JURISPRUDENCIA

 

 

 

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En la ciudad de La Plata, a 18 de diciembre de 2019, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores Soria, Kogan, Genoud, Pettigiani, se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa P. 132.402-RC, "P., L. R. s/ Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en causa n° 84.010 del Tribunal de Casación Penal, Sala V".

ANTECEDENTES

La Sala V del Tribunal de Casación Penal, el 23 de abril de 2019, declaró inadmisibles los recursos extraordinarios de nulidad e inconstitucionalidad y concedió el carril extraordinario de inaplicabilidad de ley, todos ellos presentados por la defensa particular de L. R. P. contra la sentencia de dicho órgano que, a su vez, confirmó el fallo de la Sala II de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de La Plata que lo condenó a la pena de reclusión perpetua, accesorias legales y costas e inhabilitación absoluta perpetua, por encontrarlo coautor funcional penalmente responsable de los delitos de privación ilegal de la libertad calificada en concurso real con torturas seguidas de muerte, hechos cometidos entre los días 27 y 28 de septiembre de 1990 en la ciudad de La Plata del que resultara víctima A. A. N. (v. fs. 219/228).

Oído el señor Procurador General a fs. 245/251 vta., dictada la providencia de autos a fs. 252 y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente

CUESTIÓN

¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?

VOTACIÓN

A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:

I.1. Conforme surge de los antecedentes sólo corresponde abordar los agravios articulados en el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, único admitido, dos de ellos por ser propios de la vía intentada: los dirigidos contra la vigencia de la acción penal, con sustento en la inobservancia de los arts. 55, 67, 142 inc. 1 y 144 tercero inc. 2 del Código Penal y sobre la inconstitucionalidad de la pena de reclusión prevista en los arts. 5 y 24 del mismo cuerpo legal; y, los otros, porque si bien conciernen a cuestiones ajenas, por regla, a los recaudos del art. 494 del Código Procesal Penal, tales las pretendidas nulidades procesales y la alegada arbitrariedad en la valoración de la prueba en la que se habría incurrido en el fallo impugnado, involucran reclamos de pretenso cariz federal susceptibles excitar la competencia del Tribunal, de conformidad con la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación in re "Strada" -Fallos: 308:490- y "Di Mascio" -Fallos: 311:2478- (v., en esp. fs. 225 vta./228).

I.2. En lo que atañe al rechazo del pedido de prescripción de la acción penal, los abogados defensores del imputado objetan la asignación de efecto interruptor de su curso a un acto que -según entienden- en modo alguno constituye el llamado a prestar declaración indagatoria al que alude el art. 67 del Código Penal -según texto ley 25.990-, más que la expresión en una orden de detención -que carece de ese efecto- de que, una vez habido el aquí imputado, debería cumplimentarse esa diligencia. Sostienen, entonces, que rigiendo, por aplicación del principio de retroactividad de la ley penal más benigna (art. 2, Cód. Penal), el referido precepto que "ha despejado toda duda en cuanto a los actos que interrumpen el curso de la prescripción", siendo que el hecho investigado ocurrió, según acusación del fiscal, entre la noche del 27 al 28 de septiembre de 1990, a la fecha de notificación de la causa y llamado a prestar declaración indagatoria -del 7 y 8 de septiembre de 2012, respectivamente- el plazo de prescripción establecido para los delitos de que se trata (quince años) había sido ampliamente superado, debiendo considerarse extinguida la facultad persecutoria (v. fs. 152/153), incluso tomando como dies a quo enero de 1995 cuando P. fue exonerado de la policía (v. fs. 153 vta.), sin la existencia de otros actos susceptibles de enervar el curso de la prescripción ni la comisión de otro delito (v. fs. 154).

Critican, además, que se haya invocado lo resuelto por esta Corte respecto del coimputado G. en el entendimiento de que su situación procesal difiere de la de P.; y que la doctrina de los fallos "Bulacio" y "Bueno Alvez" de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que se reputó aplicable para aquel "deviene inapropiada" respecto de este interviniente, a quien los testigos "han sindicado de distinta manera", sobre "su intervención de acuerdo a la descripción de la plataforma fáctica indicada en la orden de detención y la presentación de P. al proceso", contraria a la condición de prófugo de G., todo lo cual realza, según los presentantes, un distingo entre ambos que no ha sido debidamente atendido (v. fs. 153 y vta.). Más allá de recordar que el caso no está "abarcado por el derecho de gentes", según refieren lo resolvió esta Corte (v. fs. 154 vta.).

