JURISPRUDENCIA

 

 

 

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ACUERDO

La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 130.792, "Orkzynski, Uriel Alejandro s/ Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en causa n° 36.842 de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de San Nicolás", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Soria, Kogan, Genoud, Pettigiani, Torres.

ANTECEDENTES

La Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de San Nicolás, mediante el pronunciamiento dictado el 7 de noviembre de 2017, rechazó el recurso interpuesto contra la sentencia del Juzgado en lo Correccional n° 3 departamental que -a través del trámite de juicio abreviado- condenó a Uriel Alejandro Orkzynski a la pena de dos años de prisión de ejecución condicional y cinco años de inhabilitación especial para conducir vehículos automotores -ésta de efectivo cumplimiento- más la imposición de reglas de conducta por el término de dos años, por resultar autor penalmente responsable del delito de homicidio culposo y lesiones culposas en concurso ideal (v. fs. 38/48).

El defensor particular del nombrado -doctor Daniel Alejandro Iñigo- dedujo recursos extraordinarios de nulidad e inaplicabilidad de ley (v. fs. 84/98), siendo concedido sólo el último por el órgano inferior (v. fs. 99/102).

Oído el señor Procurador General (v. fs. 119/123), dictada la providencia de autos (v. fs. 124), presentada la memoria que autoriza el art. 487 del Código Procesal Penal (v. fs. 128/130) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente

CUESTIÓN

¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?

VOTACIÓN

A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:

I. 1. El letrado de confianza del imputado Orkzynski dedujo la via extraordinaria de inaplicabilidad de ley y se agravió de la errónea aplicación de los arts. 62 y 67 del Código Penal (v. fs. 89 vta.).

Sostuvo que la defensa anterior había solicitado la extinción de la acción penal del delito de lesiones culposas y que la Cámara, merced a un análisis erróneo y arbitrario de la ley penal sustantiva, invocando precedentes jurisprudenciales inaplicables al caso y haciendo meras afirmaciones dogmáticas, rechazó el planteo de prescripción y afirmó que la acción penal se encontraba vigente, pese a que habían transcurrido cuatro años desde el último acto interruptivo previo a la sentencia condenatoria de primera instancia (v. fs. 90).

Indicó que el acto procesal que revestía ese alcance era el auto de citación a juicio (v. fs. 393, expediente principal), y atendiendo a que las lesiones graves culposas cuentan con un máximo de pena en abstracto de tres años (arts. 62 inc. 2 y 94, Cód. Penal), al momento de dictarse la sentencia de primera instancia, la acción penal ya estaba prescripta. Agregó que como dicha figura concurre idealmente con el homicidio culposo y, conforme inveterada doctrina de esta Corte, aun en los casos de concurso ideal, la prescripción corre y opera para cada delito por separado, ese era el plazo de prescripción que debía computarse (v. fs. 90).

Explicó que en el fallo impugnado se estableció que "...la sentencia dictada por el Tribunal de Casación de la Provincia de Buenos Aires, en relación [con] la denegatoria de la petición por parte del encausado de obtener el beneficio de la suspensión del juicio a prueba, interrumpe el curso de la prescripción", creando asi, de forma extralegal, una nueva causal de interrupción de las acciones penales (v. fs. 90 y vta.).

Alegó que ello resultaba absolutamente contrario a la ley penal sustantiva vigente, por lo que debía hacerse lugar al presente recurso, revocarse la sentencia y declararse la prescripción de la acción penal del delito de lesiones graves culposas (v. fs. 90 vta.).

I.2. Por otra parte, cuestionó la revisión llevada a cabo por el a quo de la sentencia condenatoria, conforme el precedente "Casal" de la Corte federal y los arts. 8 inc. 2 apartado "h" de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14 inc. 5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

Objetó que la Cámara haya dicho que la defensa pretendía reinterpretar la prueba, pues tergiversó el planteo de esa parte que sólo quería la revisión del fallo, y de este modo dejó sin respuesta y tratamiento los agravios formulados. "En concreto, el planteo de que de todos y cada uno de los elementos probatorios surge de manera palmaria que el accidente automovilístico objeto de autos, se produce por la existencia de agua sobre la calzada, [es] hecho absolutamente imprevisible por parte del encausado, lo cual lo hace inevitable, por su sorpresa, configurándose un claro caso de caso fortuito o de fuerza mayor, en los términos del art. 1370 del Código Civil” (fs. 91 vta., el destacado figura en el original).

Adujo que, al no revisar las pruebas y la supuesta responsabilidad penal del encausado, el Tribunal de Alzada incumplió su función constitucional y convencional más importante. De este modo, consideró que desconoció arbitrariamente la jurisprudencia del caso "Casal” de la Corte federal y del precedente "Herrera Ulloa” de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (v. fs. 91 vta. y 92).

