JURISPRUDENCIA

 

 

 

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En la ciudad de Mar del Plata, reunida la Excma. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial, Sala Tercera, en el acuerdo ordinario a los efectos de dictar sentencia en los autos: “PROTEGIENDO AL CONSUMIDOR C/ SIMONE AUTOMOTORES S.A. S/ REPETICION DE SUMAS DE DINERO”, habiéndose practicado oportunamente el sorteo prescripto por los artículos 168 de la Constitución de la Provincia y 263 del Código de Procedimiento en lo Civil y Comercial, resultó que la votación debía ser en el siguiente orden: Dres. Nélida I. Zampini y Rubén D. Gérez.

El Tribunal resolvió plantear y votar las siguientes;

CUESTIONES:

1) ¿Es justa la sentencia de fs. 91/94?;

2) ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?

A LA PRIMERA CUESTION PLANTEADA LA SRA. JUEZ DRA. NELIDA I. ZAMPINI DIJO:

I) Dicta sentencia el Sr. Juez de Primera Instancia, resolviendo rechazar la demanda colectiva promovida por la accionante “Protegiendo al Consumidor” contra “Simone Automotores S.A.”.

Impuso las costas a la actora y difirió la regulación de honorarios para su oportunidad.

Para así decidir, entendió, luego de detallar los requisitos indispensables para el progreso de una acción colectiva que en la presente causa, más allá de no encontrarse consagrada y verificada la existencia de una causa fáctica común, tampoco se logra demostrar que se configure un “caso” en el que exista obstáculo material alguno que dificulte o definitivamente impida la reclamación individual de todo potencial afectado.

Adunó a lo anterior, que también obsta a la viabilidad de lo pretendido la imposibilidad de considerar la existencia en el caso de grupos tradicionalmente postergados.

II) Dicho pronunciamiento es apelado mediante escrito electrónico del 26/03/2020 por el Dr. Emiliano Arosteguy, en su carácter de apoderado de la actora, fundando tal recurso mediante idéntica vía el día 13 de mayo del presente año, con argumentos que no merecieron respuesta de la contraria.

III) Agravia al recurrente que el a quo resuelva rechazar in limine la demanda interpuesta por su parte.

En breve síntesis, manifiesta que resulta prematura la consideración del a quo concerniente a la ausencia de acreditación y verificación de la causa fáctica común invocada en la demanda, pues, según entiende el recurrente, el sentenciante debió otorgarle a su parte la posibilidad de producir prueba tendiente a acreditar los extremos fácticos denunciados en el escrito liminar.

Por su parte, afirma que el Sr. Juez de primera instancia incurre en irrazonabilidad al invocar como causal de rechazo de la demanda que no se encuentra acreditada la dificultad ni el impedimento por parte de los afectados de reclamar en forma individual contra la demandada.

Sobre tal cuestión, expone que en ningún momento se alegó que los consumidores afectados se encuentren imposibilitados de reclamar en forma individual, en tanto éstos en todo momento están habilitados a reclamar de tal modo tanto la restitución de la comisión indebidamente cobrada, como así también los daños y perjuicios que hubiesen sufrido.

En otro orden de ideas, indica que resulta contrario a derecho que el a quo considere que no existe un interés estatal en la protección de los consumidores que adquieren automóviles nuevos, dado que los planes de ahorro requieren de la aprobación previa de la Inspección General de Justicia.

A su vez, sostiene que resulta errado que el Juzgador de primera instancia entienda que la acción de clase sólo es procedente para grupos postergados, ya que tanto la ley 24.240 como la ley 13.133 establecen que las acciones de tal tipo tienen por objeto la defensa de los consumidores no existiendo una división interna entre los que merecen más o menos tutela.

Concluye, que en el caso de autos se encuentran reunidos todos los requisitos de admisibilidad que exige la jurisprudencia para la acción promovida. Cita y transcribe doctrina y jurisprudencia en apoyo a su argumentación.

Finalmente, solicita que se revoque la sentencia recurrida.

