JURISPRUDENCIA

 

 

 

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En la ciudad de Buenos Aires, a los 5 días del mes de febrero del año dos mil veintiuno, se reúne la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal integrada por los doctores Mariano Hernán Borinsky como Presidente, y los doctores Javier Carbajo y Gustavo M. Hornos como Vocales, reunidos de manera remota de conformidad con lo establecido en la Acordada 27/20 de la C.S.J.N. y 15/20 de esta C.F.C.P., para decidir en la presente causa FTU 7190/2016/2/CFC1 del registro de esta Sala, caratulada “B., F. H. y otros s/recurso de casación", de la que RESULTA:

I. La Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán, provincia homónima, resolvió, en lo aquí pertinente: “I- NO HACER LUGAR el recurso de apelación del Ministerio Público Fiscal y CONFIRMAR a resolución de fecha 12 de marzo de 2019, sin perjuicio de continuar con la investigación; conforme a lo considerado”.

II. Contra dicha resolución, el representante del Ministerio Público Fiscal interpuso el recurso de casación bajo estudio, el cual fue rechazado por el tribunal de origen y concedido el 18 de noviembre del corriente año por esta Sala IV luego de su presentación directa (causa FTU 7190/2016/2/RH1, “B., Juan Marcelo y otro s/queja”,Reg. N°2316/20).

III. El impugnante motivó el recurso de casación interpuesto por la vía de lo dispuesto en ambos incisos del artículo 456 del C.P.P.N., alegando vicios in iudicando e in procedendo.

En primer lugar, planteó la nulidad de la resolución que confirmó la falta de mérito de los acusados, en tanto resultó contraria a la garantía de juez natural ya que fue resuelta por abogados que fueron designados como conjueces del tribunal de a quo en violación al reglamento que regula el régimen de subrogancias. A su criterio, a los mencionados conjueces se les venció la subrogancia legal que les daba legitimidad para signar un acto jurisdiccional como el impugnado.

En concreto, estimó que “si nos ajustamos al momento en que fueron designados por PEN a través del decreto N°713/2020, el período de tiempo de la subrogancia cubierta en la Cámara Federal superó el plazo y su prórroga normados en el artículo 13 de la Ley 27.439 por lo que su caducidad se produjo ipso iure el día 08 de agosto de 2020 (Decreto N°713/20218, publicado en el Boletín Oficial en fecha 02/08/2018)”.

A su criterio, la decisión del tribunal de aceptar la excusación de los jueces naturales de la Cámara de Apelaciones en cuestión y luego designar a abogados particulares -respecto de quienes ya se había vencido el plazo legal para continuar integrando el tribunal- en lugar de a otros jueces de la jurisdicción para dictar la resolución de fondo, se contrapone con el procedimiento regular de designación de jueces en supuestos como el mencionado.

En concreto, afirmó que “en desmedro de la imparcialidad del juez, la Cámara en ningún caso agotó la posibilidad de designar un juez permanente de la jurisdicción, es decir, no hubo una valoración de la situación de los magistrados permanentes y si pueden cumplir con la subrogancia”.

En tal sentido, entendió también que la decisión del a quo de resolver la nulidad impetrada en el recurso de casación bajo estudio, en lugar de conceder o rechazar tal recurso, resulta contrario a la normativa procesal vigente, en tanto la potestad de dicha Cámara de Apelaciones remitía únicamente a decidir formalmente la procedencia del recurso interpuesto, sin expedirse sobre los agravios en él planteados.

En propias palabras, el recurrente sostuvo que: “es lo que justamente acaeció antes de revisar la admisibilidad formal y temporal del recurso de casación interpuesto. El abordaje de este remedio desde la perspectiva de una nulidad autónoma suscitada en la instancia de revisión no puede más que ser resuelta por el máximo tribunal penal del país que resulta ser la Cámara Federal de Casación Penal.

El trámite impreso por esta Cámara Federal desconoce que la competencia, por su naturaleza, es de orden público y que cualquier acto procesal que entre en contradicción con este requerimiento deberá ser tachado de nulo.

Al ‘arrogarse’ una competencia de la que carece, el Tribunal no hace más que asumir expresamente que estamos ante un procedimiento irregular. Esta afirmación no es una mera especulación, pues encuentra respaldo en el derrotero procesal por el cual ha discurrido el legajo de marras”.

Por tales razones, solicitó que se declare la nulidad de la sentencia dictada por el a quo, en tanto se integró ilegítimamente con los abogados no magistrados Jorge Enrique David y Hernán Eduardo Frías Silva.

En segundo término, el impugnante cuestionó la decisión de fondo adoptada por el tribunal de origen.

A su juicio, “las faltas de mérito dictadas vienen a constituirse en una especie de sobreseimiento 'ficto' toda vez que no restan medidas de prueba a producir y el tiempo transcurrido en instrucción es suficiente para resolver la situación procesal de manera concluyente. Obstruir aún más esta causa, con una falta de mérito injustificada, es coadyuvar a la inacción de la justicia en delitos económicos”.

En tal sentido, refirió también “la imposibilidad real y concreta de continuar con la tramitación de esta investigación penal, lo que resulta de entender que, la circunstancia de que se ha logrado reunir todas y las únicas pruebas que fue posible -en la actualidad- incorporar al respecto, atento al tiempo transcurrido desde la comisión de los hechos investigados y la dificultad probatoria que estos injustos llevan aparejados, además de los oportunos intentos de sus responsables de eliminar cualquiera de sus rastros para procurar la impunidad futura”.

A su criterio, con las pruebas recabadas resultaba suficiente para tener por acreditada, con el grado de sospecha pertinente a la etapa procesal en la que se encuentra la investigación, la conducta ilícita achacada a los aquí imputados.

Sobre el punto, manifestó que “la certeza que se necesita para procesar no reviste el grado de apodíctica que debe existir al momento de decidir entre condena y absolución. El plexo cargoso convence que la familia B. incorporó al sistema legal mediante la fachada de una empresa de transporte el dinero que proveía de una organización criminal dedicada al tráfico de estupefacientes, la trata de personas con fines de explotación sexual y la usara, como se comprobó en la causa ‘Ale, R. Eduardo y Otros S/ Infracción art. 303 y Asociación Ilícita’ FTU 32191/2013, sentencia de fecha 18 de diciembre de 2017 dictada por el TOCF de Tucumán”.

En concreto, tras destacar nuevamente el valor probatorio del dictamen elaborado por la UIF (fs. 7/11), entendió que, sesgadamente, no se ponderó de manera adecuada la sentencia precedente dictada con relación a A. por lavado de dinero, usura, explotación económica del ejercicio de la prostitución y comercio de drogas, ni se tomó en cuenta lo manifestado por un testigo de identidad reservada y otro protegido, quienes manifestaron que J. H. B. era testaferro de R. A..

Para más, estimó que debió dársele preponderancia al informe de la Unidad de Investigaciones y Procedimientos Judiciales de Gendarmería Nacional de fojas 181/182, el cual destacó que “la empresa Transportadora Leonel S.R.L. fue constituida en julio de 2010 con un bajo capital de $2.000, sin embargo hace un contrato nueve meses después con Juan H. B. para que él pueda usar sus cuentas corrientes y sin costo alguno, lo que resulta discordante ya que una empresa recién constituida, que se está formando, vendría a asistir financieramente a una persona que ya viene con una actividad comercial y que conforme su informe de conformación patrimonial en los años 2009 y 2010 tuvo un crecimiento económico abismal y en el año 2011 tuvo acreditaciones por (PESOS DIECISEIS MILLONES) $16.000.000”.

El mismo informe detalló también que “en la documentación sujeta a análisis en domicilios vinculados con R. A. en calle San Martín 1185 concesionaria ‘San Martín Automóviles’ se encontraron anotaciones manuscritas en la que describen operatorias con B. (Isaías, F., Marcelo) por vehículos (Eco Sport, Coupe Hunday, 3 camiones) con detalles de cheques, pagos, movimientos en banco Hsbc, Galicia, Macro, Standart, Nación. Pero también puede apreciarse, más operatorias a efectos de incorporar al mercado bienes limpios sin generar ningún tipo de sospecha de su ilicitud (ya que a fojas 346 del cuerpo II del Legajo de la UIF) podemos ver que Transporte Leonel SRL (formado por personas Imputadas como testaferros de Ale R.) negocia con Juan H. B. cheques que emiten en otras entidades bancarías, como por ejemplo los del Banco de la Nación Argentina, cuando en el convenio que celebraron ellos, detallan que las operatorias a las que facultan a B. son del Hsbc y del Banco del Tucumán”.

