JURISPRUDENCIA

 

 

 

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En la ciudad de La Plata, Provincia de Buenos Aires, Sede de la Sala I del Tribunal de Casación Penal (Cf. R.C. 1805 de la S.C.J.B.A.), el 05 de MAYO de 2020 se reúnen en Acuerdo Ordinario los señores jueces doctores Ricardo Maidana y Daniel Carral (art. 451 del Código Procesal Penal), con la presidencia del primero de los nombrados, a los efectos de resolver la Causa N° 93441 caratulada “L. H. D. S/ RECURSO DE CASACION”, conforme al siguiente orden de votación: MAIDANA - CARRAL.

ANTECEDENTES

El 10 de julio de 2018, el Tribunal en lo Criminal nº 9 del Departamento Judicial Lomas de Zamora, condenó a H. D. L. a la pena de veintidós (22) años de prisión, accesorias legales y costas, por resultar autor penalmente responsable de los delitos de homicidio en concurso ideal con aborto (arts. 5, 12, 19, 29 inc. 3, 40, 41, 45, 54, 79 y 85 inc. 1°, CP.).

Contra dicho pronunciamiento, el Defensor Particular, Dr. Gustavo José Della Maggiore, interpuso recurso de casación que figura a fojas 172/184.

Ingresado el legajo a la Sala I de este Tribunal con fecha 1 de febrero de 2019 y encontrándose la causa en estado de dictar sentencia, se dispuso plantear y resolver las siguientes:

CUESTIONES

Primera: ¿Es admisible el recurso interpuesto? Segunda: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?

A la primera cuestión planteada el señor juez, doctor MAIDANA, dijo:

Habiendo sido interpuesto el recurso por quien se encuentra legitimado, en debido tiempo y contra un pronunciamiento definitivo de juicio oral en material criminal, se encuentran reunidos los recaudos formales y satisfechos los requisitos de admisibilidad previstos legalmente (arts. 18 y 75 inc. 22 CN; 8.2.h CADH; 14.5 PIDCP; 20 inc. 1, 450, primer párrafo, 451, y 454 CPP).

VOTO POR LA AFIRMATIVA.

A la misma primera cuestión planteada el señor Juez, doctor CARRAL, dijo:

Adhiero al voto del doctor Maidana en igual sentido y por los mismos fundamentos.

VOTO POR LA AFIRMATIVA.

A la segunda cuestión planteada el señor juez, doctor MAIDANA, dijo:

Expresa el impugnante que el Tribunal ha incurrido en una absurda y errónea valoración de la prueba, afectando el principio de congruencia. Considera que se ha probado el hecho y la autoría sin tener el grado de certeza necesario para ello, por lo que se ha aplicado erróneamente el art. 1 del CPP. Alega que no se han observado las reglas de la sana crítica racional en la valoración probatoria. Entiende que el Tribunal de Casación debe revisar el decisorio, conforme lo dispuesto en la jurisprudencia de la Corte Federal. Explica que los hechos tenidos por probados constituyen una afirmación meramente conjetural. Transcribe textualmente las partes del decisorio que considera pertinentes a los fines de su recurso y cuestiona las distintas afirmaciones hechas por la jueza del primer voto y secundadas por el resto de los sentenciantes, por considerarlas una mera conjetura o especulación, sin asidero fáctico. Sostiene que la violencia endilgada a L. está cargada de subjetivismo. Indica que quizás una tercera persona pudo estar esperando a la víctima el día de su desaparición. Manifiesta que es necesario que, conforme el art. 210 del CPP, la sentencia se base en elemento de prueba objetivos, especialmente si éstos tienen origen en prueba de carácter indiciaria. Resume que en la sentencia atacada no ha quedado probado el hecho en su exteriorización material. Solicita se case la sentencia y se absuelva a su asistido.

Por su parte, el nuevo Defensor Particular de H. D. L., Dr. Facundo Melo, presentó su memorial con semejantes motivos de agravio, a fs. 290/303vta. Distinguió la prueba que valoró el tribunal y de manera peculiar cuestionó la misma, mediante temas que entiende de interés, tales como: alejamiento de É. con sus amigas, mails, relación con F. S., hija de É., alejamiento de É. con su familia, relación con G. De La C. “el cuida”, actividad de L. entre las 22.30 hs del 20/8 y las 15 hs del 21/8, el hogar estaba caliente, informes psicológicos y psiquiátricos, vestimenta de É., resto hemático, escena del crimen, conversación con M. E. R., cartera de É., participación en la búsqueda, día de la desaparición, psicóloga personal de L., vinculación con el rubro funerario, búsqueda de una presa, opinión de sus vecinos, boletos de colectivo, declaración de A. I., mudanza a Villa Adelina, ex parejas de L., y múltiples allanamientos - exhumaciones en los cementerios zonales. En suma, entiende que se condenó a un inocente por meras presunciones. En subsidio, requiere se fije el mínimo legal previsto para el concurso de delitos.

La Fiscal Adjunta de Casación, Dra. Daniela Bersi, postula el rechazo del remedio incoado de acuerdo a los detallados argumentos que desarrolla en su dictamen de fojas 308/345vta.

Con independencia de la garantía procesal que condice a las exigencia de la necesidad de la doble conformidad judicial para ejecutar la pena si el condenado lo requiere, la circunstancia de ponerse en juego otra garantía como la del juicio público, única base de la condena, determina que, en el caso de no haberse observado el debate, no es posible controlar la valoración de la prueba practicada en el transcurso de la audiencia si el Tribunal diera cuenta circunstanciada de su empleo, para tener por acreditado cualquiera de los extremos de la imputación.

Los arts. 8.2.h de la Convención Americana y 14.5 del Pacto exigen la revisión de todo aquello que no esté exclusivamente reservado a quienes hayan estado presentes como jueces en el juicio oral, no sólo porque cancelaría el principio de publicidad (arts. 8.5 de la Convención Americana y 14.1 del Pacto), sino también porque directamente no lo conocen, o sea, que a su respecto rige un límite real de conocimiento, se trata directamente de una limitación fáctica, impuesta por la naturaleza de las cosas, y que debe apreciarse en cada caso, con lo que, no existe una incompatibilidad entre el debate y la revisión amplia en casación, ambos son conciliables en la medida en que no se exagere el resultado de la inmediación.

Limitados de tal modo los motivos de agravio consignados por el impugnante, el conocimiento del proceso se circunscribirá a los que fueran expuestos (art. 434 y ccs. del CPP; v. TCPBA, Sala I, c. 77.456 “Silva, Sergio Daniel s/ Recurso de Casación,” sent. del 8 de noviembre de 2016, reg. 949/16, entre otras).

El A Quo tuvo por acreditado: “Que en fecha y hora no determinadas, pero comprendida entre las 22:30 del día 20 de agosto de 2010 y las 15:00 del 21 de agosto de 2010, en el interior del domicilio donde residían, sito en Pasaje Coronel Santiago 1433, de la localidad y partido de Lanús, un sujeto de sexo masculino, mayor de edad, ejerció violencia -de un modo en que no pudo establecerse- contra su pareja, É. P. S., la cual estaba embarazada aproximadamente de ocho semanas, y con quien el sujeto convivía desde el mes de abril de 2010, causándole la muerte a ella y al feto que llevaba en su seno, luego de lo cual hizo desaparecer el cuerpo sin vida de la nombrada, para lograr su impunidad” (fs. 65).

De la simple lectura de la impugnación traída, surge que los planteos efectuados son solamente una reedición de aquellos realizados en la instancia pero desechados con acabados fundamentos sin que ahora logren contrarrestar con sus críticas lo afirmado al respecto por el A Quo.

De todo lo dicho, se colige que la mayor parte de los puntos requeridos por la defensa ya fueron objeto de tratamiento por el A Quo, quien evaluó sus pretensiones y contestó todas sus inquietudes (fs. 65/150vta.), insistiendo el interesado ante esta sede pero sin lograr rebatir lo ya expuesto (v. Sala VI, c. N° 56.386, caratulada “BUSTAMANTE, Sergio Gustavo s/ Recurso de Casación”, sent. del 11 de octubre de 2013, reg. 453/13; c. N° 56.644, “GONZÁLEZ, Pamela Elizabeth y SAAVEDRA, Sebastián Ezequiel s/ Recurso de Casación” y su acum., c. N° 56.647, “GONZÁLEZ, Pamela Elizabeth y SAAVEDRA, Sebastián Ezequiel s/ Recurso de Casación interpuesto por part. damnif.”, sent. del 30 de diciembre de 2013, reg. 680/13, c. 58.518 “REQUITO, Alfredo Enrique s/Recurso de Casación, reg. 227/14).

