JURISPRUDENCIA

 

 

 

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En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, reunidos los Sres. Magistrados integrantes de la Sala Segunda de la Excma. Cámara Federal de la Seguridad Social para emitir pronunciamiento en la presente causa se procede a votar en el siguiente orden:

LA DOCTORA NORA CARMEN DORADO DIJO:

Las presentes actuaciones llegan a conocimiento de la Sala en virtud de un recurso interpuesto por la Iglesia de Scientology de Argentina contra la Resolución N° 617/2017, que al confirmar una anterior ratifico las actas de inspección e infracción labradas en el marco de la O.I. 1412869 por empleado no declarado con relación a los trabajadores Á.A. D. y J. G..

Sostiene la apelante tener una finalidad religiosa y que las personas detectadas no realizan tareas bajo su dependencia por ser feligreses y ministros integrantes de la comunidad que agrupa, encontrándose sus prestaciones personales tuteladas por la ley 21.745, es decir fuera del ámbito de aplicación de la ley 24.241.

Desde el punto de vista formal corresponde proceder a la apertura de la instancia judicial por cuanto se ha satisfecho el depósito previo que la legislación vigente impone como presupuesto insoslayable para conocer el planteo articulado (ver fs. 278).

En cuanto al fondo del tema sometido a juzgamiento entiendo que asiste razón a la asociación impugnante.

La emplazada se encuentra inscripta como entidad religiosa autorizada para actuar en el territorio nacional en los términos establecidos por el artículo 1° de la ley 21.745 (ver fs. 268/9).

Ahora bien, tanto el Sr. D. como el Sr. G. han negado ser dependientes de la Iglesia de Scientology de Argentina presentándose como simples feligreses y ministros voluntarios de la orden. Explican que sus prestaciones las realizan en servicio a la comunidad con un fin no lucrativo ya que cuentan con sus propios ingresos -D. manifestó ser sereno en un edificio, G. como agente inmobiliario, ver fs. 58/9 y 66/7- sin que la circunstancia de que perciban un rédito económico por sus servicios -reconocen que se les abonan viáticos- pueda servir de base para considerar que son dependientes de la entidad religiosa que integran en su condición de fieles.

La legislación vigente establece que habrá contrato de trabajo, cualquiera sea su forma o denominación, siempre que una persona física se obligue a realizar actos, ejecutar obras o prestar servicios a favor de la otra y bajo su dependencia (art. 21 LCT) pero la manda legal no excluye la existencia de otras prestaciones -como las benevolentes que puede realizar una persona en beneficio de otra por razones de vecindad o afecto- las familiares -realizadas por integrar una misma comunidad de vida- y hasta las religiosas que son las que nos ocupan en autos y que, en realidad, están dirigidas a la comunidad de fieles.

El Superior Tribunal de la Nación ha descalificado decisiones similares a la que nos ocupa por haber tipificado como relación de trabajo la prestada por una voluntaria social en beneficio de una entidad dedicada a combatir adicciones (CSJN. 24/04/18, “Correcher Gil, Dolores c/Remar Argentina Asociación Civil” Fallos 341:416) y la doctrina ha señalado que, por regla, tampoco quedan comprendidos en el ámbito de aplicación material de la LCT los trabajos realizados por los religiosos por ser actividades vinculadas con el rito que claramente no pueden configurar un vínculo laboral, ni las prestadas en beneficio de la comunidad o congregación, salvo que los servicios sean prestados para una empresa ajena a la congregación (Fernández Madrid, “Tratado Práctico de Derecho del Trabajo”, T°I pág. 654/7, citado por Pirolo -dir.- “Derecho del Trabajo Comentado” T°I pág.1059; ídem. Vázquez Vialard -dir.- “Tratado de Derecho del Trabajo” T° III pág. 447) que no es el supuesto que nos ocupa.

Se ha precisado, en tal sentido, que cuando un religioso trabaja para una orden no media un contrato de trabajo, pues es otro el espíritu que reina entre las partes y aun cuando por ello pudiera recibir un estipendio, éste no tiene carácter de salario. Las tareas que realiza son parte de las obligaciones contraídas con la orden al ingresar en ella (Ruprecht, “Contrato de Trabajo, Empleo y Desocupación” pág. 345/6) habiéndose puntualizado que los servicios que presta el trabajador en templos y en lugares consagrados al culto no tienen carácter laboral, en el sentido de su protección por la legislación del trabajo. Esta conclusión no está referida a un determinado culto, ni es óbice para llegar a la misma el hecho que se halle determinada la religión del Estado (Cabanellas, Guillermo, “Tratado de Derecho Laboral” T°II, volumen 1º pág. 230).