Luego, tras destacar la particular circunstancia de cada imputado en torno a su falta de acreditación respecto del flujo dinerario en el que se encontraban inmersos, el recurrente resaltó: “i) el hecho de que ninguno de los imputados contó con algún tipo de ingreso que pueda justificar su evolución patrimonial, resultando imposible correlacionar ese aumento durante un período tan corto en sus acreencias con una ñiente de origen legal y ii) que ese crecimiento injustificado se encuentra ligado a las maniobras ilícitas llevadas a cabo por el núcleo familiar B. con la organización criminal denominada ‘Clan Ale’ quien simulaba negocios con los encartados y así, lograba el ingreso al sistema financiero de fondos provenientes de la actividad ilícita (narcotráfico, prostitución, usura)”.

A partir de ello, consideró que el pronunciamiento por la falta de mérito que favorece a los encartados solo puede ser adoptado desde una perspectiva equivocada de la verdad procesal acreditada, constituyendo esto una falta al factum procesal conformado. Y que este defecto in procedendo, implica la ausencia de razones en el juicio asentado, y es lo suficientemente grave como para significar una verdadera falta de actividad lógica.

Por tales motivos, consideró arbitraria la resolución recurrida y solicitó que sea revocada y se ordene a la Cámara Federal de Tucumán el dictado de un nuevo pronunciamiento conforme los parámetros expuestos en la impugnación interpuesta.

Hizo reserva del caso federal.

IV. En la oportunidad prevista en el art. 465 bis, en función de los arts. 454 y 455 del mismo cuerpo legal, se presentó el representante de la acusación pública ante esta instancia, Dr. Raúl Omar Pleé, quien se remitió a los fundamentos expuestos por su colega de anterior instancia que impulsó la vía recursiva.

Por su parte, se presentó también en esta oportunidad procesal el Defensor Público Oficial ante esta instancia, Dr. Ignacio Tedesco, quien, en representación de Juan Marcelo B., Leandro Isaías B. y F. H. B., consideró que el fiscal no se encontraba habilitado para impulsar la vía recursiva, por lo que “carecía de legitimación activa para interponer el presente recurso”.

Por otro lado, con relación al fondo de la cuestión, estimó que en la presente causa “no se encuentra debidamente acreditado, por el momento, el elemento subjetivo del tipo, esto es, el conocimiento de los imputados sobre el origen ilícito de los bienes y la voluntad de realizar la conducta típica”. En tal sentido, afirmó que “no se ha demostrado con certeza que mis asistidos hayan tenido un conocimiento cierto o una sospecha de que el dinero que manejaban tenía o podría tener una procedencia delictiva”.

A partir de lo expuesto, el defensor técnico de los acusados ante esta instancia solicitó que se rechace el recurso interpuesto por el M.P.F. y que se tenga presente la reserva del caso federal.

V. A continuación, quedaron las actuaciones en estado de ser resueltas.

Efectuado el sorteo de estilo para que los señores jueces emitan su voto, resultó el siguiente orden de votación: doctores Gustavo M. Hornos, Mariano Hernán Borinsky y Javier Carbajo.

El señor juez Gustavo M. Hornos dijo:

I. En primer lugar, corresponde señalar que la resolución que viene recurrida no es de aquellas que constituyen sentencia definitiva en los términos del art. 457 del Código Procesal Penal de la Nación, ya que no pone fin a la acción ni a la pena, no hacen imposible que continúen las actuaciones ni deniegan la extinción, conmutación o suspensión de la pena (cfr., en lo atinente y aplicable, al voto del suscripto en la causa CPE 1431/2013/T01/38/CFC9, “ZHUANG, Jian s/rec. de casación”, reg. N°1465/20, rta. el 20/8/20, de esta Sala IV de la C.F.C.P.).

Sin embargo, como excepción a ese principio general del digesto formal, se ha reconocido aptitud para provocar la intervención de esta Cámara en aquellas resoluciones que, sin constituir per se sentencias definitivas, pueden causar al recurrente un agravio irreparable o de insuficiente reparación ulterior, y siempre que se invoque una cuestión de naturaleza federal -como en este caso donde se objeta la garantía de juez natural-, lo que impone su tratamiento en los términos de la doctrina sentada por la Corte Suprema en el precedente “Di Nunzio” (Fallos: 328:1108); en tanto, como tribunal intermedio se encuentra “facultada para conocer previamente en todas las cuestiones de naturaleza federal que intenten someterse a su revisión final, con prescindencia de obstáculos formales”.

Por ello, y encontrándose reunidos en el caso aquellos aspectos que habilitan la procedencia de la impugnación interpuesta por el representante del Ministerio Público Fiscal, corresponde ingresar al estudio de los planteos presentados.

II. Sentado lo expuesto, y en aras de clarificar el objeto procesal de la presente causa, resulta del caso realizar una reseña de los hechos que se encuentran bajo investigación en autos.

Según el a quo, “en la presente causa se investiga la presunta comisión por parte de los integrantes de la familia de J. H. B.- hoy fallecido- y sus tres hijos JM, L I y F. R. B., del delito previsto y penado por el art. 303 del CP, que tipifica el lavado de activo.

[...]Se atribuyó a los imputados haber realizado operaciones sospechosas, por un total de $16.476.004 en el período enero-diciembre 2011, con las ganancias provenientes de los hechos ilícitos cometidos por la organización criminal cuyo jefe era R. Eduardo Ale.

Específicamente se hizo hincapié en los movimientos de créditos y débitos con la Transportadora Leonel, cuyos propietarios eran F. González y Julia Picone, quienes serían prestanombre de A. y con E. C., también testaferro del nombrado.

Asimismo se hizo hincapié en un acuerdo de uso de cuentas corrientes entre Juan H. B. y la Transportadora Leonel para unos de cuentas del Banco HSCC y Banco de Tucumán.

La UIF concluyó que quedaba en evidencia la relación entre B., la Transportadora Leonel, E. C. y R. A., quien habría suministrado dinero a B., simulando un servicio de transporte insertando los fondos en el sistema financiero”.

En tal escenario, el voto mayoritario de la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán estimó que “de las probanzas de autos no surge que los hijos de J. H. B., tuvieran conocimiento del origen ilícito de los bienes ingresados a las cuentas bancarias y la consecuente voluntad de realizar la conducta típica prevista en el art. 303 del CP, elemento requerido por el tipo subjetivo del delito en cuestión.

Lo que queda acreditado conforme la prueba obrante en la causa es la actividad comercial que realizaba J. H. B., desde la década del 70, a la cual luego fue incorporando a sus tres hijos, sin cumplir con los requisitos formales necesarios para que estos pudieran desarrollar la actividad comercial legalmente.

Sin perjuicio de ello, este Tribunal entiende no es posible concluir en esta etapa del proceso que los hijos de B., investigados en esta causa, tuvieran conocimiento del presunto origen ilícito del dinero que manejaban y las operaciones que se realizaron en el contexto de la empresa unipersonal de su padre.

En base a lo expuesto, resulta ajustada a derecho la decisión del Juez a-quo en tanto no se ha comprobado el elemento subjetivo que requiere la figura en cuestión, por lo que corresponde confirmar la falta de mérito de L I B., J M B. y F. H. B., de conformidad a lo previsto en el art. 309 del CPPN, sin perjuicio de continuar con la investigación”.

III. Pormenorizados los hechos del caso y los argumentos expuestos por el tribunal de origen para confirmar la falta de mérito de los acusados, corresponde ingresar al estudio de los agravios introducidos por el impugnante.

El primero de ellos, como ya fuera dicho, se encuentra ligado con la potestad jurisdiccional de los Dres. Jorge Enrique David y Hernán Eduardo Frías Silva, quienes ofician de conjueces en la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán.

Como fuera manifestado por el recurrente, la decisión del a quo de dar tratamiento a uno de los agravios planteados por el representante del Ministerio Público Fiscal en su recurso de casación se presenta a todas luces desacertada y, en consecuencia, deviene nula.

Es que, como bien lo establecen los arts. 463 y 464 del Código Procesal Penal de la Nación, el recurso de casación se interpone ante el tribunal que dictó la resolución -como bien hizo el aquí recurrente ante la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán-, y el tribunal cuenta con el término de tres días para resolver únicamente en torno a la viabilidad procesal del recurso, evaluando si éste cumple con los requisitos formales exigidos por el código de rito.

En otras palabras, la resolución que puede dictar la Cámara mencionada, ante la interposición de un recurso de casación en su órbita, puede versar únicamente sobre la procedencia formal de la impugnación presentada, mas no ingresar al estudio del fondo de las cuestiones que sustentan el recurso en sí.

Por ende, asiste razón al recurrente al afirmar que el a quo sólo podía resolver concediendo o rechazando el recurso de casación interpuesto, pero se encontraba vedado formar un incidente de nulidad a los fines de resolver uno de los agravios planteados por el impugnante. Dicha tarea le compete a esta Cámara Federal de Casación Penal, conforme lo previsto en el art. 30 bis del C.P.P.N.

A continuación, corresponde analizar el planteo efectuado por el impugnante en torno a la posibilidad de que los conjueces objetados pudiesen continuar prestando funciones a partir de lo dispuesto en la Acordada 43/2020 de la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán.

