. 425 - Los depósitos que se hagan en los bancos, de los capitales de los menores, deben ser a nombre de ellos, lo mismo que las inscripciones en la deuda pública.

  Art. 426 - El tutor para usar de los depósitos hechos en los bancos, o para enajenar las rentas públicas, necesita la autorización judicial, demostrando la necesidad y conveniencia de hacerlo.

426. ZACHARIAE, § 221.

  Art. 427 - Si las rentas del menor no alcanzaren para educación y alimentos, el juez puede autorizar al tutor para que emplee una parte del principal, a fin de que el menor no quede sin la educación correspondiente.

427. Véase la L. 16, tít. 16, part. 6ª, y la 20 del mismo título que no permite que ni aun para esos objetos se disminuya el capital de los menores.

  Art. 428 - Si los pupilos fuesen indigentes, y no tuviesen suficientes medios para los gastos de su educación y alimento, el tutor pedirá autorización al juez para exigir de los parientes la prestación de alimentos.

  Art. 429 - El pariente que diese alimentos al pupilo podrá tenerlo en su casa, y encargarse de su educación, si el juez lo permitiese.

  Art. 430 - Si los pupilos indigentes no tuviesen parientes, o éstos no se hallasen en circunstancias de darles alimentos, el tutor, con autorización del juez, puede ponerlos en otra casa, o contratar el aprendizaje de un oficio y los alimentos.

  Art. 431 - El tutor no podrá salir de la República sin comunicar previamente su resolución al juez de la tutela, a fin de que éste delibere sobre la continuación de la tutela, o nombramiento de otro tutor.

  Art. 432 - No podrá tampoco mandar a los pupilos fuera de la República o a otra Provincia, ni llevarlos consigo, sin autorización del juez.

  Art. 433 - El tutor responde de los daños causados por sus pupilos menores de 10 años que habiten con él.

  Art. 434 - El tutor no puede enajenar los bienes muebles o inmuebles del menor, sin autorización del juez de la tutela.

  Art. 435 - Le es prohibido también constituir sobre ellos derecho real alguno, o dividir los inmuebles que los pupilos posean en común con otros, si el juez no hubiese decretado la división con los copropietarios.

434 y 435. L. 4, tít. 5, part. 5ª, L. 60, tít. 18, part. 3ª. L. 18, tít. 16, part. 6ª. L. 27, tít. 37, lib. 5, Cód. romano. L. 5, §§ 14 y 15, tít. 9, lib. 27, Dig. Cód. francés, art. 457; de Holanda, 451 y sigs. Cód. sardo, arts. 331 y 374.

  Art. 436 - El tutor debe provocar la venta de la cosa que el menor tuviese en comunidad con otro, como también la división de la herencia en que tuviese alguna parte.

436. POTHIER sostiene por una razón jurídica de muy poco peso, que el tutor no puede provocar la división de la cosa que con otro tenga pro indiviso. Tratado "De las personas". part. 1ª, tít. 16, art. 3, § 2; pero véase L. 2, tít. 15, part. 6ª. L. 14, § 2, y L. 1, tít. 2, lib. 10, Dig. L. 5, tít. 37, lib. 3, Cód. romano.

    L340_Art_437

Art. 437 - Toda partición en que los menores estén interesados, sea de muebles o de inmuebles, como la división de la propiedad en que tengan una parte pro indiviso, debe ser judicial.

437. ZACHARIAE trata largamente la materia en el § 21, inc. 4, y en las notas 33 y sigs.

    L340_Art_438

Art. 438 - El juez puede conceder licencia para la venta de los bienes raíces de los menores, en los casos siguientes:

1º Cuando las rentas del pupilo fuesen insuficientes para los gastos de su educación y alimentos.

2º Cuando fuese necesario pagar deudas del pupilo, cuya solución no admita demora, no habiendo otros bienes, ni otros recursos para ejecutar el pago.

3º Cuando el inmueble estuviese deteriorado, y no pudiera hacerse su reparación sin enajenar otro inmueble o contraer una deuda considerable.

4º Cuando la conservación del inmueble por más tiempo, reclamara gastos de gran valor.

5º Cuando el pupilo posea un inmueble con otra persona, y la continuación de la comunidad le fuese perjudicial.

6º Cuando la enajenación del inmueble haya sido convenida por el anterior dueño, o hubiese habido tradición del inmueble, o recibo del precio, o parte de él.

7º Cuando el inmueble hiciese parte integrante de algún establecimiento del comercio o industria, que hubiese tocado en herencia al pupilo, y que deba ser enajenado con el establecimiento.

  Art. 439 - No será necesaria autorización alguna del juez, cuando la enajenación de los bienes de los pupilos fuese motivada por ejecución de sentencia, o por exigencia del copropietario de bienes indivisos con los pupilos, o cuando fuese necesario hacerla a causa de expropiación por utilidad pública.

  Art. 440 - Los bienes muebles serán prontamente vendidos, exceptuándose los que fueren de oro o plata, o joyas preciosas; los que fuesen necesarios para uso de los pupilos según su calidad y fortuna; los que hiciesen parte integrante de algún establecimiento de comercio o industria que a los pupilos les hubiese tocado en herencia, y éste no se enajenase; los retratos de familia y otros objetos destinados a perpetuar su memoria, como obras de arte o cosas de un valor de afección.

  Art. 441 - Los bienes muebles e inmuebles no podrán ser vendidos sino en remate público, excepto cuando los primeros sean de poco valor, y haya quien ofrezca un precio razonable por la totalidad de ellos, a juicio del tutor y del juez.

  Art. 442 - El juez puede dispensar que la venta de muebles e inmuebles se haga en remate público, cuando a su juicio la venta extrajudicial sea más ventajosa por alguna circunstancia extraordinaria, o porque en la plaza no se pueda alcanzar mayor precio, con tal que el que se ofrezca sea mayor que el de la tasación.

  Art. 443 - El tutor necesita la autorización del juez para los casos siguientes:

1º Para vender todas o la mayor parte de las haciendas de cualquier clase de ganado, que formen un establecimiento rural del menor.

2º Para pagar deudas pasivas del menor, si no fuesen de pequeñas cantidades.

3º Para todos los gastos extraordinarios que no sean de reparación o conservación de los bienes.

4º Para repudiar herencias, legados o donaciones que se hiciesen al menor.

5º Para hacer transacciones o compromisos sobre los derechos de los menores.

6º Para comprar inmuebles para los pupilos, o cualesquiera otros objetos que no sean estrictamente necesarios para sus alimentos y educación.

7º Para contraer empréstitos a nombre de los pupilos.

8º Para tomar en arrendamiento bienes raíces, que no fuesen la casa de habitación.

9º Para remitir créditos a favor del menor, aunque el deudor sea insolvente.

10º Para hacer arrendamientos de bienes raíces del menor que pasen del tiempo de 5 años. Aun los que se hicieran autorizados por el juez llevan implícita la condición de terminar a la mayor edad del menor, o antes si contrajere matrimonio, aun cuando el arrendamiento sea por tiempo fijo.

11º Para todo acto o contrato en que directa o indirectamente tenga interés cualquiera de los parientes del tutor, hasta el cuarto grado, o sus hijos naturales o alguno de sus socios de comercio.

12º Para hacer continuar o cesar los establecimientos de comercio o industria que el menor hubiese heredado, o en que tuviera alguna parte.

13º (Inciso incorporado por ley 17711 - BO: 26/04/1968) Prestar dinero de sus pupilos. La autorización sólo se concederá si existen garantías reales suficientes.

443. Nº 1. Muy importante en la materia la L. 22, Cód. romano, De administ. tut., que revocó las leyes anteriores.

4. Ni en el Cód. romano ni en nuestras leyes hay disposición alguna sobre la materia; pero el artículo está conforme con el Cód. francés, art. 461; de Nápoles, art. 384; sardo, 338; holandés, 459; de Luisiana, 345; Véase ZACHARIAE, § 221, inc. 2, y notas 25 y siguientes.

5. En el Derecho romano es dudoso este punto; en el Derecho español no hay ley sobre la materia. Véase el Cód. francés, art. 467; napolitano, 390; holandés, 465; sardo, 344. Por estos códigos debe preceder el dictamen de dos o más letrados, sobre la transacción que intente hacer el tutor. Véase ZACHARIAE, § 221, notas 43 y siguientes.

7. L. 60, tít. 18, part. 3ª. L. 18, tít. 16, part. 6ª. LL. 3 y 4, tít. 5, part. 5ª. LL. del tít. 39, lib. 5, Cód. romano. Cód. francés, art. 457; napolitano, 384; sardo, 331; holandés, 451; de Luisiana, 348.

9. ZACHARIAE, § 221, notas 48 y 49.

10. Ni en el Derecho romano, ni en las leyes españolas, hay disposición alguna sobre la materia. En los códigos extranjeros se nota un olvido absoluto. Mientras tanto, todos los autores que tratan de la tutela enseñan la doctrina de nuestro artículo.

  Art. 444 - Si el establecimiento fuese social, el tutor, tomando en consideración las disposiciones del testador, el contrato social, su naturaleza, estado del negocio y lugar del establecimiento, informará al juez de la tutela si conviene o no continuar o disolver la sociedad.

  Art. 445 - Si el juez, por los informes del tutor, resolviese que continúe la sociedad, autorizará al tutor para hacer las veces del socio fallecido de que el pupilo es sucesor.

  Art. 446 - Si el juez resolviese que la sociedad se disuelva luego o después de haberse vencido el tiempo de su duración, autorizará al tutor para que, de acuerdo con los demás interesados, ajuste la venta o la cesión de la cuota social del pupilo, al socio o socios sobrevivientes, o a un tercero, con asentimiento de éstos; y si no fuere posible la venta, para inspeccionar o promover la liquidación final y percibir lo que correspondiese al pupilo.

  Art. 447 - Las disposiciones de los tres artículos anteriores no son aplicables, cuando los pupilos fuesen interesados en sociedades anónimas, o en comandita por acciones.

  Art. 448 - Si el establecimiento no fuese social, el juez, tomando pleno conocimiento del negocio, autorizará al tutor para que por sí o por los agentes de su confianza, dirija las operaciones y trabajos, haga pagos y ejecute todos los demás actos de un mandatario con libre administración, sin necesidad de requerir autorización especial, sino en el caso de una medida extraordinaria.

  Art. 449 - Si el juez ordenare que el establecimiento cese luego, o cuando juzgare que su continuación sería perjudicial al pupilo, autorizará al tutor para enajenarlo, en venta pública o privada, después de tasada o regulada su importancia; y mientras no fuese posible venderlo, para proceder como el tutor lo encontrase menos perjudicial al menor.

  Art. 450 - Son prohibidos absolutamente al tutor, aunque el juez indebidamente lo autorice, los actos siguientes:

1º Comprar o arrendar por sí, o por persona interpuesta, bienes muebles o inmuebles del pupilo o venderle o arrendarle los suyos, aunque sea en remate público; y si lo hiciere, a más de la nulidad de la compra, el acto será tenido como suficiente para su remoción, con todas las consecuencias de las remociones de los tutores por conducta dolosa.

2º Constituirse cesionario de créditos o derechos o acciones contra sus pupilos, a no ser que las cesiones resultasen de una subrogación legal.

3º Hacer con sus pupilos contratos de cualquier especie.

4º Aceptar herencias deferidas al menor, sin beneficio de inventario.

5º Disponer a título gratuito de los bienes de sus pupilos, a no ser que sea para prestación de alimentos a los parientes de ellos, o pequeñas dádivas remuneratorias, o presentes de uso.

6º Hacer remisión voluntaria de los derechos de sus pupilos.

7º Hacer o consentir particiones privadas en que sus pupilos sean interesados.

8º (Derogado por la ley 17711 - BO: 26/04/1968)

9º Obligar a los pupilos, como fiadores de obligaciones suyas o de otros.

450. Nº 1. En contra, el Derecho romano. L. 5, tít. 38, lib. 4, Cód. romano, L. 5, § 2, tít. 8, lib. 26, Dig., y los Códigos francés, art. 450; napolitano, 373; sardo, 311; de Luisiana, 327, y de Holanda, 457. Puede deducirse entonces que todas las prohibiciones de los números que siguen podría salvarlas el tutor, siendo autorizado por el juez, lo cual sería dejar al arbitrio del juez toda la hacienda de los menores y la moral del cargo del tutor.

  Art. 451 - El tutor percibirá por sus cuidados y trabajos la décima parte de los frutos líquidos de los bienes del menor, tomando en cuenta, para la liquidación de ellos, los gastos invertidos en la producción de los frutos, todas las pensiones, contribuciones públicas o cargas usufructuarias a que esté sujeto el patrimonio del menor.

451. L. 2, tít. 7, lib. 3, F. R. La tutela era gratuita por el Derecho romano, pero el magistrado podía señalar al tutor un honorario proporcionado a las facultades del menor. L. 3, § 3, tít. 7, lib. 26, Dig. Los Códigos francés, napolitano y sardo nada disponen a este respecto. El Cód. de Luisiana, art. 342, da al tutor el diez por ciento de las rentas del menor. El holandés no le da honorario alguno, sino cuando los padres lo han señalado en su testamento. El de Baviera, sólo da al tutor el derecho a una remuneración, acabada la tutela, según hubiese sido su trabajo y el aumento de las rentas del menor. Lo mismo el de Prusia, cuando la tutela le hubiera absorbido mucho tiempo o hubiese tenido que hacer viajes en el interés del menor, art. 231. El de Austria dispone que pueda darse una retribución al tutor, la cual no debe pasar del cinco por ciento de las rentas del menor, arts. 266 y 267. El Cód. de Chile está conforme con nuestro artículo.

  Art. 452 - Respecto a los frutos pendientes al tiempo de principiar la tutela, se sujetará la décima a las mismas reglas a que está sujeto el usufructo.

  Art. 453 - El tutor no tendrá derecho a remuneración alguna, y restituirá lo que por ese título hubiese recibido, si contrariase a lo prescripto respecto al casamiento de los tutores o de sus hijos con los pupilos o pupilas, o si fuese removido de la tutela por culpa grave, o si los pupilos sólo tuviesen rentas suficientes para sus alimentos y educación, en cuyo caso la décima podrá disminuirse o no satisfacerse al tutor.

    Art. 454 - Si el tutor nombrado por los padres hubiese recibido algún legado de ellos, que pueda estimarse como recompensa de su trabajo, no tendrá derecho a la décima; pero es libre para no percibir el legado, o volver lo percibido y recibir la décima.

TÍTULO XI

De los modos de acabarse la tutela

    ART_455

Art. 455 - La tutela se acaba:

1º Por la muerte del tutor, su remoción o excusación admitida por el juez.

2º Por la muerte del menor, por llegar éste a la mayor edad o por contraer matrimonio.

455. L. 21, tít. 16, part. 6ª.

  Art. 456 - Sucediendo la muerte del tutor, sus albaceas, o sus herederos mayores de edad, deberán ponerlo inmediatamente en conocimiento del juez del lugar, y proveer entretanto a lo que las circunstancias exijan respecto a los bienes y persona del menor.

456. Véase el art. 3003 del Cód. de Luisiana. Cód. francés, art. 2010; sardo, 2043.

    Art. 457 - (Texto s/ley 10903 - BO: 27/10/1919) Los jueces podrán remover los tutores por incapacidad o inhabilidad de éstos, por no haber formado inventario de los bienes del menor en el término y forma establecidos en la ley, y porque no cuidasen debidamente de la salud, seguridad y moralidad del menor que tuviesen a su cargo, o de su educación profesional o de sus bienes.

457. LL. 15, tít. 16 y 1, tít. 18, part. 6ª. L. 13, tít. 51, lib. 5, Cód. romano. Nº 3º. L. 1, tít. 18, part. 6ª, Lib. 1, tít. 26, § § 5 y 12, Instit.

La ley 10903 - BO: 27/10/1919 fue derogada por ley 26061 - BO: 26/10/2005

TÍTULO XII

De las cuentas de la tutela

    ART_458

Art. 458 - El tutor está obligado a llevar cuenta fiel y documentada de las rentas y de los gastos, que la administración y la persona del menor hubiesen hecho necesarios, aunque el testador lo hubiera exonerado de rendir cuenta alguna.

458. Cód. de Chile, art. 415.

    Art. 459 - (Texto s/ley 26579 - BO: 22/12/2009) En cualquier tiempo el Ministerio de Menores o el menor mismo, siendo mayor de DIECISÉIS (16) años, cuando hubiese dudas sobre la buena administración del tutor, por motivos que el juez tenga por suficientes, podrá pedirle que exhiba las cuentas de la tutela.

459. El Cód. de Vaud, art. 264, manda al tutor dar cuenta anual de la tutela. Cód. de Chile, art. 416 y las citas del artículo siguiente.

  Art. 460 - Acabada la tutela, el tutor o sus herederos deben dar cuenta justificada de su administración, al menor o al que lo represente, en el término que el juez lo ordene, aunque el menor en su testamento lo hubiera eximido de este deber.

460. L. 6, tít. 11, part. 3ª. L. 94, tít. 18, part. 3ª. L. 21, tít. 16, part. 6ª. L. 2, tít. 7, lib. 3, F. R. Sobre la última parte, L. 5, tít. 10, part. 5ª. Proyecto de GOYENA, art. 255, y todos los Códigos modernos.

  Art. 461 - Contra el tutor que no dé verdadera cuenta de su administración, o que sea convencido de dolo o culpa grave, el menor que estuvo a su cargo tendrá el derecho de apreciar bajo juramento el perjuicio recibido, y el tutor podrá ser condenado en la suma jurada, si ella pareciere al juez estar arreglada a lo que los bienes del menor podían producir.

461. Cód. de Chile, art. 423.

  Art. 462 - Los gastos de rendición de cuentas deben ser anticipados por el tutor; pero le serán abonados por el menor si las cuentas estuviesen dadas en la debida forma.

462. Cód. francés, art. 471; holandés, 468; napolitano, 394; sardo, 347; de Luisiana, 352. L. 1, § 9, tít. 3, lib. 27, Dig.

  Art. 463 - Las cuentas deben ser dadas en el lugar en que se desempeñe la tutela.

463. L. 32, tít. 2, part. 3ª. Véase la "Catorcena". L. 54, tít. 3, lib. 3, Dig. L. 19, tít. 1, lib. 5, Dig.

  Art. 464 - Serán abonables al tutor todos los gastos debidamente hechos, aunque de ellos no hubiese resultado utilidad al menor, y aunque los hubiese anticipado de su propio dinero.

464. L. 3, tít. 4, lib. 27, Dig. Véase el art. 471. Cód. francés; holandés, 468; napolitano, 394; sardo, 347; de Luisiana, 352.

  Art. 465 - Hasta pasado un mes de la rendición de las cuentas, es de ningún valor todo convenio entre el tutor y el pupilo ya mayor o emancipado, relativo a la administración de la tutela, o a las cuentas mismas.

465. No hay ley sobre la materia, ni en el Derecho español, ni en el romano. El Cód. francés, art. 472, señala sólo diez días. Lo siguen el sardo, art. 349; de Nápoles, 395 y de Holanda, 470.

  Art. 466 - Los saldos de las cuentas del tutor producirán el interés legal.

466. Cód. francés, art. 474; napolitano, 397; sardo, 351; holandés, 471; de Luisiana, 353, y L. 2, tít. 56, lib. 5, Cód. romano. L. 28, tít. 7, lib. 26, Dig. L. 3, tít. 4, lib. 27. Dig.

    Art. 467 - Los que han estado bajo tutela, acabada ésta, pueden pedir la inmediata entrega de los bienes suyos que estén en poder del tutor, sin esperar a la rendición o aprobación de las cuentas.

TÍTULO XIII

De la curatela

CAPÍTULO I

Curatela a los incapaces mayores de edad

    Art_468

Art. 468 - Se da curador al mayor de edad incapaz de administrar sus bienes.

468. Véase Cód. francés, art. 489; de Nápoles, art. 412; sardo, 368.

  Art. 469 - Son incapaces de administrar sus bienes, el demente aunque tenga intervalos lúcidos, y el sordomudo que no sabe leer ni escribir.

469. L. 13, tít. 1, part. 6ª. Tít. 23, § 3, lib. 1, Instit. y los Códigos citados en el artículo anterior. El Derecho romano declaraba válido el testamento del demente, hecho en los intervalos lúcidos. Lo mismo podría inferirse de la ley citada. Pero el testamento era un acto revocable como no lo serían los demás que se permitieran al demente en los intervalos lúcidos. Los artículos citados de los códigos extranjeros no hablan de los sordomudos. El Derecho romano los declaraba incapaces. L. 8, tít. 5, lib. 26, Dig. Lo mismo el Derecho de las Partidas, L. 60, tít. 18, part. 3ª. L. 2, tít. 11, part. 5ª.

  Art. 470 - La declaración de incapacidad y nombramiento de curador pueden pedirla al juez, el Ministerio de Menores y todos los parientes del incapaz.

470. A ejemplo de la tutela, L. 12, tít. 16, part. 6ª y L. 10, tít. 58 y 6, tít. 56, lib. 6, Cód. romano. Cód. francés, arts. 490 y 491; napolitano, 413 y 414; sardo, 370; el de Luisiana, arts. 384 y 385, admite a los extraños y aun el procedimiento de oficio, si los parientes no se presentasen. El Cód. de Vaud aun admite a la Municipalidad, art. 290.

    Art. 471 - El juez, durante el juicio, puede, si lo juzgase oportuno, nombrar un curador interino a los bienes, o un interventor en la administración del demandado por incapaz.

471. Cód. francés, art. 497; napolitano, 420; sardo, 378; holandés, 495.

  Art. 472 - Si la sentencia que concluya el juicio, declarase incapaz al demandado, serán de ningún valor los actos posteriores de administración que el incapaz celebrare.

472. Cód. francés, art. 502; holandés, 500; sardo, 384, y véase L. 5, tít. 11, part. 5ª. L. 10, tít. 10, lib. 27 y 6, tít. 1, lib. 45, Dig.

  Art. 473 - Los anteriores a la declaración de incapacidad podrán ser anulados, si la causa de la interdicción declarada por el juez, existía públicamente en la época en que los actos fueron ejecutados.

(Párrafo incorporado por ley 17711 - BO: 26/04/1968) Si la demencia no era notoria, la nulidad no puede hacerse valer, haya habido o no sentencia de incapacidad, contra contratantes de buena fe y a título oneroso.

473. Cód. francés, art. 503; holandés, 501; sardo, 385; de Luisiana, 394, y véase L. 18, tít. 1, lib. 28, Dig.

  Art. 474 - Después que una persona haya fallecido, no podrán ser impugnados sus actos entre vivos, por causa de incapacidad, a no ser que ésta resulte de los mismos actos, o que se hayan consumado después de interpuesta la demanda de incapacidad.

(Párrafo incorporado por ley 17711 - BO: 26/04/1968) Esta disposición no rige si se demostrare la mala fe de quien contrató con el fallecido.

474. Cód. francés, art. 504; napolitano, 427; sardo, 386, y véase L. 1, tít. 14, Part 3ª.

  Art. 475 - Los declarados incapaces son considerados como los menores de edad, en cuanto a su persona y bienes. Las leyes sobre la tutela de los menores se aplicarán a la curaduría de los incapaces.

475. L. 13, tít. 16, part. 6ª. L. 5, tít. 11, part. 5ª. Cód. francés, art. 509; holandés, 506; de Luisiana, 361 y 362; prusiano, 553.

    Art. 476 - (Texto s/ley 26618 - BO: 22/07/2010) El cónyuge es el curador legítimo y necesario de su consorte, declarado incapaz.

476. Cód. francés, art. 506. Todos los Códigos extranjeros permiten sólo que la mujer sea nombrada curadora del marido. Véase GOYENA, art. 292.

  Art. 477 - (Texto s/ley 17711 - BO: 26/04/1968) Los hijos mayores de edad, son curadores de su padre o madre viudo declarado incapaz. Si hubiera dos o más hijos, el juez elegirá el que deba ejercer la curatela.

477. LL. 2 y 4, tít. 10, lib. 27, Dig. Proyecto de GOYENA, art. 293.

    Art. 478 - (Texto s/ley 26618 - BO: 22/07/2010) Cualquiera de los padres es curador de sus hijos solteros, divorciados o viudos que no tengan hijos mayores de edad, que puedan desempeñar la curatela.

478. Proyecto de GOYENA, art. 293.

  Art. 479 - En todos los casos en que el padre o madre puede dar tutor a sus hijos menores de edad, podrá también nombrar curadores por testamento a los mayores de edad, dementes o sordomudos.

479. L. 16, tít. 10, lib. 27, Dig. Véase Cód. sardo, art. 390.

  Art. 480 - El curador de un incapaz que tenga hijos menores es también tutor de éstos.

480. Cód. holandés, art. 507. Proyecto de GOYENA, art. 296.

  Art. 481 - La obligación principal del curador del incapaz será cuidar que recobre su capacidad, y a este objeto se han de aplicar con preferencia las rentas de sus bienes.

481. Cód. francés, art. 510; napolitano, 433; sardo, 393.

    Nacional_L_340_art_482

Art. 482 - (Texto s/ley ley 26657 - BO: 03/12/2010) No podrá ser privado de su libertad personal el declarado incapaz por causa de enfermedad mental o adicciones, salvo en los casos de riesgo cierto e inminente para sí o para terceros, quien deberá ser debidamente evaluado por un equipo interdisciplinario del servicio asistencial con posterior aprobación y control judicial.

Las autoridades públicas deberán disponer el traslado a un establecimiento de salud para su evaluación a las personas que por padecer enfermedades mentales o adicciones se encuentren en riesgo cierto e inminente para sí o para terceros.

A pedido de las personas enumeradas en el artículo 144 el juez podrá, previa información sumaria, disponer la evaluación de un equipo inter-disciplinario de salud para las personas que se encuentren afectadas de enfermedades mentales y adicciones, que requieran asistencia en establecimientos adecuados aunque no justifiquen la declaración de incapacidad o inhabilidad.

482. Cód. de Chile, art. 466.

  Art. 483 - El declarado incapaz no puede ser transportado fuera de la República sin expresa autorización judicial, dada por el consejo cuando menos de dos médicos, que declaren que la medida es conveniente a su salud.

483. Cód. de Luisiana, art. 410.

  Art. 484 - Cesando las causas que hicieron necesaria la curatela, cesa también ésta por la declaración judicial que levante la interdicción.

484. L. 1, tít. 10, lib. 27, Dig. Cód. francés, art. 512; sardo, 395; napolitano, 435; holandés, 516.

CAPÍTULO II

Curadores a los bienes

    Art_485

Art. 485 - Los curadores a los bienes podrán ser dos o más, según lo exigiese la administración de ellos.

  Art. 486 - Se dará curador a los bienes del difunto cuya herencia no hubiese sido aceptada, si no hubiese albacea nombrado para su administración.

  Art. 487 - Si hubiese herederos extranjeros del difunto, el curador de los bienes hereditarios será nombrado con arreglo a los tratados existentes con las naciones a que los herederos pertenezcan.

  Art. 488 - Los curadores de los bienes están sujetos a todas las trabas de los tutores o curadores, y sólo podrán ejercer actos administrativos de mera custodia y conservación, y los necesarios para el cobro de los créditos y pago de las deudas.

  Art. 489 - A los curadores de los bienes corresponde el ejercicio de las acciones y defensas judiciales de sus representados; y las personas que tengan créditos contra los bienes, podrán hacerlos valer contra los respectivos curadores.

    Art. 490 - La curaduría de bienes se acaba por la extinción de éstos, o por haberse entregado a aquellos a quienes pertenecían.

  TÍTULO XIV

Del Ministerio Público de Menores

  Art. 491 - El defensor oficial de menores debe pedir el nombramiento de tutores o curadores de los menores o incapaces que no los tengan; y aun antes de ser éstos nombrados, puede pedir también, si fuese necesario, que se aseguren los bienes, y se pongan los menores o incapaces en una casa decente.

  Art. 492 - El nombramiento de los tutores y curadores, como el discernimiento de la tutela y curatela, debe hacerse con conocimiento del defensor de menores, quien podrá deducir la oposición que encuentre justa, por no convenir los tutores o curadores al gobierno de la persona y bienes de los menores o incapaces.

  Art. 493 - El Ministerio de Menores debe intervenir en todo acto o pleito sobre la tutela o curatela, o sobre el cumplimiento de las obligaciones de los tutores o curadores. Debe también intervenir en los inventarios de los bienes de los menores e incapaces, y en las enajenaciones o contratos que conviniese hacer. Puede deducir las acciones que correspondan a los tutores o curadores, cuando éstos no lo hiciesen. Puede pedir la remoción de los tutores o curadores por su mala administración, y ejecutar todos los actos que correspondan al cuidado que le encarga la ley, de velar en el gobierno que los tutores y curadores ejerzan sobre la persona y bienes de los menores e incapaces.

    Art. 494 - Son nulos todos los actos y contratos en que se interesen las personas o bienes de los menores e incapaces, si en ellos no hubiese intervenido el Ministerio de Menores.

LIBRO SEGUNDO

De los derechos personales en las relaciones civiles

SECCIÓN PRIMERA

PARTE PRIMERA

  De las obligaciones en general -##-(*)

TÍTULO I

De la naturaleza y origen de las obligaciones

  Art. 495 - Las obligaciones son: de dar, de hacer o de no hacer.

495. Nos abstenemos de definir porque, como dice FREITAS, las definiciones son impropias de un código de leyes, y no porque haya peligro en hacerlo, pues mayor peligro hay en la ley que en la doctrina. En un trabajo legislativo sólo pueden admitirse aquellas definiciones que estrictamente contengan una regla de conducta, o por la inmediata aplicación de sus vocablos, o por su influencia en las disposiciones de una materia especial. La definición exacta de los términos de que se sirve el legislador para expresar su voluntad, no entra en sus atribuciones. La definición es del dominio del gramático y del literato, si la expresión corresponde al lenguaje ordinario, y es de la atribución del profesor cuando la expresión es técnica. En todo caso es extraña a la ley, a menos que sea legislativa, es decir, que tenga por objeto restringir la significación del término de que se sirva, a las ideas que reúnan exactamente todas las condiciones establecidas en la ley. Lo que pensamos sobre las definiciones se extiende por los mismos motivos a toda materia puramente doctrinal, a lo que generalmente se llama principios jurídicos, pues la ley no debe extenderse sino a lo que dependa de la voluntad del legislador. Ella debe ser imperativa, y sea que mande o prohíba debe sólo expresar la voluntad del legislador. Así como existe una diferencia notable entre la jurisprudencia y la legislación, así también la ley nada tiene de común con un tratado científico de derecho.

Contrayéndonos al art. 495, entendemos por la palabra "dar", las prestaciones que tienen por fin un cambio en el derecho de las cosas, en el sentido que el deudor debe procurar al acreedor la propiedad o algún derecho real. Dare, est accipientis facere. Inst. § 14, De actionib. La expresión es empleada, ya en un sentido amplio, ya en un sentido estricto. La misma expresión aun se aplica a actos que no se refieren al derecho de las cosas, sino que deben simplemente aumentar el patrimonio del acreedor por una cesión, por ejemplo, o librándole de una deuda.

"Prestar" equivale a entregar, suministrar, procurar alguna cosa por otro título que el de la propiedad. Nosotros tomamos la palabra "prestar", prestación, en un sentido general que abraza una y otra idea.

La expresión hacer, facere se emplea muchas veces tanto en el sentido positivo como en el sentido negativo (Inst. De verb. oblig. § 7, L. 75, Dig. eod.). El hecho comprende todos los actos u omisiones que no pueden entrar en la dación: yo puedo obligarme a construir una casa, o puedo, también, obligarme a no impedir que un tercero pase por mi propiedad. SAVIGNY, Derecho de las obligaciones, § 28. ORTOLAN, Generalización, núm. 69.

  Art. 496 - El derecho de exigir la cosa que es objeto de la obligación, es un crédito, y la obligación de hacer o no hacer, o de dar una cosa, es una deuda.

496. ORTOLAN, Generalización, núm. 69. ZACHARIAE, nota 2 al § 525.

  Art. 497 - A todo derecho personal corresponde una obligación personal. No hay obligación que corresponda a derechos reales.

497. AUBRY y RAU, § 296. El Cód. francés distingue las obligaciones en personales y reales, como distingue los derechos. Sus comentadores dicen que una obligación es real cuando incumbe al deudor, no relativamente a su persona, sino sólo en su calidad de poseedor de una cosa cierta; en otros términos, cuando el deudor obligado al cumplimiento de la obligación, no lo es personalmente o con su patrimonio, sino sólo como poseedor de ciertas cosas; y que así la obligación de un tercer poseedor de un inmueble hipotecado, de pagar, o hacer entrega del inmueble, es una obligación real. TOULLIER, t. 3, núms. 344 y sigs. ZACHARIAE, § 529. Nosotros decimos que el derecho puede ser un derecho real, como la hipoteca; pero la obligación del deudor es meramente personal con el accesorio de la hipoteca, pero ésta no es una obligación accesoria. Cuando la cosa sale del poder del que la obliga, y pasa a otro poseedor, éste se halla en la misma posición respecto del acreedor, que tiene un derecho real que cualquiera otra persona, a quien se prohíbe impedir el ejercicio de los derechos reales; pero no le constituye la posición del deudor. MARCADE dice, respecto a esto: "Cuando me habéis vendido vuestra casa, estáis obligado a no molestarme en el goce del inmueble; pero esto no es una obligación de no hacer, pues no os priváis de ningún derecho. Esta necesidad nada tiene que os sea personal: ella es común a todos; es para vos, como para los otros, la consecuencia y correlación de mi derecho real existente erga omnes. Esta necesidad general y común a todos que corresponde a un derecho real, forma un deber que cada uno está, sin duda, en el caso de respetar, como una obligación personal, mas no constituye una obligación. Sobre el art. 1101, núm. 387.

ORTOLAN dice: Derecho personal es aquel en que una persona es individualmente sujeto pasivo del derecho. Derecho real es aquel en que ninguna persona es individualmente sujeto pasivo del derecho. O, en términos más sencillos, un derecho personal es aquel que da la facultad de obligar individualmente a una persona a una prestación cualquiera, a dar, a suministrar, a hacer o no hacer alguna cosa. Un derecho real es aquel que da la facultad de sacar de una cosa cualquiera un beneficio mayor o menor. Generalización, § 67.

    ART_498

Art. 498 - Los derechos no transmisibles a los herederos del acreedor, como las obligaciones no transmisibles a los herederos del deudor, se denominan en este Código: "derechos inherentes a la persona, obligaciones inherentes a la persona".

  Art. 499 - No hay obligación sin causa, es decir, sin que sea derivada de uno de los hechos, o de uno de los actos lícitos o ilícitos, de las relaciones de familia, o de las relaciones civiles.

499. El Cód. francés y los demás Códigos que lo han tomado por modelo, han confundido las causas de los contratos con las causas de las obligaciones. Como éstas nacen, a más de los contratos y cuasicontratos que son los actos lícitos, de los actos ilícitos, delitos y cuasidelitos, y de las relaciones de familia, la causa de ella debe hallarse en estas fuentes que las originan, y no sólo en los contratos. ORTOLAN, después de hablar de las causas de las obligaciones que nacen de los contratos, continúa así: "Si una persona ha causado perjuicio a otra ya voluntariamente, y con mal propósito, ya involuntariamente, pero por culpa suya, el principio de la razón natural de que es preciso reparar el mal que se ha causado, nos dice que aquí hay un hecho productor de obligación. Si una persona encuentra que tiene por una circunstancia cualquiera lo que pertenece a otra; si aparece enriquecido de un modo cualquiera en detrimento de otra, ya voluntaria, ya involuntariamente, el principio de la razón natural de que ninguno debe enriquecerse con perjuicio de otro, y de que hay obligación de restituir aquello con que se ha enriquecido, nos dice también que hay en esto un hecho causante de obligación. Así, por un lado el consentimiento de las partes, los contratos por otro, los innumerables hechos que son producto, ya de la voluntad o actividad del hombre, ya de causas que son independientes de él, por efecto de las cuales puede una persona haber ofendido por culpa suya a otra, o haberse enriquecido con perjuicio de alguno, nos ofrecen diariamente innumerables y repetidas causas de obligaciones. Añádanse a esto, en la constitución de la familia, ciertas relaciones entre personas que deben producir vínculos de derecho, obligaciones de unas con respecto a otras, por ejemplo, produciendo el hecho de la generación, obligación entre el padre y la madre por una parte, y los hijos por otra, por la causa de que unos han dado la existencia y los otros la han recibido, tenéis otra fuente de obligaciones según los principios de la pura razón filosófica" (t. 2, pág. 160).

Por todo esto, el artículo dice que la causa de las obligaciones debe derivarse de uno de los hechos o de uno de los actos lícitos o ilícitos, de las relaciones de familia o de las relaciones civiles.

MARCADE, en su comentario al Cód. francés, art. 1108, demuestra también que las causas de las obligaciones son diferentes de las causas de los contratos.

  Art. 500 - Aunque la causa no esté expresada en la obligación, se presume que existe, mientras el deudor no pruebe lo contrario.

500. Cód. francés, art. 1132; sardo, 1223; de Nápoles, 1086; holandés, 1372.

  Art. 501 - La obligación será válida aunque la causa expresada en ella sea falsa, si se funda en otra causa verdadera.

501. Cód. de Luisiana, art. 1891; holandés, 1372.

    ART_502

Art. 502 - La obligación fundada en una causa ilícita, es de ningún efecto. La causa es ilícita, cuando es contraria a las leyes o al orden público.

502. Cód. francés, arts. 1131 y 1133; napolitano, 1085 y 1087; sardo, 1221 y 1224; holandés, 1371 y 1373.

  CAMPO_Artículo_503

  Art. 503 - Las obligaciones no producen efecto sino entre acreedor y deudor, y sus sucesores a quienes se transmitiesen.

503. LL. 11, tít. 14, part. 3ª, y 3, tít. 11, lib. 1, F. R. Cód. francés, art. 1165; sardo, 1192; napolitano, 1118; holandés, 1376.

  CAMPO_Artículo_504

  Art. 504 - Si en la obligación se hubiere estipulado alguna ventaja en favor de un tercero, éste podrá exigir el cumplimiento de la obligación, si la hubiese aceptado y hécholo saber al obligado antes de ser revocada.

504. Proyecto de GOYENA, art. 977. Cód. francés, art. 1121; sardo, 1208; holandés, 1353; napolitano, 1075.

      ART_505

Art. 505 - Los efectos de las obligaciones respecto del acreedor son:

1º Darle derecho para emplear los medios legales, a fin de que el deudor le procure aquello a que se ha obligado.

2º Para hacérselo procurar por otro a costa del deudor.

3º Para obtener del deudor las indemnizaciones correspondientes.

Respecto del deudor, el cumplimiento exacto de la obligación le confiere el derecho de obtener la liberación correspondiente, o el derecho de repeler las acciones del acreedor, si la obligación se hallase extinguida o modificada por una causa legal.

(Párrafo incorporado por ley 24432 - BO: 10/01/1995) Si el incumplimiento de la obligación, cualquiera sea su fuente, derivase en litigio judicial o arbitral, la responsabilidad por el pago de las costas, incluidos los honorarios profesionales de todo tipo allí devengados y correspondientes a la primera o única instancia, no excederá del veinticinco por ciento (25%) del monto de la sentencia, laudo, transacción o instrumento que ponga fin al diferendo. Si las regulaciones de honorarios practicadas conforme a las leyes arancelarias o usos locales, correspondientes a todas las profesiones y especialidades superan dicho porcentaje, el juez procederá a prorratear los montos entre los beneficiarios. Para el cómputo del porcentaje indicado, no se tendrá en cuenta el monto de los honorarios de los profesionales que hubieren representado, patrocinado o asistido a la parte condenada en costas.

505. El Cód. francés y los otros de Europa que regularmente lo siguen, confunden los efectos de los contratos con los efectos de las obligaciones. "¿Cómo tomar como una misma cosa", dice MARCADE, "el efecto del contrato y el efecto de la obligación, cuando las más veces obligación no es sino un efecto del contrato? Los efectos de los contratos son: 1º, crear obligaciones; 2º, extinguir obligaciones; 3º, transferir la propiedad o sus desmembraciones. En cuanto a los efectos de la obligación, consisten únicamente en permitir al acreedor emplear los medios legales: 1º, para forzar a su deudor a procurarle aquello a que se obligó; 2º, para hacérselo procurar por otros, si hay lugar, a costa del deudor; 3º, como último recurso, para obtener del deudor las indemnizaciones correspondientes. Si la obligación no produce jamás los efectos del contrato, el contrato recíprocamente no produce los efectos de la obligación. Sin duda que si el contrato puede producir la obligación misma, puede arrastrar consigo los efectos de esta obligación, mas los llevará como consecuencias ulteriores y no como engendrados por él. En segundo lugar, el contrato puede bien existir sin hacer nacer obligación alguna, produciendo sólo extinción de obligaciones, o transmisión de derechos reales. En fin, si la obligación y por consecuencia sus efectos, pueden resultar del contrato, pueden también nacer de otro origen: por lo tanto, los efectos del contrato no pueden ser jamás producidos por la obligación. Y en cuanto a los efectos de la obligación, existen regularmente sin que haya ningún contrato. Recíprocamente un contrato podrá existir sin que haya ningún efecto de obligación; y en el caso mismo que ese efecto descendiese de una obligación, no sería sino como una consecuencia remota; no sería como efecto del contrato, sino como efecto de la obligación, la cual habría siempre producido ese efecto, aunque no tuviera el contrato por principio" (t. 4, núms. 460 y 461).

  Art. 506 - El deudor, es responsable al acreedor de los daños e intereses que a éste resultaren por dolo suyo en el cumplimiento de la obligación.

  Art. 507 - El dolo del deudor no podrá ser dispensado al contraerse la obligación.

507 . L. 29, tít. 11, part. 5ª. LL. 27, § 30, tít. 14, lib. 2, y 5, tít. 7, lib. 26, Digesto.

  Art. 508 - El deudor es igualmente responsable por los daños e intereses que su morosidad causare al acreedor en el cumplimiento de la obligación.

508. Sobre la mora pueden verse las LL. 4, tít. 3; 28, tít. 8; 8, tít. 14, y 35, tít. 11, part. 5ª. Véase MAYNZ que trata perfectamente la materia.

    ART_509

Art. 509 - (Texto s/ley 17711 - BO: 26/04/1968) En las obligaciones a plazo, la mora se produce por su solo vencimiento.

Si el plazo no estuviere expresamente convenido, pero resultare tácitamente de la naturaleza y circunstancias de la obligación, el acreedor deberá interpelar al deudor para constituirlo en mora.

Si no hubiere plazo, el juez a pedido de parte, lo fijará en procedimiento sumario, a menos que el acreedor opte por acumular las acciones de fijación de plazo y de cumplimiento, en cuyo caso el deudor quedará constituido en mora en la fecha indicada por la sentencia para el cumplimiento de la obligación.

Para eximirse de las responsabilidades derivadas de la mora, el deudor debe probar que no le es imputable.

509. Por las Leyes de Partida y por las del Cód. romano, el simple vencimiento de la obligación a plazo equivalía a una interpelación, y ésta no era, por lo tanto, necesaria. LL. 18 y 35, tít. 11, part. 5ª. En las otras obligaciones era necesaria la interpelación. LL. citadas de Partida y 32, tít. 1, lib. 22, Dig. El artículo es conforme al 1139 del Cód. francés, 1272 de Holanda, 1093 de Nápoles y 1230 del sardo. Estando ausente el deudor, la protesta, dice la ley romana, hace las veces de petición. L. 23, tít. 1, lib. 22, Dig., y L. 2, tít. 2, lib. 22, íd. Respecto al inc. 2, véase la L. 44, tít. 14, part. 5ª. Sobre todo este artículo trata MAYNZ extensamente en el § 264.

El deudor se encuentra también constituido en mora, sin necesidad de interpelación: 1º, cuando la interpelación se hace imposible por una causa que proviene de su persona; 2º, cuando la obligación resulta de una posesión de mala fe o de un delito; 3º, todas las veces que el retardo en la ejecución equivale a una inejecución completa. Véase a MAYNZ, Derecho romano, § 264.

El acreedor se encuentra en mora toda vez que por un hecho o por una omisión culpable, hace imposible o impide la ejecución de la obligación, por ejemplo, rehusando aceptar la prestación debida en el lugar y tiempo oportuno, no encontrándose en el lugar convenido para la ejecución o rehusando concurrir a los actos indispensables para la ejecución, como la medida o el peso de los objetos que se deban entregar, o la liquidación de un crédito no líquido (la cita anterior).

  ART_510

  Art. 510 - En las obligaciones recíprocas, el uno de los obligados no incurre en mora si el otro no cumple o no se allana a cumplir la obligación que le es respectiva.

510. Cód. de Luisiana, art. 1907. L. 31 al fin, tít. 1, lib. 12, Dig., y véase LL. 27, tít. 5 y 35, tít. 11, part. 5ª.

    ART_511

Art. 511 - El deudor de la obligación es también responsable de los daños e intereses, cuando por culpa propia ha dejado de cumplirla.

    ART_512

Art. 512 - La culpa del deudor en el cumplimiento de la obligación consiste en la omisión de aquellas diligencias que exigiere la naturaleza de la obligación, y que correspondiesen a las circunstancias de las personas, del tiempo y del lugar.

512. Las Leyes de Partida reconocen tres especies de culpas: grave, leve y levísima. El Derecho romano no reconocía en verdad sino las dos primeras.

Si la utilidad es común para el deudor y acreedor, se presta sólo la culpa leve. Si únicamente es de utilidad para el acreedor, el deudor presta sólo la culpa grave; pero si es de utilidad sólo para el deudor, éste presta la culpa levísima. El tipo que se tomaba para la graduación de las culpas era el buen padre de familia, más o menos diligente. Pero toda esta ciencia de nada servía al juez, cuando en los juicios era preciso aplicarla. BARBEYRAC lo había juzgado así y decía: "La división de las culpas es más ingeniosa que útil en la práctica, pues a pesar de ella, será necesario a cada culpa que ocurra, poner en claro si la obligación del deudor es más o menos estricta, cuál es el interés de las partes, cuál ha sido su intención al obligarse, cuáles son las circunstancias todas del caso. Cuando la conciencia del juez se halle convenientemente ilustrada sobre estos puntos, no son necesarias reglas generales para fallar conforme a la equidad. La teoría de la división de las culpas en diferentes clases, sin poder determinarlas, sólo sirve para derramar una luz falsa y dar pábulo a innumerables contestaciones".

ZACHARIAE dice también, respecto a esto: "La teoría de la prestación de las culpas es una de las más oscuras en el derecho. Pero, en fin, ya no es permitido hablar ni de culpa lata, ni de culpa leve, ni de culpa levísima. Sin duda hay culpas, que por razón de las circunstancias, de la posición de las partes respecto a las obligaciones especiales que les son impuestas, son más graves o más ligeras las unas que las otras; pero no hay culpa que considerada en sí misma, prescindiendo de las circunstancias del lugar, del tiempo y de las personas, pueda ser clasificada por datos abstractos y por una medida invariable y absoluta como culpa grave, como culpa leve o como culpa levísima. La gravedad de la culpa, su existencia misma, está siempre en razón de su imputabilidad, es decir, con las circunstancias en las cuales ella se produce. Donde no hay un hecho legalmente imputable, no hay culpa. Si se conviniese clasificar las culpas en abstracto, comparándolas con tipos imaginarios e igualmente abstractos, sería siempre preciso en la práctica considerarlas en concreto: tener siempre presente el hecho, y seguir los datos positivos del negocio, para determinar la existencia e importancia de las culpas, y entonces las divisiones teóricas son más bien un embarazo que un socorro. La sola ley es la conciencia del juez. Si por una reminiscencia de las antiguas denominaciones, el Código toma por término de comparación de los cuidados que incumben al que está obligado a velar por la conservación de una cosa, la diligencia de un buen padre de familia, no ha querido sin duda mantener una clasificación que excluye los términos de los artículos, cuando no hay un tipo conocido, al cual pueda referirse y medir por él las diligencias que hace un buen padre de familia. El artículo del Código se reduce a un consejo a los jueces de no tener ni demasiado rigor, ni demasiada indulgencia, y de no exigir del deudor de la obligación sino los cuidados razonables, debidos a la cosa que está encargado de conservar, sea en razón de la naturaleza de ella, sea en razón de las circunstancias variables al infinito, que modifican su obligación para hacerla más o menos estricta.

