JURISPRUDENCIA

 

 

 

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En la ciudad de Buenos Aires, a los 10 días del mes de junio de 2021, se reúne la Sala III de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal, integrada por los jueces Mario Magariños, Gustavo Bruzzone y Alberto Huarte Petite, asistidos por el secretario Guido E. Waisberg, a los efectos de resolver el recurso de casación interpuesto por la defensa en este proceso nº CCC 54933/2015/TO1/CNC1, caratulado “S., O. G. s/ lesiones culposas” del que RESULTA:

I. El juez Marcelo Alvero, integrante del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional nº 24 de esta ciudad, en lo que aquí interesa, decidió “...CONDENAR a O. G. S., de las condiciones personales ya señaladas, por ser autor del delito de lesiones culposas graves agravadas por haber sido cometidas por la conducción imprudente de un vehículo automotor, A LA PENA DE CATORCE MIL PESOS ($14.000) DE MULTA E INHABILITACIÓN ESPECIAL PARA CONDUCIR VEHÍCULOS AUTOMOTORES POR EL TÉRMINO DE DOS AÑOS. Con costas (conforme artículos 29 inciso 3°, 45 y 94 segundo párrafo del Código Penal, conforme lo establecido por la ley 25.189 vigente al momento del hecho; y artículos 403, 409 y 531 del Código Procesal Penal de la Nación) ...”.

II. Contra esa decisión, la defensa pública interpuso recurso de casación, que fue concedido y mantenido en esta instancia. La Sala de Turno de esta Cámara le otorgó el trámite previsto en el artículo 465 del Código Procesal Penal de la Nación.

III. En la oportunidad prevista en los artículos 465, cuarto párrafo y 466 del cuerpo legal citado, la defensa presentó un escrito en el que reeditó los agravios volcados en el recurso.

IV. Superada la etapa contemplada en los artículos 465, último párrafo y 468 del Código Procesal Penal de la Nación, las actuaciones quedaron en estado de ser resueltas.

V. Tras la deliberación realizada, se arribó a un acuerdo en los términos que seguidamente se pasan a exponer.

Y CONSIDERANDO:

El juez Alberto Huarte Petite dijo:

I. Para tratar las críticas de la asistencia técnica del imputado, conviene recordar qué tuvo por probado el Sr. Juez, Dr. Alvero.

Así el juez de la instancia de debate concluyó sobre la existencia e intervención del acusado en el siguiente hecho: “...que las constancias de la causa, valoradas de conformidad con las reglas de la sana crítica racional (arts. 241, 263, punto 4°, y 398, segundo párrafo, del Código Procesal Penal de la Nación), permiten tener por cierto que el día 31 de agosto del año 2015 cerca de las 10.15 horas el imputado O. G. S. quien se encontraba al comando del automóvil marca Mercedes Benz, clase A, dominio … de color gris, violó la luz roja del semáforo ubicado en la calle Lacarra en su intersección con la colectora de la Autopista Dellepiane y de esta forma colisionó contra el vehículo que tripulaba y conducía en correcta forma, por esta última arteria, el querellante A. M. S., un Chevrolet, modelo Onix, dominio … en su lateral izquierdo trasero, lo que le ocasionó una fractura incompleta de tercio medio de clavícula izquierda, lo que demandó para su curación más de treinta días...”.

II. La defensa pública, a cargo de la asistencia de S., presentó dos agravios concretos contra la sentencia de condena.

a. El primero de ellos se dirigió a cuestionar la fundamentación de la sentencia en tanto consideró que los elementos de prueba reunidos eran insuficientes para alcanzar una condena.

En resumen, la recurrente expuso que en el caso se contraponían dos versiones, la de su defendido y la del querellante A. M. S. En esa línea, ratificó la explicación de los hechos que diera el imputado, a la vez que objetó, tal como lo hiciera en su alegato, los elementos de prueba valorados por el juez del debate. Así, discutió el modo en que surgieron los testimonios de S. y S. en el proceso y las lesiones verificadas en S., a la vez que interpretó de manera distinta la inspección ocular que integró el plexo de prueba.

Por todo ello, al no existir una acusación completa o, en subsidio, por aplicación del art. 3, CPPN, solicitó la absolución del imputado S.

b. En segundo término, la impugnante criticó la pena de multa determinada en el sub lite en cuanto el a quo habría incurrido en una doble valoración por considerar la naturaleza de la infracción y la norma de tránsito violada. Asimismo, resaltó que se omitieron atenuantes planteados y que se impuso una pena de multa superior al mínimo como consecuencia de la inflación, circunstancia que le es ajena a su defendido.