La motivación o expresión de agravios es el razonamiento de censura que el peticionante formula contra la resolución atacada, sea para destruir las premisas y conclusiones de ella o para demostrar su ilegalidad y, por tanto, debe ser clara, precisa y específica (cfr. CLARIÁ OLMEDO, Jorge A., Tratado de Derecho Procesal Penal, t. V: La Actividad Procesal, Bs. As., EDIAR, 1966, ps. 468/469); de este modo, si la parte prescindió de formular una crítica concreta y eficaz contra los argumentos desarrollados en la sentencia que ataca, su recurso deviene inidóneo para torcer la decisión que aquella contiene.

Antes de ingresar al análisis de los motivos de agravio, considero pertinente aclarar que nos encontramos frente a un caso caracterizado por violencia de género, lo que implica la utilización de pautas analíticas e interpretativas específicas y particulares a dichas circunstancias. Además, observo que la perspectiva de género fue correctamente considerada por los juzgadores.

Y frente a ello, no es ocioso reiterar que he manifestado que, conforme la normativa vigente, la violencia de género implica “cualquier acción o conducta, basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado” (Convención de Belém do Pará, 1994), así como “las amenazas de cometer esos actos [...]” constituyendo no solamente una violación de los derechos humanos, sino también “una ofensa a la dignidad humana y una manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales entre mujeres y hombres”, que “trasciende todos los sectores de la sociedad independientemente de su clase, raza o grupo étnico, nivel de ingresos, cultura, nivel educacional, edad o religión y afecta negativamente sus propias bases” (Corte IDH Caso del Penal Miguel Castro Castro Vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 25 de noviembre de 2006, y Caso Fernández Ortega y otros Vs. México. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de agosto de 2010; TCPBA, Sala VI, Causa n° 69965 y su Acum. n° 69966 “López, Susana Beatriz s/ Recurso de Casación Interpuesto por Particular Damnificado” y “López, Susana Beatriz s/ Recurso de Casación Interpuesto por Agente Fiscal,” sentencia del 5 de julio de 2016, entre otras).

Dentro de este tipo de violencia, la Organización de las Naciones Unidas (OMS-ONU, 2016), hace hincapié en aquella violencia contra la mujer ejercida en el contexto de pareja, advirtiendo sobre el grave problema social y público que constituye.

En el mismo sentido, la Ley nacional 26.485 la define como “toda conducta, acción u omisión, que de manera directa o indirecta, tanto en el ámbito público como en el privado, basada en una relación desigual de poder, afecte su vida, libertad, dignidad, integridad física, psicológica, sexual, económica o patrimonial, como así también su seguridad personal [...],” incluyendo dentro de esta violencia a las amenazas (arts. 4 y 5).

De lo expuesto se infiere que, frente a este tipo de violencia, es necesario aplicar una perspectiva de género, reconociendo que los patrones socioculturales y las relaciones históricamente desiguales han generado violencia contra la mujer en todas sus formas (TCPBA, Sala VI, Causa nº 58.758 “Rodríguez, Jorge Daniel s/ Recurso de Casación” del 29 de agosto de 2014, entre otras).

La perspectiva de género implica, entonces, “el proceso de evaluación de las consecuencias para las mujeres y los hombres de cualquier actividad planificada, inclusive las leyes, políticas o programas, en todos los sectores y a todos los niveles. Es una estrategia destinada a hacer que las preocupaciones y experiencias de las mujeres, así como de los hombres, sean un elemento integrante de la elaboración, la supervisión y la aplicación de las políticas y los programas en todas las esferas políticas, económicas y sociales, a fin de que las mujeres y los hombres se beneficien por igual y se impida que se perpetúe la desigualdad. El objetivo final es lograr la igualdad [sustantiva] entre los géneros” (ONU Mujeres, 2016). Continúa afirmando la ONU que “la incorporación de una perspectiva de género integra la igualdad de género en las organizaciones públicas y privadas de un país, en políticas centrales o locales, y en programas de servicios y sectoriales. Con la vista puesta en el futuro, se propone transformar instituciones sociales, leyes, normas culturales y prácticas comunitarias que son discriminatorias” (Ob. cit.).

El análisis exhaustivo de la situación de desigualdad global de los géneros, ha concluido que la concepción androcéntrica de la humanidad dejó fuera a la mitad del género humano, es decir, a las mujeres. Y a pesar de existir en un mundo genÉ.mente desigual, las mujeres han sido realmente relevantes en cada uno de los aspectos propios de las distintas sociedades que se fueron desarrollando a lo largo de la historia. La perspectiva de género tiene como uno de sus fines contribuir a la construcción subjetiva y social de una nueva configuración a partir de la resignificacio´n de la historia, la sociedad, la cultura y la política desde una perspectiva inclusiva de las mujeres.

Esta perspectiva reconoce, asimismo, la diversidad de géneros y la existencia de las mujeres y los hombres, como un principio esencial en la construcción de una humanidad diversa y democrática. Sin embargo, esta perspectiva plantea a su vez que la dominación de género produce la opresión de género y ambas obstaculizan esa posibilidad. Una humanidad diversa y democrática requiere que mujeres y hombres (refiriéndome puramente al encuadre binario al solo efecto de clarificar conceptualmente para el presente caso, pero sin dejar de reconocer la existencia de otros géneros) seamos diferentes de quienes hemos sido, para ser reconocidos en la diversidad y vivir en la democracia genÉ. (Larrauri, E., “Desigualdades sonoras, silenciosas y olvidadas: género y derecho penal.” Anuario de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid, ISSN 1575-8427, Nº. 13, 2009, págs. 37-55).

El derecho y la administración de justicia no pueden ser ajenos a ello. Y en consecuencia, la perspectiva de género debe ser entendida como comprensiva también del derecho en general y del derecho penal en particular. En lo que respecta a la perspectiva de género en el campo puramente legal, cabe destacar la doctrina jurisprudencial surgida en los países escandinavos en la década del 70, que se fundamenta en la determinación discriminadora de la ley actual y en la necesidad de un cambio con una perspectiva de género en la interpretación judicial, ya que facilitaría velozmente la adecuación del sistema jurídico a la igualdad empírica. Esta corriente doctrinaria sostiene que la jurisprudencia existente es masculina porque responde a la conexión entre las leyes de un sistema patriarcal y los seres humanos, leyes que presumen que dichos seres humanos son hombres (Patricia A. Cain, “Feminist Jurisprudence: Grounding the Theories,” 4 Berkeley Women's L.J. 191 (1989), 2013. Disponible online en: http://scholarship.law.berkeley.edu/bglj/vol4/iss2/1).

Así pues, sin perjuicio de que el legislador busque la igualdad empírica incluyendo a todos quienes pertenecen a la sociedad en diversidad de género, también corresponde a quienes formamos parte del sistema de justicia realizar una interpretación legal abarcativa de esta perspectiva.

Ahora bien, cuando abordamos el análisis de la perspectiva de género particularmente en el derecho penal, las distintas posturas tendientes a la igualdad de género han sostenido que tanto las normas penales como la aplicación que de ellas hacen los jueces están dotadas de contenido desigual, porque normalmente los requisitos que rodean su interpretación han sido elaborados por hombres pensando en una determinada situación o contexto. Por consiguiente, cuando el juez aplica la norma tal como ésta ha sido comúnmente interpretada en la doctrina y precedentes, la norma reproduce los requisitos y contextos para los cuales ha sido ideada y desde este punto de vista tenderá a discriminar a la mujer puesto que ni su género ni el contexto en el cual la mujer necesita de la norma, han sido tenidos en consideración al elaborar los requisitos (Larrauri, E., “Desigualdades sonoras, silenciosas y olvidadas: género y derecho penal.” Anuario de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid, ISSN 1575-8427, Nº. 13, 2009, págs. 37-55).

Ahora bien, dicha violencia, esencialmente de carácter psicológica, se encuentra acreditada en la causa a través de los testimonios de M. E. R., F. S., B. G. S., V. G. S., L. J. S., A. I., L. A. C., A. B., M. C., L. R., G. S. de la C., A. G., Y. C. y G. L. K.; así como de los mensajes de email que la víctima intercambiaba con el imputado y que fueron incorporados por lectura a la presente (fs. 65vta/87).

Los mencionados declarantes coincidieron en el maltrato psicológico que sufría É. S. por parte de L., quien controlaba cómo se vestía, el maquillaje que utilizaba, el uso del teléfono celular, los lugares a los que concurría y con quién lo hacía, y los boletos de colectivo para verificar sus horarios. Además, dieron cuenta de lo celoso y posesivo que era el imputado al punto de hackearle la cuenta de correo electrónico y revisarle el celular.

