JURISPRUDENCIA

 

 

 

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Buenos Aires, 02 de junio de 2022.-

AUTOS y VISTO: el recurso articulado en los términos del artículo 282 del Código Procesal por la demandada YPF S. A. el día 23.5.2022, y

CONSIDERANDO:

I.- La quejosa articuló el recurso descripto en el visto contra la providencia dictada el 11.5.2022, donde el señor juez denegó la apelación que había interpuesto contra el auto que abrió la causa a prueba por el plazo común de cuarenta días, desestimando la realización de la audiencia prevista en el art. 360 del citado cuerpo legal. La denegatoria del recurso de apelación interpuesto fue fundada en la ausencia de gravamen irreparable, señalando que la resolución previa había sido dictada en uso de las facultades privativas que le otorga el ordenamiento ritual.

Luego de reseñar algunos antecedentes del caso, afirmó que la audiencia en cuestión no es un acto disponible por parte del tribunal sino un deber expresamente establecido en la ley adjetiva. Destacó la relevancia de ese acto procesal, su relación con el ejercicio del derecho de defensa en juicio y la privación que ello implica para la producción de la prueba confesional que ofreció. Enfatizó que no se trata de una decisión potestativa del tribunal sino de un deber ineludible del juez (confr. presentación del 23.5.2022).

II.- Ante todo, es dable recordar que el recurso de queja sólo tiene por objeto que el tribunal de segunda instancia revise la denegación de una apelación a los efectos de declarar su admisibilidad y, eventualmente, disponer su sustanciación en la forma que corresponda, de acuerdo con las normas vigentes. De allí que no corresponde examinar aquí los argumentos que la demandada invoca para controvertir la decisión de no celebrar la audiencia mencionada sino limitar el examen al auto denegatorio que data del 11.5.2022.

III.- Así planteada la cuestión traída a debate, cabe señalar que los artículos 34 y 36 del Código Procesal, en los que el magistrado ha sustentado su decisorio, enumeran tanto deberes como facultades ordenatorias e instructorias de los jueces.

En este sentido, es preciso recordar que entre dichas facultades ordenatorias e intructorias de los magistrados se encuentran las de impulsar de oficio la causa y la de conciliación, mientras que las instructorias se vinculan con la adquisición de prueba, con sustento en los principios de celeridad, economía procesal y realización del valor justicia a través de la búsqueda de la verdad de los hechos controvertidos (conf. “Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. Concordado con los códigos provinciales. Análisis doctrinal y jurisprudencial”, Elena I. Highton, - Beatriz A. Areán (directoras); Ed. Hammurabi, 2004, T. 1, pág. 565 y ss.).

Ahora bien, cabe señalar que si bien las facultades mencionadas -ordenatorias e instructorias- son amplias y privativas de los magistrados, ello es así dentro de la actividad propia del proceso y siempre que no se comprometa la garantía de la defensa en juicio; que se cause un grave perjuicio o que, de alguna forma, se quebrante la igualdad de las partes intervinientes.

Por ello, si bien existe un amplio consenso en torno a la inapelabilidad de las resoluciones dictadas en el marco de las aludidas facultades ordenatorias e instructorias por tratarse de decisiones discrecionales y privativas del órgano jurisdiccional, ese principio no es absoluto, pues debe ceder cuando se trata de decisiones susceptibles de ocasionar un perjuicio grave o cuando media un exceso en el ejercicio de tales facultades (confr. Sala I, causa nº 2811/05 del 28.4.5 y sus citas; Fassi, S. - Yáñez, C., Código Procesal Civil y Comercial de la Nación comentado, anotado y concordado, 3ra. ed., t. 1, p. 283).

La cuestión planteada en estas actuaciones es sustancialmente análoga a la examinada al decidir en la causa nº 2464/2011, “Galay, Luis Alberto y otros c/ YPF S. A. s/daños y perjuicios”, pronunciamiento del 11.12.2015, citada por el quejoso en su presentación y mantenida al resolver el recurso de queja presentado por esta parte en la causa nº 13737/2007, “Chia Vera Alfredo c/ YPF S. A. y otro s/daños y perjuicios” del 30.9.2016, a cuyos fundamentos cabe remitir en lo pertinente a fin de evitar reiteraciones innecesarias, las que se encuentran incorporadas por el quejoso a la presentación inicial de estos obrados y podrán ser consultadas en el sitio del Centro de Información Judicial, dependiente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Sin perjuicio de ello, esta Sala estima necesario destacar que dentro de los deberes que la ley procesal prevé a cargo de los magistrados está el de “asistir a la audiencia preliminar y realizar personalmente las demás diligencias que este Código u otra leyes ponen a su cargo” (artículo 34 del Código Procesal), es decir, la que regula el artículo 360 del mencionado ordenamiento ritual. Y tal como lo recuerda la apelante, esa norma establece que “el juez citará a las partes a una audiencia, que presidirá, con carácter indelegable”, añadiendo que no se realizará ese acto sin la presencia del magistrado.

Sobre tales bases, esta Sala ha concluido, en los antecedentes ya referidos, que la audiencia fijada por la norma antes indicada no se refiere a un acto facultativo para los jueces sino lo opuesto, máxime cuando el código detalla las múltiples decisiones que allí corresponde adoptar, y cuya falta de celebración puede ser susceptible de generar gravamen irreparable (confr. en análogo sentido, esta Sala, causas nº 2464/2011 y 13737/2007, ya citadas).

En las condiciones descriptas, asiste razón a la demandada al cuestionar el fundamento de la negativa que surge del auto dictado el 11.5.2022 y adjunto al recurso interpuesto. Por ello, SE RESUELVE: admitir la queja formulada, declarando mal denegado el recurso deducido por esa parte contra la providencia del 1.4.2022.

Regístrese, notifíquese y remítase al Juzgado Nº 3, Secretaría Nº 6, a sus efectos.

 

Firmado por: EDUARDO DANIEL GOTTARDI, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: ALFREDO SILVERIO GUSMAN, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: FLORENCIA NALLAR, JUEZ DE CAMARA

 

  Correlaciones:

Galay, Luis Alberto y otros c/YPF SA s/daños y perjuicios - Cám. Nac. Civ. y Com. Fed. - sala II - 11/12/2015 - Cita digital IUSJU005625E

 

 

Cita digital:IUSJU015502F