Finalmente, entienden que la cuestión de fondo sobre este tópico no fue tratada por los máximos tribunales de la Provincia y la Nación en razón de la suerte que corrieron algunas de las impugnaciones, al ser declaradas inadmisibles, reputando un desacierto lo decidido en contrario, porque, afirman, el planteo realizado ante el juez garante y apelado ante la Cámara respectiva "con resultado desfavorable no impide la reedición del mismo en Tribunales superiores" (fs. 154 in fine).

I.3. En otro orden de cosas, denuncian afectación del derecho de defensa y el debido proceso por no haberse declarado la nulidad absoluta del acta de aceptación del cargo del entonces defensor, doctor Casal, y por haberse desestimado el pedido de exclusión probatoria de las declaraciones de los coimputados incorporadas al debate por lectura (conf. arts. 203 y 211, CPP -v. fs. 155 y vta.-).

Argumentan que el referido letrado asistió a coimputados que tenían intereses contrapuestos con P. dejando a este último en estado de indefensión; así, traen a colación fragmentos de la testimonial de F. que incriminaban a su asistido; y tachan de arbitrario su descarte con sustento en la preclusión pues cuando asumieron la defensa de P., "en el primer auto de mérito (el juicio oral) formularon los planteos nulificantes" precitados (arts. 18, Const. nac.; 94, CPP -v. fs. 156/157-).

I.4.a. Por otra parte, denuncian que no se acreditó la participación de P. en la detención, imposición de tormentos y muerte de N., y que la afirmación contraria en el fallo es "un absurdo jurídico" (fs. 157 vta.).

Resaltan que su asistido no fue visto en el lugar de los hechos ni por los familiares ni por los amigos de la víctima, pues en el momento en que estaban torturando a N. con el resultado letal verificado, P. estaba en Punta Lara (v. fs. 157 vta. y 158).

Refieren que en la sentencia se valoró que su defendido estuvo de servicio desde las 20:00 hs. del día 27 de septiembre de 1990 hasta las 7:00 del 28 de septiembre, revistiendo cargo de jefe de turno y que comandaba el Grupo Operativo n° 5 que integraban G., Dos S., G. y R. (v. fs. 158), sin que tales circunstancias permitan demostrar la participación de P. en el concreto suceso atribuido, aun cuando el juzgador citó prueba documental y el testimonio de V. para concluir del modo que le reprochan, pues, insisten, ninguna prueba acredita lo afirmado en cuanto a que era el jefe de ese Grupo Operativo, ni que hubiera impartido la orden de privar ilegítimamente de la libertad a N. y a G. (v. fs. 158 y vta.).

En refuerzo, sostienen, que "sin perjuicio de no encontrarse probado que P. haya torturado a N. o dado la orden para ello, tal circunstancia no lo convierte en autor del homicidio. En definitiva, y aún en la alocada hipótesis de que su defendido hubiera cometido los ilícitos contra G., nada tiene que ver con lo ocurrido con N." (fs. 158 vta.); sin perjuicio de criticar la ponderación del testimonio del sindicado G. para justificar la participación de P., al que tachan de mendaz; al igual que los dichos de N. B. O. (madre de G.), porque, dicen, esta última nunca pudo haber visto a P. -como lo afirmó- ya que para ese entonces estaba en Punta Lara. Exponen que tampoco resulta creíble que P. llevara en su uniforme un cartel con su nombre, tal como lo afirmó la citada O.. En apoyo de estas consideraciones traen a cuento un tramo del fallo de Cámara y al acta de debate (v. fs. 159/160).

Alegan que los jueces del tribunal oral condenaron a pesar del estado de duda que amparaba a su asistido (v. fs. 160); y que, contrariamente a lo expuesto por la Casación, de los dichos de los detenidos D., G., L. y G. que estaban en la brigada el día de los hechos, tampoco se puede sostener la participación de P. en tanto al momento en que dicen haber escuchado los gritos que dan cuenta del inicio de las torturas que epilogaron en la muerte de N., su asistido ya no estaba allí (v. fs. 160 vta.).

Por todo lo expuesto, señalaron que se incurrió en arbitrariedad al condenar por tratarse de una causa política, lo cual reporta gravedad institucional (v. fs. 158 y 161).

Reiteran, asimismo, su crítica a la valoración como elementos de cargo de las declaraciones de los coimputados F., G. y S. incorporadas por lectura, sobre lo que habían efectuado su oportuna protesta, peticionando la nulidad (v. fs. 161 vta.); y en referencia al voto del juez Delbés, se agravian del modo en que valoró los dichos de la exesposa del coimputado R., A. L. V. y la mujer del aquí imputado, en cuanto no señalaron la existencia de problemas o conflictos serios dentro del ámbito laboral susceptible de explicar la sindicación del imputado que efectuaron los arriba citados (v. fs. cit.).