Dicha violencia generó un impacto tan grande en la víctima que, tal como pudo comprobarse de dichos testimonios analizados por el A Quo, la joven cambió su manera de vestir y de maquillarse, así como su comportamiento, y comenzó a ser más apagada, introvertida y deprimida. Su hermana V. G. S. también dijo que É. prácticamente no tenía contacto con el sexo masculino por los celos de L. (fs. 75vta.).

La violencia psicológica ejercida por el imputado también afectó la relación que la víctima tenía con su hija, F. S., quien declaró que estaba siempre con L. mientras su madre trabajaba, y que cuando ella regresaba a la casa, éste muchas veces mentía acerca del comportamiento de la menor (fs. 70/71vta.). La joven explicó que tales circunstancias la obligaron a irse a vivir con su padre, pues su madre decidió creerle al encausado y no a ella (fs. 70/71vta.).

Como puede comprobarse de la simple lectura de los testimonios antes mencionados, la violencia psicológica que ejerció el imputado sobre la damnificada, fue una cuestión cotidiana en la relación y conocida por todos debido a los notorios cambios físicos y de conducta de S., las manifestaciones que ella misma hacía al respecto, tanto a sus familiares como a sus amigos y compañeros de trabajo, y las expresiones y conductas llevadas a cabo por L..

Cabe destacar que el A Quo sostuvo que en los testigos no advirtió ninguna animosidad o ánimo de perjudicar injustamente al acusado (fs. 88vta.). Específicamente, con respecto a los familiares, amigos y compañeros de trabajo, dijo que, si bien el afecto por S. era notorio e innegable, no expresaron enemistad u odio contra el imputado, y sus declaraciones fueron medidas, sin exageraciones, coincidentes entre sí y verosímiles, por lo que consideró gozaron de credibilidad (fs. 88vta/89). Y, justamente como veremos, la inmediación constituye el límite de la revisión casatoria.

A todo ello se adunan los mensajes intercambiados por correo electrónico, en los que É. S. manifestaba al imputado su malestar por las constantes escenas de celos, reclamos y planteos que éste realizaba (fs. 102/105vta.). Incluso en ellos él mismo reconocía desconfiar de su pareja, y ser inseguro y celoso (fs. 102/105vta.).

En efecto, respecto a la violencia psicológica, el Tribunal concluyó que el juicio dejó en descubierto la “pesadilla” o “calvario” -en palabras de la propia É. S.- que implicaba la relación para ella (fs. 100vta). Sobre ello, sostuvo que irrefutablemente quedó acreditado que “L. sometió a su pareja a controles desmedidos, tendientes a calmar sus invocados celos” (fs. 100vta.).

Como fuera expuesto previamente, el A Quo tuvo en cuenta dichas circunstancias al momento de analizar el caso y evaluar la prueba, utilizando al efecto, la perspectiva de género antes citada.

Habiendo aclarado ello, me abocaré al único motivo de agravio presentado por la defensa de L., que refiere a la interpretación probatoria. Al respecto, reitero que el sistema probatorio consagrado por el art. 210 C.P.P. no prevé formas determinadas para acreditar un hecho delictivo, lo que procura afianzar la búsqueda de la verdad como objeto del proceso, e impide sostener que sus reglas sometan la convicción acerca de un determinado hecho o circunstancia, a su comprobación por un medio de prueba específico (arts. 209, 210 y 373 C.P.P.; TCPBA, Sala VI, Causa nº 56.107 “Sonda, Juan Alejandro s/ recurso de casación” del 21 de mayo 2013 y Causa nº 56.097 “Chávez, Alexis Sebastián s/ recurso de casación” del 27 de noviembre de 2013, entre otras).

Y tal como adelanté oportunamente, aduno que la inmediación impide revisar aspectos ligados a la comunicación directa y cuestiones singulares de percepción que hacen a la recepción oral de la prueba, en la medida que dieron cuenta detallada de su empleo, y necesariamente otorga a los jueces de mérito un amplio margen de discrecionalidad, no arbitrariedad, ya que no pueden relegar el deber de documentar y exponer los motivos de su convicción, según las reglas de la sana crítica racional, a fin de cumplir con el mandato constitucional que exige que las sentencias sean fundadas.

Ahora bien, destacaré que, contrario a la arbitrariedad y parcialidad aducidas por la defensa del imputado, el A Quo hizo una valoración pormenorizada del plexo probatorio que lo llevó a reconstruir el hecho y acreditar la autoría de L., en los términos plasmados en el decisorio.

Básicamente, las críticas de la defensa se encuentran dirigidas de manera individualizada a cada componente empleado en perjuicio del procesado; empero se desentiende del rendimiento probatorio que deriva de un abordaje global del cúmulo de prueba discutido en el curso del juicio.

En definitiva, el A Quo arribó vía prueba indirecta a la reconstrucción del evento, y la comprobación de la autoría, no advirtiéndose la insuficiencia que pregona el recurrente, sino que, por el contrario la suma de los elementos de convicción que evaluados de forma conjunta conducen unívocamente a la conclusión establecida por los sentenciantes.

El medio probatorio indiciario exige el mayor rigor crítico, pues la verificación del “hecho desconocido” opera por conexión lógica y directa de la existencia de otro “hecho indicador”, el cual debe con seguridad estar probado; ya que no se trata de un cálculo de probabilidades, sino que el juez infiera de modo completo, concluyente y convincente una relación de certeza basada con logicidad.

Adelanto que, la decisión adoptada por los magistrados se apoya en un conjunto probatorio válido, coherente y que fue explicado de acuerdo a las reglas de la lógica y de la experiencia.

Para ser claro, no es imprescindible -como lo pretende la parte- para la condena por un delito de homicidio que haya aparecido el cuerpo y a éste se le practique la autopsia. Sin perjuicio que en estos casos resulte necesario adoptar más cautelas que las que ordinariamente son exigibles, por estar el fallo basado en prueba indicaría. En suma, no se erige en un obstáculo, cuando la afirmación de aspectos fácticos esenciales se construyen sobre inferencias que respetan las exigencias de razonabilidad. Sentado ello, la tarea de la Sala se circunscribe a supervisar la estructura racional del discurso plasmado por el Tribunal.

Liminarmente, para un mejor abordaje, señalaré sintéticamente, los extremos que el “A Quo” tuvo por comprado:

1. La víctima mantenía una relación de pareja con el imputado, desde el mes de diciembre de 2009. Iniciaron su convivencia en el mes de abril de 2010, junto a la hija de É. S., hasta que la niña quiso residir con su progenitor.

2. La relación se caracterizó por los desmedidos celos y el control absoluto por parte de L..

3. É. S. estaba cursando ocho semanas de gestación.

4. La noche del día 20 de agosto de 2010, S. y L. concurrieron a un control obstétrico.

5. Los nombrados arribaron a la residencia que compartían alrededor de las 22 horas, oportunidad en la que discutieron.

6. H. D. L. fue la última persona que mantuvo contacto con É. S..

7. La víctima había acordado concurrir el 21 de agosto a la casa de su madre, para dialogar con “el cuida” sobre su hija.

8. En el curso de la madrugada del 21 de agosto se verificaron inusuales comunicaciones de L. con su núcleo familiar.

9. La última localización por GEOCEL del celular de la damnificada fue en el domicilio del imputado.

10. El acusado demostró desinterés en la búsqueda de É..

Ahora bien, conforme se desprende del pronunciamiento, el Tribunal expresamente sostuvo, a los efectos de resolver la cuestión acerca de la materialidad ilícita y la participación del imputado en la misma, consideró, en primer lugar, el indicio de presencia y oportunidad que surge de haberse establecido que É. S. se encontraba junto al imputado en el domicilio donde residían (fs. 136). Tal circunstancia surge clara de la reconstrucción histórica que se efectuó a través de los testimonios antes mencionados; extremo que no fue controvertido por la parte.

Tal como quedó acreditado por el A Quo, el viernes antes de la desaparición de É. S., ambos habían ido a ver al Dr. Daniel Antonio Pacheco, médico tocoginecólogo y obstetra, para un control por su embarazo, para luego regresar a su domicilio (fs. 87/vta.).

Asimismo, teniendo en cuenta la perspectiva de género antes mencionada, el Tribunal hizo un análisis exhaustivo de la violencia de género psicológica sufrida hasta el hartazgo por É. S., confirmada mediante las probanzas anteriormente citadas. Y sobre ella, concluyó que dicha violencia funcionó como móvil del hecho en cuestión, pues se evidenció que L. creía que S. le era infiel, al punto de sospechar acerca de su paternidad, y que lo iba a dejar.