Por último, señaló que lo dicho por la Cámara en cuanto a que el imputado debió representarse la existencia de agua sobre la calzada, constituye sólo un fundamento aparente, que afirma arbitrariamente obligaciones al encausado, sin identificarse siquiera de qué modo aumentó el riesgo permitido violando el deber de cuidado (v. fs. 92 vta.).

II. La Procuración General aconsejó rechazar el recurso intentado (v. fs. 119/123).

III. Discrepo con la solución propuesta, pues a mi modo de ver, la vía extraordinaria intentada prospera parcialmente.

IV. 1. En lo que atañe al primero de los planteos, la Cámara señaló que de la lectura de las constancias del expediente principal surgía que la defensa había solicitado a favor del encartado la suspensión del juicio a prueba y, previa vista del agente fiscal de intervención, en fecha 28 de mayo del año 2013, el titular del Juzgado en lo Correccional n° 3 departamental habla rechazado tal solicitud (en el marco de la audiencia preliminar del art. 338 del rito); decisión que, apelada, fue confirmada por ese Cuerpo el 19 de noviembre del año 2013, con fundamento en la oposición del titular del Ministerio Público Fiscal, motivando la interposición del recurso de Casación que fuera concedido por el Tribunal de Alzada, siendo finalmente rechazado por improcedente por la Sala V del Cimero Tribunal provincial merced al fallo de 4-XI-2014.

Explicó que en el escenario descripto se imponía resolver si se hallaba extinguida por prescripción la acción penal resultante de la figura imputada o si, por el contrario, las resoluciones dictadas a su respecto, resultaron de entidad interruptora de la acción, e impedían la declaración perseguida por el letrado defensor.

Trajo a colación la doctrina del fallo "Padula" para sostener que el "...caso sometido a estudio del Tribunal constituye una de esas excepciones puesto que el rechazo del beneficio de la suspensión del juicio a prueba, tiene sustento en la imposibilidad de acordarlo, razón por la cual el gravamen no resulta susceptible de reparación posterior, en tanto restringe el derecho del procesado a poner fin a la acción y evitar la imposición de una pena. Es que la finalidad de quien requiere la suspensión del juicio a prueba no es la de obtener una sentencia absolutoria, sino la de no seguir sometido a proceso mediante la extinción de la acción penal”. En el marco de dicha interpretación, de las constancias precedentemente reseñadas se advierte que la defensa requirió un pronunciamiento que ponga "fin al proceso”, que lo torna "equiparable a una sentencia definitiva", por lo cual estimó que "...independientemente de que dicha sentencia consista en la confirmación o rechazo de la denegatoria de suspensión del juicio a prueba, también cabría atribuirle carácter interruptor, pues tal acto procesal revela claramente el mantenimiento de la voluntad persecutoria del estado y ello por cuanto ’la sentencia dictada por el Tribunal de Casación interrumpe el curso de la prescripción’..." (fs. 41 y vta.).

Concluyó que bajo tal lineamiento jurisprudencial interpretativo, y a la luz de lo normado por el art. 67 del digesto fondal, la acción penal no se encontraba extinguida, por cuanto -según ese criterio- debía otorgarse efecto interruptor a la sentencia dictada por el Tribunal de Casación Penal -Sala V- de fecha 4-XI-2014; y, además, tomando en consideración el término de tres años previsto en el art. 62 inc. 2 del digesto de fondo, para la conducta tipificada en el art. 94 del citado ordenamiento normativo, no había transcurrido desde aquella fecha hasta el dictado de la sentencia (20-II-2017), el aludido y necesario período (v. fs. 41 vta.).

IV.2. El agravio prospera, pues le asiste razón al recurrente cuando sostiene que el Tribunal de Alzaba realizó una interpretación errónea del art. 67 del Código Penal.

La citada norma -texto según ley 25.990, que rige el caso- establece entre las causales de interrupción de la prescripción de la acción penal, los siguientes hitos: a) La comisión de otro delito; b) El primer llamado efectuado a una persona, en el marco de un proceso judicial, con el objeto de recibirle declaración indagatoria por el delito investigado; c) El requerimiento acusatorio de apertura o elevación a juicio, efectuado en la forma que lo establezca la legislación procesal correspondiente; d) El auto de citación a juicio o acto procesal equivalente y e) El dictado de sentencia condenatoria, aunque la misma no se encuentre firme.

En autos, el tribunal revisor, a resultas de hacer saber el trámite que tuvo un pedido de suspensión de juicio a prueba por parte del letrado particular de Orkzynski -en tanto fue denegado por el Juzgado en lo Correccional, confirmado ello por la Cámara y con posterioridad por el Tribunal de Casación Penal- consideró que esta última decisión -que rechazó el recurso impetrado- tenía capacidad para interrumpir el curso de la prescripción del delito de lesiones graves culposas. Ello sustentado en lo expuesto en el precedente "Padula" donde se estableció que "...si bien es doctrina del Tribunal que las resoluciones cuya consecuencia sea la obligación de seguir sometido a proceso criminal no reúnen -por regla- la calidad de sentencia definitiva a los efectos del art. 14 de la ley 48 (Fallos: 307:1030; 310:195, entre otros), corresponde hacer excepción en los casos en los cuales su aplicación podría provocar un gravamen de insuficiente, imposible o tardía reparación ulterior (Fallos: 304:1817, 308:1107; 312:2480)" (fs. 41).

