JURISPRUDENCIA

 

 

 

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En la ciudad de Córdoba, a 30 días del mes de diciembre del año dos mil veinte, reunidos en Acuerdo de Sala “A” de la Excma. Cámara Federal de Apelaciones de la Cuarta Circunscripción Judicial para dictar sentencia en estos autos caratulados: “LIBERTAD c/ SIECYGCE - MDP Y OTRO s/AMPARO LEY 16.986” (Expte. Nº: FCB 9200/2020/CA1), venidos a conocimiento de este Tribunal en virtud de los recursos de apelación interpuestos por las partes demandadas, por un lado el Estado Nacional - Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación con la representación jurídica del doctor Carlos Daniel Lencinas y por otro lado la Dirección General de Aduanas dependiente de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) con la representación jurídica del doctor German Serrichio, en contra del proveído de fecha 4 de noviembre de 2020 dictado por el señor Juez Federal N° 2 de Córdoba.

Puestos los autos a resolución de la Sala, los señores Jueces emiten su voto en el siguiente orden: IGNACIO MARIA VELEZ FUNES - EDUARDO AVALOS - GRACIELA S. MONTESI.

El señor Juez de Cámara, doctor Ignacio María Vélez Funes, dijo:

I.- Llegan los presentes a estudio y decisión del Tribunal en virtud de los recursos de apelación interpuestos por las partes demandadas, por un lado el Estado Nacional - Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación con la representación jurídica del doctor Carlos Daniel Lencinas y por otro lado la Dirección General de Aduanas dependiente de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) con la representación jurídica del doctor German Serrichio, en contra del proveído de fecha 4 de noviembre de 2020 dictado por el señor Juez Federal N° 2 de Córdoba que dispuso, en lo que aquí interesa: “Que, las razones señaladas, corresponde hacer lugar a la medida cautelar solicitada en los términos del art. 204 del ritual. En consecuencia, se ordena a la Secretaria de Industria y AFIP-DGA, para el caso que se encontraren cumplidos los recaudos exigidos y requerimientos formulados en torno a la normativa aplicable al caso, la liberación a plaza de la mercadería declarada, y permita su comercialización, manteniendo la vigencia de los certificados de origen y la Declaración jurada de composición de productos (DJCP), expedidos para el proceso de importación indicado en la SIMI (20017SIMI019234M). A tal fin, previo a la notificación de la medida aquí dispuesta, se requiere como contra cautela la fianza personal de tres (3) letrados inscriptos en la matricula federal. La notificación por cédula electrónica de la medida a los apoderados de la demandada que comparecieron en la causa deberá efectuarse luego que el Tribunal haya proveído el ofrecimiento y ratificación de las fianzas ordenadas, y bajo apercibimiento de revocar de oficio la medida dictada. Notifíquese a la actora por nota en la oficina, a las demandadas por cédula electrónica a su cargo una vez cumplimentado lo ordenado precedentemente” (fs. 406/419, fs. 405 y fs. 399, respectivamente del Sistema Lex 100).

Asimismo, a los fines del dictado de un único pronunciamiento, se acumuló al principal por proveído de fecha 20 de diciembre de 2020 el Recurso de Queja “Incidente de Recurso de Queja en autos: Libertad c/ SIECYGCE - MDP y otro s/ Amparo Ley 16.986” (Expte N° 9200/2020/1/RH1), interpuesto por el apoderado de la parte actora, doctor Guillermo H. Capdevila (h) en contra del proveído de fecha 10 de noviembre de 2020 dictado por el señor Juez Federal N° 2 de Córdoba, en cuanto concedió en ambos efectos (conforme el art. 15 de la Ley N° 16.986) los recursos de apelación interpuestos por los demandados en contra de la medida cautelar decretada en la causa. (fs. 79 del Incidente de recurso de Queja según constancia del Sistema Lex 100).

II.- Previo a todo y a los fines de un mejor entendimiento de la cuestión sometida a debate, resulta relevante efectuar una breve reseña de lo acontecido en autos.