Sobre el punto, es necesario recordar que los Dres. David y Frías Silva habían sido designados el 3/8/18 como conjueces de la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán mediante Acordada N°66/18. Luego, el 1/8/19 y a través de la Acordada N°54/19, la misma Cámara prorrogó sus designaciones por el plazo de un año, de conformidad con lo establecido en el art. 13 de la ley 27.439.

Finalmente, el 22/7/20 y mediante la Acordada N°43/20, el a quo consideró: “I) Que por razones de público conocimiento, en particular la pandemia mundial provocada por el COVID-19, no se avizora que en el corto plazo vaya a producirse la cobertura en propiedad de las vacantes antes mencionadas, lo que atentará contra el normal desarrollo de la labor jurisdiccional del tribunal; II) Que esta Excma. Cámara no puede integrarse transitoriamente con vocales de los Tribunales Orales de la jurisdicción, toda vez que los mismos cuentan solamente con dos miembros, por lo que de acudirse a la solución prevista en el artículo 5° de la ley de subrogancias, éstos quedarían desintegrados; III) Que el Dr. René E. Padilla, se encuentra comprendido en la causal de incompatibilidad establecida en el art. 10 inc c) de la ley 27.439, que remite al art. 8° del decreto ley N°1258/58, con relación a la Dra. Marina Cossio, por lo que /no puede asumir como subrogante en este Tribunal; IV) Que el próximo 8 de agosto se producirá la caducidad de pleno derecho de las designaciones (art. 13 de la ley 27.439), de los Dres. David y Frías Silva (h) (Ac. N°66/18 y 54/19 de esta CFAT) lo que genera la necesidad de integrar el Tribunal conforme al procedimiento establecido por la ley, V) Que la solución extraordinaria impone al Tribunal realizar un nuevo proceso de designación; VI) Que únicamente se encuentran en condiciones legales para ser nombrados a los doctores Jorge E. David y Hernán E. Frías Silva (h) [...]”.

Con sustento en tales argumentos, la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán resolvió designar nuevamente a los Dres. David y Frías Silva (h) como conjueces subrogantes de dicha Cámara, por el plazo de un año o hasta tanto se produzca la cobertura, en propiedad, de las vacantes existentes.

En tal escenario, deviene imperioso ponderar todos aquellos extremos que encaucen la cuestión hacia un horizonte concordante con nuestros mandatos constitucionales, ya que decisiones con las eventuales repercusiones de la presente respecto de casos análogos no pueden dictarse desatendiendo las graves consecuencias que, de modo mediato, derivarán de ella (Fallos: 330:2361).

En primer lugar cabe recordar que nuestro Máximo Tribunal ha señalado que, de acuerdo a la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que debe servir de guía para la interpretación de los preceptos convencionales de orden internacional (Fallos: 321:3555; 328:1491; 330:3248), el principio de independencia judicial constituye uno de los pilares básicos de las garantías del debido proceso, motivo por el cual debe ser respetado en todas las áreas del procedimiento y ante todas las instancias procesales en las que se decida sobre los derechos de la persona (cfr. Fallos: 338:1216 y CSJ 1095/2008 (44-A) /CS1 "Aparicio, Ana Beatriz y otros c/ EN -CSJN- Consejo de la Magistratura- arto 110 s/ empleo público", fallada el 21 de abril de 2015).

Con ese norte y para asegurar su independencia, los jueces cuentan -a diferencia de los demás funcionarios- con garantías reforzadas que resultan indispensables para el ejercicio de su función. Entre ellas, en lo que a este caso interesa, se encuentran la de un adecuado proceso de nombramiento y la inamovilidad en el cargo (Fallos: 314:881 y 749; 315:2386; 324:1177; 325: 3514; y causa "Aparicio" y sus citas).

Es que, en efecto, los procedimientos constitucionales que regulan la integración de los tribunales han sido inspirados en móviles superiores de elevada política institucional, con el objeto de impedir el predominio de intereses subalternos sobre el interés supremo de la justicia y de la ley. Las disposiciones que rigen esos procedimientos se sustentan, pues, en la aspiración de contar con una magistratura independiente e imparcial, lo que está directamente relacionado con la consagración constitucional de la garantía del "juez natural", expresada en la contundente prohibición de que los habitantes de la Nación puedan ser juzgados por comisiones especiales o sacados de los jueces legítimamente nombrados (artículo 18 de la Constitución Nacional y conforme a Fallos: 338:1216 y 330:2361).

En tal sentido, los principios desarrollados no impiden la implementación de un régimen de subrogancias ante las eventuales vacantes que se producen y que pueden afectar el derecho de las personas de contar con un tribunal que atienda sus reclamos en un tiempo oportuno (Fallos: 338:1216). Dicho régimen, desde ya, es de carácter excepcional y opera hasta tanto la vacante sea cubierta mediante el procedimiento previsto constitucionalmente -art. 99, inc. 4°, de la C.N.-.

Al respecto, la Corte Suprema ha entendido que la implementación de un régimen de subrogaciones para asegurar una correcta administración de justicia pero que a la vez, por su naturaleza, importe un remedio excepcional de política judicial, debe instrumentarse de manera tal que resguarde los principios y garantías propias de la misión de juzgar, si bien adaptados a las características peculiares de tal sistema, sin menoscabo de la indispensable celeridad que debe presidir su ejecución pues su objetivo es, precisamente, dar una respuesta inmediata a una situación crítica (Fallos 330:2361).

Por ello, el Estado debe garantizar un procedimiento para el nombramiento de quienes cubrirán vacantes en forma interina sobre la base de parámetros básicos de objetividad y razonabilidad que aseguren el ejercicio independiente de su cargo (Fallos: 332:1216).

Asimismo, dichos parámetros deben ajustarse al estricto entramado normativo que regula las subrogancias, lo cual guarda correlato con los principios y las directrices desarrolladas anteriormente. Al ser un régimen excepcional, la sujeción normativa debe ser insoslayable.

En tal inteligencia, el art. 7 de la ley 27.439, que regula el régimen de subrogancias, establece que “informada la existencia de una vacante en los términos de los artículos 2°, 3°, 4° y 6° de la presente, la Cámara Federal o Nacional que por jurisdicción corresponda, procederá a desinsacular al subrogante mediante sorteo público a los efectos de proceder a la cobertura del cargo. El subrogante desinsaculado podrá, en el plazo de cinco (5) días de notificada su designación, excusarse de cubrir el cargo fundado en la existencia de motivos que importen un grave perjuicio al normal desarrollo de la actividad del Juzgado o Tribunal. La Cámara Federal o Nacional competente, en el plazo de cinco (5) días, resolverá la cuestión rechazando o aceptando la excusación, en cuyo caso procederá a desinsacular un nuevo magistrado subrogante”.

A su vez, el art. 8 de la citada norma determina que “el Consejo de la Magistratura elaborará una lista de conjueces por cada cámara nacional o federal para actuar en la misma cámara y en todos los juzgados que de ella dependan. [...] Las listas de conjueces deberán ser aprobadas por el plenario del Consejo de la Magistratura por mayoría de dos tercios (2/3) de sus miembros presentes. Una vez aprobadas serán remitidas al Poder Ejecutivo nacional, que designará de entre aquéllos, y con acuerdo del Honorable Senado de la Nación, entre diez (10) y treinta (30) conjueces por cada cámara nacional o federal, según la necesidad de las respectivas jurisdicciones”.

Para más, el art. 13 de la misma ley entiende que “los jueces subrogantes permanecerán en el cargo hasta el cese de la causal que generó su designación. En ningún caso la subrogancia podrá exceder el plazo de un (1) año contado desde la designación, prorrogable por igual plazo siempre que medie causa justificada, a cuyo vencimiento se producirá la caducidad de pleno derecho de aquélla y serán inválidas las actuaciones que se realizaren con posterioridad, sin perjuicio de las sanciones administrativas o penales que pudieren corresponder”.

De este modo resulta evidente que el Poder Legislativo determinó, a través de la ley 27.439, un procedimiento excepcional para la cobertura provisional de vacantes a través de conjueces, el cual también demanda la intervención del Poder Ejecutivo y del Senado, de modo tal que garantice los principios democráticos y de división de poderes que se encuentran previstos constitucionalmente, también para el nombramiento regular de magistrados/as. Así, se intenta calibrar el mismo respaldo institucional para las confecciones del listado de conjueces que en los supuestos de nombramientos de magistrados/as regulares y permanentes.

Pero, a su vez, fue el mismo Poder Legislativo -en el legítimo ejercicio de sus atribuciones- quien estableció que, en aras de enfatizar sobre la excepcionalidad del empleo de subrogancias que reemplacen temporalmente hasta que se cumpla con el procedimiento de designación de magistrados/as previsto constitucionalmente, se fije un plazo máximo de duración de dichos regímenes subsidiarios.

