JURISPRUDENCIA

Contrato de trabajo. Extensión de responsabilidad solidaria. Responsabilidad de los socios. Irregularidades registrales. Incorrecta registración. Sentencia arbitraria. Rechazo

 

Se revoca la sentencia que extendió solidariamente la condena al socio de la empleadora en virtud de las irregularidades registrales acreditadas. Para así decidir, la CSJN dijo que la sentencia recurrida no constituía una derivación lógica y fundada de las constancias de la causa, ya que prescindió de tratar que el codemandado poseía una participación accionaria irrelevante en la vida de la sociedad (1% del paquete accionario), que no ejerció cargo de director o administrador en la empresa y que se retiró antes del ingreso del actor.

 

 

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Buenos Aires, 26 de noviembre de 2019

Vistos los autos: "Recurso de hecho deducido por el codemandado Elbio Ángel Salvador Ferrario en la causa Collantes, Gustavo Horacio c/ Construbar SA y otros- s/ despido", para decidir sobre su procedencia.

Considerando:

1º) Que la Sala V de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, en lo que aquí interesa, confirmó la condena solidaria del codemandado Elbio Ángel Salvador Ferrario, por los créditos laborales reconocidos, en su carácter de integrante de la sociedad anónima que actuó como empleadora.

2°) Que, para así decidir, el a quo consideró que la irregularidad registral instrumentada por la empleadora -pago de parte del salario por fuera del registro- constituía una actitud contumaz y continuada en el tiempo, determinante de una conducta tolerante y dolosa.

En este marco, los jueces afirmaron que las personas jurídicas de existencia ideal solo tienen capacidad de derecho y carecen en absoluto de capacidad de hecho, circunstancia que conlleva su falta de capacidad para realizar actos ilícitos. Por ello, recordaron que cuando en nombre de una persona jurídica se comete un acto ilícito -por quienes la dirigen o administran, o actúan como dependientes- dicho obrar no puede ser imputado directamente a la sociedad.

Sobre esa base, juzgaron que en esos supuestos no se apela al descorrimiento del velo societario sino a la responsabilidad por el hecho propio de quien, en tanto persona física, ha actuado como autor, partícipe, consejero o cómplice de actos ilícitos efectuados por medio de una persona jurídica. Subsumieron el caso en las disposiciones de los arts. 36, 1076, 1081 y 1109 del Código Civil y arts. 54 y 58 de la ley 19.550 y 1716 y 1717 del Código Civil y Comercial de la Nación.

Afirmaron, en suma, que la responsabilidad de la sociedad era mediata -en la medida en que se benefició del acto ilícito de su socio, directivo o dependiente- en tanto la responsabilidad de quien intervino personalmente en la inejecución a sabiendas de la obligación de pago (como autor, partícipe, consejero o cómplice) era inmediata.

3º) Que, contra ese pronunciamiento, el codemandado Elbio Ángel Salvador Ferrario dedujo el recurso extraordinario (fs. 1103/1120 de los autos principales a cuya foliatura se aludirá en lo sucesivo) cuya denegación dio lugar a la presente queja. Contemporáneamente, el apelante interpuso aclaratoria y, en subsidio, revocatoria in extremis, con argumentos sustancialmente análogos a los expuestos en la apelación federal. En concreto, el recurrente denunció la omisión de tratamiento de los planteos conducentes propuestos a la alzada en los que afirmó probada que su participación accionaria en la empresa se limitó al 1% del capital social, que nunca había actuado como director o administrador de la sociedad y que se había desvinculado tres años antes del ingreso del actor.

4º) Que, elevadas las actuaciones a esta Corte, se advierte que la sentencia apelada -en cuanto fue materia de agravios para el codemandado Ferrario- se integra con la resolución posterior por la que se desestimó la aclaratoria (fs. 1137), que no fue objeto de impugnación concreta mediante un nuevo recurso extraordinario.

En dicha interlocutoria la cámara laboral desestimó la vía recursiva con sustento en que en el informe remitido por el Boletín Oficial (fs. 485/493) el apelante figuraba como integrante de la sociedad hasta mediados del año 2007, circunstancia que a juicio de la Sala demostraba la tolerancia de la situación de irregularidad registral del trabajador, continuada en el tiempo, y que incluía el periodo en el cual el recurrente habría ejercido el cargo directivo.

5º) Que el recurso extraordinario resulta procedente pues, aun cuando los agravios propuestos remiten al examen de cuestiones de índole fáctica y procesal ajenas, como principio y por su naturaleza, a la instancia del art. 14 de la ley 48, ello no es óbice para la apertura de la instancia excepcional si, como ocurre en el sub lite, lo resuelto omite el tratamiento de planteos conducentes para la adecuada solución del caso (confr. Fallos: 339:1489, considerando 3° y sus citas).

