JURISPRUDENCIA

 

 

 

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En la ciudad de Corrientes a los once (11) días del mes de diciembre de dos mil diecinueve, constituyéndose el Superior Tribunal de Justicia con sus miembros titulares Doctores, Alejandro Alberto Chain, Guillermo Horacio Semhan y Fernando Augusto Niz, con la Presidencia del Doctor Luis Eduardo Rey Vázquez, (art. 20 del Decreto Ley 26/00), asistidos de la Secretaria autorizante, Doctora Judith I. Kusevitzky, tomaron en consideración el Expediente N° PEX 156847/16, caratulado: "G. J. C. P/COACCIONES - CAPITAL EXPTE. T.O.P. N° 2 - N° 10.628". Los Doctores Alejandro Alberto Chain, Guillermo Horacio Semhan, Luis Eduardo Rey Vázquez y Fernando Augusto Niz, dijeron:

¿QUE PRONUNCIAMIENTO CORRESPONDE DICTAR EN AUTOS?

A LA CUESTION PLANTEADA EL SEÑOR MINISTRO DOCTOR ALEJANDRO ALBERTO CHAIN, dice:

I.- Contra la sentencia N° 133/19, de fs. 269/280, dictado por el Tribunal Oral Penal N° 2 de la ciudad de Corrientes , que condenó a J. C. G., a la PENA de DOS AÑOS DE PRISION, como autor material penalmente responsable del delito de COACCIONES (art. 149 bis, segundo párrafo del Código Penal), se interpuso recurso de casación por los defensores técnicos a fs. 291/295.

II.- Funda su impugnación en los arts. 493, incs.1 y 2, 496 inc. 1, 498 y conc. del C.P.P..

En primer lugar, solicita la nulidad del requerimiento de elevación a juicio, entendiendo que el mismo carece de precisión en cuanto a las personas que estuvieron en el hecho sin identificar, además de no precisar lugar y fecha de lo ocurrido. (No se delimita con el debido rigor la amenaza o coacción, intervinieron familiares que no identifica, dice que ocurrió en dos ocasiones sin precisar lugar ni fecha.)

La temporalidad de lo solicitado obedece a que se trata de una nulidad de carácter absoluta y puede ser planteada y resuelta en cualquier estado. La misma afecta garantías constitucionales -defensa en juicio art. 18 CN-, pues el imputado no puede defenderse de un hecho que no está debidamente precisado en la acusación.

En segundo lugar plantea la nulidad de acusación fiscal en el debate, al no individualizar cuando el Sr. B. habría declarado bajo la amenaza que le habría inferido el Sr. G., como tampoco indica ante qué autoridad policial se produjeron las declaraciones del Sr. B. bajo la coacción de G., en la requisitoria fiscal inicial, entonces el fiscal de debate introduce los datos que faltaban en su alegato (cita Fariña Duarte C.S.J.N.).

En tercer lugar plantea la nulidad de la sentencia recurrida por apoyarse en prueba ilegal decisiva art. 430 inc. 3 del C.P.P., dado que el testigo en el debate no recordaba la amenaza, entonces al encontrarse en peligro de quedarse sin la prueba fundamental, recurren -invocando el art. 414 inc. 2 CPP que se le lea al testigo su declaración en instrucción para “ayudar la memoria del testigo” (cita fallo Benítez C.S.J.N. art. 8.2.f) CADH).

En cuarto lugar, plantea la errónea aplicación de la ley penal, en razón de que cuando una persona es juzgada por dos o más hechos, sin que entre ello no medie sentencia penal, como es el caso de autos, pues G. habría cometido el mismo día -23 de octubre de 2016- con diferencia de horas, los dos hechos (homicidio y coacciones), conforme al art. 55 Cód. Penal, no corresponde dictar dos sentencias, sino que debe dictarse una sentencia haciendo unificación de escalas penales, conforme la pauta ordenada en dicho art. 55, y en el art. 56 consagra que si alguna de las penas no fuere divisible, se aplicara esta únicamente, se aplicó perpetua en la primer sentencia por ese mismo tribunal, ante el planteo de la defensa, el mismo fue rechazado, luego el tribunal dicta un decreto que da por cumplido la pena impuesta, sin embargo, ello no elimina el error técnico de derecho penal de haber impuesto una segunda condena.