Concluyen al fin que la valoración de la prueba es arbitraria al no haber surgido del juicio oral que P. hubiera torturado a A. N. ni dado la orden para ello (v. fs. 162); y que del hecho que se hubiera fugado, establecido en otra provincia, y cambiando su identidad, no puede extraerse un indicio de su culpabilidad, cuando actuó así por consejo de su entonces defensor de confianza (v. fs. 162).

Luego, cuestionan que la Casación convalidara la coautoría funcional sostenida por la jueza Oyhamburu, con adhesión del juez Bernard. Porque suponiendo que el hecho planeado, según los testimonios citados por los propios magistrados, fue el de "detener a Ñ. y hacerlo confesar" y, por otro lado, V. declaró que su marido R. le dijo: "...al flaco G. se le fue la mano", en alusión a que mataron a una persona, a la poste el indicado A. N., se evidencia que este no era el suceso que había pergeñado P. y que daba sustento al plan común, no debiendo en consecuencia responder por su muerte (v. fs. 162 vta.).

Y añaden que, a su entender, de la prueba producida en el debate surge claramente que si P. estaba o no en la Brigada en el momento de los hechos, lo que ocurrió hubiera sucedido igual, porque la determinación de los que actuaron -en particular G.- de aplicarle "submarino seco" a N. hasta que no respirara más, conllevaba a que iba a morir indefectiblemente (v. fs. 162 vta. y 163).

Insisten con cuestionar que tuvieran por probado que la muerte de A. N. ocurrió cuando P. estaba en la Brigada; que se haya ponderado como prueba de cargo la pericia caligráfica y el hallazgo de los restos de N. en el sitio en que aparecieron, pues dichos elementos -dicen- nada aportan para demostrar la participación del nombrado (v. fs. 163).

Concluyeron que los jueces de Casación fundaron su sentencia con remisiones a lo dictaminado por el órgano de juicio y con desconocimiento de la ley aplicable (v. fs. 163 in fine y vta.).

I.4.b. En suma, invocan la aplicación del beneficio de la duda en lo que hace a la autoría por no existir certeza suficiente (v. fs. 164 y vta.).

I.5. También critican que no se haya valorado como pauta atenuante del reproche la falta de antecedentes condenatorios.

I.6. Por último, reclaman la declaración de inconstitucionalidad de la pena de reclusión a la que fuera condenado (v. fs. 164 vta.).

Una vez más, con cita de extractos del voto del juez Delbés en cuanto afirmó que la defensa no hizo ninguna manifestación frente al pedido de condena a reclusión, replican el contenido y alcance de esa respuesta, con alusión a lo expuesto por los restantes camaristas (v. fs. 165 y vta.); y merced a lo decidido en el precedente "Méndez" de la Corte federal, entre otra jurisprudencia invocada, aducen que no se dieron motivos que justifiquen la aplicación de este tipo de sanción que -a su entender- está virtualmente derogada, correspondiendo descalificar por inconstitucional los arts. 5 y 24 del Código Penal, en el entendimiento de que la pena de reclusión es cruel, inhumana y degradante (v. fs. 165 vta./167 vta.).

Refieren que los jueces de Casación al desestimar dicho agravio incurrieron en un excesivo rigor formal (v. fs. 169).

Por otra parte, indicaron que la imposición de este tipo de pena únicamente a P. viola el principio de igualdad ante la ley (art. 16, Const. nac.) pues al resto de los coimputados se los condenó a prisión perpetua pese a que fueron los autores materiales de las torturas y de la muerte de N. (v. fs. 168 vta. y 169).

A su vez, se agraviaron de la afectación de los derechos de revisión amplia, defensa y debido proceso por no haberse tratado debidamente cuestiones esenciales y denunciaron la violación de la presunción de inocencia y del derecho a permanecer en libertad durante la sustanciación del proceso (arts. 18, Const. nac.; 8.2.h. CADH; 14.5., PIDCP -v. fs. 170-).

II. Coincido con el dictamen del señor Procurador General de fs. 245/251 vta., que aconseja el rechazo del recurso deducido.

