JURISPRUDENCIA

 

 

 

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En la Ciudad de Buenos Aires, a los 03 días del mes de diciembre de 2021, se reúnen en acuerdo los jueces de la Sala VIII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo para dictar sentencia en la causa y del epígrafe, y, de acuerdo con el resultado del sorteo realizado, proceden a votar en el siguiente orden:

EL DOCTOR LUIS ALBERTO CATARDO DIJO:

I.- La sentencia de la anterior instancia hizo lugar, parcialmente, a la demanda que procuraba el cobro de indemnizaciones y otros rubros de naturaleza salarial. Viene apelada por la parte demandada a tenor de la memoria que tengo a la vista, cuestionando también por altos los honorarios regulados a la actora y a los peritos. El perito informático también apela por bajos sus honorarios.

II.- Adelanto que, por mi intermedio, el recurso articulado tendrá favorable acogida.

En efecto, llega firme a esta instancia de acuerdo a la secuela procesal que el día 4 de agosto de 2017 alrededor de las 7:30 horas el actor tomó del área de la Secretaria de la Gerencia de Administración y Finanzas un cargador de celular que se encontraba allí enchufado y que de la heladera de dicha gerencia extrajo una botella de agua, elementos de los cuales se apropió, ya que no eran suyos. No interesa si ello ocurrió dentro o no del horario del personal, ni que no esté probado que con anterioridad existiesen faltantes de la heladera, extremos que no se han podido acreditar fehacientemente como imputables al accionante.

Por supuesto el accionante negó estos hechos que fueron filmados y autenticados por Escribano y reconocidos por testigos, y aunque existen dudas de quienes eran los elementos "sustraídos", obviamente no eran del accionante.

No desconozco la antigüedad del accionante, sus ausencias de sanciones y que la conducta que tengo por suficientemente acreditada hubiese sido sancionada no con el despido sino con alguna medida disciplinaria. Ello es facultad del empleador. Los jueces juzgamos si tal medida fue ajustada a derecho y si los hechos imputados y probados ameritaban la sanción mayor.

Sin embargo, a la luz de lo actuado en autos y el tal vez excesivo dispendio de poner cámaras de seguridad frente a la falta de aguas y yogures, las filmaciones, la presencia de un Escribano, etc., me persuade de que el despido dispuesto se ajustó a derecho. En efecto, siempre he sostenido que el actuar de buena fe no es optativo. Por el contrario, es una obligación sin medias tintas. No existen posibilidades de zonas grises en lo que llamamos buena fe objetiva, dado que ella significa concretamente actuar con honestidad y exactitud en las relaciones y obligaciones que nacen del vínculo laboral (ver al respecto "Pérdida de confianza y despido con causa ante la inexistencia de antecedentes negativos" Alejandro Gabet DT Nro.11 de noviembre de 2004, nota al fallo).

Y más allá de alguna imprecisión de los testigos sobre los "elementos" tomados por el accionante y a quienes en realidad le pertenecían, lo cierto es que los paradigmas de interpretación y aplicación de la ciencia jurídica en su totalidad se ven atravesados con especificidad a partir de aquellas normas conductuales que marcan el prólogo del capítulo VII de la L.C.T. en cuanto en él se abordan los recorridos relativos a los derechos y deberes de las partes y el modo de brindar cabal sustentabilidad a la denominada "obligación genérica de los sujetos contratantes" a que hace referencia el art. 62 de la L.C.T. Y a este extremo normativo se le agrega otro principio general de nuestro derecho social cual es la buena fe (art.63 de la L.C.T.). Luego, el valor confianza, dice Claudio Aquino (Ver "Despido por pérdida de confianza. El derecho y la moral" nota a fallo en DT Nro., 4 de abril de 2015) en su verdadera proyección, queda anudado en compatibilidad con los deberes de fidelidad recíprocos y que juegan a modo de inexorables patrones o matices de honestidad, aglutinando tanto al sujeto empleador como a la parte trabajadora. Y vale la pena señalar que la pérdida de confianza como valor subjetivo justifica la ruptura del vínculo cuando importa conducta injuriante, esto es, si las expectativas acerca de una conducta legal razonablemente imponible en pos del respeto hacia el deber de fidelidad, se vieron frustradas a través de un suceso que conlleva a la convicción de que el trabajador ya no es confiable (ver esta Sala en autos "Raspide Pablo c/ Banco del Buen Ayre; AA del 27/2/97) Por ello, debe concluir que el despido dispuesto se encontró al abrigo de todo reproche.

