JURISPRUDENCIA

 

 

 

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En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Capital Federal de la República Argentina, a los 17 días del mes de DICIEMBRE de 2020 se reúnen las señoras jueces de la Sala V, para dictar la sentencia en esta causa, quienes se expiden en el orden de votación que fue sorteado oportunamente; y LA DOCTORA BEATRIZ E. FERDMAN dijo:

I. Contra la sentencia dictada a fs. 128 que confirmó la resolución dictada por el Servicio de Homologación de la Comisión Médica Nº 10, apela la parte actora a tenor del memorial en formato digital, que mereció réplica de la contraria en igual formato.

II. Se agravia el actor por la decisión recaída en origen ya que afirma que la misma resulta errada y arbitraria afectando de esta manera el principio de defensa en juicio, debido proceso y acceso irrestricto la justicia. Señala que la judicante debió haber interpretado el recurso con un carácter amplio y favorable a su parte dado que se encuentra afectado el derecho de un trabajador a poder acceder a los tribunales competentes que los ampare contra actos violatorios de sus derechos. Manifiesta que es por ello que acude a la justicia para hacer valer el derecho de tener un procedimiento justo y tener la oportunidad de ofrecer la prueba que entienda adecuada para resolver el reclamo. Apela asimismo,  el rechazo de la dolencia psicológica.

Delimitados de este modo los términos del memorial recursivo bajo estudio puedo anticipar que ninguno de los argumentos ensayados por el apelante tendrá favorable recepción en mi voto.

En efecto, corresponde recordar que el nuevo diseño legal de acceso a la jurisdicción previsto por la ley 27.348 contempla una instancia previa y excluyente ante las Comisiones Médicas y, una vez agotada la misma, habilita a opción del trabajador un recurso pleno ante la Justicia ordinaria del fueron laboral de la jurisdicción que corresponda o ante la Cámara del fuero de optar por la instancia recursiva previa respecto de la decisión eventualmente adoptada por la Comisión Médica Central, con posibilidad de prueba respecto de los aspectos cuestionados de la decisión administrativa, tal como ocurrió en el caso donde el trabajador transitó la comisión médica jurisdiccional y obtuvo dictamen médico (ver fs. 87/9057), recurriendo la decisión allí recaía en los términos previstos por el art. 2 de la ley 27.348 y art. 16 de la Resolución SRT 297/17, recurso que fue resuelto por la magistrada que me precede conforme pronunciamiento dictado a fs. 128, decisión que motivó el recurso de apelación interpuesto por el actor (cfr. Acta 2669 de la CNAT del 16/5/2018).

Sentado ello, la magistrada que me precede desestimó el recurso interpuesto por el trabajador ante la ausencia de algún cuestionamiento concreto del dictamen médico obrante a fs. 87/90, sosteniendo que “(...) no señala concretamente los pretendidos errores y omisiones que pretende atribuirle a la resolución anterior ni al dictamen de la Comisión Médica...Por lo demás, no se me escapa que en la queja hace mención a la incapacidad que presenta en la mano afectada, cuando la presente la inicia por un traumatismo y herida en el cuero cabelludo (...)” concluyendo entonces la magistrada que “(...) corresponde declarar desierto el recurso interpuesto (...), y lo cierto es que la recurrente se limitó a decir en forma dogmática no tuvo oportunidad de demostrar a través de la designación de un perito de oficio e imparcial las secuelas incapacitantes que padece a raíz del infortunio laboral y que en la audiencia médica se lo evaluó de manera defectuosa e incompleta, sin indicar siquiera someramente cuáles serían los fundamentos jurídicos que conducirían a rebatir el fallo de grado, teniendo en consideración que el trabajador se sometió al nuevo diseño adjetivo previsto por los arts. 2 y 14 de la ley 27.348 por lo que debía especificar cuál habría sido la forma correcta de analizar el informe médico, qué aspectos se habrían dejado de lado y cuáles deberían haberse mencionado para arribar a una solución del conflicto distinta a la presente (cfr. art. 116, art. 16 Res. 298/17).