De ello se sigue que la Cámara ubica en un mismo estándar el concepto de sentencia equiparable a definitiva con el de sentencia condenatoria al que alude el apartado "e" del art. 67 del Código Penal, en la medida que la decisión de la Sala V del Tribunal de Casación que confirmó la denegatoria del beneficio solicitado fue tomada como hito interruptor de la prescripción de aquel delito.

Por ello acierta el recurrente al decir que el a quo efectuó una interpretación arbitraria desde que la sentencia tenida con capacidad para enervar el curso de la prescripción no es aquella a la que se refiere el aludido art. 67 del Código Penal.

IV.3. Sentado lo anterior, y en cuanto a los demás recaudos del instituto de la prescripción, corresponde señalar lo que sigue.

IV.3.a. En primer lugar, hay que destacar que siendo que los hechos aquí en juzgamiento -a tenor de la sentencia obrante a fs. 18/25 vta.- habrían acontecido el 30 de julio de 2010, es de aplicación -como se dijo más arriba- el art. 67 del digesto de fondo, según texto de la ley 25.990 (B.O. de 11-I-2005; arts. 18, Const. nac.; 2, Cod. Penal y 9, CADH) por ser el vigente al momento de su ocurrencia.

IV.3.b. De otra parte, si bien he adscripto a la tesis del paralelismo para el cómputo del plazo de prescripción de la acción penal en supuestos de concurso ideal de delitos a partir de votar en las causas P. 66.793 ("J., J. s/ Abuso de armas", sent. de 9-XII-2003) y P. 85.149 ("T., J. H. Calumnias e injurias en concurso ideal", sent. de 29-IX-2004), solución que indudablemente, en mi opinión, ha sido receptada en la nueva formulación del quinto párrafo del art. 67 del Código Penal (conf. ley 25.990; doctr. causas P. 71.400 y P. 81.549, sents. de 27-II-2008; P. 71.635, sent. de 9-IV-2008; P. 93.042, sent. de 16-IV-2008; P. 73.735, sent. de 23-IV-2008; P. 83.402, sent. de 23-IV-2008; P. 98.044, sent. de 14-V-2008; P. 76.668 y P. 97.373, sents. de 18-VI-2008; P. 78.001, sent. de 2-VII-2008; P. 61.381, sent. de 3-IX-2008; P. 70.903, sent. de 18-XI-2008; P. 87.980 y P. 71.307, sents. de 26-XI-2008; P. 93.837, sent. de 3-VI-2009; e.o.), cabe referir que éste no ha sido un punto puesto en entredicho en el sub examine, de modo que no es dable fiscalizar su acierto o error.

Nótese que bajo tales presupuestos fue solicitada la declaración de prescripción por la impugnante, en su escrito de fs. 716/729 del principal, agraviándose de que no se hubiera procedido a establecerla de oficio, merced al último acto interruptor dado por la citación a juicio de fecha 26 de marzo de 2013 (conf. art. 67, cuarto párrafo inc. "d", ley 25.990), el criterio de que la prescripción corre separadamente respecto de cada delito también en caso de concurso ideal (art. 54, Cód. Penal), y el plazo de tres años establecido para las lesiones imprudentes (arts. 62 inc. 2, 94 y 67 último párrafo -según ley 25.990 cit.-, todos del Cód. Penal; v. fs. 725), por lo que al dictarse la sentencia de condena de fecha 20-II-2017, el delito de lesiones graves culposas se hallaba extinguido.

Concedido el recurso, se formó el incidente respectivo, elevándose junto con el principal (v. fs. 740 del referido); para luego el 17 de abril de 2017, en cumplimiento de la manda del art. 444 del Código Procesal Penal, hacer saber a los interesados la concesión del recurso de apelación de mentas y la radicación ante la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de San Nicolás, a la par que se fijó audiencia para que comparezca el defensor apelante a los fines del art. 447 del Código Procesal Penal, siendo de todo ello notificado el señor Fiscal General, doctor Héctor Tanus, el día 19 del mismo mes y año (v. fs. 31 y vta. del legajo respectivo), sin que formulara argumentación alguna, ni refutara los agravios de la contraparte, cuando tal era la ocasión propicia al efecto (según doctr. causa P. 115.077, sent. de 24-IV-2013).

