JURISPRUDENCIA

 

 

 

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En la Ciudad de Buenos Aires, a los 14 días del mes de julio de 2021. para dictar sentencia en los autos: “LUCATINI, FRANCO C/ CONVENIO MARCO MJYDH ACARA AUTOMOTOR LEYES 23.283 Y 23.412 S/ DESPIDO”, se procede a votar en el siguiente orden:

LA DOCTORA GRACIELA L. CARAMBIA DIJO:

I.- La sentencia de primera instancia que hizo lugar al reclamo impetrado con fundamento en las disposiciones de la Ley de Contrato de trabajo, llega apelada por la parte demandada a tenor de los agravios que pueden visualizarse mediante el sistema Lex 100.-

Lo propio ocurre con la representación letrada del actor, de la demandada y el Sr. perito contador, quienes consideran reducidos sus respectivos honorarios.-

II.- La crítica principal que realiza la demandada, gira en torno a la conclusión a la que ha arribado la “a-quo” al encuadrar la relación habida entre las partes en el marco del Estatuto del Periodista Profesional(Ley 12.908). –

A mi juicio en el fallo se han analizado adecuadamente todos los elementos fácticos y jurídicos de la causa y no veo en el escrito de recurso, datos o argumentos que resulten eficaces para revertir sus conclusiones.-

He tenido oportunidad de expedirme en los autos “GOYA, SERGIO GABRIEL C/ ACARA ENTE COOPERADOR MJYDH AUTOMOTOR LEY 23.283 S/ DESPIDO” S.D. 55.702 del 10-12-2020, en donde se debatieron cuestiones similares a las presentes.-

Allí señalé que expresamente el art. 2 de la Ley 12.908, establece: “... Se consideran periodistas profesionales a los fines de la presente ley, las personas que realicen en forma regular, mediante retribución pecuniaria, las tareas que les son propias en publicaciones diarias, o periódicas, y agencias noticiosas. Tales el director, codirector, subdirector, jefe de redacción, secretario general, secretario de redacción, prosecretario de redacción, jefe de noticias, editorialista, corresponsal, redactor, cronista, reportero, dibujante, traductor, corrector de pruebas, reportero gráfico, archivero y colaborador permanente. Se incluyen como agencias noticiosas las empresas radiotelefónicas que propalen informativos o noticias de carácter periodístico, y únicamente con respecto al personal ocupado en estas tareas.

Se entiende por colaborador permanente aquel que trabaja a destajo en diarios, periódicos, revistas, semanarios, anuarios y agencias noticiosas, por medio de artículos o notas, con firma o sin ella, retribuidos pecuniariamente por unidad o al centímetro, cuando alcance un mínimo de veinticuatro colaboraciones anuales. Quedan excluidos de esta ley los agentes o corredores de publicidad y los colaboradores accidentales o extraños a la profesión.

No se consideran periodistas profesionales los que intervengan en la redacción de diarios, periódicos o revistas con fines de propaganda ideológica, política o gremial, sin percibir sueldos...”.-

En cuanto a la aplicación del Estatuto, periodistas, personal comprendido y excluido y la naturaleza de la prestación se ha dicho que fin de determinar la calificación profesional de acuerdo a las distintas categorías que surgen del artículo 23 de la ley 12.908 hay que atenerse a la modalidad de las tareas cumplidas, con prescindencia de la denominación dada al periodista en sus relaciones con el público. Es decir, es la naturaleza de la labor que cumple el trabajador lo que determina la operatividad del estatuto y no el carácter de la empresa dadora de trabajo que puede ser periodística o no.-

Por ello, el carácter de la empresa no es decisivo en tanto en una misma empresa periodística, el trabajador puede regirse por el estatuto ya mencionado, pero también en determinados casos por el del personal administrativo de empresas periodísticas (decreto ley 13.839/46), o en su caso, por la LCT, si se trata de un simple empleado u obrero gráfico. Esto es así, porque la aplicación de la normativa específica se vincula con las tareas reales y las funciones que desempeña el trabajador, y sin perjuicio del CCT de la respectiva actividad.-

No obstante las aristas particulares de la agencia conocida en el ámbito judicial como INFOJUS, que difunde noticias jurídicas y novedades jurisprudenciales, su actividad no puede ser excluída del estatuto en cuestión.