III.1. En primer orden de cosas, cabe señalar que la declaración de prescripción de la acción penal pretendida -tal como se puso en evidencia en las sentencias de Casación y de Cámara; ver reseña a fs. 22/24 y 132/134- ya fue resuelta por esta Corte en causa P. 121.814 (resol. de 3-IV-2014), adquiriendo firmeza lo allí decidido.

En efecto, en la citada causa se desestimó el planteo de prescripción de la acción penal formulado por la defensa de P. en el marco de un pedido de sobreseimiento en base a fundamentos similares a los que ahora reedita.

En dicha oportunidad esta Corte resolvió que aun "...marginando cualquier consideración que pudiera efectuarse sobre la renovación del incidente de prescripción en el sub-lite, luego de que el imputado y la representación técnica de P. desistieran de la impugnación en la causa P. 111.858 [sent. de 12-III-2014] que contiene idéntico thema decidendum [...], cabe señalar que lo fallado por esta Corte el 12 de marzo de 2014 en la causa de mención, proyecta sus efectos en la presente en función de la naturaleza de los delitos imputados y de los deberes asumidos por el estado argentino en este tipo de casos".

Asimismo, allí se afirmó que "...-siguiendo los lineamientos efectuados al considerar la impugnación presentada por la particular damnificada señora M. G. en relación con otros consortes de causa, por los hechos que aquí se investigan, en el marco del legajo P. 109.447, sent. de 8/V/2013- este Tribunal resolvió en aquél precedente -en el que sólo se juzgaba al co-imputado G.- el mantenimiento de la decisión impugnada y la desestimación del recurso en cuanto desechaba el planteo de prescripción, ya que pudiendo considerarse el ilícito de torturas seguidas de muerte por parte de agentes policiales perpetrado contra A. N. como 'grave vulneración de derechos humanos' en el contexto establecido en los casos 'Bulacio' y 'Bueno Alves', cabe extremar la diligencia judicial en procura de la identificación y sanción de sus posibles responsables"; siendo lo así decidido trasladable a la situación causídica del coimputado P. (conf. art. 481, CPP).

Si bien contra lo así resuelto, la defensa dedujo recurso extraordinario federal, este fue desestimado por esta Corte (causa P. 121.814, resol. de 18-VI-2014), siendo rechazada la vía de hecho formulada por el Máximo Tribunal nacional (v. "P., Raúl Luis s/ causa n° 121.814", sent. de 30-XII-2014), poniendo final al punto en disputa.

III.2. De lo expuesto, surge que la denegatoria del planteo de prescripción de acción adquirió firmeza pese a lo cual la parte pretende volver sobre aquel sin evidenciar un cambio en la situación que amerite que esta Corte se expida nuevamente respecto del mismo asunto (conf. arts. 161, Const. prov.; 421, 479 y concs., CPP). Lo allí resuelto ha devenido inconmovible, no siendo posible sobre igual tramo temporal renovar idéntica petición.

La parte tampoco controvierte idóneamente la imprescriptibilidad derivada de tratarse de un supuesto de graves violaciones a los derechos humanos, en el marco de la doctrina de las causas "Espósito" ("Bulacio", CSJN Fallos: 327:5668) o "Derecho" ("Bueno Alves", Fallos: 334:1504), una vez descartado que dicha solución derivara de la tipificación del caso como delito de lesa humanidad, de cuyas sustanciales diferencias no se ha ocupado. Así como ha prescindido de explicitar acabadamente qué contingencias de la situación procesal del imputado y de la responsabilidad que se le atribuye justificarían, a su criterio, el diverso trato que pretende se le dispense en relación con el coimputado G. en lo concerniente a esta parcela del pronunciamiento.

IV.1. Los reclamos de nulidad del acta de aceptación del cargo del entonces defensor de P., doctor Casal, y de las declaraciones de los coimputados incorporadas por su lectura al debate y respecto de las cuales se requirió la exclusión probatoria, son igualmente imprósperos.

IV.2. En rigor, se trata de cuestiones de eminente carácter procesal, ajenas -por vía de principio- a la materia revisable por esta Corte, salvo demostración de una directa vinculación con garantías constitucionales que imponga sortear esa valla (doctr. art. 494, CPP), que, en el caso, no ha sido evidenciada.

IV.3. Por otra parte, la defensa no atacó eficazmente los fundamentos brindados por el tribunal revisor vinculados a que tales planteos resultaron extemporáneos (el sentenciante indicó que precluyó la oportunidad para plantearlos por ser propios de etapas anteriores y agregó que tampoco se denunciaron en la apertura del juicio -v. fs. 134 vta./135 vta.-).