  Articulo513

  Art. 513 - El deudor no será responsable de los daños e intereses que se originen al acreedor por falta de cumplimiento de la obligación, cuanto éstos resultaren de caso fortuito o fuerza mayor, a no ser que el deudor hubiera tomado a su cargo las consecuencias del caso fortuito, o éste hubiere ocurrido por su culpa, o hubiese ya sido aquél constituido en mora, que no fuese motivada por caso fortuito, o fuerza mayor.

513. LL. 3, tít. 2, y 8, tít. 8, part. 5ª, al fin. Sobre la mora, L. 1, tít. 3, § 35, lib. 16, Dig. y L. 6, tít. 24, lib. 4, Cód. romano. Cód. francés, art. 1148; de Nápoles, 1102; sardo, 1238.

      Articulo5   14

Art. 514 - Caso fortuito es el que no ha podido preverse, o que previsto, no ha podido evitarse.

514. L. 11, tít. 33, part. 7ª y L. 6, tít. 24, lib. 4, Cód. romano. Los casos fortuitos o de fuerza mayor son producidos por dos grandes causas: por la naturaleza o por el hecho del hombre. Los casos fortuitos naturales son, por ejemplo, la impetuosidad de un río que sale de su lecho: L. 15, Dig. Loc. Cond.; los terremotos o temblores de la tierra (íd.), las tempestades; L. 2, Dig. Si quis caution; el incendio: Dig. De incendiis; las pestes, etc. L. 5, § 4, Dig. Commodato. Mas los accidentes de la naturaleza no constituyen casos fortuitos, dice TROPLONG, mientras que por su intensidad no salgan del orden común. No se debe por lo tanto calificar como caso fortuito o de fuerza mayor los acontecimientos que son resultado del curso ordinario y regular de la naturaleza, como la lluvia, el viento, la creciente ordinaria de los ríos, etc.; pues las estaciones tienen su orden y su desarreglo, que producen accidentes y perturbaciones que también traen daños imprevistos.

Los casos de fuerza mayor son hechos del hombre, como la guerra, el hecho del soberano, o fuerza de príncipe, como dicen los libros de Europa. Se entienden por hechos del soberano los actos emanados de su autoridad, tendiendo a disminuir los derechos de los ciudadanos. Las violencias y las vías de hecho de los particulares no se cuentan en el número de los casos de fuerza mayor, porque son delitos, y como tales están sujetos a otros principios que obligan a la reparación del mal que causen.

El artículo habla de "casos fortuitos previstos", pero no debe entenderse de una previsión precisa, conociendo el lugar, el día y la hora en que el hecho sucederá, sino de la eventualidad de tal hecho que puede, por ejemplo, destruir los frutos de la tierra, sin que sea posible saber dónde y cuándo sucederá. Por esto, el art. 1773 del Cód. francés dice: "La estipulación que pone los casos fortuitos a cargo del tomador de una hacienda de labranza, no se entiende sino de los casos fortuitos ordinarios, tales como el granizo, el hielo, la seca, y no de los casos fortuitos extraordinarios, como la guerra, los terremotos, etcétera".

TÍTULO II

De las obligaciones naturales

  Art. 515 - Las obligaciones son civiles o meramente naturales. Civiles son aquellas que dan derecho a exigir su cumplimiento. Naturales son las que, fundadas sólo en el derecho natural y en la equidad, no confieren acción para exigir su cumplimiento, pero que cumplidas por el deudor, autorizan para retener lo que se ha dado por razón de ellas, tales son:

1. (Derogado por la ley 17711 - BO: 26/4/1968)

2. Las obligaciones que principian por ser obligaciones civiles, y que se hallan extinguidas por la prescripción.

3. Las que proceden de actos jurídicos, a los cuales faltan las solemnidades que la ley exige para que produzcan efectos civiles; como es la obligación de pagar un legado dejado en un testamento, al cual faltan formas sustanciales.

4. Las que no han sido reconocidas en juicio por falta de prueba, o cuando el pleito se ha perdido, por error o malicia del juez.

5. Las que se derivan de una convención que reúne las condiciones generales requeridas en materia de contratos; pero a las cuales la ley, por razones de utilidad social, les ha denegado toda acción; tales son las deudas de juego.

515. La obligación civil se funda en el derecho civil, y es garantizada por las instituciones civiles, por medio de una acción. Hay obligación natural siempre que, según el jus gentium, existe un vínculo obligatorio entre dos personas. Este vínculo, a menos que la ley civil no lo repruebe expresamente, merece ser respetado; pero mientras no esté positivamente sancionado, no hay derecho para invocar la intervención de los tribunales, institución esencialmente civil, es decir, que el acreedor no tiene acción para demandar la ejecución de su derecho. Por el Derecho romano no había obligación civil ni pretoriana, por los actos que originaban la obligación natural. Sólo ocasionalmente y por medios menos directos, podía el acreedor hacerla valer. Sin embargo, ella producía muchas veces los efectos de las obligaciones ordinarias. La obligación natural servía de causa de compensación como una obligación ordinaria: L. 6, Dig. De compent. Excluía la repetición de lo que se había pagado aun por error: L. 10, Dig. De oblig et act, y L. 19. Dig. Decondit., indebiti; podía ser asegurada con fiador, Instit. De fidejuss § 1, o con prendas o hipotecas; L. 5, Dig. De Pign, o ser transformada por la novación en una convención obligatoria; L. 1, Dig. De Novat. Nuestras leyes les dan casi los mismos efectos; L. 5, tít. 12, Part. 5ª, LL. 4, 6, 18 y 31, tít. 14, Part. 5ª. Por estos efectos de tanta importancia DURANTON juzga que hay un blanco en los códigos en materia de obligaciones, y que corresponde a los jueces en virtud del art. 4 del Cód. francés, decidir cuándo hay una obligación natural.

ZACHARIAE procura en el § 525, nota 10, establecer reglas generales sobre las obligaciones naturales. "Es preciso, dice, para determinar los efectos de las obligaciones naturales, hacer varias clases de ellas. Hay obligaciones naturales que la ley reprueba por el desfavor inherente a su causa, como las deudas de juego. Esas obligaciones no dan ninguna acción, pero lo que ha sido voluntariamente pagado no puede repetirse. Sin embargo, como la ley reprueba la causa de la obligación, y por consiguiente la obligación misma, reprueba también las obligaciones accesorias que tengan por objeto asegurar la ejecución".

"Hay obligaciones que la ley rehusa reconocer por razón de las personas que las han contraído, por ejemplo, las obligaciones de una mujer casada. Estas obligaciones, sin embargo, pueden ser afianzadas porque no reprobando la ley el principio de la obligación no puede reprobar las obligaciones accesorias que tienen por causa la primera obligación. Pero otra cosa sería, y entonces la obligación no podría ser afianzada, si en vez de ser contraída por una persona inhábil bajo el punto de vista de la ley civil, lo fuese por una persona naturalmente incapaz, como, por ejemplo, un demente o un menor que no hubiese llegado a la edad del discernimiento. En estos casos, ni aun habría obligación natural. Pero si el fiador hubiese conocido la nulidad de la obligación, su fianza sería firme, menos como fianza que como obligación de pagar la cosa que hacía el objeto de la obligación nula. Hay obligaciones que han comenzado por ser obligaciones civiles, pero que contra el ejercicio de ellas el deudor ha adquirido una sentencia que las declara inadmisibles, porque están prescriptas, o por otras causas legales sin embargo, pueden ser afianzadas y no dan lugar a repetir lo pagado. Hay obligaciones civiles que continúan existiendo como obligaciones, cuando por razones políticas o de orden público la ley retira la acción que le había concedido. Resulta de todo lo que precede, que el efecto común de todas las obligaciones naturales es impedir la repetición de lo pagado, porque se ha pagado lo que verdaderamente era debido; pero que ellas no pueden ser compensadas, porque la compensación es de derecho, y el pago es de hecho. Resulta igualmente que las obligaciones naturales pueden ser garantidas y afianzadas, cuando no son reprobadas por la ley civil, o contrarias al orden público, pero resulta también que la obligación natural, si puede servir de base a una excepción, no puede por sí misma dar ninguna acción al acreedor, porque la acción que consiste en poner en ejercicio los medios coercitivos establecidos por la ley civil, no puede ser llamada al socorro de una obligación que la ley civil desconoce o reprueba. Una distinción análoga sirve para resolver la cuestión de si las obligaciones naturales pueden por medios de una novación, venir a ser obligaciones civiles. Ellas no son susceptibles de novación cuando son contrarias a la ley o al orden público, sino únicamente en el caso que puedan valer como obligaciones civiles. En cuanto a la cuestión de si las obligaciones naturales pueden, por medio de la ratificación o confirmación, llegar a ser obligaciones civiles, creemos que la afirmativa es cierta para aquellas que han llegado a ser naturales, después de haber sido primitivamente civiles, como las obligaciones prescriptas, o que son naturales por razón de inhabilidad del obligado. Mas las obligaciones naturales reprobadas por el derecho civil, como las de juego, no son susceptibles de ratificación. Nos inclinamos a creer que lo mismo sería respecto a las obligaciones que, primitivamente civiles, han venido a ser naturales en virtud de las leyes políticas o de orden público, que han abrogado los contratos de donde ellas resultaban".

Creyendo justa la observación de DURANTON, sobre la falta que advierte en los códigos, respecto de las obligaciones naturales, tomamos lo dispuesto en el de Chile, el único en que se encuentran las leyes positivas sobre dichas obligaciones.

  Art. 516 - El efecto de las obligaciones naturales es que no puede reclamarse lo pagado, cuando el pago de ellas se ha hecho voluntariamente por el que tenía capacidad legal para hacerlo.

516. En esta expresión "lo pagado" se comprende no sólo la dación o entrega de cualesquiera cosas, sino también la ejecución de un hecho, la fianza de una obligación, la suscripción de un documento, el abandono de un derecho, el perdón de una deuda. La significación jurídica de pago en toda su extensión, se advertirá en el título que trata de los pagos. Véase ORTOLAN, t. 2, pág. 417.

La razón de la disposición del artículo es que el pago voluntario de una obligación natural, es la renuncia de hecho de las excepciones, sin las cuales la acción del acreedor hubiese sido admitida. El pago pues, en tal caso, no es una mera liberalidad, ni el deudor de la obligación natural puede a su turno decir que ha pagado lo que no debía. La obligación natural puede así ser causa legítima de obligaciones civiles que se contraigan por la novación de ella, y ser considerada como obligación principal para admitir, en seguridad de su cumplimiento, obligaciones accesorias.

VIDAL publicó en 1845, en la Revista de Legislación de FOELIX, una larga y excelente disertación sobre las obligaciones naturales, la cual obtuvo el primer premio en el concurso abierto por la Facultad de Derecho de París, en 1840. En ella hace ver las razones filosóficas que tuvieron las leyes romanas para dar a las obligaciones naturales los efectos que hemos indicado. MARCADE también las expone por otro género de consideraciones sobre el artículo 1235, núm. 669, y en el núm. 751, sobre el artículo 127.

  Art. 517 - La ejecución parcial de una obligación natural no le da el carácter de obligación civil; tampoco el acreedor puede reclamar el pago de lo restante de la obligación.

517. El pago parcial de una obligación natural es una mera confirmación de ella, que nada de nuevo le agrega. En las obligaciones civiles, el pago parcial no importa sino el reconocimiento de la deuda, y lo mismo debe ser en el pago parcial de una obligación natural, el cual será el reconocimiento de esa obligación. Véase a AUBRY y RAU, sobre ZACHARIAE, § 297.

    Art. 518 - Las fianzas, hipotecas, prendas y cláusulas penales, constituidas por terceros para seguridad de las obligaciones naturales, son válidas, pudiendo pedirse el cumplimiento de estas obligaciones accesorias.

515, 516 y 518. Sobre estos tres artículos véase el Cód. de Chile, arts. 1470 y 1472. SAVIGNY, en su obra Derecho de las obligaciones, § § 11 y 12, trata extensamente de las obligaciones naturales y de sus efectos jurídicos, y en el § 14, de cuando exista la obligación natural para poder servir de excepción o causar los efectos designados en los arts. 516 y 518.

TÍTULO III

De los daños e intereses en las obligaciones que no tienen por objeto sumas de dinero

    ART_519

Art. 519 - Se llaman daños e intereses el valor de la pérdida que haya sufrido, y el de la utilidad que haya dejado de percibir el acreedor de la obligación, por la inejecución de ésta a debido tiempo.

519. La ley romana dice: Quantum mihi abest, quantumque lucrare potuli.

    ART_520

Art. 520 - En el resarcimiento de los daños e intereses sólo se comprenderán los que fueren consecuencia inmediata y necesaria de la falta de cumplimiento de la obligación.

520. Proyecto de GOYENA, art. 1016. Cód. francés, art. 1150. Los otros códigos copian al francés. El principio de donde se origina la obligación de pagar daños e intereses, lo deriva MARCADE de la misma obligación que debía cumplirse. La deuda, dice, de daños e intereses es el resultado de una convención accesoria, tácitamente estipulada entre el deudor y el acreedor. Esta intención probable de las partes no ha podido comprender sino el perjuicio que podía preverse o que fuese consecuencia inmediata de la inejecución de la obligación, según el curso ordinario de las cosas (sobre el art. 1151 del Cód. francés).

      ART_521

Art. 521 - (Texto s/ley 17711 - BO: 26/04/1968) Si la inejecución de la obligación fuese maliciosa los daños e intereses comprenderán también las consecuencias mediatas.

  (Párrafo incorporado por ley 24432 - BO: 10/01/1995) En este caso, no será aplicable el tope porcentual previsto en el último párrafo del artículo 505.

521 . POTHIER, parte 1, cap. 2, art. 3.

    Art. 522 - (Texto s/ley 17711 - BO: 26/04/1968) En los casos de indemnización por responsabilidad contractual el juez podrá condenar al responsable a la reparación del agravio moral que hubiere causado, de acuerdo con la índole del hecho generador de la responsabilidad y circunstancias del caso.

522. Cód. francés, art. 1152; holandés, 1258; napolitano, 1104. El sardo añade en el art. 1243: "A menos de resultar con evidencia que la suma es enormemente excesiva, en cuyo caso podrá el juez reducirla". El Cód. de Luisiana, art. 1928, dice: "Sin embargo, si la obligación ha sido ejecutada en parte, los daños sobre que hayan convenido los contrayentes, pueden ser reducidos a la pérdida o privación de la ganancia realmente sufrida". En contra del artículo: GOYENA, art. 1018, y POTHIER, De las obligaciones, part. 1, cap. 2, art. 3. La ley romana decía a este respecto: Non illud inspicitur sed quoe sit quantitas, quoeque conditio stipulationis.

TÍTULO IV

De las obligaciones principales y de las obligaciones accesorias

  Art. 523 - De dos obligaciones, una es principal y la otra accesoria, cuando la una es la razón de la existencia de la otra.

523. ZACHARIAE, § 538.

  Art. 524 - Las obligaciones son principales o accesorias con relación a su objeto, o con relación a las personas obligadas. Las obligaciones son accesorias respecto del objeto de ellas, cuando son contraídas para asegurar el cumplimiento de una obligación principal; como son las cláusulas penales. Las obligaciones son accesorias a las personas obligadas, cuando éstas las contrajeren como garantes o fiadores. Accesorios de la obligación vienen a ser, no sólo todas las obligaciones accesorias, sino también los derechos accesorios del acreedor, como la prenda o hipoteca.

524. ZACHARIAE, § 538; TOULLIER, t. 6, núms. 463 a 466.

  Art. 525 - Extinguida la obligación principal, queda extinguida la obligación accesoria, pero la extinción de la obligación accesoria no envuelve la de la obligación principal.

525. L. 56, tít. 5, part. 5ª. L. 43, tít. 3, lib. 46, Digesto.

    Art. 526 - Si las cláusulas accesorias de una obligación fueren cláusulas imposibles, con apariencias de condiciones suspensivas, o fueren condiciones prohibidas, su nulidad hace de ningún valor la obligación principal.

TÍTULO V

De las obligaciones condicionales

CAPÍTULO I

De las obligaciones condicionales en general

  Art. 527 - La obligación es pura cuando su cumplimiento no depende de condición alguna.

527. L. 12, tít. 11, part. 5ª. Instit. lib. 3, tít. 16, § 2. Por estas dos leyes la definición es muy lata, porque exigen para que la obligación sea pura, que no tenga condición, ni tampoco plazo o día señalado.

  Art. 528 - La obligación es condicional, cuando en ella se subordinare a un acontecimiento incierto y futuro que puede o no llegar, la adquisición de un derecho, o la resolución de un derecho ya adquirido.

528. L. 8, tít. 4, part. 6ª. LL. 12 y 16, tít. 11, part. 5ª. Instit. lib. 3, tít. 16, § 4. ZACHARIAE, § 534, nota 10. Cód. francés, art. 1168; de Nápoles, 1121; sardo, 1260. ZACHARIAE, nota 2, dice: "Un acontecimiento pasado aunque incierto para las partes, o futuro, pero que indudablemente ha de llegar, no es una condición. En el primer caso, la obligación debe considerarse pura y sin condición. En el segundo, la obligación es sólo a término, pero no condicional". Esta doctrina es conforme a L. 12 citada de Partida, y a la L. 2, tít. 4, part. 6ª, y al § 6, tít. 16, lib. 3, Instit.

  Art. 529 - La condición que se refiere a un acontecimiento que sucederá ciertamente, no importa una verdadera condición, ni suspende la obligación, y sólo difiere la exigibilidad de ella.

529. Las citas del artículo anterior, y POTHIER, De las obligaciones, pág. 103.

  Art. 530 - La condición de una cosa imposible, contraria a las buenas costumbres, o prohibida por las leyes, deja sin efecto la obligación.

530. AUBRY y RAU, § 308, explican muy bien las condiciones de que trata este artículo.

Las condiciones imposibles tienen una íntima analogía con las prestaciones imposibles, y lo que diremos respecto de éstas, debe aplicarse a las condiciones.

En el lenguaje del derecho, se entiende por buenas costumbres, el cumplimiento de los deberes impuestos al hombre por las leyes divinas y humanas. La condición, por ejemplo, impuesta a un donatario de no emplear lo que se le daba en libertar a su padre preso por deudas, se tendrá por no escrita, porque ella tendría el efecto inmediato de inducir a un hijo ingrato a faltar a sus primeros deberes. La ofensa a las buenas costumbres debe ser el efecto inmediato y cierto de la condición. Cuando la condición por sí misma no ofende las buenas costumbres, pero sin embargo da lugar a temer que sea ocasión de faltar a sus deberes, a quien se impone, tal condición no entra en la prohibición del artículo, porque la equidad enseña que las acciones de los hombres deben juzgarse por lo que les sea personal y no por el hecho de otro. El ultraje a las buenas costumbres debe encontrarse en la voluntad del que impone la condición, para que ella deje sin efecto el acto. Si su intención es pura e inocente, la condición vale, aunque sea un medio para que la otra parte falte a los deberes civiles o religiosos. Véase CHARDON, Del dolo y fraude, t. 3, pág. 365.

  Art. 531 - Son especialmente prohibidas las condiciones siguientes:

1a Habitar siempre un lugar determinado, o sujetar la elección de domicilio a la voluntad de un tercero.

2a Mudar o no mudar de religión.

3a Casarse con determinada persona, o con aprobación de un tercero, o en cierto lugar o en cierto tiempo, o no casarse.

  4a (Texto s/ley 23515 - BO: 12/06/1987) Vivir célibe perpetua o temporalmente, o no casarse con persona determinada, o separarse personalmente o divorciarse vincularmente.

531. 1ª) SAVIGNY, Origen y fin de las relaciones de derecho, § 123.

2ª) SAVIGNY, lugar citado, núm. 4.

3ª) LL. 64, § 1, y 72, § 4, Dig. De Cond., CHARDON, en el tratado Del dolo y fraude, t. 3, desde la pág. 367 trata extensamente este punto.

4ª) LL. 22, 63 y 72, Dig. De Cond. Respecto al divorcio, L. 5, Cód. del Inst. Véase L. 3, tít. 4, part. 5ª, al fin. L. 21, tít. 11, part. 5ª. L. 31, tít. 7, lib. 44, Dig. Cód. francés, art. 1172; de Nápoles, 1125; sardo, 1263; holandés, 1290; POTHIER, núm. 240. MARCADE sostiene que el artículo del Cód. francés, igual al nuestro, no puede comprender la condición negativa o de no hacer, y que lo contrario sería un error. Aun cuando la condición de no hacer, dice, tuviese por objeto una cosa contraria a las leyes o a las costumbres, una cosa ilícita, no habría siempre nulidad, y sería las más veces, conforme a las reglas de derecho y a la sana moral, mantener y reconocer válida la condición y la obligación de que depende. Cuando, por ejemplo, para fortificar vuestra voluntad y ayudaros a vencer una pasión que os arrastra a una mujer casada, hemos convenido que os cedería por precio determinado la casa de campo que deseabais comprarme, pero con la expresa condición: Si dejáis de ir a casa de esa mujer, es claro que nada hemos hecho que no fuera muy honorable. La religión y la ley exigen cumplir ese contrato. Si al contrario, se trata de un malvado que sólo ha querido hacerse pagar su abstención de un acto malo, es evidente que mi promesa no es obligatoria.

El autor, para dar visos de justicia al agente que se abstiene de una acción ilícita, le da el carácter de agente pasivo meramente en el primer ejemplo, y en el segundo ya es activo; ya exige un precio por no cometer un crimen dándoles iguales funciones, y poniéndolos en iguales casos, todo su argumento desaparece, si traducimos el primer ejemplo, diciendo, uno de los agentes ha exigido, por dejar el adulterio en que vive, que el otro le dé una suma de dinero y que bajo esa condición se abstendrá del crimen: ¿le daría el señor MARCADE el derecho de demandar judicialmente el cumplimiento de la obligación cuando se hubiese en verdad abstenido, y no se le diese el dinero prometido? No es preciso, por otra parte, que la causa ilícita de una obligación, lo sea para ambos contratantes, basta que lo sea para el que pretende ser acreedor en la obligación.

  Art. 532 - La condición de no hacer una cosa imposible no perjudica la validez de la obligación.

532. L. 17, tít. 11, part. 5ª, lib. 3, tít. 20, § 10, Inst. Cód. francés, art. 1173; holandés, 1291; sardo, 1264; de Nápoles, 1126.

  Art. 533 - Las condiciones deben cumplirse de la manera en que las partes verosímilmente quisieron y entendieron que habían de cumplirse.

533. L. 119, Dig. De Verb. oblig.. SAVIGNY, t. 3, pág. 141; POTHIER, dice: "Si el hecho puesto en la condición es un hecho personal, si es el hecho de una persona elegida para hacerlo, más bien que el hecho en sí mismo, si las partes han tenido esto en mira, en tal caso la condición para que la obligación exista, no puede ser cumplida sino por la persona misma" (núm. 207 de las Obligaciones).

  Art. 534 - Las prestaciones que tienen por objeto el cumplimiento de una condición son siempre indivisibles.

534. L. 13, tít. 4, part. 6ª.

  Art. 535 - El cumplimiento de las condiciones es indivisible, aunque el objeto de la condición sea una cosa divisible. Cumplida en parte la condición, no hace nacer en parte la obligación.

535. L. 56, Dig. De Cond. et Dem.. POTHIER, De oblig., núm. 215. AUBRY y RAU, § 302.

  Art. 536 - Cuando en la obligación se han puesto varias condiciones disyuntivamente, basta que una de ellas se cumpla para que la obligación quede perfecta; pero si las condiciones han sido puestas conjuntamente, si una sola deja de cumplirse, la obligación queda sin efecto.

536. L. 129, Dig. De Verb. oblig.. POTHIER, en el núm. 223.

  Art. 537 - Las condiciones se juzgan cumplidas, cuando las partes a quienes su cumplimiento aprovecha, voluntariamente las renuncien; o cuando, dependiendo del acto voluntario de un tercero, éste se niegue al acto, o rehúse su consentimiento; o cuando hubiere dolo para impedir su cumplimiento por parte del interesado, a quien el cumplimiento no aprovecha.

537. Sobre este artículo y los tres siguientes, véase a SAVIGNY, Derecho romano, t. 3, pág. 141 y sigs., y AUBRY y RAU, § 302.

  Cciv_538

  Art. 538 - Se tendrá por cumplida la condición bajo la cual se haya obligado una persona, si ella impidiere voluntariamente su cumplimiento.

538. SAVIGNY, t. 3, págs. 144 y sigs. Las LL. 14, tít. 4 y 22, tít. 9, part. 6ª, confirman la resolución del artículo. Ellas hablan de las condiciones en las últimas voluntades; pero GREGORIO LÓPEZ opina que debe ser lo mismo en las obligaciones. Cód. francés, art. 1178; sardo, 1269; holandés, 1296; napolitano, 1131. L. 89, De Verb. oblig., y LL. 24 y 81, tít. 1, lib. 35, Dig.

  Art. 539 - La obligación contraída bajo la condición de que un acontecimiento sucederá en un tiempo fijo, caduca, si pasa el término sin realizarse, o desde que sea indudable que la condición no puede cumplirse.

539. L. 27, tít. 1, lib. 45, Dig. Cód. francés, art. 1176; holandés, 1294; de Nápoles, 1129; sardo, 1267. Sobre este artículo y los dos siguientes, SAVIGNY, t. 3, pág. 141.

  Art. 540 - La obligación contraída bajo la condición de que un acontecimiento no se verifique en un tiempo fijo, queda cumplida si pasa el tiempo sin verificarse.

540. L. 27, tít. 1, lib. 45, Dig. Cód. francés, art. 1177; holandés, 1295; sardo, 1268; de Nápoles, 1130.

  Art. 541 - Si no hubiere tiempo fijado, la condición deberá cumplirse en el tiempo que es verosímil que las partes entendieron que debía cumplirse. Se tendrá por cumplida cuando fuere indudable que el acontecimiento no sucederá.

541. MARCADE, sobre el art. 1177 del Cód. francés, dice en el caso de nuestro artículo: "Si la condición negativa para la cual no se ha fijado término, es potestativa para al deudor, y consiste en un hecho que interesa al acreedor, si por ejemplo os habéis obligado a darme quinientos francos, si no hacéis cortar en vuestro terreno un árbol que daña mi casa, yo puedo hacer fijar un plazo, pasado el cual debéis pagarme la suma de dinero, como que la condición se ha cumplido. Es verdad que una de las dos escuelas de los jurisconsultos romanos era de opinión contraria, pero sobre esta opinión no puede ya haber duda alguna, en virtud de la disposición que declara que la condición debe cumplirse, de la manera que las partes entendieron verosímilmente que ella lo fuese".

  ART_542

  Art. 542 - La obligación contraída bajo una condición que haga depender absolutamente la fuerza de ella de la voluntad del deudor, es de ningún efecto; pero si la condición hiciese depender la obligación de un hecho que puede o no puede ejecutar la persona obligada, la obligación es válida.

542. Instit. De Verb oblig, § 4. ZACHARIAE, en el § 534, nota 16, dice, respecto a la resolución del artículo anterior, que es igual al artículo del Cód. francés: "Toda obligación es nula cuando ha sido contraída bajo una condición potestativa, de parte de quien se obliga. Esta disposición es demasiado general; sólo es verdadera, en el caso de la condición puramente potestativa, es decir, de la que hace que el obligado sólo lo sea cuando él quiera. Pero la obligación es válida, cuando la condición potestativa se halla modificada por una circunstancia que le quite lo que pueda tener de puramente voluntario, de tal suerte que ella dependa, no de la sola voluntad del deudor, sino de un hecho que esté en su poder ejecutar o no. Por ejemplo, si yo os vendo alguna cosa con la condición de que iré a París, la obligación es válida, porque hay un vínculo de derecho, desde que me encuentro colocado entre la obligación de no ir a París o de venderos la cosa prometida en venta". Lo mismo, SAVIGNY, t. 3, pág. 140.

  Art. 543 - Cumplida la condición, los efectos de la obligación se retrotraen al día en que se contrajo.

543. L. 1, tít. 4, part. 4ª. L. 14, tít. 11, part. 5ª. L. 11, tít. 4, lib. 20, Dig. L. 3, tít. 20, § 24 Inst. Cód. francés, art. 1179; holandés, 1297; napolitano, 1132; sardo, 1270. MARCADE hace notar las consecuencias del artículo, en su comentario al art. 1179. Dice así: "La obligación condicional, y en general todo derecho condicional, cualquiera que sea su naturaleza, no es un derecho que `existirá´ según que el acontecimiento tenga o no lugar: es un derecho que, según la condición prevista, `existe o no´ desde el presente. El derecho no tiene ni tendrá jamás existencia alguna, si la condición no se cumple. Pero tiene existencia actual si más tarde la condición se cumple. El cumplimiento de la condición tiene pues necesariamente un efecto retroactivo en el momento mismo de la obligación. El cumplimiento de la condición, retrotrayendo sus efectos al momento de contraerse la obligación, y haciendo que ésta se encuentre haber sido pura y simple, hace que todos los derechos reales que el deudor habría podido conferir pendente conditione sobre el inmueble que debía entregar, quedan sin efecto".

La última consecuencia que el autor deduce, parte del antecedente, que se halla sólo en el Cód. francés, de transferir la propiedad de los bienes raíces por sólo el contrato sin necesidad de la tradición. Para nosotros, el efecto retroactivo que produzca la condición no anularía los derechos reales, constituidos durante la condición sino que el deudor se hallaría por ejemplo, en el caso del que ha vendido el bien raíz a uno, pero no habiéndolo entregado, lo vende a otro, o constituye en él derechos reales.

ZACHARIAE limita el efecto retroactivo de la obligación en el caso del artículo a las obligaciones de dar, y no a las obligaciones de hacer: "Esto es verdad -dice- en las obligaciones de dar, la condición cumplida tiene entonces un efecto retroactivo al día en que ha sido contraída, porque la cosa que hace el objeto de la obligación de dar, es necesariamente el objeto de los derechos recíprocos en el tiempo intermedio a la obligación, y al cumplimiento de la condición. El cumplimiento, pues, de la condición, hace remontar o cesar los efectos de la obligación al día en que ella se celebró. Mas en las obligaciones de hacer es otra cosa, la condición suspensiva o resolutoria no tiene efecto retroactivo. Si se trata de una condición suspensiva, es evidente que no es obligado a hacer, sino cuando la condición se cumpla. Si se trata de una condición resolutoria, y antes del cumplimiento de ella se ha hecho lo que ella obligaba, este cumplimiento no impide que la cosa haya sido hecha (§ 534, nota 24).

  Art. 544 - Los derechos y obligaciones del acreedor y deudor que fallecieren antes del cumplimiento de la condición, pasan a sus herederos.

544. Las citas y concordancias del artículo anterior.

CAPÍTULO II

De las obligaciones bajo condición suspensiva

  Art. 545 - La obligación bajo condición suspensiva es la que debe existir o no existir, según que un acontecimiento futuro e incierto suceda o no suceda.

545. MARCADE sobre el art. 1181 del Cód. francés.

  Art. 546 - Pendiente la condición suspensiva, el acreedor puede proceder a todos los actos conservatorios, necesarios y permitidos por la ley para la garantía de sus intereses y de sus derechos.

546. Cód. francés, art. 1180; holandés, 1298; sardo, 1271. L. 4, tít. 6, lib. 42, Dig. Es verdadero acreedor, aun pendiente la condición. L. 42, tít. 7, lib. 44 y L. 55, tít. 16, lib. 50, Dig. POTHIER, núm. 222. ZACHARIAE dice: "Si el deudor quebrase antes del cumplimiento de la condición, el acreedor podría obligar al concurso a darle fianza de la ejecución de la obligación llegado el caso, pues sin esta fianza sus derechos serían comprometidos por la disminución del activo que le servía de garantía" (§ 535, nota 4).

  Art. 547 - El deudor puede repetir lo que durante la condición hubiere pagado al acreedor.

547. L. 32, tít 14, part. 5ª. L. 16, tít. 6, lib. 12, Dig. El fundamento de la ley citada de Partida lo da la L. 14, tít. 11, part. 5ª, y AUBRY y RAU, § 302.

  Art. 548 - Si la condición no se cumple, la obligación es considerada como si nunca se hubiera formado; y si el acreedor hubiese sido puesto en posesión de la cosa que era el objeto de la obligación, debe restituirla con los aumentos que hubiere tenido por sí, pero no los frutos que haya percibido.

548. ZACHARIAE dice: "El efecto retroactivo de la condición no puede hacer que él no haya tenido el derecho de poseer. Hasta el cumplimiento de la condición ha tenido de buena fe la posesión de la cosa, y por consiguiente el derecho de percibir los frutos" (§ 535 nota 9). DURANTON sostiene la opinión contraria y MARCADE discute la cuestión y la opinión de DURANTON (sobre el art. 1179 del Cód. francés). Respecto a los frutos, en contra: AUBRY y RAU, § 302.

  Art. 549 - Si en la obligación se tratare de cosas fungibles, el cumplimiento de la condición no tendrá efecto retroactivo respecto de terceros, y sólo lo tendrá en los casos de fraude.

  Art. 550 - Si se tratare de bienes muebles, el cumplimiento de la condición no tendrá efecto retroactivo respecto de terceros, sino cuando sean poseedores de mala fe.

  Art. 551 - Si se tratare de bienes inmuebles, el cumplimiento de la condición no tendrá efecto retroactivo respecto de terceros, sino desde el día en que se hubiese hecho tradición de los bienes inmuebles.

549, 550 y 551. Las resoluciones de estos artículos son los derivados naturales de las leyes que se darán en otro lugar sobre el dominio de las cosas fungibles, de los muebles y de los bienes raíces. En los códigos que siguen al Cód. francés, el efecto retroactivo de las obligaciones condicionales es diverso, tanto respecto de las cosas como respecto de los frutos, porque parten del antecedente de que el dominio de las cosas se adquiere sólo por la obligación convencional, sin necesidad de tradición. Toda esta materia quedará bien clara en el título: "De las obligaciones de dar".

  Art. 552 - En los casos en que los terceros poseedores de los bienes sujetos a la obligación condicional sean poseedores de buena fe, queda salvo al acreedor el derecho de demandar a la parte obligada por el pago de lo equivalente y de la indemnización de las pérdidas e intereses.

CAPÍTULO III

De las obligaciones bajo condición resolutoria

  Art. 553 - La obligación es formada bajo condición resolutoria cuando las partes subordinaren a un hecho incierto y futuro la resolución de un derecho adquirido.

  Art. 554 - No cumplida la condición resolutoria, o siendo cierto que no se cumplirá, el derecho subordinado a ella queda irrevocablemente adquirido como si nunca hubiese habido condición.

  Art. 555 - Cumplida la condición resolutoria deberá restituirse lo que se hubiese recibido a virtud de la obligación.

555. Véase las LL. 38 y 40, tít. 5, part. 5ª. L. 4, tít. 3, lib. 18, Dig. Cód. francés, art. 1183; holandés, 1301; sardo, 1274; napolitano, 1136. Respecto a las leyes citadas de Partidas y títulos del Digesto, debemos decir que la condición resolutoria ordinaria no es lo mismo que la cláusula conocida bajo el nombre de "pacto conmisorio". En la condición resolutoria, desde que ésta se cumple, la obligación queda para ambas partes como no sucedida; lo contrario sucede en el "pacto conmisorio". A pesar del cumplimiento de la condición prevista, la obligación no se resuelve mientras no lo quiera la parte que ha estipulado esa condición especial, y se conservará si quiere mantenerla, no obstante la voluntad contraria de la otra parte. Cuando ya os he vendido mi casa, estipulando que la venta será resuelta, si no me pagáis el precio en el término fijado, el cumplimiento de esta condición no trae necesariamente la revocación de la obligación, y podré obligaros a cumplir la obligación, o perseguiros para obtener el precio que rehusáis pagarme. Véase AUBRY y RAU, § 302, notas 47 y 48.

  Art. 556 - Si la cosa objeto de la obligación ha perecido, las partes nada podrán demandarse.

556. DURANTON, t. 11, núm. 91, enseña lo contrario, sosteniendo que cumpliéndose la condición después que la cosa no existe, se opera sin embargo la revocación de la obligación, y obliga a aquel a quien la cosa debía ser restituida, a volver el precio que ha recibido. Pero para esto sería necesario que la condición resolutoria se cumpliera en un momento en que pudiese producir efectos. Si os vendo un caballo por cien pesos, bajo la condición de que la venta quedará sin efecto, si tal buque viene de la India, y éste llega en efecto después que el caballo entregado y pagado ha perecido por un caso fortuito, la condición entonces se cumple inútilmente, pues que ya no hay objeto sobre que pueda recaer. La resolución de la obligación no puede tocar vuestro derecho de propiedad, pues que este derecho no existe, no existiendo el caballo, objeto de la obligación. No pudiendo formarse la obligación de volver el caballo, falta del objeto de ella, no puede tampoco formarse la obligación de restituir el precio por falta de causa. MARCADE, sobre el art. 1183 del Cód. francés, discute y rebate extensamente la opinión de DURANTON; y de sus doctrinas hemos tomado el artículo.

  Art. 557 - Verificada la condición resolutoria, no se deberán los frutos percibidos en el tiempo intermedio.

557. Cód. de Chile, art. 1488. DURANTON es también de opinión contraria a la doctrina de este artículo. ZACHARIAE contesta sus observaciones, diciendo que el efecto retroactivo, tanto en las condiciones suspensivas como en las condiciones resolutorias, no tiene influencia alguna sobre la restitución de los frutos. El efecto retroactivo no tiene lugar sino respecto a la obligación de restituir la cosa con todos sus accesorios esenciales; pero no puede extenderse hasta borrar los hechos cumplidos, y hacer desaparecer el derecho que ha tenido el que ha adquirido la cosa en el tiempo intermedio entre la formación de la obligación y el cumplimiento de la condición. El efecto retroactivo de la condición resolutoria cumplida, no se extiende hasta obligar al que ha percibido los frutos de la cosa, cuya propiedad le pertenecía durante la condición, a restituirlos a aquel a quien el acontecimiento de la condición ha hecho propietario, pero que hasta entonces no tenía sino la expectativa de la propiedad bajo una condición, § 536, nota 4.

Al concluir este capítulo juzgamos con MARCADE que la división de las condiciones en casuales, potestativas y mixtas, no presenta ninguna utilidad, y que no debe adoptarse en los códigos.

CAPÍTULO IV

De los cargos impuestos para la adquisición o resolución de los derechos

  Art. 558 - Los cargos impuestos no impiden la adquisición del derecho, ni su ejercicio, si no fueren impuestos como condición suspensiva. En caso de duda se juzgará que no importan una condición.

558. Lo que en este capítulo llamamos "cargos", en las leyes romanas y en los escritores de derecho se llama "modo". El lib. 6, tít. 45 del Código lleva la inscripción: De his quoe sub modo legata vel fideicommisa relinquuntur.

MACKELDEY define el "modo" de la manera siguiente: "Entiéndese por modo toda disposición onerosa por medio de la cual el que quiere mejorar a otro, limita su promesa, exigiendo de él y obligándole a una prestación en cambio de lo que recibe". Y agrega: "Comúnmente el modo contiene al mismo tiempo una condición, o bien está expresado como condición, y entonces el acto mismo viene a ser condicional". El "modo" puede existir lo mismo en los actos de beneficencia que en los de título oneroso; pero es de advertir que en los primeros tiene el donador en los casos que no se ejecute el "modo", la elección de intentar su acción, bien sea para la ejecución del "modo" o para la restitución de lo que ha dado, mientras que en los segundos se limita su acción a pedir la ejecución del "modo". Derecho romano, § 179.

Las convenciones que tienen por objeto transferir un derecho sobre bienes, pueden contener disposiciones sobre la suerte ulterior de la cosa trasmitida por medio de una obligación contratada por el que la recibe. Las principales disposiciones de este género entran en el contenido de las transacciones mismas. Si el comprador de una casa, por ejemplo, se obliga a no cobrar alquileres al vendedor que la ocupa por el término de un año, sería meramente una convención accesoria, y la acción que resulta del contrato basta para su ejecución; más, hay ciertas materias en que este procedimiento es insuficiente y para las cuales era preciso establecer una especie de convenciones accesorias, y esto es el "modo". Ésta es la expresión técnica para designar esta institución, aunque en un sentido general sirve comúnmente para determinar los caracteres particulares de un derecho, como por ejemplo, su extensión, o el modo de su ejercicio.

La distinción entre el "modo" y la condición puede reducirse a lo siguiente: la condición es suspensiva pero no coercitiva. El modo es coercitivo, pero no suspensivo. Así el "modo" no impide la adquisición del derecho, y no expone al peligro de una pérdida total. El goce del derecho se obtiene dando caución, y sin ejecutar el acto. Si el acto se hace imposible, la imposibilidad no trae ningún perjuicio. Por lo tanto, la distinción entre estas dos formas, tiene una grande importancia. Siempre debe buscarse para fijar si es la una o la otra, la intención verdadera de la gente, en la apreciación de las circunstancias. Si la intención es dudosa, el "modo", como restricción menor, debe admitirse con preferencia a la condición. Aunque la L. 1 del título citado del Cód. romano, dice: "In legatis quidem et fideicommisis etian modus adscriptum pro conditione observatur", no establece por esto una asimilación completa entre ambas cosas, sino que el "modo" debe ser cumplido como la condición, lo cual puede hacerse con una fianza.

Es preciso no confundir el "modo" con aquellas declaraciones de voluntad que no encierran obligación jurídica. Si una suma de dinero, por ejemplo, es legada para que el legatario construya una casa, esta declaración debe sólo considerarse como la expresión de un consejo o como la ocasión que da lugar a la liberalidad. Para admitir una obligación serían necesarias circunstancias particulares que hicieran verosímil la intención de imponerla. Véase LL. 13, § 2, tít. 1, lib. 24, Dig. y 71, íd.; 2, § 7, tít. 5, lib. 39, Dig. SAVIGNY, Derecho Romano, t. 3, § 123.

  Art. 559 - Si hubiere condición resolutoria por falta de cumplimiento de los cargos impuestos, será necesaria la sentencia del juez para que el beneficiado pierda el derecho adquirido.

  Art. 560 - Si no hubiere condición resolutoria por falta de cumplimiento de los cargos, no se incurrirá en la pérdida de los bienes adquiridos; y quedará a salvo a los interesados el derecho de compeler judicialmente al adquirente a cumplir los cargos impuestos.

  Art. 561 - Si no hubiere plazo para cumplir los cargos, deberán cumplirse en el plazo que el juez señale.

  Art. 562 - La obligación de cumplir los cargos impuestos para la adquisición de los derechos, pasa a los herederos del que fuese gravado con ellos, a no ser que sólo pudiesen ser cumplidos por él, como inherentes a su persona. Si el gravado falleciere sin cumplirlos, la adquisición del derecho queda sin ningún efecto, volviendo los bienes al imponente de los cargos, o a sus herederos legítimos.

  Art. 563 - La reversión no tendrá efecto respecto de terceros, sino en los casos en que puede tenerlo la condición resolutoria.

  Art. 564 - Si el hecho que constituye el cargo fuere imposible, ilícito o inmoral, no valdrá el acto en que el cargo fuese impuesto.

    Art. 565 - Si el hecho no fuere absolutamente imposible, pero llegase a serlo después sin culpa del adquirente, la adquisición subsistirá, y los bienes quedarán adquiridos sin cargo alguno.

565. L. 1, tít. 45, lib. 6, Cód. romano.

TÍTULO VI

De las obligaciones a plazo

  Art. 566 - La obligación es a plazo, cuando el ejercicio del derecho que a ella corresponde estuviere subordinado a un plazo suspensivo o resolutorio.

566. L. 12 y sigs., tít. 11, part. 5ª. Instit. lib. 3, tít. 16, § 2.

  Art. 567 - El plazo suspensivo o resolutorio puede ser cierto o incierto. Es cierto, cuando fuese fijado para terminar en designado año, mes o día, o cuando fuese comenzado desde la fecha de la obligación, o de otra fecha cierta.

  Art. 568 - El plazo es incierto, cuando fuese fijado con relación a un hecho futuro necesario, para terminar el día en que ese hecho necesario se realice.

567 y 568. LL. 12 y 15, tít. 11, part. 5ª. Instit. lib. 3, tít. 16, § 3.

  Art. 569 - Cualesquiera que sean las expresiones empleadas en la obligación, se entenderá haber plazo, y no condición siempre que el hecho futuro fuese necesario aunque sea incierto, y se entenderá haber condición y no plazo, cuando el hecho futuro fuere incierto.

569. L. 31, tít. 9, part. 6ª. LL. 21 y 22, tít. 2, lib. 36, Dig. La dilación del plazo difiere de la condición suspensiva, en que el plazo no toca a la fuerza jurídica, sino sólo a la ejecución de la obligación. AUBRY y RAU § 303.

    Art_570

Art. 570 - El plazo puesto en las obligaciones, se presume establecido para ambas partes, a no ser que, por el objeto de la obligación o por otras circunstancias, resultare haberse puesto a favor del deudor o del acreedor. El pago no podrá hacerse antes del plazo, sino de común acuerdo.

570. En contra: Cód. francés, art. 1140; de Nápoles, 2048; sardo, 1278. Conforme con el artículo: el Cód. de Prusia, art. 757. Los códigos y sus comentadores regularmente suponen que el pago se hace en dinero, y que no hay, por lo tanto, perjuicio para el acreedor en recibir el pago antes del plazo. Así es ciertamente en el contrato de venta; pero tratamos sólo del cumplimiento de las obligaciones en las cuales éste puede consistir, como dice ROGRON, en la entrega de un número de ganado o de un buque, para la cual el acreedor puede no estar pronto a recibir, y haberse preparado para hacerlo el día del vencimiento. En el derecho comercial, el término se presume estipulado en el interés común de deudor y acreedor, y no hay razón para que no sea lo mismo en el derecho civil. Por estas consideraciones aceptamos la resolución del Código de Prusia.

  Art. 571 - (Texto s/ley 17711 - BO: 26/04/1968) El deudor de la obligación que ha pagado antes del plazo no puede repetir lo pagado.

571. En cuanto a la primera parte: Cód. francés, art. 1186, y los demás códigos de Europa. L. 32, tít. 14, part. 5ª. L. 16 y sigs., tít. 6, lib. 12, Dig. En cuanto a la segunda: MARCADE, sobre el art. 1186, dice lo siguiente: "¿Nuestro artículo equivale a rehusar la repetición absolutamente y sin distinción, entre aquel que ha pagado libremente con conocimiento de causa, y el que lo ha hecho ignorando el término de la obligación? No vacilamos en responder que no. La decisión contraria sería evidentemente opuesta, no sólo a los principios de equidad, sino al espíritu general de nuestro derecho moderno, y a la intención de los redactores del artículo. Si a la muerte de mi padre me encuentro con un testamento que me manda pagar a Pablo inmediatamente veinte mil francos, y después de haberlos pagado descubro un segundo testamento que me concede dos años para pagar dichos veinte mil francos, ¿no es claro que he proporcionado al acreedor una ventaja mayor que la que en realidad le era debida? En el Cuerpo Legislativo el orador del gobierno decía sobre este artículo: que si el deudor hubiese "libremente" hecho el pago con anticipación no sería justo autorizarlo a demandar la repetición".

  Art. 572 - El deudor constituido en insolvencia y los que lo representen no pueden reclamar el plazo para el cumplimiento de la obligación.