Por último, plantea cuestión federal.

III.- A la vista corrida se expide el Sr. Fiscal Adjunto en audiencia de vista: “...este requerimiento cuestionado por la defensa reúne los requisitos esenciales y se basta a sí mismo, más allá del planteo de nulidad que efectúa la defensa [...] las piezas certificadas sea de una declaración testimonial o sea de cualquier otro documento, es un documento público y la defensa en su momento que participó del debate no se opuso a la incorporación, se opuso a la lectura, y si la pieza quedo incorporada es un documento público [...] por lo tanto se debe rechazar el recurso de casación...”.

IV.- Siendo criterio sentado en reiterados fallos de este S.T.J., se impone revisar la causa a tenor de la doctrina emanada en el fallo de la C.S.J.N., “Casal”, criterio reiterado en “Martínez de Areco”: 328:3741; “Salto”: 329:530; “Tranamil”: 330: 5187.

V.- En primer lugar los recurrentes, se agravian del requerimiento de elevación a juicio, que el mismo carece de precisión en cuanto a las personas que estuvieron en el hecho sin identificar, además de no precisar lugar y fecha de lo ocurrido. (No se delimita con el debido rigor la amenaza o coaccion, intervinieron familiares que no identifica, dice que ocurrió en dos ocasiones sin precisar lugar ni fecha.). Así también, expresan los defensores que la temporalidad de lo solicitado obedece a que se trata de una nulidad de carácter absoluta y puede ser planteada y resuelta en cualquier estado. La misma afecta garantías constitucionales -defensa en juicio art. 18 CN-, pues el imputado no puede defenderse de un hecho que no está debidamente precisado en la acusación.

