JURISPRUDENCIA

 

 

 

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En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Capital Federal de la República Argentina, a los 15 días del mes de Noviembre de 2021 se reúnen los señores jueces de la Sala V, para dictar la sentencia en esta causa, quienes se expiden en el orden de votación que fue sorteado oportunamente; EL DOCTOR GABRIEL de VEDIA dijo:

Ambas partes recurren la sentencia dictada el 23/3/2021 que hizo lugar a la acción por reparación sistémica. Ello así, en los términos de las presentaciones digitales de fecha 23 y 25/3/32021. Este escrito mereció réplica de su contraria con fecha 29/3/2021, todo conforme surge del sistema Lex 100.

I. Los agravios del actor están dirigidos a cuestionar la omisión de la magistrada de grado de dar tratamiento al planteo de inconstitucionalidad del art. 12 LRT y de la circular Nº 2/98 de la SRT, lo que derivó en que se computara un ingreso base mensual que le causa un serio perjuicio.

La aseguradora, por su parte, cuestiona la valoración de la pericial médica efectuada por la magistrada de grado que concluye en la presencia de incapacidad psicofísica. Sostiene en su postura la aplicación al presente del criterio de la capacidad restante y que no se explicaron las razones científicas para diagnosticar un cuadro de RVAN grado III. Esgrime también que no se cumple con lo dispuesto por el art. 9 de la Ley 26773. Para concluir, apela la fecha de inicio de cómputo de los intereses y, las regulaciones de honorarios por elevadas.

II. Delineados de este modo los agravios, por razones metodológicas, corresponde en primer término, analizar el memorial recursivo articulado por la parte demandada por el reconocimiento de incapacidad resarcible en el aspecto físico.

Ahora bien, llega firme e incontrovertido a esta alzada que el actor sufrió un suceso dañoso por el hecho o en ocasión del trabajo con fecha 16/5/2015 “...se encontraba trabajando en sus tareas habituales, cuando por un fuerte rolido, se resbaló y cayó en su mano izquierda, quedando aprisionado el dedo índice de dicha mano con el enjaretado del buque...”, episodio que le originara las secuelas que detalla a fs. 15/15 vta. Tampoco se cuestiona que a raíz de dicho infortunio se efectuó la denuncia a la aseguradora y que la misma brindó las prestaciones de ley en el marco de lo dispuesto por el art. 6 de la LRT y efectuado el trámite ante la Comisión Médica le determinaron la presencia de una incapacidad del 4% de la t.o. por la cual fue indemnizado con la suma referida en el decisorio de origen.

Sentado ello, observo que el recurrente sostiene sin mayores precisiones que la perita médica se apartó del baremo de uso obligatorio e invoca en su postura la aplicación del método de la capacidad restante y que carece de sustento científico el diagnóstico de RVAN grado III.

En tal ilación, en lo esencial, advierto que la ART no efectúa una crítica concreta y razonada en el punto y solo se limita a enunciar de manera dogmática que “no se cumple con lo dispuesto por el art. 9 de la Ley 26773“, vale decir, que los términos del agravio distan de constituir una exposición jurídica que contenga el análisis serio, razonado y crítico de la sentencia recurrida.

Además, lo cierto y relevante es que en torno al grado de incapacidad física recogido por la sentenciante -contrariamente a lo esgrimido por la quejosa- advierto que la galena tuvo en consideración el baremo de uso obligatorio del Decreto 659 /96 a punto tal que sopesó los factores de ponderación previstos en dicha norma.

Por cierto, en orden a la defensa ensayada por el recurrente, porque no se aplicó el método de capacidad restante a los fines de determinar la incapacidad resarcible, aún soslayando lo apuntado supra el mismo tampoco será receptado.

En efecto, sin perjuicio de señalar que la perita médica sí aplicó el método de la capacidad restante, lo cierto es que la ausencia de agravios en tal sentido obsta a su tratamiento por cuanto importaría arribar a una conclusión más gravosa para el aquí apelante. (v. fs. 206). De hacerlo, se incurriría en una indebida reformatio in pejus, que tiene jerarquía constitucional, al colocar a la apelante en peor situación que la resultante del pronunciamiento recurrido, lo que implica una violación en forma directa e inmediata de las garantías constitucionales de la propiedad y la defensa en juicio (CSJN, Fallos: 332:523; 332: 892, entre muchos otros).

