JURISPRUDENCIA

 

 

 

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En la ciudad de La Plata, a los quince días del mes de abril de dos mil veintiuno, celebran telemáticamente acuerdo ordinario el señor Juez vocal de la Sala Segunda de la Excma. Cámara Segunda de Apelación, doctor Leandro Adrián Banegas, y el señor Presidente del Tribunal, doctor Francisco Agustín Hankovits, por integración de la misma (art. 36 de la Ley 5827), para dictar sentencia en la Causa 129206, caratulada: "FINANPRO S.R.L. C/ CIANCIO CARLOS ALBERTO S/ COBRO EJECUTIVO (DIGITAL)", se procedió a practicar el sorteo que prescriben los arts. 168 de la Constitución Provincial, 263 y 266 del Código Procesal Civil y Comercial, resultando del mismo que debía votar en primer término el doctor HANKOVITS.

La Excma. Cámara resolvió plantear las siguientes cuestiones:

1a. ¿Es justa la resolución apelada de fecha 16 de septiembre de 2020, apartado 3?

2a. ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?

A LA PRIMERA CUESTION PLANTEADA EL SEÑOR PRESIDENTE DOCTOR HANKOVITS DIJO:

1. Vienen las presentes actuaciones a efectos de tratar el recurso de apelación interpuesto por la parte actora -a través de su letrada apoderada- con fecha 4 de octubre de 2020, contra el resolutorio de fecha 16 de septiembre de 2020, en cuanto dejó establecido que el demandado se encuentra amparado por el beneficio de gratuidad de la legislación del consumidor, no pudiéndosele cobrar las costas del proceso. Concedido en fecha 8 de octubre de 2020, el embate se sustenta en el memorial de fecha 19 de octubre de 2020, ordenado sustanciar mediante providencia del 3 de diciembre de 2020 y que mereciera la respuesta de la parte demandada de fecha 9 de diciembre de 2020. Finalmente, el día 5 de abril de 2021 dictaminó el señor Fiscal de Cámaras, encontrándose los autos en estado de resolver.

2. En prieta síntesis, se agravia la apelante pues -citando un precedente jurisprudencial- entiende que una vez franqueado el acceso a la jurisdicción merced al beneficio de justicia gratuita, el litigante queda sometido a los avatares de los procesos, incluidas las costas.

Sostiene que lo decidido viola y desnaturaliza el régimen de interdependencia de las obligaciones, desde que la deudora deberá pagar su obligación principal y quedará eximida -sin ninguna razón a su entender- de la accesoria obligación de abonar los estipendios profesionales.

Por último, solicita que el beneficio de gratuidad concedido no se extienda al pago de las costas y honorarios (ver memorial del 19/10/2020, sistema Augusta).

3. A. Liminarmente, cabe destacar que el beneficio de gratuidad es otorgado por ministerio de la ley y no por el juez de la instancia anterior, no precisando de una petición de parte para su otorgamiento.

Al respecto, se ha dicho que el beneficio de justicia gratuita que regula la ley 24.240 de Defensa del Consumidor -LDC- es de por sí una figura autónoma -pues ni el artículo 53, ni el 55 remiten a las reglas del beneficio de litigar sin gastos contempladas en el ordenamiento procesal aplicable, sino que se limitan a conferir gratuidad sin otro aditamento-, el cual opera automáticamente por ministerio de la ley, aun cuando es igual en sus alcances al beneficio de litigar sin gastos en cuanto exime al beneficiario de los mismos gastos -así del depósito del artículo 286 del Código Procesal Civil y Comercial -en adelante, CPCC-; del pago de la tasa de justicia; y de las costas del proceso- pero que no se confunde con aquél, desde que el primero no depende de instancia o pedido de parte, es definitivo y no provisional, no se acuerda a las resultas del pleito -pues la ley lo contempla para todas las acciones iniciadas, aprehende necesariamente la gratuidad de todos los gastos de justicia y no está sujeto a la condición resolutoria de que el beneficiario mejore de fortuna, a diferencia de lo que en tal sentido se establece en el Código Procesal Civil y Comercial con relación al beneficio de litigar sin gastos (conf. Kielmanovich, “Beneficio de litigar sin gastos y beneficio de justicia gratuita”, publicado en “La Ley” el 23/8/19, cit. on line AR/DOC/2535/19; esta Sala, causa 126.699, RSD 12/20, sent. del 13/02/2020).

B. Por otro lado, deviene menester señalar, como se expusiera en el párrafo anterior, que el beneficio de gratuidad es una figura autónoma y con características distintas al beneficio de litigar sin gastos. Es en ese entender, la ley 24.240 -ley nacional, LDC- como la ley 13.133 -ley provincial, Código Provincial de Implementación de los Derechos de los Consumidores y Usuarios- regularon en forma específica la mentada franquicia.

