JURISPRUDENCIA

 

 

 

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Buenos Aires, 29 de Abril de 2021

Vistos los autos: “Recurso de hecho deducido por la demandada en la causa Cáceres Carvajal, Héctor Omar c/ EN -M Seguridad- PNA s/ amparo ley 16.986”, para decidir sobre su procedencia.

Considerando:

Que los agravios del apelante encuentran adecuada respuesta en el dictamen de la señora Procuradora Fiscal, a cuyos fundamentos y conclusiones, corresponde remitir, en razón de brevedad.

Por ello, se hace lugar a la queja, se declara procedente el recurso extraordinario y se confirma la sentencia. Con costas. Exímese a la recurrente de integrar el depósito previsto en el art. 286 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, cuyo pago se encuentra diferido de conformidad con lo prescripto por la acordada 47/91. Tómese nota por Mesa de Entradas.Notifíquese, agréguese la queja a los autos principales y, oportunamente, remítase.

 

Firmado Digitalmente por ROSENKRANTZ Carlos Fernando

Firmado Digitalmente por HIGHTON Elena Ines

Firmado Digitalmente por MAQUEDA Juan Carlos

Firmado Digitalmente por LORENZETTI Ricardo Luis

Firmado Digitalmente por ROSATTI Horacio Daniel

 

Suprema Corte:

-I-

A fs. 216/220 del expediente principal (al que me referiré en adelante) la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal (sala V) hizo lugar al recurso interpuesto por el señor Héctor Omar Cáceres Carbajal y dejó sin efecto los actos de la Prefectura Naval Argentina (PNA) que disponían la licencia especial por enfermedad del actor. Resolvió también que, previa acreditación de su aptitud laboral según lo dicta la ley 25.404 -medidas especiales de protección para las personas que padecen epilepsia- se lo restituyera a las tareas que la demandada dispusiera.

Para así decidir, la cámara entendió que los actos por los que se le otorgaba licencia por enfermedad eran inválidos porque no cumplían con el procedimiento establecido por la ley 25.404 en cuanto estipulaba que, ante controversia judicial o extrajudicial, era obligatorio requerir el dictamen de los profesionales afectados al programa sanitario del Ministerio de Salud.

Asimismo consideró que la ley 25.404 tutela a todas las personas que padecen epilepsia y les garantiza el pleno ejercicio de sus derechos, en especial el de trabajar, sea en el ámbito público o privado.

-II-

Disconforme, el Estado Nacional-Prefectura Naval Argentina interpuso el recurso extraordinario de fs. 276/282 que, rechazado (fs. 288/289), motivó la presentación de la queja.

Los agravios, en síntesis, son los siguientes: a) la cámara consintió la aplicación de una norma de derecho común (ley 25.404) por sobre normas de carácter federal (ley 18.398 orgánica de la PNA, decreto 6242/71 reglamento del personal de la PNA y RI PNA 3-043 reglamento de aptitud psicofísica del personal PNA); b) el agente actor no es un simple trabajador sino que es personal con estado policial sometido a un régimen especial; c) en el reglamento de aptitud psicofísica -arts. 07.07 y 09.02 apartado 18- se estipula que la afección o lesión neurológica, entre ellas la epilepsia, será considerada causal de rechazo en ascensos y de permanencia en el servicio y obligan al pase a situación de retiro; d) el pase a situación de retiro obligatorio no significa despido que, de acuerdo a la ley 25.404, es lo que la norma sobre medidas especiales para la epilepsia se encamina a evitar.

-III-

Adelanto que corresponde admitir la queja. Ello así, el recurso extraordinario es formalmente admisible y fue mal denegado toda vez que el superior tribunal de la causa se ha pronunciado en contra de la validez de actos emanados de una autoridad nacional y, además, se cuestiona la aplicación e interpretación de normas federales -ley orgánica y régimen de personal de la Prefectura Naval Argentina- siendo la decisión adversa a los derechos que el recurrente fundó en ellas (art. 14 de la ley 48).

-IV-

Ante todo, cabe decir que la causa se originó con una acción de amparo iniciada por el ayudante de segunda de la PNA, señor Héctor Omar Cáceres Carbajal, a fin de que se resguarden sus derechos laborales y de "carrera militar" ante lo que entendió como un arbitrario y discriminatorio comportamiento de su empleador que lo excluyó de su puesto de trabajo al otorgarle una licencia especial por razones de salud -epilepsia, enfermedad que el actor sufre-. El fundamento de su reclamo estriba en la violación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad -convenciones internacionales integradas al ámbito nacional a través del art. 75 incs. 19 y 23 de la Constitución Nacional- además de no tener en cuenta la ley 25.404 sobre medidas especiales de protección para personas que padecen epilepsia.

