JURISPRUDENCIA

 

 

 

NEUQUEN, 19 de septiembre del año 2019.

Y VISTOS:

En acuerdo estos autos caratulados: "BANCO SANTANDER RIO S.A. C/ ESCALADA HERIBERTO S/ SECUESTRO", (JRSCI1 EXP Nº 13363/2019), venidos a esta Sala II integrada por los Dres. Patricia CLERICI y José I. NOACCO, con la presencia de la Secretaria actuante, Dra. Micaela ROSALES y, de acuerdo con el orden de votación sorteado, el Dr. José I. NOACCO dijo:

I.- La parte demandada interpone recurso de apelación en contra de la resolución dictada el día 20 de mayo de 2019 (fs. 18/vta.), que dispuso hacer lugar al pedido de secuestro del bien automotor.

A fs. 24 expresa sus agravios, ampliando los mismos a fs. 26. Cuestiona la resolución de grado porque la considera contraria a lo dispuesto por el artículo 42 de la Constitución Nacional y las disposiciones de la ley 24.240 y del Código Civil y Comercial de la Nación.

Entiende se ha afectado el trato digno que merece como consumidor y su derecho a la información, toda vez que no se le hizo saber las consecuencias de la suscripción de la prenda, en lo relativo al secuestro del rodado.

También se agravia del trámite porque, al no permitirle ejercer ninguna defensa, viola sus derechos fundamentales.

Refiere que la prenda fue constituida en el marco de un contrato de consumo, siendo de aplicación la normativa específica del sistema.

Entiende que no se informa el monto por el que oportunamente se acordó la prenda y su relación con el mínimo saldo que se dice adeudar y por el que se pide el secuestro.

Señala que es una conducta abusiva y violatoria de los artículos 36 y 37 de la ley 24.240.

La contraria no contesta el traslado de los agravios.

II.- Toda vez que el escrito de expresión de agravios contiene una mínima crítica concreta y razonada del resolutorio en crisis, corresponde su tratamiento.

Ingresando a la materia objeto de recurso, debemos señalar -en primer término- que a partir de la constitucionalización del régimen de protección al consumidor y luego el tratamiento de las relaciones y contratos de consumo en el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, nos pone frente a la necesidad de reformular la aplicación de normas y cláusulas contractuales, cuando éstas son consecuencia de relaciones de consumo.

La ley 24.240 y sus modificatorias impusieron importantes cambios a la hora de interpretar y evaluar distintas relaciones jurídicas que quedaron encuadradas dentro de sus disposiciones.

Se creó así un microsistema que atraviesa transversalmente todo el ordenamiento jurídico, y el contrato de prenda con registro no ha quedado ajeno a aquellas disposiciones que además -huelga decir- tienen carácter de orden público.

Así se expidió la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Mendoza al decir: “(...) El Derecho de los consumidores es un microsistema legal de protección, con base en el Derecho Constitucional, debiendo buscarse las soluciones, en primer lugar, dentro del propio sistema y no por recurrencia a la analogía, ya que lo propio de un microsistema es su carácter autónomo y aún derogatorio de norma generales. El microsistema está compuesto por las siguientes normas: - La norma constitucional que reconoce la protección del consumidor y sus derechos; - los principios jurídicos y valores del ordenamiento, ya que el microsistema es de carácter "principiológico", es decir, tiene sus propios principios y por esta razón es que la Ley 26.361 señala que debe prevalecer la interpretación de los principios favorables al consumidor (art. 3ª); - las normas legales infraconstitucionales, sea que exista un Código como en el caso de Brasil, o un "estatuto del consumidor", compuesto por normas dispersas, como ocurre en el caso argentino; el elemento activante es la relación de consumo, es decir, que siempre que exista una relación de este tipo se aplica el microsistema" (L.S. 430-177).” (Conf. Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Mendoza, sala I, 08/03/2016, Garbarino S.A.I.C.E.I. c. Cataldo, Javier Francisco s/ ejecución acelerada (cambiaria) p/rec. ext. de inconstit-casación. LLGran Cuyo2016 (julio), 443, AR/JUR/11461/2016).

El microsistema de defensa del consumidor no ha venido a derogar el régimen especial establecido en la ley 12.962 que ratificó varios decretos-leyes relativos a la organización bancaria.

Por el contrario, ambos regímenes deben ser interpretados a la luz de las disposiciones contenidas en los artículos 1 y 2 del Código Civil y Comercial de la Nación, que imponen las pautas a tener en cuenta al momento de su aplicación, imponiendo el diálogo de las fuentes y la interpretación integrativa de las normas de modo tal de dar coherencia a todo el ordenamiento.

Esta interpretación integrativa de las normas va en consonancia con la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que tiene dicho: ”Es que en supuestos de pluralidad de fuentes, no cabe la solución jerárquica sino la integración armónica. (Telefónica de Argentina S.A. s. Deduce inhibitoria, CSJN; 08/05/2007; Rubinzal Online; RC J 1473/07).

