JURISPRUDENCIA

 

 

 

Ver correlaciones

En Buenos Aires a los 5 días del mes de diciembre de dos mil diecinueve, reunidos los Señores Jueces de Cámara en la Sala de Acuerdos fueron traídos para conocer los autos “ALVAREZ PAULA LORENA C/ LIDERAR COMPAÑÍA GENERAL DE SEGUROS S.A. S/ ORDINARIO” EXPTE. N° COM 19805/2016; en los que al practicarse la desinsaculación que ordena el art. 268 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación resultó que la votación debía tener lugar en el siguiente orden: Doctora Tevez, Doctor Barreiro y Doctor Lucchelli.

Estudiados los autos la Cámara plantea la siguiente cuestión a resolver:

¿Es arreglada a derecho la sentencia apelada de fs. 259/264?

La Sra. Juez de Cámara Dra. Alejandra N. Tevez dice:

I. Antecedentes de la causa.

a. A fs. 26/41, Paula Lorena Álvarez inició demanda contra Liderar Compañía General de Seguros S.A., a fin de obtener el cobro de la suma de $ 302.255,71, con más intereses y costas.

Manifestó haber celebrado un contrato de seguro con la demandada que cubrió al rodado de su propiedad dominio ITM092.

Relató que el 24/07/2015 circulando por la ruta n° 18, en la localidad de Pagancillo, Provincia de La Rioja, perdió el control del vehículo lo cual produjo que el mismo volcara. Fue asistida entonces por la policía -prosiguió- quien removió y trasladó el vehículo al destacamento, donde permaneció hasta el mes de septiembre de ese año.

Agregó que el 14/09/2015, mediante un rodado y un tráiler de su propiedad, procedieron al traslado del vehículo hasta su domicilio en Buenos Aires; y mientras transitaban por la ruta provincial n° 2 en San Luis, el tráiler se desprendió provocando que el automotor se fuera hacia la banquina, estrellándose contra una alcantarilla e incendiándose.

Explicó que producto de ello, el automóvil quedó totalmente destruido. Dado que la póliza de seguro implicaba la cobertura de la destrucción total e incendio, requirió el pago del siniestro, a lo cual la demandada se negó sistemáticamente sin esgrimir argumento válido.

Invocó infracciones a la ley de defensa de consumidor (en adelante “LDC”). Solicitó la reparación de daño moral lo cual estimó en la suma de $ 80.000; imposición de daño punitivo por la suma de $ 50.000; y daño patrimonial por la suma de $ 172.255,71 correspondiente al valor del rodado con más intereses.

Fundó en derecho su reclamo y ofreció prueba.

b. A fs. 105/117 LIDERAR COMPAÑÍA GENERAL DE SEGUROS S.A. (en adelante “Liderar”), contestó demanda.

Opuso excepción de riesgo no cubierto en la póliza. Contestó en subsidio la demanda formulando una negativa primero genérica y luego pormenorizada de los hechos invocados.

Afirmó que el primer siniestro no configuró destrucción total, razón por lo cual no correspondía ser indemnizado; y, en relación al segundo, que por estar siendo el rodado siniestrado trasladado por vehículos no asegurados por él, se encuentra exonerado de responder por no configurarse riesgo cubierto.

Resistió la procedencia de los daños reclamados, ofreció prueba y solicitó el rechazo de la pretensión de que sea aplicada la LDC.

II. La sentencia de primera instancia.

La a quo dictó sentencia a fs. 259/264.

Hizo lugar a la demanda y condenó a Liderar a pagar a la actora la suma de $ 168.300 con más sus intereses y costas.

Para así decidir, la magistrada inicialmente estimó acreditado el incumplimiento contractual de Liderar.

Razonó carente de todo sustento el rechazo de la indemnización, pues el siniestro se encontraba amparado en la póliza. Consecuentemente admitió la demanda por la suma de $ 88.300, más intereses.

En otro orden, admitió el reclamo por daño moral reconociendo la suma de $ 30.000 e impuso daño punitivo por $ 50.000.