572. Cód. francés, art. 1188; de Nápoles, 1141; sardo, 1279; holandés, 1307.

    Art. 573 - En las obligaciones a plazo cierto, los derechos son transmisibles, aunque el plazo sea tan largo que el acreedor no pueda sobrevivir al día del vencimiento.

De las obligaciones con relación a su objeto

TÍTULO VII

De las obligaciones de dar

CAPÍTULO I

De las obligaciones de dar cosas ciertas

  Art. 574 - La obligación de dar, es la que tiene por objeto la entrega de una cosa, mueble o inmueble, con el fin de constituir sobre ella derechos reales, o de transferir solamente el uso o la tenencia, o de restituirla a su dueño.

  Art. 575 - La obligación de dar cosas ciertas comprende todos los accesorios de éstas, aunque en los títulos no se mencionen, o aunque momentáneamente hayan sido separados de ellas.

574 y 575. ZACHARIAE, § 531.

  Art. 576 - El deudor de la obligación es responsable al acreedor, de los perjuicios e intereses, por falta de las diligencias necesarias para la entrega de la cosa en el lugar y tiempo estipulados, o en el lugar y tiempo que el juez designare, cuando no hubiese estipulación expresa.

576. L. 13, tít. 11, part. 5ª.

  Art. 577 - Antes de la tradición de la cosa, el acreedor no adquiere sobre ella ningún derecho real.

577. L. 46, tít. 28, part. 3ª. L. 50, tít. 5, part. 5ª. Instit. L. 2, tít. 1, § 40. Según el Cód. francés, arts. 711 y 1138, la propiedad se transmite por sólo el contrato, sin ser necesaria la tradición; y desde entonces todos los peligros de la cosa son de cuenta del acreedor. TOULLIER, entre otros, t. 4, núm. 54, expone los fundamentos que para tal resolución tuvieron los autores del Código de Napoleón. Pueden verse también en la Colección de discursos, discurso 70.

FREITAS, sosteniendo el principio de la tradición para la adquisición de la propiedad, dice: "Por la naturaleza de las cosas, por una simple operación lógica, por un sentimiento espontáneo de justicia, por el interés de la seguridad de las relaciones privadas a que se liga la prosperidad general, se comprende desde el primer momento que el derecho real debe manifestarse por otros caracteres, por otros signos que no sean los del derecho personal, y que esos signos deben ser tan visibles y tan públicos cuanto sea posible. No se concibe que una sociedad esté obligada a respetar un derecho que no conoce".

Ésta es la razón filosófica del gran principio de la tradición que la sabiduría de los romanos estableció, y que las legislaciones posteriores reconocieron.

Establecido el derecho personal de donde tiene que resultar la transmisión de la propiedad, muchos jurisperitos no quisieron ver nada más, y dieron luego la propiedad como transmitida y adquirida sólo por el simple poder del concurso de las voluntades en un momento dado. Tomose la propiedad en su elemento individual solamente, y no se atendió a su elemento social. Contose con la buena fe de las convenciones, como si la mala fe no fuese posible.

Las cosas que se conviene transmitir es posible que no sean transmitidas, y la misma cosa puede ser vendida a dos personas diferentes. Si el contrato es suficiente, independiente de cualquier manifestación exterior de la transferencia del dominio, el segundo comprador podría de buena fe, transmitir también la cosa, que así irá sucesivamente pasando a otros. Tenemos entonces un choque de derechos, una colisión donde por un lado se presenta el interés de uno solo, y por el otro los intereses de muchos. ¿Se puede y debe ser indiferente a la constante incertidumbre del derecho de propiedad, al fundamento de todas las relaciones civiles? Si este mal no puede ser evitado del todo, ¿no convendrá evitarlo lo más que sea posible? Según la teoría del Cód. francés sobre la transmisión de la propiedad, como efecto inmediato de los contratos, no hay intervalo entre la perfección de los contratos, la transmisión y su adquisición realizada. La tradición y la posesión nada valen. El derecho personal y el derecho real son una misma cosa. El contrato es el propio dominio; y el dominio es el contrato. No hay diferencia alguna entre el título para adquirir y el modo de adquirir, entre la idea y el hecho, entre la causa y el efecto.

La innovación del Código civil de Francia fue tan inesperada, tan peligrosa, tan opuesta a la buena razón, que por mucho tiempo se dudó que ella hubiese derogado el régimen de las leyes anteriores. TROPLONG, MARTOU y otros muchos jurisconsultos no dejaron de confesar que esta innovación tan grave fue subrepticiamente introducida, sin la discusión especial y profunda que ella reclamaba. Aun así, el nuevo principio no tuvo aplicación respecto a los bienes muebles, según el art. 2279, y en cuanto a los inmuebles fue aplicado con restricciones según los arts. 939 y 1069. En vano el legislador francés proclamó su principio de la transmisión de la propiedad sólo por efecto de las convenciones, pues que la fuerza de las cosas lo obligó a violarlo en relación a los muebles y a no mantenerlo respecto a los inmuebles, sino por medio de disposiciones contradictorias e incompletas, que expusieron la propiedad territorial y la garantía hipotecaria a incertidumbres y peligros tales, que la segunda generación sintió la necesidad de reformar radicalmente la legislación en esta parte.

Lo que desde luego no se había conocido por la fascinación de un bello principio en apariencia, que realzaba el poder de la voluntad humana, vínose a conocer después por las exigencias económicas de un buen régimen hipotecario. Y en verdad, el sistema hipotecario del Código civil francés quedó profundamente viciado desde que confundió los derechos personales con los derechos reales. Era una anomalía y una providencia inútil manifestarse al público el derecho real de la hipoteca, cuando el primer derecho real, la propiedad, fuente de todos los otros, no tenía la misma publicidad en los casos más frecuentes.

En la actualidad, felizmente, la teoría del Código francés se halla reducida en todo su valor a un mero aparato de palabras que no tiene significación práctica alguna, desde que el propietario no es propietario respecto de terceros, si no hace transcribir sus títulos en un registro especial y público, establecido para este efecto. Teniéndose así reconocida la necesidad de un hecho externo, como indicador legal de la transmisión de la propiedad, no descubrimos razón alguna por la cual, en relación a las partes contratantes, se deba seguir el principio opuesto de la transferencia del dominio, sólo por efecto del consentimiento. ¿Y cómo se concibe que un derecho real sólo pueda existir respecto de un individuo? El dominio es por esencia un derecho absoluto, y sus correspondientes obligaciones comprenden a todos los individuos; y cuando se le niega este carácter no existe el dominio. Si el vendedor, desde el momento del contrato, tiene perdido el dominio de la cosa vendida, no se concibe cómo pueda venderla válidamente por segunda vez, a otra persona, sólo porque el primer comprador no fue diligente en hacer transcribir su título en los registros hipotecarios, pues desde entonces no puede ejercer su dominio, adquirido por el contrato, contra un tercero el segundo comprador.

Por la nueva ley hipotecaria de 23 de marzo de 1855, el registro público de la transmisión y constitución de los derechos reales ha sustituido la tradición de la cosa. Esta alteración radical del Código civil de Francia, había sido ya hecha antes en Bélgica y en todos los países que, por fuerza de circunstancias especiales, se vieron en la necesidad de adoptar aquel Código. Así, la falsa idea de la identificación del contrato con el dominio, no fue más que una aberración local, ridícula: pertenece a lo pasado, y tiene hoy simplemente valor histórico.

  Art. 578 - Si la obligación de dar una cosa cierta es para transferir sobre ella derechos reales, y la cosa se pierde sin culpa del deudor, la obligación queda disuelta para ambas partes.

578. En contra: L. 17, tít. 10, lib. 3, F. R. L. 23, tít. 5, part. 5ª, que sólo resuelven la obligación del deudor. Véanse las LL. 9, tít. 14, part. 5ª, 27, tít. 5, part. 5ª y 4ª, tít. 3, part. íd., 29, tít. 23, part. 3ª, y 6, tít. 14, part. 6ª. No es extraño que así lo dispongan también el Cód. francés y los demás códigos que convierten el título en modo de adquirir, pues las cosas perecen, se deterioran y se aumentan para su dueño; pero parece ilógico que nuestras leyes que declaran que no se adquiere el dominio de las cosas con sólo el título, si no es seguido de la tradición, dispongan que el peligro de la cosa, que es el objeto de una obligación de dar, sea de cuenta del acreedor, aun antes de la tradición fundadas en el principio de que el deudor de cosa cierta se libra de la obligación de entregarla, cuando perece sin su culpa. Esto es confundir el derecho personal con el derecho real. El derecho personal que se constituye por la obligación, no da derecho alguno en la cosa, y sin embargo se le constituyen las consecuencias del derecho real; para él perece la cosa, para él se aumenta, y de su cuenta son la mejora o deterioro. Nuestro artículo también libra al deudor de cosa cierta de la obligación de entregarla, si perece sin su culpa, pero lo libra disolviendo la obligación, y no dejando obligado al acreedor.

De los dos principios, que el dominio de las cosas no se adquiere sino por la tradición, y que los peligros, aumentos o desmejoras, son de cuenta del propietario, se derivan las resoluciones de los artículos siguientes, y es innecesario notar la discordancia con los códigos que parten de principios contrarios.

  Art. 579 - Si la cosa se pierde por culpa del deudor, éste será responsable al acreedor por su equivalente y por los perjuicios e intereses.

  Art. 580 - Si la cosa se deteriora sin culpa del deudor, el deterioro será por su cuenta, y el acreedor podrá disolver la obligación, o recibir la cosa en el estado en que se hallare, con disminución proporcional del precio si lo hubiere.

  Art. 581 - Si la cosa se deteriorare por culpa del deudor, el acreedor tendrá derecho de exigir una cosa equivalente con indemnización de los perjuicios e intereses, o de recibir la cosa en el estado en que se hallare, con indemnización de los perjuicios e intereses.

  Art. 582 - Si la cosa se hubiere mejorado o aumentado, aunque no fuese por gastos que en ella hubiere hecho el deudor, podrá éste exigir del acreedor un mayor valor, y si el acreedor no se conformase, la obligación quedará disuelta.

  Art. 583 - Todos los frutos percibidos, naturales o civiles, antes de la tradición de la cosa, pertenecen al deudor; mas los frutos pendientes el día de la tradición pertenecen al acreedor.

  Art. 584 - Si la obligación fuere de dar una cosa cierta con el fin de restituirla a su dueño, y la cosa se perdiese sin culpa del deudor, la cosa se pierde para su dueño, salvo los derechos de éste hasta el día de la pérdida y la obligación quedará disuelta.

  Art. 585 - Si se pierde la cosa por culpa del deudor se observará lo dispuesto en el artículo 579.

  Art. 586 - Si se deteriorare sin culpa del deudor, su dueño la recibirá en el estado en que se halle y no quedará el deudor obligado a ninguna indemnización.

  Art. 587 - Si se deteriorare por culpa del deudor, se observará lo dispuesto en el artículo 581.

  Art. 588 - Si la cosa se mejorare o hubiere aumentado sin que el deudor hubiese hecho gastos en ella o empleado su trabajo, o el de otro por él, será restituida a su dueño con el aumento o mejora; y nada podrá exigir el deudor.

  Art. 589 - Si hubiere mejoras o aumento, que con su dinero o su trabajo, o con el de otros por él, hubiere hecho el deudor que hubiese poseído la cosa de buena fe, tendrá derecho a ser indemnizado del justo valor de las mejoras necesarias o útiles, según la avaluación que se hiciere al tiempo de la restitución, siempre que no se le hubiese prohibido hacer mejoras. Si las mejoras fueren voluntarias, el deudor aunque fuese poseedor de buena fe, no tendrá derecho a indemnización alguna. Si el deudor fuese poseedor de mala fe, tendrá derecho a ser indemnizado de las mejoras necesarias.

589. En cuanto a las mejoras y sus clases, L. 10, tít. 33, part. 7ª. LL. 41 y 44, tít. 28, part. 3ª. Cód. sardo, art. 456; holandés, 630. L. 5, tít. 32, lib. 3, Cód. romano. L. 38, tít. 1, lib. 6, Dig.

  Art. 590 - Los frutos percibidos, naturales o civiles, pertenecen al deudor, poseedor de buena fe. El deudor que hubiese poseído de mala fe, está obligado a restituir la cosa con los frutos percibidos y pendientes, sin tener derecho a indemnización alguna.

590. L. 39, tít. 28, part. 3ª. Cód. francés, art. 549; de Nápoles, 474; holandés, 630; sardo, 453. L. 25, tít. 1, lib. 22, Dig. En cuanto al poseedor de mala fe: L. 4, tít. 14, part. 6ª. Cód. francés, art. 529; sardo, 455. Instit., lib. 4, tít. 17, § 2.

  Art. 591 - Son mejoras necesarias aquellas sin las cuales la cosa no podría ser conservada. Son mejoras útiles, no sólo las indispensables para la conservación de la cosa, sino también las que sean de manifiesto provecho para cualquier poseedor de ella. Son mejoras voluntarias las de mero lujo o recreo, o de exclusiva utilidad para el que las hizo.

  Art. 592 - Cuando la obligación sea de dar cosas ciertas con el fin de transferir o constituir derechos reales, y la cosa es mueble, si el deudor hiciere tradición de ella a otro, por transferencia de dominio o constitución de prenda, el acreedor aunque su título sea de fecha anterior, no tendrá derecho contra los poseedores de buena fe, sino solamente contra los de mala fe. La mala fe consiste en el conocimiento de la obligación del deudor.

  Art. 593 - Si la cosa fuere mueble, y concurriesen diversos acreedores, a quienes el mismo deudor se hubiese obligado a entregarla, sin haber hecho tradición a ninguno de ellos, será preferido el acreedor cuyo título sea de fecha anterior.

  Art. 594 - Si la cosa fuere inmueble y el deudor hiciere tradición de ella a otro con el fin de transferirle el dominio, el acreedor no tendrá derecho contra tercero que hubiese ignorado la obligación precedente del deudor; pero sí contra los que sabiéndola hubiesen tomado posesión de la cosa.

594. LL. 50 y 51, tít. 5, part. 5ª. En contra: el Cód. francés y los demás códigos que declaran transmitida la propiedad por sólo la obligación.

  Art. 595 - Si la tradición se hubiere hecho a persona de buena fe, el acreedor tiene derecho a exigir del deudor otra cosa equivalente, y todos los perjuicios e intereses.

    Art_596

Art. 596 - Si la cosa fuere inmueble, y concurriesen diversos acreedores a quienes el mismo deudor se hubiese obligado a entregarla, sin que a ninguno de ellos le hubiese hecho tradición de la cosa, será preferido el acreedor cuyo instrumento público sea de fecha anterior.

  Art. 597 - Con relación a terceros, cuando la obligación de dar cosas ciertas tuviere por fin restituirlas a su dueño, si la cosa es mueble y el deudor hiciere tradición de ella a otro por transferencia de dominio o constitución de prenda, el acreedor no tendrá derecho contra los poseedores de buena fe, sino solamente cuando la cosa le haya sido robada o se hubiese perdido. En todos los casos lo tendrá contra los poseedores de mala fe.

597. ZACHARIAE, nota 13 al § 558.

  Art. 598 - Si la cosa fuere mueble y concurrieren acreedores a quienes el deudor se obligase a la entrega de ella por transferencia de dominio o constitución de prenda, sin haber hecho tradición de la cosa, es preferido el acreedor a quien pertenece el dominio de ella.

  Art. 599 - Si la cosa fuere inmueble, el acreedor tendrá acción real contra terceros que sobre ella hubiesen aparentemente adquirido derechos reales, o que la tuvieren en su posesión por cualquier contrato hecho con el deudor.

    Art_600

Art. 600 - Si la obligación fuere de dar cosas ciertas para transferir solamente el uso de ellas, los derechos se reglarán por lo que se dispone en el título "Del arrendamiento". Si la obligación fuere para transferir solamente la tenencia de la cosa, los derechos se reglarán por lo que se dispone en el título "Del depósito".

CAPÍTULO II

De las obligaciones de dar cosas inciertas

  Art. 601 - Si la obligación que se hubiese contraído fuere de dar una cosa incierta no fungible, la elección de la cosa corresponde al deudor.

  Art. 602 - Para el cumplimiento de estas obligaciones, el deudor no podrá escoger cosa de la peor calidad de la especie, ni el acreedor la de mejor calidad cuando se hubiese convenido en dejarle la elección.

602. L. 23, tít. 9, part. 6ª.

  Art. 603 - Después de individualizada la cosa por la elección del deudor o del acreedor, se observará lo dispuesto respecto a las obligaciones de dar cosas ciertas.

  Art. 604 - Antes de la individualización de la cosa no podrá el deudor eximirse del cumplimiento de la obligación por pérdida o deterioro de la cosa, por fuerza mayor o caso fortuito.

604. Sobre las obligaciones del género, SAVIGNY, Derecho de las Obligaciones, § 39.

  Art. 605 - La obligación de dar cosas inciertas no fungibles, determinadas sólo por su especie o cantidad, da derecho al acreedor para exigir el cumplimiento de la obligación con los perjuicios e intereses de la mora del deudor, si hubiese incurrido en ella, o para disolver la obligación con indemnización de perjuicios e intereses.

CAPÍTULO III

De las obligaciones de dar cantidades de cosas

  Art. 606 - La obligación de dar cantidades de cosas es la obligación de dar cosas que consten de número, peso o medida.

606. SAVIGNY, en el § 39 del Derecho de las Obligaciones, dice: "Llamamos cantidades de cosas las que circunscriptas en los límites de una clase determinada, no tienen ningun valor individual, y todo su valor no se determina sino por el número, la medida o el peso; por lo que es absolutamente indiferente distinguir las cosas individualmente". Sobre todo este capítulo, LL. 24 y 25, tít. 5, part. 5ª. L. 2, tít. 48, lib. 4, Cód. rom.; L. 35, § 5, tít. 1, lib. 18, Dig.; Cód. francés, arts. 1585 y 1586; sardo, 1591 y 1592; napolitano, 1430 y 1431; holandés, 1497 y 1498.

  Art. 607 - En estas obligaciones, el deudor debe dar, en lugar y tiempo propio, una cantidad correspondiente al objeto de la obligación, de la misma especie y calidad.

  Art. 608 - Si la obligación tuviere por objeto restituir cantidades de cosas recibidas, el acreedor tiene derecho a exigir del deudor moroso otra igual cantidad de la misma especie y calidad con los perjuicios e intereses, o su valor, según el valor corriente en el lugar y día del vencimiento de la obligación.

  Art. 609 - Las cantidades quedarán individualizadas como cosas ciertas, después que fuesen contadas, pesadas o medidas por el acreedor.

  Art. 610 - Si la obligación tuviere por fin constituir o transferir derechos reales, y la cosa ya individualizada se perdiese o deteriorase en su totalidad por culpa del deudor, el acreedor tendrá derecho para exigir igual cantidad de la misma especie y calidad, con más los perjuicios e intereses, o para disolver la obligación con indemnización de perjuicios e intereses.

  Art. 611 - Si se perdiese o se deteriorase sólo en parte, sin culpa del deudor, el acreedor tendrá derecho para exigir la entrega de la cantidad restante y no deteriorada, con disminución proporcional del precio si estuviese fijado, o para disolver la obligación.

  Art. 612 - Si se perdiese o deteriorase sólo en parte por culpa del deudor, el acreedor tendrá derecho para exigir la entrega de la cantidad restante y no deteriorada, y de la correspondiente a la que faltare o estuviere deteriorada con los perjuicios e intereses, o para disolver la obligación con indemnización de perjuicios e intereses.

  Art. 613 - Si la obligación tuviese por fin restituir cantidades recibidas, y la cantidad estuviese ya individualizada, y se perdiese o deteriorase en el todo por culpa del deudor, el acreedor tendrá derecho para exigir otra igual cantidad de la misma especie y calidad con los perjuicios e intereses, o su valor con los perjuicios e intereses.

  Art. 614 - Si se perdiese sólo en parte sin culpa del deudor, el acreedor sólo podrá exigir la entrega de la cantidad restante. Si se deteriorase sólo en parte sin culpa del deudor, el acreedor recibirá la parte no deteriorada con la deteriorada en el estado en que se hallaren.

  Art. 615 - Si se perdiese o se deteriorase sólo en parte por culpa del deudor, el acreedor tendrá derecho para exigir la entrega de la cantidad restante no deteriorada, y de la correspondiente a la que faltare o estuviere deteriorada, con los perjuicios e intereses, o para exigir la entrega de la cantidad restante, no deteriorada, y el valor de la que faltare o estuviere deteriorada con los perjuicios e intereses, o para disolver la obligación con indemnización de perjuicios e intereses.

CAPÍTULO IV

De las obligaciones de dar sumas de dinero

  Art. 616 - Es aplicable a las obligaciones de dar sumas de dinero, lo que se ha dispuesto sobre las obligaciones de dar cosas inciertas no fungibles, sólo determinadas por su especie, y sobre las obligaciones de dar cantidades de cosas no individualizadas.

616. El dinero pertenece a las cantidades. Hay entre cada pieza de una determinada especie de moneda, una diferencia tan poco sensible como en cada grano de un montón de trigo, y las piezas de moneda tomadas aisladamente no son susceptibles de ser distinguidas. Bajo el punto de vista jurídico, las monedas son cosas de consumo, en el sentido que su uso verdadero consiste en el gasto que se hace, gasto que hace tan imposible, como si la materia se hubiese consumido, toda reclamación ulterior de la propiedad.

    Art. 617 - (Texto s/ley 23928 - BO: 28/03/1991) Si por el acto por el que se ha constituido la obligación, se hubiere estipulado dar moneda que no sea de curso legal en la República, la obligación debe considerarse como de dar sumas de dinero.

  Art. 618 - Si no estuviere determinado en el acto por el que se ha constituido la obligación, el día en que debe hacerse la entrega del dinero el juez señalará el tiempo en que el deudor deba hacerlo. Si no estuviere designado el lugar en que se ha de cumplir la obligación, ella debe cumplirse en el lugar en que se ha contraído. En cualquier otro caso la entrega de la suma de dinero debe hacerse en el lugar del domicilio del deudor al tiempo del vencimiento de la obligación.

618. Respecto a la primera parte, L. 13, tít. 11, part. 5ª; pero la L. 2, tít. 1, part. íd. al hablar del préstamo, señala diez días. Conforme con el artículo, Cód. francés, art. 1900; de Nápoles, 1722; holandés, 1797; sardo, 1928. En cuanto a la segunda parte, L. 32, tít. 2, part. 3ª. L. 13, tít. 14, part. 5ª. L. 9, tít. 4, lib. 13, Dig. L. 19, tit. 1, lib. 5, íd. L. 21, tít. 7, lib. 44, íd. El Cód. de Vaud y también el de Holanda prefieren el domicilio del acreedor, si el acreedor continúa habitando el mismo pueblo que habitaba al tiempo de la obligación.

      L340_Art   619

Art. 619 - (Texto s/ley 23928 - BO: 28/03/1991) Si la obligación del deudor fuese de entregar una suma de determinada especie o calidad de moneda, cumple la obligación dando la especie designada, el día de su vencimiento.

619. Nos abstenemos de proyectar leyes para resolver la cuestión tan debatida sobre la obligación del deudor, cuando ha habido alteración en la moneda, porque esa alteración se ordenaría por el Cuerpo Legislativo nacional, cosa casi imposible. La ley declararía el modo de satisfacer las obligaciones que ya estuviesen contraídas. Hoy los conocimientos económicos dan a la moneda otro carácter que el que se juzgaba tener en la época de las leyes que hicieron nacer las cuestiones sobre la materia. Las leyes romanas decían: In pecunia, non corpora quis cogitat, sed quantitatem (L. 99, tít. 3, lib. 46, Dig.), ...eaque materia forma publica percussa, usum dominiumque non tam ex substantia praebet, quam ex quantitate (L. 1, tít. 1, lib. 18, Dig.). Por cierto que hoy la moneda no se estima por la cantidad que su sello oficial designe sino por la sustancia, por el metal, oro o plata que contenga. Notaremos, sin embargo, las leyes de los diferentes pueblos sobre el cumplimiento de las obligaciones, cuando ha habido cambio en el valor de las monedas.

La L. 18, tít. 1, lib. 10, Nov. Rec., dice: "Sea permitido a los contrayentes especificar el valor de las monedas, y obsérvese inviolablemente lo convenido. Los deudores de moneda recibida por cualquiera causa en plata u oro, están obligados a pagar en la moneda del mismo valor, peso y ley de la que recibieron y entonces corría. En los demás casos cumplen los deudores con pagar en la corriente al tiempo de la paga".

El Cód. francés, art. 1895: "La obligación que resulta de un préstamo en plata será siempre la de la suma numérica expresada en el contrato. Si ha habido un aumento o disminución de especies antes de la época del pago, el deudor debe volver la suma numérica prestada, y no debe volver sino esta suma en las especies que tengan curso en el momento del pago". Lo siguen, el Cód. de Nápoles, art. 1767; de Luisiana, 2884; holandés, 1793; prusiano, núm. 778, tít. 11, part. 1ª.

Sin embargo el Cód. de Austria dispone lo contrario en los arts. 988 y 990. "Si se ha alterado -dice- el valor intrínseco de las monedas, el que las recibió debe reembolsarlas sobre el pie del valor que tenían al tiempo del préstamo". Si hubiese de darse ley, suponiendo la alteración de las monedas, nosotros aceptaríamos el artículo del Cód. de Austria.

  Art. 620 - Si la obligación autorizare al deudor para satisfacerla cuando pudiese, o tuviese medios de hacerlo, los jueces a instancia de parte, designarán el tiempo en que deba hacerlo.

620. Cód. francés, art. 1981; de Nápoles, 1773; sardo, 1913; holandés, 1798. L. 125, tít. 16, lib. 50, Dig.

  Art. 621 - La obligación puede llevar intereses y son válidos los que se hubiesen convenido entre deudor y acreedor.

621. La materia de intereses convencionales se encuentra tratada extensamente en muchos escritores de crédito, que se podrían citar en apoyo del artículo. Regularmente los Códigos de Europa son contrarios a la libertad de las convenciones sobre intereses de los capitales.

  Art. 622 - El deudor moroso debe los intereses que estuviesen convenidos en la obligación, desde el vencimiento de ella. Si no hay intereses convenidos, debe los intereses legales que las leyes especiales hubiesen determinado. Si no se hubiere fijado el interés legal, los jueces determinarán el interés que debe abonar.

(Párrafo incorporado por ley 17711 - BO: 26/04/1964) Si las leyes de procedimiento no previeren sanciones para el caso de inconducta procesal maliciosa del deudor tendiente a dilatar el cumplimiento de la obligación de sumas de dinero o que deba resolverse en el pago de dinero, los jueces podrán imponer como sanción la obligación accesoria de pago de intereses que, unidos a los compensatorios y moratorios, podrán llegar hasta dos veces y media la tasa de los bancos oficiales en operaciones de descuentos ordinarios.

622. Me he abstenido de proyectar el interés legal, porque el interés del dinero varía tan de continuo en la República, y porque es muy diferente el interés de los capitales en los diversos pueblos. Por lo demás, el interés del dinero en las obligaciones de que se trata, corresponde a los perjuicios e intereses que debía pagar el deudor moroso.

      ART_623

Art. 623 - (Texto s/ley 23928 - BO: 28/03/1991) No se deben intereses de los intereses, sino por convención expresa que autorice su acumulación al capital con la periodicidad que acuerden las partes o cuando liquidada la deuda judicialmente con los intereses, el juez mandase pagar la suma que resultare y el deudor fuese moroso en hacerlo. Serán válidos los acuerdos de capitalización de intereses que se basen en la evolución periódica de la tasa de interés de plaza.

623. Véase Cód. francés, art. 1154; de Holanda, 1287. En contra de los intereses de intereses, Cód. sardo, art. 2245, y ley 28, tít. 32, lib. 4, Cód. romano.

    Art. 624 - El recibo del capital por el acreedor sin reserva alguna sobre los intereses, extingue la obligación del deudor respecto de ellos.

624. L. 13, tít. 11, part. 5ª. Cód. francés, art. 1908; sardo, 1935; holandés, 1806; de Nápoles, 1780; prusiano, 843, sección I, tít. 21, part. 1ª y L. 43, tít. 3, lib. 46, Dig.

TÍTULO VIII

De las obligaciones de hacer o de no hacer

  Art. 625 - El obligado a hacer, o a prestar algún servicio, debe ejecutar el hecho en un tiempo propio, y del modo en que fue la intención de las partes que el hecho se ejecutara. Si de otra manera lo hiciere, se tendrá por no hecho, o podrá destruirse lo que fuese mal hecho.

625. Sobre este título véase MARCADE, sobre el art. 1142 del Cód. francés.

  Art. 626 - El hecho podrá ser ejecutado por otro que el obligado, a no ser que la persona del deudor hubiese sido elegida para hacerlo por su industria, arte o cualidades personales.

  Art. 627 - Si el hecho resultare imposible sin culpa del deudor, la obligación queda extinguida para ambas partes, y el deudor debe volver al acreedor lo que por razón de ella hubiere recibido.

  Art. 628 - Si la imposibilidad fuere por culpa del deudor, estará éste obligado a satisfacer al acreedor los perjuicios e intereses.

  Art. 629 - Si el deudor no quisiere o no pudiere ejecutar el hecho, el acreedor puede exigirle la ejecución forzada, a no ser que fuese necesaria violencia contra la persona del deudor. En este último caso, el acreedor podrá pedir perjuicios e intereses.

629. El Cód. francés, por el art. 1142, declara que toda obligación de hacer o de no hacer se resuelve en caso de inejecución por parte del deudor, en la satisfacción de los daños e intereses; pero por el art. 1144, declara que el acreedor puede también en caso de inejecución ser autorizado para hacerlo ejecutar él mismo a costa del deudor. MARCADE sobre el art. 1144 concilia esta aparente contradicción, diciendo que el art. 1142 no debe tomarse a la letra, cuando declara que toda obligación de hacer o de no hacer se resuelve en caso de inejecución en la satisfacción de daños e intereses. Esto no sucede sino en dos casos: 1º cuando la ejecución forzada no podría resultar sino de violencia dirigida contra la persona del deudor, y 2º cuando el acreedor, aunque pudiendo obtener la ejecución directa por la fuerza, se contentara con la satisfacción de los daños e intereses. Los códigos de Europa copian tanto el art. 1142 del Cód. francés, como el art. 1144. El Cód. de Luisiana, en los arts. 1920 y 1921, dice: "En caso de inejecución de un contrato que contenga obligación de hacer o de no hacer, aquel en cuyo favor se ha contraído la obligación puede pedir daños y perjuicios, o si esta indemnización es insuficiente, reclamar la ejecución del contrato a su elección, y en todos los casos, daños y perjuicios". Las Leyes de Partida son más claras a este respecto: "El juez débelo apremiar que lo faga ansi como fué puesto é lo prometió", dice una de ellas. LL. 12, tít. 11, part. 5ª, y 5, tít. 27, part. 3ª.

  Art. 630 - Si el hecho pudiere ser ejecutado por otro, el acreedor podrá ser autorizado a ejecutarlo por cuenta del deudor, por sí o por un tercero, o solicitar los perjuicios e intereses por la inejecución de la obligación.

  Art. 631 - El deudor no puede exonerarse del cumplimiento de la obligación, ofreciendo satisfacer los perjuicios e intereses.

  Art. 632 - Si la obligación fuere de no hacer, y la omisión del hecho resultare imposible sin culpa del deudor, o si éste hubiese sido obligado a ejecutarlo, la obligación se extingue como en el caso del artículo 627.

  Art. 633 - Si el hecho fuere ejecutado por culpa del deudor, el acreedor tendrá derecho a exigir que se destruya lo que se hubiese hecho, o que se le autorice para destruirlo a costa del deudor.

    Art. 634 - Si no fuere posible destruir lo que se hubiese hecho, el acreedor tendrá derecho a pedir los perjuicios e intereses que le trajere la ejecución del hecho.

TÍTULO IX

De las obligaciones alternativas

  Art. 635 - Obligación alternativa es la que tiene por objeto una de entre muchas prestaciones independientes y distintas las unas de las otras en el título, de modo que la elección que deba hacerse entre ellas, quede desde el principio indeterminada.

635. SAVIGNY, Derecho de las Obligaciones, § 38.

  Art. 636 - El obligado alternativamente a diversas prestaciones, sólo lo está a cumplir con una de ellas íntegramente, sea la prestación de una cosa o de un hecho, o del lugar del pago, o de cosas, hechos y lugar de la entrega.

636. LL. 23 y 24, tít. 11, part. 5ª. L. 10, § 6, tít. 3, lib. 23, Dig. L. 2, tít. 4, lib. 13, Dig. Cód. francés, arts. 1189 y 1191; de Nápoles, arts. 1142 y 1144; sardo, 1280 y 1289. MARCADE clasifica muy bien las obligaciones alternativas, sobre el art. 1189.

    L340_Art   637

Art. 637 - En las obligaciones alternativas, corresponde al deudor la elección de la prestación de uno de los objetos comprendidos en la obligación.

637. LL. 23 y 24, tít. 11, part. 5ª. Cód. francés, art. 1190; sardo, 1281; holandés, 1316; napolitano, 1143. El principio es general: en todos los actos y contratos, el deudor tiene la elección. Una declaración verbal no le obligaría, y puede cambiar de idea hasta que haya cumplido la prestación. Cum pure stipulatus sum, dice la ley romana, illud aut illu dari liaebit tibi, quoties voles mutare voluntatem in eo quod praestaturos sis. L. 138, Dig. De Verb Oblig Quamdiua id quod promissum est solvatur. (L. 106, Cód.). Las mismas reglas se aplican a los otros contratos. Así, el vendedor que vende muchas cosas bajo una alternativa, como el comprador que promete en retorno del objeto comprado, muchas prestaciones alternativas, tiene la elección en el pago de las diferentes cosas prometidas o vendidas (LL. 25 y 34, § 6, Dig. De Contr emt y 21, § 6, De act emt). Cuando un comodatario o locatario pierde por dolo o culpa la cosa que se le había confiado, queda obligado a pagar una indemnización al propietario; pero cuando el propietario recobra después la cosa, el que la ha pagado debe obtener o el dinero que ha entregado o la cosa; de otra manera, el propietario se enriquecería a su costa. La elección entre lo dado en pago o la cosa, queda para el que ha hecho el pago. Lo mismo puede decirse cuando en un pleito sobre la propiedad, pierde la cosa por dolo o culpa, y paga una indemnización al demandante, si el propietario recobra la cosa. La necesidad de recibir la cosa no puede imponerse al que la ha pagado contra su voluntad, porque él puede repetir la suma que ha entregado por una conditio sine causa. Si, al contrario, prefiere la cosa, no se le puede rehusar, porque la indemnización que ha pagado hace las veces de la compra (L. 1, tít. 4, lib. 41, Dig.).

La facultad de elegir pasa a los herederos del que tenía el derecho de hacer la elección, y aun al cesionario del derecho, porque la facultad de elegir es inherente al derecho (L. 72 "De Verb Oblig").

Si el deudor que tenía el derecho de elegir, considera por error que una de las prestaciones era objeto de una deuda pura y simple, y por este error no usa de su derecho, puedo repetir lo que ha pagado por la conditio indebit, y dar en cambio la otra prestación (L. 10, Cód. De Cond Ind). Véase sobre esta materia a SAVIGNY, Derecho de las Oblig., t. 1, § 38.

  Art. 638 - Si una de las prestaciones no podía ser objeto de la obligación, la otra es debida al acreedor.

638. L. 72, tít. 3, lib. 46, Dig. Cód. francés, art. 1192; de Nápoles, 1045; sardo, 1282.

  Art. 639 - Si uno de los objetos prometidos no pudiese realizarse aunque sea por culpa del deudor, o por otra causa cualquiera, debe prestarse el que ha quedado. Si ninguno de ellos puede prestarse, y el uno ha dejado de serlo por culpa del deudor, éste tiene la obligación de entregar el valor del último que hubiese dejado de poder ser prestado.

639. L. 23, tít. 11, part. 5ª. L. 2, tít. 4, lib. 13, Dig. Cód. francés, art. 1193; sardo, 1283; de Nápoles, 1146.

  Art. 640 - Cuando la obligación alternativa consista en prestaciones anuales, la opción hecha para un año no obliga para los otros.

640. POTHIER, núm. 247. De oblig. ZACHARIAE, § 532, nota 4.

  Art. 641 - Cuando la elección fuere dejada al acreedor, y una de las cosas se hubiese perdido por culpa del deudor, el acreedor podrá reclamar, o la cosa que ha quedado, o el valor de la que se ha perdido. Si se han perdido las dos por culpa del deudor, el acreedor puede reclamar el valor de la una o de la otra. Lo mismo se observará si las prestaciones que comprende la obligación no fuesen de entregar cosas, estimándose entonces por el juez el valor de la que, elegida por el acreedor, no puede prestarse.

641. Cód. francés, art. 1194; napolitano, 1147; holandés, 1312; sardo, 1284. L. 95, Dig. De solut. La aplicación de las reglas sobre la prestación de la culpa y del caso fortuito en las obligaciones alternativas según el Derecho romano, presenta algunas soluciones interesantes: si una de las cosas ha perecido por caso fortuito, la obligación viene a ser pura y simple, es decir, que el deudor está obligado a dar la otra. L. 34, tít. 1, lib. 18, Dig. Si es por culpa del acreedor que una de las cosas ha perecido, el deudor que tiene la elección puede tenerse por libre de la obligación, o bien dar la cosa que queda, y demandar el valor de la cosa que ha perecido por culpa del acreedor. L. 105, tít. 1, lib. 145, Dig. Si en este último caso la elección pertenecía al acreedor, la pérdida de la cosa trae la liberación del deudor. (Cita anterior y L. 95, tít. 3, lib. 46, Dig.) Si las dos cosas han perecido, es preciso distinguir: si ambas han perecido por caso fortuito, el deudor queda libre de la obligación. L. 31, § 6, tít. 1, lib. 18, Dig. Si la primera de las cosas prometidas ha perecido por caso fortuito, y la otra por culpa del deudor, éste está obligado por el valor de la última. L. 95, § 1, tít. 3, lib. 46, Dig. Si la primera ha perecido por culpa del deudor, y la otra por caso fortuito, el Derecho romano, prescindiendo de los principios estrictos, da al acreedor, por motivos de equidad, una acción de dolo para demandar el valor de la cosa que había perecido la última. Si las dos cosas han perecido por culpa del acreedor, el deudor puede reclamar el valor de la que quiera, L. 55, tít. 2, lib. 9, Dig., a no ser que el acreedor no tuviese la elección, porque en este caso el deudor no podría demandar sino el valor de la última que hubiese perecido. L. 95, tít. 3, lib. 46, Dig. Si la primera ha perecido por culpa del acreedor, y la otra por caso fortuito, el deudor es libre y puede demandar el valor de la primera. L. 55, tít. 2, lib. 9, Dig.

    Art. 642 - Si las prestaciones se han hecho imposibles sin culpa del deudor, la obligación queda extinguida.

642. L. 18, tít. 11, part. 5ª. L. 9, tít. 14, part. 5ª. Cód. francés, art. 1195.

TÍTULO X

De las obligaciones facultativas

  Art. 643 - Obligación facultativa es la que no teniendo por objeto sino una sola prestación, da al deudor la facultad de sustituir esa prestación por otra.

  Art. 644 - La naturaleza de la obligación facultativa se determina únicamente por la prestación principal que forma el objeto de ella.

644. Por ejemplo, si es o no obligación divisible o indivisible.

  Art. 645 - Cuando la obligación facultativa es nula por un vicio inherente a la prestación principal, lo es también aunque la prestación accesoria no tenga vicio alguno.

  Art. 646 - El acreedor de una obligación facultativa puede, en la demanda de pago, no comprender sino la prestación principal.

  Art. 647 - La obligación facultativa se extingue cuando la cosa que forme el objeto de la prestación principal perece sin culpa del deudor, antes que éste se haya constituido en mora, o porque se hubiese hecho imposible su cumplimiento, aunque el objeto de la prestación accesoria no hubiese perecido, y fuese posible su entrega.

  Art. 648 - Si el objeto de la prestación principal hubiere perecido o se hubiese hecho imposible por culpa del deudor, el acreedor puede pedir el precio de la que ha perecido o la cosa que era el objeto de la prestación accesoria.

  Art. 649 - No tendrá influencia alguna sobre la prestación principal, ni la pérdida o deterioro de la cosa, ni la imposibilidad del hecho o de la omisión que constituye el objeto de la prestación accesoria.

  Art. 650 - La nulidad del acto jurídico por motivo del objeto de la prestación accesoria no induce nulidad en cuanto a la prestación principal.

    Art. 651 - En caso de duda si la obligación es alternativa o facultativa, se tendrá por alternativa.

651. Cód. de Chile, art. 1507. Son muy notables las diferencias entre la obligación facultativa y la obligación alternativa.

La primera comprende una sola prestación y la segunda varias. En la obligación facultativa la prestación accesoria no forma objeto de la obligación ni la caracteriza: es meramente adjunta para facilitar el pago. Entre tanto, el carácter de una obligación alternativa queda en suspenso hasta que se verifique el pago, y se determina según la prestación por medio de la cual el pago se ha efectuado.

En la obligación alternativa basta para su validez que una u otra de las prestaciones comprendidas en la obligación esté exenta de vicios, cuando en la obligación facultativa basta para invalidarla el vicio en la prestación principal, aunque no lo haya en la obligación accesoria.

En la obligación alternativa el acreedor debe pedir el pago de las diferentes prestaciones que forman el objeto de la obligación, dejando al deudor la libertad de cumplir con la que eligiere, mientras que en la obligación facultativa basta que pida la prestación principal.

La obligación alternativa no se extingue sino cuando las diversas cosas que formen el objeto de la prestación comprendidas en la obligación, hubiesen todas perecido sin culpa del deudor, y antes que éste se hubiese constituido en mora; y la obligación facultativa se extingue cuando hubiese perecido el objeto de la prestación principal, aunque existiera el de la prestación accesoria. Sobre estas diferencias, véase AUBRY y RAU, § 300.

TÍTULO XI

De las obligaciones con cláusula penal

    ART_652

Art. 652 - La cláusula penal es aquella en que una persona, para asegurar el cumplimiento de una obligación, se sujeta a una pena o multa en caso de retardar o de no ejecutar la obligación.

652. Cód. de Chile, art. 1535. L. 1, tít. 11, lib. 1, F. R. L. 34, tít. 11, part. 5ª. Cód. francés, art. 1126; de Nápoles, 1179; sardo, 1316; holandés, 1340.

  Art. 653 - La cláusula penal sólo puede tener por objeto el pago de una suma de dinero, o cualquiera otra prestación que pueda ser objeto de las obligaciones, bien sea en beneficio del acreedor o de un tercero.

  Art. 654 - Incurre en la pena estipulada, el deudor que no cumple la obligación en el tiempo convenido, aunque por justas causas no hubiese podido verificarlo.

654. L. 37, al fin, tít. 11, part. 5ª.

  Art. 655 - La pena o multa impuesta en la obligación, entra en lugar de la indemnización de perjuicios e intereses, cuando el deudor se hubiese constituido en mora; y el acreedor no tendrá derecho a otra indemnización, aunque pruebe que la pena no es indemnización suficiente.

655. Cód. francés, art. 1129; de Nápoles, 1182; sardo, 1319, y respecto a la mora del deudor, Cód. francés, art. 1230; holandés, 1344; de Nápoles, 1183; sardo, 1320.

    ART_656

Art. 656 - Para pedir la pena, el acreedor no está obligado a probar que ha sufrido perjuicios, ni el deudor podrá eximirse de satisfacerla probando que el acreedor no ha sufrido perjuicio alguno.

(Párrafo incorporado por ley 17711 - BO: 26/04/1968) Los jueces podrán, sin embargo, reducir las penas cuando su monto desproporcionado con la gravedad de la falta que sancionan, habida cuenta del valor de las prestaciones y demás circunstancias del caso, configuren un abusivo aprovechamiento de la situación del deudor.

  Art. 657 - El deudor incurre en la pena, en las obligaciones de no hacer, desde el momento que ejecute el acto del cual se obligó a abstenerse.

  Art. 658 - El deudor no podrá eximirse de cumplir la obligación, pagando la pena, sino en el caso en que expresamente se hubiese reservado este derecho.

  Art. 659 - Pero el acreedor no podrá pedir el cumplimiento de la obligación y la pena, sino una de las dos cosas, a su arbitrio, a menos que aparezca haberse estipulado la pena por el simple retardo, o que se haya estipulado que por el pago de la pena no se entienda extinguida la obligación principal.

659. Cód. de Chile, art. 1537. LL. 34 y 35, tít. 11, part. 5ª. Cód. francés, art. 1128; de Nápoles, 1181; sardo, 1318. L. 28, tít. 1, lib. 19, Dig. L. 16, Dig. "De trans".

  Art. 660 - Si el deudor cumple sólo una parte de la obligación, o la cumple de un modo irregular, o fuera del lugar o del tiempo a que se obligó, y el acreedor la acepta, la pena debe disminuirse proporcionalmente, y el juez puede arbitrarla si las partes no se conviniesen.

660. L. 9, tít. 20, lib. 3, F. R. L. 199, De Estilo. Cód. francés, art. 1231; sardo, 1321; holandés, 1345; de Nápoles, 1184. L. 9, tít. 11, lib. 2, Dig.

  Art. 661 - Sea divisible o indivisible la obligación principal, cada uno de los codeudores o de los herederos del deudor, no incurrirá en la pena sino en proporción de su parte, siempre que sea divisible la obligación de la cláusula penal.

  Art. 662 - Si la obligación de la cláusula penal fuere indivisible, o si fuere solidaria aunque divisible, cada uno de los codeudores, o de los coherederos del deudor, queda obligado a satisfacer la pena entera.

  Art. 663 - La nulidad de la obligación principal causa la nulidad de la cláusula penal; pero la nulidad de ésta deja subsistente la obligación principal.

663. L. 56, tít. 5, part. 5ª. L. 6, tít. 11, lib. 1, F. R. Cód. francés, art. 1227; napolitano, 1180; sardo, 1341; holandés, 2115. La obligación de la cláusula penal es sólo una obligación accesoria.

  Art. 664 - Subsistirá, sin embargo, la obligación de la cláusula penal, aunque la obligación no tenga efecto, si ella se ha contraído por otra persona, para el caso de no cumplirse por ésta lo prometido.

  Art. 665 - Si la obligación principal se extingue sin culpa del deudor queda también extinguida la cláusula penal.

  Art. 666 - La cláusula penal tendrá efecto, aunque sea puesta para asegurar el cumplimiento de una obligación que no pueda exigirse judicialmente, siempre que no sea reprobada por la ley.

666 . L. 38, tít. 11, part. 5ª. Pero véase L. 129, § 1, Dig. "De Reg juris".

  ART_666BIS

  Art. 666 bis - (Texto s/ley 17711 - BO: 26/04/1968) Los jueces podrán imponer en beneficio del titular del derecho, condenaciones conminatorias de carácter pecuniario a quienes no cumplieron deberes jurídicos impuestos en una resolución judicial.

Las condenas se graduarán en proporción al caudal económico de quien deba satisfacerlas y podrán ser dejadas sin efecto o reajustadas si aquél desiste de su resistencia y justifica total o parcialmente su proceder.

TÍTULO XII

  De las obligaciones divisibles e indivisibles-##-(*)

CAPÍTULO I

De las obligaciones divisibles

  Art. 667 - Las obligaciones son divisibles, cuando tienen por objeto prestaciones susceptibles de cumplimiento parcial. Son indivisibles, si las prestaciones no pudiesen ser cumplidas sino por entero.