De igual modo, cuestionó el motivo de por qué no se impuso el tiempo de inhabilitación solicitado por la querella (un año y seis meses).

En definitiva, solicitó la reducción de la multa y del lapso temporal de inhabilitación para conducir.

III. Las críticas dirigidas a la valoración de la prueba

a. Los agravios presentados por la parte recurrente, relativos a la motivación de la sentencia en orden a la valoración de la prueba respecto del hecho por los que se condenó a Cabrera fueron analizados por el suscripto conforme el criterio sustentado, entre otros, en los precedentes “López” (Reg. n° 1014/17, acápite III, voto del juez Huarte Petite, rta. 18.10.17) y “Tévez” (Reg. n° 1148/17, acápite II b., voto del juez Huarte Petite rta. 9.11.17) -a cuyos fundamentos me remito en honor a la brevedad-, respecto de la doctrina adoptada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el precedente “Casal” (Fallos: 328:3329), en lo atinente al alcance que debe asignarse al recurso de casación contra una sentencia condenatoria, en función de lo establecido en los artículos 8.2.h de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

Con arreglo a tales premisas, y como se adelantó en el acápite anterior, la presentación de la defensa tuvo base en la supuesta insuficiencia de prueba reunida en el caso para acreditar la hipótesis de condena.

En ese marco, habrá de efectuarse la tarea de revisión de los fundamentos esgrimidos por el juez del debate frente al supuesto alegado por la recurrente de dos hipótesis contrapuestas que debería resolverse en favor de su defendido por aplicación del principio del favor rei (art. 3, CPPN).

Al respecto, el sentenciante se ha hecho cargo de que en el caso existían dos versiones sobre la colisión ocurrida, pero precisó que los testimonios de L. C. S. y J. L. S. cancelaban el relato exculpatorio de S.

En cuanto a su aporte, en la sentencia se sostuvo que dichos “...testimonios concordantes y reiterados en el tiempo, sometidos a la luz de la sana crítica, con la impronta de la reproducción en juicio con el debido contralor de las partes de ellos me permiten arribar a la más prístina certeza en cuanto a lo ocurrido aquella mañana y constituyen plena prueba de la materialidad del suceso sometido a juzgamiento.

En forma unívoca relataron que aquella jornada, se dirigían a verificar el vehículo a SACTA, cuyo predio se halla ubicado en la Av. Roca. Fue así como se detuvieron en el semáforo de la Av. Lacarra por la luz roja y a los pocos segundos vieron adelantarse por su izquierda al rodado que conducía el imputado S., un Mercedes Benz, clase A, …. Como consecuencia de esa maniobra imprudente el vehículo impactó el lateral izquierdo trasero del automóvil marca Chevrolet, modelo Onix, dominio … que conducía el querellante, y lo hicieron girar, terminando de impactar en una de las columnas de la autopista. Inmediatamente descendió S. mientras que su pareja, la Sra. S., utilizando el teléfono celular con línea n° …, se comunicó con el Departamento de Emergencias para dar cuenta de lo ocurrido y solicitar la presencia en el lugar de la policía y de una ambulancia. Una vez que verificaron la efectiva asistencia a los heridos, se acercaron al que consideraron damnificado (el Sr. S.) y le suministraron sus datos personales para declarar en las actuaciones...Adviértase que en estos testimonios asépticos, por cuanto no estuvieron guiados por inquina, venganza o ánimo persecutorio, los testigos refieren en forma clara y contundente la actitud que desplegara el imputado S. en la conducción de su vehículo. No dudaron en señalarlo como el autor de la maniobra precipitada y temeraria que provocó la colisión y las lesiones graves sufridas por el aquí querellante...”.

Respecto del peso probatorio en pos de la hipótesis de condena, se extrae como dirimente la coincidencia de ambos testigos oculares en cuanto precisaron la infracción de un deber de cuidado concreto (esto es, el traspaso de un semáforo en rojo), en la conducción del rodado tripulado por S.

A ello, se sumó como dato que realza la calidad de su testimonio, la circunstancia de ser ambos ajenos a las partes involucradas, por lo que razonablemente puede señalar que sus relatos adolecieron de animosidad alguna, como lo precisó el Sr. Juez de grado.

Por su parte, la defensa puso foco en su crítica sobre el origen de esta prueba, punto que también fue de abordaje en la sentencia ya que: “...su presencia en el lugar se ve reafirmada por la información brindada por el Departamento Federal de Emergencias al remitir tanto las grabaciones del pedido de auxilio, como los datos del teléfono celular del cual fuera requerido...”.