La sentencia de primera instancia no hizo lugar al amparo porque entendió que no se advertía una arbitrariedad o ilegalidad manifiesta toda vez que la demandada le había otorgado licencia por una enfermedad reconocida por el propio actor, con la previa intervención del Escalafón Sanidad y de su médico tratante, condicionada aquélla a una nueva revisación y evaluación de su estado de salud.

Apelada la decisión, la cámara revocó el pronunciamiento y sostuvo que la omisión de cumplir con el requisito del dictamen previo del Ministerio de Salud, previsto en los arts. 8° y 9° de la ley 25.404 y su decreto reglamentario, implicaba un arbitrario e ilegítimo accionar de la PNA. Ello así, ordenó dejar sin efecto los actos por los cuales se disponía la licencia especial del actor y, previa acreditación de su aptitud laboral -art. 7° ley 25.404-, se lo restituyera a las tareas que el empleador considerara apropiadas, hasta tanto se diera efectivo cumplimiento al dictamen previo estipulado en la ley mencionada.

Resulta necesario repasar lo dispuesto en la ley 25.404 y su reglamentación, decreto 53/2009. Así, el art. 1° garantiza a toda persona que padezca epilepsia el pleno ejercicio de sus derechos, proscribe todo acto que la discrimine y dispone medidas especiales de protección. Entiende por discriminación a toda invocación que expresa o implícitamente les restrinja el pleno ejercicio de su derecho a obtener o conservar un empleo y acceder al ejercicio de un cargo público, como también a tener el libre acceso a la educación, salud y cualquier otro servicio asistencial o promocional (art. 1° reglamento). Determina que la enfermedad no será considerada impedimento para la postulación, ingreso o desempeño laboral salvo que el médico tratante indique limitaciones o recomendaciones en el certificado de aptitud laboral (art. 2° y 7° de la ley 25.404). La reglamentación dispone: "El profesional que tuviere a su cargo el otorgamiento del certificado de aptitud laboral deberá tener en cuenta el tipo de epilepsia de las personas solicitantes, así como la naturaleza de las tareas a desarrollar o las que se encuentra desarrollando, de manera tal que su ejercicio no ponga en peligro la integridad física del interesado o la de terceros. Para la postulación, ingreso y desempeño laboral, público o privado, serán tenidas en cuenta las aptitudes consignadas en la acreditación expedida por el médico tratante" (art. 7°). La norma expresa que el desconocimiento de los derechos emergentes de ella se considerarán "acto discriminatorio en los términos de la ley 23.592" en cuyo caso actuará el Instituto Nacional Contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (art. 5° de la ley y de la reglamentación). Por su parte, el art. 8° de la ley especifica que: "En toda controversia judicial o extrajudicial en la cual el carácter de epiléptico fuere invocado para negar, modificar y extinguir derechos subjetivos de cualquier naturaleza, será imprescindible el dictamen de los profesionales afectados al programa a que se refiere el artículo 9° de la presente [Ministerio de Salud-autoridad de aplicación], el que no podrá ser suplido por otras medidas probatorias". Finalmente, deja sin efecto toda norma que se le oponga (art. 10 de la ley).

En atención a lo transcripto, no puede soslayarse que la ley cuya aplicación pretende el actor tiene por finalidad conceder a las personas que sufren epilepsia determinados derechos para neutralizar, dentro de lo posible, la desventaja que su enfermedad discapacitante les genera y que dicha protección constituye una política pública de estado que concuerda con los compromisos internacionales asumidos por el Estado Nacional en materia de derechos humanos y de personas con discapacidad.

Sobre tales bases, entiendo que la ley 25.404 resulta aplicable a la PNA e integra y complementa a las normas del régimen de personal de la fuerza; no las sustituye, como interpreta el organismo estatal.

Por lo tanto, como bien se pronunció la cámara, una vez que se cumpla con el dictamen previo de salud que acredite la aptitud laboral del señor Cáceres Carbajal -art. 8° de la ley 25.404- y se Indiquen las limitaciones y recomendaciones que correspondieren, dispondrá la Prefectura Naval Argentina, conforme a su régimen normativo, la continuidad en servicio activo del actor o su pase a retiro obligatorio.

-V-

Por lo expuesto, opino que corresponde admitir la queja, declarar procedente el recurso extraordinario y confirmar la sentencia apelada.

Buenos Aires, 14 de agosto de 2019.

 

LAURA M. MONTI

ADRIANA N. MARCHISIO

Subsecretari a Administrativa

Procuración General de la Nación

 

  Correlaciones:

LEY 25404 - BO: 03/04/2001

 

Cita digital:IUSJU005085F