JURISPRUDENCIA

 

 

 

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Buenos Aires, 17 de agosto de 2021.

Y VISTOS:

1. La actora apeló subsidiariamente la resolución del 07.07.21, mediante la cual el Sr. Juez a quo se declaró incompetente para entender en las presentes actuaciones, en razón del domicilio del deudor y por considerar que cabía presumir que el objeto perseguido en el pleito deriva de una operación financiera o crédito para el consumo, alcanzado por las previsiones de la ley 24.240. El recurso fue rechazado por el anterior sentenciante con fundamento en que la decisión no causa gravamen irreparable, toda vez que la ejecutante puede iniciar la ejecución ante la jurisdicción del domicilio del deudor. Ello motivó la queja (v. fs. 1/12).

La Sra. Fiscal de Cámara dictaminó a fs. 15/18.

2. Contrariamente a lo decidido por el Sr. Magistrado, la declaración de incompetencia es susceptible de causar gravamen al apelante (CNCom., Sala D, in re “Servicio Electrónico de Pago SA c/ Pérez, Raúl Fernando y Otros s/ Ejecutivo s/ Recurso de Queja”), en tanto le impone litigar en extraña jurisdicción, con los consiguientes gastos que ello puede irrogar, motivo por el cual se estima el recurso del accionante.

3. Ahora bien, en casos -como este- en donde el contenido del recurso aquí concedido, puede resolverse con las constancias con las que se cuenta, el Tribunal considera un dispendio inútil la remisión de estas actuaciones a primera instancia -ante la apertura del recurso por esta Sala- para que finalmente, sean elevadas nuevamente para su tratamiento.

Ello así, en razón a la celeridad y economía procesal se resolverá en esta queja el contenido de la apelación.

4. Los fundamentos del dictamen fiscal de fs. 15/18, que esta Sala comparte y a los que se remite por razones de brevedad argumental, son suficientes para rechazar los agravios.

El régimen de defensa del consumidor determina la competencia por el domicilio real del demandado -art. 36, último párrafo de la ley 24.240, t.o. según ley 26993-, ello a fin de preservar el derecho a la defensa en juicio del aludido consumidor en la inteligencia de que su ejercicio no se vea obstruido si la causa se aleja de los jueces del domicilio de la parte presuntamente débil en una relación negocial -arg. arts. 36 y 37 LDC-.

En tanto el objeto de la demanda es la ejecución de un bien prendado, la cuestión debe subsumirse en un supuesto vinculado con una operación de financiación para el consumo, por aplicación del art. 36 de la ley citada, y por ello debe conocer en el litigio el Tribunal que corresponda al domicilio real del consumidor, debiendo reputarse nula cualquier cláusula de prórroga de competencia convenida (en similar sentido, CNCom., esta Sala in re “HSBC Bank Argentina SA c/ Lizarraga, Gabriel Maximiliano s/ Secuestro Prendario”, del 16.08.18).

Ello así, por cuanto si bien le asiste razón al recurrente en cuanto a que se trata de un furgón y el demandado indicó tener la profesión de comerciante, del contrato de prenda obrante a fs. 2/22 de los autos principales, resulta que el rodado fue destinado al “uso privado” y no a la producción de bienes y servicios, como se sostuvo en los agravios, lo que torna aplicable las previsiones de la Ley 24240.

A ello cabe agregar que nuestro Máximo Tribunal decidió que “...el artículo 36, último párrafo, de la ley 24.240, texto según la reforma operada por la ley 26.361, establece que "será competente, para entender en el conocimiento de los litigios relativos a contratos regulados por el presente artículo, siendo nulo cualquier pacto en contrario, el tribunal correspondiente al domicilio real del consumidor”. 3°) Que la mencionada norma, encabeza el capítulo referido a las operaciones financieras para consumo y de crédito para consumo, sin efectuar distinción ni exclusión de ninguna especie. 4°) Que según inveterada doctrina de esta Corte, cuando una ley es clara y no exige mayor esfuerzo interpretativo, no cabe sino su directa aplicación, con prescindencia de consideraciones que excedan las circunstancias del caso expresamente contempladas por la norma (Fallos:324:291, 1740 y 3143; 328:1774, entre muchos otros). 5°) Que, con independencia de cualquier valoración que pudiera efectuarse sobre la citada disposición legal, resulta con prístina claridad que, en el caso, el negocio jurídico concertado entre el acreedor y el deudor -contrato de mutuo con garantía prendaria- queda comprendido en la regla de competencia contenida en la norma bajo análisis, al tiempo que el carácter de las partes intervinientes en aquel oincide con la formulación normativa que corresponde a los sujetos (consumidor y proveedor, respectivamente) de la relación de consumo (arts. 1°, 2° y 3° ley 24.240, texto según ley 26.361)...” (CSJN, in re “HSBC Bank Argentina SA c/ Gutiérrez, Mónica Cristina s/ Secuestro Prendario del 04.07.17, Fallos 340:905).

En ese contexto, fue bien decidida la cuestión por el anterior sentenciante.

5. Por lo expuesto, se admite la queja y se rechaza el recurso subsidiario, confirmándose la resolución apelada. Sin costas por no haber mediado contradictor.

6. Notifíquese por Secretaría del Tribunal al apelante y a la Sra. Fiscal de Cámara, conforme Acordadas n° 31/11 y 38/13 CSJN.

7. Cúmplase con la publicación a la Dirección de Comunicación Pública de la CSJN, según lo dispuesto en el art. 4 de la Acordada n° 15/13 CSJN, y remítase el presente a la anterior instancia, dejándose constancia que la presente resolución obra únicamente en formato digital.

8. Firman las suscriptas por encontrarse vacante la vocalía n° 5 (conf. Art. 109 RJN).

 

MARÍA L. GÓMEZ ALONSO DE DÍAZ CORDERO

MATILDE E. BALLERINI

 

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HSBC Bank Argentina SA c/Gutiérrez, Mónica Cristina - Corte Sup. Just. Nac. - 04/07/2017 - Cita digital IUSJU017779E

 

 

Cita digital:IUSJU007543F