En efecto, se entendió que los subrogantes deben permanecer en el cargo hasta el cese de la causal que generó su designación, y que, si ello no ocurriese, la duración máxima de la subrogancia es de un año y prorrogable por otro año más, pero nunca puede extenderse por un tiempo mayor a ese. Para más, estableció que ante su vencimiento se producirá la caducidad de pleno derecho de la subrogancia y que serán inválidas las actuaciones que se realizaren con posterioridad, lo cual demuestra la voluntad legislativa en ser tajante con el cumplimiento de los plazos establecidos en dicha norma.

En este marco normativo es que la nueva designación de los Dres. David y Frías Silva efectuada mediante la Acordada N°43/20 contraría las disposiciones legislativas anteriormente expuestas. Precisamente, los mencionados cumplieron el plazo máximo de duración de la subrogancia que el plexo normativo permite, motivo por el cual su nueva designación atenta contra el esquema procedimental establecido a tal fin.

Es que, si el Poder Legislativo estableció un procedimiento excepcional para la designación de conjueces como subrogantes, y si ese modelo cuenta con límites temporales que también promuevan que la excepción de estos nombramientos de subrogantes no culmine siendo la regla, el acatamiento a los plazos allí establecidos no encuentra subterfugio.

En este escenario, cobra aplicación en autos la teoría de los recursos, según la cual es ineludible el principio que ordena que estos sean resueltos de conformidad con las circunstancias existentes al momento de su tratamiento, aunque sean ulteriores a su interposición (Fallos: 285:353; 310:819; 315:584, entre muchos otros).

Entonces, es del caso memorar que el Consejo de la Magistratura, mediante resolución N°212/20, entendió que “1°) Que la ley 27.439 estableció el régimen de subrogancias aplicable a los tribunales inferiores de la Nación y dispuso el mecanismo de integración transitoria de éstos en caso de licencia, suspensión, vacancia, remoción u otro impedimento de sus jueces/zas titulares. 2º) Que, a fin de elaborar las listas de conjueces/zas previstas por la citada ley, a través de la resolución plenaria CM 169/2020 se establecieron criterios para su conformación en cumplimiento de la manda legal. 3º) Que, de conformidad con las mencionadas pautas, la Presidencia de la Comisión de Selección de Magistrados y Escuela Judicial remitió a consideración del Plenario listas de conjueces de diversas jurisdicciones. 4º) Que, en la sesión plenaria del día de la fecha, se expuso la especial necesidad de dotar a los Tribunales Orales en lo Criminal Federal (jurisdicción La Plata), Tribunales Orales en lo Criminal Federal (jurisdicción Mendoza), Tribunales Orales en lo Criminal Federal (jurisdicción Salta), Tribunales Orales en lo Criminal Federal (jurisdicción San Martín), a los Tribunales Orales en lo Criminal y Correccional de la Capital; como así también a la Jurisdicción Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán, de las correspondientes listas de conjueces. 5º) Que, sometidas a consideración del Plenario, dichas nóminas resultaron aprobadas por unanimidad [...]”.

A partir de ello, resolvió aprobar diversas listas de conjueces, dentro de las cuales se encuentra la nómina relativa para la jurisdicción de la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán (Concurso N°357); la que cuenta con nueve integrantes que se encuentran con la posibilidad de cubrir excepcionalmente las vacantes en juego como conjueces, siempre que se cristalice el procedimiento institucional determinado en el art. 8° de la ley 27.439 respecto de esta nómina de candidatos posibles.

Por ello, tras atender los pormenores del caso traído a estudio, corresponde concluir que asiste razón al recurrente al manifestar que los conjueces David y Frías Silva no se encontraban habilitados para continuar ejerciendo como magistrados subrogantes en la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán, en tanto el segundo nombramiento efectuado -para la continuación de ese mandato aun vencido el plazo legal- contraría el entramado normativo establecido por el legislador para regular tales supuestos excepcionales.

Por tales razones, estimo que debe hacerse lugar al agravio interpuesto, anular la resolución recurrida y reenviar las presentes actuaciones al tribunal a quo para su sustanciación, sin costas en la instancia (arts. 530 y 531 del C.P.P.N.); así como también se deberá poner en conocimiento de lo aquí resuelto a la Comisión de Selección de Magistrados y Escuela Judicial del Consejo de la Magistratura.

Ahora bien, sin perjuicio de lo dicho hasta aquí, es menester recalcar la doctrina sentada por nuestro Tribunal Supremo en el precedente “Rosza” (Fallos: 330:2361). Allí, la Corte Suprema de Justicia de la Nación dio sobradas razones vinculadas a la seguridad jurídica que permitían entender que la posible retrogradación de procesos penales llevados adelante por jueces subrogantes, cuya ley aplicable declaró inconstitucional en dicho precedente, resulta inadmisible toda vez que “la aplicación en el tiempo de los nuevos criterios ha de ser presidida por una especial prudencia con el objeto de que los avances propuestos no se vean malogrados en ese trance. En mérito de ello, es necesario trazar la línea divisoria para el obrar de la nueva jurisprudencia, apoyándola en razones de conveniencia, utilidad y en los más hondos sentimientos de justicia [...]”.

En tal sentido, y ante la manifiesta posibilidad de que lo aquí resuelto genere un caos tal que paralice el servicio de justicia en la jurisdicción en cuestión (Fallos: 330:2361), debe consolidarse la inteligencia que permite entender que no se debe privar de validez a los actos procesales cumplidos de conformidad con las normas consideradas en vigor (Fallos: 319:2151 y 328:566), por lo que las decisiones jurisdiccionales tomadas hasta el momento de la notificación de esta sentencia por los Dres. David y Frías Silva conservan plena validez.

Dicho esto, la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán deberá realizar nuevos nombramientos de conjueces teniendo en consideración lo aquí desarrollado, de modo tal que se condiga con los parámetros establecidos en la ley 27.439.

IV. Sentado ello, corresponde estudiar el planteo de fondo efectuado por el recurrente, vinculado estrictamente con la valoración provisional de la prueba efectuada por la Cámara en cuestión para confirmar la falta de mérito dictada en relación con los aquí imputados.

Para sustentar dicha resolución, la mayoría conformada por el a quo desarrolló primero los elementos típicos del delito de lavado de dinero.

Al respecto, entendió que “en cuanto al tipo subjetivo, el delito de lavado de activos es doloso y no admite la culpa. El autor debe conocer el origen ilícito de los bienes y, además, tiene que tener por finalidad que los bienes adquieran la apariencia de tener un origen lícito.

Asimismo sostuvo que “la mayoría de la doctrina entiende que es posible también el dolo eventual para su configuración bastando que el autor entienda posible la realización del tipo legal y, pese a ello, acepta, conforma, permite la posibilidad de su producción”.

Luego, tras detallar las evidencias recolectadas en la investigación cursada, se afirmó que de éstas “no surge que los hijos de Juan H. B., tuvieran conocimiento del origen ilícito de los bienes ingresados a las cuentas bancarias y la consecuente voluntad de realizar la conducta típica prevista en el art. 303 del CP, elemento requerido por el tipo subjetivo del delito en cuestión.

Lo que queda acreditado conforme la prueba obrante en la causa es la actividad comercial que realizaba Juan H. B., desde la década del 70, a la cual luego fue incorporando a sus tres hijos, sin cumplir con los requisitos formales necesarios para que estos pudieran desarrollar la actividad comercial legalmente.”

Se agregó que “Sin perjuicio de ello, este Tribunal entiende no es posible concluir en esta etapa del proceso que los hijos de B., investigados en esta causa, tuvieran conocimiento del presunto origen ilícito del dinero que manejaban y las operaciones que se realizaron en el contexto de la empresa unipersonal de su padre”.

Sentado ello, resulta necesario desmembrar las cuestiones esenciales del caso, para dar una acabada respuesta al planteo efectuado por el representante del Ministerio Público Fiscal.

a. Estándares probatorios de la etapa de instrucción

En primer lugar, la etapa procesal en la que se encuentra esta causa cumple una función específica para los fines procesales, entendidos como la averiguación de la verdad y la aplicación de la ley sustantiva -art. 280 C.P.P.N.-.

En efecto, un auto de mérito como el pretendido por el recurrente depende de una probabilidad que implique una sospecha bastante, prima facie, de que su hipótesis imputativa coincida con lo sucedido, es decir, con los hechos que se juzgan.

En otras palabras, para poder dictar un auto de procesamiento se requiere una probabilidad positiva, en el sentido de que los elementos existentes en la causa tornan más probable que el hecho haya existido y que el imputado haya sido su autor, que los elementos que demostrarían lo contrario.

En tal sentido, y a diferencia del momento en que se dicta sentencia, donde se requiere un estado de certeza sobre la hipótesis acusatoria para condenar, la probabilidad positiva tiene efecto en la etapa de instrucción en tanto sirve para afirmar el mérito probatorio necesario que justifique la realización del juicio oral, en el que luego se resolverá definitivamente la cuestión (cfr. Guzmán, N., La verdad en el proceso penal, Didot, 2018, p. 55).