IV.4. A su vez, el recurrente no se hizo cargo del tramo de la sentencia que descartó dichas denuncias por considerar que las argumentaciones de la parte configuraban una reedición de las llevadas ante la Cámara (v. fs. 135).

En conclusión, la defensa formuló consideraciones genéricas que no logran conmover lo resuelto ni acreditar que las cuestiones procesales hubieran configurado la infracción de garantías constitucionales (v. fs. 134/135 vta.; doctr. art. 495, CPP).

Es doctrina de esta Corte que las nulidades no tienen por fin satisfacer pruritos formales sino enmendar perjuicios efectivos que pudieren surgir de las desviaciones procesales, cada vez que estas desviaciones supongan una restricción de la garantía de defensa en juicio o del debido proceso, y en la especie, no concurren estas circunstancias (arts. 203, 205, CPP y concs.; doctr. causas P. 96.779, sent. de 17-VIII-2007; P. 103.649, sent. de 13-V-2009; P. 94.876, sent. de 10-VI-2009; P. 72.430, sent. de 7-X-2009; P. 98.769, sent. de 3-III-2010; P. 103.201, sent. de 28-V-2010; P. 109.062, resol. de 18-V-2011; P. 109.012, resol. de 6-VII-2011; P. 108.312, resol. de 3-X-2012; P. 111.879 y P. 113.311, resols. de 19-XII-2012; P. 113.098 y P. 113.947, resols. de 10-IV-2013; P. 114.236 y P. 117.397, resols. de 3-VII-2013; P. 114.637, resol. de 25-IX-2013; P. 113.880, resol. de 16-X-2013; P. 112.706, resol. de 6-XI-2013; P. 103.251, resol. de 4-XII-2013; P. 112.700, resol. de 11-XII-2013; P. 112.879, resol. de 18-XII-2013; P. 117.101 y P. 117.712, resols. de 3-III- 2014; P. 113.572, resol. de 26-III-2014; P. 118.379, sent. de 3-IV-2014; P. 119.599, resol. de 16-IV-2014; P. 118.682, resol. de 23-IV-2014; P. 130.781, sent. de 20-III-2019; entre muchas otras).

IV.5. Por lo demás, la pretensión de la defensa de que se habría incurrido en nulidades absolutas y, en consecuencia, no convalidables resulta un postulado meramente dogmático sin argumentos suficientes que lo respalden.

V.1. Igual suerte corresponde a la denuncia de arbitrariedad en la valoración de la prueba en lo que respecta al modo en que se tuvo por acreditada la coautoría de P..

La defensa, en términos generales, reeditó los planteos llevados en el recurso de casación -extremo que se advierte con claridad en las reiteradas citas textuales y críticas a los votos de los jueces Delbés y Oyhamburu-. Contra la sentencia casatoria, solo efectuó consideraciones genéricas y dogmáticas que -como tales- no resultan eficaces para conmover lo decidido (art. 495, CPP).

V.2. De la lectura del fallo de Casación se advierte que se consideró debidamente fundada la condena dictada por la Cámara por existir prueba de cargo suficiente que demuestra la participación de P. en los hechos (v. fs. 136).

De seguido, recordó que en base a los dichos de los testigos M. L. G. (convivía con la víctima de autos), I. G. O. (madre del damnificado), W. D. P.(pareja de la anterior), N. B. O. y J. D. G., junto con otros elementos de convicción, se tuvo por debidamente demostrado que en horas de la noche del día 27 de septiembre de 1990, cuatro agentes policiales, pertenecientes a la Brigada de Investigaciones de La Plata, presentándose como tales, vistiendo ropas de civil, portando armas de fuego y circulando en un vehículo particular, por disposición y orden directa del jefe de Operaciones de la Brigada, irrumpieron ilegítimamente en el domicilio sito en calle 78 y 119 de dicha ciudad, donde se domiciliaba A. A. N., junto a su madre (O.), el concubino de ésta (D. P.), su propia pareja (G.) y la hija menor de ambos (L. A.) y lo detuvieron. Seguidamente, N. fue obligado mediante violencia a subirse al automotor en el que el grupo se movilizaba y se dirigieron al mencionado destacamento policial donde permaneció ilegítimamente privado de su libertad. Una vez en el lugar, la víctima fue sometida por parte de los mismos sujetos que lo detuvieron -a los que se sumaron otros sujetos pertenecientes a la fuerza de seguridad- a diversas prácticas de torturas y tormentos (entre ellas, la colocación de una bolsa sobre su rostro para impedirle respirar), a la vez que le aplicaron golpes, todo lo cual motivó su deceso. Acontecida la muerte de la víctima por las causas señaladas, y para procurar la impunidad, trasladaron su cuerpo hasta un campo ubicado en el partido de General Belgrano, administrado por un pariente de uno de los involucrados en la empresa delictiva. Una vez allí, realizaron un pozo, en el que colocaron las prendas y las pertenencias de la víctima, una chapa y sobre ésta, el cadáver de quien en vida fuera A. A. N., leños, gomas de auto, procediendo a la incineración de todo ello, tapando finalmente dicho pozo con tierra (v. fs. 26 vta./27 vta. y 136/137).