667. L. 2, tít. 1, lib. 45, Dig. SAVIGNY, Derecho de las Obligaciones, § 31. MAYNZ, Derecho romano, § 276. El Cód. francés en el art. 1217 define del modo siguiente las obligaciones divisibles e indivisibles: "La obligación es divisible o indivisible, según ella tenga por objeto una cosa que en su entrega, o un hecho que en su ejecución es o no susceptible de división, sea natural o intelectual". Los Códigos de Europa copian a la letra esta definición; pero MARCADE observa que sólo se refiere a la ejecución de la obligación, y no al objeto de ella al contraerse. La ley romana es más clara y enteramente conforme con nuestro artículo: Stipulationum quoedam in dando, quoedam in faciendo consistunt. Et harum omnium quoedam partis proestationen recipiunt (son divisibles), veluti cum decem dari stipulamur; quoedam non recipiunt, ut in his quoe natura divisionem non admittum, veluti cum viam, iter, actum stipulamur: quoedam partis, quidem dationen natura recipiunt, sed nisi tota dantur, satis stipulationi non fit (no se satisface o cumple la obligación si no se dan por entero o totalmente), veluti cum hominem generaliter stipulor, aut lancem aut quolibet vas.

  Art. 668 - La solidaridad estipulada no da a la obligación el carácter de indivisible, ni la indivisibilidad de la obligación la hace solidaria.

668. Las obligaciones indivisibles, como las obligaciones solidarias, son en verdad exigibles en su totalidad, de parte de cada uno de los acreedores contra cada uno de los deudores; pero este efecto común a estas dos especies de obligaciones, procede en la obligación solidaria del título mismo que la constituye como tal, mientras que en la obligación indivisible, ese efecto no es sino el resultado de la imposibilidad de cumplir parcialmente la prestación que es el objeto. En una obligación indivisible cada uno de los deudores no debería pagar, y cada uno de los acreedores no podría reclamar sino su parte, si la prestación fuese susceptible de cumplimiento parcial, mientras que en la obligación solidaria, cada deudor debe pagar y cada acreedor puede exigir el cumplimiento total, aunque sea posible o fácil hacer pagos parciales. AUBRY y RAU, § 391.

MARCADE dice: "Si en la obligación indivisible cada uno de los deudores, sean deudores primitivos, sean representantes de un deudor único, debe la cosa entera, no es como la obligación solidaria por una cualidad inherente a la persona, que sería verdaderamente acreedora o deudora, sino solamente por la calidad de la cosa, la cual no es susceptible de partes. De este principio se derivan consecuencias importantes: 1ª, aun cuando se reconozca a uno de los acreedores solidarios, el derecho de librar plenamente al deudor, haciéndole remisión de la deuda (POTHIER, núm. 263), no se admite este derecho para uno de los acreedores de la cosa indivisible (POTHIER, núm. 327), porque él no es personalmente dueño del crédito, pues si es autorizado a recibirlo por entero, es únicamente a causa de la naturaleza de la cosa debida; 2ª, el uno de los acreedores no es dueño de extinguir el crédito transformándolo en otra clase de crédito, ni de librar al deudor recibiendo el precio del objeto debido en lugar del objeto mismo; 3ª, y recíprocamente, como el deudor respecto de muchos acreedores no debe todo a cada uno de ellos, sino por la imposibilidad de dividir la cosa en muchas partes y no personalmente, se sigue que la remisión hecha por uno de los acreedores, o la recepción consentida por él, del precio de la cosa, tendría el efecto de disminuir la deuda" (sobre el art. 1224, cap. 1, De las Obligaciones divisibles).

  Art. 669 - Las obligaciones de dar son divisibles cuando tienen por objeto entregas de sumas de dinero o de otras cantidades, o cuando teniendo por objeto la entrega de cosas inciertas no fungibles, comprenden un número de ellas de la misma especie, que sea igual al número de acreedores o deudores, o a su múltiple.

669 . La ley romana dice: Quotiens autem stipulamur numero fit inter eos (herederos) divisio. En el caso del artículo no se trata de la obligación de género que tenga por objeto una sola cosa, sino la que tenga por objeto un número de cosas que corresponda al número de acreedores o deudores.

Para que se comprenda exactamente la divisibilidad o indivisibilidad de las cosas, nos permitimos transcribir lo que SAVIGNY dice a este respecto: "Si buscamos qué es lo que constituye la divisibilidad de las cosas, es preciso ante todo reconocer que en el sentido natural de las palabras, todas las cosas son susceptibles de descomposición en partes y, por consiguiente, son divisibles. Si, pues, dividimos las cosas en divisibles e indivisibles, no es sino con respecto a las relaciones de derecho que tienen una cosa por objeto. Los inmuebles, en tanto que son partes constitutivas de la superficie de la tierra entera, no pueden ser limitados como unidades especiales sino por la voluntad del hombre; pero es de la esencia de esta voluntad ser inconstante y variable. Es imposible pues crear entre límites ya fijados nuevos límites más estrechos o pequeños. Esta facultad es la que funda la divisibilidad ilimitada del suelo. Aunque las partes aisladas puedan diferir en bondad y valor, son siempre idénticas a sí mismas, y al todo original.

"Sólo el suelo sobre que reposa una construcción no es divisible, porque forma un todo independiente, un todo artificial, cuya descomposición destruiría la idea de este todo.

"No sucede así con las cosas muebles. Ellas aparecen en el espacio como unidades. Cada unidad constituye un todo independiente, ya un todo natural como los animales vivos, ya un todo artificial como las obras de arte. Estas unidades son, sin duda, siempre divisibles en sí mismas, pero bajo una relación jurídica las llamamos indivisibles, y las tratamos como tales en dos casos distintos: 1º, cuando la división destruye la idea del todo, de modo que las partes no sean ya idénticas consigo mismas, y con el todo, como en los animales vivos, en las obras de arte, etc.; 2º, cuando la división deja subsistentes partes idénticas, pero con una disminución de valor en el todo, como en el caso de dividir piedras preciosas, espejos, cristales, etc. Nos resta aun después de esto, las cosas muebles, completamente divisibles, que son aquellas cuya división no destruye la idea del todo, ni disminuye el valor total, como en las masas de metal bruto.

"De estas consideraciones resulta que la división de cosas inmuebles o de cosas muebles, es de una naturaleza esencialmente distinta. Para las primeras, la división se causa por un simple cambio de límites que no ejerce sobre las cosas mismas ninguna influencia aparente. Para las segundas, se efectúa por medio de una destrucción material, lo que modifica el estado aparente de la cosa.

"Esta diferencia entre cosas muebles o inmuebles aparece aun en la reunión de cosas aisladas para formar un todo nuevo. Respecto a los inmuebles, la reunión de muchos campos o territorios se causa por el mismo procedimiento que hemos señalado para la división, a saber, por el simple establecimiento de límites nuevos. En cuanto a las cosas muebles, el todo nuevo, artificial, no consiste sino en la designación y uso común, sin ninguna transformación aparente de las cosas aisladas, contenidas en este todo, como la formación de una biblioteca, de un rebaño de ganado, etcétera.

"Las dos especies de transformación, división y reunión, se encuentran principalmente respecto de las cantidades. La naturaleza propia de ellas consiste en que no son determinadas sino por el número, peso o medida, porque en ellas la unidad originaria no tiene valor propio ni carácter individual.

"La unidad originaria, por ejemplo, es el grano de trigo aislado, todo indivisible, porque su división produciría partes heterogéneas; pero estas unidades reunidas en grandes masas son individualizadas haciendo la división por número, medida o peso. En cuanto a los cuerpos líquidos no hay unidad originaria, pero ella se crea artificialmente encerrándolos en cuerpos sólidos".

Nosotros podemos decir que con la división de las cosas en corporales e incorporales, llamando cosas incorporales a las obligaciones, y estableciendo arbitrariamente la división meramente intelectual, quedan muy pocas cosas indivisibles. En este título prescindimos de ambos antecedentes, que no han servido sino para producir la mayor confusión en esta materia.

Podemos decir también, que la división material de las cosas, objeto de las obligaciones, no se permite, cuando por la alteración de sus formas se hacen menos útiles o productivas." LL. 2, tít. 3, lib. 3, F. R.; 10, tít. 15, part. 6ª; 2, tít. 11, part. 6ª.

  Art. 670 - Las obligaciones de hacer son divisibles cuando tienen por objeto la prestación de hechos, determinados solamente por un cierto número de días de trabajo, o cuando consisten en un trabajo dado, según determinadas medidas expresadas en la obligación, como la construcción de un muro, estipulada por metros; pero cuando la construcción de una obra no es por medida, la obligación es indivisible.

670. Véase MAYNZ, § 276 y las leyes romanas citadas en las notas 11 y sigs. SAVIGNY, § 32. La construcción de una casa, por ejemplo, es un hecho divisible, cuando se considera esta construcción en sí misma como un hecho susceptible de cumplirse sucesivamente y por partes. Pero en la obligación de construir una casa se mira menos el hecho transitorio de la construcción, que su resultado final y permanente, la casa que construir. Una casa no existe como tal sino por la reunión de todas las partes que la forman: ella es indivisible en su forma específica; su construcción es, por lo tanto, igualmente indivisible desde que viene a ser el objeto de una obligación. Las mismas observaciones se aplican a toda empresa que tenga por objeto una forma determinada. Tal es también la obligación de entregar un terreno destinado, según la intención de las partes, para una construcción que exige la totalidad del terreno. Aunque un terreno considerado en sí mismo sea divisible, cesa de serlo cuando viene a ser el objeto de una obligación en la cual es considerado como un lugar destinado a una construcción, o a otro uso que exija la totalidad de ese terreno. POTHIER, Oblig., núm. 293. AUBRY y RAU, § 301, notas 8 y 9.

  Art. 671 - En las obligaciones de no hacer, la divisibilidad o indivisibilidad de la obligación se decide por el carácter natural de la prestación, en cada caso particular.

671. "Si os habéis obligado -dice MARCADE- a no cortar sino cincuenta hectáreas del bosque de vuestro campo, para que yo pueda cazar en las restantes, y cortáis cien hectáreas, vuestra obligación queda violada en parte". Ella es pues divisible aunque consiste in non faciendo. (Sobre el art. 1228 del Cód. francés.) SAVIGNY agrega: "En las obligaciones que tienen por objeto una omisión (non faciendi obligationes), para juzgar de su divisibilidad o indivisibilidad, todo depende de saber si el acto de que el deudor ha prometido abstenerse, puede en sí mismo ser igualmente cumplido por cada uno de los herederos, o si cada uno no puede cumplirlo sino por parte. En el primer caso, la obligación misma es indivisible; en el segundo, es divisible". "Cuando alguno estipula con su vecino, per te non fieri, neque per heredem tuum quo minus nihil ire agere per fundum tuum liceat, esta obligación es indivisible, porque después de la muerte del deudor, un obstáculo efectivo puede provenir de todos los herederos o de uno de ellos, y en el interés del acreedor es del todo indiferente saber cuál es el autor. Cuando al contrario, un deudor estipula con su acreedor, non amplius agit (no demandarlo en adelante) y el acreedor muere, la estipulación se divide entre sus herederos, porque no es posible a cada heredero intentar la acción originaria, sino por su parte hereditaria, y por consiguiente no puede violar la estipulación, sino por partes. L. 4, § 1, De Verb. Oblig., SAVIGNY, § 32.

  Art. 672 - Las obligaciones alternativas que tienen por objeto prestaciones de naturaleza opuesta, no son consideradas como divisibles o indivisibles sino después de la opción del acreedor, o del deudor con conocimiento del acreedor.

672. FREITAS pone los ejemplos siguientes: Si alguien se obliga a entregar un cierto número de botellas de vino, de una o de otra de dos pipas que tiene, esta obligación alternativa debe ser luego considerada como divisible, porque las dos prestaciones de la alternativa tienen por objeto la entrega de cantidades.

Si alguien se obliga a entregar un cierto número de botellas de vino, o a hacer un determinado servicio, no será posible saber si esta obligación alternativa es divisible o indivisible, sino después que haya elegido el acreedor o el deudor, o después que hayan escogido los herederos de éstos, entre los dos objetos de la alternativa. La razón es que una de estas prestaciones es divisible mientras que la otra, la de prestar un servicio, es indivisible.

El Derecho romano consideraba la obligación alternativa como indivisible, aunque las dos prestaciones comprendidas en ella fuesen divisibles. Si ella fuese divisible, se decía, el deudor en los casos que le correspondiese la elección, podría dar parte de una de las cosas comprendidas en la obligación. Pero esta razón es de ningún valor, porque es de la naturaleza de las obligaciones alternativas no estar el deudor obligado a todas las prestaciones comprendidas en la obligación, sino a una o a otra de ellas íntegramente. Es entonces imposible que pudiese hacer el pago con parte de una de las cosas y con parte de la otra.

  Art. 673 - Las obligaciones divisibles, cuando hay un solo acreedor y un solo deudor, deben cumplirse como si fuesen obligaciones indivisibles. El acreedor no puede ser obligado a recibir pagos parciales, ni el deudor a hacerlos.

673. Es consecuencia de las LL. 1, 2, 3 y 8, tít. 14, part. 5ª. L. 9, tít. 20, lib. 3, F. R. L. 9, tít. 43, lib. 8, Cód. romano. L. 41, tít. 1, lib. 22, Dig. Cód. francés, art. 1220; napolitano, 1173; sardo, 1310.

Las obligaciones no se distinguen en divisibles e indivisibles sino cuando son muchos los acreedores o los deudores. Habiendo un solo acreedor y un solo deudor, la obligación, por divisible que sea, debe siempre tener una ejecución íntegra sin ser jamás susceptible de pagos parciales. Es sólo a la muerte de un deudor o de un acreedor que dejan muchos sucesores, cuando la obligación existente originariamente entre un solo acreedor y un deudor, puede dividirse, si es susceptible de división. No sería preciso que sucediese la muerte de una de las partes para aplicar los principios de la divisibilidad, si la obligación se formase desde el principio por muchos acreedores, o contra muchos deudores, o si el acreedor único vendiese su crédito a muchas personas.

Téngase presente que, cuando por la muerte de una de las partes, el derecho se divide entre sus herederos, no es en partes viriles, es decir, en tantas partes cuantos sean los herederos, sino en la proporción de la parte por la cual cada uno de los herederos representa al difunto. Si pues el difunto deja dos herederos, el uno por dos tercios y el otro por un tercio, el primero será deudor o acreedor por dos tercios, y el segundo por un tercio de la obligación.

Respecto a la deuda de la obligación debemos decir que por la división de ésta, no se divide en muchas deudas. Es sólo una deuda dividida en muchas partes, y que sólo es pagadera en porciones, porque lo es por muchas personas o a muchas personas. Si después de la muerte de un acreedor que ha dejado dos herederos, uno de éstos muere dejando por sucesor al coheredero, éste, resultando ser el único acreedor de la deuda única, no tendría derecho para hacerle el pago en dos porciones, pues la deuda única había cesado de ser pagadera a muchos.

  Art. 674 - Si la obligación se contrae entre muchos acreedores y un solo deudor, o entre muchos deudores y un solo acreedor, la deuda se divide entre ellos por partes iguales, si de otra manera no se hubiese convenido.

  Art. 675 - Si en las obligaciones divisibles hubiere muchos acreedores o muchos deudores originarios o por sucesión, cada uno de los acreedores sólo tendrá derecho para exigir su parte en el crédito; y el deudor que hubiese pagado toda la deuda a uno solo de los acreedores, no quedará exonerado de pagar la parte de cada acreedor; y recíprocamente, cada uno de los deudores sólo podrá estar obligado a pagar la parte que le corresponda en el crédito, y podrá repetir todo lo demás que hubiere pagado.

675. Véanse L. 10, tít. 1, lib. 10, Nov. Rec. y L. 5, tít. 6, Part 6ª. SAVIGNY, § 33.

El Cód. francés, después de establecer en el art. 1220, casi igual al nuestro, que los herederos del deudor sólo están obligados a pagar la parte de la deuda que corresponda a su parte hereditaria, crea en el art. 1221 cinco excepciones al principio, las que nosotros reducimos a dos: "El principio establecido -dice- en el artículo precedente, tiene respecto de los herederos del deudor, las excepciones siguientes:

"1ª En el caso en que la deuda es hipotecaria.

"2ª Cuando ella es de un cuerpo cierto.

"3ª Cuando se trata de una deuda alternativa de cosas, que quedan a elección del acreedor, de las cuales una es indivisible.

"4ª Cuando uno de los herederos del deudor está él solo encargado, por el título, de la ejecución de la obligación.

"5ª Cuando resulta, sea de la naturaleza de la obligación, sea de la cosa que hace el objeto de ella, sea del fin que se hubiesen propuesto en el contrato, que la intención de los contratantes ha sido que la deuda no pudiese pagarse parcialmente".

La circunstancia de que uno de los herederos esté en posesión del inmueble hipotecado a la deuda, no cambia en nada el principio de que la obligación se divide entre los herederos del deudor. La hipoteca o la prenda son accesorios de la obligación, y por lo tanto no pueden alterar la naturaleza de la obligación principal, que tenía por objeto la entrega de cosas divisibles. La hipoteca no confiere al acreedor ningún poder sobre la cosa hipotecada, sino para el efecto de asegurar el cumplimiento de la obligación. La cosa hipotecada no ha de ser entregada al acreedor, porque no es el objeto de la prestación constitutiva de la obligación principal; debe ser vendida para el pago, si el deudor no lo ejecuta. El heredero del deudor, poseedor de la cosa hipotecada, no puede ser perseguido por el pago como heredero y deudor personal. Si lo es, es por razón de otro principio que no tiene que ver con la división de las obligaciones. El acreedor hipotecario puede perseguir el inmueble hipotecado y a los poseedores del inmueble, aunque estos poseedores no sean herederos del deudor, o sean completamente extraños a la deuda. Si pues, el heredero poseedor puede ser perseguido por el todo, no es por una excepción al principio de la división de la deuda entre él y sus coherederos, sino como tenedor de la cosa hipotecada, como lo sería cualquier extraño a la sucesión, a quien pasase la posesión del inmueble hipotecado. El principio, pues, al cual el Cód. francés pretende poner una excepción, queda completamente intacto. Véase AUBRY y RAU, § 301, nota 26.

Otra excepción pone el artículo citado, y es en el caso de una deuda alternativa de cosas, de las cuales la una es indivisible, y su elección pertenece al acreedor. Pero es claro que si el pago por parte viene a ser entonces imposible, es porque la cosa elegida es indivisible, y la deuda viene a ser por supuesto también indivisible. Si la deuda es indivisible, no es entonces el caso de que habla el Cód. francés, una excepción al principio del pago por partes en las deudas divisibles. Véase MARCADE sobre el art. 1221.

  Art. 676 - Exceptúase de la última parte del artículo anterior, el caso en que uno de los deudores o uno de los coherederos tuviese a su cargo el pago de toda la deuda, ya en virtud del título de la obligación, o por haberse así determinado en la división de la herencia, en cuyo caso el deudor podrá ser demandado por el todo de la obligación, salvo sus derechos respecto a los otros codeudores o coherederos.

  Art. 677 - Si uno o varios de los codeudores fueren insolventes, los otros codeudores no están obligados a satisfacer la parte de la deuda que a aquéllos correspondía.

  Art. 678 - La suspensión de la prescripción respecto a alguno de los deudores, no aprovecha ni perjudica a los otros acreedores o deudores.

CAPÍTULO II

De las obligaciones indivisibles

  Art. 679 - Toda obligación de dar un cuerpo cierto es indivisible.

679. FREITAS pone una larga nota al núm. 984 de su proyecto, sosteniendo la doctrina de que la obligación de entregar cuerpos ciertos, sea cual fuere el objeto con que se hiciese, es indivisible, contra lo que disponen algunas leyes romanas y los comentadores del Cód. de Napoleón. Hace ver que toda la confusión que hay en la materia, ha nacido de la definición que da el art. 1217 del Cód. francés de la obligación divisible. El artículo dice que obligación divisible es la que tiene por objeto una cosa, que en su entrega es susceptible de división, así "material" como "intelectual". Con base tan amplia, ningún objeto corpóreo puede escapar de la posibilidad de la división. Entre tanto, la naturaleza real de las cosas que no consisten en cantidades, repugna a esa divisibilidad abstracta, pues es imposible la entrega de esas cosas por partes. Las obligaciones se distinguen en divisibles e indivisibles bajo el punto de vista del objeto de su prestación, y no es posible dividirlas bajo otro aspecto. Si la cosa, en una obligación de dar, fuese materialmente divisible, la obligación también sería divisible. En el caso contrario, la obligación es indivisible. Trátase de la divisibilidad material, absoluta, y no de la que depende de circunstancias independientes de la cosa; y así, vienen a ser divisibles solamente las obligaciones cuya prestación consiste en la entrega de cantidades, e indivisibles las obligaciones de entregar cosas ciertas no fungibles.

Nosotros, fundados en el art. 1221 del mismo Cód. francés y en varias leyes romanas, L. 72, Dig. De Verb. Oblig.; L. 1, § 36. Dig. Depositi vel contra y L. 3, § 3, Dig. Commod. vel contra, aceptamos plenamente los principios de FREITAS.

    ART_680

Art. 680 - Son igualmente indivisibles las obligaciones de hacer, con excepción de las comprendidas en el artículo 670.

680. SAVIGNY, § 32, núm. 2. L. 8, § 2, Dig. De Verb. Oblig. L. 80, § 1, ad. Leg. Falc. POTHIER, Oblig., en el núm. 289, sostiene que las obligaciones de hacer o de no hacer pueden ser, ya divisibles o ya indivisibles, según fuese el hecho objeto de la obligación. MARCADE lo sigue; pero de los ejemplos que pone sólo se deduce que aquellos hechos que bajo un solo nombre envuelven muchos hechos, pueden dividirse y hacer resultar divisible la obligación; pero hablamos del simple hecho, y decimos que éste es indivisible, como sería la obligación de salir del país, o de hacer una construcción, el opus de los romanos. La L. 80, § 1, que hemos citado, decía ...neque enin ullum balneum, aut ullum theatrum aut stadium fecisse intelligitur, qui ei propriam formam, quoe ex consumatione contiguit non dederit.

  Art. 681 - La obligación de entregar es indivisible, cuando la tradición tenga el carácter de un mero hecho, que no fuese de los designados en el artículo 670, o fuese una dación no comprendida en el artículo 669.

681. Véase L. 5, tít. 2, part. 5ª. SAVIGNY en el § 32 discute extensamente la indivisibilidad de la tradición.

  Art. 682 - (Texto s/ley 11725 - BO: 30/09/1933) Cuando las obligaciones divisibles o indivisibles, tengan por accesorio una prenda o hipoteca, el acreedor no está obligado a devolver la prenda ni a alzar la hipoteca en todo o en parte, mientras el total de la deuda no fuere pagado, salvo el caso de obligaciones divisibles garantidas con hipoteca en cuya ejecución los jueces declaren procedente la división del bien hipotecado para la enajenación, y la cancelación parcial de la hipoteca.

682. L. 43, tít. 13, part. 5ª. L. Qui pignori. Dig. "De pig. et hipot".

  Art. 683 - La obligación que tiene por objeto la creación de una servidumbre predial es indivisible.

683. LL. 2 y 72, De Verb. Oblig. L. 9, tít. 31, part. 3ª y L. 5, tít. 23, part. 3ª.

  Art. 684 - Las obligaciones indivisibles no pueden constituirse respecto de un objeto común a muchos, sino con el consentimiento de todos los condóminos.

684. L. 10, tít. 31, part. 3ª.

  Art. 685 - Toda abstención indivisible hace indivisible la obligación. Sólo el autor de la violación del derecho debe soportar la indemnización que pueda exigir el acreedor, quedando libres de satisfacerla los otros codeudores.

685. L. 2, § último, Dig. De Verb. Oblig. L. 199 Del Estilo. L. 9, tít. 20, lib. 3, F. R.

  Art. 686 - Cualquiera de los acreedores originarios, o los que lo sean por sucesión o por contrato, pueden exigir de cada uno de los codeudores, o de sus herederos, el cumplimiento íntegro de la obligación indivisible.

686. L. 9, tít. 31, part. 3ª. Las reglas sobre el pago de la obligación indivisible cesan, desde que esta obligación se resuelve por la inejecución de ella, en pago de pérdidas e intereses, porque las pérdidas e intereses consisten siempre en una suma de dinero, y constituyen, por consiguiente, una prestación divisible. L. 25, § § 9 y 10, tít. 2, lib. 10, Dig. MAYNZ, § 276.

  Art. 687 - Sólo por el consentimiento de todos los acreedores, puede remitirse la obligación indivisible, o hacerse una quita de ella.

687. L. 17, tít. 31, part. 3ª.

  Art. 688 - Prescripta una deuda indivisible por uno de los deudores contra uno de los acreedores, aprovecha a todos los primeros, y perjudica a los segundos; e interrumpida la prescripción por uno de los acreedores contra uno de los deudores, aprovecha a todos aquéllos, y perjudica a todos éstos.

688. L. 18, tít. 31, part. 2ª. SAVIGNY, en el § 36 de su obra, Derecho de las Obligaciones, nos hace saber el resultado de las acciones sobre obligaciones indivisibles, cuando se deducen en juicio en el Reino de Prusia, que pueden ser un grande ejemplo para nuestros tribunales.

Caso de muchos deudores. Constitución de una servidumbre

La obligación solidaria, pesando sobre cada uno de los deudores, queda siempre la misma; mas el Derecho romano sacaba el resultado que el deudor elegido como demandado estaba obligado a pagar todo el valor pecuniario de la servidumbre, valor que él recobraba en seguida parcialmente de cada uno de sus codeudores.

En el derecho actual, la condenación se hace sobre la constitución misma de la servidumbre, el demandado es considerado en el juicio como representante de sus codeudores. Si el demandado no quiere o no puede proceder a la ejecución de la sentencia en el tiempo que se le ha fijado, por ejemplo, a causa de la resistencia de sus codeudores, entonces el juez procede directamente. Para conseguirlo, nombra peritos con citación de los codeudores, que fijen la dirección y extensión de la servidumbre, y ésta, así determinada, se declara definitivamente constituida.

Construcción de una obra

La obligación solidaria queda también la misma. En cuanto a la sentencia, ella no se dirige sobre el pago del valor pecuniario de la obra, sino sobre la obra misma. Sin embargo, puede suceder de continuo que la ejecución no se obtenga por medio de ejecuciones personales, y que por esta vía no se satisfagan los derechos del demandante: entonces, de acuerdo con el actor, todo se resuelve en un pago de dinero, y se da el trabajo que debe hacerse a un tercero, de cuenta del demandado, que ha sido condenado.

Abstención indivisible

La obligación solidaria, queda siempre la misma. La violación de la convención no da lugar sino a una indemnización; pero el demandante puede exigir al mismo tiempo que una garantía le sea dada de que en adelante no habrá nuevas violaciones. El demandado debe sujetarse a una pena, o dar fianza.

Caso de muchos acreedores. Constitución de una servidumbre

En este caso, cada acreedor obra aisladamente como representante de los otros. La condenación se hace sobre la servidumbre misma, y no de una suma de dinero, y por consiguiente no hay cuestión como en el Derecho romano de una condenación, limitada a la parte sola que el demandante tenga en la obligación.

Construcción de una obra

En este caso se aplica la regla que acabamos de dar sobre la servidumbre, teniendo en cuenta lo que hemos dicho en el caso de muchos deudores de una obra.

Abstención indivisible

La restricción del derecho de obrar, limitada únicamente al que ha sido dañado, dándole la misma garantía para lo futuro, que hemos indicado antes.

    Art. 689 - Las relaciones de los acreedores conjuntos entre sí, o de los deudores conjuntos entre sí, después que uno de ellos hubiese cumplido una obligación divisible o indivisible, se reglarán de la manera siguiente:

1. Cada uno de los acreedores conjuntos debe pagar una cuota igual o desigual, designada en los títulos de la obligación, o en los contratos que entre sí hubiesen celebrado.

2. Si no hubiere títulos, o si nada se hubiese prevenido sobre la división del crédito o de la deuda entre los acreedores y deudores conjuntos, se atenderá a la causa de haberse contraído la obligación conjuntamente, a las relaciones de los interesados entre sí, y a las circunstancias de cada uno de los casos.

3. Si no fuese posible reglar las relaciones de los acreedores o deudores conjuntos entre sí, se entenderá que son interesados en partes iguales, y que cada persona constituye un acreedor o un deudor.

689. Véase L. 11, tít. 12, part. 5ª, respecto a las obligaciones solidarias o mancomunadas, que sigue las sutilezas del Derecho romano en la L. 36, tít. 1, lib. 46, Dig., y el Cód. francés, art. 1213; sardo, 1303; holandés, 1328.

De las obligaciones con relación a las personas

TÍTULO XIII

De las obligaciones simplemente mancomunadas

    ART_690

Art. 690 - La obligación que tiene más de un acreedor o más de un deudor, y cuyo objeto es una sola prestación, es obligación mancomunada, que puede ser o no solidaria.

  Art. 691 - En las obligaciones simplemente mancomunadas, el crédito o la deuda se divide en tantas partes iguales como acreedores o deudores haya, si el título constitutivo de la obligación no ha establecido partes desiguales entre los interesados. Las partes de los diversos acreedores o deudores se consideran como que constituyen otros tantos créditos o deudas distintos los unos de los otros.

691. L. 10, tít. 1, lib. 10, Nov. Rec. MARCADE, sobre el tít. 3, lib. 3, núm. 592. La regla de la primera parte del artículo está sujeta a una modificación, cuando entre los acreedores o deudores haya muchas personas que deban considerarse como que no forman sino una sola, y que deban contarse por una sola cabeza. La misma regla se modifica por la circunstancia de que el uno de los acreedores o deudores originarios se encuentra representado por muchos herederos. En este caso, la parte del difunto se subdivide entre sus herederos a prorrata de sus porciones hereditarias.

  Art. 692 - El título de la constitución de la obligación puede hacer que la división del crédito o de la deuda no sea en porciones iguales, sino a prorrata del interés que cada uno de ellos pueda tener en la asociación o comunidad a la cual se refiere el crédito o la deuda.

    ART_693

Art. 693 - Siendo el objeto de la obligación simplemente mancomunada, una cosa divisible, cada uno de los deudores está obligado solamente a su parte en la deuda, y cada uno de los acreedores puede sólo demandar su parte en el crédito. El deudor que pagase íntegra la deuda no será subrogado en los derechos del acreedor contra los otros deudores.

693. L. 10, tít. 1, lib. 10, Nov. Rec. En cuanto a la última parte, véase AUBRY y RAU, § 298.

  Art. 694 - La insolvencia de uno de los deudores debe ser soportada por el acreedor, y no por los otros deudores.

  Art. 695 - Los actos emanados de uno solo de los acreedores, o dirigidos contra uno solo de los deudores, que interrumpan la prescripción, no aprovechan a los otros acreedores, y no pueden oponerse a los otros deudores.

  Art. 696 - La suspensión de la prescripción que tenga lugar por parte de uno de los acreedores solamente, no aprovecha a los otros, y recíprocamente, cuando la prescripción es suspendida respecto de uno de los deudores solamente, la suspensión no puede ser opuesta a los otros.

  Art. 697 - La mora o la culpa de uno de los deudores no tiene efecto respecto de los otros.

    Art. 698 - Cuando en la obligación simplemente mancomunada, hubiere una cláusula penal, no incurrirá en la pena sino el deudor que contraviniese a la obligación, y solamente por la parte que le correspondía en la obligación.

TÍTULO XIV

De las obligaciones solidarias

  Art. 699 - La obligación mancomunada es solidaria, cuando la totalidad del objeto de ella puede, en virtud del título constitutivo o de una disposición de la ley, ser demandada por cualquiera de los acreedores o a cualquiera de los deudores.

699 . L. 8, tít. 12, part. 5ª. L. 3, tít. 2, lib. 45, Dig.

  Art. 700 - La solidaridad puede también ser constituida por testamento, por decisión judicial, que tenga fuerza de cosa juzgada, o puede resultar de la ley respecto de los deudores.

700. SAVIGNY, § 17. POTHIER, núm. 269. ZACHARIAE, § 526, nota 7. SAVIGNY, en el parágrafo citado, trata extensamente del efecto de las sentencias absolutorias y del efecto de las sentencias condenatorias. Cuando el juicio sobre el cumplimiento de la obligación se ha tenido con un solo deudor, o con un solo acreedor, o cuando el juicio ha sido arbitral y el condenado no lo obedece, él sólo incurre en la pena del compromiso.

  Art. 701 - Para que la obligación sea solidaria, es necesario que en ella esté expresa la solidaridad por términos inequívocos, ya obligándose "in solidum", o cada uno por el todo, o el uno por los otros, etcétera, o que expresamente la ley la haya declarado solidaria.

701. L. 10, tít. 1, lib. 10, Nov. Rec. L. 2, tít. 40, lib. 8, Cód. romano. Respecto de los deudores y respecto de los acreedores. L. 11, tít. 2, lib. 45, Dig. Cód. de Chile, art. 1511. Cód. francés, art. 1202; de Nápoles, 1155; sardo, 1292; holandés, 1318.

  Art. 702 - La obligación no deja de ser solidaria, cuando debiéndose una sola y misma cosa, ella sea para alguno de los acreedores o para alguno de los deudores obligación pura y simple, y para otros obligación condicional o a plazo, o pagadera en otro lugar.

702. LL. 2, 7, 9, 12 y 15, tít. 2, lib. 45, Dig. Cód. de Chile, art. 1512. Cód. francés, art. 1201; de Nápoles, 1154; sardo, 1291; holandés, 1317. MAYNZ, Derecho Romano, § 271.

  Art. 703 - Aunque uno de los acreedores fuese incapaz de adquirir el derecho o contraer la obligación, ésta no dejará de ser solidaria para los otros. La incapacidad sólo puede ser opuesta por el acreedor o deudor incapaz.

703. AUBRY y RAU, § 298, letra a.

  Art. 704 - La obligación solidaria perderá su carácter en el único caso de renunciar el acreedor expresamente a la solidaridad, consintiendo en dividir la deuda entre cada uno de los deudores. Pero si renunciare a la solidaridad sólo en provecho de uno o de alguno de los deudores, la obligación continuará solidaria para los otros, con deducción de la cuota correspondiente al deudor dispensado de la solidaridad.

    ART_705

Art. 705 - El acreedor, o cada acreedor, o los acreedores juntos pueden exigir el pago de la deuda por entero contra todos los deudores solidarios juntamente, o contra cualquiera de ellos. Pueden exigir la parte que a un solo deudor corresponda. Si reclamasen el todo contra uno de los deudores, y resultase insolvente, pueden reclamarlo contra los demás. Si hubiesen reclamado sólo la parte, o de otro modo hubiesen consentido en la división, respecto de un deudor, podrán reclamar el todo contra los demás, con deducción de la parte del deudor libertado de la solidaridad.

705. Proyecto de GOYENA, art. 1062. L. 8, tít. 12, part. 5ª. L. 2, tít. 40, lib. 8, Cód. romano. LL. 3 y 11, tít. 2, lib. 45, Dig. L. 1, § 43, tít. 3, lib. 16, Dig. Cód. francés, arts. 1203 y 1204; de Nápoles, 1156 y 1157; sardo, 1293 y 1294; holandés, 1319 y 1320.

  Art. 706 - El deudor puede pagar la deuda a cualquiera de los acreedores, si antes no hubiese sido demandado por alguno de ellos, y la obligación queda extinguida respecto de todos. Pero si hubiese sido demandado por alguno de los acreedores, el pago debe hacerse a éste.

706. ZACHARIAE, § 527, nota 3. L. 5, tít. 14, part. 5ª. L. 16, tít. 2, lib. 45, Dig. Instit., § 1, tít. 17, lib. 3. Cód. francés, art. 1198; sardo, 1288; de Nápoles, 1153; holandés, 1315. Cada uno de los acreedores solidarios, como cada uno de los deudores, es representante y mandatario de los otros. Él, pues, antes de ser demandado, es libre de pagar al acreedor que le agrade, porque cada uno tiene capacidad para recibir el todo. Pero puesta ya la demanda por uno de los acreedores, el deudor podría inutilizar la acción deducida en juicio, pagando a otro, pues que el acreedor que lo ha demandado lo ha hecho a nombre y en representación de todos. Véase MARCADE, sobre los arts. 1198 y 1200.

  Art. 707 - (Texto s/ley 17711 - BO: 26/04/1968) La novación, compensación o remisión de la deuda, hecha por cualquiera de los acreedores y con cualquiera de los deudores, extingue la obligación.

707. Los Códigos francés, sardo, napolitano y holandés disponen que la remisión o quita de la deuda que no es hecha sino por alguno de los acreedores solidarios, no libra al deudor sino de la parte de ese acreedor. Parece que están conformes en cuanto a la novación y compensación. Las razones que tuvieron los jurisconsultos franceses para no dar ese efecto a la remisión o perdón de la deuda fueron, según se ve en sus discursos, que todo acreedor solidario tiene, en efecto, derecho para hacer ejecutar la obligación, pero que la remisión lejos de ser la ejecución de la obligación, la destruía por un simple acto de liberalidad. Un acreedor y un deudor de mala fe podrían por este medio perjudicar a los otros acreedores, pues les sería fácil suponer una remisión total de la deuda, aun cuando no fuese sino parcial, para sacar ambos provecho de la falsedad. Podía ser además que nada importase el recurso de los acreedores, contra el que hubiese hecho la remisión del crédito, porque podría parecer insolvente.

A estas consideraciones puede contestarse, que a nadie debe suponerse liberal de lo propio y de lo ajeno, cuando tiene obligación de reintegrarlo: que es más fácil hacer el fraude encubiertamente, dándose el acreedor por recibido de la deuda total, cuando sólo recibe un pago parcial, que hacer un fraude manifiesto en la remisión del crédito.

MARCADE, en el comentario al art. 1198 del Cód. francés, va más allá de los códigos citados, y sostiene que ni la novación, ni la compensación, ni la confusión hecha por uno de los acreedores extingue la obligación.

A la autoridad de estos códigos, podemos oponer la autoridad del Cód. romano, Instit., lib. 3, tít. 29, § 1, y la del de Chile, conformes con nuestro artículo: el Proyecto de GOYENA, art. 1061, y el de FREITAS, art. 1013. En cuanto a los jurisconsultos, nuestro artículo es conforme a lo que enseña POTHIER, núm. 266, núm. 4. SAVIGNY trata la materia extensamente en el § 18 del Derecho de las Obligaciones, demostrando que todos los equivalentes de pago, datio in solutum, novación, compensación, remisión de la deuda, transacción, confusión, etc., aceptados por uno de los acreedores, extingue la obligación solidaria.

  Art. 708 - El acreedor que hubiese cobrado el todo o parte de la deuda, o que hubiese hecho quita o remisión de ella, queda responsable a los otros acreedores de la parte que a éstos corresponda, dividido el crédito entre ellos.

708. Existe, dice SAVIGNY, § 23, una cuestión muy debatida entre los jurisconsultos referente a la obligación solidaria, tanto respecto de los acreedores, como respecto de los deudores. Cuando uno de los acreedores solidarios ha recibido la totalidad de la deuda, ¿está obligado a dividir con sus coacreedores lo que se le hubiese pagado? Cuando uno de los deudores solidarios ha pagado el todo, y con su prestación ha puesto fin a la obligación, ¿puede exigir que sus codeudores le indemnicen cada uno por su parte? Como la obligación es solidaria, el acreedor ha recibido lo que a él se le debía, el todo del crédito, y el deudor ha pagado todo lo que él debía, el total de la deuda. Entre los jurisconsultos romanos había divergencia de opiniones. Entre los glosadores las opiniones se han dividido aún más, y esta controversia existe hasta la época actual, y aun ha tomado mayor extensión. SAVIGNY, discutiendo la materia por todos los principios de las obligaciones, y por el carácter que en la obligación solidaria toman los acreedores y deudores, dice que unos y otros no podrían librarse de las acciones que en los diversos casos podrían ejercer los acreedores y deudores. Ya la acción pro socio, ya la acción negotiorum gestorum, ya la acción de mandato, como que unos y otros son representantes y mandatarios de sus coacreedores, codeudores, o comuneros de lo que se ha recibido. La cesión de acciones es otro medio que tendría el deudor para hacerse indemnizar de lo que hubiese pagado por los otros deudores. Como decía la ley romana, el deudor solidario está obligado a pagar al acreedor que le demande el todo de la obligación, si actiones suas adversus caeteros praestare non recuset. Véase AUBRY y RAU, § 298, nota 17.

ZACHARIAE, conforme con la doctrina de SAVIGNY, dice que sin embargo del principio de la comunidad del crédito, si el acreedor cobrase la parte que a él correspondiese, o si el deudor pagase la parte que tuviese en la deuda, no tendría el primero nada que comunicar a los otros acreedores ni el segundo, derecho a ser indemnizado del pago que hubiese hecho, a no ser que la solidaridad de unos y otros naciera de un contrato de sociedad (§ 527, nota 14).

Nosotros juzgamos que la solución de la cuestión debe únicamente determinarse por las relaciones especiales que existan entre los cointeresados, independientemente de toda solidaridad, y que varíen según las circunstancias particulares de los casos. Así, cuando se trata de acreedores solidarios es preciso examinar si según las relaciones obligatorias existentes entre ellos, el objeto pagado debe pertenecer a uno o a todos. En el primer caso, si el pago ha sido recibido por aquel a quien la cosa corresponde, él la guardará para sí: si ha sido recibido por otro, debe restituirla al que se le debe. En el segundo caso, el acreedor que ha recibido el pago debe comunicarlo a los otros, según las porciones que les correspondan.

Las mismas reglas se aplican a la solidaridad entre deudores. Si yo me he obligado solidariamente con Pedro por hacerle un favor, sin sacar ninguna ventaja de la obligación, es evidente que si él paga toda la deuda, no tiene ningún recurso contra mí: si por el contrario, yo hubiese pagado toda la deuda, puedo exigir de Pedro el reembolso de todo lo que hubiese pagado.

Si Pedro y yo hubiésemos contraído solidariamente una obligación en la cual el uno y el otro tuviéramos un interés, el que de nosotros hubiese hecho el pago, podría obligar al otro al reembolso de la parte que le correspondía en la deuda, y esta parte no sería precisamente la mitad, sino que sería determinada por las relaciones particulares que hubiese hecho nacer entre nosotros la comunidad de intereses. En ciertos casos esta comunidad existe por la naturaleza de las cosas, por ejemplo, entre los socios; en otros, ha sido establecida por la ley, como entre muchos fiadores solidarios. Por el contrario, no tiene lugar, cuando la obligación proviene de un delito, nec enim nulla societas maleficiorum, dice la ley romana, vel communicatio justa damni ex maleficio est. El deudor solidario que tenga derecho a ejercer un recurso contra sus codeudores, usará para este efecto de los medios que le corresponda, según las circunstancias de la causa.

  Art. 709 - Si la cosa objeto de la obligación ha perecido sin culpa del deudor, la obligación se extingue para todos los acreedores solidarios.

  Art. 710 - Si la cosa ha perecido por el hecho o culpa de uno de los deudores, o se hallase éste constituido en mora, los otros codeudores están obligados a pagar el equivalente de la cosa.

709 y 710. L. 32, § 4, tít. 1, lib. 22, Dig. Cód. francés, art. 1205; sardo, 1295; de Luisiana, art. 2091; holandés, 1321; de Nápoles, 1158.

  Art. 711 - La indemnización de pérdidas e intereses en el caso del artículo anterior, podrá ser demandada por cualquiera de los acreedores, del mismo modo que el cumplimiento de la obligación principal.

711. Cód. francés, art. 1205. El Cód. de Chile, art. 1521, dispone que la acción de perjuicios a que dé lugar la culpa o mora de alguno de los deudores, no podrá ser intentada por el acreedor, sino contra el deudor culpable o moroso. Lo mismo el Proyecto de GOYENA, art. 1065, a no ser que hubiese estipulado expresamente que en el caso del artículo la responsabilidad debiera ser solidaria. Igual doctrina enseña MARCADE sobre el art. 1205. Pero sin embargo, establecemos lo contrario, siguiendo a FREITAS, porque la obligación de satisfacer los perjuicios en el caso de la inejecución de la obligación, es de ley según lo hemos también establecido. Esta obligación sucede a la obligación primitiva en su importancia y carácter sin necesidad de convención especial. No debe olvidarse tampoco el principio de que los deudores son mutuos mandatarios y representantes los unos de los otros, lo que en tantos casos les es muy favorable. Deben, pues, sufrir las consecuencias de la culpa del que ha perjudicado al acreedor solidario. Plures eadem actionem habentes unius loco sunt.

  Art. 712 - Si falleciere alguno de los acreedores o deudores, dejando más de un heredero, cada uno de los coherederos no tendrá derecho a exigir o recibir, ni estará obligado a pagar sino la cuota que le corresponda en el crédito o en la deuda, según su haber hereditario.

712. Véase el art. 698.

  Art. 713 - Cualquier acto que interrumpa la prescripción en favor de uno de los acreedores o en contra de uno de los deudores, aprovecha o perjudica a los demás.

713 . L. 5, tít. 40, lib. 8, Cód. romano. Cód. francés, art. 1199; sardo, 1289; de Nápoles, 1152. ZACHARIAE ha tratado extensamente la materia de este artículo en el § 528, nota 6.

  Art. 714 - La demanda de intereses entablada contra uno de los deudores solidarios, hace correr los intereses respecto de todos.

714. Cód. francés, art. 1207. MARCADE funda la razón de este artículo en el principio de que cada uno de los deudores es mandatario de los otros, y si ha habido mora en el cumplimiento de la obligación basta hacer la interpelación judicial a uno de los deudores.

  Art. 715 - Cada uno de los deudores puede oponer a la acción del acreedor, todas las excepciones que sean comunes a todos los codeudores. Puede oponer también las que le sean personales, pero no las que lo sean a los demás deudores.

(Párrafo incorporado por ley 17711 - BO: 26/04/1968) La cosa juzgada recaída en juicio, es invocable por los coacreedores, pero no es oponible a los codeudores que no fueron parte en el juicio. Los codeudores pueden invocar la cosa juzgada contra el coacreedor que fue parte en el juicio.

715. L. 10, tít. 2, lib. 45, Dig. Cód. francés, art. 1208; holandés, 1327; sardo, 1297; de Nápoles, 1151.

  Art. 716 - La obligación contraída solidariamente respecto de los acreedores, se divide entre los deudores, los cuales entre sí no están obligados sino a su parte y porción.

    Art. 717 - Las relaciones de los codeudores y acreedores solidarios entre sí que hubiesen pagado la deuda por entero, o que la hubiesen recibido, se reglarán como está dispuesto en el artículo 689. Si alguno de los deudores resultare insolvente, la pérdida se repartirá entre todos los solventes y el que hubiese hecho el pago.

717. Cód. francés, arts. 1214 y 1215; sardo, 1304 y 1305; holandés, 1329 y 1330. Por Derecho romano, si el acreedor hubiese demandado a todos los codeudores, y a cada uno por su parte o porción, ninguno de ellos respondía de la insolvencia del otro. L. 16, tít. 41, lib. 8, Código. En el caso que el acreedor hubiese dispensado de la solidaridad a uno de los deudores, POTHIER, TOULLIER, DURANTON y ZACHARIAE, enseñan que él debe sufrir el resultado de la insolvencia. MARCADE sostiene lo contrario, y con él están el Cód. francés, art. 1215, el de Chile, GOYENA y FREITAS.

TÍTULO XV

Del reconocimiento de las obligaciones

  Art. 718 - El reconocimiento de una obligación es la declaración por la cual una persona reconoce que está sometida a una obligación respecto de otra persona.

  Art. 719 - El acto del reconocimiento de las obligaciones está sujeto a todas las condiciones y formalidades de los actos jurídicos.

  Art. 720 - El reconocimiento puede hacerse por actos entre vivos o por disposición de última voluntad, por instrumentos públicos o por instrumentos privados, y puede ser expreso o tácito.

  Art. 721 - El reconocimiento tácito resultará de pagos hechos por el deudor.

  Art. 722 - El acto del reconocimiento debe contener la causa de la obligación original, su importancia, y el tiempo en que fue contraída.