IV) Pasaré a analizar los agravios planteados.

La cuestión atinente a la legitimación en las acciones colectivas reviste una especial complejidad en razón de la inexistencia de una regulación normativa que regule el ejercicio efectivo de las acciones de clase.

Tal circunstancia no le ha sido ajena a la Corte Suprema de Justicia de la Nación quien al dictar sentencia en la causa “Halabi, Ernesto c/ P.E.N. s/ Amparo” destacó la importancia de una ley que determine aspectos tales como cuándo se configura una pluralidad relevante de individuos que permita ejercer una acción colectiva, cómo se define la clase homogénea, si la legitimación corresponde exclusivamente a un integrante de la clase o también a organismos públicos o asociaciones, cuál es el trámite que cabe otorgarle a dichos procesos, cuáles son los efectos expansivos de la sentencia a dictar y como se hacen efectivos (conf. considerando 12 del fallo citado).

Ahora bien, la ausencia de una ley que determine las condiciones de admisibilidad de las acciones de clase no puede erigirse en un obstáculo para su reconocimiento toda vez que como ha resuelto el Máximo Tribunal Nacional “...donde hay un derecho hay un remedio legal para hacerlo valer toda vez que sea desconocido; principio del que ha nacido la acción de amparo pues las garantías constitucionales existen y protegen a los individuos por el solo hecho de estar en la Constitución e independientemente de sus leyes reglamentarias, cuyas limitaciones no pueden constituir obstáculo para la vigencia efectiva de dichas garantías...” (CSJN. en la causa “Halabi, Ernesto c/ P.E.N. s/ Amparo”, sent. del 24-02- 2009).

Como enseña destacada doctrina, las principales innovaciones en el campo del derecho constitucional han provenido de decisiones judiciales. En el derecho comparado aparece como particularmente relevante lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia estadounidense en las causas “Marbury v. Madison” de 1803 y “Mc. Culloch v. Maryland” de 1819 donde se sentaron las bases de los conceptos de control judicial e interpretación constitucional, mientras que en el ámbito nacional lo resuelto por La Corte Suprema de Justicia de la Nación en las causas “Siri” y “Kot” marcó el inicio del amparo en el derecho argentino (argto. doct. Juan Vicente Sola “El caso Halabi y la creación de las acciones colectivas”, publicado en La Ley 2009-B, 154).

La C.S.J.N. en la causa “Mendoza, Beatriz Silvia y otros c/ Estado Nacional s/ daños y perjuicios” sentó la doctrina de la administración judicial para resolver cuestiones constitucionales de administración compleja, y finalmente cabe destacar, por su especial relevancia para resolver el presente, la ya citada causa “Halabi” en la que se estableció la doctrina general referida a las formas procesales que deben seguirse para entablar acciones de clase que permitan garantizar la protección de derechos de incidencia colectiva (argto. doct. Juan Vicente Sola, ob. cit.).

Por su parte, la S.C.B.A. recordó que en la causa “Halabi” el Máximo Tribunal Nacional reconoció a los derechos de incidencia colectiva referentes a intereses individuales homogéneos, detallando los presupuestos que tornan procedente este tipo de enjuiciamiento en los supuestos que se encuentren en juego tales derechos, siendo ellos:

a) La verificación de una causa fáctica común (hecho único o complejo que causa una lesión a una pluralidad relevante de derechos individuales);

b) Una pretensión procesal enfocada en el aspecto colectivo de los efectos de ese hecho (la causa no debe relacionarse con el daño diferenciado que cada sujeto pudiera sufrir en su esfera, sino con los elementos homogéneos que tiene esa pluralidad de sujetos al estar afectados por un mismo hecho);

c) La constatación de que el ejercicio individual no aparece plenamente justificado (el interés individualmente considerado no justifica la promoción de una demanda, con lo que podría verse afectado el acceso a la justicia);