Hay que indicar que en el presente la incapacidad psíquica atribuida no obedece a la presencia de un RVAN de grado III como en forma desacertada se invoca, sino, además, que la misma fue verificada no sólo por la licenciada en psicología que se expidiera a fs. 186/188 sino por la perita médica legista en su dictamen de fs. 202/208 y aclaraciones de fs. 212/213 en las cuales ratifica su informe originario.

Repárese que la idónea apuntó a fs. 186/188, luego de efectuar los estudios específicos de su área de competencia que el hecho de autos ha producido en la persona repercusiones psíquicas y que además ha implicado una desvalorización de sí mismo generando inseguridad y malestar con relación al entorno. Explicó, asimismo, que tales repercusiones psíquicas constituyen signos que conforman un cuadro psicopatológico definido y consolidado, por cuanto el hecho de autos ha operado como traumático en el actor produciendo un efecto disruptivo y desorganizador de configuración psíquica.

En dicho contexto, en forma por demás contundente concluyó que “...los hallazgos obtenidos a partir del psicodiagnóstico practicado constituyen indicadores encuadrables dentro de la figura de daño psíquico...” lo que abona la presencia en el actor de un RVAN de grado II que le ocasiona una incapacidad del 10% de la t.o. según del decreto 659 /96.

Lo expuesto por todas las razones apuntadas supra sella la suerte adversa del agravio esbozado por la aseguradora.

En concreto, los términos del memorial recursivo en el punto -a mi entender- no alcanzan a rebatir los sólidos argumentos esbozados por las idóneas y compartidos por la Sra. Juez de grado, máxime cuando ambos peritajes producidos en autos responden a un análisis profundo, pormenorizado y con suficiente respaldo científico, que impide desestimarlos con manifestaciones genéricas y abstractas como se verifican en la causa. (cfr.art. 116 L.O.)

En virtud de ello, considero que la solución adoptada en la instancia de grado debe ser confirmada.

III. Se agravia, por otra parte, el actor porque la magistrada de grado omitió dar tratamiento a sus planteos de inconstitucionalidad del art. 12 LRT y de la aplicación de la circular 2/98 de la SRT.

Esgrime, en primer término, que configura un sinsentido que por un 4% de incapacidad se le abonó $78.000 en sede administrativa mientras que en sede judicial por una incapacidad del orden del 18,90 % se difiera a condena la suma de $. 80.862. Sostiene en el punto que el error radica en el IBM determinado en origen atento a que la actividad que desarrolla -marinero dedicado a realizar viajes de explotación pesquera embarcado- es de prestaciones discontinuas.

Así, por un lado, solicitó la aplicación de la circular citada- 2/98 de la SRT- según la cual para calcular el ingreso base mensual se deben tener en cuenta sólo los salarios percibidos por el marinero en períodos en que efectivamente presta tareas, es decir, cuando se encuentra embarcado. Por otro lado, planteó la inconstitucionalidad del art. 12 de la LRT porque para este caso de actividad de prestaciones discontinuas, calcular el IBM de acuerdo con las pautas de dicha norma supone incluir en el promedio meses donde el trabajador no prestó tareas y, por ende, el salario es nulo o es mínimo.

En ese andarivel, señala que el perjuicio es evidente, porque de acuerdo con el art. 12 LRT el IBM computado por la magistrada fue de $7.523 pero a su entender con sustento en las argumentaciones ensayadas en el memorial bajo estudio sería de $21.295,15, considerando que por el viaje de explotación pesquera estuvo embarcado 27 días. Refiere que no debe tomarse otros meses con salario inferior ya que incluyen extensos períodos en que no prestó tareas en forma efectiva.

La magistrada que me precede, en efecto, omitió analizar los planteos formulados por el Sr. Pera a la aplicación de la circular 2/98 y, en su caso, la inconstitucionalidad del art. 12 LRT, por lo que corresponde dar tratamiento a estos tópicos.

