JURISPRUDENCIA

 

 

 

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Buenos Aires, 26 de Noviembre de 2020

Vistos los autos: “Recurso de hecho deducido por Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto (Dirección Nacional del Antártico) en la causa Martínez, Rosa Argentina c/ La Segunda Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. y otro s/ accidente de trabajo/enferm. prof. acción civil”, para decidir sobre su procedencia.

Considerando:

1°) Que la Sala III de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal revocó la sentencia de la instancia anterior y, en consecuencia, hizo lugar a la acción entablada por Rosa Argentina Martínez tendiente a obtener la reparación integral de los daños que padece a raíz de un accidente que sufrió el 27 de marzo de 2008.

Para decidir de ese modo el a quo encuadró el siniestro como un caso de accidente in itinere y estimó que al estar, de tal manera, demostrada la relación de causalidad entre el hecho dañoso y las actividades laborales que desarrollaba la víctima, la vía de la reparación civil se encontraba expedita. Consideró que el empleador -Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, Dirección Nacional del Antártico- había incurrido en una infracción a su deber de seguridad, lo que generaba a su respecto una obligación de resultado. Por ello, señaló que aquella no podía liberarse mediante la prueba de su falta de culpa sino solo probando la concurrencia de una causa extraña -culpa de la víctima o de un tercero por quien no deba responderextremo que entendió que no se había acreditado en la causa. Así, en lo que aquí interesa, condenó a la demandada a abonar a aquella la suma de $ 80.000 ($ 50.000 por incapacidad sobreviniente, $ 30.000 por daño moral), con más sus intereses desde la fecha del hecho, previa deducción de lo oportunamente pagado por La Segunda Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. a la actora en razón del mismo infortunio.

2°) Que contra dicha decisión el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto dedujo el recurso extraordinario (fs. 749/759 de los autos principales, a cuya foliatura se hará referencia en lo sucesivo), cuya denegación originó la queja en examen.

3°) Que sobre la base de la doctrina de la arbitrariedad el apelante cuestiona que se le haya atribuido responsabilidad civil por cuanto entiende que se trata de un reclamo por un accidente in itinere a raíz de una caída que la actora sufrió por la calle cuando iba caminando hacia su trabajo en un día lluvioso. Aduce que por esas circunstancias no recae sobre él ningún supuesto de responsabilidad civil sea de carácter subjetivo u objetivo. Sostiene que carece de la condición de dueño o guardián de la vereda donde ocurrió el siniestro; que eventualmente podría endilgarse responsabilidad al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires o al propietario frentista, pero no a su respecto.

Plantea que no existe la relación de causalidad adecuada entre el hecho dañoso y su conducta como empleador de la demandante y que las genéricas alegaciones sobre el deber de seguridad, esbozadas por la alzada, no son suficientes para concluir en la existencia de una conducta negligente de su parte.

Expresa además que la trabajadora, al demandar, invocó el art. 1113 del Código Civil (entonces vigente) a fin de percibir la reparación integral propia del derecho común, y que solo al apelar la sentencia de primera instancia alegó la responsabilidad del empleador por incumplimiento del contrato.

4°) Que si bien las cuestiones de hecho y prueba y de derecho procesal y común no son susceptibles de revisión en la instancia extraordinaria, la doctrina de la arbitrariedad de sentencias autoriza a revisar fallos que versan sobre tales cuestiones cuando, como sucede en el sub lite, ellos presentan graves defectos en el tratamiento del tema debatido (doctrina de Fallos: 320:2675; 322:2415; 323:192, entre otros).

5°) Que en efecto, el a quo encuadró el infortunio sufrido por la actora como un accidente in itinere, calificación que se adecua a los hechos descriptos en la demanda (v. fs. 5/9) y que podía encontrar su correlato normativo en el art. 6°, inc. 1° de la ley 24.557. Sin embargo ese dispositivo legal no ha sido el fundamento jurídico de la condena. La alzada hizo lugar a la pretensión deducida en concepto de reparación integral, con apoyo en el derecho civil, sin justificar de qué manera la mencionada figura tenía cabida en tal marco normativo.

6°) Que a esa deficiencia se añade que, como lo señaló la apelante al contestar la expresión de agravios de su contraria (v. fs. 732/735), en autos no se ha demostrado la relación de causalidad adecuada entre el daño alegado y su conducta, presupuesto indispensable para la atribución de responsabilidad civil (arts. 901, 904 y 905 del Código Civil de la Nación y 1726 y 1727 del Código Civil y Comercial de la Nación). Es que, tal requisito no se verifica con la sola circunstancia de que la víctima posea un vínculo laboral con el demandado.

7°) Que, por lo demás, es apropiado destacar que, como ya ha sido puesto de relieve por el Tribunal, la extensión del deber de seguridad se refiere a los acontecimientos previsibles según el curso normal y ordinario de las cosas, y la previsibilidad exigible variará -de acuerdo a la regla del art. 902 del Código Civil (hoy art. 1725 del Código Civil y Comercial de la Nación)- de un caso a otro, lo cual vendrá justificado por las circunstancias propias de cada situación por lo que incumbe al juez hacer las discriminaciones correspondientes para evitar fallos que resulten de formulaciones abstractas o genéricas (Fallos: 329:646). En ese sentido, se observa que la sala se limitó a mencionar el citado deber de seguridad sin efectuar examen pormenorizado alguno respecto de la previsibilidad del acontecimiento y la posibilidad del empleador de adoptar las medidas pertinentes a su respecto.

En tales condiciones, habida cuenta de la ostensible carencia de fundamentación del fallo apelado, corresponde su descalificación con arreglo a la conocida doctrina del Tribunal en materia de arbitrariedad de sentencias.

