JURISPRUDENCIA

 

 

 

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General Roca, 25 de marzo de 2020.

AUTOS Y VISTO:

Para resolver el presente pedido de prisión domiciliaria respecto de C. A. R. en el marco del legajo de ejecución penal FGR 1289/2013/TO1/11 del registro de este Tribunal Oral en lo Criminal Federal de General Roca.

Y CONSIDERANDO:

I. Se presentó a fs. 41/45 del presente incidente el Sr. Defensor Oficial a cargo de la asistencia técnica de C. A. R. y, por las razones de hecho y derecho que enunció -a las cuales me remito en honor a la brevedad y deberán considerarse como parte integrante de la presente-, solicitó se conceda el arresto domiciliario a su defendido (artículo 10 inciso A del Código Penal y concordantes).

II. A su turno, se corrió vista a la Sra. Fiscal de Juicio interina, Dra. Graciela Degrange, quien a fs. 47 dictaminó que corresponde rechazar la pretensión de la defensa, a cuyos fundamentos también me remito por iguales motivos de brevedad.

III. A la vez, se incorporaron al sistema LEX 100 (ver nota de fs. 48) los protocolos mediante los cuales la Dirección Nacional del Servicio Penitenciario Federal adoptó medidas tendientes a prevenir el contagio del virus COVID- 19 al interior de los complejos penitenciarios en miras a la declaración de emergencia sanitaria dispuesta por el DECNU-2020-260-APN-PTE.

Para ello, en primer lugar, el 28 de enero del corriente año 2020, la mencionada Dirección puso en conocimiento de los distintos institutos penitenciarios las medidas genéricas de protección individual frente a enfermedades de transmisión por vía respiratoria; así como también las recomendaciones generales a la población para evitar la transmisión viral.

A la vez, en la misma fecha se puso en conocimiento de los jefes de complejos y directores de las distintas unidades, organismos y servicios y, por su intermedio, a la totalidad del personal del SPF, que el Ministerio de Salud de la Nación se encuentra realizando un seguimiento de la información epidemiológica brindada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y por los países afectados por la aparición del “nuevo coronavirus”.

En razón de la naturaleza fluctuante de la situación epidemiológica, puso en su conocimiento las recomendaciones emitidas en el alerta epidemiológico del Ministerio de Salud de la Nación el día 22 de enero 2020, las cuales son de carácter provisorio y dinámico.

También dispuso que los equipos de salud de los establecimientos penitenciarios federales fortalezcan las medidas de vigilancia y detección temprana, notificando de forma inmediata todos los casos sospechosos, probables y/o confirmados a la Dirección de Sanidad del SPF.

Luego, el 13 de marzo del corriente, en virtud de la Acordada N° 3/2020 de la Cámara Federal de Casación Penal por la cual se dispuso intensificar la adopción de medidas de prevención y control según criterios epidemiológicos, tendientes a reducir el riesgo de propagación del contagio en la población penal, la autoridad penitenciaria ordenó que, en el término de 96 horas, se arbitraran los medios necesarios para que los responsables del Área de Sanidad de cada establecimiento penitenciario elaboren y confeccionen un pormenorizado informe en relación a los internos pertenecientes al colectivo de pacientes vulnerables -de acuerdo a las categorías de grupos-, que pudieran presentar sintomatologías graves ante el eventual contagio e infección del coronavirus; los cuales debían ser enviados a los órganos jurisdiccionales correspondientes.

En ese sentido se destacó que, como grupos vulnerables, debe considerarse a las personas mayores de 65 años, mujeres embarazadas, pacientes portadores de EPOC, pacientes diabéticos insulinorequirientes; pacientes inmunosuprimidos, con insuficiencia cardíaca y/o personas que padezcan insuficiencia renal crónica.

Asimismo, se ordenó que los titulares de los complejos penitenciarios intensifiquen la adopción de medidas de vigilancia y detección temprana para neutralizar la propagación del COVID-19.

En esa misma dirección, el 9 de marzo se ordenó la concurrencia de todo el personal de la Dirección Nacional y Dirección General de Administración a una charla informativa referente a sígnosintomatologia, medidas de prevención y conducta a seguir, a cargo de la Dirección de Sanidad.