722. TOULLIER, t. 10, núm. 313. DURANTON, t. 13, núm. 257. ZACHARIAE, § 585.

    Art. 723 - Si el acto del reconocimiento agrava la prestación original, o la modifica en perjuicio del deudor, debe estarse simplemente al título primordial, si no hubiese una nueva y lícita causa de deber.

PARTE SEGUNDA Extinción de las obligaciones

TÍTULO XVI

Del pago

    Art_724

Art. 724 - Las obligaciones se extinguen:

Por el pago.

Por la novación.

Por la compensación.

Por la transacción.

Por la confusión.

Por la renuncia de los derechos del acreedor.

Por la remisión de la deuda.

Por la imposibilidad del pago.

724. Se ha dispuesto ya sobre la extinción de las obligaciones por el cumplimiento de la condición resolutoria, y por el vencimiento del plazo resolutorio, y en otro lugar se tratará de la anulación de los actos que las hubiesen creado, y de la prescripción.

  Art. 725 - El pago es el cumplimiento de la prestación que hace el objeto de la obligación, ya se trate de una obligación de hacer, ya de una obligación de dar.

725. ZACHARIAE, § 557, LL. 1 y 2, tít. 14, part. 5ª. L. 176, Dig. De Verb. signif. Cód. de Luisiana, arts. 2127 y 2128.

  Art. 726 - Pueden hacer el pago todos los deudores que no se hallen en estado de ser tenidos como personas incapaces, y todos los que tengan algún interés en el cumplimiento de la obligación.

726. L. 3, tít. 14, part. 5ª. Los incapaces son todas las personas designadas en los arts. 54 y 55. Puede por lo tanto hacer el pago cualquiera de los deudores en una obligación solidaria o indivisible; cualquiera de los codeudores por la cuota que le corresponde, si la obligación fuese simplemente mancomunada y divisible, los fiadores, el heredero único del deudor.

  Art. 727 - El pago puede hacerse también por un tercero con asentimiento del deudor y aun ignorándolo éste, y queda la obligación extinguida con todos sus accesorios y garantías. En ambos casos, el que hubiese hecho el pago puede pedir al deudor el valor de lo que hubiese dado en pago. Si hubiese hecho el pago antes del vencimiento de la deuda, sólo tendrá derecho a ser reembolsado desde el día del vencimiento.

727. L. 3, tít. 14, part. 5ª. L. 12, tít. 12, part. 5ª. L. 53, tít. 3, lib. 46, Dig. L. 6, tít. 1, lib. 17, Dig. L. 24, tít. 19, lib. 2, Cód. romano. Véase MARCADE sobre al art. 1236. El jurisconsulto MOURLON ha tratado extensamente del pago hecho por un tercero: discute todas las opiniones relativas a la materia, y sus resoluciones están perfectamente fundadas. Cuando el pago se hace con consentimiento del deudor hay contra él la acción del mandato. Cuando se hace ignorándolo, la acción negotiorum gestorum.

  Art. 728 - El pago puede también ser hecho por un tercero contra la voluntad del deudor. El que así lo hubiese verificado tendrá sólo derecho a cobrar del deudor aquello en que le hubiese sido útil el pago.

728. En cuanto a la primera parte, véanse las LL. 32, tít. 12 y 3, tít. 14, part. 5ª. En cuanto a la segunda, en contra, L. 11, tít. 20, lib. 3, F. R. TOULLIER, t. 7, núm. 12, y FREITAS, art. 1036. ZACHARIAE, t. 3, pág. 182. Proyecto de GOYENA, art. 1099. Los códigos extranjeros guardan silencio. Pero MARCADE, sobre el art. 1136, núm. 675, sostiene la resolución del artículo, porque habiéndole sido útil el pago al deudor, aunque fuese contra su voluntad, se enriquecería con lo ajeno, si el que ha hecho el pago no pudiera cobrarle ni aquello en que le ha sido útil. Un deudor se niega, por ejemplo, a que un tercero haga el pago, porque se le cobra más de lo que debe, o porque se cobra intereses que no cree deber; pero si el que ha hecho el pago sólo exige aquello que el deudor confesaba deber, no hay motivo para negarle toda acción. DURANTON, t. 12, núm. 19, es de opinión que las circunstancias del caso y los motivos de la negativa del deudor para que se haga el pago, es lo que debe decidir si hay o no alguna acción para el que ha pagado contra la voluntad del deudor. MOURLON discute el punto y resuelve la cuestión como MARCADE, porque no se puede suponer el ánimo donandi, y porque la verdadera donación no tiene lugar sino cuando hay concurso de voluntades, ofrecimiento por una parte y aceptación por la otra.

Cuando damos al que ha hecho el pago acción para cobrar aquello en que el pago le ha sido útil al deudor, le reconocemos sólo la acción in rem verso, que se concede a todo aquel que emplea su dinero o sus valores en utilidad de las cosas de un tercero. Ésta es la opinión de MAYNZ, § 369, nota 3.

La ley romana dice: Liberatur enim et alio solvente sive sciente, sive ignorante debitore, vel invito eo solutio fiat... solvere pro invito, et ignorante quique licet cum sit jure civile constitum, licere etiam ignorantis initique meliorem conditionem facere. Véase sobre el artículo la L. 5, tít. 8, lib. 26, Dig.

  Art. 729 - El acreedor está obligado a aceptar el pago hecho por un tercero, ya pagando a nombre propio, ya a nombre del deudor; pero no estará obligado a subrogar en su lugar al que hiciere el pago.

729. Véase, L. 3, tít. 14, part. 5ª. L. 53, tít. 3, lib. 46, Dig. El art. 1236 del Cód. francés, y MARCADE sobre dicho artículo.

  Art. 730 - Si la obligación fuere de hacer, el acreedor no está obligado a recibir el pago por la prestación del hecho o servicio de un tercero, si hubiese interés en que sea ejecutado por el mismo deudor.

730. Véase, L. 3, tít. 14, part. 5ª. L. 31, tít. 3, lib. 46, Dig. Cód. francés, art. 1237; de Luisiana, 2132; sardo, 1327; holandés, 1118; napolitano, 1190.

  Art. 731 - El pago debe hacerse:

1. A la persona a cuyo favor estuviere constituida la obligación si no hubiese cedido el crédito, o a su legítimo representante, cuando lo hubiese constituido para recibir el pago, o cuando el acreedor no tuviese la libre administración de sus bienes.

2. A cualquiera de los acreedores, si la obligación fuese indivisible o solidaria, si el deudor no estuviese demandado por alguno de ellos.

3. A cada uno de los coacreedores, según la cuota que les corresponda, si la obligación fuese divisible, y no fuese solidaria.

4. Si el acreedor o coacreedor hubiese fallecido, a sus legítimos sucesores por título universal, o a los herederos, según la cuota que a cada uno perteneciere, no siendo la obligación indivisible.

5. A los cesionarios o subrogados, legal o convencionalmente.

6. Al que presentase el título del crédito, si éste fuese de pagarés al portador, salvo el caso de hurto o de graves sospechas de no pertenecer el título al portador.

7. Al tercero indicado para poder hacerse el pago, aunque lo resista el acreedor, y aunque a éste se le hubiese pagado una parte de la deuda.

731. LL. 3, 4, 5 y 6, tít. 14, part. 5ª. L. 49, tít. 3, lib. 46, Dig. Cód. francés, art. 1239; napolitano, 1192; sardo, 1329. En cuanto a los incs. 2 y 3, lo que está resuelto en los títulos de las obligaciones solidarias, y de las obligaciones divisibles e indivisibles. Respecto al 4, las LL. 11, tít. 14, part. 3ª y 14, tít. 11, part. 5ª. L. 3, tít. 11, lib. 1, F. R. Respecto al 5, lo que se resolverá en el capítulo del pago con subrogación.

En cuanto al 6, SAVIGNY, en su obra, Derecho de las Obligaciones, trata de los títulos al portador desde el § 62 hasta el 71, según la legislación de Prusia. Nos dice que el título al portador no puede ser emitido sino por los gobiernos o sociedades especialmente autorizadas para hacerlo; y que a los particulares sólo les es permitido para dar cumplimiento a una determinada obligación, pues que el título al portador puede causar perjuicio a la moneda o papel moneda del país, y dar lugar a bancarrotas fraudulentas.

Las relaciones de derecho entre acreedor y deudor en los títulos al portador no están sometidas a las reglas generales del derecho de las obligaciones, sino a condiciones especiales que deben encontrarse en la creación de los títulos, razón por la cual no podemos proyectar leyes sobre la materia.

El verdadero acreedor del título al portador es el poseedor del mismo, porque el hecho de la posesión establece siempre la presunción de la propiedad. Esta presunción de propiedad tiene una doble significación: de parte del poseedor importa que puede ejercer todos los derechos del propietario; de parte del deudor que él tiene el derecho absoluto de pagar a cualquier portador del título al portador.

El traspaso del derecho tiene lugar por la tradición del título. Es el mismo procedimiento que en el traspaso de la propiedad. La forma de una cesión no es exigida ni posible, pues que el título no indica la persona que tenga el derecho anterior, y que pueda hacerlo.

La reivindicación de los títulos al portador no tiene lugar sino contra el poseedor de mala fe, por ejemplo, el que los hubiese robado, y en cuyo poder aún existiesen, o contra el depositario de ellos que se negara a entregarlos si los hubiese cobrado o dádoles curso, aunque se hallasen indudablemente en poder de determinada persona no habría lugar a la reivindicación, ni de los títulos ni del dinero que hubiesen producido, aun cuando éste existiera en poder del ladrón o depositario infiel, y el dueño anterior no tendría sino una acción personal contra el que se los hubiese sustraído, pues que no hay reivindicación de la moneda corriente.

La dificultad, en el caso de reivindicación, se presenta para la prueba de la propiedad. El demandante debe acreditar todas las indicaciones que pueden concurrir a demostrar que los títulos depositados o robados son los mismos que pretende reivindicar.

Los títulos al portador que emiten los gobiernos, como fondos públicos, billetes de tesorería, pueden sufrir una alteración aparente por una señal cierta que se les agregue, y que los ponga fuera de circulación. Los particulares no pueden dejar sin efecto en sus transacciones esta declaración del Estado, deudor originario, que hace ilegal todo acto, respecto a los títulos anulados.

Cuando el propietario de un título al portador pierde la posesión, sea que este título se le haya perdido o le haya sido robado, o se haya destruido en un incendio o en un naufragio, se encuentra colocado en una situación muy diversa de la del propietario de un papel moneda que sufre un accidente semejante. La moneda lleva su valor en sí misma, y cuando un papel moneda es destruido, la pérdida es irreparable. No sucede así en los títulos al portador que emiten los gobiernos, que no tienen valor en sí mismos, sino que son simples reconocimientos, títulos destinados a probar la obligación. La continuación de la obligación es completamente independiente de la existencia material del título que la comprueba. Puede decirse que el deudor no carga con otra obligación que la de hacer el pago al portador del título; mas aunque éste sea el derecho del deudor, no se entiende que debe ejercerlo en todas circunstancias. Este derecho no existe en casos dudosos. Cuanto antes del pago, el que dice haber perdido la posesión del título, lo notifica al deudor para que no lo pague, éste debe provisoriamente rehusar el pago al portador, a fin de dejar a las partes la posibilidad de hacer reconocer por medio de un proceso en quién se halla la verdadera propiedad, por oposición a la propiedad presunta.

El procedimiento que se observa en los títulos al portador que llevan cupones de intereses, es el siguiente: El propietario que ha sufrido el accidente de la pérdida, da la prueba del hecho ante la autoridad pública, encargada de la emisión de los títulos, y particularmente del pago de los intereses. Es preciso designar exactamente los números que llevan los títulos y comprobar la posesión que de ellos se tenía; la consecuencia inmediata de esta designación es que la autoridad observa si se presentan cupones de intereses correspondientes a esos números, y si así sucede, no son pagados al portador de ellos. El reclamante debe ser instruido de la presentación, y de la persona del portador, y el negocio se resuelve en un proceso entre las dos partes.

Si se supone una destrucción material, la autoridad hace conocer públicamente por avisos sucesivos la pérdida declarada de los números, y llama a los que puedan ser tenedores de ellos para que los presenten. Si estos avisos no producen ningún resultado satisfactorio en el término de tres años, una decisión judicial declara la no existencia del título, y el que lo ha perdido recibe otro título de igual valor. Si aparece después un poseedor del título perdido, el Estado está exonerado de pagarlo: el negocio es ya entre partes, ante los jueces que declaran a quién pertenece el nuevo título que reemplazó al que se juzgaba perdido.

En cuanto al inc. 7: L. 5, tít. 14, part. 5ª. L. 12, tít. 3, lib. 46, Dig.

  Art. 732 - El pago hecho al que está en posesión del crédito es válido, aunque el poseedor sea después vencido en juicio sobre la propiedad de la deuda.

732. Cód. francés, art. 1240; sardo, 1330. Estar en posesión de un crédito no es tener el acto escrito que lo pruebe, sino gozar pacíficamente de la calidad de acreedor. Así, un heredero aparente está en posesión de los créditos hereditarios, y son válidos los pagos que le hacen los deudores de la sucesión, aunque después sea vencido en juicio y declarado no ser heredero. Por lo demás, tener el documento del crédito constituye la posesión cuando se trata de documentos pagaderos al portador. Véase MARCADE, sobre el art. 1240.

  Art. 733 - El pago hecho a un tercero que no tuviese poder para recibirlo, es válido en cuanto se hubiese convertido en utilidad del acreedor, y en el todo, si el acreedor lo ratificase.

733. Regla 17, tít. 34, part. 7ª, y L. 5, tít. 14, part. 5ª. Cód. francés, art. 1239; napolitano, 1292; sardo, 1329.

  Art. 734 - El pago no puede hacerse a persona impedida de administrar sus bienes. Sólo será válido en cuanto se hubiese convertido en su utilidad.

734. Regla 17, tít. 34, part. 7ª, L. 5, tít. 8, lib. 26, Dig. Cód. francés, art. 1241; napolitano, 1194; sardo, 1431; holandés, 1122.

  Art. 735 - Si el acreedor capaz de contraer la obligación se hubiese hecho incapaz de recibir el pago, el deudor que sabiendo la incapacidad sobreviniente se lo hubiese hecho, no extingue la obligación.

  Art. 736 - Si la deuda estuviese pignorada o embargada judicialmente, el pago hecho al acreedor no será válido. En este caso la nulidad del pago aprovechará solamente a los acreedores ejecutantes o demandantes, o a los que se hubiesen constituido la prenda, a quienes el deudor estará obligado a pagar de nuevo, salvo su derecho a repetir contra el acreedor a quien pagó.

736. Cód. francés, art. 1242; napolitano, 1195; sardo, 1332; holandés, 1123.

  Art. 737 - El pago hecho por el deudor insolvente en fraude de otros acreedores es de ningún valor.

737. L. 7, tít. 15, part. 5ª. De la revocación de los pagos hechos por el deudor en fraude de los acreedores, se dispondrá en la sección siguiente.

  Art. 738 - Cuando por el pago deba transferirse la propiedad de la cosa, es preciso para su validez, que el que lo hace sea propietario de ella y tenga capacidad de enajenarla. Si el pago fuese de una suma de dinero o de otra cosa que se consuma por el uso, no puede ser repetido contra el acreedor que la haya consumido de buena fe.

738. Véase Cód. francés, art. 1238, y sobre él a MARCADE. Respecto a la segunda parte, L. 14, § 8, tít. 3, lib. 46, Dig. Cuando el que paga no es propietario de la cosa, y ésta es un inmueble, puede ser reivindicada por el verdadero propietario. Pero si el propietario no ejerce la repetición de la cosa, el deudor que la ha entregado no podrá hacerlo, por el principio quem de evictione tenet actio, eumdem agentem repellit exceptio. Si se tratase de un mueble que no fuese perdido ni robado, el acreedor que lo ha recibido de buena fe no puede ser inquietado. Si el mueble hubiese sido perdido o robado, podrá ser repetido por el dueño pero no por el que lo ha pagado. Si el acreedor lo hubiese consumido de buena fe, no hay recurso contra él. Cuando el deudor propietario de la cosa dada en pago no tenía capacidad para enajenarla, la nulidad del pago no puede ser demandada sino por el incapaz o sus representantes, y no por el acreedor que la hubiese recibido, porque los beneficios de la incapacidad sólo se han establecido a favor de los incapaces.

Éstos son los derivados inmediatos del artículo.

  Art. 739 - Lo que está dispuesto sobre las personas que no puedan hacer pagos, es aplicable a las que no pueden recibirlos.

CAPÍTULO I

De lo que se debe dar en pago

  Art. 740 - El deudor debe entregar al acreedor la misma cosa a cuya entrega se obligó. El acreedor no puede ser obligado a recibir una cosa por otra, aunque sea de igual o mayor valor.

740. L. 3, tít. 14, part. 5ª. L. 17, Cód. De Solutionibus. Cód. francés, art. 1243.

  Art. 741 - Si la obligación fuere de hacer, el acreedor tampoco podrá ser obligado a recibir en pago la ejecución de otro hecho, que no sea el de la obligación.

741. La Ley de Partida antes citada que pone la excepción, cuando el deudor no puede ejecutar el hecho, en cuyo caso debe cumplir la obligación según lo ordene el juez.

  Art. 742 - Cuando el acto de la obligación no autorice los pagos parciales, no puede el deudor obligar al acreedor a que acepte en parte el cumplimiento de la obligación.

742. Es el espíritu de las LL. 1, 2, 3 y 8, tít. 14, part. 5ª. Véanse las citas sobre el art. 673.

  Art. 743 - Si la deuda fuese en parte líquida y en parte ilíquida, podrá exigirse por el acreedor, y deberá hacerse el pago por el deudor de la parte líquida, aun antes de que pueda tener lugar el pago de la que no lo sea.

743. Proyecto de GOYENA, art. 195. Arg. de la L. 8, tít. 4, lib. 5, Dig.

  Art. 744 - Si se debiese suma de dinero con intereses, el pago no se estimará íntegro sino pagándose todos los intereses con el capital.

744. Cód. de Chile, art. 1591.

  Art. 745 - Si el pago consistiese en la entrega de cosas determinadas, o de cosas inciertas o de cosas fungibles o no fungibles, se observarán las disposiciones contenidas en el título "De las obligaciones de dar".

745. Las leyes romanas y los códigos modernos exigen la prueba del pago de los tres últimos períodos, para suponer el pago de los anteriores. Pero para esto no hay razón alguna. Si el acreedor o la oficina pública encargada de una contribución da el recibo por el último año de una pensión o contribución anual, los acreedores sólo deben ser culpados, cuando no expresaron que quedaban impagas las pensiones o contribuciones anteriores. Éste es el caso de aplicar el principio: Plus favemus liberationibus quam obligationibus.

  Art. 746 - Cuando el pago deba ser hecho en prestaciones parciales, y en períodos determinados, el pago hecho por el último período hace presumir el pago de los anteriores, salvo la prueba en contrario.

CAPÍTULO II

Del lugar en que debe hacerse el pago

  Art. 747 - El pago debe ser hecho en el lugar designado en la obligación. Si no hubiese lugar designado, y se tratase de un cuerpo cierto y determinado deberá hacerse donde éste existía al tiempo de contraerse la obligación. En cualquier otro caso, el lugar de pago será el del domicilio del deudor al tiempo del cumplimiento de la obligación.

747. Cód. francés, art. 1247; napolitano, 1101; sardo, 1337; de Luisiana, 2153, en cuanto a los dos primeros párrafos. Respecto al segundo inciso, el Cód. de Holanda, art. 1429, designa el domicilio del acreedor. La L. 13, tít. 11, part. 5ª, dispone como el primer párrafo del artículo; mas la L. 32, tít. 2, part. 3ª, da competencia al juez del lugar del contrato como que allí fuese el fuero de la causa, sin expresar que el obligado haya de encontrarse o no en ese lugar. Por las leyes romanas el que se obligó a pagar en determinado lugar, no puede hacer el pago en otro contra la voluntad del acreedor. L. 9, tít. 4, lib. 13, Dig. L. 19, tít. 1, lib. 5, Dig.

  Art. 748 - Si el deudor mudase de domicilio, en los casos en que el lugar de éste fuese el designado para el pago, el acreedor podrá exigirlo, o en el lugar del primer domicilio, o en el del nuevo del deudor.

  Art. 749 - Si el pago consistiese en una suma de dinero, como precio de alguna cosa enajenada por el acreedor, debe ser hecho en el lugar de la tradición de la cosa, no habiendo lugar designado, salvo si el pago fuese a plazos.

CAPÍTULO III

Del tiempo en que debe hacerse el pago

  Art. 750 - El pago debe ser hecho el día del vencimiento de la obligación.

750. L. 13, tít. 11, part. 5ª. L. 8, tít. 14, part. 5ª. L. 42, tít. 1, lib. 45, Dig., tít. 16, § 2, lib. 8, Instit.

  Art. 751 - Si no hubiese plazo designado, se observará lo dispuesto en el artículo 618.

  Art. 752 - Si por el acto de la obligación se autorizare al deudor para hacer el pago cuando pudiese o tuviese medios de hacerlo, se observará lo dispuesto en el artículo 620.

  Art. 753 - Puede el acreedor exigir el pago antes del plazo, cuando el deudor se hiciese insolvente, formando concurso de acreedores. Si la deuda fuese solidaria, no será exigible contra los codeudores solidarios, que no hubiesen provocado el concurso.

  Art. 754 - Puede también el acreedor exigir el pago antes del plazo, cuando los bienes hipotecados o dados en prenda, fuesen también obligados por hipoteca o prenda a otro acreedor, y por el crédito de éste se hiciese remate de ellos en ejecución de sentencias pasadas en cosa juzgada.

    Art_755

Art. 755 - Si el deudor quisiere hacer pagos anticipados y el acreedor recibirlos, no podrá éste ser obligado a hacer descuentos.

755. Porque se ha establecido ya que el plazo en las obligaciones es a favor de deudor y acreedor.

El Cód. francés, por el art. 1244, autoriza a los jueces para conceder dilaciones para el pago, aun después de cumplido el plazo de la obligación, cuando la posición del deudor lo exija. Si los jueces deben tener o no esta facultad, es una cuestión muy debatida entre los jurisconsultos franceses. MARCADE sobre dicho artículo, DURANTON, t. 12, núm. 88, y DALLOZ, sección 1, art. 1, § 5, núm. 24, sostienen la afirmativa. En contra MERLIN, Quoest, verb. Ejecut. Parée. TOULLIER, t. 6, núm. 660.

CAPÍTULO IV

Del pago por consignación

  Art. 756 - Págase por consignación, haciéndose depósito judicial de la suma que se debe.

756. L. 8, tít. 14, part. 5ª. LL. 19, tít. 32, lib. 4, y 9, tít. 43, lib. 8, Cód. romano. Cód. francés, art. 1257; sardo, 1347; holandés, 1440; napolitano, 1211. En todos los códigos de Europa y América la consignación comprende tanto las deudas de sumas de dinero como las deudas de cosas ciertas o inciertas, cuando en realidad la consignación no puede tener lugar sino respecto a las deudas de dinero. ¿Cómo haría el deudor el depósito judicial de un cargamento de hierro, para ofrecerlo al acreedor en su domicilio, y seguir todas las reglas de la consignación para las sumas de dinero? Para cualquier otra cosa, la oferta al acreedor por parte del deudor, para que venga a tomar la cosa debida, debe causar su liberación, y tener los efectos de la consignación.

  Art. 757 - La consignación puede tener lugar:

1. Cuando el acreedor no quisiera recibir el pago ofrecido por deudor.

2. Cuando el acreedor fuese incapaz de recibir el pago al tiempo que el deudor quisiere hacerlo.

3. Cuando el acreedor estuviese ausente.

4. Cuando fuese dudoso el derecho del acreedor a recibir el pago, y concurrieren otras personas a exigirlo del deudor, o cuando el acreedor fuese desconocido.

5. Cuando la deuda fuese embargada o retenida en poder del deudor, y éste quisiere exonerarse del depósito.

6. Cuando se hubiese perdido el título de la deuda.

7. Cuando el deudor del precio de inmuebles adquiridos por él, quisiera redimir las hipotecas con que se hallasen gravados.

  Art. 758 - La consignación no tendrá la fuerza de pago, sino concurriendo en cuanto a las personas, objeto, modo y tiempo, todos los requisitos sin los cuales el pago no puede ser válido. No concurriendo estos requisitos, el acreedor no está obligado a aceptar el ofrecimiento del pago.

  Art. 759 - La consignación hecha por depósito judicial, que no fuese impugnada por el acreedor, surte todos los efectos del verdadero pago. Si fuese impugnada, por no tener todas las condiciones debidas, surte los efectos del pago, desde el día de la sentencia que la declare legal.

759. Las citas sobre el art. 724.

  Art. 760 - Si el acreedor no impugnare la consignación, o si fuese vencido en la oposición que hiciere, los gastos del depósito y las costas judiciales serán a su cargo. Serán a cargo del deudor, si retirase el depósito, o si la consignación se juzgare ilegal.

760. Cód. francés, art. 1260; sardo, 1350; napolitano, 1214.

  Art. 761 - Mientras el acreedor no hubiese aceptado la consignación, o no hubiese recaído declaración judicial teniéndola por válida, podrá el deudor retirar la cantidad consignada. La obligación en tal caso renacerá con todos sus accesorios.

761. Cód. francés, art. 1261; sardo, 1351; napolitano, 1215.

  Art. 762 - Si ha habido sentencia declarando válida la consignación, el deudor no puede retirarla, ni con consentimiento del acreedor, en perjuicio de sus codeudores o fiadores.

762. Cód. francés, art. 1262. El pago estaba definitivamente hecho, y extinguida la obligación principal con todos sus accesorios.

  Art. 763 - Si declarada válida la consignación, el acreedor consiente que el deudor la retire, no puede, para el pago de su crédito, aprovecharse de las garantías o seguridades que le competían; y los codeudores y fiadores quedarán libres.

763. Cód. francés, art. 1263; napolitano, 1217; sardo, 1353.

Deudas de cuerpos ciertos

  Art. 764 - Si la deuda fuese de un cuerpo cierto, que deba ser entregado en el lugar en que se encuentre, el deudor deberá hacer intimación judicial al acreedor para que lo reciba; y desde entonces la intimación surte todos los efectos de la consignación. Si el acreedor no lo recibe, la cosa debida puede ser depositada en otra parte con autorización judicial.

764. Cód. francés, art. 1264, MARCADE sobre este artículo, trata perfectamente esta materia.

  Art. 765 - Si la cosa se hallase en otro lugar que aquel en que deba ser entregada, es a cargo del deudor transportarla a donde debe ser entregada, y hacer entonces la intimación al acreedor para que la reciba.

Deudas de cosas indeterminadas a elección del acreedor

  Art. 766 - Si la cosa debida fuese indeterminada y a elección del acreedor, el deudor debe hacerle intimación judicial para que haga la elección. Si rehusare hacerla, el deudor podrá ser autorizado por el juez para verificarla. Hecha ésta, el deudor debe hacer la intimación al acreedor para que la reciba, como en el caso de la deuda de cuerpo cierto.

765 y 766. MARCADE, en el lugar citado.

CAPÍTULO V

Del pago con subrogación

    ART_767

Art. 767 - El pago con subrogación tiene lugar, cuando lo hace un tercero, a quien se transmiten todos los derechos del acreedor. La subrogación es convencional o legal. La subrogación convencional puede ser consentida, sea por el acreedor, sin intervención del deudor, sea por el deudor, sin el concurso de la voluntad del acreedor.

767. La subrogación es, en verdad, una ficción jurídica admitida o establecida por la ley en virtud de la cual, una obligación extinguida por medio del pago efectuado por un tercero, o por el deudor con los dineros que un tercero le ha dado a ese efecto, es considerada como que continúa subsistiendo a beneficio de este tercero, que está autorizado para hacer valer en la medida de lo que ha desembolsado, los derechos y acciones del antiguo acreedor.

  Art. 768 - La subrogación tiene lugar sin dependencia de la cesión expresa del acreedor a favor:

1. Del que siendo acreedor paga a otro acreedor que le es preferente.

2. Del que paga una deuda al que estaba obligado con otros o por otros.

3. Del tercero no interesado que hace el pago, consintiéndolo tácita o expresamente el deudor, o ignorándolo.

4. Del que adquirió un inmueble, y paga al acreedor que tuviese hipoteca sobre el mismo inmueble.

5. Del heredero que admitió la herencia con beneficio de inventario, y paga con sus propios fondos la deuda de la misma.

768. Cód. francés, art. 1251; sardo, 1441; holandés, 1438; napolitano, 1204. Por Derecho romano sólo el acreedor hipotecario posterior, que pagaba al hipotecario anterior, quedaba subrogado por ministerio de la ley, pero no lo quedaba el simple acreedor quirografario, o un tercero, a no mediar pacto o cesión. Lo mismo dispone la Ley de Partida 34, tít. 3, Part, 5ª. LL. 22, tít. 14, y 1, 5, 8 y 10, tít. 18, lib. 8, Cód. romano, Véase a GOYENA, art. 1117. Respecto al núm. 2, véase a MARCADE sobre el art. 1252, núm. 718.

  Art. 769 - La subrogación convencional tiene lugar, cuando el acreedor recibe el pago de un tercero, y le transmite expresamente todos sus derechos respecto de la deuda. En tal caso, la subrogación será regida por las disposiciones sobre la "cesión de derechos".

769. Cód. francés, art. 1250; sardo, 1340; napolitano, 1203.

  Art. 770 - La subrogación convencional puede hacerse también por el deudor, cuando paga la deuda de una suma de dinero, con otra cantidad que ha tomado prestada, y subroga al prestamista en los derechos y acciones del acreedor primitivo.

770. Cód. francés, art. 1250. L. 2, tít. 3, lib. 42, Dig. L. 1, tít. 19, lib. 8, Cód. romano.

  Art. 771 - La subrogación legal o convencional, traspasa al nuevo acreedor todos los derechos, acciones y garantías del antiguo acreedor, tanto como contra el deudor principal y codeudores, como contra los fiadores, con las modificaciones siguientes:

1. El subrogado no puede ejercer los derechos y acciones del acreedor, sino hasta la concurrencia de la suma que él ha desembolsado realmente para la liberación del deudor.

2. El efecto de la subrogación convencional puede ser limitado a ciertos derechos y acciones por el acreedor, o por el deudor que la consiente.

3. La subrogación legal, establecida en provecho de los que han pagado una deuda a la cual estaban obligados con otros, no los autoriza a ejercer los derechos y las acciones del acreedor contra sus coobligados, sino hasta la concurrencia de la parte, por la cual cada uno de estos últimos estaba obligado a contribuir para el pago de la deuda.

771. Cód. francés, art. 1252. Véase a MARCADE sobre este artículo del Código, núm. 1. MERLIN, Quoest, verb. Subrog. de pers., § 1, DURANTON, t. 12, núm. 122; AUBRY y RAU, lib. 1, § 321, núm. 4.

  Art. 772 - Si el subrogado en lugar del acreedor hubiere hecho un pago parcial, y los bienes del deudor no alcanzaren a pagar la parte restante del acreedor y la del subrogado, éstos concurrirán con igual derecho por la parte que se les debiese.

772. En contra, Cód. francés, art. 1152; sardo, 1442; napolitano, 1205. MARCADE sostiene la resolución de nuestro artículo contra el Código francés de una manera incontestable, núm. 713.

CAPÍTULO VI

De la imputación del pago

  Art. 773 - Si las obligaciones para con un solo acreedor, tuviesen por objeto prestaciones de la misma naturaleza, el deudor tiene la facultad de declarar al tiempo de hacer el pago, por cuál de ellas debe entenderse que lo hace.

773. L. 10, tít. 14, part. 5ª. L. 8, tít. 20, lib. 3, F. R. LL. 1, 2 y 3, tít. 3, lib. 46, Dig. L. 1, tít. 43, lib. 8, Cód. romano. Cód. francés, art. 1253; sardo, 1343; napolitano, 1707.

  Art. 774 - La elección del deudor no podrá ser sobre deuda ilíquida, ni sobre la que no sea de plazo vencido.

  Art. 775 - Cuando el deudor no ha escogido una de las deudas líquidas y vencidas para la imputación del pago, y hubiese aceptado recibo del acreedor, imputando el pago a alguna de ellas especialmente, no puede pedir se impute en cuenta de otra, a menos que haya mediado dolo, violencia o sorpresa por parte del acreedor.

775. Cód. francés, art. 1255. Véase L. 1, tít. 3, lib. 46, Dig. Argumento de la L. 10, tít. 14, part. 5ª. L. 8, tít. 20, lib. 3, F. R. POTHIER, núm. 529 al 7.

  Art. 776 - Si el deudor debiese capital con intereses, no puede, sin consentimiento del acreedor, imputar el pago al principal.

776. L. 5, tít. 3, lib. 46, Dig. L. 1, tít. 43, lib. 8, Cód. romano. Cód. francés, art. 1254; sardo, 1344; napolitano, 1108.

  Art. 777 - El pago hecho por cuenta de capital e intereses, se imputará primero a los intereses, a no ser que el acreedor diese recibo por cuenta del capital.

777. Véase L. 10, tít. 14, part. 5ª. L. 1, Cód. De Solutionibus. L. 5, tít. 3, lib. 46, Dig.

  Art. 778 - No expresándose en el recibo del acreedor a qué deuda se hubiese hecho la imputación del pago, debe imputarse entre las de plazo vencido, a la más onerosa al deudor, o porque llevara intereses, o porque hubiera pena constituida por falta de cumplimiento de la obligación, o por mediar prenda o hipoteca, o por otra razón semejante. Si las deudas fuesen de igual naturaleza, se imputará a todas a prorrata.

778. L. 10, tít. 14, part. 5ª. LL. 5 y 103, tít. 3, lib. 46, Dig. Cód. francés, art. 1256; napolitano, 1110; sardo, 1346. Los comentadores del Cód. francés enseñan que en caso de dos deudas de igual naturaleza, el pago debe imputarse a la más antigua. MARCADE en el núm. 726. Lo mismo GREGORIO LÓPEZ, sobre la Ley de Partida citada, y algunas de las leyes romanas citadas, y el inciso 1256 del Cód. francés. Pero para esto no hay razón alguna, ni se presenta para el deudor motivo de preferencia para hacer el pago de la deuda más antigua. Seguimos pues, la resolución de la Ley de Partida, que no supone preferencia a la deuda más antigua y que, en caso de deudas de igual naturaleza, juzga el pago como hecho a prorrata entre ellas.

CAPÍTULO VII

Del pago por entrega de bienes

  Art. 779 - El pago queda hecho, cuando el acreedor recibe voluntariamente por pago de la deuda, alguna cosa que no sea dinero en sustitución de lo que se le debía entregar, o del hecho que se le debía prestar.

  Art. 780 - Si la cosa recibida por el acreedor fuese un crédito a favor del deudor, se juzgará por las reglas de la "cesión de derechos".

  Art. 781 - Si se determinase el precio por el cual el acreedor recibe la cosa en pago, sus relaciones con el deudor serán juzgadas por las reglas del contrato de "compraventa".

  Art. 782 - Los representantes del acreedor, sean necesarios o voluntarios, no están autorizados para aceptar pagos por entrega de bienes.

  Art. 783 - Si el acreedor fuese vencido en juicio sobre la propiedad de la cosa dada en pago, tendrá derecho para ser indemnizado como comprador, pero no podrá hacer revivir la obligación primitiva.

CAPÍTULO VIII

De lo dado en pago de lo que no se debe

  Art. 784 - El que por un error de hecho o de derecho, se creyere deudor, y entregase alguna cosa o cantidad en pago, tiene derecho a repetirla del que la recibió.

784. LL. 28 y sigs., tít. 14, part. 5ª, L. 7, tít. 6, lib. 12, Dig. Institut., tít. 28, lib. 3, § 6. Véase los arts. 1376 y 1377 del Cód. francés que hablan tanto del acreedor como del deudor. Lo siguen los demás códigos publicados. En esos códigos no se distingue si la entrega se ha hecho por un error de hecho o por un error de derecho, y esto ha originado una grave cuestión entre los jurisconsultos franceses. TOULLIER, t. 11, núms. 60 y 61, y ZACHARIAE, t. 3, págs. 183 y 185, fundados en el Derecho romano, sostienen que el que paga por un error de derecho no tiene repetición, porque tal error no puede alegarse. Pero el principio de equidad, dice MARCADE, que siempre es principio en nuestro derecho civil, no permite enriquecerse con lo ajeno y que un supuesto acreedor se quede con una suma o con una cosa que no se le debía, o que no se la debía el que la entrega. Cuando a él nada se le debe, es indudable que no puede apoyarse en el error ajeno; cuando es verdadero acreedor, y otro, por un error de derecho, le hace el pago, la repetición no le priva de cobrar lo que le deba el verdadero deudor. Un legatario, por ejemplo, que errando en el derecho cree que debe pagar una deuda del testador, y la paga en efecto, no le priva al acreedor, por la repetición que ejerza, cobrar lo que le debe el verdadero deudor.

  Art. 785 - El derecho de repetir lo entregado cesa, cuando el acreedor ha destruido el documento que le servía de título a consecuencia del pago; pero le queda a salvo el derecho al que ha pagado, contra el deudor verdadero.

785. El acreedor que en el caso del artículo recibe el pago, ha podido creer que el que lo hace es un tercero que paga por el verdadero deudor, y ha inutilizado el título del crédito. El error del que le ha hecho el pago no debe perjudicarlo. Al que ha hecho el pago le queda la acción negotiorum gestorum contra el verdadero deudor.

  Art. 786 - El que recibió el pago de buena fe está obligado a restituir igual cantidad que la recibida, o la cosa que se le entregó con los frutos pendientes, pero no los consumidos. Debe ser considerado como el poseedor de buena fe.

786. No hacemos concordancia en este y los artículos que siguen, porque nos separamos enteramente, tanto de las resoluciones de nuestras leyes, como de la de los códigos extranjeros en puntos muy importantes.

  Art. 787 - Si el que de buena fe recibió en pago una cosa raíz, la hubiese enajenado por título oneroso o por título lucrativo, el que hizo el pago puede reivindicarla de quien la tuviese.

787. Ésta es otra grave cuestión entre los jurisconsultos. La Ley de Partida 37, tít. 14, part. 5ª, y todos los códigos extranjeros, sólo obligan al acreedor putativo a la devolución del precio de la cosa, si la hubiese vendido. TOULLIER, t. 11, núms. 97 y 99, fundado en el Derecho romano le niega al que hizo el pago el derecho de reivindicación; pero DURANTON, t. 13, núm. 683, y MARCADE sobre los arts. 1378 y sigs., sostienen la afirmativa. Lo estricto de los principios del Derecho romano hacía no considerar al acreedor putativo como mero poseedor de buena fe, sino como simple deudor de la cosa, cuando en realidad sólo es poseedor de buena fe de la cosa que se le ha dado en pago. Nosotros lo hemos calificado como tal en los artículos anteriores, y decimos que el poseedor de buena fe, que verdaderamente no es dueño de la cosa, no trasmite la propiedad de ella, cuando la enajena, y puede reivindicarla el verdadero propietario. En las herencias, si el heredero aparente enajena las cosas hereditarias, pueden ser éstas reivindicadas por los verdaderos herederos cuando ha sido vencido en juicio, pues no se le considera sino como poseedor de buena fe. No se pueden transferir otros derechos que los propios, y la enajenación hecha por el que no es propietario, no hace propietario al que la adquiere. El que ha recibido en pago una cosa que no se le debía, no ha podido llegar a ser propietario de ella, pues la tradición que se le hizo fue por un error y por una falsa causa.

  Art. 788 - Si ha habido mala fe en el que recibió el pago, debe restituir la cantidad o la cosa, con los intereses o los frutos que hubiese producido o podido producir desde el día del pago. Debe ser considerado como el poseedor de mala fe.

788. Conforme la L. 37, tít. 14, part. 5ª.

  Art. 789 - Si la cosa se ha deteriorado o destruido, aunque sea por caso fortuito, el que la recibió de mala fe en pago, debe reparar su deterioro o su valor, a no ser que el deterioro o pérdida de ella hubiera también de haber sucedido, estando en poder del que la entregó.

789. Un terremoto, por ejemplo, que hubiese destruido o deteriorado la cosa lo mismo estando en poder del actual poseedor, que en poder de su verdadero dueño. Éste es el gran principio de equidad del Derecho romano. Nullam injuriam, aut damnum dare videtur aeque perituris edibus. AUBRY y RAU, § 321. Cód. francés, art. 1302, inc. 1. Cód. sardo, art. 1393, inc. 1.

  Art. 790 - Habrá también error esencial con lugar a la repetición, aunque el deudor lo sea efectivamente, en los casos siguientes:

1. Si la obligación fuese condicional, y el deudor pagase antes del cumplimiento de la condición.

2. Si la obligación fuese de dar una cosa cierta, y el deudor pagase al acreedor, entregándole una cosa por otra.

3. Si la obligación fuese de dar una cosa incierta, y sólo determinada por su especie, o si fuese la obligación alternativa y el deudor pagase en la suposición de estar sujeto a una obligación de dar una cosa cierta, o entregando al acreedor todas las cosas comprendidas en la alternativa.

4. Si la obligación fuese alternativa compitiendo al deudor la elección, y él hiciese el pago en la suposición de corresponder la elección al acreedor.

5. Si la obligación fuese de hacer o de no hacer, y el deudor pagase prestando un hecho por otro, o absteniéndose de un hecho por otro.

6. Si la obligación fuese divisible o simplemente mancomunada, y el deudor la pagase en su totalidad como si fuese solidaria.

  Art. 791 - No habrá error esencial, ni se puede repetir lo que se hubiese pagado, en los casos siguientes:

1. Cuando la obligación fuere a plazo y el deudor pagase antes del vencimiento del plazo.

2. Cuando se hubiere pagado una deuda que ya se hallaba prescripta.

3. Cuando se hubiere pagado una deuda cuyo título era nulo, o anulable por falta de forma, o vicio en la forma.

4. Cuando se pagare una deuda, que no hubiese sido reconocida en juicio por falta de prueba.

5. Cuando se pagare una deuda, cuyo pago no tuviese derecho el acreedor a demandar en juicio, según este Código.

6. Cuando con pleno conocimiento se hubiere pagado la deuda de otro.

  Art. 792 - El pago efectuado sin causa, o por una causa contraria a las buenas costumbres, como también el que se hubiese obtenido por medios ilícitos, puede ser repetido, haya sido o no hecho por error.

792. Este artículo y los siguientes son consecuencias necesarias de los artículos desde el 499 hasta el 504 inclusive.

  Art. 793 - El pago debe ser considerado hecho sin causa, cuando ha tenido lugar en consideración a una causa futura, a cuya realización se oponía un obstáculo legal, o que de hecho no se hubiese realizado, o que fuese en consideración de una causa existente pero que hubiese cesado de existir.

793. Por ejemplo, una suma dada a título de dote en mira de un matrimonio legalmente imposible, o que de hecho no se hubiese celebrado; y en el caso de una indemnización pagada por falta de exhibición de una cosa, de la cual el propietario hubiese después recobrado la posesión.

  Art. 794 - Es también hecho sin causa, el pago efectuado en virtud de una obligación, cuya causa fuese contraria a las leyes o al orden público; a no ser que fuese hecho en ejecución de una convención, que debiese procurar a cada una de las partes una ventaja ilícita, en cuyo caso no podrá repetirse.

794. Por ejemplo, en el caso que una sociedad se formase para operaciones de contrabando, y una de las partes quisiera repetir contra la otra las sumas pagadas en ejecución de la convención a título de beneficios o pérdidas.

  Art. 795 - El pago hecho por una causa contraria a las buenas costumbres, puede repetirse cuando sólo hay torpeza por parte del que lo recibe, aunque el hecho o la omisión en virtud de la cual el pago ha sido efectuado, hubiese sido cumplido. Si hay torpeza por ambas partes, la repetición no tiene lugar aunque el hecho no se hubiese realizado.

795. Por la primera parte del artículo resulta que el dinero pagado, o la cosa dada a una persona para que se abstenga de un delito o de una acción inmoral, o para que cumpla una obligación, puede repetirse. L. 2, § § 1 y 2, Dig. De cond. ob. turp. cau. La ley romana decía: quod si turpis causa accipientis fuerit, etiam res secuta sit, repeti potest. L. 1, § 2, Dig. eod. tít. Respecto a la segunda parte del artículo decía también: ubi autem et dantis et accipientis turpitudo versatur, non posse repeti diximus. L. 3, Dig. eod. tít.

Sobre los cuatro últimos artículos, véase AUBRY y RAU, § 442 bis. POTHIER, De las obligaciones, núms. 43 a 47. TOULLIER, t. 6, núm. 126. DURANTON, t. 10, núm. 374. MERLIN, Quest. verb. Cause des obligations.

  Art. 796 - Lo dispuesto en este capítulo es extensivo a las obligaciones putativas, aunque el pago no se haya verificado; y así, el que por error se constituyó acreedor de otro que también por error se constituyó deudor, queda obligado a restituirle el respectivo instrumento de crédito, y a darle liberación por otro instrumento de la misma naturaleza.

  Art. 797 - El que por error aceptó una liberación de su acreedor, que también por error se la dio, queda obligado a reconocerlo nuevamente como a su acreedor por la misma deuda, con las mismas garantías y por instrumento de igual naturaleza.

  Art. 798 - No obstante la liberación dada por error, el verdadero acreedor tendrá derecho a demandar a su deudor en los términos del anterior artículo, si la deuda no estuviere vencida, y servirá de nuevo título de crédito la sentencia que en su favor se pronuncie. Si la deuda estuviese ya vencida podrá demandar su pago.

CAPÍTULO IX

Del pago con beneficio de competencia

  Art. 799 - Beneficio de competencia es el que se concede a ciertos deudores, para no obligárseles a pagar más de lo que buenamente puedan, dejándoles en consecuencia lo indispensable para una modesta subsistencia, según su clase y circunstancias, y con cargo de devolución cuando mejoren de fortuna.

    Art. 800 - El acreedor está obligado a conceder este beneficio:

1. A sus descendientes o ascendientes no habiendo éstos irrogado al acreedor ofensa alguna de las clasificadas entre las causas de desheredación.

2. A su cónyuge no estando divorciado por su culpa.

3. A sus hermanos, con tal que no se hayan hecho culpables para con el acreedor de una ofensa igualmente grave que las indicadas como causa de desheredación respecto de los descendientes o ascendientes.

4. A sus consocios en el mismo caso; pero sólo en las acciones recíprocas que nazcan del contrato de sociedad.

5. Al donante, pero sólo en cuanto se trate de hacerle cumplir la donación prometida.

6. Al deudor de buena fe que hizo cesión de bienes, y es perseguido en los que después ha adquirido, para el pago completo de la deuda anterior a la cesión, pero sólo le deben este beneficio los acreedores a cuyo favor se hizo.

799 y 800. Cód. de Chile, arts. 1625 y 1626. L. 1, tít. 15, part. 5ª. L. 173, Dig. De divers. reg. juris.

TÍTULO XVII

De la novación

  Art. 801 - La novación es la transformación de una obligación en otra.

801. MARCADE, núm. 747. La ley romana define la novación: Novatio est prioris debiti in aliam obligationem transfusio atque translatio. L. 1, tít. 2, lib. 46, Dig. Lo mismo la L. 15, tít. 14, part. 5ª, que reconoce dos casos de novación: 1º cambio de la obligación; 2º cambio del deudor. El Cód. francés, por los arts. 1271 y 1273, reconoce tres casos: 1º una nueva deuda; 2º un nuevo acreedor; 3º un nuevo deudor. Lo siguen el Cód. sardo, arts. 1363 y 1365; holandés, 1449 y 1451; napolitano, 1225 y 1327.

