JURISPRUDENCIA

 

 

 

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En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 27 días del mes de AGOSTO de 2021, se reúnen en acuerdo los jueces de la Sala VIII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo para dictar sentencia en la causa del epígrafe y, de acuerdo con el resultado del sorteo realizado, proceden a votar en el siguiente orden:

LA DOCTORA MARÍA DORA GONZÁLEZ DIJO:

I. Disconforme con la solución de las cuestiones ventiladas en autos, recurre la demandada, a tenor de su presentación digital. Por sus honorarios, lo hace el perito contador.

II. Liminarmente, y a fin de contextualizar el caso sub-exámine, la demandante relata que laboraba para la empleadora, quien la destinó a realizar labores de limpieza en el Hospital Británico. Tarea que efectuó hasta que debió ser intervenida quirúrgicamente por una insuficiencia aórtica y recambio valvular aórtico, afecciones por las que fue dada de alta el 9 de marzo de 2015. A partir del 1/7/2015 fue autorizada para trabajar, lo que hizo, suscitándose a partir de allí una serie de hechos contradictorios, refiere. En lo medular, aconteció que la empleadora no le otorgaba tareas so pretexto de que no se encontraría en condiciones de prestarlas, desatendiendo las indicaciones del médico tratante de la trabajadora, lo que derivó en el profuso intercambio epistolar del que da cuenta en el relato inaugural. Situación que derivó en el despido indirecto dispuesto por Torres, ante la negativa de la empresa de suministrarle tareas y su ulterior silencio.

III. La sentencia de primera instancia recepta favorablemente las pretensiones del inicio. Para así decidir, en lo que aquí interesa, el juez de grado entendió que la negativa de la empleadora no constituyó una actitud ajustada a derecho y, por lo tanto, la decisión rupturista de la demandante fue justificada y legítima.

Tal tesitura promueve la queja de la demandada, quien sostiene que el sentenciante efectúa una incorrecta valoración del sustrato fáctico jurídico del sub júdice.

No le asiste razón y, en esa inteligencia, me explicaré.

De modo preliminar, debo poner de relieve que la crítica que formula la recurrente carece de entidad suasoria, en la medida en que omite repeler debidamente los sólidos fundamentos del pronunciamiento que apela.

De otro lado, la controversia que plantea en su responde y que vanamente reitera en el recurso, obtiene adecuada respuesta en el fallo de grado, circunstancia de la que no se hace cargo en absoluto. En efecto, las argumentaciones que exhibe el memorial en examen, dista de constituir una crítica concreta y razonada de los fundamentos del decisorio. En ese contexto, los desacuerdos que se despliegan carecen de idoneidad recursiva y, por ello, no logran persuadirme de la sinrazón del fallo apelado. Repárese que, de la atenta lectura del memorial, se evidencia notoriamente, que se trata de una mera reiteración de la postura defensiva expuesta al contestar demanda. Circunstancia que, en todo caso, debería haber sido anunciada como una exposición previa del desarrollo de los agravios, más no como uno de ellos, den la medida en que no efectúa la crítica concreta y razonada de los errores y/u omisiones en los que se habría incurrido al decidir. Lo cual determina, sin duda alguna, la deserción del agravio.

A todo evento y sin perjuicio de lo expuesto, para dar una respuesta a los cuestionamientos plasmados en la pieza recursiva, recuérdese que en nuestro ordenamiento laboral no existe ninguna disposición que establezca de qué modos se deben dirimir las cuestiones de discordancia entre los distintos pareceres médicos, cuando se contrapone lo que diagnostica aquel que trata al trabajador y el que actúa a instancias del empleador. Si bien el art. 210 LCT le confiere la potestad a este último, de efectuar los controles médicos que estime procedentes, lo cierto es que nuestra legislación carece de normas que permitan resolver las divergencias entre los diagnósticos contradictorios que invocan empleadora y trabajador frente a una situación determinada. De allí, que la jurisprudencia ha venido a salvar tal laguna legal, sosteniendo, invariablemente, que la empleadora no puede desconocer la validez de un certificado médico aportado por el trabajador, ni restarle eficacia al diagnóstico del profesional que lo trata. De suyo, es el médico tratante quien conoce más profunda y ampliamente al dependiente, y su diagnóstico no puede ser meramente desconocido por el principal a partir de un informe emitido por otro profesional, quien entrevista, ve, revisa o atiende al requerido en una sola o limitadas oportunidades.

En ese orden de ideas, si bien, reitero, se advierte un vacío legal para las situaciones aludidas, dicha diversidad de opiniones no autoriza al principal a otorgar preeminencia a la de su servicio médico ni, mucho menos, a insistir y/o a emplazar al empleado a presentarse a trabajar a pesar de la prescripción de su médico personal, pues en el marco de los principios de buena fe, colaboración y solidaridad (arg. cfr. arts. 62 y 63 L.C.T.), así como de continuidad de la relación laboral (art. 10 L.C.T.), pesa sobre él la carga de actuar “...Prudentemente, realizando las diligencias necesarias para determinar la real situación del dependiente como -por ejemplo -disponer la celebración de una junta o efectuar otras consultas médicas. Por lo tanto, luce evidente la sinrazón del proceder de la empleadora quien, ante la discrepancia médica, en orden a los principios de buena fe y de conservación del contrato previstos por los arts. 10 y 63 de la LCT debió convocar a un tercer galeno o en su caso, respetar las previsiones del art. 208 de la LCT.” (ver arg. Excma. C.N.A.T., Sala IX, en sent. Del 11/2/2.016, en autos: “Greppi, Estefanía Andrea c/ Fressini Instalaciones Sociedad Colectiva s/ despido").