Posteriormente, el 13 de marzo del corriente, se llevó a conocimiento de los titulares de los complejos, unidades y servicio central de alcaidías que, con fecha 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud (OMS), declaró el brote del nuevo coronavirus (COVID-19) con carácter de “pandemia”, ya que se había constatado la propagación de casos en numerosos países de diferentes continentes, extendiéndose en la región e incluso en nuestro país, motivo por el cual el Poder Ejecutivo Nacional decretó la ampliación por el plazo de un año de la emergencia pública en materia sanitaria establecida por Ley N° 27.541, a raíz de la situación antes descripta.

En la misma línea, y a partir de lo dispuesto en la Acordada N° 3/2020 de la Cámara Federal de Casación Penal, se recordó a las autoridades de las distintas instituciones la importancia de resguardar adecuadamente el derecho a la salud que el Estado debe garantizar a las personas en condiciones de encierro, por tratarse de una específica situación de vulnerabilidad, frente al riesgo que genera el avance a nivel mundial de la enfermedad mencionada.

Se ordenó, asimismo, intensificar la adopción de medidas de prevención y control según criterios epidemiológicos, tendientes a reducir el riesgo de propagación del contagio en la población penal y en cumplimiento de los lineamientos del Ministerio de Salud de la Nación dirigidos a la protección de la salud pública, la Dirección Nacional mediante disposición DI-2020-47-APN- SPF#MJ, encomendó la conformación del Comité de Crisis, con el propósito de coordinar las medidas de prevención, detección y asistencia, en virtud del brote epidemiológico y con el objeto de evitar la propagación del nuevo virus en los establecimientos penitenciarios.

Así, en virtud de lo expuesto, se facultó a las máximas autoridades de los establecimientos a restringir la admisión e ingreso de internos provenientes de otras jurisdicciones como también de todo ciudadano, personal penitenciario, visitas, allegados, familiares, magistrados, abogados, proveedores, integrantes de ONG, que concurran a los establecimientos a su cargo y que presente alguno de los síntomas de la citada enfermedad, ajustándose al decreto mencionado que dispuso la condición obligatoria de aislamiento, en consonancia con lo establecido en los artículos 7, 8, y 11 del citado cuerpo legal, durante catorce días en los casos señalados en la normativa aludida.

En el mismo sentido se les hizo saber a los directivos de las distintas unidades que, en cuanto a las medidas de acción y prevención y a fin de proteger la salud pública, se deberá corroborar la temperatura, con termómetro axilar, de toda persona que, conforme a los datos suministrados por los sensores electrónicos de temperatura registre valores compatibles con la presencia de fiebre; y, a la vez, aquellos casos deberán concurrir a interconsulta médica, debiendo para ello suministrarse las líneas telefónicas de emergencia habilitadas del Ministerio de Salud de la Nación. En la misma disposición se ordenó tener presente el algoritmo de actuación sanitaria ante la detección de casos sospechoso del COVID-19.

Por su parte, el pasado 15 de marzo, y en consonancia con la disposición del Poder Ejecutivo Nacional por la cual se ordenó la suspensión de actividades educacionales de instituciones educativas públicas y privadas, la Dirección Nacional del S.P.F. ordenó suspender las clases y/o actividades educativas, de los distintos niveles educativos primarios, medios y superiores, como así también actividades externas, en todos los complejos y unidades dependientes del Servicio Penitenciario Federal, desde el lunes 16 de marzo y hasta el 30 de marzo del corriente año.

A la vez, se instruyó a la Dirección Principal de Trato y Tratamiento y a la Dirección de Educación, Cultura y Deporte, para que brinden actividades de apoyo educativo y recreativo a través del personal penitenciario docente; notificar a través de la Dirección de Educación, Cultura y Deporte, y de los titulares de cada área educativa, a todas las entidades que dictan clases y/o actividades educativas, deportivas y culturales, de los distintos niveles educativos primarios, medios y superiores en los establecimientos penitenciarios el alcance de la presente disposición y, por último, intensificar la adopción de medidas de prevención y control según criterios epidemiológicos, tendientes a reducir el riesgo de propagación del contagio en la población y en cumplimiento de los lineamientos del Ministerio de Salud de la Nación dirigidos a la protección de la salud pública.