Asimismo reconoció intereses a la tasa activa que percibe el Banco de la Nación Argentina para sus operaciones de descuento de documentos, sin capitalizar, desde el día 03/11/2015 en relación a la indemnización por destrucción total; y desde la fecha de notificación del traslado de la demanda en relación a la multa civil.

Finalmente impuso las costas a la demandada vencida.

III. El recurso.

Apeló la demandada en fs. 265. Su recurso fue concedido libremente a fs. 266. Los fundamentos corren a fs. 273/277.

A fs. 284/288 emitió dictamen la Sra. Fiscal General ante esta Cámara.

A fs. 289 se llamaron autos para dictar sentencia y a fs. 290 se practicó el sorteo previsto en el CPr. 268.

IV. Los agravios.

Luego de verter ciertas manifestaciones bajo el título “configuración técnica del vicio descalificante de arbitrariedad”, se quejó la defendida en relación a la procedencia y monto reconocido en concepto de daño moral y daño punitivo.

V. La solución.

a. Arbitrariedad.

A mi criterio, el fallo resulta coherente, es ajustado a las constancias probadas de la causa; está correctamente fundado y no exhibe dogmatismos.

La sentencia constituye una unidad lógico-jurídica cuya parte dispositiva es la conclusión necesaria del análisis de los presupuestos fácticos y normativos efectuados en su fundamentación (C.S.J.N., in re “Sosa, José c. Gobierno de la Provincia” del 06/10/92, LL, diario del 30/06/93) y su análisis deja en mi ánimo la convicción que cumplimentó, no sólo la ortodoxia ritual, sino también las cuestiones fácticas y jurídicas de fondo.

No concluyo entonces que contenga deficiencias técnicas que la invaliden como acto jurisdiccional, máxime teniendo en consideración que la tacha de arbitrariedad de Liderar no alude a aspecto alguno de la sentencia de grado, ni menciona -cuanto menos- qué disposición de la misma se habría encontrado desprovista de fundamentos (v. fs. 273 vta. 2° párr.).

b. Marco normativo.

En segundo término, resulta menester precisar el marco normativo que regula la cuestión propuesta a estudio, en tanto mediaron serias divergencias sobre este aspecto entre los justiciables.

Recuérdese que la actora invocó las disposiciones de la LDC, cuando la demandada planteó que únicamente debía aplicarse al caso la LS., cuestión que reeditó en su expresión de agravios.

Como sostuve en mis votos en esta Sala en autos “Zarlenga Gustavo Fabián c/ Provincia Seguros S.A. s/ ordinario” del 22/11/12, “Santarelli Héctor Luis y otro c/ Mapfre S.A. de Seguros s/ ordinario” del 08/05/14 y “Loyarte Jorge Luis c/ Mercantil Andina Seguros S.A. s/ ordinario” del 23/02/17, con anterioridad al dictado de la ley 26.361 algunos autores calificaban al contrato de seguro como de consumo (Moeremans - Casas, “La prescripción en materia de contratos de seguro. Prevalencia de la prescripción prescripta en la ley 24.240”, LLNOA 2007, p. 1101; Moeykens, Federico, “Aplicación de la ley de defensa del consumidor al contrato de seguro”, LLNOA, 2005, p. 1165), mientras que otra parte de la doctrina se inclinaba por la negativa y rechazaba la aplicación de la LDC a este tipo de convenios (López Saavedra, Domingo M., “El plazo de prescripción en el contrato de seguro y la preeminencia de la ley de seguros sobre la ley de defensa del consumidor”, RCyS 2010-IV, 95; Bulló, Emilio, “El derecho de seguro y de otros negocios vinculados”, t. 1, p. 123; Halperín - López Saavedra, “El contrato de seguro y la ley de defensa del consumidor 24.240”, LL 2003-E, p. 1320; Schwarzberg, Carlos, “Los seguros y la defensa del consumidor”, LL del 12/0/.06, p. 12).

Sin embargo, en la actualidad la discusión ha quedado superada (cfr. mi voto en esta Sala en autos “Playa Palace S.A. c/ Peñaloza Leandro Hipólito s/ ordinario s/ incidente de ejecución de sentencia”, del 05/10/10).