Y aquí hago un paréntesis para aclarar que, conforme consta en el decisorio, de la localización por GEOCEL, el teléfono celular de É. S., la ubicó en la vivienda que compartía con L., lo que indica y comprueba que, al menos el teléfono, nunca salió de dicho domicilio, contradiciendo una vez más lo expuesto por el imputado (fs. 113).

Por otro lado, se adunaron una serie de pruebas incorporadas por lectura, entre las que figura el acta de constatación en donde se plasmó que en el interior del domicilio del encausado se verificó que había un hogar a leña que poseía signos de haber estado encendido, y sobre el que L. refirió haber sido utilizado para quemar unas tablas que no usaba en la construcción que estaba realizando su casa (fs. 89/vta.).

Sin embargo, al respecto, el hermano de la víctima, L. J. S., dijo que cuando percibió que el hogar estaba prendido siendo en realidad un día caluroso, el policía le preguntó, a lo que L. contestó que habían cocinado carne allí, algo que reiteró en su declaración, incurriendo así en una clara contradicción (fs. 76vta./78).

Asimismo, el Tribunal tuvo en cuenta la conducta de L. posterior al hecho. En relación a ello, destacaron lo expuesto por los familiares y amigos de la víctima, quienes relataron las extrañas respuestas que inicialmente dio el imputado para justificar que É. no había llegado a Villa Adelina en horario; la demora en realizar la denuncia; la escasa interacción con la familia para preguntar si había novedades; las actitudes incompatibles con la gravedad de la realidad que estaban viviendo, y la ausencia de comunicación a su familia sobre la desaparición -su padre se enteró el domingo siguiente al hecho, de casualidad, cuando concurrió a la casa de su hijo-, entre otras (fs. 108vta./109).

El A Quo también ponderó las contradicciones en las que incurrió el discurso de L. y que también fueron señalas por familiares y amigos de É. S. (fs. 109/vta.). Así, los testigos advirtieron que el imputado les describió en detalle la vestimenta que su pareja llevaba el día sábado, diciendo que tenía calzas negras, un sweater gris polera y botas negras, pero luego se dieron cuenta de que esa misma ropa se encontraba en el domicilio de L. y reconocieron el sweater gris en la audiencia (fs. 109).

El Tribunal, asimismo, valoró que dichos declarantes remarcaron que la cartera de la víctima estaba en el domicilio del imputado, y contenía su billetera, documentos, la medicación para el embarazo que estaba tomando y los estudios que se había realizado (fs. 109vta.). Dicha circunstancia despertó sospecha, como también resultó contradictoria con el relato que el imputado presentó cerca de la forma en que supuestamente discutieron y tironearon ambos de la cartera, mientras que É. S., al mismo tiempo, extraía el dinero y el celular para irse a la casa de su madre (fs. 113vta/123vta.).

Si bien la defensa de L. minimiza el hecho de que la cartera tuviera una manija y no dos como dijo el imputado, lo cierto es que ello no constituye un detalle menor, sino otro de los muchos datos relevantes que acreditaron la mendacidad del imputado frente a lo ocurrido a É. S.. De esta manera fue considerado por el A Quo, pues lógicamente concluyó que la discusión que el imputado alega, no pudo darse de la manera descripta, pues la cartera tenía una sola manija, lo que impide su tironeo y la extracción de cualquier posible elemento de ella en dichas circunstancias (fs. 112vta./113). En este contexto, el Tribunal plasmó que para extraer el teléfono y el dinero, el imputado debió haber soltado la cartera, pero de hacerlo, no hubiese habido razón para que la víctima no la llevara consigo (fs. 112vta./113 y 132).

Y aquí hago un paréntesis para aclarar que, conforme consta en el decisorio, de la localización por GEOCEL, el teléfono celular de É. S., la ubicó en la vivienda que compartía con L., lo que indica y comprueba que, al menos el teléfono, nunca salió de dicho domicilio, contradiciendo una vez más lo expuesto por el imputado (fs. 113).

Ahora bien, tal como lo plasmaron los jueces en su decisorio, L. no solo mintió con respecto a la cartera y el teléfono celular, sino también en relación a la conversación de S. con L. R. que tuvo lugar el 20 de agosto, a los mensajes recibidos por la víctima en su teléfono esa noche, a lo dicho para justificar no haber dado respuesta a los llamados de los familiares de su pareja, al hecho de no mencionar haber salido del domicilio cuando efectivamente su vecino lindero lo vio caminando por la calle en horas de la mañana, a la ausencia de celos en la relación con É., a la búsqueda del paradero de ésta, a la circunstancia de haber escondido su celular y viajado a Ciudad del Este en Paraguay, y a haber negado conocer a “El Cuida”, cuando en realidad tenía pleno conocimiento de quien era al punto de sospechar que S. le era infiel con él (fs. 131 a 134vta.).

En relación a las actitudes y conductas erráticas de L., los sentenciantes también consideraron lo expuesto por los funcionarios policiales Guillermo Pacheco y É. Paola Guzmán, quienes indicaron que en una oportunidad, el imputado, luego de presentarse en la Brigada, dijo que se iba caminando a Lanús a fin de pegar panfletos por la desaparición de su pareja, sin embargo, Guzmán lo vio subirse inmediatamente al colectivo (fs. 87vta./88). Por su parte, Pacheco también manifestó que le sorprendió ver que los datos de contacto en el panfleto no contenían ningún teléfono del imputado y que éste en una oportunidad los estaba usando de anotador (fs. 87vta./88). Sobre la cuestionada veracidad de sus dichos, el Tribunal no advirtió “circunstancia alguna que permita poner en crisis la entidad probatoria de estos testimonios” (fs. 110vta.).

Y al respecto, adunó que efectivamente encontraron, en el año 2016, 110 panfletos en el domicilio de L. que no tenían ningún dato de contacto del imputado, confirmando así lo expuesto por el policía Pacheco (fs. 98vta. y 111).

Por otro lado, el Tribunal descartó los los testimonios de C.M. Di V. y Á. V. E., por considerarlos mendaces, inconsistentes, deficitarios o efectuados solamente con el fin de beneficiar al imputado, pero estériles para conmover los fundamentos invocados para acreditar la participación de L. (fs. 149vta./150vta.).

Finalmente, el A Quo analizó de manera minuciosa las declaraciones dadas por los allegados de L., quienes también fueron escuchados durante el debate, a saber: G. M. V., V. S. L., B. A. P., J. E. M. F., E. M. P. y L. V. L. (fs. 150vta./156). Sobre ellos, resulta claro que nada pudieron aportar en relación a la ajenidad del imputado con el hecho, por lo que no alcanzaron para conmover las probanzas tenidas en cuenta por el Tribunal para la condena (fs. 156).

Y aquí entiendo pertinente reiterar que tengo dicho, con respecto a la valoración probatoria, que no puede pretenderse que todas y cada una de las manifestaciones vertidas durante la audiencia de debate y las piezas incorporadas por lectura, sean meritadas en pie de igualdad y se les atribuya el mismo valor (arts. 209, 210 y 373 C.P.P.; TCPBA, Sala VI, Causa nº 56.107 “Sonda, Juan Alejandro s/ recurso de casación” del 21 de mayo 2013 y Causa nº 56.097 “Chávez, Alexis Sebastián s/ recurso de casación” del 27 de noviembre de 2013, entre otras). Esto porque la propia naturaleza del deber encomendado a los magistrados los fuerza a sopesar los argumentos y pruebas sometidas a su consideración, descartando algunos y acogiendo otros, siguiendo a tal efecto las reglas del sentido común y la experiencia.

Esto porque la propia naturaleza del deber encomendado a los magistrados los fuerza a sopesar los argumentos y pruebas sometidas a su consideración, descartando algunos y acogiendo otros, siguiendo a tal efecto las reglas del sentido común y la experiencia.

El hecho de que en un contexto determinado se reconozca un peso relativo distinto a los testimonios o a los vínculos existentes entre los actores es, en consecuencia, perfectamente entendible siempre que se ofrezcan razones para ello y de ninguna manera alcanza para tener por configurada una afectación a principio constitucional alguno (TCPBA, Sala VI, Causa nro. 56.591 “Jara Gastón Manuel s/ Recurso de Casación” y su acumulada, causa nro. 57.193 “Jara Gastón Manuel s/ Recurso interpuesto por el Agente Fiscal (adhiere particular damnificado),” del 30 de septiembre de 2013).