Surge de las constancias de la causa, que la parte actora, Libertad S.A. con el patrocinio letrado del doctor Guillermo H. Capdevila (h), interpuso acción de amparo en los términos de los artículos 42, 43 y concordantes de la CN; 48, 52 y concordantes de la Constitución Provincial y 1° y concordantes de la Ley 16.986 de Amparo, en contra de la Secretaría de Industria, Economía del Conocimiento y Gestión Comercial Externa del Ministerio de Desarrollo Productivo y la Administración Federal de Ingresos Públicos, Dirección General de Aduanas, tendiente a que se expida en forma expresa acerca de la condición del SIMI presentado con fecha quince (15) de julio de 2020, para que LIBERTAD pueda oficializar el ingreso al país de la mercadería detallada en el SIMI 20017SIMI019234M y no se frustre su derecho a ejercer industria licita y el comercio.

En dicha oportunidad manifestó la actora, que frente al marco del brote de Sars-Cov19 y a la pandemia, tuvo que realizar compras internacionales destinadas al abastecimiento de determinados productos. Es así, que realizó una compra de productos textiles de temporada “Primavera” a un productor y comercializador de origen Colombiano. Al encomendar el proceso de importación y la elaboración de todos los requisitos necesarios dentro de las previsiones de la Resolución General de AFIP 4185/2018, entre ellas que presenten ante la administración las licencias automáticas y no automáticas mediante el Sistema Integral de Monitoreo de Importaciones [SIMI], habiéndolo realizado el 15 de julio de 2020, no ha obtenido respuesta alguna por parte del AFIP hasta el día de la fecha viéndose impedida de poder subsanar los supuestos requerimientos tendientes a acceder a la mercadería comprada. Esto fue lo que motivó a la actora a iniciar la presente acción de amparo. -

Solicitó, asimismo, la concesión de una medida cautelar a fin de procurar una tutela efectiva de sus derechos en atención al daño económico cierto que el actuar administrativo le provocaba, con el objeto de que ordene a la Secretaría de Industria y a AFIP DGA la liberación a plaza de la mercadería declarada y permita su comercialización. También que mantenga la vigencia, mientras dure este proceso, de los certificados de origen y la Declaración Jurada de Composición de Productos [DJCP], expedidas para el proceso de importación. Ofrece la contracautela pertinente. Efectúa la reserva del caso federal. (fs. 240/260 del Sistema Lex 100).-

Recibida la causa por el Inferior, se imprimió a la acción el trámite de amparo el que se sustanciará por el trámite previsto en la Ley 16.986. (fs. 263 del Sistema Lex 100).-

Ambas partes demandadas, comparecieron y contestaron la demanda. Seguidamente el Inferior, en relación a la medida cautelar solicitada, requirió a las accionadas que presenten informe previo sobre el interés público comprometido en los términos del art. 4 inc. 2 de la ley 26.854. Las mismas realizaron el informe requerido solicitando el rechazo de la cautelar. Luego del informe, la parte actora hace presente que la SIMI objeto del presente litigio ha sido objeto de un nuevo bloqueo por lo cual, le solicitaron adjuntar nueva documental; requerimiento que subsana y presenta judicialmente en esa oportunidad. (fs. 316/333, fs. 274/292, y fs. 397/398, respectivamente del Sistema

El Juez de Primera Instancia, mediante proveído de fecha 4 de noviembre de 2020 resolvió hacer lugar a la medida cautelar peticionando en los términos del art. 204 del Código de Rito, ordenando a la Secretaria de Industria y AFIP - DGI, para el caso que se encontraren cumplidos los recaudos exigidos, la liberación a plaza de la mercadería declarada permitiendo su comercialización, manteniendo en vigencia los certificados de origen y la Declaración Jurada de composición de los productos.- (fs. 399 del Sistema Lex 100).

En contra de dicho resolutorio las partes demandadas interpusieron los recursos de apelación que aquí nos competen, los cuales fueron concedidos en relación y con ambos efectos por ante esta Cámara Federal de Apelaciones. (fs. 406/419, fs. 405 y fs. 420 respectivamente del Sistema Lex 100).-

Por otro costado, la parte actora presentó Recurso de queja contemplado en el artículo 284 y concordantes del CPCCN objetando el efecto con que fueron concedidos los recursos de apelación planteados.