III.- No surge de autos que el accionante haya dado cumplimiento a lo dispuesto por el Dec. 146/01 y visto los certificados acompañados por la demandada que el actor no retirara de autos la multa dispuesta en grado debe revocarse, al igual que lo dispuesto en los términos del art. 2do. de la Ley 25.323 atento la forma de resolverse la cuestión.

IV.- El agravio que cuestiona la aplicación de la tasa de interés aplicadas en grado (conf. Actas 2601, 2630 y 2658), debe ser desestimado, por cuanto esta Sala comparte los argumentos volcados en las referidas actas, para justificar su aplicación.

Las mencionadas son las que mejor compensan la demora en el pago y compensan adecuadamente el monto del crédito adeudado, pues se ajustan a las variables económicas existentes en el interín.

V.- En el marco de lo dispuesto por el artículo 279 del C.P.C.C.N., corresponde emitir nuevo pronunciamiento sobre costas y honorarios, lo cual torna inoficioso examinar los agravios vertidos sobre tales aspectos.

Respecto a la imposición de las costas, el artículo 71 del C.P.C.C.N. no exige un apego a una rigidez meramente aritmética, sino conceptual, en la evaluación de la proporcionalidad entre los respectivos vencimientos, por lo que sugiero imponer el 90 % de las costas del proceso al actor y el 10 % restante a la demandada.

Se regulen los honorarios de las representaciones letradas del actor y de la demandada, por sus trabajos en primera instancia y de los peritos contadora e informático en las sumas de $ 55.000, $65.000, $ 30.000 y $ 25.000, respectivamente a valores vigentes a la fecha del presente pronunciamiento (artículos 6 º, 7º, 8º, 14, y concordantes de la Ley 21.839, 38 Ley 18.345, 13 Ley 24.432, 3º del Decreto - Ley 16.638/57 y 38 de la Ley 18.345).

VI.- Por las razones expuestas, propongo se revoque la sentencia apelada en lo principal que decide y se reduzca el monto de condena a la suma de $ 23.787,33.- a la que accederán los intereses dispuestos en grado; se deje sin efecto el pronunciamiento sobre costas y honorarios; se impongan el 90 % de las costas del proceso al actor y el 10 % restante a la demandada; se regulen los honorarios de las representaciones letradas del actor y de la demandada, por sus trabajos en primera instancia y de los peritos contadora e informático en las sumas de $ 55.000, $65.000, $ 30.000 y $ 25.000, respectivamente a valores vigentes a la fecha del presente pronunciamiento; se regulen los honorarios de los letrados firmantes de los escritos dirigidos a esta Cámara en el ...% de los fijados en el presente pronunciamiento por su actuación en primera instancia (art. 30 Ley 27.423).

EL DOCTOR VICTOR ARTURO PESINO DIJO:

Que, por análogos fundamentos, adhiere al voto que antecede.

Por ello, el TRIBUNAL RESUELVE:

1) Revocar la sentencia apelada en lo principal que decide y reducir el monto de condena a la suma de $ 23.787,33.- a la que accederán los intereses dispuestos en grado;

2) Dejar sin efecto el pronunciamiento sobre costas y honorarios;

3) Imponer el 90 % de las costas del proceso al actor y el 10 % restante a la demandada;

4) Regular los honorarios de las representaciones letradas del actor y de la demandada, por sus trabajos en primera instancia y de los peritos contadora e informático en las sumas de $ 55.000, $65.000, $ 30.000 y $ 25.000, respectivamente a valores vigentes a la fecha del presente pronunciamiento;

5) Regular los honorarios de los letrados firmantes de los escritos dirigidos a esta Cámara en el ...% de los fijados en el presente pronunciamiento por su actuación en primera instancia.

Regístrese, notifíquese, cúmplase con lo dispuesto en el artículo 4º Acordada CSJN 15/13 del 21/05/13 y, oportunamente, devuélvase.

 

LUIS ALBERTO CATARDO

JUEZ DE CAMARA

VICTOR ARTURO PESINO

JUEZ DE CAMARA

Ante mí:

CLAUDIA R. GUARDIA

SECRETARIA

 

  Correlaciones:

Ponce, Carolina Beatriz c/Seguridad San José SA y otro s/despido - Cám. Nac. Trab. - Sala I - 22/12/2020 - Cita digital IUSJU004143F

 

 

Cita digital:IUSJU008864F