  Art. 802 - La novación supone una obligación anterior que le sirve de causa. Si la obligación anterior fuese nula, o se hallaba ya extinguida el día que la posterior fue contraída, no habrá novación.

802. LL. 129 y 178, Dig. De Regulis juris Instit., lib. 3, tít. 30, § 3. La resolución del artículo no impide que una obligación natural pueda por medio de la novación ser convertida en una obligación civil. L. 1, § 1, Dig. De nov. POTHIER, Oblig. núm. 589. DURANTON, t. 10, núm. 330. Tampoco se opone a que una obligación anulable, susceptible de confirmación, pueda, de la misma manera, ser transformada en una obligación válida. AUBRY y RAU, § 324, núm. 1.

  Art. 803 - La novación extingue la obligación principal con sus accesorios, y las obligaciones accesorias. El acreedor sin embargo puede, por una reserva expresa, impedir la extinción de los privilegios e hipotecas del antiguo crédito, que entonces pasan a la nueva. Esta reserva no exige la intervención de la persona respecto de la cual es hecha.

803. AUBRY y RAU, § 324, núm. 5. L. 15, tít. 14, part. 5ª. LL. 18 y 30, tít. 2, lib. 46, Dig. Cód. francés, arts. 1278 y 1281; sardo, 1370; napolitano, 1232; holandés, 1457.

  Art. 804 - El acreedor no puede reservarse el derecho de prenda o hipoteca de la obligación extinguida, si los bienes hipotecados o empeñados pertenecieren a terceros que no hubiesen tenido parte en la novación.

  Art. 805 - Sólo pueden hacer novación en las obligaciones, los que pueden pagar y los que tienen capacidad para contratar.

805. L. 17, tít. 14, part. 5ª. Cód. francés, art. 1272; sardo, 1364.

  Art. 806 - El representante del acreedor no puede hacer novación de la obligación, si no tuviere poderes especiales.

  Art. 807 - Cuando una obligación pura se convierta en otra obligación condicional, no habrá novación, si llega a faltar la condición puesta en la segunda, y quedará subsistente la primera.

  Art. 808 - Tampoco habrá novación, si la obligación condicional se convierte en pura, y faltase la condición de la primera.

807 y 808. La razón en el caso de los dos artículos es que no existiendo la condición, no hay más que una obligación, y toda novación requiere esencialmente dos obligaciones. Instit., § 3, tít. 30, lib. 3.

  Art. 809 - La novación entre uno de los acreedores solidarios y el deudor, extingue la obligación de éste para con los otros acreedores.

  Art. 810 - La novación entre el acreedor y uno de los deudores por obligaciones solidarias o indivisibles, extingue la obligación de los otros codeudores.

809 y 810. Porque el pago hecho a uno de los acreedores solidarios extingue la obligación.

  Art. 811 - La novación entre el acreedor y los fiadores, extingue la obligación del deudor principal.

811. Porque los fiadores pueden pagar por el deudor.

  Art. 812 - La novación no se presume. Es preciso que la voluntad de las partes se manifieste claramente en la nueva convención, o que la existencia de la anterior obligación sea incompatible con la nueva. Las estipulaciones y alteraciones en la primitiva obligación que no hagan al objeto principal, o a su causa, como respecto al tiempo, lugar o modo del cumplimiento, serán consideradas como que sólo modifican la obligación, pero no que la extinguen.

812. "Diciendo abiertamente" es la expresión de la L. 15, tít. 14, part. 5ª. L. 8, tít. 43, lib. 8, Cód. romano. Instit., § 3, tít. 30, lib. 3. Cód. francés, art. 1273; sardo, 1365.

  Art. 813 - Si el acreedor que tiene alguna garantía particular o privilegio en seguridad de su crédito, aceptase de su deudor billetes suscriptos en pago de la deuda, no hace novación de la primera obligación, si la causa de la deuda fuese la misma en una y otra obligación.

813. El que recibe billetes o letras, diciéndose en ellos que se reciben en pago de la deuda, no causa novación, porque el recibo en esos papeles de crédito es hipotético, si ellos fueren pagados. Esta verdad, dice MARCADE, ha sido consagrada por las decisiones constantes de los tribunales. Lo mismo enseña POTHIER. Pero DURANTON, t. 12, núm. 287, sostiene lo contrario sin buenos fundamentos. Las sentencias a que se refiere MARCADE tienen por razón el principio reconocido, en todas las legislaciones, que en duda, la novación no se presume, y que para que suceda es necesario que la voluntad de las partes se manifieste claramente. La ley romana citada es la más terminante en la materia. La aceptación de los billetes de que habla el artículo, regularmente se hace como un medio para facilitar el pago.

  Art. 814 - La delegación por la que un deudor da a otro que se obliga hacia el acreedor, no produce novación, si el acreedor no ha declarado expresamente su voluntad de exonerar al deudor primitivo.

814. L. 15, tít. 14, part. 5ª. L. 8, tít. 42, lib. 8, Cód. romano. Cód. francés, art. 1275; sardo, 1367.

  Art. 815 - Puede hacerse la novación por otro deudor que sustituya al primero, ignorándolo éste, si el acreedor declara expresamente que desobliga al deudor precedente, y siempre que el segundo deudor no adquiera subrogación legal en el crédito.

815. L. 8, § 5, tít. 2, lib. 46, Dig. Cód. francés, art. 1274; sardo, 1366; holandés, 1452; napolitano, 1228.

  Art. 816 - La insolvencia del deudor sustituido, no da derecho al acreedor para reclamar la deuda del primer deudor, a no ser que el deudor sustituido fuese incapaz ya de contratar por hallarse fallido.

816. L. 15, tít. 14, part. 5ª. L. 1, § 11, tít. 6, lib. 42, Dig. Cód. francés, art. 1276; holandés, 1454; sardo, 1368.

    Art. 817 - Habrá novación por sustitución de acreedor en el único caso de haberse hecho con consentimiento del deudor el contrato entre el acreedor precedente y el que lo sustituye. Si el contrato fuese hecho sin consentimiento del deudor, no habrá novación, sino cesión de derechos.

TÍTULO XVIII

De la compensación

  Art. 818 - La compensación de las obligaciones tiene lugar cuando dos personas por derecho propio, reúnen la calidad de acreedor y deudor recíprocamente, cualesquiera que sean las causas de una y otra deuda. Ella extingue con fuerza de pago, las dos deudas, hasta donde alcance la menor, desde el tiempo en que ambas comenzaron a coexistir.

818. La ley romana dice: Dedidisse intelligendus est, etiam is qui compensabit. L. 76, tít. 16, lib. 50, Dig. ZACHARIAE define la compensación del modo siguiente: "Es la extinción de dos obligaciones recíprocas que se pagan la una por la otra hasta la concurrencia de sus cantidades respectivas entre personas que son deudores la una hacia la otra". Nota primera, al § 570. El Derecho romano la define: Compensatio est debiti et crediti (mutui) inter se contributio. L. 1, tít. 2, lib. 16, Dig. La Ley de Partida: "Descuento de un debdo con otro", L. 20, tít. 14, part. 5ª. Conforme con el artículo, L. 4, tít. 31, lib. 4, Cód. romano. LL. 21 y 22, tít. 14, part. 5ª. "Fasta aquella quantía que el un deudor debiere al otro", dice la L. 21. "Hasta aquella quantía que montare" dice la L. 22. Cód. francés, art. 1290; napolitano, 1244; sardo, 1381; holandés, 1462; de Luisiana, 2204. La designación, hasta donde alcance la menor, es del Cód. de Vaud, art. 961.

  Art. 819 - Para que se verifique la compensación, es preciso que la cosa debida por una de las partes, pueda ser dada en pago de lo que es debido por la otra; que ambas deudas sean subsistentes civilmente; que sean líquidas; ambas exigibles; de plazo vencido, y que si fuesen condicionales, se halle cumplida la condición.

819. LL. 20 y 21, tít. 14, part. 5ª. L. 14, tít. 31, lib. 4, Cód. romano. Cód. francés, art. 1291, ZACHARIAE, § 571, y notas 1, 6, 8 y 9. Se llama deuda líquida aquella cuya existencia es cierta, y cuya cantidad se encuentra determinada, cum certum est an et quantum debeatur (POTHIER, núm. 628). Exigiendo que las dos deudas sean igualmente líquidas, la ley, sin embargo, no establece que sean reconocidas por los deudores. Sin duda, una deuda contestada no es líquida, ni susceptible de entrar en compensación, a menos que el que la opone pueda justificarla prontamente. POTHIER, lugar citado; AUBRY y RAU, § 326. MAYNZ, § 372, núm. 4.

  Art. 820 - Para que la compensación tenga lugar, es preciso que ambas deudas consistan en cantidades de dinero, o en prestaciones de cosas fungibles entre sí, de la misma especie y de la misma calidad, o en cosas inciertas no fungibles, sólo determinadas por su especie, con tal que la elección pertenezca respectivamente a los dos deudores.

820. L. 21, tít. 14, part. 5ª. LL. 4 y 8, tít. 31, lib. 4, Cód. romano. LL. 10, 11 y 12, tít. 2, lib. 16, Dig. Cód. francés, art. 1291; sardo, 1382; napolitano, 1245; holandés, 1463; de Luisiana, 2205. "No basta que las cosas sean fungibles separadamente. Es preciso que lo sean la una con relación a la otra. Las cosas son fungibles, o no fungibles, según que son o no susceptibles de ser reemplazadas por otras cosas de la misma especie y calidad. Res quarum una alterius vice fungitur. Una pipa de vino de Burdeos de 1846 que formase el objeto de un préstamo de consumo, sería ciertamente una cosa fungible; entre tanto, ella no podría ser compensada con otra pipa igual de vino de Burdeos de 1866, igualmente fungible, considerada aisladamente, porque estas dos pipas de vino de calidad o de valor diferente no son fungibles entre sí (AUBRY y RAU, § § 166 y 326, nota 2).

  Art. 821 - Cuando ambas deudas no son pagaderas en el mismo lugar, sólo puede oponerse la compensación abonando las costas del pago en el lugar en que deba verificarse.

821. ZACHARIAE, § 571, nota 15. DURANTON, t. 12, núms. 386 y sigs., trata extensamente este punto. Cód. francés, art. 1296; sardo, 1387; napolitano, 1250; holandés, 1468; de Luisiana, 2210. Las leyes romanas no hablan precisamente de los costos para traer la cosa al lugar del pago sino algo más, abonando el interés del acreedor en ser pagado en el lugar en que debía hacerlo el deudor. Quanti interfuerit certo loco pecuniam dari. Véase L. 15, tít. 2, lib. 16, Dig.

  Art. 822 - Para que se verifique la compensación es necesario que los créditos y las deudas se hallen expeditos, sin que un tercero tenga adquiridos derechos, en virtud de los cuales pueda oponerse legítimamente.

822. Cód. francés, art. 1298; sardo, 1389; napolitano, 1252. Véase MARCADE, sobre el artículo citado del Cód. francés, que pone varios ejemplos del caso de nuestro artículo.

    Art. 823 -##- (1) - Las deudas y créditos entre particulares y el Estado no son compensables en los siguientes casos:

1. Si las deudas de los particulares proviniesen de remates de cosas del Estado, o de rentas fiscales, o si proviniesen de contribuciones directas o indirectas, o de alcance de otros pagos que deban hacerse en las aduanas, como derechos de almacenaje, depósito, etcétera.

2. Si las deudas y los créditos no fuesen del mismo departamento o Ministerio.

3. En el caso que los créditos de los particulares se hallen comprendidos en la consolidación de los créditos contra el Estado, que hubiese ordenado la ley.

823. Véase Proyecto de Freitas, art. 1169. TOULLIER, t. 7, núm. 379. La L. 1 "De Compensat.", Cód. romano declaraba: Compensationi fiscali ita demum locum esse, si eadem statio (oficina), quid debeat quoe petit. Adque hoc juris propter confutionem diversorum officiorum tenaciter servandum est. L. 45, § 5, Dig. "De Juri Fisci", LL. 26, tít. 14, part. 5ª, no permite oponer al fisco la compensación.

  Art. 824 - No es compensable la obligación de pagar daños e intereses por no poderse restituir la cosa de que el propietario o poseedor legítimo hubiese sido despojado, ni la de devolver un depósito irregular.

824. LL. 5, tít. 3 y 27, tít. 14, part. 5ª. L. 14, tít. 31, lib. 4, Cód. romano. Se dispone sobre la obligación de satisfacer daños e intereses, y sobre el depósito irregular, porque la compensación no puede tener lugar sino respecto a las deudas de cosas fungibles. En el depósito regular, debe restituirse la misma cosa, un cuerpo cierto, y por consiguiente no sería preciso exceptuar de la regla un caso, que no podría ser comprendido en ella.

La Ley de Partida, el Cód. francés, el de Chile y los demás códigos publicados, siguiendo al Código de Napoleón, exceptúan también de la compensación, el comodato o préstamo a uso, lo que en verdad es un contrasentido. El comodato tiene por su naturaleza, por objeto, un cuerpo cierto y determinado, y desde que el comodatario pudiese volver otra cosa que el cuerpo cierto que se le prestó, no sería comodato o préstamo a uso, sino un préstamo de consumo, un mutuo. Por consiguiente, desde que el objeto del comodato es necesariamente un cuerpo cierto e individualmente determinado, y desde que la compensación no es posible sino entre deudas de cosas fungibles, no hay lugar ni necesidad de la excepción. Véase MARCADE sobre el art. 1293 del Cód. francés, núm. 830, y principalmente un escrito muy científico de DURANTON, inserto en la Revista de Legislación de FOELIX, año 1846, contra varios artículos del Cód. francés.

  Art. 825 - No son compensables las deudas de alimentos, ni las obligaciones de ejecutar algún hecho.

825. Las citas de los códigos en el artículo anterior. Siendo la compensación un pago que puede hacerse cumplir aun contra la voluntad de los deudores, no es posible desde que el deudor no pueda ser obligado al pago efectivo. La deuda por alimentos no puede ser embargada. Si la compensación pudiese tener lugar en deuda tal, traería el pago forzoso en una suma o con un derecho que en el juicio no puede ser embargado, ni respecto de la cual el deudor puede ser obligado a cederla. En cuanto a las obligaciones de hacer, el artículo se funda en que esas obligaciones no son sobre cosas fungibles, únicas en que la compensación puede tener lugar.

  Art. 826 - No son compensables entre el deudor cedido o delegado y el cesionario o delegatario, los créditos contra el cedente o delegante que sean posteriores a la cesión notificada, o a la delegación aceptada.

826. Cód. francés, art. 1295; sardo, 1386; napolitano, 1249.

  Art. 827 - Tratándose de títulos pagaderos a la orden, no podrá el deudor compensar con el endosatario, lo que le debiesen los endosadores precedentes.

  Art. 828 - El deudor o acreedor de un fallido sólo podrá alegar compensación en cuanto a las deudas que antes de la época legal de la falencia ya existían, y eran exigibles y líquidas; mas no en cuanto a las deudas contraídas, o que se hicieren exigibles y líquidas después de la época legal de la quiebra. El deudor del fallido en este último caso, debe pagar a la masa lo que deba, y entrar por su crédito en el concurso general del fallido.

828. En cuanto a la primera parte, la resolución del artículo es el efecto legal de la compensación, dar las deudas por pagadas, desde el tiempo en que los créditos fueron líquidos y exigibles, como queda establecido en el art. 818.

  Art. 829 - El fiador no sólo puede compensar la obligación que le nace de la fianza con lo que el acreedor le deba, sino que también puede invocar y probar lo que el acreedor deba al deudor principal, para causar la compensación o el pago de la obligación. Pero el deudor principal no puede invocar como compensable su obligación, con la deuda del acreedor al fiador.

829. L. 24, tít. 14, part. 5ª. L. 5, tít. 2, lib. 16, Dig. Cód. francés, art. 1294; sardo, 1385; napolitano, 1248; holandés, 1466.

  Art. 830 - El deudor solidario puede invocar la compensación del crédito del acreedor con el crédito de él, o de otro de los codeudores solidarios.

830. En contra, los artículos de los códigos citados en el artículo anterior. MARCADE, núm. 837, los impugna con las razones más sólidas y nuestro artículo es el resultado de sus doctrinas.

    Art. 831 - Para oponerse la compensación, no es preciso que el crédito al cual se refiere se tenga por reconocido. Si la compensación no fuere admitida, podrá el deudor alegar todas las defensas que tuviere.

TÍTULO XIX

De las transacciones

    ART_832

Art. 832 - La transacción es un acto jurídico bilateral, por el cual las partes, haciéndose concesiones recíprocas, extinguen obligaciones litigiosas o dudosas.

832. AUBRY y RAU, § 418. Véase L. 34, tít. 14, part. 5ª. L. 38, tít. 4, lib. 2, Cód. romano. L. 1, tít. 15, lib. 2, Dig. Cód. francés, art. 2044; de Luisiana, art. 3038; sardo, 2083; holandés, 1888; austríaco, 1380. Las disposiciones de los códigos de Austria y de Prusia sobre la necesidad de concesiones recíprocas y de derechos contestados, confirman la definición que damos. El primero de estos códigos, art. 1381, dice: "La remisión de un derecho litigioso o dudoso hecha al obligado constituye una donación". El de Prusia, art. 408, dice: "Las transacciones sobre derechos no contestados serán miradas como una renuncia". La ley citada del Cód. romano declara también: Transactio, nullo dato vel retento seu promisso, minime procedit.

  Art. 833 - Son aplicables a las transacciones todas las disposiciones sobre los contratos respecto a la capacidad de contratar, al objeto, modo, forma, prueba y nulidad de los contratos, con las excepciones y modificaciones contenidas en este Título.

    ART_834

Art. 834 - Las diferentes cláusulas de una transacción son indivisibles, y cualquiera de ellas que fuese nula, o que se anulase, deja sin efecto todo el acto de la transacción.

834. AUBRY y RAU, § 421. MERLIN, Verb. Trans., § 5, núm. 3. TROPLONG, Transact., núm. 133.

    ART_835

Art. 835 - Las transacciones deben interpretarse estrictamente. No reglan sino las diferencias respecto de las cuales los contratantes han tenido en realidad intención de transigir, sea que esta intención resulte explícitamente de los términos de que se han servido, sea que se reconozca como una consecuencia necesaria de lo que se halle expreso.

835. L. 9, tít. 15, lib. 2, Dig. Cód. francés, arts. 2048 y 2049; sardo, 2088; holandés, 1892; de Luisiana, art. 3040. AUBRY y RAU, § 421. ZACHARIAE, § 768. MERLIN, Rep. Verb. Transact., § 4.

  Art. 836 - Por la transacción no se transmiten, sino que se declaran o reconocen derechos que hacen el objeto de las diferencias sobre que ella interviene. La declaración o reconocimiento de esos derechos no obliga al que la hace a garantirlos, ni le impone responsabilidad alguna en caso de evicción, ni forma un título propio en que fundar la prescripción.

836. L. 33, tít. 4, lib. 2, Cód. romano. AUBRY y RAU, § 421. POTHIER, De la vente, núm. 647. TROPLONG, Trans., núms. 7 a 10.

    ART_837

Art. 837 - La validez de las transacciones no está sujeta a la observancia de formalidades extrínsecas; pero las pruebas de ellas están subordinadas a las disposiciones sobre las pruebas de los contratos.

  Art. 838 - Si la transacción versare sobre derechos ya litigiosos no se podrá hacer válidamente sino presentándola al juez de la causa, firmada por los interesados. Antes que las partes se presenten al juez exponiendo la transacción que hubiesen hecho, o antes que acompañen la escritura en que ella conste, la transacción no se tendrá por concluida, y los interesados podrán desistir de ella.

CAPÍTULO I

De los que pueden transigir

  Art. 839 - No se puede transigir a nombre de otra persona sino con su poder especial, con indicación de los derechos u obligaciones sobre que debe versar la transacción, o cuando el poder facultare expresamente para todos los actos que el poderdante pudiera celebrar, incluso el de transar.

839. L. 19, tít. 5, part. 3ª y véase Cód. francés, art. 1988; sardo, 2021; holandés, 1833.

  Art. 840 - No puede transigir el que no puede disponer de los objetos que se abandonan en todo o en parte.

840. Aunque la transacción sea más bien, como se ha establecido, un reconocimiento que una traslación de la propiedad en cuanto ella tiene principalmente por objeto reconocer un derecho preexistente, más bien que crear un derecho que no existe; sin embargo, como por ella se hace el abandono de una pretensión o de un derecho que se creía tener, importa por esto una disposición o una enajenación de este derecho. En este sentido únicamente es que se dice que el que transige, enajena, y que transigir es enajenar. Véase ZACHARIAE, § 767, nota 2. AUBRY y RAU, § 420. TROPLONG, núms. 7 y sigs.

  Art. 841 - No pueden hacer transacciones:

1. Los agentes del Ministerio Público, tanto nacionales como provinciales, ni los procuradores de las municipalidades.

2. Los colectores o empleados fiscales de cualquier denominación en todo lo que respecta a las rentas públicas.

3. Los representantes o agentes de personas jurídicas, en cuanto a los derechos y obligaciones de esas personas, si para la transacción no fuesen legalmente autorizados.

4. Los albaceas, en cuanto a los derechos y obligaciones de la testamentaría, sin autorización del juez competente, con previa audiencia de los interesados.

5. Los tutores con los pupilos que se emanciparen, en cuanto a las cuentas de la tutela, aunque fuesen autorizados por el juez.

6. Los tutores y curadores en cuanto a los derechos de los menores e incapaces, si no fuesen autorizados por el juez, con audiencia del Ministerio de Menores.

7. Los menores emancipados.

CAPÍTULO II

Del objeto de las transacciones

  Art. 842 - La acción civil sobre indemnización del daño causado por un delito puede ser objeto de las transacciones; pero no la acción para acusar y pedir el castigo de los delitos, sea por la parte ofendida, sea por el Ministerio Público.

842. Cód. francés, art. 2046; sardo, 2085; holandés, 1890. Véase L. 22, tít. 1, part. 7ª. L. 18, tít. 4, lib. 2, Cód. romano. La ley citada de Partida y también las leyes romanas no permiten la transacción sobre el delito de adulterio, aunque sólo el marido y la mujer pueden acusar ese delito. Es decir, el marido y la mujer pueden perdonar el delito y la pena, pero si se presentase una acción en juicio sobre la ejecución de una transacción hecha por el marido o la mujer, el juez no podría admitirla. Creemos no ser necesario poner una disposición expresa sobre la materia, porque tal transacción sería ella misma un delito, un acto contra la moral y buenas costumbres.

  Art. 843 - No se puede transigir sobre cuestiones de validez o nulidad de matrimonio, a no ser que la transacción sea a favor del matrimonio.

843. La L. 24, tít. 4, part. 3ª, no permite poner en árbitros tales cuestiones. Los códigos extranjeros guardan silencio sobre la materia. Sólo el de Austria dice: "hay casos dudosos que la ley prohíbe reglar por transacción, tales son las contestaciones que nacen entre los esposos sobre la validez de su matrimonio". Creemos que el silencio de los otros códigos es porque el caso se halla comprendido en las disposiciones expresas en ellos, prohibiendo las transacciones sobre el estado de las personas.

  Art. 844 - Las cosas que están fuera del comercio, y los derechos que no son susceptibles de ser materia de una convención, no pueden ser objeto de las transacciones.

  Art. 845 - No se puede transigir sobre contestaciones relativas a la patria potestad, o a la autoridad del marido, ni sobre el propio estado de familia, ni sobre el derecho a reclamar el estado que corresponda a las personas, sea por filiación natural, sea por filiación legítima.

845. ZACHARIAE, § 767, nota 3 en el párrafo 377. AUBRY y RAU, § 420.

  Art. 846 - La transacción es permitida sobre intereses puramente pecuniarios subordinados al estado de una persona, aunque éste sea contestado, con tal que al mismo tiempo la transacción no verse sobre el estado de ella.

846. AUBRY y RAU, § 420. MERLIN, Répert. verb. Trans., § 2, núm. 5. TROPLONG Trans., núm. 64.

  Art. 847 - Si la transacción fuese simultánea sobre los intereses pecuniarios y sobre el estado de la persona, será de ningún valor, háyase dado un solo precio, o una sola cosa, o bien un precio y una cosa distinta por la renuncia del estado, y por el abandono de los derechos pecuniarios.

847. Porque las cláusulas de una transacción son indivisibles. Véase a TROPLONG, núm. 68.

    L340_Art848

Art. 848 - No puede haber transacción sobre los derechos eventuales a una sucesión, ni sobre la sucesión de una persona viva.

848. Sobre ambas cosas no podría haber derechos contestados, a menos de tratarse de derechos de familia como antecedentes para el derecho de heredar. Las convenciones que a ese respecto se hicieran, serían sólo actos aleatorios. Véase ZACHARIAE, § 767, y AUBRY y RAU, § 420.

  Art. 849 - En todos los demás casos se puede transigir sobre toda clase de derechos, cualquiera que sea su especie y naturaleza, y aunque estuviesen subordinados a una condición.

849. AUBRY y RAU, § 420.

Por no separarnos de todos los códigos publicados y de la doctrina de todos los escritores de derecho, quedó establecido en el art. 374 que no se podía transigir sobre la obligación de alimentos, aunque verdaderamente nuestra opinión es guardar en este punto el silencio que guardan las Leyes de Partida: es decir, que se pudiesen transar las cuestiones sobre alimentos. Los menores de edad estaban salvados con el art. 841, núm. 6; a los mayores con capacidad de derecho, debía dejárseles la libertad de disponer de los suyos, porque, como antes lo hemos dicho, las leyes no pueden ni deben procurar contener la prodigalidad de los mayores de edad. Este objeto es el que han tenido las leyes y los autores para prohibir las transacciones sobre alimentos. La ley romana expresa esa razón cuando dice: cum hi quibus alimenta relicta erant facile transigerent contenti modico presenti.

Si no se pone interdicción para disponer de sus bienes o de sus derechos a los que se llaman pródigos, cesa la razón de las leyes para prohibir las transacciones entre mayores de edad, sobre las cuestiones de alimentos.

CAPÍTULO III

Efecto de las transacciones

    ART_850

Art. 850 - La transacción extingue los derechos y obligaciones que las partes hubiesen renunciado, y tiene para con ellas la autoridad de la cosa juzgada.

850. L. 34, tít. 14, part. 5ª. L. 20, tít. 4, lib. 2, Cód. romano. Cód. francés, art. 2052; sardo, 2091; holandés, 1895; de Luisiana, 3045.

El principio que se halla en todos los códigos de que la transacción tiene para las partes la autoridad de la cosa juzgada, es por la razón de que el objeto de la transacción es establecer derechos que eran dudosos, o acabar pleitos presentes o futuros, y se juzga que las mismas partes hubiesen pronunciado sentencia sobre esos pleitos o derechos dudosos. De este antecedente se originan consecuencias importantes que forman algunos de los artículos que siguen.

Sin embargo, debe decirse que las transacciones difieren de las sentencias en que ellas en sus cláusulas forman un todo indivisible y no pueden ser anuladas en parte, mientras que las sentencias que hubiesen decidido muchos puntos litigiosos, son susceptibles de ser reformadas en algunos de estos puntos, y confirmadas o llevadas a efecto en cuanto a los otros. Se ha observado también con razón que no había una perfecta analogía entre la autoridad de las transacciones y la autoridad de las sentencias. Las transacciones tienen muchas veces más fuerza que las sentencias y en otras menos, pues que ellas no pueden ser atacadas por los mismos medios que las sentencias; y por otra parte, están sujetas a causas de nulidad por las cuales las sentencias pasadas en cosa juzgada no pueden ser atacadas. Véase sobre estas consideraciones, ZACHARIAE, § 768. AUBRY y RAU § 421. TROPLONG, números 129 y siguientes.

  Art. 851 - La transacción hecha por uno de los interesados, ni perjudica ni aprovecha a tercero ni a los demás interesados, aun cuando las obligaciones sean indivisibles.

851. Arg. de la L. 20, tít. 22, part. 3ª. L. 2, tít. 60, lib. 7, Cód. romano. Cód. francés, art. 2051; sardo, 2090; holandés, 894. Cuando las obligaciones son indivisibles, en contra: TROPLONG, núm. 127. AUBRY y RAU, § 421. El artículo del Cód. francés no habla de este caso.

  Art. 852 - La transacción entre el acreedor y el deudor extingue la obligación del fiador, aunque éste estuviera ya condenado al pago por sentencia pasada en cosa juzgada.

852. Porque siempre y en todo caso la obligación del fiador es una obligación accesoria que no puede continuar, faltando la obligación principal.

  Art. 853 - La transacción hecha con uno de los deudores solidarios aprovecha a los otros, pero no puede serles opuesta: y recíprocamente, la transacción concluida con uno de los acreedores solidarios puede ser invocada por los otros, mas no serles opuesta sino por su parte en el crédito.

853. Véase el art. 2051 del Cód. francés. Decimos que no puede serle opuesta, porque el deudor solidario puede mejorar la condición de sus cointeresados, pero no puede agravarla. Véase AUBRY y RAU, § 421.

  Art. 854 - La evicción de la cosa renunciada por una de las partes en la transacción, o transferida a la otra que se juzgaba con derecho a ella, no invalida la transacción, ni da lugar a la restitución de lo que por ella se hubiese recibido.

854. Lo contrario se dispone en el art. 1212 del Proyecto de FREITAS. Nuestro artículo es enteramente conforme al derecho romano (L. 33, Cód. De trans.). El que renuncia, aunque sea por un precio, a sus pretensiones sobre el objeto litigioso que formaba la materia de la transacción, no cede este objeto mismo, sino que lo deja simplemente a la otra parte con los derechos que ésta pretendía tener en él. Hemos establecido como base del art. 836, que la transacción no es un acto jurídico que transmite derechos, sino que meramente los reconoce. Este reconocimiento que haga una de las partes de los derechos que la otra alega, no la pone en el caso del que por un precio hubiese traspasado el dominio incuestionable que tenía en la cosa y que lo hace responsable en caso de evicción.

Igual artículo al nuestro fue propuesto en el Proyecto del Cód. francés, y después de una gran discusión fue suprimido. Pero los legisladores franceses no resolvieron lo contrario, y en esta ocasión hicieron lo que siempre se nota en las discusiones de ese Código, que, cuando la dificultad es grande se pasa por ella, y nada se dispone. La disposición del artículo es la doctrina de POTHIER, De la vente, núm. 647; de TROPLONG, núm. 12, y de AUBRY y RAU, § 421, nota 14.

  Art. 855 - La parte que hubiese transferido a la otra alguna cosa como suya en la transacción, si el poseedor de ella fuese vencido en juicio, está sujeta a la indemnización de pérdidas e intereses; pero la evicción sucedida no hará revivir la obligación extinguida en virtud de la transacción.

  Art. 856 - Si una de las partes en la transacción adquiriere un nuevo derecho sobre la cosa renunciada o transferida a la otra que se juzgaba con derecho a ella, la transacción no impedirá el ejercicio del nuevo derecho adquirido.

856. Cód. francés, art. 2050; sardo, 2089; holandés, 1893.

CAPÍTULO IV

Nulidad de las transacciones

  Art. 857 - Las transacciones hechas por error, dolo, miedo, violencia o falsedad de documentos, son nulas, o pueden ser anuladas en los casos en que pueden serlo los contratos que tengan estos vicios.

857. L. 65, tít. 6, lib. 12, Dig. LL. 2, 19 y 29 Cód. "De trans.". La transacción es un contrato como está establecido en el art. 832 y en todos los códigos publicados. Por consiguiente, son nulas o anulables por las causas que lo fuesen los contratos. Sin embargo, muchos jurisconsultos, sin desconocer el principio, ponen otro al lado de él, que las transacciones son como las cosas juzgadas, respecto de los objetos sobre que versan, y que así sólo pueden ser anuladas en los casos en que pueden serlo las sentencias pasadas en cosa juzgada. Ésta es una exageración de una simple paridad de la cosa juzgada con la transacción, paridad inexacta o que tiene muchas excepciones, como lo hemos advertido en la nota al art. 850.

  Art. 858 - La transacción es rescindible cuando ha tenido por objeto la ejecución de un título nulo, o de reglar los efectos de derechos que no tenían otro principio que el título nulo que los había constituido, hayan o no las partes conocido la nulidad del título, o lo hayan supuesto válido por error de hecho o por error de derecho. En tal caso la transacción podrá sólo ser mantenida, cuando expresamente se hubiese tratado de la nulidad del título.

858. AUBRY y RAU, § 422. ZACHARIAE, § 769.

  Art. 859 - La transacción puede ser rescindida por el descubrimiento de documentos de que no se tuvo conocimiento al tiempo de hacerla, cuando resulta de ellos que una de las partes no tenía ningún derecho sobre el objeto litigioso.

859. Cód. francés, art. 2057; sardo, 2096; holandés, 1900; de Luisiana, 3050. ZACHARIAE, § 769. En contra: L. 19, tít. 4, lib. 2, Cód. romano: Sub praetextu instrumenti post reperti transactionem bona fide finitam rescindi, jura non patiuntur. Lo mismo el Cód. de Austria, art. 1387, que dispone así: "El descubrimiento de nuevos títulos no invalida la transacción si es de buena fe". Lo mismo GOYENA, art. 1728, fundado en las leyes que declaran que las sentencias no se revocan por instrumentos nuevamente hallados, y que las transacciones tienen la autoridad de la cosa juzgada. En el conflicto de estas autoridades, adoptamos la doctrina del Cód. francés, porque en justicia y en equidad nada pierde por la anulación de la transacción el que no tenía en verdad derecho para recibir lo que por ella se le hubiese dado o reconocido, aunque pudiera fundarse en el derecho estricto de los contratos.

  Art. 860 - Es también rescindible la transacción sobre un pleito que estuviese ya decidido por sentencia pasada en cosa juzgada, en el caso que la parte que pidiese la rescisión de la transacción hubiese ignorado la sentencia que había concluido el pleito. Si la sentencia admitiese algún recurso, no se podrá por ella anular la transacción.

860. L. 7, tít. 15, lib. 2 Dig. L. 23, tít. 6, lib. 12; íd. Cód. francés, art. 2056; sardo, 2085; holandés, 1899; de Luisiana, 3049.

    Art. 861 - La transacción sobre una cuenta litigiosa no podrá ser rescindida por descubrirse en ésta errores aritméticos. Las partes pueden demandar su rectificación, cuando hubiese error en lo dado, o cuando se hubiese dado la parte determinada de una suma, en la cual había un error aritmético de cálculo.

861. Véase las LL. 19. tít. 22 y 4, tít. 26, part. 3ª. L. 1, tít. 8, lib. 49, Dig. L. 2, tít. 52, lib. 7, Cód. romano.

TÍTULO XX

De la confusión

  Art. 862 - La confusión sucede cuando se reúnen en una misma persona, sea por sucesión universal o por cualquier otra causa, la calidad de acreedor y deudor; o cuando una tercera persona sea heredera del acreedor y deudor. En ambos casos la confusión extingue la deuda con todos sus accesorios.

862. Véase la L. 8, tít. 6, part. 6ª. L. 21, tít. 3, lib. 34, Dig. L. 75, tít. 3, lib. 46, íd. Cód. francés, art. 1300; sardo, 1391; holandés, 1472; napolitano, 1254; de Luisiana, 2214. "O por cualquiera otra causa", decimos, como venta de una herencia, cesión de un crédito, sociedad universal, etcétera.

  Art. 863 - La confusión no sucede, aunque concurran en una persona la calidad de acreedor y deudor por título de herencia, si ésta se ha aceptado con beneficio de inventario.

863. L. 8, tít. 6, part. 6ª. L. 22, § 9, tít. 30, lib. 6, Cód. romano. Cód. francés, art. 802; sardo, 1023; holandés, 1078; napolitano, 719.

  Art. 864 - La confusión puede tener efecto, o respecto a toda la deuda, o respecto sólo a una parte de ella. Cuando el acreedor no fuese heredero único del deudor, o el deudor no fuese heredero único del acreedor, o cuando un tercero no fuese heredero único de acreedor y deudor, habrá confusión proporcional a la respectiva cuota hereditaria.

864. MARCADE, núm. 858. L. 50, tít. 1, lib. 46, Dig. Véase Cód. francés, art. 1209; napolitano, 1162; sardo, 1299; holandés, 1324.

  Art. 865 - La confusión del derecho del acreedor con la obligación del deudor, extingue la obligación accesoria del fiador; mas la confusión del derecho del acreedor con la obligación del fiador, no extingue la obligación del deudor principal.

865. L. 21, tít. 1, lib. 46, Dig. Cód. francés, art. 1301; sardo, 1392; napolitano, 1255; holandés, 1473.

  Art. 866 - La confusión entre uno de los acreedores solidarios y el deudor, o entre uno de los codeudores solidarios y el acreedor, sólo extingue la obligación correspondiente a ese deudor o acreedor, y no las partes que pertenecen a los otros coacreedores o codeudores.

866. Cód. francés, art. 1209; sardo, 1299; napolitano, 1162; holandés, 1324. L. 71, tít. 1, lib. 46, Dig.

    Art. 867 - Si la confusión viniese a cesar por un acontecimiento posterior que restablezca la separación de las calidades de acreedor y deudor reunidas en la misma persona, las partes interesadas serán restituidas a los derechos temporalmente extinguidos, y a todos los accesorios de la obligación.

867. MARCADE, núm. 860. Como si el testamento que creó los derechos fuese después anulado. L. 21, tít. 2, lib. 5, Dig.

TÍTULO XXI

De la renuncia de los derechos del acreedor

  Art. 868 - Toda persona capaz de dar o de recibir a título gratuito, puede hacer o aceptar la renuncia gratuita de una obligación. Hecha y aceptada la renuncia, la obligación queda extinguida.

868. AUBRY y RAU, § 323.

  Art. 869 - Cuando la renuncia se hace por un precio o una prestación cualquiera, la capacidad del que la hace y la de aquel a cuyo favor es hecha, se determinan según las reglas relativas a los contratos por título oneroso.

869. AUBRY y RAU, párrafo citado. DURANTON, t. 12, núms. 341 a 352.

  Art. 870 - La renuncia hecha en disposiciones de última voluntad, es un legado y se reglará por las leyes sobre los legados.

  Art. 871 - Si la renuncia por un contrato oneroso se refiere a derechos litigiosos o dudosos, le serán aplicadas las reglas de las transacciones.

  Art. 872 - Las personas capaces de hacer una renuncia pueden renunciar a todos los derechos establecidos en su interés particular, aunque sean eventuales o condicionales; pero no a los derechos concedidos, menos en el interés particular de las personas, que en mira del orden público, los cuales no son susceptibles de ser el objeto de una renuncia.

872. AUBRY Y RAU, lugar citado. El marido o el padre no podrán renunciar a los derechos que las leyes les confieren sobre la mujer o los hijos. Véase regla 34, tít. 34, part. 7ª. L. 34, tít. 14, lib. 2, Dig. y L. 7, íd., § 16.

  Art. 873 - La renuncia no está sujeta a ninguna forma exterior. Puede tener lugar aun tácitamente, a excepción de los casos en que la ley exige que sea manifestada de una manera expresa.

873. AUBRY y RAU, en el núm. 1 del párrafo citado. En las notas 8 y 9 pone diversos ejemplos en que las renuncias tácitas pueden tener lugar, y en los que el derecho exige que la renuncia sea expresa.

  CAMPO_Artículo_874

  Art. 874 - La intención de renunciar no se presume, y la interpretación de los actos que induzca a probarla debe ser restrictiva.

874. MERLIN, Rep. verb. Renonciation, § 3.

    Art. 875 - La renuncia puede ser retractada mientras que no hubiere sido aceptada por la persona a cuyo favor se hace, salvo los derechos adquiridos por terceros, a consecuencia de la renuncia, desde el momento en que ella ha tenido lugar hasta el de su retractación.

875. AUBRY y RAU lugar citado.

TÍTULO XXII

De la remisión de la deuda

  Art. 876 - Lo dispuesto en los cuatro artículos primeros del Título anterior es aplicable a la remisión de la deuda hecha por el acreedor.

876. Se trata sólo en este título de la renuncia de la deuda, considerada como modo de extinción de las obligaciones unilaterales. Cuando se trate de las diferentes maneras como se disuelven los contratos, trataremos de la doble remisión a consecuencia de lo cual se extinguen las obligaciones recíprocas que se derivan de los contratos bilaterales.

  Art. 877 - Habrá remisión de la deuda, cuando el acreedor entregue voluntariamente al deudor el documento original en que constare la deuda, si el deudor no alegare que la ha pagado.

877. L. 9, tít. 14, part. 5ª. L. 40, tít. 13, part. 5ª. La L. 11, tít. 19, part. 3ª, parece no estar de acuerdo con las dos leyes citadas, pues que dice que si la carta se halla sana e íntegra en poder del deudor, le incumbe a éste probar que él (el acreedor) "ge la tornara queriéndole quitar la debda". Pero si se halla en poder del deudor rota o cancelada, la ley presume la remisión, salvo al acreedor el derecho de probar lo contrario. Sobre la remisión de la deuda véanse LL. 1 y 2, tít. 14, part. 5ª. LL. 14 y 15, tít. 43, lib. 8, Cód. romano. Cód. francés, art. 1282; sardo, 1375; napolitano, 1236.

  Art. 878 - Siempre que el documento original de donde resulte la deuda se halle en poder del deudor, se presume que el acreedor se lo entregó voluntariamente, salvo el derecho de éste a probar lo contrario.

878. La resolución de este artículo ha sido una cuestión muy debatida entre los jurisconsultos, pues observaban que el documento podía hallarse en poder del deudor por ser éste el cajero o tenedor de los libros del acreedor, o porque se hubiese depositado en alguna persona que lo hubiese entregado al deudor. POTHIER en el núm. 572 rechaza toda distinción de las personas, y sostiene que la existencia del documento privado en poder del deudor induce la presunción de habérsele entregado voluntariamente por el acreedor, y que a éste incumbe la prueba de lo contrario.

En la necesidad de establecer una regla, la del artículo tiene por fundamento lo que regularmente sucede. Las consideraciones indicadas sobre la calidad de la persona del deudor obrarán en la apreciación que haga el juez de las pruebas que pueda dar el acreedor.

  Art. 879 - Si el documento de la deuda fuere un documento protocolizado, y su copia legalizada se hallare en poder del deudor sin anotación del pago o remisión del crédito, y el original se hallase también sin anotación del pago o remisión firmada por el acreedor, será a cargo del deudor probar que el acreedor se lo entregó por remisión de la deuda.

  Art. 880 - La remisión hecha al deudor principal, libra a los fiadores; pero la que se ha hecho al fiador, no aprovecha al deudor.

880. L. 1, tít. 14, part. 5ª. L. 32, tít. 14, lib. 2, Dig. L. 23, tít. 14, lib. 2, íd. Cód. francés, art. 1287; sardo, 1378; holandés, 1478; napolitano, 1241.

  Art. 881 - La remisión hecha al deudor, produce los mismos efectos jurídicos que el pago respecto a sus herederos, y a los codeudores solidarios.

881. Véase ZACHARIAE, § 569.

  Art. 882 - La remisión hecha a uno de los fiadores no aprovecha a los demás fiadores, sino en la medida de la parte que correspondía al fiador que hubiese obtenido la remisión.

882. ZACHARIAE, en el parágrafo citado.

  Art. 883 - Si el fiador hubiese pagado al acreedor una parte de la obligación para obtener su liberación, tal pago debe ser imputado sobre la deuda; pero si el acreedor hubiese hecho después remisión de la deuda, el fiador no puede repetir la parte que hubiese pagado.

  Art. 884 - La remisión por entrega del documento original, en relación a los fiadores, coacreedores solidarios o deudores solidarios, produce los mismos efectos que la remisión expresa.

  Art. 885 - No hay forma especial para hacer la remisión expresa aunque la deuda conste de un documento público.

  Art. 886 - La devolución voluntaria que hiciere el acreedor de la cosa recibida en prenda, causa sólo la remisión del derecho de prenda, pero no la remisión de la deuda.

    Art. 887 - La existencia de la prenda en poder del deudor hace presumir la devolución voluntaria, salvo el derecho del acreedor a probar lo contrario.

887. Véase L. 40, tít. 13, part. 5ª. L. 9, tít. 26, lib. 8, Cód. romano. L. 3, tít. 14, lib. 2, Dig. Cód. francés, art. 1286; sardo, 1377; holandés, 1477; napolitano, 1240.

  TÍTULO XXIII

De la imposibilidad del pago

  Art. 888 - La obligación se extingue cuando la prestación que forma la materia de ella, viene a ser física o legalmente imposible sin culpa del deudor.

888. La ley romana dice: obligatio quam vis initio recte constituta, estinguitur, si incenderit in eum casum a quo incipere non poterat. L. 140, Dig. De Verb. Oblig. Instit. Lib. 3, tít. 20, § 2, y nota al art. 578, referente a la extinción de la obligación, cuando la cosa objeto de ella se pierde sin culpa del deudor.

  Art. 889 - Si la prestación se hace imposible por culpa del deudor, o si éste se hubiese hecho responsable de los casos fortuitos o de fuerza mayor, sea en virtud de una cláusula que lo cargue con los peligros que por ellos vengan, o sea por haberse constituido en mora, la obligación primitiva, sea de dar o de hacer, se convierte en la de pagar daños e intereses.

889. Véase el art. 513 y las leyes citadas en la nota.

  Art. 890 - Cuando la prestación consiste en la entrega de una cosa cierta, la obligación se extingue por la pérdida de ella, y sólo se convierte en la de satisfacer daños e intereses en los casos del artículo 889.

  Art. 891 - La cosa que debía darse, sólo se entenderá perdida en el caso que se haya destruido completamente o que se haya puesto fuera del comercio, o que haya desaparecido de un modo que no se sepa de su existencia.

891. AUBRY y RAU § 331, nota 4.

  Art. 892 - El deudor cuando no es responsable de los casos fortuitos sino constituyéndose en mora, queda exonerado de pagar daños e intereses, si la cosa que está en la imposibilidad de entregar a consecuencia de un caso fortuito, hubiese igualmente perecido en poder del acreedor.

892. Véase la nota al art. 789.

  Art. 893 - Cuando la obligación tenga por objeto la entrega de una cosa incierta, determinada entre un número de cosas ciertas de la misma especie, queda extinguida si se perdiesen todas las cosas comprendidas en ellas por un caso fortuito o de fuerza mayor.

893. Véase AUBRY y RAU, § 331.

  Art. 894 - Si la obligación fuese de entregar cosas inciertas no fungibles, determinadas sólo por su especie, el pago nunca se juzgará imposible, y la obligación se resolverá siempre en indemnización de pérdidas e intereses.

894. POTHIER, "Oblig.", núm. 658. TOULLIER, t. 7, núm. 443. DURANTON t. 12, núm. 490.

    Art. 895 - En los casos en que la obligación se extingue por imposibilidad del pago, se extingue no sólo para el deudor, sino también para el acreedor a quien el deudor debe volver todo lo que hubiese recibido por motivo de la obligación extinguida.

895. Por el Derecho romano y por el Derecho de las Partidas, cuando el pago se hacía imposible por pérdida de la cosa sin culpa del deudor, la obligación se extinguía sólo para el deudor, quedando el acreedor obligado. Así, cuando la cosa comprada, hallándose aún en poder del vendedor se perdía por un caso fortuito, no perecía para su dueño sino para el comprador, el cual debía pagar el precio. La razón era que las cosas perecen para sus dueños, cuando son acreedores de las mismas cosas; pero no cuando son deudores, pues el deudor de cosa cierta se libra de la obligación de entregarla si la cosa perece sin su culpa. Nosotros hemos combatido estas falsas teorías en la nota al art. 578.

SECCIÓN SEGUNDA

  De los hechos y actos jurídicos que producen la adquisición, modificación, transferencia o extinción de los derechos y obligaciones -##-(*)

TÍTULO I

De los hechos

  Art. 896 - Los hechos de que se trata en esta parte del Código son todos los acontecimientos susceptibles de producir alguna adquisición, modificación, transferencia o extinción de los derechos u obligaciones.