A raíz de ello, mediante proveído de fecha 10 de diciembre de 2020 de esta Cámara Federal de Apelaciones en el Incidente de Recurso de queja, se dispuso la acumulación por cuerda separada a los fines de su resolución conjunta, de los autos caratulados: “Incidente de Recurso de Queja en autos: Libertad c/ SIECYGCE - MDP s/ Amparo Ley 16.986” (Expte. 9200/2020/1/RH1) a los autos caratulados: “Libertad c/ SIECYGCE - MDP s/ Amparo Ley 16.986” (Expte. 9200/2020/CA1).-

III.- La parte demandada, Estado Nacional - Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación, al expresar agravios, se quejó en primer término por cuanto entiende que la concesión de la medida cautelar fue dictada de manera arbitraria sin aplicar ni tener en cuenta para la resolución las disposiciones de la Ley 26854 que regula las medidas cautelares en las causas en las que el Estado es parte o interviniente. Indica que no se encuentran configurados los requisitos del art. 14 de la Ley, lo que importa un supuesto de arbitrariedad. Asimismo, arguye, que el proveído es arbitrario toda vez que el Sentenciante omite considerar el estado actual de los trámites involucrados y de la prueba oportunamente ofrecida, lesionando el derecho de defensa en juicio. Considera también, que no existen perjuicios graves de imposible reparación ulterior que hayan sido demostrados por la parte actora y lo que peticiona importa un exceso jurisdiccional tornando la resolución coincidente con el fondo de la cuestión en debate, compartiendo los caracteres propios de la sentencia autosatisfactiva.

Se agravia también, al indicar que el Sentenciante omite todo tipo de consideración respecto al Interés Público afectado. No respeta el requisito establecido en el art. 14 inc. d) de la Ley 26.854 por cuanto incide sobre políticas públicas del sistema de comercio exterior y con ello afecta el interés de toda la sociedad. Sostiene, que debió haber fundado cada requisito general de las medidas cautelares, y en particular el relativo al interés público comprometido, toda vez que la finalidad del Estado es la consecución del bien común y los fundamentos dados para el dictado de la misma responden al ejercicio de la política económica del Poder Ejecutivo Nacional mediante la cual se debe satisfacer el interés general. Se queja, en cuanto sostiene que hubo inobservancia a un deber jurídico concreto y específico.

Asimismo, se queja de que el Juez de Primera Instancia al disponer la cautelar dispuso la suspensión de un acto estatal, resultando exigibles los requisitos del art. 13 de la Ley 26.854, no encontrándose acreditados los mismos para el dictado de la misma. Tampoco, el agotamiento de la vía administrativa previa antes de la interposición de la demanda judicial.

Por último, se queja, en cuanto a que el sentenciante omitió aplicar el art. 10 de la Ley 26.854, el cual hace referencia a la caución real frente al otorgamiento de una medida cautelar. Hizo reserva del caso federal. Con costas a la contraria. (fs. 406/419 del Sistema Lex 100).

IV.- La otra parte demandada, AFIP - DGI, al expresar agravios en primer término se quejó de que el Juez de Primera Instancia al resolver la medida cautelar, lo hizo dejando de lado los requisitos del artículo 14 de la ley 26.854, obteniendo una medida cautelar alejada del carácter conservativo, siendo la resolución una clara satisfacción de la pretensión incoada.

Asimismo, indica que no se encuentra acreditado el daño irreparable, ni los presupuestos de procedencia de la medida cautelar. Tampoco se encuentra acreditado el peligro en la demora. -

Por último, se queja de la contracautela impuesta. Indica que la cautelar debería haber requerido caución no juratoria ya que, con la misma, no habría forma de retrotraer los perjuicios ocasionados. Solicitó la concesión de la apelación en ambos efectos en virtud del art. 15 de la Ley 163986. Formula Reserva del Caso Federal. (fs. 405 del Sistema Lex 100).

Corrido el Traslado correspondiente de ambas apelaciones, las mismas fueron contestadas por la parte actora, fundamentos a los que me remito en honor de la brevedad (fs. 420 y fs. 421/432, respectivamente del Sistema Lex 100).-

V.- La accionante, por su parte, al fundar el recurso de queja se agravia de que el Juez de Primera Instancia ordenó conceder los Recursos de Apelación interpuestos por ambas partes demandadas, ante esta Cámara Federal de Apelaciones, en relación y con ambos efectos.

