JURISPRUDENCIA

 

 

 

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Buenos Aires, 29 de Abril de 2021

Autos y Vistos; Considerando:

Que, aun cuando no se encuentra debidamente trabada la cuestión de competencia, como acertadamente lo advierte el señor Procurador Fiscal en el acápite II de su dictamen, razones de economía y celeridad procesal, tornan aconsejable dirimir el conflicto.

Que, de conformidad con lo dictaminado, se declara que resulta competente para conocer en las presentes actuaciones el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial n° 2 con asiento en Olavarría, del Departamento Judicial de Azul, Provincia de Buenos Aires, al que se le remitirán por intermedio de la Sala 1 de la Cámara de Apelación de dicha localidad. Hágase saber al Juzgado Federal de Primera Instancia n° 2 de Azul.

 

Firmado Digitalmente por ROSENKRANTZ Carlos Fernando

Firmado Digitalmente por MAQUEDA Juan Carlos

Firmado Digitalmente por LORENZETTI Ricardo Luis

Firmado Digitalmente por ROSATTI Horacio Daniel

 

Suprema Corte:

-I-

El Sr. Sergio Gabriel Pérez interpuso la presente acción, ante el Juzgado Federal nº 2 de Azul, a fin de obtener una reparación por los daños y perjuicios derivados del presunto incumplimiento por parte del Sr. Jorge Alberto Scotton de la cláusula de no competencia incluida en el contrato de transferencia de las acciones de la sociedad “Grupo Infoeme SA”, dedicada a la actividad periodística regional en la zona del centro de la provincia de Buenos Aires. Esa cláusula obligaba a los vendedores de las acciones -entre ellos, el accionado- a no ejercer, por un plazo de diez años, la actividad tocante al objeto de la sociedad transferida. El actor basó centralmente su derecho en disposiciones del Código Civil y Comercial de la Nación y peticionó, además, la reparación del daño extrapatrimonial, el cese de la actividad dañosa y un embargo para garantizar el pleno resarcimiento de los quebrantos (cfse. fs. 89/121).

El juez federal, coincidiendo con el dictamen fiscal, se declaró incompetente con sustento en que la acción remite al estudio de la responsabilidad derivada del incumplimiento de obligaciones contractuales entre particulares y en que no se hallan afectados intereses federales. Dijo que las circunstancias de hecho que motivan el litigio no exceden el marco del derecho privado, ni comprometen los derechos a la libertad de imprenta o los regulados por la ley 27.078. Por dicha razón, apreció que resulta competente la justicia ordinaria de la provincia de Buenos Aires (fs. 123 y 124).

A su turno, la titular del Juzgado en lo Civil y Comercial nº 2 de Olavarría rechazó la radicación por los mismos motivos que la llevaron a declinar la competencia en el proceso cautelar OL 4225/18, caratulado “Pérez, Sergio Gabriel c/ Scotton, Jorge Alberto s/ medidas cautelares (traba/levantamiento)”, agregado por cuerda a los autos principales. En el marco de ese proceso, iniciado por el actor a fin de lograr el dictado de medidas cautelares tendientes a que el demandado suspenda el ejercicio de la actividad comercial desarrollada en el sitio digital denominado “En Línea Noticias”, la magistrada arguyó que podrían verse afectados los derechos de libertad de prensa y de expresión, como así también las telecomunicaciones digitales y el “ciberespacio”, y que en esas materias corresponde entender a la justicia federal. Sobre esa base, juzgó trabado un conflicto negativo de competencia y dispuso elevar las actuaciones a esa Corte para que lo dirima (fs. 9/10 y 149 del principal y 157/158 del agregado).

A su turno, la Cámara en lo Civil y Comercial de Azul, Sala I, declaró mal concedido el recurso de la actora contra la decisión de la jueza de grado que declinó conocer, y ordenó elevar las actuaciones al Tribunal para que dirima el conflicto. Tras precisar que adquirió firmeza lo resuelto en torno a la incompetencia de la justicia ordinaria en el proceso cautelar y que ello fue aceptado por el actor al iniciar una nueva demanda ante el fuero federal, concluyó que la resolución de la contienda por esa Corte configura una cuestión previa dirimente para el litigio (cfse. fs. 161/163).

En ese estado, se confirió vista a este Ministerio Público (v. fs. 165).

Interesa consignar que, además de declinar la competencia, la justicia provincial rechazó la petición de medidas cautelares dirigidas a suspender la actividad comercial del sitio digital “En Línea Noticias” y evitar la transferencia de la titularidad del dominio, así como el pedido posterior de un embargo preventivo (fs. 23/28, 31/33, 89/123 y 140/143 del expte. agregado y 161/163 de las actuaciones principales).