Ello guarda asidero con la idea de que el grado de exigencia respecto de la correspondencia entre la hipótesis acusatoria y el desarrollo de la investigación está supeditado al momento en que se encuentre el proceso. A diferencia del momento pertinente al dictado de la sentencia -donde se requiere certeza positiva sobre el enunciado acusatorio-, existen estadios previos cuya demanda de vinculación es menor -lo cual se condice con la propuesta abstracta de que el proceso penal, con su propio avance, va arribando, cada vez, más hacia la verdad histórica de lo sucedido-.

Será ese el baremo bajo el cual se analizará la resolución recurrida, aplicado, como se verá, a las particulares complejidades que representa en el ámbito de la tipicidad y de su valoración probatoria el delito de lavado de activos.

b. El delito de lavado de dinero

El lavado de activos se conoce como el proceso mediante el cual los bienes de origen delictivo se integran en el sistema económico legal, con apariencia de haber sido obtenidos en forma lícita.

Se ha dicho que se trata de un delito pluriofensivo, en tanto menoscaba simultáneamente a la administración de justicia, al orden socioeconómico, a la transparencia del sistema financiero o la legitimidad de la actividad económica, e incluso a la salud pública, como en los casos de narcotráfico (cfr. Llerena, Patricia, “Lavado de Dinero”, Revista del Ministerio Público Fiscal, Nº 0, pág. 39 y ss.).

Justamente, la regulación autónoma del delito de lavado de activos en el Código Penal Argentino ha sido inspirada en los compromisos de orden internacional que ha adoptado el Estado Argentino.

En ese sentido no puede ignorarse el terrible impacto que el crimen organizado y el ingreso y movimiento de fondos y activos provenientes del delito tienen a nivel nacional e internacional, la afectación del orden económico financiero, el orden público interno, la gobernabilidad y la estabilidad misma de un Estado.

En consecuencia, el aseguramiento de las herramientas de las que disponga un Estado para prevenir, detectar y contribuir a la represión penal del lavado de activos así como para avanzar en esta línea en las acciones necesarias para lograr la identificación de bienes y el recupero de activos de origen ilícito en forma oportuna y eficaz, resulta fundamental.

Por otro lado, la descripción de las acciones típicas es meramente ejemplificativa, por cuanto la norma analizada amplía la conducta prohibida a todo aquél que, de cualquier modo, ponga en circulación aquellos bienes producto de un ilícito. De manera que no hace falta que los bienes hayan adquirido efectivamente apariencia de origen lícito; basta con que haya existido un peligro concreto de que ello suceda.

Al respecto, cabe destacar que aún antes de la sanción de la ley 25.246, cuando sólo existía la figura autónoma de lavado de dinero proveniente del narcotráfico en el art. 25 de la ley 23.737, adelanté una reflexión en cuanto a la naturaleza jurídica del delito y al proceso de transformación de los bienes de origen ilícito.

Me permito citar aquella publicación de casi veinte años atrás, en la que de manera primaria me referí al tema, esquematizando el fenómeno del proceso de lavado de dinero en tres fases diferentes: colocación, estratificación e integración.

La primera etapa consiste en depositar el activo en una institución financiera o mezclarlo con el producido por una empresa. Generalmente, se depositan montos en entidades financieras a través de una documentación falsa o de empresas de fachada. La segunda etapa es un proceso de transferencias electrónicas entre cuentas y bancos, realizando el mayor número de transacciones posibles para dificultar el conocimiento del origen real. La última etapa, de integración, es la que proporciona la explicación lógica de la riqueza: se incorpora al dinero formalmente en el circuito económico, aparentando ser de origen legal -venta de propiedades, explotación de empresas, industrias, etc.- (cfr. Hornos, Gustavo M., “Ley de Estupefacientes, Inversión, Venta, Transferencia o Cesión de las ganancias provenientes de su tráfico ilícito. Reserva Bancaria y Tributaria. Experiencia Judicial”, en “III Jornadas Internacionales sobre Prevención del Fraude”, Ed. La Ley, 1996, págs. 103/105).

En la descripción de la figura se enumeran varios verbos típicos, pero todos parecieran ser distintas especies del género “aplicar”, ya que la enunciación de acciones punibles finaliza con la expresión “aplicare de cualquier otro modo”, lo cual revela la intención del legislador de no limitar la persecución a un grupo de acciones taxativamente enumeradas. Se trata de un tipo penal abierto que abarca todas las modalidades de comisión posibles (cfr. voto del suscripto en causa CFP 17147/2008/30/CFC2, “ÁLVAREZ, Guillermo y otros s/rec. de casación”, reg. N°1130/15, rta. el 12/6/15; causa FSM 24005417/2011/TO1/CFC6, “VILLALBA, Miguel Ángel y otros s/rec. de casación”, reg. N°2039/19, rta. El 10/10/19, ambas por esta Sala IV de la C.F.C.P.).

Entonces, con independencia de lo que se llama “autolavado”, el lavador es quien permite que otro, autor de un delito precedente, disfrute de los productos de aquel ilícito con tranquilidad, pudiendo operar con ellos en instituciones del sistema económico legal, gracias a que estos fondos han adquirido apariencia de licitud.

Los activos -dinero o bienes- deben provenir de un delito en el que el agente pudo o no haber participado. De ello se infiere la necesaria existencia de un delito previo.

Ahora bien, el grado de certeza con el que debe probarse la existencia del delito subyacente ha suscitado controversias, pero la doctrina y la jurisprudencia mayoritarias admiten que no es necesario que el delito antecedente resulte acreditado por una sentencia judicial firme tanto en su configuración típicamente antijurídica como en la autoría responsable del acusado. Basta que se haya demostrado en la causa donde se ventila el lavado de activos que el primer hecho era típico y antijurídico (cfr. en el mismo sentido, causa FSM 24005417/2011/TO1/CFC6, “VILLALBA, Miguel Ángel y otros s/rec. de casación”, reg. N°2039/19, rta. El 10/10/19, resuelta por esta Sala IV de la C.F.C.P.).

En cuanto a la tipicidad subjetiva del delito de lavado de activos, cuestión sobre la que, como ha quedado expuesto, se ha suscitado controversia en el presente caso, comparto la postura de la doctrina mayoritaria en cuanto sostiene que el autor puede actuar con dolo directo o con dolo eventual (Trovato, Gustavo F., “La recepción de las propuestas del GAFI en la legislación penal argentina”, en “Política Criminal y Blanqueo de Capitales”, Madrid, 2009, pág. 74; Rodríguez Villar Pacífico y Bermejo, Mateo Germán, “Prevención del Lavado de dinero en el sector financiero”, Buenos Aires, 2001, pa´g. 110).

Es decir, el conocimiento de la procedencia ilícita de los bienes por parte del sujeto activo no implica que éste debe saber a ciencia cierta cuál fue la concreta figura cometida, ni las circunstancias específicas de orden jurídico concurrentes sobre el caso, sino que basta con que al tiempo de realizar la operación, el sujeto activo perciba que los hechos son constitutivos de una infracción delictiva, es decir, que sospeche de la procedencia ilícita de los bienes (cfr. voto del suscripto en la causa CFP 17147/2008/30/CFC2, “ÁLVAREZ, Guillermo y otros s/rec. de casación”, reg. N°1130/15, rta. el 12/6/15 por esta Sala IV de la C.F.C.P.).

Es que, en efecto, la utilización en el tipo penal de la frase “con la consecuencia posible de que los bienes originarios o los subrogantes adquieran la apariencia de un origen ilícito” admite expresamente la posibilidad de imputar subjetivamente al agente por dolo eventual, ya que esta redacción prescinde de que el autor tenga la finalidad clara de darle a los bienes apariencia de licitud, siendo suficiente que se represente que con su acción los bienes ilícitos pueden adquirir el carácter lícito, siempre que esta probabilidad pueda extraerse de datos serios y objetivos (Gallo, B. y Matalone, N., Entre indicios y certezas: estándares de prueba en el delito de lavado de dinero, en Revista de Derecho Penal Económico, 2019-2, Rubinzal Culzoni, Sta. Fe, p.206).

Resta, a continuación, analizar la valoración probatoria efectuada en la resolución recurrida, siempre al amparo de los lineamientos hasta aquí desarrollados.

c. Valoración probatoria

Previo a ingresar en la ponderación de pruebas efectuada por la mayoría del a quo para dictar la falta de mérito cuestionada por la acusación pública, deviene imperioso resaltar que el blanqueo de capitales es una actividad criminal muy compleja, que se vale de un inagotable catálogo de técnicas o procedimientos en continua transformación y perfeccionamiento.