En dicha oportunidad argumentó que, a su entender el efecto concedido de los recursos desnaturaliza el sentido de protección de la cautelar dada. No atiende a la urgencia, por ende pierde eficacia la pretensión. Indica que dicha decisión prescinde de la regulación del amparo en normas de rango constitucional. Arguye, que la cautelar cuestionada la pone ante la expectativa de un gravamen irreparable, de ejercer la industria lícita, restringe su derecho a trabajar y a comercializar, exponiéndola a la pérdida de la mercadería importada, ya que puede traer aparejada la improbable venta de los productos retenidos como consecuencia de su estacionalidad y del paso del periodo para el que fueron comprados. Solicitó entonces que se haga lugar al Recurso de Queja y en consecuencia, cambie el efecto de los recursos de apelación deducidos a “Efecto Devolutivo”. Hizo reserva del caso federal. (fs. 70/74 del Sistema Lex 100 del Recurso de Queja).

VI.- De la reseña efectuada y los agravios expuestos por las partes, se advierte que la cuestión a resolver por este Tribunal de Alzada se circunscribe a determinar si lo resuelto por el Juez de Grado en cuanto resolvió hacer lugar a la medida cautelar solicitada y los efectos de los recursos de apelación deducidos por las demandadas, resultan ajustados a derecho, o no.

VII.- Previo a todo, corresponde analizar los términos de la cautelar innovativa dispuesta por el Juez de Primera Instancia que dispuso: “... hacer lugar a la medida cautelar en los términos del art. 204 del ritual... para el caso que se encontraren cumplidos los recaudos exigidos y requerimientos formulados en torno a la normativa aplicable al caso...”.

No se puede soslayar que el cumplimiento de la resolución judicial esté condicionado a un “supuesto” que debe ser aprobado o no por la parte demandada, o un tercero no individualizado por el juzgador, ordenando una medida cautelar totalmente imposible de ejecución, alejándose de los fundamentos básicos de toda cautelar que debe valerse por sí misma; lo que no fue apelado por las partes pero que debe ser analizado de manera previa a los agravios esgrimidos por los recurrentes.

Resulta improcedente la forma en que la presente medida cautelar fue resuelta, el acto jurisdiccional adolece de un grave vicio por ser inejecutable, delegando a las partes una condición resolutiva y sin tratar los recaudos necesarios para que pueda ser llevada a cabo, habiéndose limitado simplemente a ordenar una medida cautelar carente de elementos suficientes para poder ser cumplimentada en tiempo y forma, no habiendo hecho el análisis pertinente para determinar si se encuentra la misma en condiciones de viabilidad para ser ordenada, lo cual resulta a todas luces inadmisible.

Es el mismo Juez de grado quien al momento de conocer y resolver debió haber identificado si se encontraban cumplidos los recaudos exigidos por la ley para proceder a otorgarla o no y si para el caso, de haber realizado el análisis previo a disponerla, entonces debió decretar la medida cautelar lisa y llanamente sin ningún condicionamiento previo para su ejecución posterior, porque de lo contrario, resultara una resolución ineficaz en su cumplimiento según la finalidad pretendida por el actor. -

De la lectura del proveído apelado, se advierte que el Juez interviniente omite, analizar los recaudos exigidos por la ley antes mencionados y no corresponde en esta alzada analizar los requisitos condicionantes a los cuales limita el Juez de Grado el cumplimiento de la medida cautelar, porque ello derivaría en una “reformatio in peius” (reformación a peor, o reformar en perjuicio) de oficio por parte de este juzgador, en relación a lo recurrido. -

Dicho esto, debo necesariamente poner en consideración lo prescripto por el art. 169 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación en cuanto establece: “Ningún acto procesal será declarado nulo si la ley no prevé expresamente esa sanción. Sin embargo, la nulidad procederá cuando el acto carezca de los requisitos indispensables para la obtención de su finalidad. No se podrá declarar la nulidad, aun en los casos mencionados en los párrafos precedentes, si el acto, no obstante su irregularidad, ha logrado la finalidad a que estaba destinado” (propio la negrita).