Se encuentra fuera de debate como ya se dijo, que el actor sufrió el infortunio por el que reclama mientras se encontraba embarcado en el viaje pesquero convocado por la empresa Cañada del Puerto S.A., así como también que, dicho viaje se extendió desde el 23/4/2015 al 19/05/2015 y que duró 27 días (v fs. 10 y 52/52 vta. y 53). De ello se sigue que la circular 2/98 de la SRT -que resulta aplicable al caso por tratarse de un contrato de ajuste- aclara el procedimiento a seguir para el cálculo del ingreso base. Así en el punto 1.b. 2) establece que para el caso de un trabajador que presta servicios en forma discontinua (contrato de temporada, a plazo fijo o de ajuste -Ley de la Navegación-, etc) o eventual, se deben computar los días corridos desde el comienzo de la vigencia del contrato hasta el día del accidente inclusive, sin tener en cuenta los contratos anteriores que dicho trabajador pudo haber tenido con el mismo empleador, en el último año.

Si se computan las remuneraciones que devengó el actor durante el período que estuvo embarcado -27 días- y que se informan en la planilla de AFIP incorporada con fecha 1/2/2021, no objetadas por el pretensor y menos aún desvirtuadas por prueba alguna producida en autos, resulta que el VIBM asciende a $ 16.717,32 (resultado de sumar las remuneraciones allí informadas $ 14.847,62 / 27 por 30,4), siendo que en la sentencia de origen se computó un VIBM de $ 7.523, con lo cual la disparidad es evidente.

Desde tal óptica, debe concluirse que le asiste razón al actor en su pretensión de que se compute el ingreso base mensual de conformidad con las pautas de la circular citada. Lo dicho, torna innecesario el tratamiento del planteo de inconstitucionalidad del art. 12 LRT.

Por consiguiente, y teniendo en cuenta el VIBM indicado supra de $ 16.717,32, y teniendo en cuenta los demás parámetros establecidos en el decisorio de grado de fecha 23/3/2021, el actor resulta acreedor a la suma de $ 294.181,90 ($ 16.717,32 x 53 x (65/37) x 18.90%).

A dicha suma deberá adicionarse la indemnización adicional prevista en el art. 3 de la Ley 26.773 que arroja un total de $58.836,38 por lo que la indemnización asciende a $353.018,28 importe respecto del cual deberá descontarse la suma de $78.000, segmento del decisorio que llega firme a esta instancia revisora. Por lo que el actor resulta acreedor a la suma de $275.018,28 con más los accesorios fijados en origen que llegan firme a esta alzada.

III. A continuación, se queja la aseguradora por la fecha de inicio del cómputo de los intereses apuntando que el marco legal que nos ocupa no indica la imposición de intereses en la forma dispuesta y que dicho tópico, en su caso, debería ser calculado desde la fecha de la sentencia o, en última instancia, desde la notificación de la pericia médica y no desde la fecha del accidente.

Empero, no comparto el argumento expuesto por la apelante, máxime si se tiene en cuenta que el interés es el resultado de la mora. Al existir mora, se deben intereses, y los mismos deben calcularse a una tasa que no resulte ajena a las posibilidades de endeudamiento del acreedor que debe proveer a un crédito de carácter alimentario.

Sentado ello, repárese que la magistrada de grado dispuso que la fecha de inicio del cómputo de los intereses correrá desde la fecha del infortunio-esto es, 16.05.2015-, solución con la que habré de concordar de conformidad con el art. 2 de la ley 26.773 que dispone que “(...) El derecho a la reparación dineraria se computará más allá del momento en que se determine su procedencia y alcance, desde que acaeció el evento dañoso (...)”, de lo que se sigue que la extensión del crédito dinerario se retrotrae a las oportunidades previstas por la norma.

Por este motivo, la sentencia de origen debe ser confirmada en este punto, aclarando que la determinación de la incapacidad al momento del alta médica o con posterioridad a la misma, no hace existir la incapacidad, sino que simplemente la declara, por lo que el daño es siempre preexistente a ésta y en consecuencia el reconocimiento de pérdidas e intereses corresponde desde el momento en que se produjo el daño, fecha en que por otra parte se calcula la prestación.

Al ser ello así, el reconocimiento de pérdidas e intereses corresponde desde el momento en que se produjo ese daño en tanto el cómputo de los intereses debe hacerse desde el momento del evento dañoso, hecho que da nacimiento a la obligación de indemnizar (cfr. art. 1748 del CCC antes art. 1083 Código Civil).

Por lo expuesto, este aspecto de la sentencia debe ser confirmado.

