JURISPRUDENCIA

 

 

 

 

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Buenos Aires, 21 de abril de 2020.

VISTO:

El recurso de apelación en subsidio deducido por el letrado de la parte actora contra la providencia que impuso a su cargo la comunicación de la transferencia de las sumas depositadas en autos en concepto de honorarios; y

CONSIDERANDO:

1º) Que el señor juez de grado accedió al pedido de habilitación de la feria judicial y ordenó la transferencia de los fondos depositados en autos en concepto de honorarios firmes, mediante oficio de estilo, cuya confección y diligenciamiento impuso al interesado. A tal fin, hizo saber al peticionante que debería acompañar copia digital de dicho oficio a los efectos de su confronte y firma en el Sistema de Gestión Judicial, por no encontrarse habilitadas las transferencias electrónicas en el fuero, a la fecha.

El letrado incorporó copia digital del oficio al Sistema de Gestión Judicial Lex100, el cual fue observado con fundamento en que debía ser confeccionado en los términos del artículo 400, del CPCCN.

2º) Que, contra esta última providencia, y su antecedente en igual sentido suscrito por secretaría, aquél interpuso el presente recurso de reposición con apelación en subisidio y solicitó el diligenciamiento del oficio por el juzgado, dada su imposibilidad de cumplir tal tarea, en virtud de la cuarentena sanitaria en curso, su condición de riesgo en virtud de su edad (mayor de 70 años) y su calidad de único apoderado actuante en la causa. En este sentido, imputó a la decisión una falta de humanidad y solidaridad, a tenor de la invocación de urgentes necesidades alimentarias. Si bien reconoció que el Banco de la Nación Argentina no había implementado aún las adaptaciones técnicas para realizar giros electrónicos, lo cierto es que desestimó la solución ad hoc ofrecida por el juez, con fundamento en su improcedencia jurídica e imposibilidad material.

El magistrado ratificó que no se encontraban habilitadas, por el momento, las transferencias electrónicas a las que hacía referencia la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la acordada 9/20, por lo que insistió en la existencia de una imposibilidad material concreta y real para dar cumplimiento con lo allí ordenado.

3º) Que, antes de tratar la apelación, cabe recordar que la Corte Suprema de Justicia de la Nación dispuso que, durante el transcurso de la presente feria sanitaria extraordinaria, los magistrados y funcionarios de todas las instancias, fueros y jurisdicciones de la justicia nacional y federal permanecieran a disposición de lo que determinaran las respectivas autoridades de superintendencia o el Alto Tribunal (punto 9 de la acordada 6/20).

En este sentido, el examen del recurso se inscribe en la finalidad de asegurar ingresos a los destinatarios de los procesos judiciales y a los letrados que intervinieron en las distintas causas que, de otro modo, perjudicarían su sustento diario en esta emergencia (ac. 9/20, consid. III, y arg. esta Sala, causa 38518/11, “Abate”, resol. del 16/4/20).

A tal fin, la acordada 9/2020 encomendó a los distintos tribunales nacionales y federales a cargo de la superintendencia de cada fuero jurisdicción, que arbitrasen los medios necesarios para que cada juez natural pudiera atender los pedidos de esas libranzas de manera remota, a los fines de priorizar las medidas sanitarias adoptadas por el Poder Ejecutivo Nacional (art. 3º). Por ello, requirió al Banco de la Nación Argentina la adecuación de su sistema informático fin de que se pudieran generar esos pagos electrónicos derivados de los procesos judiciales, en cuanto no estuvieran implementados (art. 4º). En cumplimiento de tal instrucción, esta Cámara dispuso la intervención de la totalidad de los jueces de ambas intancias del fuero, en su calidad de jueces naturales, para que ordenaran las libranzas aludidas en forma remota, sin perjuicio de las medidas que se pudieren adoptar a efectos de la adecuada tramitación de los respectivos pedidos (punto 2, resol. J.S. 14/20).

Sin embargo, el Banco de la Nación Argentina no ha concluído las pruebas técnicas para permitir giros electrónicos, extremo que no se encuentra controvertido en autos.

En este aspecto, cabe destacar las gestiones desplegadas por la Comisión Nacional de Gestión Judicial y por la Secretaría General de esta Cámara, así como el oficio dirigido por el Sr. Vicepresidente de esta última a la Corte Suprema de Justicia de la Nación poniendo en su conocimiento esta circunstancia, a fin de evitar la afectación del servicio de justicia involucrado en la demora aludida. Asimismo, corresponde poner de resalto las adecuaciones normativas transitorias formuladas por el Banco Central de la República Argentina en relación con los depósitos de cuentas a la vista para uso judicial (comunicación A 6976, del 16/4/20).

4º) Que, sobre dicha plataforma fáctica y normativa, el recurrente no logra desvirtuar el temperamento adoptado por el juez de grado quien, pese a la temporaria imposibilidad técnica de librar el giro electrónico en los términos de la acordada 9/20, en virtud de una demora claramente ajena al Poder Judicial de la Nación, propuso al interesado un solución ad-hoc consistente en la comunicación de la libranza al Banco de la Nación Argentina suscripta por el magistrado en forma electrónica en el Sistema de Gestión Judicial Lex100 y poniendo a cargo del interesado su diligenciamiento en papel, mediante una aplicación analógica del art. 400 del CPCCN. Máxime, cuando el apelante no alegó ni probó razones por las que se vería impedido de, vgr., designar a un autorizado para realizar esa tarea (arg. Sala I, causa 37747/2013, “Giustinani, Rubén Héctor c/ YPF SA s/ amparo por mora”, resol. del 17 de abril de 2020).

Por ello, se RESUELVE: rechazar el recurso y confirmar la decisión apelada. Sin especial imposición de costas dada la ausencia de contradicción.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

 

MARCELO DANIEL DUFFY

JORGE EDUARDO MORÁN

ROGELIO W. VINCENTI

 

  Correlaciones:

Acordada 9/2020 - Corte Suprema de Justicia de la Nación

 

 

Cita digital:IUSJU000570F
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