A los efectos de responder el primer agravio, resulta necesario reproducir mínimamente, aunque más no sea, en la parte pertinente de los hechos del Requerimiento de Elevación de la Causa a Juicio obrante a fs. 158/161, el que dice: “...Que, el día 23 de octubre del 2016, siendo aproximadamente las 18,30 hs., H. H. B. se encontraba en su domicilio ubicado en el Barrio Dr. Montaña EPAM, 24 Viviendas, manzana ..., casa ... de esta ciudad, cuando llega al mismo su madre M. B. D. L. S., quien comienza una discusión con su concubino J. C. G. que se encontraba en el living comedor, ingiriendo bebida alcohólicas y escuchando música a todo volumen, culminado dicha disputa con la ciudadana D. L. S. en llamas desde la cabeza hasta la zona del tórax incluyendo los miembros superiores acudiendo su hijo H. que escuchó el pedido de socorro, quien busca un balde con arena y regresa al baño arrojándole a su madre pudiendo apagar el fuego, no sin antes empujar a G. que se colocó en el camino para impedir dicha acción de ayuda mientras la manifestaba ‘esto no va a quedar así’ qué pavada que haces, esto no va quedar así’. M. B. finalmente es trasladada al Hospital acompañada de su hijo H. H. B. y cuando éste vuelve a su casa seguía allí J. C. G. en compañía de varios familiares que se hicieron presente y en ese contexto G. intimida a H. H. diciéndole ‘que si hablaba de más lo mataría’, intentando con esa actitud amenazante que el ciudadano B. no declare ante la autoridad policial lo que había sucedido con su madre, logrando esa finalidad ya que dicho testigo cuando declara ante la prevención policial en la causa por el fallecimiento de la misma, realiza un relato totalmente distinto de lo que ocurrió en realidad y en el cual libera de responsabilidad a G., retractándose luego en sede judicial donde B. alega que lo declarado en sede policial fue bajo amenaza y que ante los estrados judiciales se siente más protegido y por ello contaba lo que ciertamente sucedió, vinculando a J. C. G. en el Homicidio de su madre M. B. d. l. S. que tramita por Expte. 154938/16, del Juzgado de Instrucción N° 2 de Corrientes diciendo en su declaración: ‘agarro un balde y me voy hasta el fondo a buscar un balde de arena, y cuando vuelvo mi mamá ya estaba en el baño, y él se ponía así contra la pared porque no dejaba que yo le socorra a mi mamá obstruía el paso (refiriéndose al imputado G.) y ahí logro empujarlo y le tiro el balde de arena a mi mamá....vamos a la casa de un vecino porque él me decía: ‘Que pavadas que haces, esto no va a quedar así’ ...Yo la primera vez que me fui a la Comisaría a declarar yo me encontraba solo y mis hermanos todos viven en otro lado, yo estaba solo y ese día declaré bajo amenaza y me decía que ‘si yo hablaba de más ellos me iban a matar’.... Primero G. me decía ‘esto no va a quedar así’ que si él iba preso también iba a ir uno de nosotros. Y que si hablaba de más me iban a matar....Empezó por J. C. G. ... y si todo esto la primera y la segunda yo declaré bajo amenazas, porque me seguía sintiendo amenazado yo declaré todo eso....’ Corroborada dicha testimonial por la brindada por N. M. L., quien a fs. 92 y vta.. dice. ‘....Después cuando B. sale de su pieza y H. le dice ‘dejá de molestarle a mi mamá porque ella no te molesta a vos’, G. le contesta “y que, vos no te metas’...Después para tirarle la arena, G. no dejó que entre H. para tirarle la arena a su mamá. Después que M. se fue a la casa del vecino, G. le dice a B. que ‘esto no va a quedar así te va a salir caro’...”, puede verificarse que cuenta con todos los elementos que la defensa refiere que adolece, dícese precisa el lugar, día y hora del hecho delictivo en cuestión, las personas que se encontraban, cual fue el efecto de esa amenaza, cuando declaró bajo amenaza y en donde, y cuando dejo de hacerlo, toma conocimiento la autoridad y se activa los mecanismos procesales que llevaron a culminar con el dictado de una sentencia condenatoria.

De lo contrario de ser pues así, que no contiene todos los elementos necesarios, con toda razón la pieza acusatoria con toda claridad seria nula de nulidad absoluta y tal como, -con toda razón- refirió el defensor que constituye una de las nulidades que puede ser planteada en cualquier parte del proceso y debe ser declarada en cualquier parte del proceso y aun de oficio, por afectar garantías constitucionales y convencionales, pero desde ya, que no nos encontramos ante semejante escenario, pues el requerimiento de elevación a juicio se basa a sí mismo, y constituye una acusación integra, piedra angular para el inicio del juicio oral, sobre el que se desarrollara el contradictorio.

VI.- En segundo lugar plantea la nulidad de acusación fiscal en el debate, al no individualizar cuando el Sr. B. habría declarado bajo amenaza que le habría inferido el Sr. G., como tampoco indica ante que autoridad policial se produjeron las declaraciones del Sr. B. bajo la coacción de G., en la requisitoria fiscal inicial, entonces el fiscal de debate introduce los datos que faltaban en su alegato (cita Fariña Duarte CSJN).

