JURISPRUDENCIA

 

 

 

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Buenos Aires, 2 de diciembre de 2020

VISTOS Y CONSIDERANDO:

I. Que, por medio de Certificado Definitivo de Imposición de Multa emitido el 11 de febrero de 2015, la Directora del Servicio de Conciliación Previa en las Relaciones de Consumo (en adelante COPREC) impuso a la firma “Mercado Libre SRL”, una multa equivalente al valor de (1) Salario Mínimo Vital y Móvil, por haber incurrido en incomparecencia injustificada a la audiencia señalada en el procedimiento de conciliación previa referido en el certificado de imposición de multa N° 1613/2016 -conforme lo establecen los artículos 16 de la Ley N° 26.993 y 16 del Anexo I del Decreto 202/15- (confr. fs. 23).

En primer término, se consideró que las actuaciones tuvieron origen en virtud del reclamo N° 593288 iniciado por ante el COPREC, por presuntas infracciones a la Ley N° 24.240 y que, con las Actas de Conciliación Prejudicial Obligatoria y el Certificado de imposición de multa, se encontraba acreditada la incomparecencia de la firma requerida -Mercado Libre SRL-, a la audiencia fijada para el 21/01/2016 la que fue oportunamente notificada con fecha 11/12/2015 (confr. constancia de notificación electrónica obrante a fs. 4/5).

En ese orden, se indicó que la firma Mercado Libre S.R.L., no compareció a la audiencia de conciliación obligatoria y tampoco justificó su inasistencia dentro del plazo de cinco días, establecido a tal efecto, en el artículo 16 de la Ley N° 26.993.

II. Que, mediante la presentación de fs. 30/50, la firma sumariada -Mercado Libre S.R.L.- interpone el recurso de apelación previsto por el art. 45 de la Ley N° 24.240, y sustancialmente sostuvo: (a) que, el art. 45, de la Ley 24.240 que impone -como requisito de admisibilidad del recurso- el pago previo de la multa impuesta, es inconstitucional; (b) que, no fue considerado que cumplió con su deber de comparecer y no obstante ello igualmente resultó sancionado; (c) que, fue notificado con fecha 11/12/2015 para una audiencia a realizarse el día 31/12/2015, y que, mediante Decreto Nº 196/2015, el Poder Ejecutivo Nacional declaró dicha fecha “asueto administrativo”, por lo que procedió a poner en conocimiento de dicha circunstancia a la conciliadora -Dra. María Silvia Patane- quien le manifestó que la audiencia sería reprogramada; (d) que, el 20/12/2015 -esto es, previo a la audiencia prevista para el 31/12/2015- le fue notificado que la audiencia sería celebrada el 21/01/2016 y; (e) que no hubo incomparecencia a la audiencia fijada para el 31/12/2015 sino reprogramación para el día 21/01/2016, lo que así fue debidamente notificada y cuya asistencia cumplió, por lo que el certificado definitivo de imposición resulta nulo por partir de supuestos falsos.

III. Que, a fs. 79/87, se presentó el Estado Nacional - Ministerio de Producción- y contestó el traslado que le fuera conferido.

IV. Que, preliminarmente es necesario advertir que el Tribunal no se encuentra obligado a seguir al apelante en todas y cada una de las cuestiones y argumentaciones que proponen a consideración de la Alzada, sino tan sólo aquéllas que son conducentes para decidir el caso y bastan para dar sustento a un pronunciamiento válido (CSJN, Fallos: 258:304; 262:222; 265:301; 291:390; 297:140; 301:970; CNACAF, esta Sala, in rebús: “Ciudadanos Libres Calidad Institucional Asoc Civil c/EN-Dto 67/10 s/ medida cautelar (autónoma)”, del 21/10/10; Inc. Apelación en autos: “Farmacity c/ EN - Mº Salud s/ proceso de conocimiento”, del 27/3/14; “Araujo Medina Alexander Javier c/ EN -M Interior OP y V- DNM s/ recurso directo DNM”, del 27/4/18, entre otros).

V. Que, razones de orden lógico imponen tratar en primer lugar el planteo de inconstitucionalidad del requisito de depósito previo de la multa.

Al respecto, debe recordarse que el recaudo del pago previo contemplado en el art. 60 de la Ley 26.993, no opera como una condición irrestricta pues es inexigible cuando se acredite que su cumplimiento puede ocasionar al peticionario un perjuicio irreparable o, en otros términos, que su estricta observancia se traduce en una privación de justicia.