En efecto, en el presente cabe destacar que el artículo 53 de la Ley 24240 -LDC- dispone, en lo que aquí interesa, que “... las actuaciones judiciales que se inicien de conformidad con la presente ley en razón de un derecho o interés individual gozarán del beneficio de justicia gratuita. La parte demandada podrá acreditar la solvencia del consumidor mediante incidente, en cuyo caso cesará el beneficio”.

Por su parte, el artículo 25 de la ley 13.133 prescribe que: “Las actuaciones judiciales promovidas por consumidores o usuarios, individual o colectivamente, de conformidad con las normas de defensa del consumidor, estarán exentos del pago de tasas, contribuciones u otra imposición económica ...”.

Al preverse en la Ley de Defensa del Consumidor el beneficio de justicia gratuita, el legislador pretendió establecer un mecanismo eficaz para la protección de los consumidores, evitando que obstáculos de índole económica puedan comprometer su acceso a la justicia y, en consecuencia, privarlos de la efectiva tutela de los derechos consagrados en el texto constitucional (CSJN, doct. Fallos: 338:1344). Y ello ha sido replicado en el ámbito provincial. Asimismo, cabe señalar que un plexo jurídico debe ser interpretado “de modo coherente con todo el ordenamiento”, como acontece en la especie, máxime ello que la ley que pretende el impugnante que no sea aplicada es de orden público (art. 65, Ley 24.240 -LDC-).

En ese orden, no es posible soslayar que, en el marco de las relaciones de consumo, el consumidor se encuentra en una situación de debilidad estructural, por ello, y en orden a preservar la equidad y el equilibrio, resulta admisible que la legislación contemple previsiones tuitivas en su favor (esta Sala, causa 126.699 cit.).

En este sentido, la gratuidad del proceso judicial configura una prerrogativa reconocida al consumidor dada su condición de tal, con el objeto de facilitar su defensa cuando se trate de reclamos originados en la relación de consumo (CSJN, “Consumidores Financieros Asociación Civil p/ su defensa c/ Nación Seguros S.A. s/ Ordinario”, sent. del 24/11/2015; considerando 6°; esta Sala, causa 126.699 cit.).

Sobre ese sendero, se advierte que el beneficio otorgado no se limita a la tasa de justicia sino que se refiere a toda “imposición económica”, por lo que cabe concederlo con efectos análogos al del beneficio de litigar sin gastos (esta Sala, causa 120738, sent. del 9/2/2017; causa 126.699 cit.; Sala III, causa 117654, sent. del 14/10/2014; Sala I, causa 120958, Sent del 29/11/2016; “La Gratuidad en las acciones individuales y colectivas de consumo”, por Horacio L. Bersten, Diario L.L., 17 de marzo de 2009, págs. 4 y ss.).

En el caso, si se realiza una interpretación exegética de las normas específicas antes citadas en la que se establecen que “las actuaciones judiciales que se inicien...” (art. 53, Ley 24.240) como “Las actuaciones judiciales promovidas por consumidores...” (art. 25, Ley 13.133) parece asistirle razón a la impugnante dado que tanto iniciar como promover implican una actitud activa de dar comienzo acciones legales. No obstante ello, a tenor del método hermenéutico prevalente conforme la jurisprudencia de la Corte Suprema de la Nación, no cabe hacer lugar al planteo de la recurrente.

En efecto, dicho máximo Tribunal sostiene que, “Al hallarse en juego la interpretación de normas procesales -como ocurre en estas actuaciones a tenor de la naturaleza del instituto cuyo alcance es motivo de decisión-, es aplicable el principio con arreglo al cual las leyes deben interpretarse teniendo en cuenta el contexto general y los fines que las informan y de manera que mejor se compadezca con los principios y garantías constitucionales (CSJN, voto de los Dres. Augusto César Belluscio, Enrique Santiago Petracchi, Eduardo Moliné O'Connor y Antonio Boggiano, en “Estado Nacional (Ministerio de Economía c/ Juzgado Federal de la Provincia de Catamarca s/ inhibitoria. Competencia”, sentencia del 25/08/1992; Fallos: 315:1738); como igualmente, “En supuestos en los que se encuentra en juego la interpretación de una norma procesal, es aplicable el principio con arreglo al cual las leyes deben interpretarse teniendo en cuenta el contexto general y los fines que las informan, de la manera que mejor se compadezcan y armonicen con el ordenamiento jurídico restante y con los principios y garantías constitucionales, en tanto con ello no se fuerce indebidamente la letra o el espíritu del precepto que rige el caso, incluso, en casos no expresamente contemplados, ha de preferirse la inteligencia que favorece y no la que dificulte aquella armonía y los fines perseguidos por las reglas”. (CSJN, “Di Nunzio, Beatriz Herminia s/ excarcelación”, sentencia del 3/05/2005; Fallos: 328:1108). Además, “Es propio de la exégesis buscar el verdadero sentido de la ley mediante un estudio atento de sus términos que consulte la racionalidad del precepto y la voluntad del legislador, ya que lo importante no es ceñirse a rígidas pautas gramaticales sino computar el significado profundo de las normas, pues el cometido judicial no concluye con la remisión a la letra de estas, toda vez que los jueces, en cuanto servidores del derecho y para la realización de la justicia, no pueden prescindir de la ratio legis (razón de la ley) y del espíritu de aquellas”. (CSJN, “Papel Prensa S.A. c/ Estado Nacional, sentencia del 3/11/2015; Fallos: 338:1183). Asimismo, según señala también la misma Corte, en la tarea interpretativa no debe prescindirse de las consecuencias que se derivan de cada criterio, pues ellas constituyen uno de los índices más seguros para verificar su razonabilidad y su coherencia con el sistema en que está engarzada la norma (Fallos 331:1262).