No olvido que ni D. ni G. han hecho votos de pobreza y/u obediencia, pero tales requisitos son exigidos sólo en ciertas religiones y puede afirmarse que, atento las referencias dadas por los declarantes -tener actividad autónoma, integrar una comunidad que busca captar feligreses- no existe base jurídica suficiente para una condena por violación a las normas previsionales. Sus declaraciones que observo precisas y concordantes han alterado, a mi juicio, la presunción de legitimidad que emana de las actas labradas por los inspectores del organismo actuante en cumplimiento de su tarea (arts. 386 y 456 CPCCN).

El sentido de mi voto determina que las costas se impongan al organismo conforme principio contenido en el artículo 68 del CPCCN.

Con relación a los honorarios, teniendo en cuenta la calidad de la labor realizada, la facultad que otorga al magistrado el artículo 1255 del C.C. y Ccial de la Nación y lo establecido por el Superior Tribunal de la Nación en ocasión de votar la causa “Las Marías SACIFA c/Misiones Provincia de s/acción declarativa” sent. del 04/09/18 en cuanto a que el nuevo régimen legal de honorarios previsto por la ley 27.423 no resulta aplicable respecto a la labor desarrollada durante etapas procesales concluidas durante la vigencia de la ley 21.839 y su modificatoria 24.432, o que hubiera tenido principio de ejecución, propiciaré se regulan los honorarios de representación letrada de la parte actora en ... U.M.A ( $17.555) y los correspondientes a la de la demandada en ... U.M.A ($10.533) conf. CSJN: Ac. 36/2020.

Por lo expuesto propongo se declare la apertura de la instancia revisora, revocar la resolución recurrida ordenando  al ente de control la devolución del depósito efectuado en el plazo de 15 días a partir de la recepción de las presentes actuaciones en sede administrativa. Las costas se impondrán a la demandada (art. 68 CPCCN). Regular los honorarios de representación letrada de la parte actora y de la parte demandada en $ 17.555 y $ 10.533, respectivamente.

EL DOCTOR WALTER F. CARNOTA DIJO:

Concuerdo con el voto que antecede, al que vengo a adicionar fundamentos propios convergentes.

En su memorial recursivo, la quejosa plantea -como cuestión federal- la incidencia en la presente litis de la libertad de cultos. Ello, a criterio del suscripto, habilita especialmente a indagar acerca de la atinencia de la cláusula del artículo 14 CN en esta controversia.

En nuestro sistema constitucional, “la libertad religiosa se desglosa en dos aspectos fundamentales: a) la libertad de conciencia; b) la libertad de culto” (conf. Bidart Campos, Germán J., “Tratado Elemental de Derecho Constitucional Argentino”, tomo I-B, Buenos Aires, Ediar, 2001, p.34). Como se sabe, el segundo aspecto, el más conocido, es reconocido explícitamente por el art. 14 CN, cuando consigna como derecho de todo habitante del territorio de la Nación, el de “profesar libremente su culto”. En sentido complementario, tal como lo ordena el art. 75.22 del plexo de base, debemos examinar las directivas análogas que surgen del llamado “bloque de constitucionalidad”. Allí encontramos, entre otras reglas con jerarquía constitucional, las del art.18 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos que, en lo que aquí interesa, prescribe “la libertad de manifestar su religión o sus creencias, individual o colectivamente, tanto en público como en privado, mediante el culto, la celebración de los ritos, las prácticas y la enseñanza”

La libertad religiosa, y concretamente la de cultos, reconoce variadas “extensiones”, entre ellas, “la cuestión de las normas laborales aplicable a los ministros del culto” (Orrego Sánchez, Cristóbal y Saldaña Serrano, Javier, “Extensiones del derecho fundamental de libertad religiosa”, en “Cuestiones Constitucionales”, número 6, Enero-Junio de 2002, pág.108).