En esa inteligencia entiendo que, en resguardo del régimen legal de la prenda con registro, es procedente el secuestro siempre que el instrumento o instrumentos constitutivos se dé cumplimiento a los recaudos establecidos en el artículo 36 de la ley 24.240.

Ahora bien, examinados los antecedentes documentales agregados en autos, observamos que el monto que la deuda instrumentada asciende a $ 167.009,54 (monto que no se aclara si es el precio de contado o el total financiado), suma pagadera en 36 cuotas mensuales de $ 4.637,51, con vencimiento la primera de ellas el día 7 de abril de 2016. Indica también que la obligación devengará un interés del 37% anual y que se aplica el sistema de amortización francés.

Empero no surge de esa documentación, el total de los intereses a pagar o el costo financiero total, el modo de cancelación de los intereses, ni tampoco los gastos extras, seguros o adicionales si los hubiere.

Tampoco se acredita y se informa de qué forma se compone el monto que afirma le es adeudado.

Es así que el peticionante de la medida no ha dado cumplimiento a los recaudos legales que, por tratarse de una relación de consumo, resultan indispensables tanto para su procedencia, como para brindar una adecuada información al consumidor en orden a permitirle el ejercicio de sus derechos.

Así se ha resuelto que: “En función de la nueva redacción del art. 36, ley 24240, resultan enteramente aplicables sus específicas disposiciones aún para el supuesto de acciones de estrecho marco cognoscitivo como lo es un secuestro prendario, puesto que la tutela ha sido dirigida en términos generales -sin excepcionar, sin ceñir, ni restringir-, su ámbito de aplicación.” (0.0511255, Standard Bank Argentina S.A. vs. García Bruno, Claudio Alfredo José s. Secuestro prendario. CNCom. Sala F; 03/12/2013; Rubinzal Online; 008571/2013; RC J 643/14); “Dentro de este microsistema de derechos de los consumidores, la vía procesal que -para autoliquidar su garantía- habilita a que el acreedor secuestre el bien prendado, desapoderando a su propietario en un marco unilateral en el que el afectado no tiene ningún tipo de participación oportuna, ni existe la posibilidad de verificar el incumplimiento que se le endilga en base al contrato de consumo celebrado, trasluce un manifiesto desequilibrio entre los derechos de las partes contratantes en perjuicio del consumidor, que resulta, ab initio, contrario a la letra del inc. b, arts. 37, Ley 24240, y de los arts. 1119 y 1120, Código Civil y Comercial, y se muestra atentatoria de las garantías constitucionales de la defensa en juicio, debido proceso e inviolabilidad de la propiedad, a la vez que trasluce un proceder contrapuesto -entre otros derechos- al derecho de información y al trato digno que preconiza el art. 42, Constitución Nacional. El contexto procesal conlleva a que aspectos medulares de la relación de consumo no puedan ser planteadas o controladas judicialmente.” (0.0350893. Rancitelli, Maximiliano Gabriel vs. Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A. s. Medidas cautelares. CCC Sala III, Mar del Plata, Buenos Aires; 31/10/2017; Rubinzal Online; 164017; RC J 8885/17) y también que: “El secuestro prendario entablado por una entidad financiera, respecto de la cual no puede dudarse de su carácter de proveedora, contra una persona física, debe enmarcarse en el régimen de defensa del consumidor y, virtud de ello, es aplicable la Ley 24240, plexo normativo que, por medio de normas de orden público, y por ende, inderogables por los particulares, reglamenta un derecho expresamente receptado en la Constitución Nacional (arts. 65, Ley 24240 y 42 de la Constitución Nacional).” (0.000596303. Fiat Crédito Compañía Financiera S.A. vs. De Natale, César Leandro s. Acción de secuestro - Art. 39, Ley 12962. CCC, Junín, Buenos Aires; 02/02/2017; Rubinzal Online; 8427/2014; RC J 749/17).

III.- En mérito a lo expuesto, asistiendo razón al recurrente en tanto afirma que se le han vulnerado sus derechos, y que la falta de información le causa un perjuicio cierto y real ya que al momento de contratar no tuvo conocimiento cabal, claro y efectivo acerca de cuáles eran las obligaciones que asumía, propongo al Acuerdo hacer lugar al recurso de apelación interpuesto, dejando sin efecto la medida de secuestro del automotor ordenada en autos, con costas.

Por su actuación en la Alzada, regular los honorarios profesionales del letrado patrocinante de la recurrente en la suma equivalente a ... jus.

La Dra. Patricia CLERICI dijo:

Adhiero al voto del señor Vocal preopinante, y entiendo pertinente señalar, dada la clara letra del art. 39 del decreto ley 15.348/1946, ratificada por ley 12.962, que su interpretación tradicionalmente lo fue en el sentido de que la prohibición de promover recurso alguno dirigida al deudor, le impide intervenir en su tramitación, y que cualquier cuestionamiento o derecho que pudiera hacer valer queda reservado al inicio de un proceso ordinario.