En cuanto a esta concreta y precisa información que respalda la presencia de S. y S. en el lugar de los hechos, la impugnante nada dijo. Sus críticas, en esencia, transitaron por cuestiones como por qué motivo no le dieron sus datos al personal policial o no se dieron cuenta de la lesión de S. al tomar contacto con él.

Estas alegaciones, al margen de tratarse de conjeturas, no inciden en neutralizar aquello que resulta de utilidad para la solución del caso: su efectiva presencia al momento en que ocurrió la colisión, circunstancia que ha quedado demostrada de manera indubitable.

En línea con la traza argumental de la sentencia se agregó el informe practicado por Gendarmería Nacional de fs. 71/79, que también fue objeto de valoración por el juez a quo: “...el estudio realizado por Gendarmería Nacional ilustra acabadamente los daños sufridos por ambos vehículos. También dio cuenta que los semáforos funcionaban correctamente, que la visibilidad era buena y que no se observaban huellas de frenadas. En el gráfico n° 7 puede advertirse claramente que el vehículo que conducía el acusado S. presentaba ‘...el paragolpes parcialmente desalojado de sus fijaciones en su extremo derecho, con manifestaciones de roce en su extremo derecho y parte media. La óptica derecha se presenta desencuadrada. La máscara se encuentra en su parte media. El capot se presenta desencuadrado, abollado y con desprendimiento de pintura en su parte media delantera’. Por su parte el gráfico 12 explica los daños sufridos por el automóvil del querellante: ‘se observa la rueda trasera desfasada, con manifestaciones de roce en la tapa plástica de la taza y en el talón de la llanta...se aprecia la puerta trasera desencuadrada, abollada y hundida en su parte inferior, con manifestaciones de roce. También así se observa el zócalo abollado y hundido en su parte media y extremo posterior. La puerta delantera se encuentra abollada y hundida en su parte media inferior. La tapa plástica de la llanta delantera posee manifestaciones de roce en sus extremos’...Esta descripción me convence en cuanto a que ha sido el rodado que conducía S. el embistente y la mecánica del siniestro se corresponde, sin duda, con el relato que he recibido de los testigos S. y S...”.

Sobre este punto, la defensa omitió refutar de modo suficiente las precedentes consideraciones del sentenciante quien, de modo razonable, ponderó que los daños verificados en ambos automóviles se correspondían con la secuencia del hecho planteada por la hipótesis acusadora y, a la vez, por los dos testigos presenciales del suceso.

Por último, la recurrente también cuestionó la existencia y entidad de la lesión en S., segmento que -nuevamente- encontró una adecuada respuesta en la decisión atacada pues: “...ya desde el informe médico legista de fojas 46 se anota: ‘...presenta cabestrillo de miembro superior izquierdo refiere el hecho del día 31 de agosto de 2015, fue asistido en la clínica y maternidad Suizo Argentina. Para mejor proveer sugiero remitirse a su historia clínica’...Y es justamente la historia clínica de Swiss Medical Center, Barrio Norte, el que termina de confirmar este diagnóstico. Fue atendido el mismo día 31 de agosto por guardia a las 17.18 horas y el Dr. Héctor Freiria diagnosticó la fractura del tercio medio de la clavícula sin desplazamiento (confrontar fojas 186 a 187 y 295). Este diagnóstico se ve cohonestado por la historia clínica remitida por Solís, a partir de la inspección de la Aseguradora de Riesgos de Trabajo ‘La Segunda’. Allí se resalta nuevamente que como consecuencia del accidente sufrió una fractura incompleta medial de clavícula izquierda (ver fojas 199 a 201) ...Y por si esto, no resultara ya de por sí suficiente para despejar cualquier interrogante, la Sra. Médica Forense de la Justicia Nacional, Dra. Silvia Palomero, en su informe de fojas 209 dictamina que ‘S. A. M. presentó lesiones contusas. En cuanto al mecanismo de producción es compatible con golpe o choque con o contra cuerpo o superficie dura y/o roma. Este tipo de lesiones, salvo prueba médica en contrario, cura habitualmente en un período mayor a 30 días e inutiliza para las tareas laborales por un período mayor a un mes’...”.

Como puede advertirse, en la sentencia mpugnada se desecharon con sólidos argumentos el planteo defensista, ahora reeditado. En efecto, la lesión en el miembro superior izquierdo fue acreditada desde el inicio de estas actuaciones por el informe médico legal, la historia clínica del nosocomio en el que fue atendido y, finalmente, por el informe médico forense agregado a este proceso.