De allí que la prueba de indicios deviene especialmente idónea y útil para suplir las carencias de la prueba directa en procesos penales relativos a estas y otras actividades delictivas encuadradas en lo que se conoce como criminalidad organizada (Gullco, H., Casos de Derecho Penal. Parte Especial, Ad-Hoc, Buenos Aires, 2017, p.752).

Sobre el punto, cabe recordar que la prueba directa no es lo único que autoriza a confirmar la hipótesis acusatoria y dictar en consecuencia un pronunciamiento condenatorio.

En tal sentido, y con relación al empleo de prueba indiciaria para arribar al grado de certeza necesario para fundar una condena, ya se ha expedido la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en cuanto no descalificó el valor de la prueba indiciaria, sino que estableció que el indicio no debe ser valorado aisladamente, sino en conjunto con toda la prueba, a fin de evitar incertidumbres o arbitrariedades, teniendo en cuenta su diversidad, correlación y concordancia (Fallos: 300:928 y 311:621).

Al respecto, esta Sala IV ya ha manifestado que “[...] la prueba contextual no es un elemento de menor importancia. El contexto de un hecho, si bien aisladamente no lo acredita, es útil para brindar al suceso imputado el adecuado marco fáctico y jurídico. No se puede probar un hecho sin atender a su contexto de producción, el que proporcionará algunos extremos fácticos importantes al momento de recrear el hecho en su conjunto y que, lo contrario, implica efectuar [...] una visión parcializada y una reconstrucción histórica deficiente de la base fáctica” (cfr. causa n°45425/2007/TO1/CFC3, “SCHLENKER, Alan y otros s/homicidio agravado”, reg. N°846/16, rta. el 17/5/16; y causa CCC 15539/2016/TO1/CFC4, “DE LA CRUZ RAYMUNDES, Richard Marino y otro s/rec. de casación”, reg. N°2015/20, rta. el 13/20/20).

Por ende, a la luz de tal inteligencia es posible afirmar que la resolución en estudio ha valorado erróneamente el cúmulo de evidencias reunidas en autos.

Como primer punto, el tribunal de origen omitió considerar que el delito precedente que integra la figura de lavado de activos aquí investigada ha sido corroborado mediante sentencia judicial dictada por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Tucumán (causa N°32191/2013, “Ale R. Eduardo y otros s/ infracción art. 303 y asociación ilícita”).

En efecto, el 16/3/18 el mencionado tribunal de juicio brindó los fundamentos de la sentencia por la que resultaron condenados R. Eduardo A. y otros imputados por hechos ocurridos entre 2002 y 2014. Al respecto, cabe mencionar que es precisamente R. Eduardo A. de quien presuntamente se investiga aquí si los hermanos B. y su padre Juan H. operaron como testaferros para permitirle ingresar al mercado legal el dinero espurio que obtenía con la realización de sus maniobras delictivas.

También deviene necesario mencionar que R. Eduardo A. resultó condenado, en dicha sentencia, a diez años de prisión por resultar “autor voluntario y responsable del delito de lavado de dinero previsto y reprimido en el artículo 303, inciso 1º del Código Penal consistente en disimular el origen proveniente de ilícitos penales -descriptos en la normativa vigente como delitos de usura (artículo 175 bis del Código Penal), extorsión (artículo 168 del Código Penal), explotación económica del ejercicio de la prostitución (artículo 127 del Código Penal) y comercio de estupefacientes (artículo 5 de la ley 23.737) - al ponerlos en circulación en el mercado con la consecuencia posible de que adquieran la apariencia de un origen lícito, en concurso real con el delito de asociación ilícita en carácter de jefe, previsto y reprimido en el artículo 210, 1º y 2º párrafo del Código Penal”.

Por ende, la sentencia condenatoria dictada respecto de R. A. es un elemento indispensable que debió ponderar el tribunal de origen al momento de resolver la situación procesal de los aquí acusados, en tanto los hechos investigados en esta investigación se condicen temporalmente con los que son propios del ilícito precedente.

Es menester destacar que, en delitos como el lavado de activos, la correspondencia temporal de este delito con su ilícito precedente resulta relevante para su posible corroboración.

Para más, y como bien fuera argumentado por el recurrente, de la sentencia que confirmó el delito precedente se puede extraer el testimonio de una persona de identidad reservada (JTP-245) quien afirmó que B. era testaferro de R. A. y que este último tuvo un problema para justificar $700.000 e “iban a hacer un mutuo con B. para tratar de blanquear”.

También amerita destacar la declaración del condenado en dicha causa, F. Antonio González, quien aclaró que con la firma “Trasportes B.” y él existía un convenio de uso de cuenta corriente en los bancos HSBC Y Banco del Tucumán.

Con relación a los demás elementos típicos, se atribuyó a los imputados haber realizado operaciones sospechosas, por un total de $16.476.004 en el período enero-diciembre 2011, con las ganancias provenientes de los hechos ilícitos cometidos por la organización criminal cuyo jefe era R. Eduardo Ale. En tal sentido, se hizo hincapié en los movimientos de créditos y débitos con la Transportadora Leonel, cuyos propietarios eran F. González y Julia Picone, quienes también resultaron condenados en el marco del expediente N°32191/2013, “Ale R. Eduardo y otros s/ infracción art. 303 y asociación ilícita”.

Al respecto, se colectaron evidencias que permiten afirmar un acuerdo de uso de cuentas corrientes entre Juan H. B. y la Transportadora Leonel para unos de cuentas del Banco HSCC y Banco de Tucumán.

Por otro lado, del dictamen de la Unidad de Información Financiera de fojas 7/11,se puede extraer que: "Mediante el citado (ROS uro. 8403177, de fecha 30/07/2012), se reportó a Juan H. B. (DNI 11.084.643) por no haber justificado las operaciones registradas en cuentas de su titularidad por el periodo comprendido entre enero y diciembre del año 2011, por un monto operado de $ 16.474.604”. Además, se informó que B. operó entre febrero de 2009 y diciembre de 2010 por un monto total de $6.608.446.

Además, el recurrente destacó el informe de la Unidad de Investigaciones y Procedimientos Judiciales de Gendarmería Nacional Argentina, del que surge que “si bien es cierto, Juan H. B., tiene la actividad comercial de servicio de transporte urbano de carga ncp, desde el 01/04/2005, pero desde enero a diciembre de 2011 a través de su cuenta comente Nro 11399-1089-5 y caja de ahorro nro 4050487-4-089-4 recibió transferencias, depósitos en efectivo, en cheques, vendió cheques y tuvo valores negociados por un monto de PESOS DIECISEIS MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL SEIS CIENTOS CUATRO ($16.476.604)... Quedando sin justificar un 38% de la operatoria lo que significa un monto de SEIS MILLONES CIENTO NOVENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS DIEZ ($6.192.210).

Asimismo 12 cheques que depositó H. B. en ese plazo indicado, son librados por la empresa Transportadora Leonel S.R.L. pero es B. quien debe levantarlos en el plazo de su cumplimiento. En cuanto al vínculo que existe entre estas dos partes, se basa en un contrato celebrado entre ellos, a través de un Acuerdo de Uso de Cuentas Corrientes Bancarias”.

Por otro lado, con relación a la empresa Transportadora Leonel S.R.L., el informe destacó que “fue constituida en julio de 2010 con un bajo capital de $2.000, sin embargo hace un contrato nueve meses después con J. H. B. para que él pueda usar sus cuentas corrientes y sin costo alguno, lo que resulta discordante ya que una empresa recién constituida, que se está formando, vendría a asistir financieramente a una persona que ya viene con una actividad comercial y que conforme su informe de conformación patrimonial en los años 2009 y 2010 tuvo un crecimiento económico abismal y en el año 2011 tuvo acreditaciones por (PESOS DIECISEIS MILLONES) $16.000.00”. Cabe recordar, al respecto, que los dueños de Transportadora Leonel S.R.L. -González y Picone- resultaron condenados en la misma causa que R. A..

Asimismo, el citado informe detalló que “es notable que mucha de las acreditaciones que recibe son de sus hijos (quienes no cuentan con empleo o actividad comercial) y de Transporte Leonel SRL”. Esto se condice, a su vez, con las declaraciones de los imputados, quienes manifestaron que, por tratarse de un emprendimiento familiar, no se encontraban registrados laboralmente como empleados de la empresa fundada por su padre Juan H. B., a pesar de que trabajaban allí.

Finalmente, otro informe de la Unidad de Investigaciones y Procedimientos Judiciales de Gendarmería Nacional (fs. 227/233) concluyó que Juan H. B. “registró un incremento significativo de su patrimonio, proveniente principalmente de bienes automotores, a saber: en el año 2010, con relación al año anterior, pasó de 22 a 47 vehículos, teniendo en cuenta que adquirió 17 vehículos cero Km.; mientras que en el año 2011 pasó de 47 a 57 vehículos, adquiriendo en ese año 12 de ellos cero Km.; asimismo sus acreditaciones bancarias de los años 2010 y 2011 son significativamente superiores a su nivel de facturación anual, ya que en elaño2010 tuvo acreditaciones de $ 16.310.006, y su nivel de facturación fue de $ 6.977.249,45; y en el año 2011 tuvo acreditaciones de $ 34.697.755, y su nivel de facturación fue de $10.284.432,05, lo que denotaría movimientos financieros no acordes a sus ingresos”.