896. No se trata de los hechos como objeto de derecho, sino únicamente como causa productora de derecho. El hecho del hombre puede ser considerado bajo dos relaciones: 1ª como objeto de un derecho, por ejemplo, cuando alguno debe hacer algo en nuestro favor, como la entrega de una cosa, la ejecución o abstención de alguna acción, materia que ya hemos tratado; 2ª como fuente de un derecho. Así, cuando alguno me vende y me entrega su casa, el hecho de la venta seguido de la tradición, tiene por efecto darme la propiedad de la casa. O bien alguno destruye una cosa mía, y de este hecho me resulta el derecho de demandar la reparación del perjuicio que tal hecho me ha causado. Véase MAYNZ, t. 1, § 119.

Los hechos como objetos de derecho y de los actos jurídicos son siempre actos humanos, positivos o negativos, acciones u omisiones. Los hechos, causa productiva de derechos, pueden ser actos humanos o actos externos, en que la voluntad no tenga parte. Los hechos humanos no son los únicos generadores o destructores de derechos, pues que hay numerosos e importantes derechos que se adquieren o se pierden sólo por el mero efecto de otros hechos, que no son acciones u omisiones voluntarias o involuntarias, que llamamos "hechos externos", y que podían llamarse "hechos accidentales", o hechos de la naturaleza, como son los terremotos, tempestades, etc., que hacen perder muchas veces los derechos constituidos, por obligaciones o contratos o como son los que hacen adquirir derechos, tales como las accesiones naturales, la sucesión ab intestato, cuya causa productiva de derechos es el hecho del fallecimiento de la persona a que se sucede, o como son también los derechos que se derivan del nacimiento.

  Art. 897 - Los hechos humanos son voluntarios o involuntarios. Los hechos se juzgan voluntarios, si son ejecutados con discernimiento, intención y libertad.

  Art. 898 - Los hechos voluntarios son lícitos o ilícitos. Son actos lícitos las acciones voluntarias no prohibidas por la ley, de que puede resultar alguna adquisición, modificación o extinción de derechos.

  Art. 899 - Cuando los actos lícitos no tuvieren por fin inmediato alguna adquisición, modificación o extinción de derechos sólo producirán este efecto, en los casos en que fueren expresamente declarados.

899. Los actos lícitos de este artículo no son actos jurídicos. Los hechos puros y simples, que por su naturaleza no presentan sino hechos materiales, no crean derechos y obligaciones, sino cuando se refieren a ciertas relaciones jurídicas, y en razón sólo de esta relación. El que hace reparaciones urgentes en la propiedad de un amigo ausente, tiene sólo en mira prevenir un perjuicio, mas no piensa en el cuasicontrato negotiorum gestio. El cultivo de un campo y otros hechos análogos son hechos puros y simples, que no producen por sí más que resultados materiales. Sin embargo, estos actos pueden, en razón de las circunstancias en que han tenido lugar, traer consecuencias jurídicas. Así, cuando se han ejercido por el que no es propietario, pueden dar lugar a la adquisición de los frutos, o a la restitución de los gastos hechos en el campo ajeno.

  Art. 900 - Los hechos que fueren ejecutados sin discernimiento, intención y libertad, no producen por sí obligación alguna.

900. Cód. de Prusia, 1ª part., tít. 3, art. 3. El elemento fundamental de todo acto es la voluntad del que lo ejecuta. Es por esto que el hecho de un insensato o de una persona que no tiene discernimiento y libertad en sus actos, no es considerado en el derecho como un acto, sino como un acontecimiento fortuito (MAYNZ, t. 1, § 119).

  Art. 901 - Las consecuencias de un hecho que acostumbra suceder, según el curso natural y ordinario de las cosas, se llaman en este Código "consecuencias inmediatas". Las consecuencias que resultan solamente de la conexión de un hecho con un acontecimiento distinto, se llaman "consecuencias mediatas". Las consecuencias mediatas que no pueden preverse se llaman "consecuencias casuales".

    ART_902

Art. 902 - Cuanto mayor sea el deber de obrar con prudencia y pleno conocimiento de las cosas, mayor será la obligación que resulte de las consecuencias posibles de los hechos.

902. Cód. de Prusia, lugar citado, art. 9.

  Art. 903 - Las consecuencias inmediatas de los hechos libres, son imputables al autor de ellos.

    ART_904

Art. 904 - Las consecuencias mediatas son también imputables al autor del hecho, cuando las hubiere previsto, y cuando empleando la debida atención y conocimiento de la cosa, haya podido preverlas.

  Art. 905 - Las consecuencias puramente casuales no son imputables al autor del hecho, sino cuando debieron resultar, según las miras que tuvo al ejecutar el hecho.

    ART_906

Art. 906 - (Texto s/ley 17711 - BO: 26/04/1968) En ningún caso son imputables las consecuencias remotas, que no tienen con el hecho ilícito nexo adecuado de causalidad.

906. Cód. de Prusia, lugar citado, arts. 10 y sigs.

  CAMPO_Artículo_907

  Art. 907 - Cuando por los hechos involuntarios se causare a otro algún daño en su persona y bienes, sólo se responderá con la indemnización correspondiente, si con el daño se enriqueció el autor del hecho, y en tanto, en cuanto se hubiere enriquecido.

(Párrafo incorporado por ley 17711 - BO: 26/04/1968) Los jueces podrán también disponer un resarcimiento a favor de la víctima del daño, fundados en razones de equidad, teniendo en cuenta la importancia del patrimonio del autor del hecho y la situación personal de la víctima.

  Art. 908 - Quedan, sin embargo, a salvo los derechos de los perjudicados, a la responsabilidad de los que tienen a su cargo personas que obren sin el discernimiento correspondiente.

    ART_909

Art. 909 - Para la estimación de los hechos voluntarios, las leyes no toman en cuenta la condición especial, o la facultad intelectual de una persona determinada, a no ser en los contratos que suponen una confianza especial entre las partes. En estos casos se estimará el grado de responsabilidad, por la condición especial de los agentes.

909. Cód. de Prusia, lugar citado, arts. 24 y 25.

  Art. 910 - Nadie puede obligar a otro a hacer alguna cosa, o restringir su libertad, sin haberse constituido un derecho especial al efecto.

  Art. 911 - Nadie puede obligar a otro a abstenerse de un hecho porque éste pueda ser perjudicial al que lo ejecuta, sino en el caso en que una persona obre contra el deber prescripto por las leyes, y no pueda tener lugar oportunamente la intervención de las autoridades públicas.

911. Cód. de Prusia, lugar citado, arts. 27 y 28.

  Art. 912 - Quien por la ley o por comisión del Estado, tiene el derecho de dirigir las acciones de otro, puede impedirle por la fuerza que se dañe a sí mismo.

  Art. 913 - Ningún hecho tendrá el carácter de voluntario, sin un hecho exterior por el cual la voluntad se manifieste.

  Art. 914 - Los hechos exteriores de manifestación de voluntad pueden consistir en la ejecución de un hecho material consumado o comenzado, o simplemente en la expresión positiva o tácita de la voluntad.

  Art. 915 - La declaración de la voluntad puede ser formal o no formal, positiva o tácita, o inducida por una presunción de la ley.

  Art. 916 - Las declaraciones formales son aquellas cuya eficacia depende de la observancia de las formalidades exclusivamente admitidas como expresión de la voluntad.

916. Se llaman formales, porque sus formas son regidas por el derecho positivo, mientras que para las declaraciones no formales, las formas son dejadas a la elección de las partes. Desde la Edad Media -dice SAVIGNY- la declaración escrita se hace poniendo el nombre propio debajo de un acto escrito, y la firma establece que el acto expresa el pensamiento y la voluntad del que lo firma. El acto no valdría por el derecho moderno aunque estuviese escrito por la parte, si no estuviese también firmado. Esta forma era extraña a los romanos, y cuando muy tarde la aceptaron, fue para muy pocas aplicaciones.

  Art. 917 - La expresión positiva de la voluntad será considerada como tal, cuando se manifieste verbalmente, o por escrito, o por otros signos inequívocos con referencia a determinados objetos.

917. No tratándose de actos solemnes, la ley romana decía: Placuit non minus valere quod scriptura, quam quod vocibus lingua figuratis significaretur. L. 38, lib. 44, tít. 7, Dig. Otra ley decía: Sed et nutu solo pleraque consistunt. L. 52, § 10, Dig. Véase SAVIGNY, Origen y fin de las relaciones de derecho, § 131.

  Art. 918 - La expresión tácita de la voluntad resulta de aquellos actos por los cuales se puede conocer con certidumbre la existencia de la voluntad, en los casos en que no se exija una expresión positiva, o cuando no haya una protesta o declaración expresa contraria.

918. Regularmente el acto no basta por sí solo para establecer la declaración de la voluntad; es preciso además el concurso de otras circunstancias exteriores. Si un acreedor, por ejemplo, entrega a su deudor el título de su crédito, este acto, según las circunstancias, es susceptible de muchas interpretaciones. Puede ser mirado como una remisión tácita de la deuda, o como una prueba del pago de ella. La presentación voluntaria ante un juez incompetente importa una prorrogación tácita de la jurisdicción; mas esta prorrogación no tiene lugar si se ha hecho por error.

En otros casos los actos por sí importan la certidumbre de la voluntad. El acreedor que recibe con anticipación intereses por un cierto tiempo, promete por ese hecho no reclamar el capital antes de la expiración de ese término. Cuando un heredero vende todos los inmuebles de una sucesión en presencia de sus coherederos y éstos reciben la porción del precio que les correspondía, se juzga que ellos han vendido tácitamente su parte. SAVIGNY, Derecho Romano, t. III, pág. 257.

  Art. 919 - El silencio opuesto a actos, o a una interrogación, no es considerado como una manifestación de voluntad, conforme al acto o a la interrogación, sino en los casos en que haya una obligación de explicarse por la ley o por las relaciones de familia, o a causa de una relación entre el silencio actual y las declaraciones precedentes.

919. SAVIGNY, § 132. Origen y fin de las relaciones de derecho. La ley romana dice: qui tacet non utique fatetur, sed tamen verum est eum non negare. Ley 142. De reg. juris. La Ley de Partida dice: "aquel que calla non se entiende que siempre otorga lo quel dicen, magüer non responda; mas esto es verdad que non niega lo que oye". La glosa de GREGORIO LÓPEZ a esta regla es bastante importante.

Cuando una mujer separada de su marido, le denuncia su embarazo, el silencio de éste es una confesión de la paternidad. L. 1, § 4, tít. 3, lib. 25, Dig. Cuando los trabajos ejecutados sobre un terreno exponen al vecino a un perjuicio resultante de las aguas pluviales, y éste los ve sin reclamar, se juzga que consiente tácitamente en sufrir el perjuicio. L. 19, tít. 3, lib. 39, Dig. Cuando un hijo menor, estando presente su padre, asegura a su futura esposa que tiene el consentimiento de su padre para contraer matrimonio, y éste se calla, su silencio se reputa como un consentimiento prestado. L. 5, tít. 40, lib. 8, Código. Cuando se guarda silencio a las interrogaciones de los jueces, el silencio se tiene por confesión del hecho sobre que se pregunta. L. 1, tít. 9, lib. 11, Nov. Rec.; L. 11, Dig. De interrog. Cuando un acto, bajo firma privada, es notificado u opuesto a la parte contraria y ésta guarda silencio, su silencio equivale al reconocimiento de la firma. TOULLIER, t. 8, núm. 229; DURANTON, t. 13, núms. 113 y 114. La Ley de Partida clasifica como hecho doloso el silencio de una persona a una pregunta que se le hace, cuando tiene en mira inducirlo por él a engaño. L. 1, tít. 16. part. 7ª.

  Art. 920 - La expresión de la voluntad puede resultar igualmente de la presunción de la ley en los casos que expresamente lo disponga.

920. Si se trata de sostener un proceso por una persona ausente, los hijos de ésta y sus ascendientes pueden obrar en calidad de procuradores presuntos, como también el marido por la mujer. El que entra a ocupar una casa que ha alquilado, se juzga que voluntariamente da en prenda del pago de los arrendamientos, los muebles que introduce en ella. Los hechos mismos, dice ORTOLAN, son muchas veces de pura suposición jurídica. Las ficciones o suposiciones jurídicas de hechos no son otra cosa que una manera más lacónica de expresar las disposiciones que se quieren aplicar a una situación, diciendo, se determinarán los derechos como si tal hecho se hubiera verificado, como sucede en lo relativo al postliminio. La habitación jurídica de una persona para el ejercicio de ciertos derechos (el domicilio), es meramente un hecho de creación jurídica (Generalización del Derecho Romano, t. 3, § 6).

  CAMPO_Artículo_921

  Art. 921 - Los actos serán reputados hechos sin discernimiento, si fueren actos lícitos practicados por menores impúberes, o actos ilícitos por menores de diez años; como también los actos de los dementes que no fuesen practicados en intervalos lúcidos, y los practicados por los que, por cualquier accidente, están sin uso de razón.

921. El Derecho romano reconocía tres grandes épocas en la vida humana:

1ª Desde el nacimiento hasta el fin del 7º año, y llamaba infantes a las personas que se hallaban en este período, qui fari non possunt, literalmente, los que no pueden aún hablar, a diferencia del mutus que está privado del uso de la palabra por un vicio orgánico. La condición de fari posse tenía sus bases en las costumbres romanas, de revestir los actos más importantes con las formas solemnes de un diálogo. Los romanos no querían envilecer los actos jurídicos haciendo repetir a un niño palabras que no comprendiese. El niño debía siempre comprender el sentido de las palabras, es decir, hablar con discernimiento, aunque no comprendiese el motivo y el fin del negocio. De aquí dimanaban tres estados de inteligencia: 1º Comprensión del fondo mismo del negocio; 2º Ignorancia del negocio, pero comprensión de su forma, es decir, de las palabras que debía pronunciar; 3º Falta de esta última comprensión, aunque el niño fuese capaz de articular maquinalmente las palabras. En esta última, la capacidad de obrar no existía en manera alguna.

Los romanos seguían una antigua doctrina de la filosofía griega, que atribuye una virtud oculta al número 7, doctrina que por motivos religiosos, era seguida en la Edad Media, e hizo dividir en siete partes el gran Código de España, conocido bajo el nombre de las Siete Partidas, y como están divididos en siete partes los cincuenta libros del Digesto, por la razón misteriosa que expresa JUSTINIANO en su constitución Tanta, § 1.

2ª Desde el fin del 7º año hasta el fin de los 14 o 12 según el sexo. Durante estos dos primeros períodos, las personas se llamaban impúberes.

3º Desde el fin de los 14 o 12, hasta el fin de los 25, y se llaman adultos. Durante estos tres primeros períodos, las personas eran menores.

4º Desde los 25 hasta la muerte, mayores.

Había estados intermedios: cuando la persona se hallaba en el término medio entre la infancia y la pubertad, a los diez años y medio por ejemplo, se decía pubertati proximus. Entonces ya respondía de sus actos ilícitos, aunque todavía no le eran aplicables las leyes criminales.

El derecho moderno debía emanciparse de estas antiguas clasificaciones, que no tienen un fundamento general para los individuos de todas las naciones. Respecto a la mayor edad, ya muchos códigos han señalado otro número de años que el del Derecho romano. Yo señalo también los diez años para los actos ilícitos, mientras el Derecho romano y el de Partida señalaban diez años y medio.

  Art. 922 - Los actos serán reputados practicados sin intención, cuando fueren hechos por ignorancia o error, y aquellos que se ejecutaren por fuerza o intimidación.

CAPÍTULO I

De los hechos producidos por ignorancia o error

    ART_923

Art. 923 - La ignorancia de las leyes, o el error de derecho en ningún caso impedirá los efectos legales de los actos lícitos, ni excusará la responsabilidad por los actos ilícitos.

923. La noción exacta de una cosa puede faltarnos, dice SAVIGNY, ya porque no tengamos ninguna idea, o ya porque tengamos una falsa idea. En el primer caso hay ignorancia, en el segundo error. La apreciación jurídica de estos dos estados del alma es absolutamente la misma, y desde entonces es indiferente emplear una u otra expresión. Los jurisconsultos han adoptado la segunda, porque, respecto a las relaciones de derecho, el error se presenta más de continuo que la simple ignorancia. Esta fraseología no ofrece ningún inconveniente desde que es entendido que todo lo que se dice del error se aplica a la ignorancia. Cap. 3, Origen y fin de las relaciones de derecho y apéndice 8, al principio. Respecto al artículo, L. 20, tít. 1, Part. 1ª. L. 31, tít. 14, Part. 5ª. L. 24, tít. 22, Part. 3º. Los arts. 1 y 2 del título preliminar de las leyes: L. 1, tít. 6, lib. 22, Dig. L. 12, tít. 18, lib. 1, Cód. romano. Véase, Cód. francés, art. 1110; sardo, 1196 y 1197; holandés, 1357; de Luisiana, 1813. Este último código trae veintidós artículos sobre el error.

SAVIGNY en el apéndice 8º que se encuentra al fin del t. 3, "Del Derecho Romano", ha tratado extensamente sobre el error de hecho o de derecho, entrando en las cuestiones tan debatidas por CUJACIO y VINNIO. El apéndice de SAVIGNY es el más ilustrado tratado que puede estudiarse sobre la materia.

En estos últimos tiempos el jurisconsulto POCHANNET ha escrito un tratado especial sobre el error, entrando en el examen de las doctrinas asentadas por VINNIO, SAVIGNY y CUJACIO. Éste es un trabajo lleno de ciencia y de buen juicio en la interpretación de los textos del Derecho romano. Tomamos de él el párrafo siguiente que enseña y explica la doctrina del artículo. Dice así: "El error de derecho no excusa jamás, no puede tener el efecto de hacer declarar como no sucedida una obligación perfecta, según las leyes, ni hacer renacer un término legalmente vencido. En los casos siguientes, por ejemplo, no es admisible la alegación del error de derecho: Yo he cometido un delito, y para disculparme me excepciono con mi ignorancia de la ley penal. Heredero legítimo, he aceptado una sucesión pura y simplemente, y pido ser librado de mi aceptación, porque ignoraba que el heredero fuese obligado a pagar las deudas de la sucesión ultra vires hoereditatis. Yo demando la resolución de un contrato de venta, porque siendo el vendedor, ignoraba que la ley me imponía la obligación de saneamiento. El sentido de la máxima error juris nocet, es bien claro: al que quiere sustraerse a la aplicación de una ley de policía, al que pretende escapar de las consecuencias legales de un acto jurídico regular y válido; al que procura salvarse de un término vencido, alegando su ignorancia del derecho, le oponemos la regla error juris nocet.

"La prueba del error de derecho no puede admitirse siempre que se quiera bajo pretexto de error de derecho, eludir una disposición legal que críe una obligación, pronuncie una nulidad, o el vencimiento de un término. La ley, el derecho, se suponen sabidos desde que son promulgados, y esta disposición, base del orden social, no puede admitir que a cada individuo le sea permitido probar que ignoraba la ley". Revista crítica, t. 8, p. 177, y t. 9, p. 178. BRESOLLES, sabio jurisconsulto francés, ha tratado últimamente todas las cuestiones sobre el error de derecho, combatiendo muchas de las opiniones de CUJACIO y SAVIGNY, y concluye estableciendo dos reglas que también confirman la disposición de nuestro artículo.

"Regla 1ª La ignorancia de la ley no puede servir de excusa siempre que es invocada para sustraerse a obligaciones que impone, o a las penas que pronuncia contra sus infracciones.

"Regla 2ª Cuando al contrario, esta ignorancia es invocada con objeto de aprovecharse de los derechos que la ley concede o protege, puede servir de base a una demanda de restitución". Revista Wolowski, año 1843, t. 2., p. 158.

ROGRON, en una larga nota al art. 1110 del Cód. francés, sostiene que el error de derecho puede ser invocado como una causa de nulidad del acto, cuando el error lo ha motivado, o cuando el acto tiene por fundamento un error de derecho, porque entonces la obligación, el contrato o el acto quedan sin causa.

  Art. 924 - El error sobre la naturaleza del acto jurídico anula todo lo contenido en él.

924. Éste es un error esencial y, por consiguiente, exclusivo de la voluntad de los que han celebrado el acto jurídico. Si yo prometo a alguno prestarle una cosa y él entiende que se la dono, yo no estoy en manera alguna obligado.

  Art. 925 - Es también error esencial y anula el acto jurídico, el relativo a la persona con la cual se forma la relación de derecho.

925 . Si yo, por ejemplo, quiero hacer una donación a una persona determinada, pero que no conozco, y se me presenta otra, o si quiero encomendar una obra a un artista determinado, y otro se da por el artista que busco, en ambos casos dice SAVIGNY, hay una declaración de voluntad sin intención. Muchos autores han querido restringir el principio a los ejemplos puestos u otros semejantes, y no invalidar el acto cuando la sustitución de las personas no compromete ningún interés. Pero la generalidad del principio es indudable, aunque muchas veces después de descubierto el error, se le ratifique expresamente. Las decisiones del Derecho romano no dejan sobre esto duda alguna. En efecto, cuando compro o vendo una cosa, la persona del vendedor o del comprador me es comúnmente indiferente; pero otra cosa puede ser a causa del derecho de evicción que compete al comprador, o de su insolvencia. En materia de préstamo, la persona del deudor tiene la mayor importancia: la del acreedor menos. En la locación, no es tampoco indiferente la persona del locatario, y así en los demás contratos. Véase SAVIGNY, Derecho Romano, § 136.

  Art. 926 - El error sobre la causa principal del acto, o sobre la cualidad de la cosa que se ha tenido en mira, vicia la manifestación de la voluntad, y deja sin efecto lo que en el acto se hubiere dispuesto.

926. "¿Cómo se distinguirá, pregunta MARCADE, la causa principal del acto, las calidades principales o sustanciales de la cosa, de las causas accidentales y de las calidades puramente accesorias? La línea de demarcación es indispensable. Nosotros entendemos, agrega, por causa principal del acto, el motivo, el objeto que nos propusimos en el acto, haciéndolo conocer a la otra parte; y por cualidad sustancial de la cosa, toda cualidad que no siendo susceptible de más o menos, coloca al objeto en tal especie o en tal otra especie, según que esta calidad existe o no existe. Así, si he querido adquirir un cuadro de Rafael y se me da una copia, hay un error en la causa principal del acto y en la calidad principal de la cosa. Si mi voluntad era conocida por el que debía darme el cuadro, y él también se engañaba sobre la copia que me entregaba, hay un error de hecho que anula la expresión de la voluntad de ambos, porque era implícita la condición «si el cuadro era de Rafael». Pero si el que me entregaba el cuadro, conociendo mi voluntad, sabía que no era de Rafael, no hay error verdaderamente, sino dolo, superior en sus efectos al error, y yo puedo revocar el acto como hecho por dolo. Pero si el que me da el cuadro me declara francamente que no conoce el autor, y sin embargo lo acepto, es claro que no podré anular el acto por mi error". Sobre el art. 1110, Cód. francés, SAVIGNY, Derecho Romano, t. 3, desde el § 137. El Cód. de Prusia define lo que debe entenderse por "sustancia" de una cosa, o por calidades sustanciales, de la manera siguiente: "Todas las partes y todas las propiedades de una cosa, sin las cuales esta cosa cesaría de ser lo que ella representa, o de concurrir al fin para el cual es destinada, forman la sustancia de la cosa.

No hay cambio en la sustancia de una cosa, aun cuando algunas de sus partes fuesen cambiadas, si la cosa queda la misma, y no se encuentra ni aniquilada ni impropia a su destino" (arts. 4 y 5, tít. 2, lib. 1).

  Art. 927 - Anula también el acto, el error respecto al objeto sobre que versare, habiéndose contratado una cosa individualmente diversa de aquella sobre la cual se quería contratar, o sobre una cosa de diversa especie, o sobre una diversa cantidad, extensión o suma, o sobre un diverso hecho.

927. El error sobre el objeto del derecho reviste formas más variadas que el error sobre la persona, y presenta por esto más dificultades. Si la relación de derecho tiene por objeto una cosa designada individualmente, y hay equivocación sobre la individualidad, el error es error in corpore. En tal caso, no hay evidentemente acto jurídico. Un testador quiere legar una cosa, y la confunde con otra que designa, el legado no es válido ni respecto de la una ni respecto de la otra cosa. Este principio es aplicable a todos los contratos.

El objeto de la relación de derecho que dé lugar al error puede ser una cosa determinada sólo por su especie o su cantidad. Si el error cae sobre la especie misma de la cosa, el caso es igual al del error in corpore. Por ejemplo, en una venta de granos, el vendedor ha entendido que se trata de cebada y el comprador de trigo. Si la equivocación es sólo sobre la cantidad, error muy común en los contratos por correspondencia, o esta cantidad es el único objeto del contrato, o ella se refiere a una prestación recíproca, en el primer caso, se considera como verdadero objeto del contrato la cantidad menor, porque efectivamente hay acuerdo respecto a ella. (L. 1, tít. 1, lib. 45, Dig.); en el segundo caso, es preciso distinguir si el que debe dar la cantidad dudosa ha creído que era más grande, o menor que la que exigía la otra parte contratante; si él ha querido una más grande, el contrato es válido por la cantidad menor; si ha querido la menor, no hay contrato. La ley romana dice: Si descem tibi locem fundum, tu autem existimes quinque te conducere, nihil agitur. Sed et si ego minoris me locare sencero tu pluris te, conducere, utique non pluris erit conductio quam quanti ego putavi. Véase L. 21, tít. 5, part. 5º. SAVIGNY, t. 3, § 136.

  Art. 928 - El error que versare sobre alguna calidad accidental de la cosa, o sobre algún accesorio de ella, no invalida el acto, aunque haya sido el motivo determinante para hacerlo, a no ser que la calidad, erróneamente atribuida a la cosa, hubiese sido expresamente garantizada por la otra parte, o que el error proviniese de dolo de la parte o de un tercero, siempre que por las circunstancias del caso se demuestre que sin el error, el acto no se habría celebrado, o cuando la calidad de la cosa, lo accesorio de ella, o cualquiera otra circunstancia tuviesen el carácter expreso de una condición.

928. Véase sobre las cualidades accidentales de las cosas, L. 10, tít. 2, part. 4ª.

  Art. 929 - El error de hecho no perjudica, cuando ha habido razón para errar, pero no podrá alegarse cuando la ignorancia del verdadero estado de las cosas proviene de una negligencia culpable.

929. L. 14 al fin, tít. 29, part. 3ª. Se da por motivo, dice SAVIGNY, del favor concedido al error de hecho, porque comúnmente es difícil y aun imposible el evitarlo: cum facti interpretatio, dice la ley romana, plerumque etiam prudentissimos fallat (L. 2, tít. 6, lib. 22, Dig.). Por consiguiente este favor no debe concederse al que es culpable de una gran negligencia (L. 3, § 1, L. 6, § 2, Dig. eod.). Para hacer la aplicación de esta disposición restrictiva, es necesario tener en consideración las circunstancias particulares de cada caso. En general, el que se engaña sobre sus propios actos, o sobre su propia capacidad de derecho, no puede invocar este error, porque él supone una gran negligencia (L. 3, Dig. eod. L. 42, Dig. De reg. juris); pero esto no es más que una presunción, porque semejante error es algunas veces admisible, sea a causa de la posición particular del sujeto, sea a causa de las circunstancias especiales del negocio (L. 1, § 2, Dig. eod). Apéndice 8, núm. 3.

  Art. 930 - En los actos ilícitos la ignorancia o error de hecho sólo excluirá la responsabilidad de los agentes, si fuese sobre el hecho principal que constituye el acto ilícito.

CAPÍTULO II

De los hechos producidos por dolo

    ART_931

Art. 931 - Acción dolosa para conseguir la ejecución de un acto es toda aserción de lo que es falso o disimulación de lo verdadero, cualquier artificio, astucia o maquinación que se emplee con ese fin.

931. La ley romana define el dolo: Omnis calliditas, fallatio, machinatio ad fallendum alterum aut decipiendum adhibita (L. 1, § 2, Dig. De Dolo). Según los intérpretes, calliditas significa la disimulación artificiosa; fallatio, el lenguaje embustero; machinatio, la intriga urdida para conseguir el objeto. Esta definición abraza efectivamente todos los medios que se pueden emplear para engañar. La definición de la Ley de Partida casi es igual: "Cuartamiento, dice, que facen algunos omes los unos a los otros por palabras mentirosas, e encubiertas o coloradas que dicen con intención de los engañar e de los decebir". L. 1, tít. 16, part. 7ª. Falta la expresión correspondiente al calliditas de la ley romana; pero designando la Ley de Partida las acciones dolosas dice: "La segunda cuando preguntan algún ome sobre alguna cosa e el callase engañosamente".

Conforme con el art. Cód. francés, art. 1116; napolitano, 1070; sardo, 1203; holandés, 1364; de Luisiana, 1844. Sobre las diferencias entre el dolo y el fraude, CHARDON las expone en el t. 1, pág. 4, Del dolo y fraude.

    ART_932

Art. 932 - Para que el dolo pueda ser medio de nulidad de un acto es preciso la reunión de las circunstancias siguientes:

  Art_932_Inc1

1ª Que haya sido grave.

2ª Que haya sido la causa determinante de la acción.

3ª Que haya ocasionado un daño importante.

4ª Que no haya habido dolo por ambas partes.

932. CHARDON t. 1, desde la pág. 11, explica extensamente y con ejemplos las cuatro circunstancias del artículo. Agrega otra: que el dolo haya sido cometido por una de las partes, es decir, que cuando es cometido por un tercero, no es un medio de nulidad del acto. De esto se tratará en uno de los artículos siguientes.

    ART_933

Art. 933 - La omisión dolosa causa los mismos efectos que la acción dolosa, cuando el acto no se hubiera realizado sin la reticencia u ocultación dolosa.

933. Las citas del art. 928. Véase L. 1. tít. 16, part. 7ª.

    ART_934

Art. 934 - El dolo incidente no afectará la validez del acto; pero el que lo comete debe satisfacer cualquier daño que haya causado. Es dolo incidente el que no fue causa eficiente del acto.

934. El dolo que da causa al contrato sucede, dice la ley romana, cuando nullatenus contracturus si dolus defuisset. Dolo incidente, cum quis sponte contrahit sed in modo contrahendi velut in pretio aut aliter decipitur. La Ley de Partida 57, tít. 5, part. 5ª, tiene sólo el objeto de distinguir el dolo que da causa al contrato, del dolo incidente, y lo hace de la manera más clara con el ejemplo que pone, resolviendo que el dolo que da causa al acto lo hace anulable, y que el dolo incidente obliga sólo a satisfacer el perjuicio.

  Art. 935 - El dolo afectará la validez de los actos entre vivos, bien sea obra de una de las partes, o bien provenga de tercera persona. Si proviene de tercera persona, regirán los artículos 941, 942 y 943.

935. Así está dispuesto en el art. 942 respecto a los actos ejecutados por violencia o intimidación. Los autores en general no dan este efecto al dolo de un tercero, y con ellos está conforme GOYENA, art. 992. La razón es de muy poco peso. Dicen que la violencia quita la libertad al consentimiento, mientras que el dolo no impide que las partes hayan consentido libremente; pero debía decirse que han consentido engañadas sobre la causa principal del acto. Tampoco la violencia quita la libertad, rigurosamente hablando, porque ha podido elegirse el mal mayor. En nuestras leyes, cuando el dolo da causa al acto, no se hace diferencia si es causado por una de las partes o por un tercero.

CAPÍTULO III

De los hechos producidos por la fuerza y el temor

  Art. 936 - Habrá falta de libertad en los agentes, cuando se emplease contra ellos una fuerza irresistible.

  Art. 937 - Habrá intimidación, cuando se inspire a uno de los agentes por injustas amenazas, un temor fundado de sufrir un mal inminente y grave en su persona, libertad, honra o bienes, o de su cónyuge, descendientes o ascendientes, legítimos o ilegítimos.

  Art. 938 - La intimidación no afectará la validez de los actos, sino cuando por la condición de la persona, su carácter, habitudes o sexo, pueda juzgarse que ha debido racionalmente hacerle una fuerte impresión.

936, 937 y 938. L. 4, tít. 11, lib. 1, F. R. LL. 58, tít. 5, 28, tít. 11, part. 5ª. Véanse los arts. 1112 a 1114, Cód. francés; napolitano, 1066 a 1068; sardo, 1199 a 1201; de Luisiana, 1845 a 1847. El tít. 2, lib. 4, Dig., y el tít. 20, lib. 2, Cód. romano. La ley 2, del tít. citado del Digesto, define la fuerza: majoris rei ímpetus qui repeti non potest, y la ley 1, del mismo título, define el miedo: instantis vel futuri periculi causa mentis trepidatio. La L. 15, tít. 2, part. 4ª, define la fuerza y el miedo de la manera siguiente: "La fuerza se debe entender de esta manera, cuando algunos aducen contra su voluntad o le prenden o ligan. El miedo se entiende cuando es fecho en tal manera que todo ome magüer fuese de gran corazón se temiese de él, como si viese armas u otras cosas, conquel quissiesen ferir, o matar, o le quissiesen dar algunas penas, o si fuese manceba virgen e la amenazasen que yacerían con ella".

La L. 7, tít. 33, part. 7ª, dice: "Metus", en latín, tanto quiere decir en romance, como "miedo de muerte o de tormento de cuerpo, o de perdimiento de miembros, o de perder la libertad, o las cartas por las que las podría amparar, o de recibir deshonra porque fincaría infamado; e de tal miedo como éste, o de otro semejante fablan las leyes de este nuestro libro que dicen que pleyto o postura que ome face por miedo non debe valer".

La ley romana deja a la prudencia del juez el efecto de la intimidación especial por la condición de la persona, su edad o sexo. Hujus rei, dice, disquisitio judicis est. Cuando en el art. 937 designamos un mal grave e inminente, es porque se tiene presente más bien el temor de violencia que puede hacerse, que las violencias ya hechas. Si yo me decido a firmar contra mi voluntad un acto que me es perjudicial, es por librarme de un mal que me parece mayor, pues no procuraría salvarme de este mal si hubiera pasado. Las violencias que podría haber sufrido en el momento en que se ejecutó el acto, no obran en mí sino haciéndome temer otras violencias. En todos los casos el temor de un mal futuro, pero inminente, es el que determina la voluntad.

Dicho art. 937 no es limitativo a las personas que en él se designan. Si mi negativa a firmar un acto debe hacer ejecutar la amenaza de arruinar a un hermano, o de infligir malos tratamientos a una persona de mi amistad, o de asesinar a una persona que me es extraña si se quiere, es claro que la violencia ejercida contra esa tercera persona produce en mí una violencia moral, un temor que me es enteramente personal. El sentido pues del artículo es que, en el caso de los esposos, descendientes o ascendientes, la violencia ejercida contra una de esas personas producirá el mismo efecto que si hubiese sido contra la parte, mientras que respecto a las otras personas, los jueces podrán resolver por las circunstancias del caso. Véase MARCADE sobre el art. 1113.

El mal debe ser grave. L. 5, tít. 2, lib. 4, Dig. L. 7, tít. 20, lib. 2, Cód. romano.

  Art. 939 - No hay intimidación por injustas amenazas, cuando el que las hace se redujese a poner en ejercicio sus derechos propios.

939. Regla 14, tít. 34, part. 7ª. TOULLIER, t. 6, núm. 81. DURANTON, t. 10, núms. 142 y 143.

  Art. 940 - El temor reverencial, o el de los descendientes para con los ascendientes, el de la mujer para con el marido, o el de los subordinados para con su superior, no es causa suficiente para anular los actos.

940. L. 8, § 3, tít. 2, lib. 4, Dig. Cód. francés, art. 1114; sardo, 1201. Véase AUBRY y RAU, § 343, que pone una limitación en la nota 23.

  Art. 941 - La fuerza o la intimidación hacen anulable el acto, aunque se haya empleado por un tercero que no intervenga en él.

941. Cód. francés, art. 1111; napolitano, 1065; sardo, 1198; holandés, 1359; de Luisiana, 1844. Pero el Cód. de Baviera, lib. 1, cap. 4, art. 25, establece lo contrario, y sólo concede recurso contra el tercero, autor de la violencia o miedo. El Cód. de Austria, art. 875, sólo anula el acto cuando el tercero ha ejercido la violencia, a instigación o con conocimiento de una de las partes. Las leyes romanas son conformes al artículo: L. 9, § 1, tít. 2, lib. 4, Dig. y L. 5, tít. 20, lib. 2, Cód. romano. Ha faltado la libertad de acción, y poco importa la persona que nos haya privado de ella.

  Art. 942 - Si la fuerza hecha por un tercero, fuese sabida por una de las partes, el tercero y la parte sabedora de la fuerza impuesta, son responsables solidariamente para con la parte violentada, de la indemnización de todas las pérdidas e intereses.

942. Véase L. 3, tít. 16, part. 7ª, ver otrosí. L. 17, tít. 3, lib. 4, Dig.

    Art. 943 - Si la fuerza hecha por un tercero, fue ignorada por la parte que se perjudica con la nulidad del acto, el tercero será el único responsable de todas las pérdidas e intereses.

943. Regla 18, tít. 34, Part. 7ª.

Lesión enorme o enormísima

En casi todos los códigos y escritos de derecho, se ve asentado que la lesión enorme o enormísima vicia los actos jurídicos. La mayoría de los códigos y autores no generalizan la doctrina como debía ser, sino que la aplican sólo al contrato de compraventa. Para sostener nosotros que la lesión enorme o enormísima no deben viciar los actos, y abstenernos por lo tanto de proyectar disposiciones sobre la materia, bastará comparar las diversas legislaciones, y de las diferencias entre ellas resultará que no han tenido un principio uniforme al establecer esa teoría.

La ley romana 2, tít. 44, lib. 4, Cód. concedió acción sólo al vendedor para rescindir la venta si hubiese sufrido lesión en más de la mitad del justo precio, que valía la cosa vendida.

La L. 7, tít. 4, lib. 5, del F. J. no dio lugar a acción alguna por lesión enorme o enormísima. "Si alguno ome, dice, vende algunas cosas o tierras o vinnas, o siervos, o siervas, o animalías, u otras cosas, no debe desfacer la vendición porque dis que lo vendió por poco".

La L. 5, tít. 10, lib. 3, del F. R., exige que la lesión sea en más de dos tantos y da acción sólo al vendedor. La ley 56, tít. 5, Part. 5ª, la da al vendedor y comprador, cuando hubiese lesión en más de la mitad del justo precio.

La L. 4, tít. 7, lib. 5, Ord. Real, la concede al comprador y vendedor, cuando hay lesión en más de la mitad del justo precio; y fue la primera que generalizó la doctrina, extendiendo el remedio de la lesión al arrendamiento, a la permuta, a la dación en pago, etc.; y fue la primera también que puso término a la acción, dándole cuatro años para su ejercicio.

La L. 2, tít. 1, lib. 10, Nov. Rec., concedió el remedio de la lesión al comprador y vendedor cuando ella importase más de la mitad del justo precio, pero no generalizó su disposición. Los códigos de Holanda y de Vaud nada dicen de la rescisión por lesión, lo que equivale a no admitirla.

Los códigos, de Austria, art. 934; Baviera, art. 19, cap. 3, lib. 4; sardo, art. 1679; napolitano, art. 1520; francés, art. 1674; de Luisiana, art. 2567 y prusiano, art. 59, parte 1ª, tít. 11, admiten la rescisión por lesión en el precio. El Cód. de Prusia sólo concede al comprador la rescisión y se la niega expresamente al vendedor, arts. 59, 60 y 250, parte 1ª, tít. 11.

Por el contrario, el Cód. sardo, art. 1679; napolitano, art. 1520; francés, art. 1674, y el de Luisiana, art. 2567, sólo conceden al vendedor la rescisión por lesión.

El tipo para graduar la lesión tampoco es igual en los códigos citados. El de Baviera, el sardo, el de Nápoles, el de Luisiana y las leyes españolas, consideran como lesión el no percibir el vendedor la mitad del justo precio de la cosa. El Cód. de Prusia exige que el precio de la venta exceda al doble del valor de lo vendido. El Cód. francés, que el vendedor haya sido perjudicado en siete duodécimas partes del precio de la cosa. El F. R., como ya se ha dicho, que sea en más de dos tantos.

En los códigos citados hay variación también respecto a la renuncia del derecho. Los códigos sardo, napolitano, francés y el de Luisiana, en los artículos citados, no permiten la renuncia de la acción. Por el contrario, el de Austria, art. 935, y el de Prusia, art. 69, parte 1ª, tít. 11, dan fuerza a la renuncia de la acción.

Los códigos de Cerdeña, de Nápoles, de Francia y de Luisiana, en los artículos citados limitan la rescisión por lesión a los contratos en que se trate de bienes muebles. Los demás comprenden también los bienes raíces.

Para el ejercicio de la acción la variación también es inmensa. El Cód. romano, el F. R., y las Leyes de Partida, no designaban término a la acción. Vino después una ley española que le señaló cuatro años. En muchos de los otros códigos no hay término designado. El Cód. napolitano señaló dos años, art. 1523. Igual término el Cód. francés, art. 1676. El sardo da cinco años, art. 1681 y el de Baviera extiende el término hasta treinta años, art. 22, cap. 3, lib. 4.

En los códigos de comercio no hay rescisión de las ventas por lesión enorme o enormísima. Se dice que son mercaderías, cosas muebles; pero las cosas muebles valen tanto o más que las raíces. Los medios de venta son los mismos; y estos medios para buscar el mayor precio, los ha facilitado la imprenta, establecimiento de corredores, las bolsas, etc., medios desconocidos a los romanos y en el tiempo en que se hicieron las Leyes de Partida. Finalmente, dejaríamos de ser responsables de nuestras acciones, si la ley nos permitiera enmendar todos nuestros errores, o todas nuestras imprudencias. El consentimiento libre, prestado sin dolo, error ni violencia y con las solemnidades requeridas por las leyes, debe hacer irrevocables los contratos.

TÍTULO II

De los actos jurídicos

  Art. 944 - Son actos jurídicos los actos voluntarios lícitos, que tengan por fin inmediato, establecer entre las personas relaciones jurídicas, crear, modificar, transferir, conservar o aniquilar derechos.

944. AUBRY y RAU, § 760. SAVIGNY define: "Hechos jurídicos son los acontecimientos en virtud de los cuales las relaciones de derecho comienzan o acaban". Esta definición es más concisa, pero menos clara que la de ORTOLAN, que es la que damos.

  Art. 945 - Los actos jurídicos son positivos o negativos, según que sea necesaria la realización u omisión de un acto, para que un derecho comience o acabe.

945. SAVIGNY, Derecho Romano, t. 3, pág. 3.

  Art. 946 - Los actos jurídicos son unilaterales o bilaterales. Son unilaterales, cuando basta para formarlos la voluntad de una sola persona, como el testamento. Son bilaterales, cuando requieren el consentimiento unánime de dos o más personas.

946. MACKELDEY, sec. 4, cap. 1; MAYNZ, § 119.

  Art. 947 - Los actos jurídicos cuya eficacia no depende del fallecimiento de aquellos de cuya voluntad emanan, se llaman en este Código actos entre vivos, como son los contratos. Cuando no deben producir efecto sino después del fallecimiento de aquellos de cuya voluntad emanan, se denominan disposiciones de última voluntad, como son los testamentos.

  Art. 948 - La validez o nulidad de los actos jurídicos entre vivos o de las disposiciones de última voluntad, respecto a la capacidad o incapacidad de los agentes, será juzgada por las leyes de su respectivo domicilio (artículos 6 y 7).

  Art. 949 - La capacidad o incapacidad de derecho, el objeto del acto y los vicios sustanciales que pueda contener, serán juzgados para su validez o nulidad por las leyes de este Código.

949. La capacidad civil de derecho es el grado de aptitud de cada clase de personas para adquirir derechos, o ejercer actos por sí, o por otros, que no le sean prohibidos. Las personas a quienes se prohíbe la adquisición de ciertos derechos, o el ejercicio de ciertos actos, son incapaces de derecho, es decir, de esos derechos o de esos actos prohibidos. Entre nosotros no puede hablarse de la capacidad civil del Derecho romano, de las personas esclavas, de los que hubiesen sufrido una capitis diminutio, ni tampoco de la capacidad o incapacidad civil que se ve en algunos códigos, según que las personas sean nacionales o extranjeras, pues ni tenemos esclavos, ni hay diferencia entre nacionales y extranjeros para el goce y ejercicio de los derechos civiles. El artículo se refiere a aquellas personas que están declaradas incapaces de ejercer ciertos actos jurídicos, las cuales se hallan designadas en varios títulos del primer libro.

Del objeto de los actos jurídicos se trata en uno de los artículos de este título.

Los vicios sustanciales son el error, dolo, violencia, simulación o fraude.

  Art. 950 - Respecto a las formas y solemnidades de los actos jurídicos, su validez o nulidad será juzgada por las leyes y usos del lugar en que los actos se realizaren (artículo 12).

  Art. 951 - Comenzará la existencia de los actos entre vivos, el día en que fuesen celebrados, y si dependiesen para su validez de la forma instrumental, o de otra exclusivamente decretada, desde el día de la fecha de los respectivos instrumentos.

  Art. 952 - La existencia de las disposiciones de última voluntad comenzará el día en que fallecieren los respectivos disponentes, o en que la ley presumiese que hubiesen fallecido (artículo 117).

    ART_953

Art. 953 - El objeto de los actos jurídicos deben ser cosas que estén en el comercio, o que por un motivo especial no se hubiese prohibido que sean objeto de algún acto jurídico, o hechos que no sean imposibles, ilícitos, contrarios a las buenas costumbres o prohibidos por las leyes, o que se opongan a la libertad de las acciones o de la conciencia, o que perjudiquen los derechos de un tercero. Los actos jurídicos que no sean conformes a esta disposición, son nulos como si no tuviesen objeto.

953. Véase MACKELDEY § 168, y los arts. 502, 530, 531 y 542. Como el acto jurídico tiene por fin cambiar el estado actual de los derechos de una persona, se exige necesariamente que esa persona tenga capacidad de disponer de sus derechos.

En cuanto al fin y al objeto, es preciso que el acto se refiera a un derecho que se pueda hacer valer de una manera cualquiera. Así, el acto es ilusorio cuando el objeto es tan vagamente indicado que no sea posible determinarlo (L. 94, tít. 1, lib. 45, Dig.). Lo mismo cuando se trata de cosas corporales, que no son susceptibles de existir, o que están fuera del comercio. Si id, dice la ley romana, quod dari stipulamur, tale sit, ut dare non possit, inutilis est stipulatio, velut si quis hominem liberum quem servum esse credebat, aut mortuum quem vivum esse credebat (Inst. lib. 3, tít. 19, § 1). Si es un hecho el objeto del acto, debe ser posible y no contrario a las leyes y buenas costumbres. La imposibilidad del objeto del acto jurídico puede tener su origen en motivos materiales o en motivos jurídicos. La imposibilidad material se presenta respecto a las cosas que jamás han existido, o que han dejado de existir, o que no pueden existir. Hay imposibilidad jurídica cuando la obligación tiene por fin procurar la propiedad de cosas que no pueden ser el objeto de una propiedad, o que son ya la propiedad del acreedor. Sería lo mismo la obligación que tuviese por objeto un matrimonio entre personas que no pueden casarse. Se puede asignar un carácter análogo a todo acto que es contrario a la ley o a la moral (LL. 26 y 27, Dig. De Verb. Oblig. y L. 4, Cód. De inut. Stip.). Por esta proposición no puede entenderse, como en la teoría de las condiciones, que un acto de este género sería jurídicamente imposible, pues que el delito mismo es perfectamente posible, y sólo es privado y reprimido por una pena. Mas los hechos contrarios al derecho y a la moral son puestos en la misma línea que los hechos imposibles, en el sentido que ellos no pueden ser objeto de una obligación eficaz, porque jamás se podrá invocar la protección de la justicia para asegurar su ejecución.