En definitiva, “La interpretación debe hacerse armónicamente teniendo en cuenta la totalidad del ordenamiento jurídico y los principios y garantías de raigambre constitucional, para obtener un resultado adecuado, pues la admisión de soluciones notoriamente disvaliosas no resulta compatible con el fin común, tanto de la tarea legislativa como de la judicial (CSJN, “Díaz Cabral, Marcelo Gonzálo y otros c/ Estado Nacional (Min. de Justicia) s/ empleo público”, sentencia del 18/07/2006; Fallos: 329:2890; “Corradini, Nicolás Nazareno c/ Estado Nacional s/ empleo público”, sentencia del 4/07/2006; Fallos: 329:2419; el resaltado es propio).

En este marco es que “la justicia se entiende más en términos de ponderación de intereses y de valores, diversos y variables, que en una simple subsunción de normas” (GUZMÁN Néstor Leandro, “La ponderación en la reforma procesal civil -Las condiciones relevantes del caso entre la vulnerabilidad y la flexibilización de las formas”; JA suplemento especial del 23-9-2020 sobre Las reformas procesales en estudio; p. 68 y sigtes).) impregnando así, en mi opinión, al método decisorio de un racionalismo teleológico.

La tutela de los consumidores y usuarios tiene, como se sabe, no sólo protección legal, sino especialmente constitucional (arts. 42 Const. Nac. y 38 del Carta magna provincial).

En este contexto y conforme lo antes expuesto, adoptar en la especie el criterio propuesto por la actora apelante, conspira contra la efectiva concreción de la garantía constitucional establecida a favor de los consumidores, tendiente a posibilitar el acceso amplio a la jurisdicción en defensa de sus derechos (conf. arg. CSJN, Fallo: 338:1344).

Ello, sin perjuicio si la aquí recurrente considera que el consumidor posee niveles económicos para soportar los costos del proceso, deberá iniciar el incidente de solvencia a los efectos de hacer cesar la dispensa requerida (art. 53 LDC; “Visión Integral de la nueva ley del consumidor”, por Carlos A. Ghersi y Celia Weingarten, L.L., Doctrina Judicial, Año XXIV, Nro. 17, Buenos Aires, 23 de abril de 2008, pág. 1108 y siguientes).

C. Por las razones precedentemente brindadas, corresponde confirmar la resolución del día 16 de septiembre de 2020, apartado 3, e imponer las costas de Alzada a la actora recurrente en su carácter de vencida (arts. 68, 69, CPCC).

Consecuentemente, voto por la AFIRMATIVA.

El señor Juez doctor BANEGAS, por los mismos fundamentos, votó en igual sentido.

A LA SEGUNDA CUESTION PLANTEADA EL SEÑOR PRESIDENTE DOCTOR HANKOVITS DIJO:

En atención al acuerdo alcanzado al tratar la cuestión anterior corresponde confirmar la resolución del día 16 de septiembre de 2020, apartado 3, e imponer las costas de Alzada a la actora recurrente en su carácter de vencida (arts. 68, 69, CPCC).

ASI LO VOTO.

El señor Juez doctor BANEGAS, por los mismos fundamentos, votó en igual sentido.

CON LO QUE TERMINO EL ACUERDO, dictándose la siguiente:

SENTENCIA

POR ELLO, y demás fundamentos del acuerdo que antecede se confirma la resolución del día 16 de septiembre de 2020, apartado 3, y se imponen las costas de Alzada a la actora recurrente en su carácter de vencida. REGÍSTRESE. NOTIFÍQUESE en los términos del art. 1 del Ac. 3991 del 21/10/20 SCBA. DEVUÉLVASE.

 

DR. LEANDRO A. BANEGAS

JUEZ

DR. FRANCISCO A. HANKOVITS

PRESIDENTE

(art. 36 ley 5827)

 

  Correlaciones:

Consumidores Financieros Asociación Civil p. su defensa c/Nación Seguros SA s/ordinario - Corte Sup. Just. Nac. - 24/11/2015 - Cita digital IUSJU005541E

 

 

Cita digital:IUSJU005075F