Para más, como se reseñara, la Cámara denegó la solicitud de la defensa en este punto en razón de una diversa interpretación del alcance de los actos procesales susceptibles de enervar el curso de la prescripción de la acción penal, en particular, en lo tocante al inc. "e" del cuarto párrafo del art. 67 del digesto penal, mas reputó que el plazo que debía computarse era el de tres años, examinando en paralelo cada delito, y no el de pena mayor (v. fs. 41 vta.).

Notificadas las partes (v. fs. 48 vta. y 56), el imputado recurrió, habiendo -luego en ciertas vicisitudes procesales- deducido su abogado de confianza recursos extraordinarios de nulidad e inaplicabilidad de ley ante esta Corte (v. fs. 84/98 vta.), siéndole concedido sólo el último indicado (v. fs. 99/102), con notificación nuevamente al señor Fiscal General, doctor Héctor Tanus (v. fs. 102 vta.). Recibido el legajo ante esta Corte y subsanado lo concerniente a la falta de notificación al particular damnificado, se confirió traslado al señor Procurador General en los términos del art. 487, párrafo segundo, del Código ritual (v. fs. 116), y posterior dictado de autos para resolver del 30 de julio de 2018 (v. fs. 124), que se notificó a las partes (v. fs. 125), sin que se presentase la memoria a que refiere el último párrafo del precepto antes citado.

En su dictamen el señor Procurador General si bien reputó insuficiente el reclamo, dijo no compartir los fundamentos del a quo para asignar efecto no interruptor a las decisiones adoptadas en el trámite de incidencia previa al juicio y el dictado de la sentencia definitiva, acordando con la posición de la defensa acerca de los actos que revestían ese alcance, no obstante hallándose fuera de controversia la existencia de un concurso ideal entre los delitos de lesión y homicidio culposo, estimó que ello impedía reputar que hubiese operado respecto de las lesiones la extinción de la acción penal por prescripción, a tenor de la interpretación que efectuó del término "separadamente" que no había sido puesto en tela de juicio (art. 67, último párrafo, Cód. Penal).

IV.3.c. Entonces, tomando en cuenta el catálogo de causales de interrupción de la prescripción de la acción penal previstos por el mentado art. 67 del Código Penal, en su cuarto párrafo, desde el auto de citación a juicio de fecha 26 de marzo de 2013 (v. fs. 393 del principal) hasta el dictado de la sentencia condenatoria -no firme- fallada por el órgano de la instancia el día 20-II-2017 (v. fs. 18/25 vta.), ha transcurrido el máximo de duración de la pena correspondiente al delito de lesiones graves culposas -tres años-, computando la prescripción separadamente para los ilícitos involucrados, puesto que ese extremo así determinado en las instancias previas no había merecido objeciones de parte interesada, siendo impropia cualquier otra decisión a su respecto (conf. doctr. arts. 435 y 480, CPP).

IV.3.d. Tampoco se ha establecido que en el plazo a computar el procesado Orkzynski hubiese cometido otro delito con entidad interruptora, a la luz de los informes del Registro Nacional de Reincidencia y de la Dirección de Antecedentes Personales de la Provincia de Buenos Aires (v. fs. 140 y 142).

IV. 3.e. De todo lo expuesto se sigue que corresponde hacer lugar al planteo formulado por el defensor y declarar la extinción de la acción penal, por prescripción, respecto de Uriel Alejandro Orkzynski en orden al delito de lesiones graves culposas (arts. 2, 54, 59 inc. 3, 62 inc. 2, 67 -según ley 25.990- y 94, del Código Penal -texto según ley 25.189-). Por tanto, deben volver las actuaciones a la instancia de grado para una nueva individualización de la pena de conformidad con lo aquí resuelto.

V. Ahora bien, el agravio restante por el que cuestiona la revisión emprendida por la Cámara en lo que refiere al otro delito -homicidio culposo- debe ser desestimado.