Por lo demás, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, ha reconocido, en principio, la validez constitucional de la regla del pago previo, salvo en aquellos casos en los que existe una desproporcionada magnitud entre la suma que el justiciable debe ingresar y su concreta capacidad económica o su estado patrimonial, en los que se ha dispensado su cumplimiento a fin de evitar que ese recaudo se traduzca en un real menoscabo de garantías que cuentan con protección constitucional (C.S, Fallos: 215:225; 247:181; 261:101; 285:302; 287:473; 288:287; 295:314; 322:1284; esta Sala, in re: “Transnoa SA c/ Resolución 289/09 ENRE (Expte. 27436/08)”, causa n° 34632/2009, del 20/10/2011; “Genomma Laboratories Argentina S.A c/ DNCI s/ Lealtad Comercial -Ley 22802 - Art. 22”, causa nº 51774/2017, del 26/12/2018; “Prisma Medios de Pago SA s/ Recurso de Queja”, causa nº 2079/2020, del 28/10/2020, entre otros).

A partir de tales alcances, la Corte Suprema juzgó compatible con la garantía de defensa en juicio (art. 18, Constitución Nacional) la exigencia del pago previo (Fallos: 312:2490).

Ahora bien, sobre la base de tales principios, debe advertirse que la firma recurrente se limitó a efectuar apreciaciones genéricas sobre la alegada inconstitucionalidad del pago previo, sin demostrar, en forma convincente, que el cumplimiento del recaudo procesal en cuestión pudiese frustrar en autos el acceso a la revisión judicial del acto impugnado, tampoco invocó su situación patrimonial como causal eximente del pago previo establecido por la norma que rige en la especie.

En tal contexto, se impone entonces concluir que, en el caso, no se verifica el menoscabo al derecho de defensa en juicio exigido por el Alto Tribunal para admitir la excepción al principio referido precedentemente.

VI. Que, ello sentado, y en cuanto al tema de fondo, cabe recordar que la sanción que se le impuso a la actora por aplicación del artículo 16 de la Ley N° 26.993 establece: “El proveedor o prestador del servicio debidamente citado que no compareciera a la audiencia, tendrá un plazo de (5) días hábiles con posterioridad a la misma para justificar su incomparecencia ante el Conciliador. Si la inasistencia no fuera justificada, se dará por concluida la conciliación y el Conciliador dispondrá la aplicación de una multa equivalente a un (1) Salario Mínimo Vital y Móvil y emitirá la certificación de su imposición, la que deberá ser presentada al COPREC junto con el acta labrada y el instrumento en el que conste la notificación...”.

Asimismo, en el artículo 16, del anexo I, del decreto 202/15, reglamentario de la Ley 26.993 se dispone que: “Para el caso que corresponda la aplicación de la multa, el Conciliador en las Relaciones de Consumo deberá emitir la certificación de su imposición que será presentada a la autoridad competente en materia específica de COPREC junto con el acta labrada y el instrumento en que conste la notificación dentro del plazo de CINCO (5) días contados desde el vencimiento del plazo previsto en el primer párrafo del Artículo 16 de la Ley N° 26.993. La autoridad competente específica del Servicio de Conciliación Previa en las Relaciones del Consumo (COPREC) deberá controlar la documentación presentada, verificar que del instrumento surja inequívocamente la fehaciente notificación y, previo dictamen jurídico, emitir el certificado de imposición de multa definitivo e intimar al pago a la parte incompareciente en el domicilio que conste en el instrumento de notificación”.

VII. En primer lugar debe advertirse que no se encuentra controvertido en autos que la Conciliadora, el día 20/12/2015, notificó electrónicamente a la firma denunciada la reprogramación de la audiencia de conciliación a celebrarse el día 21/01/2016 -a las 16 horas-, y, ante la incomparecencia injustificada de las partes -a la audiencia celebrada el día 21/01/2015-, labró el “Acta de Conciliación Prejudicial Obligatoria” (confr. fs. 9).

A continuación, se emitió el “Certificado de Imposición de Multa” (conf. fs. 14), con lo cual se acredita nuevamente la incomparecencia del aquí recurrente a la audiencia fijada para el 21/01/2016 cuya fecha de notificación fue el 20/12/2015 (confr. fs. 57).