Por ello, se hace lugar a la queja, se declara procedente el recurso extraordinario y se deja sin efecto la sentencia apelada con el alcance indicado, con costas. Agréguese la queja al principal y vuelvan los autos al tribunal de origen para que, por quien corresponda, se dicte un nuevo pronunciamiento con arreglo al presente. Exímase a la demandada del depósito previsionado según constancia de fs. 2. Notifíquese, y, oportunamente, remítase.

VOTO DEL SEÑOR PRESIDENTE DOCTOR DON CARLOS FERNANDO ROSENKRANTZ

Considerando:

1°) Que la Sala III de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal revocó la sentencia de la instancia anterior y, en consecuencia, hizo lugar a la acción entablada por Rosa Argentina Martínez tendiente a obtener la reparación integral de los daños que padece a raíz de un accidente que sufrió el 27 de marzo de 2008.

Para decidir de ese modo el a quo encuadró el siniestro como un caso de accidente in itinere y estimó que al estar, de tal manera, demostrada la relación de causalidad entre el hecho dañoso y las actividades laborales que desarrollaba la víctima, la vía de la reparación civil se encontraba expedita. Consideró que el empleador -Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, Dirección Nacional del Antártico- había incurrido en una infracción a su deber de seguridad, lo que generaba a su respecto una obligación de resultado. Por ello, señaló que aquella no podía liberarse mediante la prueba de su falta de culpa sino solo probando la concurrencia de una causa extraña -culpa de la víctima o de un tercero por quien no deba responder- extremo que entendió que no se había acreditado en la causa. Así, en lo que aquí interesa, condenó a la demandada a abonar a aquella la suma de $ 80.000 ($ 50.000 por incapacidad sobreviniente, $ 30.000 por daño moral), con más sus intereses desde la fecha del hecho, previa deducción de lo oportunamente pagado por La Segunda Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. a la actora en razón del mismo infortunio.

2°) Que contra dicha decisión el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto dedujo el recurso extraordinario (fs. 749/759 de los autos principales, a cuya foliatura se hará referencia en lo sucesivo), cuya denegación originó la queja en examen.

3°) Que sobre la base de la doctrina de la arbitrariedad el apelante cuestiona que se le haya atribuido responsabilidad civil por cuanto entiende que se trata de un reclamo por un accidente in itinere a raíz de una caída que la actora sufrió por la calle cuando iba caminando hacia su trabajo en un día lluvioso. Aduce que por esas circunstancias no recae sobre él ningún supuesto de responsabilidad civil sea de carácter subjetivo u objetivo. Sostiene que carece de la condición de dueño o guardián de la vereda donde ocurrió el siniestro; que eventualmente podría endilgarse responsabilidad al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires o al propietario frentista, pero no a su respecto.

Plantea que no existe la relación de causalidad adecuada entre el hecho dañoso y su conducta como empleador de la demandante y que las genéricas alegaciones sobre el deber de seguridad, esbozadas por la alzada, no son suficientes para concluir en la existencia de una conducta negligente de su parte.

Expresa además que la trabajadora, al demandar, invocó el art. 1113 del Código Civil (entonces vigente) a fin de percibir la reparación integral propia del derecho común, y que solo al apelar la sentencia de primera instancia alegó la responsabilidad del empleador por incumplimiento del contrato.

4°) Que si bien las cuestiones de hecho y prueba y de derecho procesal y común no son susceptibles de revisión en la instancia extraordinaria, la doctrina de la arbitrariedad de sentencias autoriza a revisar fallos que versan sobre tales cuestiones cuando, como sucede en el sub lite, ellos presentan graves defectos en el tratamiento del tema debatido (doctrina de Fallos: 320:2675; 322:2415; 323:192, entre otros).

5°) Que en efecto, el a quo encuadró el infortunio sufrido por la actora como un accidente in itinere, calificación que se adecua a los hechos descriptos en la demanda (v. fs. 5/9) y que podía encontrar su correlato normativo en el art. 6°, inc. 1° de la ley 24.557. Sin embargo ese dispositivo legal no ha sido el fundamento jurídico de la condena. La alzada hizo lugar a la pretensión deducida en concepto de reparación integral, con apoyo en el derecho civil, sin justificar de qué manera la mencionada figura tenía cabida en tal marco normativo.

6°) Que a esa deficiencia se añade que, como lo señaló la apelante al contestar la expresión de agravios de su contraria (v. fs. 732/735), en autos no se ha demostrado la relación de causalidad adecuada entre el daño alegado y su conducta, presupuesto indispensable para la atribución de responsabilidad civil (arts. 901, 904 y 905 del Código Civil de la Nación y 1726 y 1727 del Código Civil y Comercial de la Nación). Es que, tal requisito no se verifica con la sola circunstancia de que la víctima posea un vínculo laboral con el demandado.

Por ello, se hace lugar a la queja, se declara procedente el recurso extraordinario y se deja sin efecto la sentencia apelada con el alcance indicado, con costas. Agréguese la queja al principal y vuelvan los autos al tribunal de origen para que, por quien corresponda, se dicte un nuevo pronunciamiento con arreglo al presente. Exímase a la demandada del depósito previsionado según constancia de fs. 2. Notifíquese, y, oportunamente, remítase.

 

ROSENKRANTZ Carlos Fernando

HIGHTON Elena Ines

MAQUEDA Juan Carlos

LORENZETTI Ricardo Luis

 

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F. C. V. c/Federación Patronal Seguros S.A. s/accidente - ley especial - Cám. Nac. Trab. - Sala I - 14/02/2020 - Cita digital: IUSJU000492F

 

Cita digital:IUSJU002837F