d) Y finalmente, como excepción y pese a tratarse de derechos individuales, si por su trascendencia social o en virtud de las particulares características de los sectores afectados pudiera considerarse fuertemente comprometido el interés público en su protección (conf. S.C.B.A. en la causa C. 91.576 “López, Rodolfo Osvaldo c/ Cooperativa Eléctrica de Pehuajó s/ sumarísimo”, sent. del 26-03-2014; S.C.B.A. en la causa A. 73.880 “Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina y otros c/ A.R.B.A. s/ pretensión declarativa de certeza”, sent. del 06-11-2019). el proceso colectivo resulta una herramienta fundamental para garantizar los derechos de los usuarios, su admisibilidad se encuentra condicionada al cumplimiento ineludible de los requisitos descriptos en el considerando 10 a fin de resguardar el derecho de defensa en juicio de las partes. En tal sentido, esta Corte estableció que la admisión formal de toda acción colectiva requiere la verificación de ciertos recaudos elementales que hacen a su viabilidad y exigió que, de manera previa a su inscripción, los tribunales dicten una resolución que declare formalmente admisible la acción, identifique en forma precisa el grupo o colectivo involucrado en el caso, reconozca la idoneidad del representante y establezca el procedimiento para garantizar la adecuada notificación de todas aquellas personas que pudieran tener un interés en el resultado del litigio (causa “Halabi” citada y acordada 32/2014, punto 3 del Reglamento de Registro Público de Procesos Colectivos)...” (C.S.J.N. en la causa “Centro de Estudios para la Promoción de la Igualdad y la Solidaridad y otros c/ Ministerio de Energía y Minería s/ amparo colectivo”, sent. Del 18-08-2016; del considerando 40).

Es en el desempeño de tal labor, que el Sr. Juez de Primera Instancia consideró que en la presente causa no se encontraban configurados los presupuestos necesarios que tornan admisible el ejercicio de una acción colectiva en defensa de intereses individuales homogenéos, haciendo hincapié en la inexistencia del requisito de dificultad o impedimiento del ejercicio de la acción individual y en la ausencia de acreditación de una causa fáctica común.

Ante tal panorama, ingresaré primero en el estudio de la configuración del requisito de la ausencia o dificultad en el ejercicio de la acción individual para luego, y sólo en el caso de encontrarse configurado dicho presupuesto, abordar la cuestión atinente a la acreditación de la causa fáctica común.

En lo que a la imposibilidad o dificultad de acceder a la acción individual respecta, cabe destacar que tal requisito se justifica en el hecho que de no reconocerse la legitimación procesal a la asociación de consumidores podría comprometerse seriamente el acceso a la justicia de los integrantes del colectivo cuya representación se pretende asumir (C.S.J.N. en la causa “Centro de Estudios para la Promoción de la Igualdad y la Solidaridad y otros c/ Ministerio de Energía y Minería s/ amparo colectivo”, sent. Del 18-08-2016; del considerando 10)

En el caso de autos, comparto con el Sr. Juez de Primera Instancia en que no se advierte la existencia de imposibilidad o dificultad para ejercicio de una acción individual por parte de aquellos cuya representación pretende asumir la entidad actora.

En efecto, luego de analizar con detenimiento el escrito inicial del presente proceso advierto que la pretensión se endereza a obtener la restitución de lo cobrado -más sus intereses- en concepto de “alistamiento” (conf. fs. 7/42).

Conforme, surge de autos -conf. fs. 63- en el “caso testigo” denunciado por la asociación actora tal comisión ascendió a la suma de pesos diez mil doscientos ocho ($10.208).

Entiendo que el reclamo de tal suma, o sumas similares -pues al menos teóricamente no en todos los casos serían idénticas- con más sus intereses justifican plenamente -más allá de su eventual procedencia- el ejercicio de acciones individuales, más aún cuando a tales montos eventualmente podrán sumárseles otros de existir mayores daños.