V.1. En esta parcela del fallo, el a quo indicó que se encontraba debidamente demostrado en el sub lite la autoría del prevenido en el suceso investigado, sobre todo a partir de la concordancia que dimanaba del contenido del acta de procedimiento, croquis ilustrativo, declaraciones testimoniales, dictámenes mecánicos, certificados médicos, informe cadavérico, fotografías, historias clínicas, autopsia, pericias toxicológicas, informe planimétrico, pericia accidentológica e informes médicos (v. fs. 43 vta. y 44). "De allí es que el pronunciamiento condenatorio se justifica con la ponderación de la prueba que acredita la base fáctica establecida en la sentencia, donde fue descripto que el día 30 de julio del año 2010, siendo aproximadamente las 14,45 horas, a la altura del kilómetro 173 de la ruta nacional nro. 8, un vehículo marca Ford modelo Focus dominio EAD-820 el cual circulaba en dirección hacia la localidad de Arrecifes que era conducido por Uriel Alejandro Orkzynski invadió el carril contrario y colisionó con la parte delantera del vehículo marca Ford, modelo Eco Sport, dominio IYT-157 que circulaba por la mencionada ruta en dirección a Capitán Sarmiento, resultando del evento relatado el deceso inmediato del conductor del rodado embestido José Luis Antelo y las lesiones constatadas sobre los demás tripulantes, todos ellos pertenecientes a la misma familia, Estela Edith Fontana (esposa), Gonzalo Antelo (hijo) y Germán Luis Antelo (hijo) -este último a la postre fallecido producto de las lesiones recibidas- (conforme el acta de procedimiento, dichos de los testigos, pericias médicas e informativas periciales que fueran ponderadas en el fallo en crisis, y que avalan la mecánica del accidente), atribuyendo responsabilidad penal al imputado Orkzynski al haber incurrido en una conducta imprudente y violatoria del deber de cuidado al cruzarse de carril y colisionar contra el vehículo Ford Eco Sport (arts. 39 inciso b) y 50 de la Ley 24.449), siendo culposa la acción típica consumada mediante la transgresión de normas reglamentarias de tránsito (conf. SCBA, A. y S. 1985-III-61), porque si bien existía agua sobre la ruta, fue la maniobra del causante la que produjo el violentísimo embestimiento que en forma elocuente advierten los daños de los rodados y eso no puede desconocerse en manera alguna desde que surge, sin hesitación, de la pericia de fs. 190/194 y de las fotografías incorporadas en autos...” (fs. 44 y vta.).

En esas circunstancias, consideró que el resultado lesivo y fatal en las víctimas se produjo por la conducta del encausado Uriel Alejandro Orkzynski, que al no guardar el deber de cuidado que hacía a la conducción de un rodado en las condiciones climáticas adversas que se presentaban al momento del accidente (día lluvioso), sobrepasó el riesgo permitido erigiéndose en factor exclusivo del hecho acaecido; excluyendo el obrar desplegado en el evento por el conductor del rodado Ford Eco Sport, José Luis Antelo (víctima), al no haberse demostrado que su desplazamiento en el trazado de la ruta incidiera en la causación del siniestro como para eximir de culpa al imputado.

En definitiva, entendió que existió en el caso una relación de determinación entre la conducta imprudente adjudicada a Orkzynski y el resultado lesivo. Destacó que se verificó "...que la conducta dañosa fue determinada por la violación normativa, existiendo conexión entre la antinormatividad y el resultado que justifica la tipicidad culposa. Y es que si se trataba de un día de lluvia [...], no era difícil imaginar que habria agua sobre la ruta, circunstancia que no podía no conocer, quien se trasladaba frecuentemente por la zona [...], y aun cuando así no lo fuera, la conducción de un rodado implica tener dominio sobre el mismo y no constituirse en la causa eficiente del hecho, como en verdad lo fue en el sub examine al invadir y chocar frontal y violentamente el rodado en que se trasladaban las infortunadas víctimas” (fs. 45).

De este modo, coincidió con el juez de grado en la mecánica siniestral que tuvo por probada, en cuanto opinó que mediaba culpa reprochable penalmente en el enjuiciado, no siendo admisible la reinterpretación pretendida de la prueba por el apelante, cuestionando aquellas circunstancias fácticas que el juez tuvo por probadas y de las que dio las razones para asignarles el pertinente valor convictivo.

V.2. De la reseña efectuada, se aprecia que el reclamo de la parte se desentiende de lo efectivamente resuelto, sin evidenciar la restricción cognoscitiva denunciada a tenor de la doctrina y jurisprudencia que cita (conf. causas P. 106.222, resol. de 16-XII-2009; P. 105.539, resol. de 7-IV-2010; P. 109.893, resol. de 2-III-2011; P. 109.716, resol. de 9-V-2012; P. 116.266, resol. de 6-VI-2012; P. 112.272, resol. de 3-VII-2013; P. 116.811, resol. de 12-III-2014; P. 117.162 y P. 118.012, resols. de 4-VI-2014; e.o.).

El a quo desplegó su competencia revisora sin mallas formales desnaturalizadoras, abordó el planteo llevado por la parte en el remedio casatorio y lo descartó brindando las razones que lo llevaron a distanciarse de la postura de la defensa, justificando el temperamento adoptado.

De este modo, lo manifestado por el recurrente en cuanto a que la Cámara sólo otorgó una respuesta que trasunta una mera afirmación dogmática, resulta huérfana de todo sustento argumental, y -por indemostrada- carente de asidero a la luz de las constancias del expediente.

En rigor, las consideraciones esgrimidas en el escrito impugnativo sobre el extremo cuestionado, suponen una pura confrontación con la valoración probatoria, a través de las cuales el recurrente no logra evidenciar que el fallo atacado sea fruto de la mera voluntad de los juzgadores o se asiente en premisas falsas, indefectiblemente inconducentes o inconciliables con la lógica y la experiencia.