Para ello, resulta necesario incorporar a este voto, el contenido de los alegatos para verificar y comprobar en que pudo ser alterado la acusación, si es que así lo fue: “...habiendo concluido este debate donde juzgamos la responsabilidad que le cabe a J. C. G., alias “C.” cuyos demás datos obran en la causa en lo que remito, por un hecho de AMENAZA COACTIVA ocurrido el 23 de octubre del 2016 a las 18.30 horas, en el Barrio Dr. Montaña EPAM, 24 Viviendas, manzana ..., casa ... de esta ciudad, en perjuicio de H. H. B.,. Ese día había ocurrido un hecho que luego fue considerado delictivo por el que fue condenado el Sr. G., en esa causa la declaración primordial y presencial fue la de H. H. B., que es hijo de la Sra. M. B. d. l. S. quien falleciera por las lesiones gravísimas causadas por haberle tirado alcohol y prendido fuego. H. H. B. cuando ocurre el hecho y antes de que concurriera a declarar a la comisaría, antes de que concurriera personal policial al lugar. Y luego fue reiterada esta amenaza cuando vuelve del hospital de acompañar a su madre al hospital, G. le manifestó que sí él hablaba de más le iba a ocurrir algo y lo iba a matar, y sí él iba preso también iban ellos, además de tratar de impedir que B. apagara el fuego, para que siga afectando el fuego a su madre M. B. d. l. S.. A raíz de esta amenaza, cuando declara en sede policial B. dice que no había visto más allá, que cuando llega manifiesta que su madre se había prendido fuego, el 23 de octubre y el día 25 de octubre repite esta misma declaración. Sin embargo el 29/11/16 en sede judicial cuando declara 33 o 34 días después del hecho, se rectifica y manifiesta que lo que declaró en sede policial era mentira y que lo declaró por estar bajo los efectos de amenazas por parte de su padrastro o concubino de su madre J. C. G., que se sentía amenazado, que estaba solo, que su madre estaba internada por lo que no quería aclarar este punto por lo que le podía ocurrir. Sin embargo, en sede judicial manifiesta haber visto cuando G. le prende fuego a su madre y a raíz de esto le produce lesiones gravísimas que le causa la muerte, cambiando aquí su declaración al sentirse contenido por sus hermanos que ya habían venido a acompañarlo y por la protección de la justicia, realizando aquí un relato pormenorizado de los hechos atribuyendo la conducta a la pareja de su madre el imputado J. C. G.. Cuando se le pregunta en qué consistía la amenaza de “esto no va a quedar así”, si bien puede entenderse una amenaza insuficiente, ante su manifestación de no recordar los detalles es que se pidió la lectura de su declaración en sede judicial. En dos oportunidades le ha amenazado, la primera al intentar apagar el fuego y la segunda al regresar del hospital de acompañar a su madre. El mal grave e inminente afectó su libertad de decisión y de declarar libremente sobre lo que sabía de la autoría del hecho. Esto fue ratificado por la declaración de su pareja, N. M. L., quien manifiesta que escuchó que G. le decía esto no va a quedar así, esto te va a salir caro, refiriéndose que si esto