En efecto: no existe hoy obstáculo para que, en ciertos supuestos, la relación entablada entre asegurado y asegurador pueda calificarse como de consumo (Stiglitz - Pizarro, “Reformas a la Ley de Defensa del Consumidor”, LL 2009-B, p. 949; Toribio, Eduardo A., “Reflexiones sobre la defensa del consumidor y del asegurado (¿y los asegurados?)”, publicado en Revista de Derecho Comercial y de las Obligaciones, Año 42, p. 741; Piedecasas, Miguel, “El Consumidor de Seguros”, publicado en "Defensa del Consumidor", bajo la dirección de Ricardo Luis Lorenzetti y Gustavo Juan Schotz, pp. 343/344; Ed. Ábaco, Buenos Aires, 2003; Farina, Juan M., “Defensa del Consumidor y del usuario”, p. 77, Astrea, 3ª edición actualizada y ampliada, Buenos Aires, 2004).

Es que, como señala Gregorini Clusellas, tras la sanción de la ley 26.361 “... la consideración del seguro como relación de consumo es indubitable. Evidentemente el contrato de seguro es un acto comprendido en el concepto amplio del sujeto que “adquiere o utiliza bienes o servicios” y que lo hace además “como destinatario final” y “para beneficio propio”, “o de su grupo familiar o social...” (cfr. Gregorini Clusellas, Eduardo, “El seguro y la relación de consumo”, LL 2009- A, 1130).

Así, una persona jurídica que actúa profesionalmente se obliga, a cambio del pago de una prima, a prestar un servicio a un consumidor final, consistente en la asunción del riesgo previsto en la cobertura asegurativa: el resarcimiento del daño o el cumplimiento de la prestación convenida (conf. Compiani, María F., “El contrato de seguro y la protección del consumidor” en Ley de Defensa del Consumidor. Comentada y Anotada, dirigida por Piccaso- Vazquez Ferreira, LL, T. II, Parte Especial, p. 439, 2009).

En el caso, no tengo dudas de que el contrato de seguro que vinculó a las partes debe calificarse como de consumo.

Obsérvese que Liderar es una compañía que se dedica habitual y profesionalmente a la oferta de seguros, razón por la cual es “proveedora” con los alcances de la LDC; y celebró con la actora un contrato de seguro automotor, percibiendo el monto de la prima convenida.

Cabe aquí transcribir, la previsión del art. 1 de la ley 24.240, la que actualmente establece que: “La presente ley tiene por objeto la defensa del consumidor o usuario. Se considera consumidor a la persona física o jurídica que adquiere o utiliza, en forma gratuita u onerosa, bienes o servicios como destinatario final, en beneficio propio o de su grupo familiar o social. Queda equiparado al consumidor quien, sin ser parte de una relación de consumo como consecuencia o en ocasión de ella, adquiere o utiliza bienes o servicios, en forma gratuita u onerosa, como destinatario final, en beneficio propio o de su grupo familiar o social”.

Efectuadas las aclaraciones precedentes, procederé al tratamiento de las quejas de la demandada.

c. Daño moral.

c.1. Sostuvo Liderar que la procedencia del presente rubro indemnizatorio es de carácter restrictivo y exige la acreditación del supuesto menoscabo económico, dado que el mero incumplimiento contractual no basta para su procedencia.

En abono de tal posición citó jurisprudencia.

c.2. Tal como lo he dicho con anterioridad, el daño moral es un perjuicio que aprehende el orden jurídico. Y es así en la medida en que lesiona los bienes más preciados de la persona humana, al alterar el equilibrio del espíritu. Toda persona vive en estado de equilibrio espiritual y tiene derecho a permanecer en ese estado; las alteraciones anímicamente perjudiciales deben ser resarcidas (v. mi voto en esta Sala, “Oriti, Lorenzo Carlos c/ Volkswagen Argentina S.A. y otro s/ ordinario”, del 01/03/11).