Por ello, resulta fundada, a la luz del prisma de la sana crítica racional, la reconstrucción que del evento efectuó el A Quo, explicando razonadamente los motivos que lo llevaron a otorgar consistencia y credibilidad a unas declaraciones sobre otras -las de los familiares, amigos y compañeros de trabajo de la víctima así como las de los funcionarios policiales intervinientes, por sobre las del imputado y sus allegados-, tal como se refleja en la sentencia (fs. 65vta./156). La valoración realizada por el Tribunal del relato brindado por quienes expusieron en el debate se compadece con las leyes de la lógica, la psicología y el sentido común, sin que su versión haya sido contrarrestada por ninguna hipótesis mínimamente consistente. Y esta valoración, reitero, es justamente el límite de la revisión casatoria.

Al detallado análisis probatorio, el Tribunal también adunó los informes psicológicos, efectuados por la Licenciada Susana Favelukesy y la Licenciada Valeria Verónica Vivas, y también el psiquiátrico, elaborado por la médica forense de la CSJN -Dra. Ana María Arias-, la psiquiatra legista -Dra. Alejandra Viviana Santoro- y el médico psiquiatra -Dr. Alejandro Máximo Conte- (fs. 90/96vta.). Asimismo, valoró la explicación que de éste último hiciera verbalmente la especialista Arias durante la audiencia (fs. 96vta./97vta.).

Tales informes pudieron confirmar que las características de la personalidad del imputado eran compatibles con las conductas de celos descriptas por familiares, amigos y compañeros de trabajo de É. S., así como también resultaban acordes a la falta de interés y tranquilidad que demostró L. por la desaparición de quien fuera su pareja embarazada.

En punto a la alegada vulneración del derecho de defensa, encuentro que el hecho atribuido a L. fue descripto con razonable precisión y, el nombrado pudo conocer de manera clara las circunstancias de los eventos atribuidos, lo que posibilitó el correcto ejercicio del derecho de defensa.

En definitiva, la conclusión del fallo, en cuanto afirma los extremos de la imputación aquí discutidos, constituye la derivación razonada del derecho vigente y de las pruebas habidas en la presente causa; no hubo, pues, infracción a ninguna regla de la sana crítica ni desconocimiento del in dubio pro reo (106, 209 y 210, CPP), desde que la duda, en tanto repercusión de la garantía de inocencia como posición del juez respecto de la verdad - frustrada-, no sólo no surge de los fundamentos que el A Quo expuso sino tampoco de los argumentos utilizados en el recurso (cfr. TCPBA, Sala VI, c. 55.295, “El Bueno, Humberto Gabino ó Del Bueno, Humberto Gabino s/ Recurso de Casación”, reg. 186 del 30 de mayo de 2013, entre muchas otras).

Por último, en lo que respecta al planteo subsidiario, advierto que la defensa se limita a requerir se fije el monto mínimo de pena previsto para el concurso de delitos atribuidos.

Nuestro ordenamiento positivo ha estipulado un sistema relativo, por oposición a uno de penas fijas, donde a cada tipo legal le corresponde un marco que refleja el valor proporcional de la norma dentro del conjunto y en el cual el Juez debe fijar cuál es la sanción adecuada al caso que se le presenta

Este cuadro configura una escala de gravedad continua y de crecimiento paulatino, en la que el legislador establece todos los supuestos posibles, desde el más leve hasta el más grave que se pueda concebir, y el Juez debe ubicar cada una de las controversias sometidas a su conocimiento, procurando hacerlo en el segmento correcto (ZIFFER, Patricia, Lineamientos de la determinación de la pena, Ad-Hoc, Buenos Aires, 1999, p. 37; y cit., c. N° 55.151, “ORQUERA, Hugo Darío s/Recurso de Casación”, sent. del 28 de mayo de 2013, reg. 171/13, entre muchas otras).

Dicha operación intelectual, por supuesto, no se encuentra exenta de dificultades y aunque estrecha considerablemente el espacio para la discrecionalidad, a través de la evaluación conjunta de los ilícitos, el grado de culpabilidad de los imputados con el correctivo de la peligrosidad y las reglas de los arts. 40 y 41 CP, no nos permite arribar a un monto con precisión matemática.

Además, cabe mencionar que el principio de proporcionalidad es un elemento distintivo de todo ordenamiento jurídico sometido a los principios del Estado de derecho, compuesto por criterios de idoneidad (para la consecución de su objetivo), necesidad (atendiendo al derecho penal como ultima ratio o in dubio pro libertate) y exigibilidad, que se establece con el fin último de lograr un trato justo y de gravamen adecuado para el ciudadano (HASSEMER, Winfried, “El principio de proporcionalidad como límite de las intervenciones jurídico-penales”, en El principio de proporcionalidad penal, Editorial Ad-Hoc, 2014).

Ahora bien, frente a todo lo expuesto, no se advierte una desproporción en el monto de la sanción aplicada, ni ausencia de fundamentación al respecto. De la lectura de la resolución impugnada, se observa que, los Jueces de grado, valoraron como atenuante: La ausencia de antecedentes. Asimismo, como agravantes computaron: la motivación femicida, la convivencia que mantenían el acusado y la damnificada y, la conducta posterior al hecho. Extremos que, aclaro no han sido cuestionados por la defensa.

De acuerdo a lo expuesto, el sistema general de determinación de la pena adoptado por el Derecho Penal Argentino - de penas relativas -, en el que se mencionan pautas de orientación ejemplificadoras, sin determinar no sólo el sentido sino tampoco el valor de cada una de las circunstancias, sólo permite evaluar si las reglas seguidas cumplan con el deber de fundamentación explícita que posibilite el control critico - racional del proceso de decisión.

No existe norma que establezca determinado método de dosificación de la pena. En tal sentido la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires ha dicho que: “... Si lo que la defensa pretendía era que además de ello, la decisión hubiera asignado un valor numérico a cada pauta, sumando y restando cada una de ellas sobre algún punto de ingreso a la escala penal, corresponde señalar que esta Corte ha declarado invariablemente que ese método no resulta impuesto por norma alguna...”( SCBA P. 125.464, del 22/12/15, entre otras).

En consecuencia, propongo rechazar el recurso de casación interpuesto a fs. 172/184 en favor de H. D. L.; con costas (arts. 45, 54, 79 y 85 inc. 1°, CP; 20 inc. 1°, 106, 209, 210, 373, 421, 448 inc. 1, 450, 530, 531, cits. y ccs., CPP.).

Asimismo, corresponderá regular los honorarios profesionales del letrado interviniente Dr. Facundo Melo (T° VII, F° 173, CAQ), en la suma de veinte (20) jus, por la labor desarrollada ante este Tribunal (1, 9, 15, 16, 31, 33, 51 y 54, ley Nº 8904).

ASÍ LO VOTO.

A la misma segunda cuestión planteada el señor juez, doctor CARRAL, dijo:

Adelanto que he de adherir al voto que antecede, no obstante, entiendo pertinente realizar ciertas precisiones sobre el razonamiento probatorio seguido por el tribunal de la instancia, en clave complementaria, para refutar los embates que trae la defensa en este recurso.

1. En lo esencial, alega que la reconstrucción del hecho que realizan los jueces es absolutamente conjetural, pues parte de indicios equívocos que permiten la elaboración de diversas hipótesis alternativas -igual de verosímiles-, situación incompatible con la certeza que exige un veredicto de condena. En definitiva, afirma que la versión del imputado no pudo ser refutada.

Expone que, en esa tarea, el tribunal se limitó a recrear los sucesos previos y posteriores a la supuesta comisión del delito, y a especular sobre las razones que habrían desencadenado un conflicto entre L. y S., el día de su desaparición, que erige sin fundamento como motivo del homicidio.

Agrega que las inferencias del tribunal parten de fuentes no confiables de información, denunciando que los testigos de cargo demostraron una clara animosidad hacia el imputado, en especial cuando describieron la relación entre S. y L., y la actitud que asumió este último luego de la desaparición de la mujer.

2. En similar sentido, el nuevo defensor de L. expone que el tribunal recreó hechos previos a la desaparición de E. S. que nada tenían que ver con el objeto del juicio y, por otro lado, niega relevancia al cuadro indiciario establecido por los magistrados, insistiendo en que se construye sobre indicios débiles, que analiza y cuestiona en forma particular.

3. En primer término, destaco la técnica analítica que siguió el tribunal en la motivación del veredicto: se estructuró en una exposición objetiva y pormenorizada de todas las pruebas practicadas en el juicio, la individualización del aporte informativo de cada fuente y la justificación de toda la cadena de inferencias que condujo a la decisión final.

Este estilo de motivación permite controlar la suficiencia de los elementos probatorios individuales y la aceptabilidad de las inferencias que componen la cadena de justificación, integrantes de la justificación completa del enunciado fáctico final, relativo al hecho principal de la causa.