La imposibilidad del objeto de un acto jurídico puede fundarse sobre la naturaleza del objeto mismo, o sobre la posición personal y especial del deudor de una obligación. La primera especie de imposibilidad es la que es considerada como tal. La segunda especie, respecto del sujeto, no puede ser jamás invocada por el deudor y no lo sustrae de las consecuencias que puedan resultar de la inejecución de una obligación.

La razón para anular los actos que tengan por objeto prestaciones imposibles está en la esencia de las obligaciones. La obligación tiene por objeto transformar en actos necesarios y ciertos, actos voluntarios que no son en sí mismos sino acontecimientos accidentales e inciertos. El fin definitivo de la obligación es colocar al acreedor en una posición tal que pueda contar con certidumbre sobre la posibilidad de esos acontecimientos; pero si el acto que constituye la prestación en una obligación es imposible, esta circunstancia repugna al carácter que damos a toda obligación.

    ART_954

Art. 954 - (Texto s/ley 17711 - BO: 26/04/1968) Podrán anularse los actos viciados de error, dolo, violencia, intimidación o simulación.

También podrá demandarse la nulidad o la modificación de los actos jurídicos cuando una de las partes explotando la necesidad, ligereza o inexperiencia de la otra, obtuviera por medio de ellos una ventaja patrimonial evidentemente desproporcionada y sin justificación.

Se presume, salvo prueba en contrario, que existe tal explotación en caso de notable desproporción de las prestaciones.

Los cálculos deberán hacerse según valores al tiempo del acto y la desproporción deberá subsistir en el momento de la demanda. Sólo el lesionado o sus herederos podrán ejercer la acción cuya prescripción se operará a los cinco años de otorgado el acto.

El accionante tiene opción para demandar la nulidad o un reajuste equitativo del convenio, pero la primera de estas acciones se transformará en acción de reajuste si éste fuere ofrecido por el demandado al contestar la demanda.

CAPÍTULO I

De la simulación en los actos jurídicos

  Art. 955 - La simulación tiene lugar cuando se encubre el carácter jurídico de un acto bajo la apariencia de otro, o cuando el acto contiene cláusulas que no son sinceras, o fechas que no son verdaderas, o cuando por él se constituyen o transmiten derechos a personas interpuestas, que no son aquellas para quienes en realidad se constituyen o transmiten.

955. L. 40 al fin, tít. 11, part. 5ª, CHARDON en el t. 2, de su obra de Dolo y Fraude, trata en capítulos especiales de la simulación por interposición de personas, por falsedad de fechas, o cuando se oculta el verdadero carácter del acto.

El Cód. romano contiene máximas sobre los actos simulados que forman los verdaderos principios de esta materia. Una ley dice: Acta simulata veritatis substanciam mutare non possunt. L. 2, tít. 22, lib. 4, Cód. Otra ley: Si quis gestum a se alium egisse scribi fecerit, plus actum quam scriptum valet. L. 4, íd.

  Art. 956 - La simulación es absoluta cuando se celebra un acto jurídico que nada tiene de real, y relativa cuando se emplea para dar a un acto jurídico una apariencia que oculta su verdadero carácter.

956. TOULLIER, t. 16, núms. 176 y 180, trata extensamente este punto. FAVARD dice así: "La simulación es una causa de nulidad, cuando tiene por objeto eludir una incapacidad establecida por la ley, o dar una apariencia legal a un acto prohibido; mas cuando en ella no hay fraude hecho a las leyes, a las buenas costumbres, o a los derechos de tercero, la simulación no es causa de nulidad en los actos, porque podrían hacerlo en la forma que quisieran, con tal que no fuera una forma prohibida". Repert. Verb. Simulation.

  Art. 957 - La simulación no es reprobada por la ley cuando a nadie perjudica ni tiene un fin ilícito.

957. CHARDON, t. 2, pág. 112.

  Art. 958 - Cuando en la simulación relativa se descubriese un acto serio, oculto bajo falsas apariencias, no podrá ser éste anulado desde que no haya en él la violación de una ley, ni perjuicio a tercero.

958. CHARDON, t. 2, pág. 110.

  Art. 959 - (Texto s/ley 17711 - BO: 26/04/1968) Los que hubieren simulado un acto con el fin de violar las leyes o de perjudicar a un tercero, no pueden ejercer acción alguna el uno contra el otro, sobre la simulación, salvo que la acción tenga por objeto dejar sin efecto el acto y las partes no puedan obtener ningún beneficio de la anulación.

  Art. 960 - Si hubiere sobre la simulación un contradocumento firmado por alguna de las partes, para dejar sin efecto el acto simulado, cuando éste hubiera sido ilícito, o cuando fuere lícito, explicando o restringiendo el acto precedente, los jueces pueden conocer sobre él y sobre la simulación, si el contradocumento no contuviese algo contra la prohibición de las leyes, o contra los derechos de un tercero.

(Párrafo incorporado por ley 17711 - BO: 26/04/1968) Sólo podrá prescindirse del contradocumento para admitir la acción, si mediaran circunstancias que hagan inequívoca la existencia de la simulación.

CAPÍTULO II

Del fraude en los actos jurídicos

    ART_961

Art. 961 - Todo acreedor quirografario puede demandar la revocación de los actos celebrados por el deudor en perjuicio o en fraude de sus derechos.

961. L. 7, tít. 15, part. 5ª. Cód. francés, art. 1167; sardo, 1258. LL. 1 y 10, tít. 9, lib. 42, Dig. La acción pauliana que llamaban los romanos, no tiene por objeto ni por resultado hacer reconocer un derecho de propiedad a favor del que la ejerce, ni a favor del deudor, sino sólo salvar el obstáculo que se opone a las pretensiones del acreedor sobre los bienes enajenados. Es siempre una acción meramente personal.

El artículo generaliza el principio. No nos reducimos a disponer sólo sobre la enajenación que hiciera el deudor en fraude de sus acreedores, sino sobre todo acto fraudulento en perjuicio de los acreedores. Así, serán revocables no sólo los actos traslativos de la propiedad, sino también la remisión de las deudas, el pago de deudas no vencidas; la hipoteca o prenda de deudas no vencidas, o ya vencidas pero originariamente contraídas sin estas garantías; los pagos por deudas vencidas por medio de entrega de bienes por un valor menor del que verdaderamente tuvieren. En los arrendamientos una renovación anticipada del contrato, una duración extraordinaria y que no es de uso en el país; el pago anticipado de muchos términos, disminución inmotivada del precio del arrendamiento, etc., etc. Véase CHARDON, t. 2, pág. 353.

  Art. 962 - Para ejercer esta acción es preciso:

1º Que el deudor se halle en estado de insolvencia. Este estado se presume desde que se encuentra fallido.

2º Que el perjuicio de los acreedores resulte del acto mismo del deudor, o que antes ya se hallase insolvente.

3º Que el crédito, en virtud del cual se intenta acción, sea de una fecha anterior al acto del deudor.

962. Núm. 3. L. 10, § 1, y LL. 15 y 16, lib. 42, tít. 9, Dig. AUBRY y RAU, lib. 4, § 313. TOULLIER, t. 6, núm. 341. DELVINCOURT, t. 2, pág. 526. DURANTON, t. 10, núm. 573. ZACHARIAE, t. 2, pág. 343. En estos últimos tiempos, MIMEREL publicó una extensa monografía, sosteniendo una sentencia de la Corte Suprema de Casación de Francia, que declaró en 1852 que los acreedores a los cuales perjudicase la conservación de un acto del deudor, tenían derecho a hacerlo revocar cualquiera que fuese la fecha de sus títulos, si fuere fraudulento. El autor dice que ni en el Derecho romano, ni en el Derecho francés, hay disposición alguna expresa sobre la materia; que poco importa la fecha de los títulos si el fraude existe, si los derechos de los acreedores hubiesen sido defraudados; que la existencia de la condición necesaria, el fraude del deudor, para crear la acción revocatoria, no implica en manera alguna contradicción con la falta de derechos ya existentes al tiempo de la realización del acto del deudor, porque ha podido ser concebido en mira de los acreedores futuros, para evitar las consecuencias de una empresa peligrosa. Encerrar, dice, en un estrecho círculo la aplicación de la ley, es disminuir su moralidad. ¿Qué podría decirse de una ley que castigase el fraude instantáneamente organizado, y cubriese el fraude preconcebido?

A estas y otras consideraciones contestan los jurisconsultos AUBRY y RAU, diciendo que las dificultades que se exponen nacen de confundir la acción pauliana con la acción de simulación, y que una enajenación simulada puede ser siempre demandada, como que los bienes no han salido del dominio del deudor. Respecto a la sentencia en que se apoya MIMEREL, los autores citados le oponen multitud de sentencias que han juzgado lo contrario.

  Art. 963 - Exceptúanse de la condición 3ª del artículo anterior, las enajenaciones hechas por el que ha cometido un crimen, aunque consumadas antes del delito, si fuesen ejecutadas para salvar la responsabilidad del acto, las cuales pueden ser revocadas por los que tengan derecho a ser indemnizados de los daños y perjuicios que les irrogue el crimen.

963. Véase CHARDON, t. 2, pág. 367.

  Art. 964 - Si el deudor por sus actos no hubiere abdicado derechos irrevocablemente adquiridos, pero hubiese renunciado facultades, por cuyo ejercicio hubiera podido mejorar el estado de su fortuna, los acreedores pueden hacer revocar sus actos, y usar de las facultades renunciadas.

964. El Derecho romano no admitía la acción pauliana, cuando el deudor había simplemente dejado de aumentar su fortuna (L. 6, tit. 9, lib. 42., Dig.). El acreedor no estaría, en el caso del artículo, obligado a probar un fraude en el hecho del deudor, porque podía no haber sino una negligencia respecto a sus intereses, o una liberalidad hacia sus coherederos; pero un hombre que ha contraído obligaciones positivas, y que no cuida o renuncia los medios de cumplirlas, comete sin duda una falta grave que puede equipararse al dolo. El heredero que renuncia a una sucesión, abdica en verdad un derecho adquirido; pone fuera de su alcance lo que la ley le daba; enajena verdaderamente. AUBRY y RAU, lib. 4, § 313. POTHIER, De las donaciones entre esposos, núm. 88. CHARDON, t. 2, pág. 449. El Cód. francés, arts. 788 y 2225, conforme con nuestro artículo.

  Art. 965 - La revocación de los actos del deudor será sólo pronunciada en el interés de los acreedores que la hubiesen pedido, y hasta el importe de sus créditos.

    L340_Art966

Art. 966 - El tercero a quien hubiesen pasado los bienes del deudor puede hacer cesar la acción de los acreedores, satisfaciendo el crédito de los que se hubiesen presentado, o dando fianzas suficientes sobre el pago íntegro de sus créditos, si los bienes del deudor no alcanzaren a satisfacerlos.

966. AUBRY y RAU lib. 4, § 313. DURANTON, t. 10, núm. 573.

  Art. 967 - Si el acto del deudor insolvente que perjudicase a los acreedores fuere a título gratuito, puede ser revocado a solicitud de éstos, aun cuando aquel a quien sus bienes hubiesen pasado, ignorase la insolvencia del deudor.

967. El Cód. francés, conforme con el artículo, como se infiere de los arts. 622, 788, 1053 y 2225. El Derecho romano sólo hacía revocables las enajenaciones a título gratuito, cuando hubiese fraude por parte del deudor (LL. 1 y 6, § § 8 y 12 y L. 10, tít. 9, lib. 42, Dig.). Las Leyes de Partida no exigieron que se probase el fraude del deudor, en el caso del artículo, sino que bastaba su insolvencia (L. 7, tít. 15, part. 5ª). En contra del artículo, y conforme con el Derecho romano, TOULLIER, t. 6, núms. 348 hasta 354. ZACHARIAE, § 313, con la nota 7.

Conforme con el artículo, AUBRY y RAU, lib. 4, § 313. El fraude del deudor debe presumirse desde que se halle insolvente, o a lo menos una grave culpa, en sus efectos igual al dolo. Respecto a los terceros, los actos a título gratuito no deben depender de la buena fe del deudor, porque los terceros que sólo tratan de obtener una ganancia, se enriquecerían lo mismo, teniendo el deudor mala fe, a costa de los acreedores que sólo tratan de evitarse un perjuicio.

  Art. 968 - Si la acción de los acreedores es dirigida contra un acto del deudor a título oneroso, es preciso para la revocación del acto, que el deudor haya querido por ese medio defraudar a sus acreedores, y que el tercero con el cual ha contratado, haya sido cómplice en el fraude.

968. L. 7, tít. 15, part. 5ª. L. 6, § 8, tít. 9, lib. 42, Dig. "Suponed, dice CHARDON, que el propietario de un terreno que vale cien mil francos, lo vende por sesenta mil, ascendiendo sus deudas a cuarenta mil; sus acreedores no podrían intentar la revocación del acto, sino probando que esa venta a vil precio no había sido hecha por su deudor, más que para disponer del dinero en perjuicio de ellos. Pero suponed, por el contrario, que en el caso de esa venta, las deudas del vendedor ascendieran a ochenta mil, en tal caso la vileza del precio, unida a su insuficiencia para pagar todas sus deudas, daría derecho a los acreedores para la acción revocatoria, sin estar obligados a probar directamente el propósito fraudulento del deudor" (t. 2, núm. 205).

  Art. 969 - El ánimo del deudor de defraudar a sus acreedores por actos que les sean perjudiciales, se presume por su estado de insolvencia. La complicidad del tercero en el fraude del deudor, se presume también si en el momento de tratar con él conocía su estado de insolvencia.

969. LL. 15 y 17, tít. 9, lib. 42, Dig. AUBRY y RAU, lib. 4, § 313. TOULLIER, t. 6, núm. 349. Respecto de los terceros, LL. 6, § 8; 10, § 2, y 8, tít. 8, lib. 42, Dig.

  Art. 970 - Si la persona a favor de la cual el deudor hubiese otorgado un acto perjudicial a sus acreedores, hubiere transmitido a otro los derechos que de él hubiese adquirido, la acción de los acreedores sólo será admisible, cuando la transmisión de los derechos se haya verificado por un título gratuito. Si fuese por título oneroso, sólo en el caso que el adquirente hubiese sido cómplice en el fraude.

970. AUBRY y RAU, lib. 4, § 313. Proyecto de GOYENA, art. 1178.

  Art. 971 - Revocado el acto fraudulento del deudor, si hubiere habido enajenaciones de propiedades, éstas deben volverse por el que las adquirió, cómplice en el fraude, con todos sus frutos como poseedor de mala fe.

971. Inst. lib. 4, tít. 6, § 6. LL. 1 y 10, tít. 9, lib. 42, Dig.

  Art. 972 - El que hubiere adquirido de mala fe las cosas enajenadas en fraude de los acreedores, deberá indemnizar a éstos de los daños y perjuicios, cuando la cosa hubiere pasado a un adquirente de buena fe, o cuando se hubiere perdido.

972. Proyecto de GOYENA, art. 1182.

CAPÍTULO III

De las formas de los actos jurídicos

  Art. 973 - La forma es el conjunto de las prescripciones de la ley, respecto de las solemnidades que deben observarse al tiempo de la formación del acto jurídico; tales son: la escritura del acto, la presencia de testigos, que el acto sea hecho por escribano público, o por un oficial público, o con el concurso del juez del lugar.

973. MACKELDEY, § 165. ORTOLAN dice: "El número y calidad de las personas auxiliares que deben concurrir al acto jurídico (como en algunos casos el defensor de menores), el tiempo y el lugar en que debe verificarse, los escritos u otros medios a propósito para conservar la memoria. Todos estos elementos se hallan comprendidos en la idea de la forma. Entre los actos jurídicos, unos tienen una forma rigurosamente establecida, de la que toman su validez, y fuera de la cual no existen. Las prescripciones de la ley pueden recaer sobre tal o cual elemento constitutivo de la forma, o sobre muchos de ellos, o sobre todos a un tiempo. Otros actos no exigen para su existencia, ninguna forma especialmente prescripta, con tal que se hayan verificado y que puedan justificarse. Los progresos de la civilización, agrega, espiritualizan las instituciones, las desprenden de la materia, y las trasladan al dominio de la inteligencia. Esta tendencia se manifiesta eminentemente cuando se observan los actos jurídicos. Con tales actos una civilización adelantada se asocia inmediata y principalmente a lo que es espiritual, a la voluntad, a la intención; no pide a la materia sino lo que es indispensable para descubrir y asegurar la voluntad. En las sociedades poco adelantadas era preciso impresionar profundamente los sentidos para llegar al espíritu. La voluntad, como todo lo que no tiene cuerpo, es impalpable, penetra en el pensamiento, desaparece y se modifica en un instante. Para encadenarla, era preciso revestirla de un cuerpo físico; pero ¿cuáles serán esos actos exteriores que darán a los actos jurídicos una forma sensible? La analogía serviría de regla. Estos actos se hallarán en una analogía cualquiera con el objeto que se quiere conseguir, con el derecho que se quiere crear, modificar, transferir o extinguir. De aquí se llegó al símbolo, porque el símbolo no es otra cosa que la analogía representada en cuerpo y acción. Así un terrón del campo («gleba»), la teja arrancada del edificio («tegula»), se presentarían para verificar sobre este símbolo del inmueble litigioso, las formalidades prescriptas. Los actos exteriores iban acompañados de palabras. En éstas reinaba el mismo espíritu. Estas palabras eran fórmulas consagradas, y en ellas sólo podía usarse la lengua nacional. Muchas veces una expresión sustituida a otra alteraba los efectos del acto, y lo hacía nulo. Se dirigían interrogatorios solemnes a las partes, a los testigos y a los que intervenían en el acto, y éstos a su vez debían responder solemnemente. Las interrogaciones y las respuestas, y aquellas fórmulas austeras, precisas y muchas veces inmutables, expresadas en alta voz, no dejaban duda alguna acerca de la voluntad, y grababan profundamente en el ánimo las consecuencias del acto que se hacía o al cual cooperaban. Tal ha sido hasta los últimos tiempos uno de los caracteres del Derecho civil romano, en cuanto a las formas de los actos jurídicos (Generalización del Derecho Romano, núms. 54 y 55).

  Art. 974 - Cuando por este Código, o por las leyes especiales, no se designe forma para algún acto jurídico, los interesados pueden usar de las formas que juzgaren convenientes.

974. L. 1, tít. 1, lib. 10. Nov. Rec.

  Art. 975 - En los casos en que la expresión por escrito fuere exclusivamente ordenada o convenida, no puede ser suplida por ninguna otra prueba, aunque las partes se hayan obligado a hacerlo por escrito en un tiempo determinado, y se haya impuesto cualquier pena; el acto y la convención sobre la pena son de ningún efecto.

975. Cód. sardo, art. 1413. La ley romana dice: Contractus permutationum etc. quoe in scriptis fieri placuit, non aliter vires habere sancimus nisi instrumenta in mundum recepta subscriptionibus partium confirmata; et si per tabellionem conscribantur, etiam ab ipso completa, et postremo a partibus absoluta sint, ut nulli liceat prius quam hoec ita proecesserint aliquod jus vindicare, vel id quod emptoris interest ei persolvere(L. 17, tít. 21, lib. 4, Cód.).

  Art. 976 - En los casos en que la forma del instrumento público fuese exclusivamente ordenada, la falta de ella no puede ser suplida por ninguna otra prueba, y también el acto será nulo.

976. L. 114, al medio, tít. 18, part. 3ª.

  Art. 977 - Cuando se hubiere ordenado exclusivamente una clase de instrumento público, la falta de esa especie no puede ser suplida por especie diferente.

977. Véase Proyecto de GOYENA, art. 1202.

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    Art. 978 - La expresión por escrito puede tener lugar, o por instrumento público o por instrumentos particulares, salvo los casos en que la forma de instrumento público fuere exclusivamente dispuesta.

TÍTULO III

De los instrumentos públicos

  Art. 979 - Son instrumentos públicos respecto de los actos jurídicos:

1. Las escrituras públicas hechas por escribanos públicos en sus libros de protocolo, o por otros funcionarios con las mismas atribuciones, y las copias de esos libros sacadas en la forma que prescribe la ley.

2. Cualquier otro instrumento que extendieren los escribanos o funcionarios públicos en la forma que las leyes hubieren determinado.

3. Los asientos en los libros de los corredores, en los casos y en la forma que determine el Código de Comercio.

4. Las actas judiciales, hechas en los expedientes por los respectivos escribanos, y firmadas por las partes, en los casos y en las formas que determinen las leyes de procedimientos y las copias que de esas actas se sacasen por orden del juez ante quien pasaron.

5. Las letras aceptadas por el gobierno o sus delegados, los billetes o cualquier título de crédito emitido por el Tesoro público, las cuentas sacadas de los libros fiscales, autorizadas por el encargado de llevarlas.

6. Las letras de particulares, dadas en pago de derechos de aduana con expresión o con la anotación correspondiente de que pertenecen al Tesoro público.

7. Las inscripciones de la deuda pública, tanto nacionales como provinciales.

8. Las acciones de las compañías autorizadas especialmente, emitidas en conformidad a sus estatutos.

9. Los billetes, libretas, y toda cédula emitida por los bancos, autorizados para tales emisiones.

10. Los asientos de los matrimonios en los libros parroquiales, o en los registros municipales, y las copias sacadas de esos libros o registros.

979. Véase Cód. francés, art. 1317; sardo, 1411; holandés, 1905; de Luisiana, art. 2231.

      Art_980

Art. 980 - Para la validez del acto, como instrumento público, es necesario que el oficial público obre en los límites de sus atribuciones, respecto a la naturaleza del acto, y que éste se extienda dentro del territorio que se le ha asignado para el ejercicio de sus funciones.

  (Párrafo incorporado por ley 24441 - BO: 16/01/1995) Los instrumentos públicos extendidos de acuerdo a lo que establece este Código gozan de entera fe y producen idénticos efectos en todo el territorio de la República Argentina, cualquiera sea la jurisdicción donde se hubieren otorgado.

980. Véase L. 8, tít. 18, part. 3ª y la nota de GREGORIO LÓPEZ, TOULLIER, t. 9, núms. 68 y 72. DURANTON, t. 13, núms. 22 y 26. AUBRY y RAU, § 755, núm. 3. BONNIER, Des preuves, núm. 356.

  Art. 981 - Son sin embargo válidos, los instrumentos hechos por funcionarios fuera del distrito señalado para sus funciones, si el lugar fuese generalmente tenido como comprendido en el distrito.

981. Error communis facit jus. L. 3, tít. 14, lib. 1, Dig.

  Art. 982 - La falta en la persona del oficial público, de las cualidades o condiciones necesarias para el nombramiento a las funciones de que se encuentre revestido, no quita a sus actos el carácter de instrumentos públicos.

982. AUBRY y RAU, § 755, núm. 2. DURANTON, t. 13, núm. 77. BONNIER, Des Preuves, núm. 354.

  Art. 983 - Los actos que autorizase un oficial público suspendido, destituido o reemplazado después que se le haya hecho saber la suspensión, destitución o reemplazo, serán de ningún valor, pero son válidos los actos anteriores a la noticia de la cesación de sus funciones.

983. AUBRY y RAU, § 755, núm. 1. DURANTON, t. 13, núm. 75. BONNIER, Des Preuves, núm. 355.

  Art. 984 - El acto bajo firmas privadas, mandado protocolizar entre los instrumentos públicos por juez competente, es instrumento público desde el día en que el juez ordenó la protocolización.

    Art_985

Art. 985 - Son de ningún valor los actos autorizados por un funcionario público en asunto en que él o sus parientes dentro del cuarto grado fuesen personalmente interesados; pero si los interesados lo fueren sólo por tener parte en sociedades anónimas, o ser gerentes o directores de ellas, el acto será válido.

985. BONNIER, núm. 357.

  Art. 986 - Para la validez del acto es preciso que se hayan llenado las formas prescriptas por las leyes, bajo pena de nulidad.

  Art. 987 - El acto emanado de un oficial público, aunque sea incompetente, o que no tuviera las formas debidas, vale como instrumento privado, si está firmado por las partes, aunque no tenga las condiciones y formalidades requeridas para los actos extendidos bajo formas privadas.

987. Cód. francés, art. 1318; de Luisiana, 2232; napolitano, 1270; sardo, 1415. POTHIER, Oblig., núm. 734. TOULLIER, t. 8, núm. 134. BONNIER, núm. 375. Pero un acto que no estuviese firmado por el oficial público no valdría, ni como acto bajo firma privada, porque el escrito que no está firmado por él, no tiene ni la apariencia de un instrumento público. La ley viene sólo en auxilio del acto que las partes han podido considerar como tal.

    Art_988

Art. 988 - El instrumento público requiere esencialmente para su validez, que esté firmado por todos los interesados que aparezcan como parte en él. Si alguno o algunos de los cointeresados solidarios o meramente mancomunados no lo firmasen, el acto sería de ningún valor para todos los que lo hubiesen firmado.

988. MARCADE, sobre el art. 1318. El consentimiento dado por las partes signatarias es entendido que es bajo condición de que las partes no signatarias se obligarían también. Si esta condición no se realiza, nada se habrá hecho. En contra, TOULLIER, t. 8, núms. 135 a 137; DURANTON, t. 3, núm. 72.

    Art_989

Art. 989 - Son anulables los instrumentos públicos, cuando algunas de las partes que aparecen firmadas en ellos, los arguyesen de falsos en el todo, o en parte principal, o cuando tuviesen enmiendas, palabras entre líneas, borraduras o alteraciones en partes esenciales, como la fecha, nombres, cantidades, cosas, etc., no salvadas al fin.

989. Véase LL. 32, tít. 11, part. 5ª; 112 y 116, tít. 18, part. 3ª. La ley 111 del mismo título y Partida declara nulos los instrumentos públicos que estuviesen raídos, o con enmendaduras en los nombres, tiempos, plazos, cantidades, fechas y lugar del acto. La ley supone que tales defectos no están salvados al fin y entonces indudablemente es nulo el acto.

    Art. 990 -##- (*) - No pueden ser testigos en los instrumentos públicos, los menores de edad no emancipados, los dementes, los ciegos, los que no tengan domicilio o residencia en el lugar, las mujeres, los que no saben firmar su nombre, los dependientes del oficial público, y los dependientes de otras oficinas que estén autorizadas para formar escrituras públicas, los parientes del oficial público dentro del cuarto grado, los comerciantes fallidos no rehabilitados, los religiosos y los que por sentencia estén privados de ser testigos en los instrumentos públicos.

  Art. 991 - El error común sobre la capacidad de los testigos incapaces que hubieren intervenido en los instrumentos públicos, pero que generalmente eran tenidos como capaces, salva la nulidad del acto.

    Art_992

Art. 992 - Los testigos de un instrumento y el oficial público que lo extendió no pueden contradecir, variar ni alterar el contenido de él, si no alegasen que testificaron el acto por dolo o violencia que se les hizo, en cuyo caso el instrumento público no valdrá.

992. MERLIN, "Rep. Ver. Temoin instrum.", § 2, núm. 8. Si el oficial público o los testigos instrumentales pudiesen, por sus declaraciones ulteriores, contradecir o alterar el contenido de un acto, no habría derecho alguno seguro constituido por instrumento público. Cuando el acto expresa que el precio de la venta ha sido mil pesos, por ejemplo, no podría jamás argüirse, con la declaración del oficial público o de los testigos, que hubo una equivocación en la designación del precio. No se sabría cuándo hablaban la verdad: si cuando bajo su firma asentaron lo que consta en el acto, o cuando ante el juez declaran que aquello no era cierto.

Por otra parte, cuando las partes hacen extender un acto, es de la primera importancia que ellas y el oficial público lo redacten de manera que más tarde no venga a ser el origen de un proceso. Al lado de este deber de orden público, está la sanción de la ley que no permite probar con las mismas personas que dan formas al acto, que no ha sido ejecutado fielmente, lo que pudo evitar el autor del acto, el oficial público y los testigos, si hubiesen cumplido sus primeros deberes.

Otra es la cuestión entre los jurisconsultos franceses. Si se puede admitir prueba de testigos contra lo que conste de un acto escrito. JUSTINIANO ya lo había resuelto en dos leyes terminantes: Testes, cum de fide tabularum nihil dicitur adversus scripturam, interrogari non possunt (lib. 5, tít. 15, § 4). La ley 1, Cód. "De Testibus", enuncia la misma idea, contra testimonium scriptum, non scriptum testimonium non fertur.

MOURLON ha escrito una monografía que se halla en el t. 4, pág. 114, de la "Revista Crítica", demostrando que la prueba testimonial no puede ser admitida aunque los testigos no sean los del instrumento, contra el contenido de los actos escritos, ni sobre lo que no esté comprendido en ellos.

  Art. 993 - El instrumento público hace plena fe hasta que sea argüido de falso, por acción civil o criminal, de la existencia material de los hechos, que el oficial público hubiese anunciado como cumplidos por él mismo, o que han pasado en su presencia.

993. L. 114, tít. 18, part. 3ª. Cód. francés, art. 1319; sardo, 1416; de Luisiana, 2233; napolitano, 1271. Se habla de los hechos que por su oficio debe conocer el oficial público en el acto de extender el instrumento; pero si un escribano, por ejemplo, dice que las partes o el que otorga el acto estaba en su pleno juicio, esta aserción no hace plena fe, y admite prueba en contra.

  Art. 994 - Los instrumentos públicos hacen plena fe, no sólo entre las partes, sino contra terceros, en cuanto al hecho de haberse ejecutado el acto, de las convenciones, disposiciones, pagos, reconocimientos, etc., contenidos en ellos.

994. MARCADE, t. 5, § 140. BONNIER, núm. 392. Es entendido que es de aquellas cosas de que el oficial público ha adquirido certidumbre por sí mismo y que tenga misión de comprobar. La fe debida a los instrumentos públicos es la misma para todos; pero no así sus efectos, es decir, los derechos y las obligaciones que hace nacer el acto.

  Art. 995 - Los instrumentos públicos hacen plena fe de las enunciaciones de hechos o actos jurídicos directamente relativos al acto jurídico que forma el objeto principal, no sólo entre las partes sino también respecto de terceros.

995. Cód. francés, art. 1320; sardo, 1417; holandés, 1908; napolitano, 1272; de Luisiana, 2235. AUBRY y RAU, § 755, núm. 3. Así, si en el instrumento se dice que los réditos de un capital han sido pagados hasta un tiempo determinado, esta o iguales enunciaciones merecen la misma fe que lo que se diga sobre la obligación principal. Véase la glosa de GREGORIO LÓPEZ a la L. 32, tít. 11, part. 5ª. MARCADE, sobre el art. 1320, BONNIER, núm. 393.

    Art. 996 - El contenido de un instrumento público puede ser modificado o quedar sin efecto alguno por un contrainstrumento público o privado que los interesados otorguen; pero el contradocumento privado no tendrá ningún efecto contra los sucesores a título singular, ni tampoco lo tendrá la contraescritura pública, si su contenido no está anotado en la escritura matriz, y en la copia por la cual hubiese obrado el tercero.

996. El contradocumento es un acto destinado a quedar secreto, que modifica las disposiciones de un acto ostensible. En presencia de estas dos disposiciones contrarias, la una verdadera pero ignorada, y la otra falsa pero la única conocida, la ley debe declarar que los efectos del acto ostensible podrán siempre ser invocados por los sucesores singulares. Cuando yo he comprado la casa de Pablo, y reconozco por un acto que queda reservado, que la venta ha sido fingida, esta declaración no podrá tener ningún efecto contra mis sucesores singulares en aquella casa; y si deslealmente la vendo o la hipoteco, el que la hubiese adquirido de mí, conservaría a pesar del contradocumento, el derecho que habría adquirido como si mi dominio aparente en la cosa hubiese sido positivo. MARCADE sobre el art. 1321. BONNIER, "Des Preuves", desde el núm. 396 trata extensamente de los contradocumentos, y de su importancia jurídica.

TÍTULO IV

De las escrituras públicas

    Art. 997 - Las escrituras públicas sólo pueden ser hechas por escribanos públicos, o por otros funcionarios autorizados para ejercer las mismas funciones.

(Párrafo incorporado por ley 24441 - BO: 16/01/1995)  Cuando un acto fuere otorgado en un territorio para producir efectos en otro, las leyes locales no podrán imponer cargas tributarias ni tasas retributivas que establezcan diferencias de tratamiento, fundadas en el domicilio de las partes, en el lugar del cumplimiento de las obligaciones o en el funcionario interviniente.

997. Por el derecho español había oficiales públicos que sólo ellos podían extender escrituras relativas a las cosas municipales, y se llamaban escribanos de cabildo. Los archiveros públicos son también como escribanos públicos, los únicos que pueden dar copias en forma de los actos que se hallen en los archivos públicos. Así, las leyes y las ordenanzas municipales pueden crear oficiales públicos sin el carácter general de escribanos, ante quienes pasen algunos actos jurídicos especiales.

Se llama escritura "matriz" la que extiende el escribano en el libro de registros que los romanos llamaban "protocolo", el cual según las Leyes de Partida y Recopilación, debe siempre quedar en poder del escribano sin entregarse nunca a las partes. La copia sacada de esta escritura se llama original, y en los casos en que es permitido sacar copia del "original", la copia se llama "traslado".

  Art. 998 - (Texto s/ley 9151 - BO: 13/10/1913) Las escrituras públicas deben ser hechas en el libro de registros que estará numerado, rubricado o sellado, según las leyes en vigor. Las escrituras que no estén en el protocolo no tienen valor alguno.

  Art. 999 - Las escrituras deben hacerse en el idioma nacional. Si las partes no lo hablaren, la escritura debe hacerse en entera conformidad a una minuta firmada por las mismas partes en presencia del escribano, que dará fe del acto, y del reconocimiento de las firmas, si no lo hubiesen firmado en su presencia, traducida por el traductor público, y si no lo hubiere, por el que el juez nombrase. La minuta y su traducción deben quedar protocolizadas.

  Art. 1000 - Si las partes fueren sordomudos o mudos que saben escribir, la escritura debe hacerse en conformidad a una minuta que den los interesados, firmada por ellos, y reconocida la firma ante el escribano que dará fe del hecho. Esta minuta debe quedar también protocolizada.

    Art. 1001 - (Texto s/ley 26140 - BO: 20/09/2006) La escritura pública debe expresar la naturaleza del acto, su objeto, los nombres y apellidos de las personas que la otorguen, si son mayores de edad, su estado de familia, su domicilio, o vecindad, el lugar, día, mes y año en que fuesen firmadas, que puede serlo cualquier día, aunque sea domingo o feriado, o de fiesta religiosa. El escribano, concluida la escritura, debe leerla a las partes, salvando al final de ella, de su puño y letra, lo que se haya escrito entre renglones y las testaduras que se hubiesen hecho. Si alguna de las partes no sabe firmar debe hacerlo a su nombre otra persona que no sea de los testigos del instrumento. La escritura hecha así con todas las condiciones, cláusulas, plazos, las cantidades que se entreguen en presencia del escribano, designadas en letras y no en números, debe ser firmada por los interesados y autorizada al final por el escribano. Cuando el escribano o cualquiera de las partes lo juzgue pertinente, podrá requerir la presencia y firma de dos testigos instrumentales. En este caso, aquél deberá hacer constar en el cuerpo de la escritura el nombre y residencia de los mismos.

1001. L. 1, tít. 23, lib. 10, Nov. Rec. L. 54, tít. 18, part. 3ª.

      ArT_1002

Art. 1002 - (Texto s/ley 26140 - BO: 20/09/2006) La identidad de los comparecientes deberá justificarse por cualquiera de los siguientes medios:

a) Por afirmación del conocimiento por parte del escribano;

b) Por declaración de dos testigos, que deberán ser de conocimiento del escribano y serán responsables de la identificación;

c) Por exhibición que se hiciere al escribano de documento idóneo. En este caso, se deberá individualizar el documento y agregar al protocolo reproducción certificada de sus partes pertinentes.

1002. L. 1, tít. 23, lib. 10, Nov. Rec.

  Art. 1003 - (Texto s/ley 15875 - BO: 06/10/1961) Si los otorgantes fuesen representados por mandatarios o representantes legales, el notario expresará que se le han presentado los poderes y documentos habilitantes, que anexará a su protocolo. Si fuese menester la devolución de los mismos, o se tratare de poderes generales, hará constar la circunstancia y agregará copia autenticada al protocolo. En caso de que los poderes o documentos se hubieren otorgado en su oficina, o se hallaren protocolizados en su registro, expresará este antecedente, indicando el folio y año respectivo. La protocolización de documentos exigida por ley, se hará por resolución judicial previa. El documento a protocolizarse será entregado al escribano público que haya de realizar la diligencia, para que lo agregue a su protocolo, mediante un acta que contenga solamente los datos necesarios para precisar la identidad del documento protocolizado. El escribano público que haya efectuado la protocolización, dará a los interesados los testimonios que se le pidieren.

  Art. 1004 - (Texto s/ley 15875 - BO: 06/10/1961) Son nulas las escrituras que no tuvieren la designación del tiempo y lugar en que fuesen hechas, el nombre de los otorgantes, la firma de las partes, la firma a ruego de ellas cuando no saben o no pueden escribir y la firma de los dos testigos del acto cuando su presencia fuese requerida. La inobservancia de las otras formalidades no anula las escrituras, pero los escribanos o funcionarios públicos, pueden ser penados por sus omisiones con una multa que no pase de 300 pesos moneda nacional.

  Art. 1005 - Es nula la escritura que no se halle en la página del protocolo donde según el orden cronológico debía ser hecha.

  Art. 1006 - El escribano debe dar a las partes que lo pidiesen, copia autorizada de la escritura que hubiere otorgado.

1006. L. 10, tít. 19, part. 3ª.

  Art. 1007 - Siempre que se pidieren otras copias por haberse perdido la primera, el escribano deberá darlas; pero si en la escritura, alguna de las partes se hubiese obligado a dar o hacer alguna cosa, la segunda copia no podrá darse sin autorización expresa del juez.

1007. L. 5, tít. 23, lib. 10, Nov. Rec.

  Art. 1008 - Toda copia debe darse con previa citación de los que han participado en la escritura, los cuales pueden comparar la exactitud de la copia con la matriz. Si se hallasen ausentes, el juez puede nombrar un oficial público que se halle presente al sacarse la copia.

  Art. 1009 - Si hubiera alguna variación entre la copia y la escritura matriz, se estará a lo que ésta contenga.

1009. Véase L. 8, tít. 19, part. 3ª. Cód. francés, art. 1334; sardo, 1442; holandés, 1925.

  Art. 1010 - La copia de las escrituras de que hablan los artículos anteriores hace plena fe como la escritura matriz.

1010. LL. 10 y 11, tít. 19, part. 3ª. Cód. francés, art. 1335; sardo, 1442; holandés, 1925.

    Art. 1011 - Si el libro del protocolo se perdiese y se solicitare por alguna de las partes que se renovase la copia que existía, o que se ponga en el registro para servir de original, el juez puede ordenarlo con citación y audiencia de los interesados, siempre que la copia no estuviese raída ni borrada en lugar sospechoso, ni en tal estado que no se pudiese leer claramente.

1011. L. 13, tít. 19, part. 3ª.

TÍTULO V

De los instrumentos privados

  CAMPO_Artículo_1012

  Art. 1012 - La firma de las partes es una condición esencial para la existencia de todo acto bajo forma privada. Ella no puede ser reemplazada por signos ni por las iniciales de los nombres o apellidos.

1012. El art. 1428 del Cód. sardo da la misma fuerza a la señal que a la firma, ZACHARIAE, § 590, nota 3. MERLIN, "Rep. Verb. Signature".

  Art. 1013 - Cuando el instrumento privado se hubiese hecho en varios ejemplares, no es necesario que la firma de todas las partes se encuentre en cada uno de los originales; basta que cada uno de éstos, que esté en poder de una de las partes, lleve la firma de la otra.

1013. MERLIN, Rep. Verb. Double escrit, núm. 6. TOULLIER, t. 8, núm. 344. ZACHARIAE, § 590.

  Art. 1014 - Ninguna persona puede ser obligada a reconocer un instrumento que esté sólo firmado por iniciales o signos; pero si el que así lo hubiese firmado lo reconociera voluntariamente, las iniciales o signos valen como la verdadera firma.

  Art. 1015 - Los instrumentos privados pueden ser firmados en cualquier día, aunque sea domingo, feriado o de fiesta religiosa.

  Art. 1016 - La firma puede ser dada en blanco antes de la redacción por escrito. Después de llenado el acto por la parte a la cual se ha confiado, hace fe siendo reconocida la firma.

1016. TOULLIER, t. 8, núm. 265. AUBRY y RAU, § 756. BONNIER, núm. 548.

  Art. 1017 - El signatario puede, sin embargo, oponerse al contenido del acto, probando que las declaraciones u obligaciones que se encuentran en él, no son las que ha tenido intención de hacer o de contratar. Esta prueba no puede ser hecha con testigos.

  Art. 1018 - La nulidad de las declaraciones u obligaciones del signatario del acto que el juez decretare en virtud de las pruebas dadas, no tendrá efecto respecto de terceros que por el acto escrito hubiesen contratado de buena fe con la otra parte.

1018. TOULLIER, lugar citado. AUBRY y RAU, lugar citado.

  Art. 1019 - Las disposiciones de los dos artículos anteriores no se aplican al caso en que el papel que contenga la firma en blanco hubiese sido fraudulentamente sustraído a la persona a quien se hubiese confiado, y llenándose por un tercero contra la voluntad de ella. La prueba de la sustracción y del abuso de la firma en blanco puede ser hecha por testigos. Las convenciones hechas con terceros por el portador del acto no pueden oponerse al signatario, aunque los terceros hubiesen procedido de buena fe.

1019. TOULLIER, t. 8, núm. 265. AUBRY y RAU, § 756. El abuso cometido con la firma en blanco por otra persona que aquella a quien se ha confiado el acto, no constituye un simple delito de abuso de confianza, sino un delito de falsedad, cuyas consecuencias no debe soportar el signatario en blanco, pues ese crimen no es el resultado de un mandato que él hubiese dado al que lo ha cometido.

  Art. 1020 - Para los actos bajo firma privada no hay forma alguna especial. Las partes pueden formarlos en el idioma y con las solemnidades que juzguen más convenientes.

1020. ZACHARIAE, § 590, nota 4.

  Art. 1021 - Los actos, sin embargo, que contengan convenciones perfectamente bilaterales deben ser redactados en tantos originales, como partes haya con un interés distinto.

1021. ZACHARIAE, lugar citado, nota 10. BONNIER, núms. 561 y sigs.

  Art. 1022 - La disposición del artículo anterior puede dejarse sin aplicación, cuando una de las partes, antes de la redacción del acto, o en el momento de la redacción, llenare completamente las obligaciones que el acto le impusiere.

1022. ZACHARIAE, § 590, nota 6. TROPLONG, Vente, núm. 114. MARCADE, sobre el art. 1325.

  Art. 1023 - El defecto de redacción en diversos ejemplares, en los actos perfectamente bilaterales, no anula las convenciones contenidas en ellos, si por otras pruebas se demuestra que el acto fue concluido de una manera definitiva.

1023. MARCADE, sobre el art. 1325. ZACHARIAE, § 590.

  Art. 1024 - La ineficacia de un acto bilateral por estar hecho en un solo ejemplar, se cubre por la ejecución ulterior, sea total o parcial, de las convenciones que contenga; pero si la convención no hubiese sido ejecutada sino por una de las partes, sin que la otra hubiese concurrido o participado en la ejecución, el vicio del acto subsistirá respecto de esta parte.

  Art. 1025 - El depósito de un acto bilateral que sólo esté redactado en un ejemplar en poder de un escribano o de otra persona, encargada de conservarlo, efectuado de común acuerdo por ambas partes, purga el vicio del acto. Si el depósito no hubiese sido hecho sino por una parte, la irregularidad no será cubierta sino respecto de ella.

1025. AUBRY y RAU, § 756. ZACHARIAE, § 590, nota 14.

  Art. 1026 - El instrumento privado reconocido judicialmente por la parte a quien se opone, o declarado debidamente reconocido, tiene el mismo valor que el instrumento público entre los que lo han suscrito y sus sucesores.

1026. L. 119, tít. 18, part. 3ª. L. 4, tít 28, lib. 11, Nov. Rec. BONNIER, núm. 567, aun respecto de terceros.

  Art. 1027 - No serán admitidos al reconocimiento los instrumentos privados, siempre que los signatarios de ellos, aunque fueren capaces al tiempo de firmarlos, no lo fuesen al tiempo del reconocimiento.

  Art. 1028 - El reconocimiento judicial de la firma es suficiente para que el cuerpo del instrumento quede también reconocido.

  Art. 1029 - La prueba que resulta del reconocimiento de los instrumentos privados es indivisible y tiene la misma fuerza contra aquellos que los reconocen, que contra aquellos que los presentaren.

  Art. 1030 - Las notas escritas por el acreedor en el margen o a continuación de un instrumento privado, existente en poder del deudor, si estuviesen firmadas por él, probarán para desobligar al deudor y nunca para establecer una obligación adicional.

  Art. 1031 - Todo aquel contra quien se presente en juicio un instrumento privado firmado por él, está obligado a declarar si la firma es o no suya.

1031. L. 119, tít. 18, part. 3ª. LL. 1 y 2, tít. 9, lib. 11, Nov. Rec. Cód. francés, art. 1323; holandés, 1913; sardo, 1429; de Luisiana, 2240.

  Art. 1032 - Los sucesores del que aparece firmado pueden limitarse a declarar que no saben si la firma es o no de su autor.

1032. Los artículos de los códigos extranjeros citados en el artículo anterior y L. 1, tít. 6, lib. 2, F. R.

  Art. 1033 - Si el que aparece firmado negare su firma, o los sucesores de él declarasen que no la conocen, se ordenará el cotejo y comparación de letra. Pueden también admitirse otras pruebas sobre la verdad de la firma que lleva el acto.

1033. LL., 118 y 119, tít. 18, part. 3ª. Cód. francés, art. 1324; napolitano, 1276; holandés, 1914; de Luisiana, 2241. El Cód. romano rechaza el cotejo de letra como medio de prueba. L. 20, tít. 21, lib. 4, Cód. y la novela 73. El Cód. francés de procedimientos, art. 323, declara que los jueces no estarán obligados a seguir el parecer de los peritos, si se convenciesen de lo contrario. Tampoco las leyes citadas de Partida declaran que el juicio de los peritos hace una plena prueba. La comparación de letra, pues, se ordena para auxiliar el juicio del juez y para que, unido el parecer de los peritos a los demás antecedentes, el pleito pueda resolverse con más seguridad.

  Art. 1034 - Los instrumentos privados, aun después de reconocidos, no prueban contra terceros o contra los sucesores por título singular, la verdad de la fecha expresada en ellos.

  Art. 1035 - Aunque se halle reconocido un instrumento privado, su fecha cierta en relación a los sucesores singulares de las partes o a terceros, será:

1. La de su exhibición en juicio o en cualquier repartición pública para cualquier fin, si allí quedase archivado.

2. La de su reconocimiento ante un escribano y dos testigos que lo firmaren.

3. La de su transcripción en cualquier registro público.

4. La del fallecimiento de la parte que lo firmó, o del de la que lo escribió, o del que firmó como testigo.

    Art. 1036 - Las cartas misivas dirigidas a terceros, aunque en ellas se mencione alguna obligación, no serán admitidas para su reconocimiento.

TÍTULO VI

  De la nulidad de los actos jurídicos -##-(*)

  Art. 1037 - Los jueces no pueden declarar otras nulidades de los actos jurídicos que las que en este Código se establecen.

  Art. 1038 - La nulidad de un acto es manifiesta, cuando la ley expresamente lo ha declarado nulo, o le ha impuesto la pena de nulidad. Actos tales se reputan nulos aunque su nulidad no haya sido juzgada.

1038. La nulidad puede resultar de la falta de las condiciones necesarias y relativas, sea a las cualidad