JURISPRUDENCIA

 

 

 

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Salta, 02 de febrero de 2021.

Y VISTOS: Estos autos caratulados “V., J. A. VS. INSTITUTO PROVINCIAL DE SALUD DE SALTA - PIEZAS PERTENECIENTES - AMPARO - RECURSO DE APELACIÓN” (Expte. Nº CJS 40.879/20), y

CONSIDERANDO:

1º) Que a fs. 72/73 el Instituto Provincial de Salud de Salta interpone recurso de apelación en contra de la resolución de la señora jueza de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de Octava Nominación agregada en copia a fs. 61/62, que hizo lugar a la medida cautelar innovativa solicitada en autos y ordenó a la mencionada obra social proveer la cobertura total e integral de las prestaciones requeridas (100 %), en particular de las dos inyecciones antiangiogénicas marca "Lumiere", laboratorio “Elea” o droga equivalente en caso de inexistencia de la marca, y que la provisión lo sea en forma mensual, conforme lo exige el tratamiento médico del amparista.

Postula en su memorial (cfr. fs. 75/78) que el decisorio carece de debida fundamentación y razón suficiente, a la vez que omite el análisis de situaciones que entiende importantes para la obra social.

En ese marco, señala que no surge de las constancias de autos que se haya acompañado el certificado de discapacidad que acredite tal condición y que daría sustento a la petición de cobertura que invoca el actor. Expone que tal requerimiento se exige en la Ley 24901 correspondiente al Sistema de Prestaciones Básicas para personas con discapacidad a fin de obtener las prestaciones al 100 % que solicita.

Añade que tampoco se tuvo en cuenta el principio de solidaridad que rige la gestión de las obras sociales, entre las cuales se encuentra la accionada. Explica que viene otorgando la cobertura integral de las prestaciones indicadas y que el actor confunde dicha terminología, entendiendo que debe cubrirse el 100 % del costo, cuando en realidad se refiere a brindar las prácticas, entregar la medicación o proveer lo que fuera requerido. Solicita que se revoque el fallo apelado.

A fs. 83/85 vta., contesta agravios la parte actora, y por los argumentos que expone solicita el rechazo del recurso.

A fs. 93/94 dictamina el señor Fiscal ante la Corte Nº 2 (i), quien se pronuncia por su rechazo, y a fs. 95 se llaman autos para resolver, providencia que se encuentra firme.

2º) Que la finalidad de las medidas cautelares es evitar que se tornen ilusorios los derechos de quien las solicita, ante la posibilidad de una posterior sentencia favorable. Es decir, se trata de impedir la eventual frustración de los derechos de las partes con el objeto de que no resulten inocuos los pronunciamientos que dan término al litigio. Están destinadas, más que a hacer justicia, a dar tiempo a la justicia de cumplir eficazmente su obra (cfr. esta Corte, Tomo 71:57; 216:305, entre otros).

3º) Que la petición cautelar bajo examen tiene sustento en la patología "edema macular" que afecta ambos ojos del actor y que se trataría de una enfermedad crónica y degenerativa de su capacidad visual. El peligro se explica, según señala, en el deterioro inminente que provoca la falta de tratamiento adecuado, que en el caso, consiste en la aplicación mensual de dos inyecciones -una por cada ojo-, administrada de forma constante e ininterrumpida conforme indicación del médico tratante.

En abono de su justificación, el amparista explica que la enfermedad presenta en ambos ojos un estadio de "recidiva", por lo que precisa se le administre la medicación sin dilaciones y con la cobertura integral de las prestaciones en razón de la discapacidad visual que padece.

4º) Que en particular referencia al caso de autos, cabe advertir que el memorial bajo examen, pese a insinuar agravios sobre la supuesta falta de razón suficiente del fallo atacado, no rebate adecuadamente la razonabilidad de la decisión adoptada por el “a quo”.

En efecto, sus argumentos no se dirigen a impugnar la patología del actor o la necesidad del tratamiento farmacológico indicado, sino que se encaminan a objetar la cobertura integral (100 %) dispuesta con relación a la droga prescripta, de la cual, postula haber otorgado un reconocimiento en un 90 %.

La oposición formulada por la obra social demandada se centra en que la cautelar dispuesta en autos omitió considerar que el actor no acreditó la discapacidad que señala con el pertinente certificado de discapacidad, siendo ello un óbice para pretender la cobertura integral de su afección.