En cuanto a la intervención de P. en los hechos, explicó que con sustento en prueba documental se demostró que el nombrado estuvo de servicio desde las 20:00 hs. del 27 de septiembre de 1990 hasta las 7:00 hs. del 28 de septiembre, revistiendo el cargo de jefe de turno. Asimismo, afirmó que también se acreditó que comandaba el Grupo del Operativo n° 5 que estaba integrado por los entonces policías G., Dos S., G. y R.. Indicó que tales extremos fueron ratificados por los dichos de A. L. V. (v. fs. 137 vta. y 138).

Recordó que con los mencionados elementos, el sentenciante tuvo por probado que P. fue quien impartió la orden directa de privar ilegalmente de la libertad tanto a A. N. como a G. quienes padecieron tormentos en la sede policial (v. fs. 138).

Indicó que las críticas de la defensa fueron correctamente descartadas, remitiéndose a lo dicho por el a quo a fs. 44 vta. (v. fs. 138).

En cuanto a la participación de P. en las sesiones de "tormentos" que culminaron con la muerte de N., resaltó que se tuvieron en consideración en forma particular los dichos del testigo G. a quien se lo calificó como sincero y veraz en cuanto indicó que las mismas personas que lo torturaron a él también lo hicieron con N. y que eran siete u ocho policías. Dicho testigo señaló a P. como uno de los torturadores y puntualizó que éste lo interrogó sobre el robo de una bicicleta, oportunidad en la que le propinó un puntapié mientras le trataba de tapar la cabeza con una bolsa de nylon (v. fs. 138 vta. y 139).

A su vez, se puso de manifiesto que ese testimonio fue corroborado por otros, entre ellos, por N. B. O., madre de G., que dijo que vio entrar a N. a la Brigada que venía acompañado por unos hombres entre los cuales reconoció sin dudar a P., Dos S. y a G., explicando que sabía el nombre de P. porque lo tenía escrito en su vestimenta (v. fs. 139 vta.). Todo lo expuesto, a su vez, se complementó con los dichos de las personas que habían estado detenidas en el lugar de los hechos: D., G., L. y G. (v. fs. 140).

En cuanto a las críticas de los recurrentes referidas a la imprecisión horaria en lo que hace al momento en que se produjeron los hechos en la Brigada -extremo que la defensa considera vital en tanto sostiene que para ese entonces P. no estaba en la Brigada sino en un operativo en Punta Lara-, juzgó que fueron correctamente descartadas, remitiéndose a fs. 45 vta. y 46 del voto del juez Delbés y 51 del voto de la jueza Oyhamburu (v. fs. 140).

Concluyó que los recurrentes reeditaron gran parte de las críticas vertidas en el alegato de clausura del juicio, en particular, la referida a la cuestión horaria y no se hicieron cargo de refutar eficazmente los fundamentos de los magistrados, a los que consideró ajustados "a los principios de la lógica y al sentido común" (v. fs. 140 y vta.).

A continuación, trajo a colación lo expuesto en el voto concurrente de los jueces Oyhamburu y Bernard y aseveró que las manifestaciones de la defensa sustentadas en los dichos de P. no resultan eficaces para controvertir lo expuesto por G., ratificado por otros elementos, entre los cuales citó la prueba documental (v. fs. 141/142 vta.).

En función de lo expuesto, descartó la denuncia de absurdo en la valoración de la prueba y consideró que la defensa se limitó a exponer una mera opinión divergente sin que se haya configurado un cuadro de duda que habilitara la absolución del nombrado (v. fs. 142 vta. y 143).

Por todo lo expuesto, estimó que de manera acertada los jueces de mérito entendieron que se acreditó debidamente la materialidad ilícita y la participación del acusado en el hecho a título de coautor. Explicó que se cumplieron las exigencias objetivas y subjetivas para afirmar que P. fue coautor funcional. En su apoyo, citó doctrina (v. fs. 143 y vta.).