Al respecto se ha sostenido que “... la finalidad” no debe interpretarse en este caso desde el punto de vista del fin empírico o subjetivo que determina el cumplimiento del acto. El criterio teleológico, por el contrario, apunta a la finalidad “objetiva” o a la función que cabe asignar a cada acto procesal, debiendo considerarse que, en definitiva, las finalidades particulares se subsumen en la necesidad de asegurar la inviolabilidad de la defensa en juicio de la persona y de los derechos, y que, por lo tanto, la finalidad genérica de todos los actos del proceso confluye en la preservación de una garantía constitucional” (PALACIO, Lino Enrique (2017) Derecho Procesal Civil, Tomo II, 4ta. ed. C.A.B.A., Abeledo Perrot, p. 1406) (sin destacar el original).-

Por otro lado, al haber sido esta medida cautelar impugnada por recursos diferentes por ambas partes demandadas y también por la actora con su queja, por el cual llegaron los presentes obrados a consideración de esta Alzada, se torna ineludiblemente abstracto el tratamiento de los mismos. Ello por lo decidido respecto a la nulidad del proveído en cuestión por defectos sustanciales y en consecuencia corresponde que el Juez de Primera Instancia dicte un nuevo pronunciamiento, efectuando previamente el estudio correspondiente, para decidir si corresponde hacer lugar o no la medida cautelar en la presente causa, sin condicionamientos o exigencias para su ejecución ulterior.

Respecto este tema, el autor Jorge Walter Peyrano en su libro: “ Medida Cautelar Innovativa” indicó: “otro punto de contacto está constituido por la forma circunstanciada que deben adoptar las resoluciones que declaran procedente un arraigo o despachan favorablemente una diligencia cautelar innovativa. En el primer caso, el art. 12 inc. B de la ley nacional de amparo, en actitud imitada por casi todas las leyes locales, prescribe que “la sentencia que admita la acción deberá contener: ... la determinación precisa de la conducta a cumplir, con las especificaciones necesarias para su debida ejecución. “...Algo parecido acontece con el decisorio que despacha una medida innovativa. En el caso del dictado de diligencias de este tipo, el tribunal también deberá emitir una resolución circunstanciada y eficaz (por prever la manera de asegurar su cumplimiento).” “...Todo (o casi todo) estaría perdido si no se reconociera a los jueces la atribución de disponer todo lo necesario para hacer realidad lo declarado (u ordenado) en el proceso. Caso contrario, el debate judicial quedaría convertido en un estéril torneo de vacía retórica...”. (Jorge Walter Peyrano, Medida Cautelar Innovativa, Buenos Aires, 1981, E.D. Depalma, pag. 83. 84 y 101) (el destacado me pertenece).-

En consecuencia y en concordancia con los lineamientos esenciales que informan nuestro código de rito y las facultades otorgadas a los jueces -las cuales acentúan su injerencia en la ordenación y conducción del proceso- en el art. 34, inc. 5 del C.P.C.C.N., el que establece que incumbe a aquellos “dirigir el procedimiento”, en resguardo de las garantías del debido proceso y Juez natural, propugno declarar de oficio la nulidad parcial del proveído de fecha 4 de noviembre de 2020 dictada por el señor Juez Federal N° 2 de Córdoba en cuanto dispuso “...corresponde hacer lugar a la medida cautelar solicitada en los términos del art. 204 del ritual. En consecuencia, se ordena a la Secretaria de Industria y AFIP-DGA, para el caso que se encontraren cumplidos los recaudos exigidos y requerimientos formulados en torno a la normativa aplicable al caso, la liberación a plaza de la mercadería declarada, y permita su comercialización, manteniendo la vigencia de los certificados de origen y la Declaración jurada de composición de productos (DJCP), expedidos para el proceso de importación indicado en la SIMI (20017SIMI019234M). A tal fin, previo a la notificación de la medida aquí dispuesta, se requiere como contra cautela la fianza personal de tres (3) letrados inscriptos en la matricula federal.”, debiendo devolver las presentes actuaciones al Juzgado de origen a los fines que dicte un nuevo pronunciamiento a la mayor brevedad respecto a la medida cautelar solicitada en virtud de las constancias de la causa y todo lo documentado por las partes. No se imponen costas en la Alzada atento la naturaleza de la cuestión debatida y el resultado arribado (art. 68, segundo párrafo C.P.C.C.N.). ASI VOTO.-

El señor Juez de Cámara, doctor Eduardo Avalos, dijo:

I.- Que adhiero a la solución propuesta por el señor Juez que me precede en el análisis de la causa. En efecto, por un lado el Juez de Primera Instancia ha omitido evaluar la procedencia o no de la medida cautelar que prevé la Ley específica sobre la materia 26.854.