Siendo ello así, la expresión de agravios debe constituir una exposición jurídica que contenga el análisis serio, razonado y crítico de la sentencia recurrida, expresando argumentos tendientes a descalificar los fundamentos en los que se sustenta la solución adoptada en el decisorio, invocando aquella prueba cuya valoración se considera desacertada o poniendo de manifiesto la incorrecta interpretación del derecho declarado aplicable a la controversia (art. 116 LO), debiéndose demostrar, punto por punto, la existencia de errores de hecho o de derecho en que pudiera haber incurrido el juzgador y la indicación precisa de las pruebas y de las normas jurídicas que el recurrente estime le asisten.

Sin embargo, tales extremos no se advierten satisfechos con las dogmáticas alegaciones contenidas en el escrito que se analiza, las que se muestran como una posición de discrepancia con el resultado adverso del recurso interpuesto limitándose a señalar que la audiencia médica realizada fue deficiente soslayando que la evaluación médica fue suscripta por el trabajador y su letrado, sin que se observe objeción ni disconformidad alguna que haya sido expresada en el acta del examen médico practicado (ver fs. 92/93). En tal sentido cabe destacar que el art. 14 del Anexo I de la Res. SRT Nro. 179/15 a la que remite el art. 6 de la Res. SRT Nro. 298/17 impone que las objeciones de las partes al acta de audiencia médica deberán formularse “(...) en el acto (...) es decir en el mismo acto en el que se celebra la vista médica, circunstancias que no se observan cumplidas en el caso.

En definitiva, tal como se destaca en origen la recurrente debió efectuar una crítica concreta y razonada de los aspectos de la decisión que considera equivocada, omisión que también se verifica en el memorial recursivo porque tal como antes se señalara no suministró argumento alguno que sea apto para conmover el dictamen elaborado por la Comisión Médica Nº 10 –en el que se sustentó el Servicio de Homologación para resolver del modo referido- como así tampoco brindó elemento alguno que demuestre que los profesionales que revisaron al trabajador hubiesen incurrido en error o en un uso inadecuado de las técnicas propias de su profesión, todo lo cual conduce a reputar desierto el recurso interpuesto en tal sentido.

Tampoco resulta viable el agravio vinculado a la eventual incapacidad psicológica que dice portar, por cuanto, como bien se señala en origen, las hipotéticas secuelas no fueron puestas a consideración de la Comisión Médica de modo (ver formulario de inicio que obra a fs. 1/2), conclusión que arriba firme a esta alzada valladar que obsta a cualquier consideración sobre tal aspecto en orden al principio de congruencia (cfr. art. 116 LO).

III. De suscitar adhesión mi voto, correspondería confirmar la sentencia de primera instancia en todo lo que ha sido materia de recurso y agravios, declarándose las costas originadas en esta instancia en el orden causado atento la ausencia de controversia de parte (cfr. art. 68 CPCCN).

En cuanto a los honorarios retributivos de las labores cumplidas en esta instancia, propongo regular los de la representación letrada de las partes intervinientes en la alzada en el ...% de lo que en definitiva les corresponda por sus labores en la instancia de origen (cfr. art. 30, ley arancelaria 27.423).

LA DRA. GRACIELA LILIANA CARAMBIA manifestó: Que por análogos fundamentos adhiere al voto de la señora Jueza de Cámara preopinante.

En virtud de lo que surge del acuerdo que antecede, el TRIBUNAL RESUELVE: 1) Confirmar la sentencia apelada. 2) Costas y honorarios de alzada como se lo sugiere en el punto III del primer voto. 3) Regístrese, notifíquese, cúmplase con el art. 1 de la ley 26.856 Acordadas C.S.J.N. 15/13 punto 4) y 24/13 y devuélvase. Con lo que terminó el acto, firmando las señoras jueces por ante mí, que doy fe. Se deja constancia que la Dra. María Dora González no vota en virtud de lo dispuesto por el art 125 LO.

 

Beatriz E. Ferdman

Juez de Cámara

Graciela Liliana Carambia

Juez de Cámara

 

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Rapisardi, Susana María c/ANSES s/retiro por invalidez (artículo 49 P4 ley 24.241) - Corte Sup. Just. Nac. - 23/08/2018 - Cita digital IUSJU031129E

 

 

Cita digital:IUSJU003324F