Sobre todo, también permite examinar aquellas otras pruebas que podrían conducir a una decisión distinta, en la medida que resultaría muy fácil a los jueces excluir en la motivación aquella evidencia relevante cuyo resultado no coincida o refute la reconstrucción de los hechos que pretenden justificar.

En definitiva, nada de lo que pueda condicionar - directa o indirectamente- la decisión final esta´ de sobra en un veredicto y, por tanto, debe figurar. En ese sentido, no aprecio en el fallo carencias informativas.

4. El fallo contiene datos fácticos incontrovertidos. En lo que importa destacar, que S. y L. convivían hacía aproximadamente cuatro meses y que el día 20 de agosto de 2010 llegaron juntos a su domicilio, en horas de la noche, donde discutieron. Pero, a partir de ahí, las hipótesis en conflicto toman direcciones diversas. Según la acusación, S. no volvió a salir con vida del domicilio. De su lado, L. afirmó que E. se retiró el día 21 de agosto, al mediodía, luego de una discusión, con su teléfono celular y dinero, en dirección a la casa de su progenitora, última oportunidad en que tuvo conocimiento de ella.

El razonamiento de los jueces se estructuró sobre las particularidades del vínculo que mantenía L. con E. S. y la actitud que asumió el imputado luego de su desaparición, circunstancias que permitieron establecer la existencia del delito y el motivo de su comisión.

En efecto, el vínculo previo de la pareja fue un punto debatido por las partes y examinado con detalle por el tribunal, no desde el aspecto puramente formal sino desde el vivencial, para dar cuenta del control desmedido que ejercía L. sobre la mujer y las constantes recriminaciones que le hacía, producto de sus celos desmedidos y gran inseguridad. Ese análisis permitió -a la vez- conocer cómo E. administró aquellas imposiciones y la actitud que asumió días previos a su “desaparición”.

El relevamiento de aquel contexto también evidenció las graves sospechas de infidelidad que tenía L. sobre su pareja y el temor recurrente al abandono, circunstancias que permitieron al tribunal identificar el disparador que desencadenó -el día del hecho- la violencia extrema en contra de la mujer, reconstruyendo así la causa (el móvil) del delito, en el entendimiento que toda conducta humana tiene una razón, motivo o explicación.

Finalmente, las características del control obsesivo que L. ejerció sobre E. durante la relación, fue confrontado con la actitud pasiva e indiferente que asumió ante su “desaparición”, evidenciando una incompatibilidad tal con la gravedad de la situación y con su conducta previa, solo explicable a partir del conocimiento que L. tenía sobre la muerte de E..

5. Entonces, en primer término y al contrario de lo sostenido por la parte, queda en evidencia la relevancia que para la reconstrucción de los hechos tuvo la consideración de las circunstancias previas que transitó la pareja, pues aquel contexto permite dimensionar la violencia psicológica que ejerció L., explicar cómo se tensionó la relación y cómo aquella violencia alcanzó límites extremos.

6. Dicho esto, observo que el recurrente centra su crítica en atacar la “certeza” de los datos que sustentan los razonamientos inferenciales del tribunal, en especial, los que se confirman mediante los testimonios de familiares y amigos de E. S., cuya credibilidad pone en duda.

Luego, insiste sobre la “debilidad” de aquellos indicios, en la medida que no garantizarían que la relación entre el dato indiciante y el hecho indiciado, sea uni´voca y so´lida. Al contrario, entiende que los indicios valorados son equívocos y, por ello, no podrían descartarse otras hipótesis alternativas distintas a la de la acusación.

7. Coincido con la importancia que la defensa atribuye a la certeza que debe poseer la base fáctica de la que parte la inferencia, pues a fin de reconocer eficacia probatoria a los indicios se destaca que ésos deben ser “graves, precisos y concordantes”, a lo que cabe agregar un predicado más básico que es el de “certeza”. En rigor, no se trata de un atributo como los otros -que delimitan el valor de un indicio- sino más radical, porque de e´l depende la existencia misma del indicio; es decir, puede haber indicios que no sean ni concordantes ni graves ni precisos (aunque en cuyo caso poco o nada valdrán), pero de ningún modo habrá´ indicios inciertos (conf. Igartua Salaverría, Verosimilitud vs. Prueba, Revista Iberoamericana de Argumentación, núm. 13, 2006).

Sin embargo, observo que el tribunal acreditó suficientemente los “datos indiciantes” (o hechos base) que sustentaron las estructuras indiciarias de las que se valió su justificación final.

7.1. En efecto, más allá de la inmediación que destaca mi colega, advierto que los datos incorporados mediante los relatos de los testigos de cargo, en especial los relativos al trato de la pareja, fueron corroborados objetivamente a partir de elementos de prueba independiente, como el análisis de los mails que intercambiaban L. y S..

La fuente de información, en ese caso, proviene de sus propios protagonistas y evidencia, como tema recurrente, la desconfianza que L. tenía de su pareja y las escenas de celos desmedidas que le hacía, recriminaciones que resentían fuertemente el vínculo, según lo exponía E., y que la llevaron a plantear una separación, posición que L. conocía y potenciaba sus inseguridades (fs. 102vta/105vta).

Las evaluaciones psicológicas y psiquiátricas practicadas al encartado (que se mencionarán luego con mayor detalle) corroboraron también, desde sus respectivas áreas del saber, las características que de L. apreciaron los testigos a partir de su trato o por comentarios que, a su turno, les hizo E. S..

7.2. En similar sentido cabe validar el razonamiento seguido por el tribunal para confirmar el comportamiento “extraño, por pasivo e indiferente” de L. ante la desaparición de E. S..

Así, quedó establecido que L., el día 21 de agosto de 2010, no atendió su teléfono hasta las 15 horas, no obstante haber recibido múltiples llamadas de los familiares de E.; que realizó la denuncia por su desaparición en horas de la noche y ante la insistencia de los familiares de la mujer; y que luego no intervino activamente en su búsqueda ni se comunicó con sus allegados a fin de interiorizarse sobre el tema.

En efecto, los familiares de la víctima dieron cuenta de la actitud de L. el día en que E. desapareció y con posterioridad. El juicio sobre la atendibilidad y fiabilidad de esa prueba, como vimos, no merece objeción alguna y sus relatos -además- vienen corroborados objetivamente por los registros de llamadas y la denuncia policial que se incorporaron como prueba al debate.

En este punto, el recurrente también controvierte la credibilidad de los policías Pacheco y Guzman cuando expusieron que L. les dijo que repartiría los volantes correspondientes a la búsqueda de S. pero constataron que no lo hizo y -especialmente- cuestiona la entidad de la inferencia del tribunal que, a partir de aquellos relatos, confirma la falta de interés de L. en la búsqueda de E..

No obstante, aun concediendo que el indicio que construye el tribunal en este punto no es unívoco -el limitado a lo que hizo el imputado con los panfletos de búsqueda- observo que tampoco es decisivo, pues la pasividad de L. frente a la “desaparición” de E. se sostiene en prueba independiente, ya mencionada.

En punto al alcance que es asignado al término “pasividad” entre otras características que rodearon el comportamiento de L. en los primeros momentos de la desaparición de S. y en los días posteriores de su búsqueda, es importante aclarar que el sentido de valoración que lleva al tribunal a concluir en ello, no se encuentra apoyado en una crítica a una actitud interior, la que además de resultar difícil de auscultar conduciría sin más a un juicio anfibológico, sino, antes bien, a un juicio de confrontación con otro hecho probado: la constante obsesión por conocer cada uno de los movimientos de su pareja.

De otro lado, cabe recordar que la mayoría de las veces, y este caso no es la excepción, son muchos los elementos probatorios de diverso tipo que concurren en favor de una hipótesis y no todos tienen el mismo valor probatorio y, por tanto, justificatorio, circunstancia que no invalida el razonamiento del tribunal.

En ese sentido, la fuerza probatoria de la inferencia cuestionada por la defensa, a partir del testimonio de Pacheco y Guzman, podría reputarse como menor, pero no nula.

7.3. También cabe confirmar las proposiciones fácticas que acredita el tribunal relativas al encuentro que había pactado E. con G. De La C. (apodado “el cuida”),para el día 21 de agosto de 2010 en Villa Adelina, pues así lo declaró el nombrado en el juicio y su relato fue compatible con el intercambio de mensajes que se constató entre su teléfono y el de la víctima, el día anterior.

De la Cuesta era un viejo amigo de E., que tiempo atrás había mantenido una relación con ella y que podía -según lo pensaba la víctima- interceder con su hija F., quien se había ido a vivir con su padre y, por entonces, era su mayor preocupación. Esa información fue reconstruida a partir de la declaración de L. R., cuando en el juicio confirmó que había hablado del tema con su amiga E., instándola a que también lo hiciera con “el cuida”.