Y esa modificación disvaliosa del espíritu no corresponde identificarla exclusivamente con el dolor porque pueden suceder, como resultas de la interferencia antijurídica, otras conmociones espirituales: la preocupación intensa, la aguda irritación vivencial y otras alteraciones que, por su grado, hieren razonablemente el equilibrio referido (Mosset Iturraspe, Jorge, Responsabilidad por Daños, t. V, págs. 53/4, Ed. Rubinzal-Culzoni, 1999).

Por otro lado, no desconozco que cuando el daño moral tiene origen contractual, debe ser apreciado con criterio estricto, desde que generalmente en ese ámbito de interacción humana sólo se afectan intereses pecuniarios. En este sentido, corresponde a quien reclama la indemnización la prueba de su existencia, es decir, la acreditación de las circunstancias fácticas susceptibles de llevar al ánimo del juzgador la certidumbre de que la actitud del incumplidor provocó un efectivo menoscabo de su patrimonio moral. Ello pues, de su mismo concepto se desprende que el mero incumplimiento contractual no basta para admitir su procedencia en los términos de la norma citada (v. mis votos en los autos “Miani Luis Fabio c/ Zurich Argentina Compañía de Seguros S.A. s/ ordinario”, del 12/02/19 y “Marotta Germán Ricardo c/ LG Electronics S.A. s/ ordinario”, del 19/02/19, entre muchos, a los que me remito a fin de evitar alongar en demasía este voto).

c.3. Desde las antedichas perspectivas conceptuales, es perceptible en la especie que el incumplimiento contractual de la aseguradora bien pudo aparejar en la accionante sinsabor, ansiedad y molestias, que de algún modo trascendieron la normal adversidad que en la vida cotidiana se verifica frente a contingencias ordinarias.

Resultan ostensibles además los trastornos que el rechazo de la cobertura asegurativa, cuya contingencia se encontraba expresamente prevista en la póliza -vigente al momento del hecho- pudo ocasionar en la actora.

c.4. A lo anterior cabe agregar que la exigencia de certeza del daño debe ser adaptada al supuesto del daño moral posible en el sector del derecho del consumidor dado que no se trata de un daño que pueda ser probado en base a pautas objetivas y materialmente verificables de acuerdo a las circunstancias del caso (conf. esta Sala F, en los autos “Bovina Giorgio Vanesa Paula c/ Peugeot Citroën Argentina SA y otros s/ ordinario”, del 29/11/16; íd. “Yagi Adolfo c/ Guido Guidi S.A. y otro s/ sumarísimo”, del 15/05/18., íd. “Stekelorum Fabián Oscar c/ Ulmo S.R.L. s/ ordinario”, del 27/09/18; íd., “Cresta, Alberto Jorge c/ Samsung Electronics Argentina S.A. y otro s/ ordinario”, del 11/10/18).

Los autores han sostenido que "se puede sufrir un daño moral (afectación de los sentimientos) por causas contempladas en la LDC específicamente, omisión de información; trato indigno, etc. y en segundo lugar, estas causas sólo pueden constituir una afectación de los sentimientos, es decir, daño moral autónomo del derecho económico” (Ghersi, Carlos; "Las relaciones en el derecho del consumo especialmente la responsabilidad y el daño moral", LLC2013 (marzo), 133).

En definitiva, es indudable que las contingencias toleradas por Álvarez excedieron el concepto de mera molestia o incomodidad.

De acuerdo a ello juzgo probado el daño moral que padece la accionante y adecuado el monto concedido para resarcirlo.

Finalmente cabe referir que las expresiones vertidas por el recurrente resultan insuficientes para sustentar las quejas vertidas ya que carecen de una crítica concreta y razonada de las motivaciones fácticas y jurídicas sobre ese aspecto del fallo recurrido.

Un principio básico en la teoría de los recursos es que los fundamentos del juzgador deben ser rebatidos por el apelante a través de una crítica concreta y razonada, por lo que no bastan las meras discrepancias o la insatisfacción con lo señalado por el sentenciante, lo cual me conduce a la desestimación de la queja.

d. Daño punitivo.

d.1. La a quo condenó a Liderar a pagar al actor en concepto de daño punitivo la suma de pesos cincuenta mil ($ 50.000), más intereses a la tasa activa que cobra el Banco de la Nación Argentina para sus operaciones de descuento a treinta días desde la fecha de notificación del traslado de la demanda y hasta el efectivo pago.