Ahora bien, aun cuando tal situación no es un obstáculo insalvable ni resulta dirimente, a mi modo de ver, el alcance que ha dado el Juez a la medida cautelar como ha señalado mi colega de Sala, en la forma en que ha sido ordenada, el cumplimiento de la misma resulta potestativa de quien la debe acatar. No puede ser que la destinataria de la medida cautelar sea quien juzgue si se encuentran reunidos los extremos legales para la liberación de la mercadería en cuestión ya que por el contrario es el Órgano Jurisdiccional quien debe evaluar si se dan prima facie los requisitos sobre los que debe asentarse la procedencia de la medida.

Dicho esto, comparto también que las costas sean por su orden. ASÍ VOTO. La señora Juez de Camara, doctora Graciela S. Montesi, dijo:

I .- Luego de efectuar un detenido estudio de la causa que nos ocupa, disiento con la solución arribada por los vocales preopinantes, en cuanto propician declarar la nulidad parcial del proveído de fecha 4 de noviembre de 2020 en cuanto dispone hacer lugar a la medida cautelar solicitada en los términos del art. 204 del ritual y en consecuencia, se ordena a la Secretaria de Industria y AFIP-DGA, para el caso que se encontraren cumplidos los recaudos exigidos y requerimientos formulados en torno a la normativa aplicable al caso, la liberación a plaza de la mercadería declarada, y permita su comercialización, manteniendo la vigencia de los certificados de origen y la Declaración jurada de composición de productos (DJCP), expedidos para el proceso de importación indicado en la SIMI (20017SIMI019234M), por los fundamentos que a continuación paso a desarrollar.

II.- En efecto, y haciendo mía la relación de causa efectuada por los señores jueces que me preceden y a la cual me remito en honor a la brevedad, la cuestión a resolver se circunscribe a determinar si lo decidido por el Inferior mediante Resolución de fecha 4 de noviembre de 2020 resulta o no ajustado a derecho.

Como primera premisa, no debemos olvidar que en nuestro sistema jurídico, las medidas cautelares tienden a impedir que durante el lapso que inevitablemente transcurre entre la iniciación de un proceso y el pronunciamiento de la decisión final sobrevenga cualquier circunstancia que imposibilite o dificulte la ejecución forzada o torne inoperantes los efectos de la resolución definitiva y, por tanto, propenden a la obtención de una resolución judicial que asegure el cumplimiento de una eventual sentencia de mérito a dictarse en un proceso de conocimiento.

Sobre este tema, la ley N° 26.854 (B.O. 30/04/2013) impone el análisis de una serie de conceptos jurídicos indeterminados que habrán de apreciarse en cada caso concreto. En este cometido, se deberán evaluar tales preceptos en forma acorde y en consonancia con la garantía de tutela judicial efectiva, entendida como un derecho humano fundamental consagrado como un principio constitucional, contemplado en diversos tratados de derechos humanos con jerarquía constitucional a partir de la reforma constitucional de 1.994 (art. 75 inciso 22 de la C.N.); entre ellos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos (arts. 8 punto 1, y 25), el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (arts. 2.3 y 14.1), y muchos otros. Dicha garantía, anudada a la del debido proceso (art. 18 C.N.), aconsejan al operador jurídico extremar las posibilidades de interpretación en relación a la tutela cautelar, en un sentido que no desnaturalice el acceso a la jurisdicción; lo cual debe ser ponderado puntualmente en cada caso y según las circunstancias presentes en cada causa. Asimismo, ello debe concordarse con lo previsto en el art. 3, inc. 4° de la mentada ley en el sentido de que las medidas cautelares no podrán coincidir con el objeto de la demanda principal.

Conforme estos lineamientos y analizado el escrito de demanda puede observarse que el objeto de la misma radica en que se ordene a la Secretaría de Industria y a la AFIP - DGA que se expida en forma expresa acerca de la condición del SIMI presentado por la actora con fecha quince (15) de julio de 2020. Ello, en pos de que LIBERTAD pueda oficializar el ingreso al país de la mercadería detallada en el SIMI 20017SIMI019234M.