7.4. El tribunal también estableció que L. conocía al “cuida” (aunque en el juicio lo negó) y, especialmente, que sospechaba que E. le era infiel con aquel hombre. De esto último dio cuenta el testigo A. I. cuando en el juicio relató la conversación que al respecto tuvo con el imputado.

Sobre el particular, los jueces ponderaron que uno de los mails que L. envió a E. (en mayo de 2010) reflejaba la discusión que habían mantenido cuando el imputado pensó que se iba a encontrar con “Guille” (el cuida); y que -según lo reconstruyeron distintos testigos- el imputado llevaba un minucioso registro de las parejas anteriores de E., de los hombres con los que interactuaba y hasta había ingresado en forma clandestina a la cuenta de mail de E. para conocer sus contactos (fs. 134/vta).

8. En definitiva, el juicio de atendibilidad de los testimonios que realiza el tribunal no merece objeción alguna y, por ello, tampoco las premisas de las que parte en su razonamiento. Al contrario de lo sostenido por el recurrente, el parentesco o la amistad con la víctima no son razones suficientes para demostrar -por si solos- que los testigos se hayan presentado en el juicio a brindar una versión que no se corresponde con la realidad, menos aún de manera preordenada. Los elementos objetivos de corroboración que ponderó el tribunal descartan cualquier sospecha en ese sentido.

9. Superado el análisis anterior, observo que la defensa ataca el razonamiento probatorio del tribunal a partir de una valoración parcelada y atomista de los indicios, tomándolos en consideración uno por uno, privándolos así de su potencialidad demostrativa. En ese sentido, olvida la valorizacio´n que las piezas del cuadro indiciario asumen en su consideración conjunta.

No obstante, corresponde realizar una aclaración. Ya mencionamos que la eficacia probatoria de los indicios depende de que ésos sean “graves, precisos y concordantes”. Sin embargo, en el método que debe seguir el razonamiento probatorio, la “concordancia” es so´lo uno de los requisitos y adema´s el u´ltimo (lo´gica y cronolo´gicamente hablando) y, en ese sentido, tampoco sería legítimo un atajo valorando la convergencia de los indicios sin antes haber valorado la precisión y gravedad de cada uno de ellos, pues se incurriría en una inversión metodológica.

En efecto, en el curso del proceso probatorio el avance sólo es posible por el paso de un dato o hecho-base o otro y, en esa tarea, cada dato probatorio vale lo que valga en sí mismo, por lo cual la adición de uno dotado de un débil potencial informativo u otro de la misma calidad indiciaria, no se traducirá en el reforzamiento recíproco del débil valor de partida. En el proceso inferencial, cada uno mantendrá sus propios rasgos y, en definitiva, un indicio débil no dejará de serlo porque concurra con otro del mismo tenor, ni siquiera porque lo haga con otro de mayor fuerza.

10. Ahora bien, examinada la decisión del tribunal, se verifica el recorrido valorativo por las etapas mencionadas, pues los jueces examinaron el potencial informativo de cada uno de los indicios y explicaron con detalle cómo se insertaban -sin dificultad- en la hipótesis de la acusación.

10.1. En particular, los rasgos de la personalidad de L., sus celos y el control que ejercía sobre E., permitieron dimensionar la sobrevaloración del imputado respecto a circunstancias objetivamente insignificantes, que reinterpretaba siempre en igual dirección, desconfiando de E., y -a la vez- dimensionar la intensidad que esos pensamientos intrusivos tenían en el imputado, quien no podía abandonarlos.

Solo a modo de ejemplo, observo el intercambio de mails de la pareja -que valora el tribunal-, donde E. se lamenta por la absurda situación en la que él estuvo “toda la semana angustiado” y desesperado, porque supuestamente ella “en el super, [se] desbo[có] para mirar un flaco, y lo s[iguió] con la mirada”(fs. 102vta); y la respuesta de L., quien “no p[odía] superar el momento del super [que] v[olvía] a [él] como una espada caliente, inesperada, dolorosa, lamentable y [lo] ahoga[ba] de tristeza” (fs. 103/104vta). En igual sentido, las noches enteras que E. pasaba sin dormir para resolver los planteos que L. le hacía, motivados en sus celos, que recordaron las amigas y compañeras de trabajo de E. (fs. 102).

Aquellos datos también permitieron a los jueces establecer que la conducta del imputado reflejó prácticas compatibles con el fenómeno social y cultural que tradicionalmente asigna a la mujer una posición de obediencia y sumisión frente al hombre. En efecto, mediante distintos actos L. buscó mantenerla y controlarla dentro de ese lugar de sumisión, imponiendo reglas irrazonables a E. S.: sobre el uso del celular, sobre sus horarios, cómo vestirse o maquillarse, con quién reunirse y dónde, entre otras imposiciones que la mujer -en un principio- acató a fin de no profundizar las discusiones con su pareja.

Esa posición encontró corroboración en las conclusiones de la pericia psiquiátrica de L., donde se definió que el vínculo entre él y S. era “de sometedor a sometido”, donde el imputado “ejercía un férreo control sobre E., careciendo de toda capacidad e interés para brindar o sentir amor, anteponiendo sus necesidades a las de cualquier otro” (fs. 111vta/112).

En definitiva, a criterio de los jueces, la conducta de L. expresó el sentido de “posesión” que tenía sobre la persona de E. y permitió inferir que desató la violencia en su contra cuando, en su mentalidad, confirmó “que 'su objeto' lo engañaba y lo iba a abandonar” (fs. 111vta).

En efecto, el tribunal estableció que “durante los meses de julio y agosto la mayor preocupación de E. S. era la pérdida de su hija F.” (fs. 106) y que su objetivo en el último tiempo era recuperarla. Confirmó, además, las sospechas de infidelidad que para ese entonces L. tenía sobre E. y su amigo, “el cuida”, (pues días previos a la desaparición de E. había interrogado a Iuliano sobre esa situación).

11. Luego, el tribunal ponderó la actitud pasiva de L. el día 21 de agosto de 2010 y la vinculó -por un lado- con su conducta anterior, fuertemente controladora, y -por el otro- con el trastorno de su personalidad, catalogado desde las consideraciones médico-legales como psicopática con marcados rasgos narcisistas (caracterizada por la ausencia de sentimientos de angustia, remordimientos o culpa) y, en similar sentido, por las evaluaciones psicológicas.

11.1. A criterio del tribunal, L. adoptó un “comportamiento de absoluta incompatibilidad con su forma habitual de actuar” (fs. 112vta), frente a la “desaparición” de S..

En efecto, los jueces estimaron que dada la actitud que demostró L. durante la relación con É. (“patológicamente controladora”), era escasamente crei´ble que S. haya salido del domicilio después de la discusión y no la hubiera llamado; como también fue inexplicable que no se preocupara al conocer que É. no había llegado a Villa Adelina o haya demorado en hacer la denuncia. Que, en cambio, se recostase a descansar sin atender los teléfonos.

El tribunal, recordó que L. fue el mismo que habitualmente chequeaba los horarios de su pareja, para confirmar que no le mentía, le revisaba los mails y el teléfono, controlaba a quienes miraba por la calle y hasta sus fechas de ovulación (fs. 112vta).

Frente a lo anterior, es insuficiente el argumento defensivo cuando alega que L. el 21 de agosto estuvo trabajando en el techo de la casa, sin el celular a su alcance; pues, aun concediendo que asi´ sucediera, ello no impide que despue´s intentara contactar a É. o se preocupara por su paradero, posición que el imputado nunca pudo explicar.

11.2. En este punto el tribunal ponderó las conclusiones de los peritos que evaluaron al imputado y, en especial, las consideraciones de la psiquiatra Ana María Arias cuando, en el juicio oral, describió los rasgos de la personalidad de L. y afirmó que “al narcisista nadie lo deja. Él deja”, a la vez que explicó la llamada “etapa de explosión” (tendencia al acto), fase que transita ese tipo de personalidad cuando sabe que, “haga lo que haga, el problema le viene igual” (fs. 112).

A juicio de la profesional, L. “sabía perfectamente lo que había pasado y que ello explicaba su tranquilidad posterior a la desaparición de S.; ésta obedecía a haber logrado el máximo control; muerta E., ya sabía dónde estaba” (fs. 112).

Como quedó expuesto, tribunal coincidió -desde la prueba disponible- con la interpretación que hizo la perito, pues al examinar la actitud de L. con posterioridad a la desaparición de E., pero en especial con la que registró el día 21 de agosto de 2010, “puso en descubierto que él sabía dónde estaba, precisamente porque él la colocó en ese lugar.