Se quejó la recurrente de que la primer sentenciante no haya considerado que el daño punitivo sólo procede en casos de particular gravedad no siendo lo ocurrido en la causa.

Citó doctrina en sustento de su posición y concluyó que su imposición resulta de carácter excepcional y no rutinario y que debe ser empleado con mucho cuidado, base sobre la cual solicitó su revocación.

d.2. A fin de resolver el punto entiendo necesario recordar que el art. 52 bis de la LDC modificada por la ley 26.361 -BO: 7.4.08- incorporó a nuestro derecho positivo la figura del “daño punitivo”.

Dispone la norma textualmente: “Al proveedor que no cumpla sus obligaciones legales o contractuales con el consumidor, a instancia del damnificado, el juez podrá aplicar una multa civil a favor del consumidor, la que se graduará en función de la gravedad del hecho y demás circunstancias del caso, independientemente de otras indemnizaciones que correspondan. Cuando más de un proveedor sea responsable del incumplimiento responderán todos solidariamente ante el consumidor, sin perjuicio de las acciones de regreso que les correspondan. La multa civil que se imponga no podrá superar el máximo de la sanción de multa prevista en el artículo 47, inciso b) de esta ley”.

Tal como precisé en otras oportunidades (v. mis votos en autos “Dubourg Marcelo Adrián c/ La Caja de Seguros S.A. s/ ordinario”, del 18/02/14; “Santarelli Héctor Luis y otro c/ Mapfre S.A. de Seguros s/ ordinario”, del 08/05/14; “García Guillermo Enrique c/ Bankboston N.A. y otros s/ sumarísimo”, del 24/09/15; y “Díaz Víctor Alcides c/ Fiat Auto S.A. de Ahorro para Fines Determinados y otros s/ ordinario”, del 20/10/15), la reforma legislativa conllevó una modificación en la concepción de la responsabilidad civil de nuestro sistema codificado, que posee como presupuesto la idea de la reparación integral y plena del perjuicio causado (arg. CCCN. 1740).

Los daños punitivos son, según Pizarro, “sumas de dinero que los tribunales mandan a pagar a la víctima de ciertos ilícitos, que se suman a las indemnizaciones por daños realmente experimentados por el damnificado, y están destinadas a punir graves inconductas del demandado y a prevenir hechos similares en el futuro” (Pizarro, Ramón, “Daños punitivos”, en Derecho de Daños, segunda parte, Libro homenaje al Prof. Félix Trigo Represas, La Rocca, 1993, pág. 291/2).

En esa línea, todas o la mayoría de las definiciones de los daños punitivos incluyen los siguientes elementos: (i) suma de dinero otorgada a favor del damnificado por sobre el daño efectivamente sufrido; (ii) se los aplica con la finalidad de castigar al incumplidor y para disuadir al sancionado de continuar con esa conducta o conductas similares; (iii) también son aplicados con la finalidad de prevención general, es decir, para disuadir a otros proveedores que practiquen conductas análogas a la sancionada.

Concordantemente, enseñan Gómez Leo y Aicega que “los daños punitivos -traducción literal del inglés 'punitive damages'- son las sumas de dinero que los tribunales mandan a pagar a la víctima de ciertos ilícitos, que se suman a las indemnizaciones por daños realmente experimentados por el damnificado, que están destinados a punir hechos similares en el futuro” (Gómez Leo, Osvaldo R. y Aicega, María V., Las reformas a la Ley de Defensa del Consumidor, JA, 2008-III-1353 - SJA, 20.08.08).