En la misma dirección, también se ha dicho que “...A esta altura del análisis, es preciso memorar que en caso de discrepancia entre los certificados médicos aportados por el trabajador y el control médico efectuado por la empleadora, de acuerdo a la facultad prevista por el art. 210 L.C.T., lo cierto y concreto es que, el art. 62 L.C.T., prevé que, ‘las partes están obligadas, activa y pasivamente, no sólo a lo que resulte expresamente de los términos del contrato, sino a todos aquellos comportamientos que sean consecuencia del mismo, resulten de esta ley, de los estatutos profesionales o convenciones colectivas de trabajo, apreciados con criterios de colaboración y solidaridad’. Por lo tanto, la empleadora debió ante la existencia de certificaciones médicas controvertidas determinar el real estado de salud del accionante (conf. C.N.A.T., Sala II, en sent. Del 21/12/2.012, en autos: Manolio Jorge Ricardo c/ El Cóndor Empresa de Transportes SA y otros/ Accidente -acción civil”; asimismo ver Sala X, sent. Del 30/9/2.013, en autos: “Colombo Liliana Beatriz c/ Banco Macro S.A. s/ despido”)

En función de lo expuesto, lo correcto y prudente, frente a la situación de desacuerdo, hubiera sido disponer la verificación del diagnóstico a través de un tercer dictamen, efectuado por un profesional ajeno a los intereses de las partes o, en su caso, una junta médica concertada y consensuada entre los galenos cuya prescripción se encontraba en discrepancia. . Ello, sin duda alguna, en aras de preservar y observar el principio de buena fe (conf. art. 63 LCT).

En esa ilación debo señalar, igualmente, que carece de todo sustento fáctico y lógico, por tratarse de una mera apreciación subjetiva, las manifestaciones que tan vehementemente profiere, pretendiendo restarle sustento científico al certificado allegado por la Sra. Torres, pues no puede la demandada, antojadizamente y por propia decisión, desconocer la autoridad intelectual e idoneidad profesional del médico que había prescripto que se encontraba en condiciones de prestar tareas livianas.

Vale destacar, por último, que en ningún momento la empleadora adujo, tanto en la instancia de disputa privada, ni en la administrativa ni en esta sede jurisdiccional, que no contara con la posibilidad de otorgarle tareas acordes con lo indicado por los profesionales que la examinaron (conf. art. 212 LCT, párr. segundo).

En suma, por lo dicho, la queja aquí tratada es inadmisible, lo que así dejo propuesto.

IV. No obtendrá mejor suerte el agravio referido a los certificados de trabajo.

Advierto, de inicio, que el juez a quo en ningún momento explica ni fundamenta la condena referida a este ítem, como tampoco esboza ninguna mención a los argumentos expositivos del responde, en tanto la demandada esgrime que la documentación ad-hoc estuvo a disposición de la trabajadora en tiempo y forma, que frente a su reticencia al retiro los depositó en una escribanía, que luego los ofreció en la instancia ante el Seclo y, finalmente, lo anejó a su conteste.

Empero, si bien el intercambio epistolar y las constancias documentales que aduna la recurrente evidenciarían la verosimilitud de dichas circunstancias, lo cierto es que los instrumentos glosados a fs. 64/67 no se encuentran fechados, por lo que no puede inferirse que hubieren sido extendidos en el plazo de ley (conf. art. 80 LCT). A su vez, la constancia de fs. 68, presuntamente emitida por Anses, carece de contenido, de fecha y de certificación de firma, dado que se trata de una sola hoja sin dato alguno. Lo que, a todas luces, impiden conferir validez a tales instrumentos, a la luz de la disposición del artículo 80 citado, artículos 296 y 317 CCCN.

Tal solución obsta, decididamente, a la pretensión revocatoria que articula la quejosa. Así lo voto.

V. En función de las directivas del artículo 38 L.O., ley 21839, ley 27423 y decreto 16638/57, los emolumentos regulados al perito contador no lucen reducidos. De modo tal, que no serán objeto de revisión.

VI. Las costas de Alzada deben imponerse a la demandada, que resulta vencida en los recursos tratados en esta instancia (conf. art. 68 CPCCN).

VII. Por las razones expuestas voto por: confirmar la sentencia de primera instancia; imponer las costas de Alzada a la demandada, y que se fijen los honorarios de las los letrados que suscriben los escritos dirigidos a esta Cámara, en el ...% de lo que les corresponda percibir por su actuación en la etapa previa (conf. art. 30 ley 27423).

EL DOCTOR LUIS ALBERTO CATARDO DIJO:

Que, por análogos fundamentos, adhiere al voto que antecede.

Por ello, el TRIBUNAL RESUELVE:

1. Confirmar la sentencia de primera instancia.

2. Imponer las costas de Alzada a la demandada.

3. Fijar los emolumentos de las representaciones letradas de los letrados que suscriben los escritos dirigidos a esta Cámara, en el ... % de lo que les corresponda percibir por su actuación en la etapa previa.

Regístrese, notifíquese, cúmplase con lo dispuesto en el artículo 4º Acordada CSJN 15/13 del 21/05/13 y oportunamente, devuélvase.-

 

MARIA DORA GONZALEZ JUEZ DE CÁMARA

LUIS ALBERTO CATARDO JUEZ DE CÁMARA

Ante mí:

CLAUDIA ROSANA GUARDIA SECRETARIA

 

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