pasaba seguramente iba a recibir un mal grave. Se ha incorporado por lectura la declaración de M. d. l. Á. S. que es una vecina que no escuchó la amenaza pero sí es testigo de las amenazas que sufría la víctima del homicidio M. B. d. l. S.. El imputado manifiesta que esta persona declaró porque le tenía bronca, que es un borracho, drogadicto, el mismo B. manifestó oportunamente que sí consumía, pero el hecho de que consuma estupefacientes o alcohol no impide que no se haya visto amenazado y coaccionado para declarar de tal forma. El imputado simplemente dice que fue por bronca y por odio. Entiende este M.P. que se encuentra suficientemente acreditado el hecho de las amenazas que impresionó a cambiar su declaración ante el temor que le causó, por lo que el hecho encuadra en el delito de COACCIONES (Art. 149 bis. inc. 2 C.P.) que establece que “Será reprimido con prisión o reclusión de dos a cuatro años el que hiciere uso de amenazas con el propósito de obligar a otro a hacer, no hacer o tolerar algo contra su voluntad”, aquí la amenaza de sufrir un mal grave, violento, como es la muerte o la cárcel, a él o a su familia, hizo a que el Sr. B. no decida libremente su acción de declarar libremente. La calificación legal del R.E.J. A los efectos de obligar a la víctima a dar una versión distinta de los hechos que sabía ocurrieron ese día 23/10/16. Este delito tiene pena en abstracto de 2 a 4 años de prisión, es un hecho gravísimo que afectó todo el inicio de la investigación, además tiene que ver con un hecho tan grave como es la muerte de la madre de la víctima, y se vio compelido a realizar una declaración distinta. Fue un hecho simultáneo a su conducta por la que fue condenado, sentencia que no está firme. Por lo que este M.P. va a solicitar al Tribunal dicte sentencia CONDENANDO a J. C. G. a la pena de TRES AÑOS DE PRISION por la comisión del delito de AMENAZA COACTIVA, art. 149 bis, 2do. párrafo del C.P., en carácter de autor material (arts. 45, 40 y 41 C.P.), y oportunamente en caso de quedar firme la sentencia anterior se proceda a la unificación conf. art. 58 C.P. A...”, pues tal como expresa el defensor, aquí se precisa cuando declara B. coaccionado, pero el momento de la amenaza siempre estuvo claramente expuesta desde el requerimiento de elevación a juicio, no debemos olvidar que el debate es la etapa central y por excelencia dentro del proceso, en el que importa la oportunidad en la que, se producen las pruebas y la intervención directa de todos los sujetos procesales en forma oral y pública con plena posibilidad de contradicción, lo que permite el contralor de las partes por excelencia, si entendemos que el delito de coacción es un delito de pura actividad, que no requiere para su consumación que la víctima haga o deje de hacer lo que el autor pretende; de modo que alcanza, para la consumación, que la amenaza llega al conocimiento de la víctima y que la misma comprenda su contenido, por lo tanto, desde la acusación inicial la acción desplegada por el autor estaba detallada tal como lo requiere para que resulte valida.