Con relación a ello, cabe recordar que este Tribunal ha señalado reiteradamente que el ejercicio de los derechos constitucionales reconocidos, entre ellos el de preservación de la salud, no necesita justificación alguna, sino por el contrario, es la restricción que se haga de ellos la que debe ser justificada (Tomo 91:603; 125:1027; 142:771, entre otros). A lo que corresponde agregar que el estándar de interpretación fijado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación impone que si se halla en juego la subsistencia de un derecho social, de principal rango y reconocimiento, tanto en el texto constitucional como en los tratados internacionales incorporados con esa jerarquía en el art. 75 inc. 22, y ante la interposición del mecanismo también consagrado constitucionalmente en el art. 43, con el objeto de garantizar de un modo expedito y eficaz su plena vigencia y protección, procede exigir de los órganos judiciales una interpretación extensiva y no restrictiva sobre su procedencia a fin de no tornar utópica su aplicación (Fallos, 324:3074; esta Corte, Tomo 175:417; 194:211; 199:63). En tal tesitura, la cautelar dispuesta no luce desprovista de fundamentos como invoca el recurrente, si se tiene en consideración el estadio procesal para su dictado, puesto que, como es sabido, estas medidas no exigen de la magistratura el examen de la certeza sobre la existencia del derecho pretendido, sino sólo su verosimilitud. Dicho análisis no entraña más que un juzgamiento acerca de la probabilidad de la existencia del derecho debatido, toda vez que su definitivo esclarecimiento constituye materia del pronunciamiento final a dictarse oportunamente (Tomo 70:1025; 216:305, entre otros).

Debe tenerse presente además que la articulación de una medida cautelar innovativa conjuntamente con la acción de amparo, procura una solución inmediata para una situación que se presenta con características de urgencia o impostergabilidad y fundada en un suficiente “fumus bonis iuris”, pero no se agota con su otorgamiento.

Con relación a lo expresado, es pertinente recordar que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha dejado sentado que la acción de amparo no actúa como una simple medida de no innovar (en el “sub lite”, innovativa), teniendo en consideración que no es una acción que se agota en la traba de una medida precautoria (cfr. Fallos, 244:68; 245:11; 252:301, entre otros). Ello es así, dado que la medida cautelar adoptada en el proceso de amparo en el que ha mediado ulterior oposición de la demandada, queda librada a la decisión final que -según admita o desestime el amparo-, convertirá la cautelar en definitiva o producirá la decadencia de tal medida.

Dado lo antes expuesto, cabe concluir que los argumentos señalados por el recurrente no logran conmover la razonabilidad de lo decidido en tanto, más allá de la alegada falta del certificado de discapacidad, no se ha cuestionado el diagnóstico de la enfermedad que padece el actor y su incidencia crónica y degenerativa, cuestión que, ante la eventual implicancia en el deterioro de la salud de aquél, justificó la concesión de la cautelar.

5º) Que los agravios relativos a la pretendida afectación del principio de solidaridad contributiva del sistema de seguridad social resultan inatendibles, pues, como lo ha resuelto esta Corte en numerosos precedentes, la simple invocación de manera ligera y abstracta de tal principio no es suficiente para tener por acreditada la afectación patrimonial a la estructura misma del sistema de salud que el I.P.S.S. está obligado a garantizar (Tomo 204:249; 212:323); valoración ésta que, conforme a lo expresado, se efectúa en el marco de provisoriedad que caracteriza a las medidas cautelares y sin perjuicio de lo que se resuelva en el principal sobre la cuestión de fondo.

6º) Que finalmente, con relación a qué debe entenderse por cobertura integral, esta Corte dijo que de cara al sentido de las palabras, se tiene que “integral” significa “global; total” (Diccionario de la Real Academia Española, www.rae.es) y por lo tanto comprensiva del 100 % y no sólo de una parte o fracción de la cobertura (cfr. Tomo 213:117) como lo postula el recurrente, de modo que el agravio debe desestimarse.

7º) Que en virtud de lo antes expuesto, corresponde rechazar el recurso interpuesto y confirmar la medida innovativa dictada en autos. Con costas, en virtud del principio objetivo de la derrota (art. 67, C.P.C.C.).

Por ello,

LA CORTE DE JUSTICIA,

RESUELVE:

I. RECHAZAR el recurso de apelación deducido a fs. 72/73 y, en su mérito, confirmar el auto interlocutorio impugnado. Con costas.

II. MANDAR que se registre y notifique.

 

(Fdo.: Dres. Guillermo Alberto Catalano -Presidente-, Ernesto R. Samsón, Sergio Fabián Vittar, Dras. Sandra Bonari -firma digital-, Teresa Ovejero Cornejo, Dres. Pablo López Viñals, Horacio José Aguilar, Dras. María Alejandra Gauffin y Adriana Rodríguez Faraldo -Jueces y Juezas de Corte-. Ante mí: Dr. Juan Allena Cornejo -Secretario Letrado de Corte-).

 

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