Asimismo, se logró determinar que F. B. realizó un depósito a la cuenta corriente en cuestión el 3/10/11 por un monto de $180.000, así como también registró cheques realizados por $334.203 entre febrero y julio de 2012. Para más, tuvo acreditaciones bancarias junto a Juan H. B. (titular) en el año 2011 por $ 425.813 y en el año 2012 $1.090.170.

Respecto de J M B., se registraron depósitos en efectivo en 2011 por un total de $252.000, sin haber consignado ingresos como empleado en relación de dependencia ni estar registrado en AFIP-DGI.

Por último, con relación a L I B., resultó llamativo que se inscribió en AFIP a partir de octubre de 2012 y en un corto plazo adquirió dos vehículos, y luego, al año siguiente, obtuvo cinco más, tres de los cuales le compró a su padre.

A partir de ello, el recurrente afirmó que A. acordó con la familia B. para que simulen servicios de transporte y de ese modo lograr insertar el dinero proveniente de los ilícitos que cometía al mercado legal.

Ahora bien, con relación al elemento subjetivo del tipo penal bajo análisis, es menester afirmar que la resolución impugnada yerra al entender que “el autor debe conocer el origen ilícito de los bienes y, además, tiene que tener por finalidad que los bienes adquieran la apariencia de tener un origen lícito”; ya que, como fuera visto anteriormente, la figura en cuestión admite el dolo eventual.

Como consecuencia, el tipo penal de lavado de activos permite configurar su aspecto subjetivo solamente con acreditar que el sujeto pudo sospechar de la proveniencia ilegítima de los bienes en cuestión, como bien se presenta -con el grado de corroboración propio de la instancia- en autos.

En este escenario, las evidencias colectadas durante esta etapa procesal resultan suficientes como para alcanzar el grado de probabilidad positiva que se exige para el dictado del auto de mérito demandado por la acusación pública -procesamiento-.

Es que, a partir de lo establecido en la sentencia condenatoria que confirma el delito precedente, sumado a la declaración en esa causa de un testigo de identidad reservada que indica que los aquí acusados practicaban maniobras de lavado de dinero para el clan “A.”, y en consonancia con los informes recabados en esta investigación, es posible inferir que los imputados F., J M y L I  B. pudieron sospechar que el dinero que los vinculaba con Transportes Leonel S.R.L. podía provenir de una fuente ilícita. Al trabajar en la empresa de su padre y realizar movimientos de grandes sumas dinerarias propias de dicho emprendimiento, se puede inferir que conocían la dinámica interna propia de su compañía y de aquellos con quienes establecían relaciones comerciales.

Al menos, las evidencias colectadas hasta aquí permiten, con el grado de probabilidad positiva que esta etapa demanda, que la investigación avance y se dicte el procesamiento de los acusados.

Por ello, el a quo debió analizar en forma integral y conjunta las evidencias que surgían de las pruebas obrantes en la causa; proceder que no se verifica en autos, en atención a la manifiesta valoración parcializada del cúmulo probatorio, el cual refleja la omisión valorativa de indicios que pudieron ser decisivos para alcanzar un resultado distinto al momento de resolver el litigio (en tal sentido, C.S.J.N., Fallos: 319:1878 y 311:948).

Por tales razones, la sentencia impugnada adolece de vicios de fundamentación que impiden considerarla un acto jurisdiccional válido a la luz de los estándares marcados por nuestro Máximo Tribunal en materia de arbitrariedad de sentencias (Fallos: 303:2080 y 315:632, entre otros), en tanto refleja un examen parcializado y aislado de los elementos de juicio obrantes en la causa sin integrarlos ni armonizarlos en su conjunto.

V. En conclusión, por los motivos expuestos en los acápites precedentes, considero que corresponde y propicio al acuerdo: I. HACER LUGAR al recurso de casación interpuesto por el representante del Ministerio Público Fiscal, ANULAR la resolución recurrida y REENVIAR las presentes actuaciones al tribunal a quo para su sustanciación, de conformidad con lo expuesto en el acápite III del presente voto, sin costas en la instancia (arts. 530 y 531 del C.P.P.N.); II. PONER EN EXPRESO CONOCIMIENTO de lo aquí resuelto a la Comisión de Selección de Magistrados y Escuela Judicial del Consejo de la Magistratura, a los fines que estime corresponder; III. Tener presente la reserva de caso federal formulada por la defensa.

El señor juez doctor Mariano Hernán Borinsky dijo:

Coincido en lo sustancial con las consideraciones efectuadas por el distinguido colega preopinante, doctor Gustavo M. Hornos y adhiero al mismo.

De modo liminar, corresponde dar tratamiento al planteo vinculado a la falta de legitimación del Ministerio Público Fiscal para recurrir que la Defensa Pública Oficial ante esta instancia efectuó en su presentación de breves notas.

Al respecto, cabe precisar que la facultad impugnaticia del Ministerio Público Fiscal se encuentra, por regla, restringida a los supuestos establecidos por los arts. 457 y 458 del C.P.P.N. Sin embargo, dicha regla debe ser excepcionada si en el caso el acusador invoca la violación de garantías sustanciales del debido proceso (cfr., en lo pertinente y aplicable, C.F.C.P., Sala IV, causa FCB 22014852/2009/1/CFC1, caratulada “Pedernera, Jorge Gonzalo s/recurso de casación”, reg. nro. 2203/18.4, rta. -por unanimidad- el 27/12/18 y causa FRE 2021/2014/70/CFC17, caratulada “Valles, Cristián Edgardo y otros s/ recurso de casación”, reg. nro. 945/18.4, rta. -por unanimidad- el 8/8/18, entre muchos otros).

En dicho sentido, la Corte Suprema de Justicia de la Nación estableció en el fallo “Arce” - invocado por la defensa- que “el Estado -titular de la acción penal- puede autolimitar el ius persequendi en los casos que considere que no revisten suficiente relevancia... por ello, no puede considerarse inconstitucional la limitación de la facultad de recurrir del Ministerio Público cuando se verifique un supuesto como el previsto en el art. 458 del Código Procesal Penal de la Nación en la medida en que, en las particulares circunstancias del sub lite no se ha demostrado que se haya afectado la validez de garantías constitucionales” (C.S.J.N. “Arce, Jorge Daniel s/recurso de casación”, A. 450. XXXII; rta. El 14/10/97).

Asimismo, cabe recordar que ese Alto Tribunal ha reiterado in re “Martino” las pautas establecidas en el fallo “Di Nunzio” (Fallos: 328:1108), ocasión en la cual sostuvo que siempre que se invoquen agravios de naturaleza federal que habiliten la competencia de la Corte, por vía extraordinaria en el ámbito de la justicia penal nacional conforme el ordenamiento procesal vigente, éstos deben ser tratados previamente por esta Alzada, en su carácter de tribunal intermedio, constituyéndose de esta manera en tribunal superior de la causa para la justicia nacional en materia penal, a los efectos del art. 14 de la ley 48 (considerando 13 del caso “Di Nunzio”) - (C.S.J.N., “Martino, Santiago Marcelo y Chaves, Miguel Ángel s/tenencia ilegítima de sustancias estupefacientes con fines de comercialización -causa N° 2544-“, M. 1090. XLI., rta. el 27/12/2006, Fallos: 329:6002, criterio reiterado en el precedente "Castillo Dionisia, Marilú Paz s/contrabando de estupefacientes artículo 866, 2° párrafo - Código Aduanero", CSJ 5969/20l4/CS1. rta. El 22/12/2015; doctrina que se refiere a la facultad del Ministerio Público Fiscal para recurrir en casación).

En consecuencia, el Ministerio Público Fiscal se encuentra legitimado para interponer recurso de casación en los supuestos previstos legalmente y en aquellos casos en los que, en ejercicio de su función de defensa de la legalidad (C.N., art. 120), alegue fundadamente la violación al debido proceso (C.N., art. 18).

Conforme dichos parámetros, esta Sala IV ha señalado -en ocasión de abrir la queja por casación denegada- que la acusación pública fundó debidamente la existencia de una cuestión federal vinculada con la garantía de juez natural prevista en el art. 18 de la C.N., correspondiendo habilitar la intervención de esta sede para que, como “tribunal intermedio”, analice el punto traído a estudio conforme la doctrina que surge de los fallos “Di Nunzio” (328;1108) y “Giroldi” (318;514) - (ver causa FTU 7190/2016/2/RH1, “B., Juan Marcelo y otro s/ queja”, rta. El 18/11/20, reg. nro. 2316/20); consideraciones a las que corresponde estar, más aún cuando la parte interesada también alegó la existencia de arbitrariedad.