Si bien la demandada desconoció la aplicación de convenio colectivo alguno al actor, reconoció lugar de tareas, y además sus funciones como periodista en el Ministerio de Justicia de conformidad con el contrato que adjuntara como prueba (anexo reservado como sobre de prueba). A la vez, de los recibos acompañados al informe pericial contable (y anexo de fs. 111) surge registrada la fecha de ingreso invocada por el actor, el sector donde cumplía sus tareas y su categoría profesional como periodista con CATEGORÍA C 2, siendo que el detalle de los sueldos devengados por el actor se corresponden con las categorías invocadas, lo que ha resultado corroborado también por las declaraciones de los testigos ARCOMANO (fs. 38); BRIDGER (fs. 43); ORTEGA (fs. 45) y ALVAREZ (fs.91), quienes señalaron el trabajo del actor como periodista en el Ministerio de Justicia, indicando que desde el año 2012 se había creado una agencia de noticias denominada INFOJUS.-

Todo ello sin que resulte obstáculo la falta de acreditación del trámite y exhibición de la matricula a la que refiere el estatuto (arts. 4 y 21) no resulta obstáculo para la aplicación del régimen normativo de los periodistas, tal como sostiene corriente jurisprudencial que comparto.-

En tales condiciones, y dado que la apelante no señala ningún otro elemento de juicio que resulte eficaz para alterar el fallo en este ítem corresponde sin más su confirmación.-

Las argumentaciones hasta aquí vertidas brindan adecuado sustento al pronunciamiento razón por la que se omite el análisis de otras cuestiones que resultan irrelevantes para la solución del litigio, pues no harían variar la conclusión arribada y en tal sentido la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha señalado que los jueces no están obligados a seguir y decidir todas las alegaciones de las partes, sino sólo a tomar en cuenta lo que estiman pertinente para la correcta solución del litigio (Fallos: 272:225, 274:113, 280:320, 144:611, entre otros).-

III.- En lo que respecta a la jornada de trabajo invocada, los testigos antes mencionados fueron precisos y concordantes al relatar que, si bien formalmente el horario establecido era de 40 horas semanales, habitualmente trabajaban entre 10 y 12 horas diarias, además de las guardias pasivas de los fines de semana, sin haber cobrado por ese exceso.

Considero al igual que el “a-quo”, que constituyen prueba testifical idónea del trabajo en exceso del horario establecido en forma habitual (arts. 386 del CPCCN y 90 de la Ley 18.345) aunque no pueda determinarse exactamente cuántas horas suplementarias habría trabajado el actor, debiendo entonces aplicarse la presunción del art. 55 de la L.C.T. en favor de sus afirmaciones, ya que del informe pericial contable no surge demostrado el registro de los horarios cumplidos durante la relación laboral.-

A la vez, a falta de otras constancias para determinar la incidencia de las horas extras en el monto de la remuneración, comparto la conclusión del sentenciante en tanto la determinó en uso de las facultades que le concede el art. 56 de la L.C.T. ($ 55.594,81.-), por lo que sugiero se confirme el fallo también en este segmento.-

Finalmente cabe descartar el planteo que realiza acerca del rubro de condena “horas extras”, en tanto se limita a señalar que teniendo en cuenta la fecha de interposición de la demanda, muchos de los meses incluidos se encontrarían prescriptos, lo que no fue introducido en la oportunidad correspondiente, es decir en el responde, de modo que su tratamiento en la alzada implicaría una violación del principio de congruencia (arts. 34 inc. 4, 163 inc. 6 y 277 del CPCCN).-

IV.- También resulta procedente, como se ha resuelto en grado, la condena al pago de la multa prevista por el art. 80 de la L.C.T. con la modificación introducida por el art. 45 de la Ley 25.345, pues el actor cumplió en tiempo y forma la obligación de requerir su entrega (v. informe de correo de fs. 50) y la circunstancia de que la demandada hubiese puesto a su disposición los referidos instrumentos, no resulta suficiente. Máxime cuando los que acompañó con el responde no contienen los verdaderos datos de la relación laboral habida.-

Sabido es que la entrega de los certificados mencionados es una obligación que debe ser cumplida en oportunidad de la extinción de la relación laboral de forma inmediata a la desvinculación, esto es en el tiempo que razonablemente puede demorar su confección, debiendo constar en ellos las reales características de la relación laboral habida.-

V.- No encuentro razones para apartarme de lo resuelto en primera instancia grado en materia de costas, las que han sido declaradas a cargo de la demandada vencida, en aplicación del principio objetivo de la derrota contenido en el art. 68 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.-