VII.- En tercer lugar plantea la nulidad de la sentencia recurrida por apoyarse en prueba ilegal decisiva art. 430 inc. 3 del C.P.P., dado que el testigo en el debate no recordaba la amenaza, entonces al encontrarse en peligro de quedarse sin la prueba fundamental, recurren -invocando el art. 414 inc. 2 CPP que se le lea al testigo su declaración en instrucción para “ayudar la memoria del testigo” (cita fallo Benítez C.S.J.N. art. 8.2.f) CADH).

Es así, que tal como lo autoriza la norma se procedió a incorporar por lectura para evitar contradicciones o ayudar a la memoria del testigo, situación que se ha verificado en la audiencia de debate, aun así, no se verifica en instrucción solicitud alguna para que preste declaración el testigo B. o en su defecto un planteo de nulidad del testimonio certificado obrante en autos o en su defecto oponerse a la incorporación como prueba, tal como lo expuso el Fiscal Adjunto en su exposición, es un documento público.

En tal sentido, y a los efectos de no ver menguado el derecho de defensa, el testigo expuso en el debate donde pudo ser controlado y contra examinado por la defensa libremente.

En ese sentido, debo decir que la valoración del testimonio realizado por el a quo, lo que, este tribunal interviniendo en el recurso de casación se limita a controlar lo que los testigos deponen y que se traslucen en las actas pero no puede sino darle fuerza de convicción a la impresión que los mismos dejaron en los jueces al momento de deponer, que no es controlable por éste tribunal, tal como lo cité anteriormente de la doctrina emanada en fallo de la C.S.J.N., “Casal”, dictado en setiembre 2005, estableció como línea directriz que los Tribunales de Casación deben, “...agotar la revisión de lo revisable” y que [...] “lo único no revisable es lo que surja directa y únicamente de la inmediación. [...] Por ende, debe interpretarse que los arts. 8.2. “h” de la Convención y 14.5 del Pacto, exigen la revisión de todo aquello que no esté exclusivamente reservado a quienes hayan estado presentes como jueces en el juicio oral. Esto es lo único que los jueces de casación no pueden valorar, no sólo porque cancelaría el principio de publicidad sino también porque no lo conocen, o sea que a su respecto rige un límite real de conocimiento. [...] Por regla buena parte de la prueba se halla en la propia causa registrada por escrito, sea documental o pericial. La principal cuestión, generalmente queda limitada a los testigos. De cualquier manera es controlable por actas lo que estos deponen. Lo no controlable es la impresión personal que los testigos puedan causar en el tribunal, pero de la cual el tribunal debe dar cuenta circunstanciada si pretende que se la tenga como elemento fundante válido...”, (SIC, puntos 23; 24 y 25 del voto mayoritario, C. 1757, XL), y así lo hizo el tribunal con respecto al testimonio mencionado.

Debo agregar que nuestro tribunal se enroló en la postura jurisprudencial de la Corte a los fines probatorios con el objeto de erradicar todo tipo de violencia contra la mujer. “... CSJN, 1-11-2011, en “L., M. C. s/ recurso extraordinario”, la Dra. Highton de Nolasco expresó: [...] Que por otra parte, la ley 26.485 de “Protección Integral de la Mujer (reglamentada mediante el decreto 1011/2010), que apunta a erradicar cualquier tipo de discriminación entre varones y mujeres y a garantizar a estas últimas el derecho a vivir una vida sin violencia, declara que sus disposiciones son de orden público (artículo 1°) [...] y finalmente establece un principio de amplitud probatoria “...para acreditar los hechos denunciados, teniendo en cuenta las circunstancias especiales en las que se desarrollan los actos de violencia y quiénes son sus naturales testigos...”, tanto para tener por acreditados los hechos cuanto para resolver en un fallo al respecto (artículos 6° y 31 ) [...]. En este sentido la Ley Nº 26.485, fue adherida por nuestra provincia por Ley Nº 5.903, publicada en Noviembre de 2009. ...” (Ver sentencia N° 50/2014), pues claramente puede advertirse que la comisión de éste delito llevaba ínsito tratar de quedar impune o menguar su responsabilidad en el delito que se investigaba en la otra causa donde fuera víctima su pareja.

Y referente a la violencia de género, debo decir que no es tan sencillo el análisis de la problemática, tal como lo expone el defensor, en ese sentido, no podemos dejar de lado el contexto social y cultural, en que se desenvuelve el hecho, en ese tipo de relación de supuesto señorío, como si fuera la ex pareja (si es que lo fue o la relación que haya existido) que en este caso está representada por la mujer -víctima- pasaría a ser una especie de relación objeto-cosa propiedad del hombre, todo con una fuerte raigambre cultural, que deviene de nuestra formación patriarcal, al hombre como jefe de familia, el paterfamilias que cuando la mujer, se puede posicionar en un pie de igualdad junto a él, ya significa una afrenta, puede ver menguado su honor o peligra seriamente su honor,, en éste tipo de pensamiento, estaría perfectamente justificado en el accionar de G., pero no, nuestra labor como juristas nos está indicando que debemos ubicarnos en tiempo y espacio, en los tiempos que corren, aunque de más está decirlo, la mujer desempeña un rol preponderante en el ámbito familiar, social, cultural, laboral, político, de decisión, etc., no puede seguir considerándose a la mujer como un elemento accesorio del hombre, está en un pie de igualdad, con todos los derechos y obligaciones, y que la mujer tiene derechos a decidir libremente sus relaciones y como tal debe ser respetada.