Ahora bien, los fundamentos que sustentan los agravios de la firma recurrente, imponen recordar que, de la compulsa de la documental acompañada en autos se desprende que, tal y como lo señaló Mercado Libre SRL, en un primer momento, la audiencia de conciliación obligatoria fue fijada para el día 31/12/2015; no obstante, con motivo del asueto administrativo declarado por el Poder Ejecutivo, la audiencia conciliatoria fue reprogramada para el día 21/01/2016, lo que así fue notificado a la firma Mercado Libre SRL con fecha 20/12/2015 (confr. constancia de notificación electrónica obrante a fs. 57/58).

En tales términos, contrariamente a lo manifestado por la recurrente -por cuanto, en autos, no hay constancia que documente que se haya celebrado una audiencia con fecha 31/12/2015-, de la compulsa del Acta de Conciliación Prejudicial Obligatoria y del Certificado de Imposición de Multa (confr. fs. 9 y fs. 14) surge acreditado que la firma Mercado Libre SRL, no compareció a la audiencia de fecha 21/01/2016.

En ese orden, luego de expedirse la Dirección General de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Producción (confr. fs. 16) y la Dirección de Asuntos Legales de Comercio -mediante Dictamen Nº 344- (confr. fs. 20/22), y, encontrarse acreditados los extremos legales que impone la norma, la Directora del COPREC emitió el “Certificado Definitivo de Imposición de Multa” (conf. fs. 23).

A este respecto, la firma recurrente sostuvo que el 11 de diciembre de 2015 le fue notificada una audiencia para el día 31 de diciembre de 2015 y, posteriormente, con motivo del asueto administrativo, la misma fue reprogramada para el día 21 de enero de 2016, circunstancia que fue debidamente notificada con fecha 20 de diciembre de 2015.

En tal sentido, concluyó afirmando que compareció a la audiencia fijada para el 21 de enero de 2016, no obstante, no logra acreditar dichos extremos y menos aún controvertir lo que surge de la compulsa del acta de conciliación prejudicial obligatoria y del certificado de imposición de multa, por lo que el recurso -en esos términos- no puede prosperar, ello así a la luz de la obligación que impone el art. 16 de la Ley 26.993, de cuya lectura surge como cargo/ obligación la de comparecer a la audiencia.

Sobre tal base, los agravios que fundan el recurso interpuesto, no permiten desvirtuar el incumplimiento atribuido en el acto administrativo apelado.

En ese marco, se impone concluir que el recurrente omitió una conducta expresamente prevista por el legislador, afectando así la finalidad propuesta por el plexo normativo, lo que lleva a mantener la multa impuesta.

Por ello, SE RESUELVE: 1. Rechazar el recurso de apelación directa interpuesto en autos y, en consecuencia, confirmar la multa impuesta mediante el Certificado Definitivo de fs. 23. 2. Imponer las costas a la vencida por no existir mérito para la dispensa (art. 68, primer párrafo, del Código Procesal).

Teniendo presente la naturaleza, resultado del litigio, la calidad y eficacia de la gestión profesional, la etapa cumplida y la circunstancia de que la Sala ha declarado reiteradamente que los emolumentos que corresponde fijar a los profesionales y auxiliares de la justicia deber traducir -aún en los juicios de monto exiguo e inclusive sin monto- una justa retribución de las tareas desplegadas compatible con la dignidad en el ejercicio profesional, SE FIJAN los honorarios de la dirección letrada y representación de la parte demanda -Dras. Verónica Laura Treviño y Julia Luz Borzone- en la suma de DIECISIETE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS -$17.555-, que equivalen a ...  UMAS (confr., arts. 16, 19, 20, 21, 29, 51, 54 y 58 de la Ley Nº 27.423).

Hágase saber que, en caso de que el profesional beneficiario acredite su condición de responsable inscripto frente al Impuesto al Valor Agregado, se deberá adicionar a los emolumentos aquí fijados la alícuota correspondiente a dicho tributo, que también se encuentra a cargo del condenado en costas de conformidad con la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (Fallos: 316:1533; 322:523; 329:1834, entre otros).

A los fines del art. 109 del Reglamento para la Justicia Nacional se hace constar que suscriben la presente dos vocales por hallarse vacante el tercer cargo.

Regístrese, notifíquese a las partes y al Sr. Fiscal General, a las siguientes direcciones de correo electrónico: rcuesta@mpf.gov.ar; rpeyrano@mpf.gov.ar; arahona@mpf.gov.ar; moteiza@mpf.gov.ar; y dvocos@mpf.gov.ar, atento las medidas que limitan la dotación del personal y la circulación pública y, oportunamente, devuélvase.

 

SERGIO GUSTAVO FERNANDEZ

CARLOS MANUEL GRECCO

 

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