De acuerdo con la norma antes transcripta, en nuestro derecho la concesión de daños punitivos presupone: (i) el incumplimiento por parte del proveedor de sus obligaciones legales o contractuales; (ii) la petición del damnificado; (iii) la atribución del magistrado para decidir su otorgamiento; (iv) la concesión en beneficio del consumidor; y (v) el límite cuantitativo determinado por el art. 47 de la ley 24.240.

d.3. Sin perjuicio de destacar que el incumplimiento de una obligación legal o contractual es una condición necesaria pero no suficiente para imponer la condena punitiva -ya que, además, debe mediar culpa grave o dolo del sancionado, la obtención de enriquecimientos indebidos derivados del ilícito o evidenciarse un grave menosprecio por los derechos individuales del consumidor o de incidencia colectiva; cfr. López Herrera, Edgardo, “Daños punitivos en el derecho argentino. Art. 52 bis”, Ley de Defensa del Consumidor, JA 2008-II-1198; Pizarro - Stiglitz, Reformas a la ley de defensa del consumidor, LL 2009-B, 949-, la norma aludida indica que a los fines de la sanción deberá tomarse en cuenta “la gravedad del hecho y demás circunstancias del caso”.

De allí que para establecer no sólo la graduación de la sanción sino también su procedencia, resulta de aplicación analógica lo establecido por el artículo 49 de la ley (cfr. Tevez, Alejandra N. y Souto, María Virginia, “Algunas reflexiones sobre la naturaleza y las funciones del daño punitivo en la ley de defensa del consumidor”, RDCO 2013-B-668). Véase que, en efecto, no obstante aludir puntualmente a las sanciones administrativas, se fija un principio de valoración de la sanción prevista por la norma (López Herrera, Edgardo, “Daños punitivos en el derecho argentino. Art. 52 bis”, Ley de Defensa del Consumidor, JA 2008-II-1198; Falco, Guillermo, “Cuantificación del daño punitivo”, LL 23/11/2011, 1).

Establece aquella disposición que: “En la aplicación y graduación de las sanciones previstas en el artículo 47 de la presente ley se tendrá en cuenta el perjuicio resultante de la infracción para el consumidor o usuario, la posición en el mercado del infractor, la cuantía del beneficio obtenido, el grado de intencionalidad, la gravedad de los riesgos o de los perjuicios sociales derivados de la infracción y su generalización, la reincidencia y las demás circunstancias relevantes del hecho”.

Resáltese que la conducta reprochada es la del fabricante o proveedor que realiza un cálculo previo, a sabiendas de que el producto o servicio ofrecido puede ocasionar un daño; y mediante el cual se asegura que, descontando las indemnizaciones, tendrá aún un beneficio que redundará en ganancia (López Herrera, Edgardo, ob. cit.).

Se trata, en definitiva, de supuestos en los que fabricantes o proveedores utilizan esa técnica -y este dato es muy importante- de modo permanente y como una forma de financiarse mediante sus consumidores (Colombres, Fernando M., “Daño punitivo. Presupuestos de procedencia y destino de la multa”, LL DJ 19/10/2011, 1). Ello así, a través de una conducta objetivamente descalificable desde el punto de vista social, esto es, disvaliosa por indiferencia hacia el prójimo, desidia o abuso de una posición de privilegio (Zavala de González, Matilde, “Actuaciones por daños”, Buenos Aires, Hammurabi, 2004, pág. 332).

Como señalara la Sala III de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Rosario, al sentenciar en la causa “Rueda, Daniela c/ Claro Amx Argentina S.A.”, “Si bien es cierto que ha sido criticado el alcance amplio con el que ha sido legislada la multa civil, en cuanto alude a cualquier incumplimiento legal o contractual, existe consenso dominante en el derecho comparado en el sentido de que las indemnizaciones o daños punitivos solo proceden en supuestos de particular gravedad, calificados por el dolo o la culpa grave del sancionado o por la obtención de enriquecimientos indebidos derivados del ilícito o, en casos excepcionales por un abuso de posición de poder, particularmente cuando ella evidencia menosprecio grave por los derechos individuales o de incidencia colectiva”.

Más, en rigor, el análisis no debe concluir solo en el art. 52 bis. Es que el art. 8 bis refiere al trato digno hacia el consumidor y a prácticas abusivas de los proveedores y, en su última parte, dice: “Tales conductas, además de las sanciones previstas en la presente ley, podrán ser pasibles de la multa civil establecida en el art. 52 bis de la presente norma...” (Ferrer, Germán Luis, “La responsabilidad de administradores societarios y los daños punitivos”, Diario La Ley del 24.10.2011).