La impugnante, si bien no objetó directamente la existencia de la lesión, sugirió la idea de que en atención a que no fue convocada una ambulancia al lugar del hecho, la fractura en la clavícula de S. pudo haber ocurrido con anterioridad al hecho que nos ocupa, hipótesis desprovista de prueba objetiva que la sustente y que sólo demuestra un vano intento por sembrar una causal de duda que no tendrá éxito en esta instancia.

Consecuentemente y en función de todo lo expuesto, entiendo que deben rechazarse los agravios hasta aquí tratados, en la medida en que la sentencia ha brindado una adecuada fundamentación a las conclusiones a las que arribó en orden a la valoración de la prueba producida en el debate, que la ponen a cubierto de la tacha de arbitrariedad alegada por el recurrente.

IV. Agravios vinculados a la determinación del monto de la pena

En los precedentes “Álvarez Mujica” (Reg. n° 1217/17, Sala III, del 24.11.17), “Barrera Piñeiro” (Reg. n° 1284/17, Sala III, del 5.12.17), “Aranda” (Reg. n° 102/18, Sala III, del 19.02.18) y “Sequeira” (Reg. nº 561/18, Sala III, del 22.5.18), entre otros, acompañé en general el criterio del colega Jantus allí expresado en cuanto a que el juicio de determinación de la pena es una facultad propia del juez de la causa y, en esa tarea, debe adecuarse a las pautas objetivas y subjetivas previstas en los arts. 40 y 41 CP, y contener suficiente fundamentación para permitir su control.

En tal inteligencia, para que proceda la impugnación de la defensa sobre dichas cuestiones es necesario que la parte recurrente demuestre que en la decisión atacada se encuentra presente un vicio o defecto en la determinación fáctica de las circunstancias valoradas en calidad de agravantes o atenuantes, una errónea aplicación de las respectivas normas sustantivas, una vulneración a garantías constitucionales que puedan incidir en la determinación del quantum de pena, tornándola inusitada o desproporcionada, o en definitiva, una decisiva carencia de motivación que impidiese conocer acabadamente cuáles fueron las razones que llevaron al tribunal de mérito a determinar el monto en concreto.

En lo que atañe a la fundamentación dada por el a quo, en la sentencia se evaluaron los parámetros agravantes y atenuantes de la siguiente manera: “...Tengo en cuenta entonces como agravante la naturaleza de la infracción cometida y de la norma de tránsito violada, que como lo señaló el acusador público implica un mayor peligro para los terceros en general...Los atenuantes son varios, la extensión del daño causado, pues como con acierto lo enfatizara el Dr. Yapur aun tratándose de una lesión grave no fue de aquellas que demandara un excesivo tiempo de curación. Son circunstancias que aminoran el reproche también las lesiones sufridas por el acusado, de las que da cuenta la prueba incorporada. Y desde el plano subjetivo, la ausencia de antecedentes condenatorios y el favorable informe socio ambiental que da cuenta que estoy en presencia de un hombre maduro, con hábitos laborales, padre de familia y con un continente afectivo. Por lo demás valoro en su favor la enfermedad que actualmente lo aqueja y que demandará una operación en breve y la circunstancia afectiva que viene atravesando su actual pareja...”.

Al respecto, entiendo acertada la consideración, en el marco de la determinación del monto punitivo, del tipo de infracción de tránsito violada, por cuanto desde la naturaleza de la acción (art. 41, inc. 1º, CP), reporta en general mayor contenido de ilicitud el comportamiento de haber cruzado una intersección de dos arterias importantes con la luz semafórica en rojo en comparación con otras normas de tránsito cuya infracción genera menos riesgos hacia terceros.

En tal orden de ideas, ello merece ser destacado, como de forma razonable lo hizo el sentenciante, pues en tales casos el nivel de peligro hacia peatones (que pueden confiar en que su cruce de la arteria amparado por la luz que lo habilita no se verá afectado por el avance de automóviles hacia ellos), y hacia otros automovilistas (que en el mismo sentido guardan una expectativa de que su paso por la encrucijada será seguro), es, según regla de experiencia y ciertamente, de apreciable relevancia.

Tal circunstancia se inscribe así dentro del “peligro causado” por la conducta atribuida, relevado por el aludido art. 41, inc. 1º, CP.

Luego, en lo que hace a las atenuantes supuestamente omitidas, lo cierto es que algunas se vinculan con aspectos de la valoración de la prueba que ya fueron desechados, y además la recurrente no ha ofrecido mayores argumentos en orden a una eventual mayor incidencia que deberían tener para la disminución del monto de multa impuesta.