-II-

Para la correcta traba de la contienda de competencia resulta necesario el conocimiento por parte del tribunal que la promovió de las razones que informan lo decidido por el otro magistrado, para que declare si sostiene su posición (ver Fallos: 327:6037, “Fresoni”), y ello no ha ocurrido aquí. No obstante, razones de economía y celeridad procesal y de mejor servicio de justicia aconsejan dejar de lado ese reparo formal y expedirse sobre el conflicto (Fallos: 340:406, “Díaz”; entre varios otros).

-III-

En la tarea de esclarecer la contienda es necesario atender a los hechos que se relatan en la demanda, y después, en la medida en que se adecue a ellos, al derecho que se invoca como sustento de la pretensión, así como indagar en su origen y naturaleza y en la relación de derecho existente entre las partes (cfr. Fallos: 330:811, “Lage”; 341:1232, “Empresa Ciudad de Gualeguaychú SRL”; entre otros).

En los autos, el actor, adquirente de las acciones de la sociedad “Grupo Infoeme SA”, reclama la reparación de los daños y perjuicios derivados de la supuesta violación por el Sr. Scotton -uno de los vendedores de esos títulos- de la cláusula de no competencia incluida en el contrato de transferencia accionario, por la cual los vendedores se obligaban a no desempeñar, por un plazo determinado, actividad inherente al objeto de la firma. Señala que ese objeto social es la actividad periodística en la zona centro de la provincia de Buenos Aires (en formato gráfico, digital y radial, entre otros), y que la cláusula de no competencia fue incorporada para evitar que los vendedores de las acciones - que, a diferencia del actor, contaban con experiencia en el rubro periodístico y su explotación comercial- pudieran luego de realizada la operación, montar un negocio similar que compitiera con la empresa transferida.

Alega que esa cláusula, si bien dejaba a salvo la posibilidad de los vendedores de trabajar como periodistas, les impedía, entre otras cosas, explotar un periódico digital en la zona indicada. Al respecto, acusa al accionado de incumplir su obligación contractual por ser titular de dominio del diario digital de Olavarría “En Línea Noticias” y llevar adelante su explotación. Basa su pedido, centralmente, en los artículos 957, 959, 961, 990, 991, 1061, 1716, 1724, 1725, 1737 y concordantes del Código Civil y Comercial y en la ley 27.078 (cfse. fs. 39/42, 89/121 y 130/147 del principal).

En ese plano, opino que lo central de la controversia involucra cuestiones que no exceden el marco del derecho común, ya que el debate del caso se encuentra ceñido a determinar si corresponde la reparación de los daños y perjuicios invocados por el actor en virtud de los incumplimientos contractuales atribuidos al accionado, en una relación entre particulares fincada en normas del Código Civil y Comercial.

Es que, prima facie, no advierto que en autos resulte esencial e ineludiblemente necesario interpretar el sentido y alcance de reglas federales que regulan lo atinente al servicio de tecnologías de la información y las comunicaciones -leyes 19.798 y 27.078, sus modificatorias y reglamentarias- (v. CSJ 802/2018/CS1, “Proconsumer (Asociación Protección Consumidores del Mercado Común del Sur) c/ Telefónica Móviles Argentina SA s/ sumarísimo”, decisión del 12 de febrero de 2019, y sus citas).

Cabe resaltar a este respecto que, tras el rechazo del planteo cautelar del actor -prohibición de innovar y de contratar- resuelto en sede provincial (en esp. fs. 23/28, 31/33 y 140/143 del expediente agregado), esa parte se abstuvo de reiterarlo en el fuero federal, donde se limitó a solicitar un embargo preventivo (cfse. fs. 89/121).

Por otra parte, opino que la alegada afectación de los derechos de libertad de prensa y expresión carece de suficiente sostén, al menos a esta altura del proceso y en el limitado marco cognoscitivo en el que se deciden estos conflictos, máxime teniendo en cuenta que la cláusula de no competencia inserta por las partes deja a salvo que la actividad periodística podrá ser ejercida por los vendedores (ver cláusula octava; fs. 41 vta.).

Incumbe agregar que la cláusula sexta del contrato en disputa estipuló que toda controversia derivada del mismo será sometida a la jurisdicción de los tribunales ordinarios de la ciudad de Olavarría, provincia de Buenos Aires (v. fs. 41).

En tales términos, no encuentro argumentos suficientes para atribuir el conocimiento del asunto a la justicia federal, máxime, teniendo en cuenta que, dada su índole, es restrictiva y de excepción (Fallos: 324:286, “Fisco Nacional”; entre otros).

-IV-

Por ello, opino que la causa deberá continuar su trámite ante el Juzgado en lo Civil y Comercial nº 2 de Olavarría, provincia de Buenos Aires, al que habrá de remitirse, a sus efectos.

Buenos Aires, 13 de octubre de 2020.

 

ABRAMOVICH  COSARIN

Victor Ernesto

 

  Correlaciones:

LEY 27078 - BO: 19/12/2014

LEY 19798 - BO: 23/08/1972

 

Cita digital:IUSJU005082F