Por su parte, como medida cautelar, solicita se ordene a la Secretaría de Industria y a AFIP - DGA la liberación a plaza de la mercadería declarada y permita su comercialización. También, que mantenga la vigencia, mientras dure el proceso, de los certificados de origen y la Declaración Jurada de Composición de Productos [DJCP], expedidas para el proceso de importación indicado en la 20017SIMI019234.

En este sentido, adelanto opinión en cuanto le asiste razón a los quejosos de que existe en autos una identidad de objeto. Es que, entenderlo de modo contrario implicaría una anticipada admisión jurisdiccional de la pretensión esgrimida por la actora. No debemos olvidar que las medidas cautelares innovativas como la que aquí se solicita, constituye una decisión excepcional porque altera el estado de hecho y de derecho existente al tiempo de su dictado, justificándose por ello una mayor rigidez en la apreciación de los recaudos que hacen a su admisión (Fallos: 316:1833; 319:1069; 326:3729).

Surge por tanto evidente que la pretensión de fondo se identifica con la medida cautelar peticionada, toda vez que de otorgarse la misma se estaría dando por sentado lo que necesariamente constituye el objeto de la litis, como asimismo importaría obtener un fallo anticipado de la causa, soslayándose todas las etapas procesales del pleito, en violación al debido proceso legal como garantía innominada de la Constitución Nacional, diluyéndose la acción impetrada en el otorgamiento de aquella.

Repárese que el proceso precautorio no puede representar adelanto de opinión sobre el fondo del asunto, atendiendo a que las medidas cautelares tienen un contenido meramente preventivo: no juzgan ni prejuzgan sobre el derecho del peticionante (Couture, Eduardo J. “Fundamentos del Derecho Procesal Civil” Ed. Depalma, Bs.As. 1.997, pág. 326).

III.- Por otra parte, entiendo que tampoco se encuentran cumplidos los requisitos de verosimilitud del derecho y peligro en la demora. En cuanto a la verosimilitud del derecho invocado, si bien éste no se trata de un juicio de certeza sobre la misma sino de un juicio hipotético o conjetural, puede advertirse que el mismo no se encuentra a mi criterio acreditado, toda vez que ordenar la liberación de la mercadería remite inexorablemente al examen y análisis de cuestiones cuya naturaleza y complejidad exceden el acotado marco cognitivo de un proceso cautelar.

Al respecto, nuestro más Alto Tribunal ha descalificado como acto jurisdiccional aquellas sentencias cautelares cuyo único basamento se encuentra en las afirmaciones del peticionante de la medida precautoria. Así lo ha dispuesto en la causa “Empresa Constructora Juan M. De Vido e Hijos SCA c/A.F.I.P. s/Incidente de apelación de medida cautelar” del 25 de octubre de 2005, oportunidad en la cual dejó sin efecto el pronunciamiento que había otorgado una medida precautoria con el sólo respaldo de las afirmaciones de la actora, lo que resulta plenamente aplicable en el caso bajo análisis.

Por otra parte, en cuanto al peligro en la demora, considero que el mismo no ha sido acreditado por la parte actora así como tampoco la irreparabilidad ulterior de la lesión. En este sentido, del escrito de demanda sólo se observa que lo solicitado por la parte actora resulta de carácter estrictamente patrimonial, lo cual determina la improcedencia de la tutela cautelar pretendida por inexistencia de perjuicio grave de imposible reparación ulterior.

IV.- Finalmente, la nueva ley de medidas cautelares exige -a los fines de otorgar la suspensión de los efectos de un acto estatal (artículo 13) o para el dictado de una medida positiva (artículo 14), como así también para el caso de una medida de no innovar (artículo 15)-, la no afectación del interés público.

La jurisprudencia ha sostenido, en reiterados pronunciamientos, que para el otorgamiento de la tutela cautelar resulta necesario resguardar el interés público comprometido en el acto administrativo sobre el que recae la medida. El interés público no es un concepto carente de contenido concreto; por el contrario, tal contenido debe ser reconocible y determinable, consistiendo en una cosa o un bien que es perceptible para cualquier componente de la sociedad. En otras palabras, y trasladando ello al caso de autos, se advierte que el ejercicio del poder de policía y el control de ingreso de mercaderías al territorio nacional corresponde por decisión de nuestra propia Carta Magna al Poder Ejecutivo Nacional (delegando dichas atribuciones en el Ministerio de Producción y la Administración Federal de Ingresos Públicos) debiendo aplicarse las disposiciones legales pertinentes con arreglo a las cláusulas de los tratados internacionales celebrados por el país en esa materia. Por ello, la cautelar solicitada incide a todas luces sobre las políticas públicas del sistema de comercio exterior y, con ello, afecta ineludiblemente el interés público, teniendo en cuenta que en los presentes se encuentran en juego cuestiones administrativas y las potestades otorgadas por ley a los organismos intervinientes.