Por último, a través de la disposición DI-2020-891-APN-DGRC#SPF con fecha 20 de marzo pasado, la Dirección Nacional del S.P.F. suspendió la admisión de internos de distintas jurisdicciones en el Servicio Central de Alcaidías a partir de esa fecha y hasta el 31 de marzo inclusive, pudiendo prorrogarse el plazo en atención a la situación epidemiológica.

Todo ello, principalmente con el objeto de resguardar a aquellos grupos de personas con mayor vulnerabilidad.

IV. Ahora bien, corresponde ingresar en el análisis del fondo de la cuestión introducida.

En efecto, cabe recordar que el artículo 32 de la ley 24.660 estipula, en lo pertinente, que: “[e]l juez de ejecución, o juez competente, podrá disponer el cumplimiento de la pena impuesta en detención domiciliaria: a) Al interno enfermo cuando la privación de la libertad en el establecimiento carcelario le impida recuperarse o tratar adecuadamente su dolencia y no correspondiere su alojamiento en un establecimiento hospitalario; b) Al interno que padezca una enfermedad incurable en período terminal...”.

Asimismo, debe considerarse que “...la letra y el espíritu de la ley no dejan lugar a dudas de que la concesión de la detención domiciliaria se trata de una potestad y no de un imperativo, debiendo el magistrado en todos los casos fundar razonablemente su decisión, basándose en las características personales del justiciable y demás circunstancias del caso...” (cfr. CFCP, Sala IV, “Diedrichs, Luis Gustavo s/recurso de casación”, Causa n° 93000136, rta. el 24/10/2016, Registro nº: 1351/16).

Siguiendo esos lineamientos se deben analizar, las constancias y los informes glosados en el presente incidente que dan cuenta del estado de salud del encartado C. A. R. y de las medidas adoptadas por el Servicio Penitenciario Federal intramuros para, en definitiva, comprobar -objetiva y fundadamente- la adecuación de la situación planteada por la defensa en los parámetros del artículo 32 de la ley 24.660.

En primer lugar debo resaltar que quien suscribe se encuentra a cargo de controlar las condiciones de detención de todo/a condenado/a bajo mi exclusiva disposición, y va de suyo, que, tal circunstancia implica velar por el derecho a la salud de cada interno dentro del respectivo establecimiento de detención.

Sin embargo, cuestiones de especialidad imponen que sea el Servicio Penitenciario Federal dependiente del Poder Ejecutivo Nacional por intermedio del Ministerio de Justicia de la Nación como fuerza de seguridad destinada a la custodia y guarda de las personas privadas de su libertad -arts. 1 y 5 de la ley 20.416- quien materializa y ejecuta esas medidas, para lo cual se determinó como función primordial de la Dirección Nacional de esa institución el “velar por la seguridad y custodia de las personas sometidas a proceso procurando que el régimen carcelario contribuya a preservar o mejorar sus condiciones morales, su educación y su salud física y mental” -art. 5° inc. “a” de dicha norma-.

De allí que al haberse constituido una compleja y excepcional situación de emergencia sanitaria a nivel nacional, obliga a que las decisiones que al respecto se tomen cuenten con el asesoramiento y aval de la autoridad médica en la materia. Bajo esos parámetros es que debo analizar lo informado por el Servicio Penitenciario Federal.

En tal sentido, la Dirección de Sanidad, mediante la creación del correspondiente Comité de Crisis, ha implementado los protocolos correspondientes para de esa forma asegurar el acatamiento de los estándares fijados por las disposiciones internacionales y nacionales para la prevención de la pandemia ocasionada a causa del COVID-19.

Por esa razón, entiendo que la mera invocación de la defensa de encontrarse su asistido dentro de la población de riesgo que al efecto determinaron las autoridades médicas internacionales, por sí misma, no puede constituir un argumento suficiente para modificar el estado de encierro en el que se encuentra R..

Máxime si se considera que aún en el eventual supuesto de que el nombrado presente alguna sintomatología compatible con la patología mencionada, el Servicio Penitenciario Federal cuenta con la infraestructura de atención médica de internos, así como también han sido previstas alternativas -tal como el aislamiento- para evitar el contagio. En el mismo sentido, existe un protocolo de actuación donde se prevén las medidas a llevarse a cabo para brindar a los internos el adecuado tratamiento en caso de contagio.