Cabe recordar que, en su momento, esta Sala sostuvo que “la situación concreta de la religiosa cuyo desempeño tuvo como objetivo favorecer la concreción de la finalidad para la cual se creó el establecimiento dedicado a la enseñanza de niños sordos, que está bajo la égida de la comunidad que ella integra, no puede calificar un vínculo de trabajo dependiente, ya que tales servicios fueron propios de su misión como religiosa”(Sentencia del 20 de febrero de 1992, “Trabajo y Seguridad Social”, mayo de 1993, p.62 subrayado agregado). La Alzada laboral capitalina ha expresado, en similar línea, que “la realización de algún servicio a favor de una entidad religiosa (en el caso, Monasterio de Carmelitas Descalzas de Corpus Christi y San Juan), producto de la colaboración por profesar determinada fe, no resulta eficaz para presumir que dicha colaboración se derivara de un contrato de trabajo” (CNAT, Sala VIII, “Enríquez, Diego Germán”, sentencia del 20 de mayo de 2010).

La proyección tributario-previsional de esos servicios, agrupados bajo un rótulo genérico de “trabajos religiosos”, es, precisamente, lo que acontece en el caso de autos.

La declaración testimonial del Sr. Á. A. D. es reveladora cuando señala que la tarea que desarrolla la hace a título de ministro voluntario del culto y sino, de feligrés (ver fs. 58 vta.). Similarmente, el Sr. J. G. (fs. 66vta.). He allí patentizada con nitidez la libertad de poder manifestar su creencia religiosa, lo cual irroga para el Estado, en el caso la AFIP, la de no “interferir” en dicha vocación. Ocurre que la “libertad de profesar” o de “manifestar” el culto, emplazada en cada persona como derecho subjetivo, correlativamente implica o significa la de no interferir en su desarrollo. En este punto, el extenso dictamen número 65/17, que sirve de sustento a la resolución denegatoria en sede administrativa, no se hace cargo de este argumento introducido por los sujetos relevados.

Ocurre que “en un Estado democrático de derecho, la existencia de la teoría del poder tributario en manos del Estado, que lo habilita para exigir el pago de los tributos, debe tener necesariamente como contrapartida el respeto a los principios constitucionales que operan como protecciones para la otra parte de la relación jurídica, que es el contribuyente” (Schafrik, Fabiana Haydee, “Breves reflexiones acerca de un fallo alentador en la aplicación de principios constitucionales en materia tributaria” L.L.1999-E, pág.66). El legislador se ha mostrado, incluso sensible al fenómeno religioso, con exenciones a los cultos en la Ley de Impuestos a las Ganancias y en la del IVA (Aut. cit-, “La libertad de cultos y la tributación”, “Revista Jurídica de Buenos Aires” 2001-559).

No se me escapa la presunción que contiene el art. 23 LCT. Sin embargo, hay una presunción más alta, de neta raigambre constitucional como se ha visto precedentemente, que señala que cualquier restricción al culto debe ser tenida como inicialmente sospechosa en su validez. En fecha reciente, ha dicho nuestro más Alto Tribunal Federal que “una interpretación situada, coherente y que no pierda de vista los objetivos centrales de los mandatos constitucionales, exige asumir con convicción, pero sin fanatismo, la presunción de no contradicción del ordenamiento jurídico en general” (“Lencina, Ramona Magdalena”, sentencia del 4 de febrero de 2021, considerando segundo del voto de la mayoría de la Corte). Es esa interpretación armónica, conciliadora conforme con directivas cimeras, la que me lleva a revocar la resolución apelada. Así lo voto.

EL DOCTOR JUAN A. FANTINI ALBARENQUE DIJO:

Adhiero a la solución propiciada por mis colegas de Sala.

Por lo expuesto el Tribunal RESUELVE: 1) Decretar la apertura de la instancia revisora, 2) Revocar la resolución recurrida y ordenar al ente de control la devolución del depósito efectuado en el plazo de 15 días a partir de la recepción de las presentes actuaciones en sede administrativa 3) Imponer las costas a la demandada (art. 68 CPCCN), 4) Regular los honorarios de representación letrada de la parte actora y de la parte demandada en $ 17.555 y $ 10.533, respectivamente.

 

WALTER F. CARNOTA

Juez de Cámara Subrogante

NORA CARMEN DORADO

Juez de Cámara

JUAN A. FANTINI ALBARENQUE

Juez de Cámara

Ante mí: AMANDA LUCIA PAWLOWSKI

Secretaria de Cámara

 

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C. G., D. c/REMAR Argentina Asoc. Civil s/despido - Corte Sup. Just. Nac. - 24/04/2018 - Cita digital IUSJU059192E

 

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