La jurisprudencia ha resuelto que “el trámite especial previsto en la norma citada no importa la iniciación de un proceso de ejecución sino que sólo está destinado a preparar -secuestro mediante- la venta privada del bien sobre el que reposa la garantía prendaria” (cfr. Cám. Civ. y Com. La Matanza, “Rombo Compañía Financiera S.A. c/ Ruiz Fuentes”, 13/3/2018, LL AR/JUR/22640/2018).

Sin embargo, y dada la gravitación que tiene el sistema de la Ley de defensa del consumidor en el ámbito jurídico nacional, y la obligada interpretación de la legislación vigente conforme el diálogo de fuentes que prescribe el nuevo Código Civil y Comercial, tal como lo destaca el primer voto, la manda del art. 39 mencionada debe ser compatibilizada con la protección que la Constitución Nacional brinda a los consumidores y usuarios de bienes y servicios (art. 42).

Es por ello que la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Azul, Sala I, ha dicho que la manda del art. 39 bajo análisis no puede ser aplicada a las relaciones de consumo en tanto impide el ejercicio del derecho constitucional de defensa en juicio del consumidor, parte débil del contrato principal, al cual accede la prenda como garantía de cumplimiento (autos “Banco Santander Río S.A. c/ Ver”, 30/4/2019, LL AR/JUR/8484/2019).

Ezequiel N. Mendieta, comentando el fallo citado, sostiene que se trata de inaplicabilidad del art. 39 de la ley 12.962, y no de inconstitucionalidad, “como consecuencia del principio pro homine y el uso de la norma más favorable al consumidor, lo que conlleva dejar de lado la otra norma sin la necesidad de declararla contraria a la Carta Magna.

“En el fallo que se comenta, se utilizó como fundamento para llegar a esta conclusión la preeminencia del art. 42 de la CN y la ley 24.240, la cual es de orden público y, por lo tanto, indisponible para las partes. Asimismo, el tribunal consideró que “...no resulta aplicable el art. 39 a las relaciones de consumo puesto que dicha norma colocaría al consumidor en una situación de desigualdad que tornaría ilusoria la tutela brindada por la ley 24.240”. Todo ello, en función de lo establecido por el artículo 1.094 del Cód. Civ. y Com.

“Ahora bien, esta conclusión ha sido acompañada tanto por la jurisprudencia como por el ámbito académico. Al respecto, es dable señalar que recientemente la Corte Suprema se pronunció sobre la cuestión. En el fallo “HSBC Bank Argentina S.A.” consideró expresamente que se trataba de una desprotección frente al mandato del art. 42 de la Carta Magna. Al respecto, sostuvo que “... privar al deudor -en la relación de consumo- de todo ejercicio del derecho de defensa, en forma previa al secuestro del bien prendado, podría colocarlo en una situación que no se condice con la especial protección que le confiere el art. 42 CN”. A su vez, el Alto Tribunal estimó que se debió haber integrado las disposiciones de la ley 24.240 con las normas prendarias, debiendo primar la más favorable al consumidor como consecuencia de la aplicación del principio favor devilis.

“La Corte Suprema pone de resalto...que, ante la concurrencia de normas aplicables a una relación de consumo, ellas debían integrarse (diálogo de fuentes) y estarse por la más favorable al consumidor (pro homine y favor debilis). Asimismo, asentando un criterio jurisprudencial de inestimable importancia para la defensa de los derechos de los consumidores, se consideró conculcado el debido proceso adjetivo (tutela judicial efectiva/pro actione) al no permitírsele al consumidor pronunciarse frente al pedido de secuestro prendario por parte de la entidad financiera, sin corrérsele traslado al menos para que plantee las excepciones previstas para los procesos ejecutivos” (cfr. aut. cit., “La inaplicabilidad del art. 39 de la ley 12.962 a las relaciones de consumo”, LL AR/DOC/2293/2019).

En consecuencia, surgiendo de la documental incorporada al expediente (fs. 10/vta.) que el contrato principal que garantiza la prenda es un préstamo de dinero en efectivo, otorgado por una entidad bancaria, va de suyo que nos encontramos ante una relación de consumo, resultando aplicables al sub lite los conceptos precedentemente reseñados, por lo que no cabe más que concluir, conforme lo ha hecho mi colega de Sala, en la revocación de la resolución recurrida.

Por ello, esta Sala II

RESUELVE:

I.- Hacer lugar al recurso de apelación interpuesto por la parte demandada, dejando sin efecto la medida de secuestro del automotor ordenada en el resolutorio de fs. 18/vta., con costas de Alzada en el orden causado.

II.- Regular los honorarios profesionales del letrado patrocinante del recurrente, por su actuación en la Alzada, en la suma equivalente a ... jus.

III.- Regístrese, notifíquese electrónicamente y, en su oportunidad, vuelvan los autos a origen.

  

Dra. Patricia Clerici - Dr. José I. Noacco

Dra. Micaela Rosales - Secretaria

 

   

 

Cita digital:IUSJU075306E