Por otro lado, destaco que, al día de hoy, las autoridades cuya función le ha sido asignada por ley de preservar la integridad física de los internos, han ordenado la intensificación de las medidas de prevención y control siguiendo criterios epidemiológicos a fin de reducir el riesgo de propagación del virus en la población penitenciara; así como también -siguiendo los lineamientos expuestos en el punto III- se ha facultado a las autoridades para restringir el acceso de personas a la Unidad; a la vez que se ha ordenado la elaboración de informes en relación a los internos pertenecientes al colectivo de pacientes vulnerables -como es el caso del incidentista-.

Es así que, cuanto menos en esta instancia de evolución de la pandemia, los protocolos y actuaciones implementados por el Servicio Penitenciario Federal para evitar la propagación en el ámbito carcelario aparecen como razonables y suficientes.

Por lo demás, no puede desconocerse que en el 20 de marzo pasado se publicó en el Boletín Oficial el DECNU- 2020-297-APN-PTE, a través del cual el Poder Ejecutivo de la Nación decretó con el fin de proteger la salud pública, y para todas las personas que habitan en el país o se encuentren en él en forma temporaria, la medida de “aislamiento social, preventivo y obligatorio” que rige desde el día de la fecha y hasta el 31 de marzo inclusive del corriente año, pudiéndose prorrogar este plazo por el tiempo que se considere necesario en atención a la situación epidemiológica.

Esas medidas adoptadas coadyuvarán a mitigar la situación, buscando que luego de un tiempo de lograda la disminución del contacto social, la curva de infección se estabilice y la circulación del virus se reduzca.

En virtud de lo expuesto y más allá de las lógicas limitaciones y complicaciones que trae aparejada la detención para quien la padece y su entorno, no se advierte la existencia de un mayor riesgo de contagio de COVID-19 que habilite la incorporación del encartado al régimen de detención domiciliaria. Ello en tanto los extremos invocados por la defensa no traspasan el plano conjetural y, frente al desafortunado caso de concretarse, como hemos visto, el Servicio Penitenciario Federal posee las herramientas para contrarrestar las complicaciones que la contracción del virus pudiera generar.

En virtud de lo expuesto, entiendo que no corresponde hacer lugar a la solicitud de arresto domiciliario formulada por la defensa de R..

V. Sin perjuicio de ello, considero pertinente encomendar a la Dirección de Sanidad del Servicio Penitenciario Federal y al Director de la Unidad N° 12 de la misma institución que, en la medida de lo posible, intensifique y refuerce el área sanitaria, a fin de controlar y asistir de forma exhaustiva a aquellas personas que padezcan condiciones de salud preexistentes que puedan constituir grupo de riesgo a la luz del COVID-19; extreme los controles preventivos y de protección sobre todo respecto del personal del S.P.F. y de aquellas personas que a otros fines ingresen a diario a las unidades carcelarias.

Por ello, de conformidad con las normas citadas, y con la premura de sustanciación que el presente caso requiere;

RESUELVO:

I. NO HACER LUGAR a la detención domiciliaria, solicitado por el Dr. Nicolás García en favor de su asistido C. A. R. (arts. 10 del Código Penal y 32 y cc. de la ley 24.660 a contrario sensu).

II. ENCOMENDAR al Director de Sanidad del Servicio Penitenciario Federal y al de Unidad N° 12 de la misma institución que, en la medida de lo posible, intensifiquen y refuercen el área sanitaria, a fin de controlar y asistir de forma exhaustiva a aquellas personas que padezcan condiciones de salud preexistentes que puedan constituir grupo de riesgo a la luz del COVID-19; y extreme los controles preventivos y de protección sobre todo el personal del S.P.F. y de aquellas personas que a otros fines ingresen a diario a la unidad. A tal fin, líbrese correo electrónico.

III. ORDENAR el registro, notificación y publicación de la presente resolución.

 

Simón Pedro Bracco

Juez de Ejecución

Ante mí:

Luis Pérez García

Secretario de Ejecución

 

  Correlaciones:

Iparraguirre, Mario Aníbal s/condena - Trib. Oral Crim. Fed. Córdoba - Nº 2 - 17/03/2020 - Cita digital IUSJU000215F

 

 

Cita digital:IUSJU000236F