Y es así, que no se aprecia en autos, que la relación costo- beneficio de entablar una acción individual sea desfavorable para los reclamantes y ello impide tener por corroborada, con una certeza mínima, que se encuentre comprometida la garantía de acceso a la justicia que, conforme a la doctrina sentada en el precedente “Halabi”, resulta necesaria para habilitar la vía intentada (argto. arts. 18, 43 y ccdtes. de la Constitución Nacional; art. 8 del Pacto de San José de Costa Rica) .

No obsta a lo expuesto, que la acción colectiva se promueva invocando la protección de derechos de consumidores, pues conforme surge de la doctrina sentada por la C.S.J.N. en la causa “Consumidores Financieros Asociación Civil para su Defensa c/ Prudencia Compañía de Seguros Generales S.A. s/ ordinario” sent. del 27/11/2014, aún en dichos supuestos es necesario para la procedencia de tales acciones acreditar la existencia del requisito de la imposibilidad o inconveniencia de la acción individual (argto. jurisp. Cam. Nac. de Apel. en lo Comercial, Sala D, en la causa ““Consumidores Financieros Asociación Civil para su Defensa c/ Liderar Compañía Gral. de Seguros S.A. s/ ordinario, sent. del 03-12-2015).

Ante tal panorama, el análisis de los restantes presupuestos de la acción ha caído en abstracto, pues aún de configurarse éstos en nada variaría la decisión adoptada por el a quo y que propongo confirmar, dado que la ausencia de un requisito esencial basta para la improcedencia de la acción.

Es por los motivos expuestos, que considero debe rechazarse el recurso interpuesto confirmándose, en consecuencia, la sentencia recurrida.

ASI LO VOTO.

El Sr. Juez Dr. Rubén D. Gérez votó en igual sentido y por los mismos fundamentos.

A LA SEGUNDA CUESTION PLANTEADA LA SRA. JUEZ DRA. NELIDA I. ZAMPINI DIJO:

Corresponde: I) Rechazar el recurso interpuesto confirmándose, en consecuencia, la sentencia recurrida; II) Imponer las costas en el orden causado ante la ausencia de controversia (art. 68 2da. parte del C.P.C.); III) Diferir la regulación de honorarios para su oportunidad (art. 31 de la ley 14.967).

ASI LO VOTO.

El Sr. Juez Dr. Rubén D. Gérez votó en igual sentido y por los mismos fundamentos.

En consecuencia se dicta la siguiente;

SENTENCIA

Por los fundamentos dados en el precedente acuerdo: I) Se rechaza el recurso interpuesto confirmándose, en consecuencia, la sentencia recurrida; II) Se imponen las costas en el orden causado ante la ausencia de controversia (art. 68 2da. parte del C.P.C.); III) Se difiere la regulación de honorarios para su oportunidad (art. 31 de la ley 14.967). REGÍSTRESE. Notifíquese por cédula electrónica, conforme lo dispuesto en el art. 3, apartado c) c.2) de la Resolución del Presidente de la S.C.B.A. N° 10/20 (conf. arts. 135 inc. 12, 143 y 143 bis del CPCC; 1, segundo párrafo, del Anexo I del Ac. 3845; y art. 2 Resolución 480/20 de la SCBA) y devuélvase.

En la ciudad de Mar del Plata, se procede a la firma digital de la presente conforme al Ac. 3975/20, SCBA._

 

REFERENCIAS:

Funcionario Firmante: 24/07/2020 10:02:31 - GÉREZ Rubén Daniel

Funcionario Firmante: 24/07/2020 10:15:12 - ZAMPINI Nelida Isabel

Funcionario Firmante: 24/07/2020 11:45:13 - LARRALDE Marcelo Miguel

 

  Correlaciones:

Kielmanovich, Jorge L., Las acciones de clase y colectivas: Nota a fallo Halabi - Compendio jurídico - Junio 2009

López, Rodolfo Osvaldo c/Cooperativa Eléctrica de Pehuajó s/sumarísimo - Sup. Corte Just. Bs. As. - 26/03/2014 - Cita digital IUSJU215801D

 

 

Cita digital:IUSJU001273F