En este orden de ideas, podemos considerar este ataque a la mujer como una violencia de género, donde no podemos dejar de lado que la mujer se encuentre en un proceso de violentización, que en este contexto, podemos recordar que una de las definiciones más aceptadas es la aprobada en diciembre de 1993 por la Asamblea General de las Naciones Unidas en la “Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer”, y que indica que este tipo de violencia se refiere a: “... todo acto de violencia basado en el género que tiene como resultado posible o real un daño físico, sexual o psicológico, incluidas las amenazas, la coerción o la privación arbitraria de la libertad, ya sea que ocurra en la vida pública o en la vida privada...” (Asamblea General de la ONU. Resolución 48/104, 20 de diciembre de 1993).

Según el autor español de Celis Estibalis conceptúa: “...agrupa todas las formas de violencia que se ejercen por parte del hombre sobre la mujer en función de su rol de género: violencia sexual, tráfico de mujeres, explotación sexual, mutilación genital, etc. independientemente del tipo de relaciones interpersonales que mantengan agresor y víctima, que pueden ser de tipo sentimental, laboral, familiar, o inexistentes....” (de Celis, Estibaliz (2011). «Prevención de la violencia de género». En Pérez, Jesús; Escobar, Ana. Perspectivas de la violencia de género. Madrid: Grupo 5 Editorial. pp. 292, p. 95) (http://es.wikipedia.org/wiki/violencia), por lo que corresponde rechazar el agravio.

VIII.- Por último, En cuarto lugar, plantea la errónea aplicación de la ley penal, en razón de que cuando una persona es juzgada por dos o más hechos, sin que entre ello no media sentencia penal, como es el caso de autos, pues G. habría cometido el mismo día -23 de octubre de 2016- con diferencia de horas, los dos hechos (homicidio y coacciones), conforme al art. 55 Cód. Penal, no corresponde dictar dos sentencias, sino que debe dictarse una sentencia haciendo unificación de escalas penales, conforme la pauta ordenada en dicho art. 55, y en el art. 56 consagra que si alguna de las penas no fuere divisible, se aplicará ésta únicamente, se aplicó perpetua en la primer sentencia por ese mismo tribunal, ante el planteo de la defensa, el mismo fue rechazado, luego el tribunal dicta un decreto que da por cumplida la pena impuesta, sin embargo, ello no elimina el error técnico de derecho penal de haber impuesto una segunda condena.

Sin lugar a dudas que la unificación de condena, cuando quede firme la condena a prisión perpetua, claramente se podrá unificar la condena, “...En principio, cabe resaltar la necesidad del dictado de una pena única, ante la existencia de una nueva sentencia dictada con posterioridad (Sent. Nº 41 de fecha 24 de abril de 2015) en relación a un hecho, en principio anterior o casi concomitante, a la primer sentencia dictada (Sent. N° 167, 12 de octubre de 2012) pasada en autoridad de cosa juzgada, por lo que surge en forma prístina que nos encontramos ante un caso donde el sujeto delinquió en violación a las garantías del concurso o proceso único, lo que en doctrina es denominado como “Unificación de Condenas”...” (ver sentencia 115/17).