En relación a los honorarios de los profesionales que trabajaron en autos, entiendo necesario indagar en cada caso en qué época o momento se cumplió la tarea que engendró y sirvió de fundamento a la obligación, ya que esa circunstancia determinará cuál es la legislación aplicable.-

Ello debido a que la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa CSJ 32/2009 (45e)/ CS1 originario “ESTABLECIMIENTOS LAS MARÍAS S.A.C.I.F.A. c/ MISIONES, Provincia de s/ acción declarativa” en el acuerdo del 4 de setiembre de 2018 (manteniendo los Fallos: 321:146; 328:1381; 329:1066, 3148, entre muchos otros) y la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires en el fallo “MORCILLO Hugo Héctor c/ PROVINCIA DE Buenos Aires S/ INCOST. Decr.-ley 9020” de fecha 8 de noviembre de 2017, que remite al criterio adoptado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación a partir del precedente que se registra en el Fallo 319:1915 (mantenido en Fallos: 320:31; 2349 y 2756; 321:146; 330, 532 y 1757; 325:2250), han decidido en ese sentido.-

En dichos casos se determinó que frente a una nueva norma arancelaria, como la que en el caso nos ocupa -Ley 27.423 (B.O. del 22/12/2017), promulgada por Decreto 1077/17, que contiene, en su Art. 7, una observación del Art. 64-, la remuneración por la labor en los juicios debe determinarse tomando en cuenta las etapas del proceso cumplidas. Resulta necesario, entonces, ante la entrada en vigor de un nuevo ordenamiento arancelario, discriminar aquellas realizadas durante la vigencia del régimen anterior, de las que se hicieron a partir de la operatividad del nuevo sistema.

En el caso en análisis, en tanto los trabajos profesionales, por la labor cumplida en la primera instancia, se iniciaron estando en vigencia la Ley 21.839, el Art. 38 de la ley 18.345, el Art. 13º de la ley 24.432, habrán de utilizarse las normas arancelarias allí contenidas.

Sobre dicha base, advierto que los emolumentos regulados a los profesionales intervinientes, lucen adecuados al mérito y extensión de la labor desarrollada por cada uno de ellos, por lo que propongo su confirmación.-

VII.- De compartirse mi voto, sugiero que las costas de alzada se declaren a cargo de la demandada (art. 68 cit.) y se regulen honorarios a los letrados intervinientes en el ...% de los determinados para la primera instancia (arts. 16 y 30 de la Ley 27.423).-

EL DOCTOR HÉCTOR CÉSAR GUISADO DIJO:

Comparto la solución propuesta por la Sra. Vocal preopinante en torno a la procedencia de la indemnización del art. 80 de la LCT, pues el vínculo laboral se extinguió el 15 de marzo de 2016 y la actora intimó fehacientemente a la ex empleadora para que le entregase el certificado de trabajo mediante el telegrama del 6 de junio de 2016, entregado el día 7 del mismo mes (cfr. fs. 49 y 50); mientras que la certificación de servicios y remuneraciones y el certificado de trabajo acompañados por la demandada tienen fecha cierta del 6 de julio (la primera) y fecha de aceptación el 14 de junio de 2016 (el segundo), por lo que es evidente que no estuvieron a disposición del actor en el plazo legal.

Por ello, y dado que, con respecto a las demás cuestiones, comparto los fundamentos del voto que antecede, doy el mío en el mismo sentido.

LA DOCTORA BEATRIZ E. FERDMAN No vota (art. 125 de la Ley18.345).-

A mérito de lo que resulta del precedente acuerdo el Tribunal RESUELVE: 1) Confirmar el fallo apelado en todo cuanto ha sido materia de agravios, inclusive en lo atinente a costas y honorarios. 2) Declarar las costas de alzada a cargo de la demandada. 3) Regular honorarios a los letrados intervinientes en el ...% (... POR CIENTO) de los determinados para la primera instancia. 4) Oportunamente, cúmplase con lo dispuesto en el art. 1º de la Ley 26.856 y con la Acordada de la CSJN Nº 15/2013.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

 

Fecha de firma: 14/07/2021

Firmado por: GRACIELA CARAMBIA, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: MONICA B QUISPE, SECRETARIA DE CAMARA

Firmado por: HECTOR CESAR GUISADO, JUEZ DE CAMARA

 

  Correlaciones:

LEY 12908 - Laboral. Periodistas Profesionales. Estatuto. Ratificación - BO: 03/02/1947 -

 

 

Cita digital:IUSJU006682F