En tal sentido, puntualizó que se demostró que en el "grupo que conformaba la denominada 'patota de la Brigada' [...] L. R. P. desempeñaba el cargo y el rol de jefe y que los integrantes del mismo tenían diversos roles" (fs. 144). A su vez, indicó que si bien no se podía tener por acreditado que con sus propias manos P. hubiera ejecutado los actos de tortura sobre N., en cambio sí se podía afirmar que aquel se encontraba en el establecimiento policial cuando los tormentos acaecían, y que aun cuando no hubiera estado presente en la totalidad de las secuencias del hecho típico, como jefe del grupo operativo -circunstancia reconocida por el propio P.-, él estaba al tanto de lo que iba aconteciendo y del desarrollo de los hechos (v. fs. 144).

En función de lo expuesto, consideró que se debe descartar la manifestación de la defensa vinculada con la supuesta indefinición del rol que le cupo a P..

V.3. Frente a lo así decidido, como se adelantara, la defensa particular insistió con los planteos llevados en el recurso de casación haciendo críticas genéricas contra el fallo del Tribunal de Alzada sin desarrollos argumentales sólidos que las sustenten y logren conmover la suerte de lo decidido (conf. art. 495, CPP).

En efecto, la parte porfía en la falta de credibilidad y contundencia de la prueba de cargo (testimoniales de G., O., V., J. D. D., M. A. D., prueba documental, entre otros), sin evidenciar que tales agravios trascendieran una mera opinión discrepante con lo fallado. En definitiva, no demostró contradicción, incoherencia o indicio alguno que patentice vicio lógico o irrazonabilidad en la ponderación de la prueba.

A su vez, los esfuerzos por desvincular a P. de los hechos con sustento en el dato -aportado por la defensa- de que para el momento en que sucedieron en el interior de la comisaría, él estaba en otro lugar y, por ello, no puede achacársele su intervención, reedita idéntico planteo llevado en las instancias previas y no controvierte eficazmente la afirmación del Tribunal de Casación Penal que juzgó que se demostró debidamente la coautoría funcional de P. pues en el "grupo que conformaba la denominada 'patota de la Brigada' [...] L. R. P. desempeñaba el cargo y el rol de jefe y que los integrantes del mismo tenían diversos roles", agregando que "si bien no se podía tener por acreditado que con sus propias manos P. [hubiera] ejecutado los actos de tortura sobre N., en cambio sí se podía llegar a la conclusión de que aquél se encontraba en el establecimiento policial cuando los tormentos acaecían", porque aunque no hubiera estado presente en la totalidad de las secuencias del hecho típico, como jefe del grupo operativo -circunstancia reconocida por el propio P.-, él estaba al tanto de lo que iba aconteciendo, de su desarrollo y del luctuoso modo en que epilogó (v. fs. 144).

En suma, la defensa al perseverar en la misma línea argumental vinculada a que no era posible afirmar la coautoría porque P. estaba cumpliendo un operativo en Punta Lara dejó sin replicar que, en todo caso, ha quedado justificado que aquel compartió alguna secuencia temporo-espacial en la comisaría donde el hecho tuvo lugar, sin ser necesario que hubiera estado presente en la totalidad de la cadena de eventos que se sucedieron, porque como jefe del grupo operativo estaba al tanto de lo que iba aconteciendo en manos de sus subordinados, con pleno dominio del hecho a título de coautor, por ser el competente con suficiente rango decisional para evitar lo que se desencadenó.

Cabe agregar, que de la lectura del voto de la jueza Oyhamburu -al que se remitió la sentencia de Casación en lo que se refiere a la coautoría de P.- surge que se tuvo por probado que existió un plan en común del grupo operativo que consistió en detener ilegalmente a G. y a N., aplicándoles a ambos "tormentos" para que se hicieran cargo de un hecho delictivo. En esta división de tareas, se determinó que el aporte de P. como jefe de operaciones de la Brigada fue esencial lo que conllevó a encuadrarlo en calidad de coautor (v. fs. 51/53).

V.4. En función de lo expuesto, la denuncia de arbitrariedad tampoco procede porque las diversas aseveraciones formuladas por la parte no logran evidenciar en lo resuelto la concurrencia de un flagrante desvío del raciocinio o la existencia de un juicio arbitrario que avale la eventual descalificación del pronunciamiento recurrido como acto jurisdiccional válido (art. 18, Const. nac.), más que la mera expresión de su oposición a la actividad valorativa merced a la cual se tuvo por debidamente acreditada la coautoría funcional del encartado sobre presupuestos de actuación y rol competencial que dan pábulo a lo así concluido.