Acerca de la inclusión del factor inflacionario en cuanto al monto de multa, cabe coincidir con la apreciación del juzgador, quien refirió al respecto que “...los montos han quedado sensiblemente depreciados por la inflación y que no han sido actualizados en debida forma. Por tal motivo adscribo a que su medida se ubique cerca del máximo actualmente contemplado, es decir catorce mil pesos ($ 14.000), dinero que deberá ser abonado en un plazo máximo de seis meses en cuotas mensuales y consecutivas...”.

Si bien la inclusión del proceso inflacionario no es un elemento que pueda ponerse “en cabeza del imputado”, como sostuvo la defensa, sino que responde a una realidad ajena a él, debe señalarse que, conforme a la medida de la gravedad del hecho atribuido al imputado, y a la consecuente magnitud de su culpabilidad, que se destacó con acierto en la sentencia, el monto de multa fijado no es desproporcionado si se tiene en cuenta, adicionalmente, que según expresa decisión del a quo deberá ser abonado en cuotas, y además, no resulta irrazonable en las circunstancias actuales, a fin de no desvirtuar las finalidades que según la doctrina en general predominante pueden asignarse a las penas.

En tal sentido, siguiendo a Claus Roxin, puede decirse que si “...la pena sirve a los fines de prevención especial y general...”, y que además “...se limita en su magnitud por la medida de la culpabilidad, pero se puede quedar por debajo de este lìmite en tanto lo hagan necesario exigencias preentivo especiales y a ello no se opongan las exigencias mínimo preventivo generales...” (“Derecho Penal, Parte General”, Tomo 1, pág. 103, nro. 53, Editorial Civitas, 1997), es claro que una pena pecuniaria de mucha menor entidad a la aquí fijada, como reclamó la defensa, no cumpliría ninguna finalidad de tipo preventivo general.

En la misma inteligencia, cabe señalar que en el caso concreto, frente a la posibilidad que fija la ley para los jueces de escoger entre una pena privativa de libertad o una pena de multa e inhabilitación, la decisión del Sr. Juez de la causa evitó -correctamente-, la imposición de una sanción de prisión, la cual no lucía adecuada en el caso.

Por último, sobre el tiempo de inhabilitación, la defensa sólo alegó que no se siguió la postulación de la querella, sin dar mayores fundamentos ni razones y sin atender a que se impuso, de todos modos, un lapso menor al reclamado por la Fiscalía, motivo por el cual también habrá ser de rechazado.

V. En virtud de todo lo expresado, es que propongo al acuerdo rechazar el remedio intentado por la defensa y confirmar la resolución impugnada en todo cuanto fue materia de recurso, sin costas en esta instancia (arts. 470, 471, ambos a contrario sensu, 530 y 531, CPPN).

El juez Mario Magariños dijo:

Adhiero a la solución del caso que propone el juez Huarte Petite.

El juez Gustavo A. Bruzzone dijo:

Atento a que en el orden de deliberación los jueces Magariños y Huarte Petite han coincidido en la solución que corresponde dar al caso, estimo innecesario emitir mi voto, de conformidad con lo establecido en el art. 23, último párrafo, del CPPN.

En virtud del acuerdo que antecede, la Sala III de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal, RESUELVE:

RECHAZAR el recurso de casación interpuesto por la defensa y, en consecuencia, CONFIRMAR la sentencia recurrida; todo ello, sin costas en esta instancia (artículos 470 y 471 -ambos a contrario sensu-, 530 y 531, CPPN).

Se hace constar que los jueces Alberto Huarte Petite y Gustavo A. Bruzzone participaron de la deliberación por medios electrónicos y emitieron su voto en el sentido indicado, pero no suscriben la presente (Acordadas 3/2020, 4/2020, 7/2020 y 11/2020 de esta Cámara; cfr. Acordadas 12/2020, 14/2020 y 27/2020 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y art. 399 in fine del Código Procesal Penal de la Nación).

Por intermedio de la Oficina Judicial de esta Cámara, regístrese, infórmese mediante oficio electrónico al tribunal correspondiente de lo aquí decidido -el cual deberá notificar personalmente al imputado-, notifíquese, comuníquese (Acordada 15/13 CSJN; LEX 100), y remítase el incidente una vez concluida la feria judicial extraordinaria (cfr. Acordada 18/2020 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación), o en la oportunidad en que sea requerido a los efectos del cumplimiento de lo aquí ordenado.

Sirva la presente de nota de envío.

 

MARIO MAGARIÑOS

Ante mí:

GUIDO WAISBERG

SECRETARIO DE CÁMARA

   

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