Asimismo, y a mayor abundamiento, no debemos olvidar que toda actuación o actividad estatal goza prima facie de presunción de legitimidad al igual que todos sus actos, por lo que otorgar medidas cautelares como la aquí solicitada afecta indefectiblemente el interés colectivo superior al interés individual invocado.

V.- Por todo lo expuesto, soy de opinión que corresponde revocar parcialmente la resolución de fecha 4 de noviembre de 2020 dictada por el señor Juez Federal Nº 2 de Córdoba en cuanto dispone: “(...). hacer lugar a la medida cautelar solicitada en los términos del art. 204 del ritual. En consecuencia, se ordena a la Secretaria de Industria y AFIP-DGA, para el caso que se encontraren cumplidos los recaudos exigidos y requerimientos formulados en torno a la normativa aplicable al caso, la liberación a plaza de la mercadería declarada, y permita su comercialización, manteniendo la vigencia de los certificados de origen y la Declaración jurada de composición de productos (DJCP), expedidos para el proceso de importación indicado en la SIMI (20017SIMI019234M). A tal fin, previo a la notificación de la medida aquí dispuesta, se requiere como contra cautela la fianza personal de tres (3) letrados inscriptos en la matricula federal. (...)”, correspondiendo no hacer lugar a la misma, por las razones que aquí se desarrollan.

VI.- Las costas de la Alzada se imponen a la actora vencida (art. 68, primera parte del CPCCN) por no existir razones que autoricen su eximición y conforme el principio objetivo de la derrota, difiriéndose la regulación de honorarios para su oportunidad. El presente pronunciamiento en modo alguno significa adelanto de opinión sobre el fondo del asunto, siendo lo aquí resuelto consecuencia de un análisis superficial propio de un proceso cautelar. ASI VOTO.-

Por el resultado del Acuerdo que antecede;

SE RESUELVE: POR MAYORIA:

I.- Declarar la nulidad parcial del proveído de fecha 4 de noviembre de 2020 dictada por el señor Juez Federal N° 2 de Córdoba en cuanto dispuso “... corresponde hacer lugar a la medida cautelar solicitada en los términos del art. 204 del ritual. En consecuencia, se ordena a la Secretaria de Industria y AFIP-DGA, para el caso que se encontraren cumplidos los recaudos exigidos y requerimientos formulados en torno a la normativa aplicable al caso, la liberación a plaza de la mercadería declarada, y permita su comercialización, manteniendo la vigencia de los certificados de origen y la

Declaración jurada de composición de productos (DJCP), expedidos para el proceso de importación indicado en la SIMI (20017SIMI019234M). A tal fin, previo a la notificación de la medida aquí dispuesta, se requiere como contra cautela la fianza personal de tres (3) letrados inscriptos en la matricula federal.”.

II.- Devolver las presentes actuaciones al Juzgado de origen a los fines que dicte un nuevo pronunciamiento a la mayor brevedad respecto a la medida cautelar solicitada conforme los lineamientos dados en el presente. -

III.- Sin costas atento la naturaleza de la cuestión debatida y el resultado arribado (art. 68, segundo párrafo del C.P.C.C.N.).-

IV.- Protocolícese y hágase saber. Cumplido, publíquese y bajen. -

 

EDUARDO AVALOS

IGNACIO MARIA VELEZ FUNES GRACIELA S. MONTESI

EDUARDO BARROS

SECRETARIO DE CAMARA

 

  Correlaciones:

ERPA SACIF c/AFIP - DGA y otros s/acción meramente declarativa de inconstitucionalidad - Cám. Fed. Córdoba - Sala A - 23/04/2015 - Cita digital IUSJU002198E

 

  

Cita digital:IUSJU004118F