Cabe recordar que el objeto de la doctrina sobre arbitrariedad de sentencia acuñada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación "...no es corregir en tercera instancia fallos equivocados, sino cubrir los defectos graves de fundamentación o razonamiento que tornen ilusorio el derecho de defensa y conduzcan a la frustración del derecho federal invocado" (CSJN Fallos: 310:234), y, en el presente caso, el señor defensor oficial no consigue poner en evidencia la existencia de esos graves defectos de fundamentación o razonamiento en el fallo cuestionado (art. 495, CPP).

V.5. Tampoco el impugnante demuestra que la Casación haya restringido indebidamente su competencia revisora, en tanto abordó sin cortapisas formales todos los reclamos postulados, ni que la sentencia carezca de fundamentación suficiente, lo cual la pone a salvo de la tacha de arbitrariedad intentada. Y, de suyo, por estar imbricado con ese agravio, queda sin sustento la denuncia de afectación al principio de in dubio pro reo al que tangencialmente refirió (art. 495, CPP).

Si bien se sabe que la sentencia de condena sólo puede ser el resultado de un convencimiento que esté más allá de toda duda razonable acerca de la responsabilidad del acusado por un hecho punible, no basta la invocación de cualquier versión contrapuesta sobre la fijación de los hechos para objetar el análisis de la prueba a tenor del principio favor rei, si no es posible poner en evidencia que el análisis razonado y detenido de toda la prueba en conjunto -tal como ha sido expuesto en el caso por el Tribunal de Alzada- impide alcanzar ese grado de convencimiento, de modo de habilitar el cuestionamiento de esa certeza subjetiva (doctr. causas P. 120.286, sent. de 31-VIII-2016; P. 129.785, sent. de 8-V-2019; P. 127.647, sent. de 9-V-2018; entre muchos otros).

VI. El pedido de valorar la ausencia de antecedentes penales como pauta atenuante tampoco puede tener acogida favorable en tanto la parte se limitó a reeditar textualmente el planteo llevado ante el a quo (v. fs. 164 y 76) dejando completamente incontrovertida la respuesta del Tribunal de Casación Penal (v. fs. 144 vta. y 145), situación que evidencia la notoria insuficiencia recursiva (art. 495, CPP).

VII. Finalmente, el pedido de inconstitucionalidad de la pena a perpetuidad también carece de andamiaje.

VII.1. De la lectura del fallo de Casación, se advierte que se puso de manifiesto que la pena de reclusión perpetua es una sanción alternativa legalmente prevista en el art. 142 bis anteúltimo párrafo del Código Penal, lo que revela que dicha pena se impuso dentro de las estrictas atribuciones otorgadas a los jueces (v. fs. 147 y vta.).

A ello sumó que en su oportunidad, la defensa nada dijo en contra de la pretensión esgrimida por su contraparte (v. acta de debate, fs. 21).

VII.2. Sin perjuicio de las consideraciones que cabría formular en cuanto a la técnica jurídica empleada por el sentenciante para descartar el planteo, lo cierto es que la defensa, una vez más, no se hace cargo de atacar lo fallado por la Casación con la suficiencia necesaria reiterando las críticas contra el fallo de Cámara, siendo éste un objeto ajeno al recurso en trato (conf. arts. 484 y 494, CPP).

En efecto, el apelante se limitó a citar jurisprudencia de manera genérica y criticar dogmáticamente lo decidido por el a quo achacándole un excesivo rigor formal pero sin controvertir eficazmente los argumentos en base a los cuales se desestimó el pedido (pena prevista legalmente y extemporaneidad del planteo).

VII.3. Lo expuesto evidencia la insuficiencia recursiva sin que resulte necesario efectuar ninguna consideración adicional para su desestimación (art. 495, CPP).

Voto por la negativa.

La señora Jueza doctora Kogan y los señores Jueces doctores Genoud y Pettigiani, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Soria, votaron también por la negativa.

Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente

SENTENCIA

Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, con costas (art. 495 y concs., CPP).

Difiérase, para su oportunidad, la regulación de los honorarios profesionales de los doctores Oscar Salas y Christian Romano por los trabajos desarrollados ante esta instancia (art. 51, ley 14.967).

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

 

DANIEL FERNANDO SORIA

LUIS ESTEBAN GENOUD

HILDA KOGAN

EDUARDO JULIO PETTIGIANI

R. DANIEL MARTINEZ ASTORINO

Secretario

   

Correlaciones:

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