IX.- Por todo lo expuesto, la medida recursiva intentada resulta inconducente en definitiva, conforme la doctrina de la sentencia arbitraria elaborada por la Corte Suprema, “...Es importante recordar los límites de esta doctrina: “a) no se aplica para subsanar meras discrepancias de las partes con los jueces; b) los jueces no están obligados a ponderar una por una y exhaustivamente todas las pruebas de autos; y c) la arbitrariedad, cuando versa sobre un elemento de prueba, tiene que aludir a un extremo conducente o decisivo para la solución del caso...” (Sagües, Néstor Pedro: Derecho procesal constitucional, Astrea, t. 2, “Recurso extraordinario”, pág. 320 y ss.) Como se puede ver, en un marco amplio ambos conceptos vienen a coincidir. “...Una sentencia, para ser válida desde el punto de vista procesal y desde el punto de vista constitucional, debe respetar el principio de congruencia. La decisión, además, tiene que ser motivada, lo cual significa que ha de tener fundamentos. Estos fundamentos deben ser completos: referirse tanto al hecho como al derecho y contemplar todos los hechos esenciales; deben ser legítimos, o sea, basarse en pruebas válidas, y no apoyarse en pruebas inválidas o pasibles de invalidez absoluta, y además no puede prescindir de pruebas válidas y esenciales incorporadas al proceso, y aun el juez debe producir la prueba esencial que esté a su alcance cuando de ello dependa el descubrimiento de la verdad del caso; finalmente, los fundamentos deben ser lógicos, es decir, adecuados a los principios que presiden el recto entendimiento humano, y basarse en la psicología y en la experiencia común como pautas de las cuales un juez no se puede apartar en su decisiones...” (CF: DE LA RUA, FERNANDO “LA CASACION PENAL”, El recurso de casación penal en el nuevo Código Procesal Penal de la Nación, Depalma, l994, pág. 184), y lógicamente ha inferido de las pruebas legalmente incorporadas al debate, el acontecimiento de hechos delictivos imputables al accionar del encartado, brindando los fundamentos que en la sentencia “...permiten extraer de ella, nos guste o no, las razones lógico-argumentativas que lo llevaron a tomar la decisión...”, (CF. REVISTA DE DERECHO PENAL, GARANTIAS CONSTITUCIONALES Y NULIDADES PROCESALES, 200l-l, RUBINZAL CULZONI, pág. 279) por lo que, arribo a la conclusión que la sentencia se encuentra debidamente fundada, reuniendo los requisitos mínimos de validez, por tanto, propongo que se confirme la condena. ASI VOTO.

A LA CUESTION PLANTEADA EL SEÑOR MINISTRO DOCTOR GUILLERMO HORACIO SEMHAN, dice:

Que adhiero al voto del Doctor Alejandro Alberto Chain, por compartir sus fundamentos. ASI VOTO.

A LA CUESTION PLANTEADA EL SEÑOR PRESIDENTE DEL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DOCTOR LUIS EDUARDO REY VÁZQUEZ, dice:

Que adhiero al voto del Doctor Alejandro Alberto Chain, por compartir sus fundamentos. ASI VOTO.

A LA CUESTION PLANTEADA EL SEÑOR MINISTRO DOCTOR FERNANDO AUGUSTO NIZ, dice:

Que adhiero al voto del Doctor Alejandro Alberto Chain, por compartir sus fundamentos. ASI VOTO.

En mérito del presente Acuerdo alcanzado y haciendo saber que la sentencia se dará a conocer el día fijado, a las 9:00 hs., el Superior Tribunal de Justicia dicta la siguiente:

SENTENCIA N° 144

1º) Rechazar el recurso de casación articulado por la defensa a fs. 291/295 y confirmar la Sentencia n° 133/19 dictada por el Tribunal Oral Penal n° 2, glosada a fs. 269/280, con costas. 2°) Registrar, insertar, y hacer saber que los fundamentos de la presente se darán a conocer el día lunes 3 de febrero del año 2020, ya sea por lectura por Secretaría o con entrega de la copia pertinente del fallo.-

 

Dr. LUIS EDUARDO REY VÁZQUEZ

PRESIDENTE

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA

CORRIENTES

Dr. FERNANDO AUGUSTO NIZ

MINISTRO

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA

CORRIENTES

Dr. GUILLERMO HORACIO SEMHAN

MINISTRO

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA

CORRIENTES

Dr. ALEJANDRO ALBERTO CHAIN

MINISTRO

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA

CORRIENTES

Dra. JUDITH I. KUSEVITZKY

SECRETARIA JURISDICCIONAL

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA

CORRIENTES

     

Correlaciones:

F., T. E.; Fiscalía Penal Nº 3 c/M., J. s/violencia de género - Juzg. Violencia Fliar y de Género - Nº 1 - 28/06/2018 - Cita digital IUSJU029242E

 

Cita digital:IUSJU075432E