IV.La solución propuesta implica adecuar la imposición de costas y regulación de honorarios de primera instancia (conf. art. 279 CPCCN) y proceder a su determinación en forma originaria, lo que torna abstracto el tratamiento del agravio planteado en tal sentido.

Las costas, y por ambas instancias, se impondrán a cargo de la demandada vencida (art. 68 CPCCN).

Por otra parte, teniendo en cuenta la entrada en vigor de la ley 27.423, la observación del art. 64 del texto normativo sancionado por el Congreso de la Nación y la promulgación parcial dispuesta por el decreto 1077/2017 (art. 7), corresponde determinar cuál es la ley aplicable a los trabajos cumplidos con anterioridad a la entrada en vigor de dicho texto normativo.

Al respecto, recientemente la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha establecido por mayoría -con arreglo a lo decidido por ese Tribunal ante situaciones sustancialmente análogas- que en el caso de los trabajos profesionales el derecho se constituye en la oportunidad en que se los realiza, más allá de la época en que se practique la liquidación (Fallos: 321:146; 328:1381; 329:1066, 3148, entre muchos otros). Por ello, concluyeron que “el nuevo régimen legal no es aplicable a los procesos fenecidos o en trámite, en lo que respecta a la labor desarrollada durante las etapas procesales concluidas durante la vigencia de la ley 21.839 y su modificatoria ley 24.432, o que hubieran tenido principio de ejecución (arg. art. 7 del decreto 1077/2017, considerandos referidos al art. 64 de la ley 27.423 y doctrina de Fallos: 268:352, 318:445 -en especial considerando 7-, 318:1887, 319:1479, 323:2577, 331: 1123, entre otros” (CSJ 32/2009 (45-E) /CS1, originario, “Establecimiento Las Marías S.A.C.I.F.A. c/ Misiones, Provincia de s/ acción declarativa”, sentencia del 4 de septiembre de 2018).

Resulta necesario, entonces, ante la entrada en vigor de un nuevo ordenamiento arancelario, discriminar aquellas tareas pasadas durante la vigencia del régimen anterior, de las que se hicieron a partir de la operatividad del nuevo sistema.

De tal modo, en el caso, en tanto los trabajos profesionales por la labor cumplida en primera instancia se realizaron en casi su totalidad estando en vigencia la ley 21.839, el art. 38 L.O., el art. 13 de la ley 24.432 y el decreto ley 16.638/57, habrán de utilizarse las normas arancelarias allí contenidas.

A tal efecto, corresponde regular al patrocinio y representación letrada de la parte actora, de la demandada y de las peritas médica legista y perito psicóloga, por sus actuaciones en primera instancia, en el 16%, 13%, 7% y 7%, respectivamente, del nuevo capital de condena más intereses.

V. Sugiero regular los honorarios a los profesionales actuantes en esta instancia por la parte actora y demandada en el ...% de lo que le corresponda percibir a cada una de las representaciones letradas, respectivamente, por su actuación en la anterior instancia (conf. art. 30 nueva ley de aranceles profesionales).

LA DOCTORA BEATRIZ E. FERDMAN manifestó:

Que por análogos fundamentos adhiere al voto del Sr. Juez de Cámara preopinante.

En virtud de lo que surge del acuerdo que antecede, el TRIBUNAL RESUELVE: 1) Modificar la sentencia apelada y elevar el capital de condena a la suma de PESOS DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL DIECIOCHO CON VEINTIOCHO CENTAVOS ($ 275.018,28), que devengará los intereses a las tasas dispuestas en origen en la forma decidida en el considerando III del primer voto 2) Imponer las costas del juicio y regular los honorarios por los trabajos en cada instancia, conforme lo propuesto en los puntos IV y V del Bprimer voto. 3) Regístrese, notifíquese, cúmplase con el art. 1 de la ley 26.856 Acordadas C.S.J.N. 15/13 punto 4) y 24/13 y devuélvase. Con lo que terminó el acto, firmando los señores jueces por ante mí, que doy fe. Se deja constancia que la Dra. Graciela Liliana Carambia no vota en virtud de lo dispuesto por el art 125

 

Gabriel de Vedia

Juez de Cámara

Beatríz E.Ferdman

Juez de Cámara

 

  Correlaciones:

Ley 26773 - Régimen de Ordenamiento de la Reparación de los Daños Derivados de los Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales - BO: 26/10/2012

 

 

Cita digital:IUSJU008195F