JURISPRUDENCIA

 

 

 

Buenos Aires, de marzo de 2022.-

VISTOS Y CONSIDERANDO:

El Sr. Juez de Cámara, Dr. Pablo Gallegos Fedriani, dijo:

I.-Que por sentencia del 13/11/2019, la Sra. Juez de la anterior instancia rechazó el recurso deducido por R. N. G. G. y confirmó las Disposiciones SDX Nº 161110/2019 del 27/09/2019 y SDX Nº 144274/2017 del 2/08/17, ambas correspondientes al expediente de la Dirección Nacional de Migraciones Nº 145687/2016, por las cuales se denegó la solicitud de residencia permanente, canceló su residencia precaria, declaró irregular su permanencia en el país, ordenó su expulsión del territorio nacional y prohibió su reingreso con carácter permanente. Asimismo, el Sr. Juez ordenó que una vez firme la sentencia, se efectúe la retención solicitada por la demandada en los términos del art. 70 de la ley 25.871. Impuso las costas en el orden causado.-

II.-Que el 25/11/2019 apeló y fundó su recurso la parte actora, el que fue contestado por su contraria el 2/12/2019. Mediante resolución del 27/12/19, esta Sala remitió los presentes actuados al Defensor Público Oficial a fin de que asuma la representación de los menores involucrados en autos. El 10/2/2020 el Defensor Público Oficial se presentó, apeló y fundó su recurso en representación de los menores M.J.G y O.M.G, el que no fue contestado por su contraria. El 7/04/21 dictaminó el Sr. Fiscal General y el 23/11/21 se llamaron autos a sentencia.-

III.-Que en primer lugar cabe recordar que los jueces no están obligados a seguir a las partes en todas sus alegaciones, sino solo respecto de los puntos propuestos que sean conducentes para la solución del juicio (Fallos: 301:1187; 319:119; 307:2012; 311:2135; entre otros).-

IV.-Que con respecto al planteo de inconstitucionalidad de los artículos 69 nonies y 70 del Decreto Nº 70/2017, cabe recordar que en la causa “Centro de Estudios Legales y Sociales y otros s/ Amparo Ley 16.986”, Expte. nro. 3061/2017, sentencia del 22/3/2018, esta Sala declaró la inconstitucionalidad del referido decreto. Sin perjuicio de ello, cabe señalar que por Decreto de Necesidad y Urgencia nro. 138/2021, publicado en el B.O. el 5/3/2021, se derogó el Decreto nro. 70/2017 y se restituyó la vigencia de las normas modificadas, sustituidas o derogadas por el referido decreto derogado. En consecuencia, y de conformidad con lo dictaminado por el Sr. Fiscal General, deviene inoficioso expedirse acerca del planteo de inconstitucionalidad del Decreto nro. 70/17 formulado en autos.-

V.-Que por otra parte, no se advierte que la actora se haya visto privada del derecho al debido proceso o impedida de ejercer debidamente su derecho de defensa en sede administrativa.-

VI.-Que la cuestión a resolver en esta instancia queda circunscripta a dilucidar si se ajustan a derecho las Disposiciones SDX Nº 161110/2019 del 27/09/2019 y SDX Nº 144274/2017 del 2/08/17, dictadas en el expediente de la Dirección Nacional de Migraciones Nº 145687/2016.-

VII.-Que sin perjuicio de que considero oportuno dejar sentado que mi posición es contraria a la solución que seguidamente propiciaré, lo cierto es que la CSJN mediante sentencia del 7/12/21, en los autos: “Otoya Piedra, César Augusto c/ EN-DNM s/ Recurso Directo DNM”, decidió una cuestión de características fácticas y jurídicas similares a las de la presente. En efecto, allí sostuvo que en casos como el presente, cuando la Dirección Nacional de Migraciones en sede administrativa analiza y concede o deniega la dispensa por razones de reunificación familiar prevista en el artículo 29 de la ley 25.871, lo hace en ejercicio de una facultad discrecional, por lo que solo es revisable en sede judicial cuando se excedan los parámetros pertinentes.-

VIII.-Que habida cuenta de la similitud del caso en análisis con el antecedente jurisprudencial arriba citado, corresponde rechazar los recursos apelación interpuestos ante esta Alzada y confirmar la sentencia recurrida, con costas en esta instancia en el orden causado en atención a lo novedoso de la solución decidida por el Alto Tribunal (art. 68, segundo párrafo, del CPCCN). ASI VOTO.-