En cuanto respecta al fondo de la cuestión, debe ser examinado en primer término el agravio del recurrente referido a la falta de legitimidad activa de los conjueces Jorge Enrique David y Hernán Eduardo Frías Silva para dictar el acto jurisdiccional aquí impugnado por considerar que resulta contraria a derecho la prórroga de su subrogancia dispuesta por la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán mediante acordada 43/20.

Sobre el particular, conviene recordar que el Poder Ejecutivo Nacional, por decreto 713/18 (B.O. 02/08/18), nombró a los doctores Jorge Enrique David y Hernán Eduardo Frías Silva como conjueces de la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán.

En su razón, dicho colegiado, a través de la acordada 66/18 del 03/08/18 (esta acordada y las demás que serán citadas están disponibles en www.cij.gov.ar), designó a los letrados en cita como conjueces de ese cuerpo. Posteriormente, la referida cámara de apelaciones, mediante acordada 54/19 del 01/08/19, prorrogó la designación de los doctores Jorge Enrique David y Hernán Eduardo Frías Silva como conjueces de ese órgano judicial a partir del 08/08/19 por el término de un año.

Luego, la aludida cámara, mediante acordada 43/20 del 22/07/20, designó nuevamente a los doctores Jorge Enrique David y Hernán Eduardo Frías Silva como conjueces de ese tribunal por el término de un (1) año o hasta tanto se produzca la cobertura de las vacantes existentes.

Para fundar este temperamento, dicho colegiado tuvo en consideración que “I) Que por razones de público conocimiento, en particular la pandemia mundial provocada por el COVID-19, no se avizora que en el corto plazo vaya a producirse la cobertura en propiedad de las vacantes antes mencionadas, lo que atentará contra el normal desarrollo de la labor jurisdiccional del tribunal; II) Que esta Excma. Cámara no puede integrarse transitoriamente con vocales de los Tribunales Orales de la jurisdicción, toda vez que los mismos cuentan solamente con dos miembros, por lo que de acudirse a la solución prevista en el artículo 5° de la ley de subrogancias, éstos quedarían desintegrados; III) Que el Dr. René E. Padilla, se encuentra comprendido en la causal de incompatibilidad establecida en el art. 10 inc c) de la ley 27.439, que remite al art. 8° del decreto ley N°1258/58, con relación a la Dra. Marina Cossio, por lo que /no puede asumir como subrogante en este Tribunal; IV) Que el próximo 8 de agosto se producirá la caducidad de pleno derecho de las designaciones (art. 13 de la ley 27.439), de los Dres. David y Frías Silva (h) (Ac. N°66/18 y 54/19 de esta CFAT) lo que genera la necesidad de integrar el Tribunal conforme al procedimiento establecido por la ley, V) Que la solución extraordinaria impone al Tribunal realizar un nuevo proceso de designación; VI) Que únicamente se encuentran en condiciones legales para ser nombrados a los doctores Jorge E. David y Hernán E. Frías Silva (h)...”.

Establecido cuanto precede, concuerdo con el distinguido colega preopinante, doctor Gustavo M. Hornos, en que esta nueva designación -mediante acordada 43/20- de los letrados Jorge Enrique David y Hernán Eduardo Frías Silva como conjueces de la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán resulta contraria a la normativa que rige el punto, toda vez que los nombrado excedieron el plazo máximo de duración que, por imperio legal, podían subrogar en la calidad aludida.

En este sentido, cabe señalar que el art. 13 de la ley 27.349 (B.O. 06/06/18) dispone que los jueces subrogantes deben permanecer en el cargo hasta el cese de la causal que generó su designación; subrogancia que, en ningún caso, podrá exceder el plazo de un (1) año contado desde la designación, prorrogable por igual término siempre que medie causa justificada y a cuyo vencimiento se producirá la caducidad de pleno derecho de tal subrogancia.

En tales condiciones, asiste razón al fiscal recurrente en que la subrogancia de los conjueces Jorge Enrique David y Hernán Eduardo Frías Silva operó de pleno derecho una vez transcurrido el plazo máximo de duración, de modo que la designación dispuesta por acordada 43/20 -una vez vencido el plazo máximo ipso iure- resulta contraria a la ley vigente.

Llegado este punto, deben considerarse los demás pronunciamientos que aquellos conjueces pudieron haber dictado en la condición ya señalada -con plazo de subrogancia vencido- en el marco de su actuación en un tribunal de alzada que, además, tiene competencia multi fuero. Todo ello evidencia la complejidad que reviste el tema y la prudencia que debe seguirse al momento de fallar el presente caso.

En esta inteligencia, razones de seguridad jurídica y el objetivo de evitar que lo decidido genere un caos institucional en el ámbito jurisdiccional de la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán aconsejan seguir en la especie el criterio establecido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación según el cual no debe privarse de validez a los actos procesales cumplidos de conformidad con las normas consideradas en vigor (C.S.J.N., caso "Rosza", Fallos: 319:2151; caso “De Martino”, Fallos: 336:1172; caso “Uriarte”, Fallos: 338:1216) - (ver en lo pertinente y aplicable, C.F.C.P., Sala IV, causa FCB 977/2020/3/CFC1, “NN s/recurso de casación", rta. El 28/09/20, reg. nro. 1880/20; causa FCB 70549/2018/23/CFC1, “Valoni, María Isabel y otros s/recurso de casación", FCB 70549/2018/23/CFC2, “Azar, Martín y otros s/recurso de casación” y FCB 70549/2018/23/CFC3, “Azar, Martín s/recurso de casación”, rta. el 28/09/20, reg. nro. 1881/20).

Sentado ello, en cuanto respecta a la valoración probatoria efectuada por el a quo, comparto en lo sustancial las consideraciones efectuadas por el juez preopinante en orden a que el tribunal de la instancia previa efectuó una errónea valoración de los elementos de prueba que la acusación pública invocó en respaldo de su pretensión y cuya consideración resultaba pertinente para la resolución del caso, debiéndose recordar aquí que la Corte Suprema de Justicia de la Nación tiene dicho que es arbitraria la sentencia en la cual la interpretación de la prueba se limita a un análisis parcial y aislado de los elementos de juicio obrantes en la causa, sin integrarlos y armonizarlos debidamente en su conjunto, cuando ello conduce a la omisión valorativa de indicios que pudieron ser decisivos para alcanzar un resultado distinto en el caso (C.S.J.N., Fallos: 308:640, 319:1878, entre otros), lo que en definitiva ha ocurrido en la encuesta.

En virtud de todo lo expuesto, entiendo que corresponde hacer lugar al recurso de casación interpuesto por el representante del Ministerio Público Fiscal, anular la resolución recurrida y reenviar las presentes actuaciones al tribunal a quo para su sustanciación, sin costas en la instancia (arts. 530 y 531 del C.P.P.N.). Poner en conocimiento de lo aquí decidido al Consejo de la Magistratura de la Nación a los fines que estime corresponder y tener presente la reserva de caso federal formulada por la defensa.

El señor juez Javier Carbajo dijo:

Por compartir sustancialmente las consideraciones formuladas por el colega que lidera el Acuerdo, Dr. Gustavo M. Hornos, que lleva la adhesión del Dr. Mariano Hernán Borinsky, en las particulares circunstancias detalladas en su voto, adhiero a la solución allí propuesta, sin costas en la instancia (arts. 530 y ccdtes. del CPPN).

Tal es mi voto.

En virtud de lo expuesto, y en mérito al Acuerdo que antecede, el Tribunal RESUELVE:

I. HACER LUGAR al recurso de casación interpuesto por el representante del Ministerio Público Fiscal, ANULAR la resolución recurrida y REENVIAR las presentes actuaciones al tribunal a quo para su sustanciación, sin costas en la instancia (arts. 530 y 531 del C.P.P.N.).

II. PONER EN EXPRESO CONOCIMIENTO de lo aquí resuelto a la Comisión de Selección de Magistrados y Escuela Judicial del Consejo de la Magistratura, a los fines que estime corresponder.

III. TENER PRESENTE la reserva del caso federal formulada por la defensa de los acusados.

Regístrese, notifíquese, comuníquese (Acordada 5/2019 de la C.S.J.N.) y remítase al tribunal de origen mediante pase digital, sirviendo la presente de atenta nota de envío.

 

Firmado por: Mariano Hernán Borinsky, Javier

Carbajo y Gustavo M. Hornos.

Ante mí: Marcos Fernández Ocampo, Prosecretario de Cámara.

 

  Correlaciones:

Cabral, Luis María c/Estado Nacional - Consejo de la Magistratura s/proceso de conocimiento - Juzg. Nac. Cont. Adm. Fed. - Nº 2 - 03/07/2015 - Cita digital IUSJU002106E

 

Cita digital:IUSJU004042F