S. estaba muerta y ya no había amenaza alguna de que le fuera infiel o que lo dejara; finalmente logró el control total sobre ella (fs. 112).

En orden a las conclusiones de las pericias psicológicas y psiquiátricas, la defensa se limita a denunciar que “muestran mendacidad, un desprecio y un direccionamiento nunca antes visto en una causa judicial” (fs. 209vta), incurriendo nuevamente en la teoría de la confabulación, sin una mínima actividad probatoria que sustente su posición.

Al contrario, observo que al evaluar el grado de atendibilidad de las conclusiones periciales, el tribunal ponderó que el informe psiquiátrico fue refrendado por los tres profesionales que practicaron la evaluación -incluida Arias-, y coincidieron con las apreciaciones que hicieron -a su turno- los licenciados en psicología Favelukes, Osorio y Vivas, también incorporados por lectura al debate (fs. 98).

Por lo demás, dadas las particularidades del presente caso, no cabe infravalorar la contribución que para la correcta averiguación de los hechos hicieron los expertos en psicología y psiquiatría, en la medida que aportaron nociones de sus respectivos ámbitos del saber que permitieron interpretar o valorar determinadas circunstancias acreditadas en la causa y, en definitiva, dar una explicación a la conducta del imputado, en el entendimiento que toda conducta humana tiene una razón o motivo o explicación.

En el caso, las pericias destacaron la personalidad inestable de L., su agresividad reprimida y mal manejo de la ansiedad, su tendencia al acto, necesidad de control y dominio, su actitud paranoide en orden a las infidelidades que sospechaba de É., su temor al abandono e inseguridad; circunstancias que explican -como lo reconstruyó el tribunal- el pasaje al acto del imputado, frente al entendimiento que sus temores se materializaban.

Vale recordar que la prueba es un instrumento epistémico, o sea el medio con el que en el proceso se adquieren las informaciones necesarias para la determinación de los hechos y, en consecuencia, “también de la ciencia se hace un uso epistémico, en el sentido de que las pruebas científicas están dirigidas a aportar al juez elementos de conocimiento de los hechos que se sustraen a la ciencia común de que dispone” (Taruffo, Michele, Conocimiento científico y estándares de prueba judicial, Boletín Mexicano de Derecho Comparado, nro. 114, 2005, págs. 1285-1312).

En rigor, no existen reglas específicas, atinentes a la valoración de las pruebas científicas, pues no son distintas del resto y, en ese sentido, pueden combinarse con las pruebas “ordinarias” -como lo hizo el tribunal de la instancia anterior- para aportar a la confirmación de la veracidad de una proposición fáctica.

12. Por otro lado, observo que el tribunal también señaló ciertas incompatibilidades de la prueba disponible con la hipótesis conjeturada por la defensa: por qué É. salió del domicilio sin su cartera, donde quedaron sus documentos y medicación indicada para el embarazo que cursaba y por qué no respondió los llamados y mensajes de texto que a su celular enviaron la mañana del 21 de agosto de 2010 (fs. 113); a lo que sumó -en contra de la versión del imputado- que la última localización por GOECEL del teléfono celular de É. se ubicó en el domicilio de L.; todos elementos que se orientaron en igual sentido que los anteriores: que É. no salió del lugar con vida (fs. 113).

En efecto, los magistrados examinaron con detalle la hipótesis alternativa introducida por L. mediante su declaración y concluyeron que la evidencia disponible se halló en contradicción con aquella.

Y en este punto, no cabe más que destacar - nuevamente- la correcta técnica que exhibe la motivación del tribunal, pues la existencia de más de una hipótesis sobre los hechos de la causa exige a los jueces la necesidad de establecer, sobre la base de pruebas disponibles, cuál de ellas resulta más atendible.

En especial, los jueces refutaron la versión de L., cuando afirmó que el sábado (21 de agosto de 2010) iba a ir junto con E. a Villa Adelina y que no lo hicieron por la discusión que mantuvieron, motivada en el trato de ella le había dispensado el día anterior en la consulta con el ginecólogo.

Al contrario, los jueces establecieron que E. no pensaba ir con L. al domicilio de su madre. Así lo pudieron reconstruir a partir de la declaración de sus amigas y de G. De La C. (“el cuida”), en tanto E. había acordado encontrarse con ellos el día sábado en el domicilio de su madre para conversar “sobre su situación”, circunstancia que -a la luz de las numerosas escenas de celos que había padecido con antelación- hubiera sido de imposible realización en presencia de L.. En ese sentido, el tribunal estimó que la única vía de encuentro con “el cuida” era excluyendo al imputado (fs. 131/vta).

En consecuencia, el tribunal determinó que el motivo de la discusión que desencadenó la violencia extrema en contra de la mujer no fue el admitido por L., sino el que se generó por la decisión unilateral tomada por E., suficiente para “confirmar las infundadas sospechas que L. tenía en esos días, respecto a que E. lo engañaba con "el cuida” (fs. 131vta).

En favor de su conclusión, los jueces estimaron que el imputado no pudo justificar por qué no se respondieron las llamadas y mensajes de texto realizados a la pareja por los familiares de E. que -según el informe de comunicaciones- comenzaron en horas de la mañana. Así, consideraron que de haber sido cierto -conforme lo expuso el imputado- que É. se despertó a la mañana, desayunó y se preparó para ir a Villa Adelina, no había ningún motivo que le impidiera atender los llamados, más aún cuando ella hubiera respondido al solo efecto de evitar que L. le cuestionara que estaba ocultando algo (fs. 132).

Según quedó expuesto más arriba (punto 7.4), los jueces evidenciaron las inconsistencias en el relato de L. cuando, al ser contra-examinado, negó conocer a G. De La C., apodado “el cuida”. En definitiva, el tribunal concluyó que L. sabía perfectamente quien era y que el olvido que simuló en el juicio oral fue parte de la coartada que quiso sostener.

Finalmente, entre otras incompatibilidades con la evidencia disponible, el tribunal destacó cuando L. definió la relación que tenía con E. como normal, negando en forma rotunda sus celos. En este punto, ponderó que al ser confrontado con los mails incorporados por lectura al debate y que daban cuenta de aquella situación, el imputado primero fue reticente y luego manifestó no recordar las situaciones que motivaron que los escribiera, posición insostenible frente a la evidencia de que “el malestar de S. obedecía a los persistentes reclamos, planteos y escenas de celos que mantuvieron durante todo el tiempo que duró la relación de pareja y no a un episodio casual, aislado y sin importancia” (fs. 133).

13. En definitiva, las inconsistencias y contradicciones en que incurrió el imputado en su declaración, impidieron sostener -con un mínimo grado de verosimilitud- su hipótesis alternativa de los hechos.

Al contrario, los indicios valorados por el tribunal no solo son “graves”, en el sentido de que cuentan con un relevante potencial indicador, sino que proceden de diversas fuentes y guardan una relación de concordancia entre sí, que permiten referirlos a una misma hipótesis: la de la acusación; y por ello, su decisión, debe mantenerse.

Con estos agregados, adhiero en lo demás al voto por el que se abre el acuerdo y a esta CUESTION VOTO POR LA NEGATIVA.

ES MI VOTO.

Con lo que terminó el Acuerdo dictándose la siguiente:

SENTENCIA

Por lo expuesto en el Acuerdo que antecede, el Tribunal resuelve:

I. Declarar admisible la impugnación deducida por el Defensor Particular, Dr. Facundo Melo;

II. Rechazar, por improcedente, el recurso de casación interpuesto de casación interpuesto a fs. 172/184 en favor de H. D. L., con costas;

III. Regular los honorarios regular los honorarios profesionales del letrado interviniente Dr. Facundo Melo (T° ..., F° ..., CAQ), en la suma de ... (...) jus, por la labor desarrollada ante este Tribunal.

Rigen los arts. 18 y 75 inc. 22, CN.; 8.2.h, CADH.; 14.5, PIDCP.; 5, 12, 19, 29 inc. 3, 40, 41, 45, 54, 79 y 85 inc. 1°, CP.; 20 inc. 1°, 106, 209, 210, 373, 421, 448 inc. 1, 450, 452, 454, 530, 531, cits. y ccs., CPP.; 1, 9, 15, 16, 31, 33, 51 y 54, ley Nº 8904.

Regístrese, notifíquese a las partes y oportunamente devuélvase al Tribunal de origen.

 

FDO. RICARDO MAIDANDA - DANIEL CARRAL, JUECES. ANTE MÍ: JORGE ANDRES ALVAREZ, SECRETARIO.

 

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L., D. s/homicidio - Juzg. Garantías Lomas de Zamora - 28/04/2016 - Cita digital IUSJU007566E

 

 

Cita digital:IUSJU000589F