Es decir que las diversas aseveraciones formuladas no permiten evidenciar en lo resuelto la concurrencia de un flagrante desvio del raciocinio o la existencia de un juicio arbitrario -tal como lo denuncia- que avale la eventual descalificación del pronunciamiento recurrido como acto jurisdiccional válido (arg. art. 18, Const. nac.).

Las críticas efectuadas en el recurso no pasan de ser una opinión personal contraria al criterio sustentado por el a quo. Y como es sabido, el mero disenso, o la señalización de pareceres diversos no importan un medio de cuestionamiento idóneo, desde el ángulo de la técnica del carril intentado (conf. causas P. 102.516, sent. de 20-VIII-2008; P. 101.759, sent. de 18-XI-2009; P. 104.310, sent. de 25-IX-2009; P. 110.668, sent. de 22-XII-2010; P. 117.860, resol. de 19-III-2014; P. 117.680, resol. de 26-III-2014; e.o.).

Pues, sus cuestionamientos se centran en la afirmación del a quo acerca de que la pretensión de la parte buscaba una reinterpretación de la prueba producida en el debate, sin atender a que medió culpa reprochable a su asistido en la mecánica siniestral, pues la conducta dañosa fue determinada por la violación a la normativa, existiendo conexión entre la antinormatividad y el resultado que se debió a la introducción del riesgo prohibido por parte del encausado.

En consecuencia, a tenor del alcance de las respuestas que exhibe el pronunciamiento en crisis -que fueran aqui transcriptas- para arribar a la confirmación de esta parcela del fallo de condena, se advierte que el Tribunal de Alzada efectuó una revisión compatible con los parámetros impuestos en el ya citado precedente "Casal", en tanto incluyó un juicio crítico de las constancias probatorias (conf. doctr. P. 98.459, sent. de 3-IV-2008).

De este modo, el defensor no consigue justificar que dicho examen haya importado un menoscabo de la garantía prevista en el art. 8 inc. 2 apartado "h" de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, como invoca en su presentación (arg. art. 495, CPP).

Con el alcance dado, voto por la afirmativa.

A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:

I. Adhiero al voto del doctor Soria.

II. Como lo he decidido en la causa P. 79.797, sentencia de 28-V-2003, a cuyas consideraciones me remito, la prescripción de la acción penal corre y se opera en relación con cada delito -aun cuando exista concurso entre ellos (conf. CSJN, Fallos: 186:281; 201:63; 202:168; 212:324; 305:990; e.o.)- debido a que la interpretación y aplicación estrictas de las reglas del concurso real conducen a la acumulación de penas, pero no a la de los plazos de prescripción de las acciones (conf. Zaffaroni, E. R. y otros; Derecho Penal. Parte General, Ediar; Buenos Aires, 2000, pág. 863); interpretación que ha sido receptada en forma expresa por la ley 25.990 (B.O. de 11-I-2005) en el actual art. 67 del Código Penal.

Y si bien con anterioridad a la reforma operada por dicha ley he sostenido que la tesis de la prescripción paralela no resultaba de aplicación para los casos de concurrencia formal de delitos, estimo que -más allá de otras consideraciones- la modificación del quinto párrafo del art. 67 del Código Penal no deja espacio para el debate, pues expresamente indica que la "prescripción corre, se suspende o se interrumpe separadamente para cada delito..." (el destacado me pertenece; conf. causas P. 85.951, sent. de 18-V-2005; P. 71.400 y P. 81.549, sents. de 24-II-2008; P. 90.481, sent. de 12-III-2008; P. 71.635, sent. de 9-IV-2008; P. 73.735, sent. de 23-IV-2008; P. 98.044, sent. de 14-V-2008; P. 77.388, sent. de 4-VI-2008; P. 76.668, sent. de 18-VI-2008; P. 73.321, sent. de 8-VII-2008; P. 61.381, sent. de 3-IX-2008; P. 82.890, sent. de 10-IX-2008; P. 68.562, sent. de 29-X-2008; P. 70.903, sent. de 13-XI-2008; P. 71.307, sent. de 26-XI-2008; P. 75.504, sent. de 22-XII-2008; e.o.).

De tal modo y con arreglo a los restantes fundamentos expuestos por el colega al que adhiero, debe declararse la extinción de la acción penal -en lo que resulta pertinente destacar- respecto de Uriel Alejandro Orkzynski en orden al delito de lesiones graves culposas -que integra un concurso ideal con otro ilícito, por el que venía condenado- (arts. 2, 54, 59 inc. 3, 62 inc. 2, 67 -según ley 25.990- y 94, Cód. Penal).

III. También coincido con sus fundamentos en cuanto a la desestimación del reclamo que denuncia la errónea revisión de la sentencia de condena en el segmento que cuestiona la figura del homicidio culposo, pues considero que el examen realizado por el Tribunal de Alzada se halla comprendido dentro de los parámetros que exige la doctrina del precedente "Casal" de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Con el alcance dado, voto por la afirmativa.