El Sr. Juez de Cámara, Dr. Guillermo F. Treacy dijo:

I.-Que las cuestiones aquí planteadas resultan sustancialmente análogas a las analizadas por esta Sala en la causa “Herrera Camacho Gerardo Esteban c/ EN - M° Interior OP y V - DNM s/ Recurso Directo DNM” (Expte. Nº 80100/18, sentencia del 27/04/2021), a cuyos fundamentos cabe remitirse en honor a la brevedad y que pueden ser consultados en la página web del Poder Judicial de la Nación (www.pjn.gov.ar – “Consulta de Causas Judiciales”).

II.-Que cabe añadir que los órganos del sistema interamericano se han expedido ampliamente en torno a la situación de las personas migrantes, y en particular de niños y niñas en contextos de migración tanto en ejercicio de la jurisdicción consultiva (Corte IDH, Opiniones consultivas Nros. 18/03 y 21/14) como contenciosa (casos "Niñas Yean y Bosico", "Nadege Dorzema", "Personas dominicanas y haitianas expulsadas", "Pacheco Tineo", entre muchos otros). En esa inteligencia, es necesario evitar que los tribunales prescindan de normas internacionales (y de su interpretación por los órganos pertinentes), así como que apliquen normas internas contrarias a ellos, a fin de evitar que el Estado incurra en responsabilidad internacional (Fallos 330:261). Por consiguiente, la interpretación de la causal de reunificación familiar como motivo de dispensa de expulsión debe hacer mérito de la interpretación efectuada por los órganos del sistema interamericano, a fin de evitar una vulneración de los derechos de los migrantes y sus familias.

En virtud de ello, y de conformidad con el precedente de esta Sala mencionado precedentemente, corresponde hacer lugar al recurso de apelación interpuesto por la parte actora, revocar la sentencia apelada, declarar la nulidad de las Disposiciones SDX Nros. 161110/2019 y 144274/2017 y devolver las presentes actuaciones a la DNM a fin de dicte un nuevo acto administrativo ajustado a derecho, el cual debe tener especialmente en cuenta lo establecido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la Opinión Consultiva OC-21/14 sobre los Derechos y Garantías de Niñas y Niños en el Contexto de la Migración y/o Necesidad de Protección Internacional. Las costas de ambas instancias deben imponerse en el orden causado en atención a la forma en que se decide (conf. art. 68 segundo párrafo del CPCCN). ASI VOTO.

El Sr. Juez de Cámara, Dr. Jorge F. Alemany dijo:

I.-Que, sin perjuicio de lo expuesto en los votos que anteceden, cabe señalar que la recurrente cuestiona que el documento invocado como fundamento de la medida expulsiva no acredita que su parte registrara antecedentes penales o condena en su país de origen (fs. 154/155). Sin embargo, no cuestiona que efectivamente registra antecedentes penales vinculados a un delito de homicidio (fs. 68/70), ni explica por qué esos antecedentes no deberían ser considerados a los fines de la aplicación del artículo 29 inciso c) de Ley 25.871, y el artículo 29 del Anexo I aprobado por el Decreto Reglamentario nro. 616/10.

II.-Que, en lo restante, adhiero a la solución propiciada en el voto del Dr. Gallegos Fedriani de conformidad con los fundamentos expuestos en mi voto en la causa nro. 57.464/2019 “Saldaña Cruz, Alfredo c/ EN-M Interior Op y V- DNM s/Recurso Directo DNM”, del 4 de marzo de 2022, a los que cabe remitir en razón de brevedad. ASI VOTO.-

En atención al resultado del Acuerdo que antecede, por mayoría, SE RESUELVE: 1) Rechazar los recursos apelación interpuestos ante esta Alzada y confirmar la sentencia recurrida, con costas en esta instancia en el orden causado en atención a lo novedoso de la solución decidida por el Alto Tribunal (art. 68, segundo párrafo, del CPCCN)

Regístrese, notifíquese y devuélvase.-

 

Pablo Gallegos Fedriani

Guillermo F. Treacy

(en disidencia parcial)

Jorge F. Alemany

 

   

Cita digital:IUSJU013402F