La previsión legal del art. 8 bis LDC resulta plausible. Ello así, tanto desde el punto de vista de los consumidores que han sido víctimas de un daño, cuanto desde la perspectiva de los jueces que deben decidir si cabe responsabilizar al proveedor frente a supuestos no tipificados como la demora excesiva o el maltrato en la atención al usuario, por citar algunos ejemplos. Es que la lesión al interés del consumidor puede surgir, en los hechos, no sólo por el contenido de una cláusula contractual o del modo en que ella sea aplicada, sino también de comportamientos no descriptos en el contrato, que constituyen una derivación de la imposición abusiva de ciertas prácticas reprobables.

Refiere a garantizar una directriz de trato adecuado al consumidor, como modo de evitar la utilización de prácticas comerciales que restrinjan o nieguen sus derechos. El cartabón de conducta exigible al proveedor tiende a resguardar la moral y la salud psíquica y física del consumidor. Así porque la ausencia de un trato digno y equitativo agravia el honor de la persona. De allí que la norma deba ser vista como una concreción del principio general de buena fe y como desarrollo de la exigencia del art. 42 CN. Así, el proveedor está obligado no solamente a ajustarse a un concreto y exacto contenido normativo, sino además está constreñido a observar cierta conducta en todas las etapas del iter negocial, incluso aún antes de la contratación. Y no podrá vulnerar, en los hechos, aquellos sensibles intereses (cfr. Tevez, Alejandra N. y Souto María Virginia, “Trato “indigno” y daño punitivo. Aplicación del art. 8 bis de la Ley de Defensa del Consumidor”, del 26/04/16, La Ley 2016-C, 638).

Desde dicha perspectiva conceptual, corresponde confirmar la imposición a Liderar de la multa civil.

De los antecedentes colectados en la causa puede inferirse, con suficiente grado de certidumbre, la configuración de este daño con arreglo al marco de aprehensión de los arts. 8 bis y 52 bis de la LDC. Ello así, aún juzgada la cuestión con el criterio restrictivo que debe primar en la materia.

Como ya fue señalado, este específico daño requiere la existencia de una manifiesta o grosera inconducta por parte del proveedor en el trato comercial con el consumidor. Claro que es tarea del juzgador discernir con prudencia en qué circunstancias de modo, tiempo y lugar se verifica tal conducta antifuncional en la relación de consumo (cfr. mis votos en esta Sala F, en autos “Rodríguez Silvana Alicia c/ Compañía Financiera Argentina SA s/ Sumarísimo”, del 10/05/12, en “Rojas Sáez Naxon Felipe c/ Banco Comafi SA s/ Ordinario”, del 19/8/14, y en “Berrio Gustavo Osvaldo y otro c/ La Meridional Cía. Arg. de Seguros SA s/ Ordinario”, del 15/12/16).

Tras estas consideraciones conceptuales juzgo que fue acertada la imposición a la demandada de la multa civil frente a la conducta que asumió en relación al consumidor. Véase que: a) aquél formuló tempestivamente la denuncia del siniestro; b) la prima se encontraba abonada en tiempo y forma razón por la cual la póliza se encontraba vigente; y c) la cobertura asegurativa fue rechazada por Liderar pese a la existencia de una cláusula contractual que expresamente preveía la indemnización ante la configuración de un siniestro como el de autos, aspecto de la sentencia que se encuentra firme.

d.4. Tales extremos demuestran el desinterés de la demandada en los daños que su conducta provocaría al actor, por lo que rechazaré su recurso y propondré confirmar la procedencia del daño punitivo aunque con los alcances que a continuación indicaré.

Tengo dicho que por tratarse el daño punitivo de una multa civil, debe valuarse al tiempo del dictado de la sentencia (conf, esta Sala, mi voto, en autos “Galasso Rubén Adrián c/ Citibank N.A. s/ ordinario”, del 15/08/19).