A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:

Comparto la solución que propone el doctor Soria, por sus fundamentos.

Por un lado, porque conforme explica en el punto IV.2. de su voto, constituye una crítica eficiente la que desarrolla el defensor al controvertir, por arbitrario, el razonamiento empleado por la Cámara para denegar la prescripción de la acción nacida del hecho reprochado en los términos del art. 94 del Código Penal. Y dado que dicho ilícito -que resultó concursado idealmente con el delito de homicidio culposo- acaeció estando vigente la ley 25.990 (B.O. de 11-I-2005), se rige indudablemente por sus previsiones.

No obstante, con anterioridad a su dictado, al votar en la causa P. 64.341, sentencia de 6-VII-2003, tuve oportunidad de sostener que a los efectos de determinar si ha operado o no el plazo de la prescripción, deben analizarse separadamente cada uno de los delitos incriminados; sea que concurran de manera formal o materialmente (arts. 54 y 55, Cód. Penal, respectivamente). Ciertamente, la modificación que en igual dirección introdujo la referida ley 25.990 al quinto párrafo del art. 67 del Código citado, no deja margen para ninguna discusión.

Por ello, y demás razones expresadas en el apartado IV.3. de la opinión a la cual me sumo, se impone la solución prescriptiva reclamada por la defensa y el reenvío de las actuaciones a la instancia anterior a fin que determine la pena que corresponda al acusado por el delito de homicidio culposo que subsiste, a tenor de las pautas de mensura que permanecen firmes.

Pues respecto de dicha figura, también adhiero al rechazo del agravio vinculado a la violación a la garantía de la revisión amplia e integral de la sentencia de condena que fundamenta el punto V del sufragio preopinante.

En consecuencia, con igual alcance al precisado por el doctor Soria, doy mi voto por la afirmativa.

A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Pettigiani dijo:

Adhiero al sufragio emitido por el doctor Soria, por sus fundamentos, conforme las consideraciones adicionales que seguidamente expongo.

I. En particular, comparto los señalamientos formulados en los apartados IV.3.b. y IV.3.c. del voto del mencionado Ministro en cuanto expuso su criterio de tener a la temática vinculada con la aplicación por parte de la Cámara del criterio del "paralelismo" para examinar la problemática referida a la extinción de la acción penal de uno de los delitos por los que viene condenado el imputado en "concurso ideal" (art. 94, Cód. Penal -texto según ley 25.189-), como una cuestión que no fue objetada oportunamente por ninguna de las partes intervinientes durante el proceso (más allá de su mención en el dictamen de la Procuración General; v. fs. 119/123 vta.), ni viene controvertida específicamente ante esta sede extraordinaria por parte del aquí recurrente mediante el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley bajo análisis (art. 2, Cód. cit.), esto es por la defensa particular del imputado.

II. Sin perjuicio de todo lo antes expuesto, no puedo dejar de señalar que tales consideraciones formuladas no implican un cambio de postura particular respecto del tópico de la prescripción en orden a los delitos que se hallan enlazados bajo una relación concursal formal, la que vengo sosteniendo reiteradamente en los pronunciamientos de este Tribunal, en donde he señalado que la tesis del paralelismo que se consagró en la parte final del art. 67 del Código Penal a partir de la reforma de la ley 25.990, es aplicable únicamente en el supuesto de concurso real de delitos (conf., mis votos, en causas P. 60.932, sent. de 30-V-2005; P. 92.069, sent. de 27-III-2008; P. 106.562, sent. de 11-VI-2013; P. 125.447, sent. de 27-XII-2017; P. 122.851, sent. de 7-XII-2008; entre muchas otras).

Voto parcialmente por la afirmativa.

A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:

I. Adhiero al voto emitido por el doctor Soria y a las apreciaciones brindadas por el doctor Pettigiani, con algunas consideraciones adicionales propias.

II. En primer lugar, concuerdo con los colegas en que la aplicación por parte de la Cámara de la prescripción paralela de los delitos -que en el caso concurren idealmente- no vino controvertida ante esta instancia conforme fuera explicado por el magistrado que abre el acuerdo en el punto IV.3.b. de su voto, por lo que tal interpretación, dadas las particularidades del caso, no puede ser modificada a esta altura del proceso (conf. arts. 435 y 480, CPP).

III. Sin perjuicio de ello, y lejos de que lo expresado signifique un cambio de postura, quiero dejar asentado mi criterio contrario a la aplicación del cómputo paralelo de los plazos de prescripción para los casos de concurso ideal de delitos, por los motivos que a continuación explicaré.

Para que el cómputo de la prescripción opere independientemente se exige la concurrencia de más de un delito, es decir, una pluralidad de hechos que por definición importan acciones paralelas que poseen plazos separados de prescripción, tomando en cuenta el máximo de la pena conminada en el tipo penal del que se trate (art. 62 inc. 2, Cód. Penal).