Por lo demás, aclaro que, a diferencia de la reparación por otros rubros indemnizatorios, no procede la aplicación de intereses moratorios sobre el rubro en análisis, dado el carácter asignado en el desarrollo de este voto a la figura prevista por la LDC. 52 bis (conf., esta Sala, “Fernández, Silvina Gabriela c/ Renault Argentina S.A. y otros s/ ordinario”, del 01/11/18; íd., “Concetti, Marcelo Fabián c/ Banco Ciudad de Buenos Aires s/ ordinario”, del 21/03/19).

Lo anterior, claro está, lo es sin perjuicio de los réditos que pudieran eventualmente devengarse en caso de no resultar abonada la multa en el plazo fijado para el cumplimiento de la condena, los que en tal supuesto se calcularán a la tasa activa del Banco de la Nación Argentina, para sus operaciones de descuento de documentos a treinta días (conf. precedente cit.).

En consecuencia y tal como lo adelanté, habiendo la demandada recurrido la procedencia de este rubro, propondré confirmar su imposición modificando el modo en que fueran reconocidos los réditos, los cuales procederán -eventualmente- en el caso establecido en el párrafo precedente.

VI. Conclusión.

Por los fundamentos expresados precedentemente, si mi voto fuera compartido por mis distinguidos colegas del Tribunal, propongo al Acuerdo: i) rechazar el recurso de la demandada y confirmar la sentencia de la anterior instancia con los alcances establecidos en el considerando V. d.4.; y ii) imponer las costas de Alzada en el orden causado por no mediar contradictorio.

Así voto.

El doctor Rafael F. Barreiro dice:

Comparto en lo sustancial la solución propiciada por la doctora Tevez en el voto que abrió este Acuerdo.

Ahora bien, con relación a la posición que se adopta en el apartado “d” respecto a la naturaleza y características del instituto que regula el art. 52 bis de la LDC, me remito a las reflexiones que he vertido en una publicación relativa a la sustancia del daño punitivo (Barreiro, Rafael F, El factor subjetivo de atribución en la aplicación de la multa civil prevista por el art. 52 bis de la ley 24.240, Revista del Derecho Comercial, del Consumidor y de la Empresa, Año V, N° 3, La Ley, junio de 2014, ps. 123/135), como lo preanuncié en mi voto en la causa Asociación Protección Consumidores Del Mercado Común del Sur -Proconsumer- c/ Galeno argentina S.A” de esta Sala F, decisión emitida en 11.11.14 y que repliqué, el 04.06.15 en la causa “Formigli Eduardo c/Auto Zero SA s/ ordinario”, por mencionar solo algunos de los antecedentes.

Con dicha aclaración, adhiero al voto de la vocal preopinante.

Por análogas razones el doctor Ernesto Lucchelli adhiere al voto que abrió este acuerdo.

Con lo que terminó este Acuerdo que firmaron los señores Jueces de Cámara doctores:

 

Alejandra N. Tevez

Ernesto Lucchelli

Rafael F. Barreiro

 

Buenos Aires, 05 de diciembre de 2019.

Y Vistos:

I. Por los fundamentos expresados en el Acuerdo que antecede, se resuelve: i) rechazar el recurso de la demandada y confirmar la sentencia de la anterior instancia con los alcances establecidos en el considerando V. d.4.; y ii) imponer las costas de Alzada en el orden causado por no mediar contradictorio.

II. Notifíquese (Ley N° 26.685, Ac. CSJN N° 31/2011 art. 1° y N° 3/2015), cúmplase con la protocolización y publicación de la presente decisión (cfr. Ley N° 26.856, art. 1; Ac. CSJN N° 15/13, N° 24/13 y N° 6/14) y devuélvase a la instancia de grado.

 

Alejandra N. Tevez

Ernesto Lucchelli

Rafael F. Barreiro

María Florencia Estevarena

Secretaria de Cámara

   

Correlaciones:

Sancho, Miguel Ángel c/Cooperación Mutual Patronal S. M. S. G. s/daños y perjuicios - Cám. Civ. y Com. Azul - Sala I - 09/09/2014 - Cita digital IUSJU221148D

  

Cita digital:IUSJU075456E