Sin embargo, en el concurso ideal nos encontramos frente a una única conducta que encuentra adecuación típica en más de una figura penal. Por lo tanto, no se trata de un conjunto de delitos diferentes sino de un delito con varias tipicidades que tiene prevista, como respuesta punitiva, la aplicación de la pena mayor (art. 54, Cód. Penal).

De esta manera, al tratarse de un único suceso, el término de la prescripción en estos casos debe regirse por esa unidad de hecho y computarse teniendo en consideración la pena mayor.

En ese sentido, enseña Roxin: "Las expresiones habituales en el lenguaje técnico 'concurso ideal’ y 'concurso real' se basan en la idea de que en el concurso real efectivamente (= realmente) existen varios hechos, mientras que la pluralidad de infracciones de la ley en el concurso ideal sólo es de naturaleza ideal, es decir, se basan en una pluralidad de tipos realizados mientras que realmente sólo se ha cometido una acción" (Roxin, Claus, Derecho Penal. Parte general, Tomo II, Thomson Reuters-Civitas, Bs. As., 2014, pág. 941).

Bajo ese entendimiento, en los supuestos de concurso ideal de delitos, las calificaciones legales convocadas para resolver la subsunción no deben prescribirse de manera separada, porque justamente no hay pluralidad de hechos y, por ende, de acciones prescriptibles: la acción es única. La existencia de dos calificaciones no debe confundirse con la existencia de dos delitos o acciones penales.

Esta posición ha sido sostenida por calificada doctrina (v. Calvete, Adolfo, Prescripción de la acción penal, Tomo 1, DIN editora, Bs. As., 1989, pág. 77 apdo. "b", con cita a Ricardo C. Núñez; Zaffaroni, Eugenio Raúl; Alagia, Alejandro y Slokar, Alejandro, Derecho Penal. Parte General, 2a edición, Ediar, Bs. As., 2014, págs. 865/866 y 902; Lascano, Carlos J. [h], "Plazos de prescripción de la acción penal. Comienzo del plazo de prescripción de la acción" en Baigún, David y Zaffaroni, Eugenio Raúl [directores], Código Penal y normas complementarias. Análisis doctrinal y jurisprudencial, 3a edición, Tomo 2B, Hammurabi, Bs. As., 2012, pág. 172; Stratenwerth, Günter, Derecho Penal. Parte General i. El hecho punible, Hammurabi, Bs. As., 2016, págs. 549/552).

En conclusión, la modificación del quinto párrafo del art. 67 del Código Penal introducida por imperio de la ley 25.990 no ha provocado la incorporación del cómputo separado de los plazos de prescripción para los casos de concurso ideal de delitos; por el contrario, que la prescripción corra, se suspenda o se interrumpa separadamente para cada delito demuestra la intención del legislador de que el cómputo paralelo se aplique en los casos de concurso real, donde indiscutiblemente existen hechos independientes entre sí y, por ende, pluralidad de acciones y delitos.

IV. Luego de dejar aclarada mi postura sobre el tópico, de todos modos, por las especiales particularidades del presente caso apuntadas en el punto II de este sufragio, voto parcialmente por la afirmativa.

Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente

SENTENCIA

Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, oído el señor Procurador General, se hace lugar parcialmente al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto. En consecuencia, se declara la extinción de la acción penal, por prescripción, respecto de Uriel Alejandro Orkzynski en orden al delito de lesiones graves culposas (arts. 2, 54, 59 inc. 3, 62 inc. 2, 67 -según ley 25.990- y 94 -según ley 25.189-, todos del Cód. Penal).

Asimismo, y de conformidad con el dictamen de la Procuración General, se rechaza en lo demás el recurso de inaplicabilidad de ley traído, con costas (doctr. arts. 495, 496 y concs., CPP).

Se remiten los autos a la instancia de grado para una nueva individualización de la pena de conformidad con lo aquí resuelto.

Se difiere para su oportunidad la regulación de los honorarios profesionales del doctor Daniel Alejandro Iñigo, por los trabajos realizados ante esta instancia (art. 31, ley 14.967).

Regístrese y notifíquese.

Suscripto y registrado por el Actuario firmante, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).

 

REFERENCIAS:

Funcionario Firmante: 07/04/2021 11:25:50 - KOGAN Hilda - JUEZA

Funcionario Firmante: 07/04/2021 16:35:30 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ

Funcionario Firmante: 07/04/2021 16:53:52 - PETTIGIANI Eduardo Julio - JUEZ

Funcionario Firmante: 08/04/2021 10:26:19 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ

Funcionario Firmante: 14/04/2021 17:11:36 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ

Funcionario Firmante: 14/04/2021 19:07:44 - MARTÍNEZ ASTORINO Roberto Daniel - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA

 

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Cita digital:IUSJU005656F