6º) Que, en efecto, de la lectura de la sentencia definitiva surge palmario que los cuestionamientos formulados por el apelante al ocurrir ante la cámara no merecieron respuesta alguna por parte de los jueces. Puntualmente, el codemandado Ferrario afirmó que su participación accionaria era irrelevante en la vida de la sociedad (1% del paquete accionario), que no ejerció cargo de director o administrador en la empresa y que se retiró antes del ingreso del actor. La sentencia definitiva no trató tales cuestiones. Por su lado, la resolución interlocutoria se limita a señalar el aspecto temporal de la actuación del recurrente en la sociedad, del que deduce, sin más, que hasta el año 2007 el apelante habría ejercido un cargo directivo.

Sin embargo, del propio informe en el que el a quo funda la desestimación del recurso de aclaratoria (informe del Boletín Oficial de fs. 485/493) resulta que desde la creación de la sociedad (Boletín Oficial 16/2/2000, conforme rectificación publicada en el mismo boletín el 28/2/2000) el recurrente solo detentó el cargo de director suplente que, conforme los arts. 255 y sgtes. de la ley 19.550, no integra el órgano directivo. Idéntica reflexión cabría respecto de la magnitud de la participación societaria que le cupo al apelante.

Dado que los jueces basaron su sentencia en la premisa de que la responsabilidad de las personas físicas debe fundarse en el hecho propio de quien ha actuado como autor, particípe, consejero o cómplice de actos ilícitos, resultaba indispensable justificar la atribución subjetiva de responsabilidad al codemandado Ferrario analizando la actuación específica que le cupo a este en el hecho dañoso. Por ende, la omisión de examinar tales aspectos fácticos -que llegan firmes a esta instancia y atañen a la delimitación de las conductas desplegadas por el recurrente en el transcurso de la relación laboral- privan de sustento al pronunciamiento apelado.

En tales condiciones, la sentencia recurrida no constituye derivación lógica y fundada de las constancias de la causa, ya que prescinde de la consideración de cuestiones oportunamente planteadas, relevantes para la solución del litigio, con grave afectación de las garantías constitucionales invocadas por el recurrente.

Por ello, se hace lugar a la queja, se declara procedente el recurso extraordinario y se deja sin efecto la sentencia apelada con el alcance indicado. Con costas (art. 68 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación). Vuelvan los autos al tribunal de origen a fin de que, por quien corresponda, se dicte un nuevo pronunciamiento con arreglo al presente. Agréguese la queja al principal. Reintégrese el depósito. Notifíquese y, oportunamente, remítase.

 

CARLOS FERNANDO RONSENKRANTZ

(por su voto)

JUAN CARLOS MAQUEDA

RICARDO LUIS LORENZETTI

HORACIO ROSATTI

ELENA I. HIGTHON de NOLASCO

(en disidencia)

 

VOTO DEL SEÑOR PRESIDENTE DOCTOR DON CARLOS FERNANDO ROSENKRANTZ

Considerando:

1º) Que la sentencia de primera instancia hizo lugar a la demanda que perseguía el cobro de distintos créditos laborales y, en lo que interesa, extendió la responsabilidad a las personas físicas codemandadas por pagos salariales no registrados en su carácter de accionistas de la sociedad anónima y en los términos del art. 54 de la ley 19.550.

2°) Que dicho pronunciamiento fue apelado, en lo que importa aquí, por el señor Ferrario, codemandado en autos. La Sala V de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo rechazó su recurso y, en lo que interesa, confirmó la sentencia en lo que respecta a la extensión de responsabilidad. Para así resolver, sostuvo que "la irregularidad registral implica una conducta contumaz continuada en el tiempo por parte de la empleadora, determinando así una conducta tolerante y dolosa. Al respecto, [...] ni el régimen de la ley de sociedades comerciales ni el del código civil admiten la responsabilidad de los titulares de los órganos de las personas de existencia ideal, por el solo hecho de ser tales. En todos los casos es menester la concurrencia de un factor autónomo de atribución para que opere la responsabilidad del sujeto. En otras palabras, no se responde por ser gerente, director o socio. Se responde por haber actuado en carácter de órgano respecto del ilícito". La cámara agregó que las personas jurídicas de existencia ideal carecen de capacidad para realizar actos ilícitos y, por ello, "cuando en nombre de una persona jurídica se realiza un acto ilícito, el hecho no puede ser imputado directamente a la sociedad. Sea el ilícito cometido por quienes la dirigen o administran, sea que la autoría del accionar antijurídico corresponda a dependientes. En rigor de verdad, en estos supuestos, no se trata de descorrimiento alguno de velo societario sino de la responsabilidad por el hecho propio de quien, en tanto persona física, ha actuado como autor, partícipe, consejero o cómplice de actos ilícitos efectuados por medio de una persona jurídica". La cámara invocó los arts. 36, 43, 1076 y 1081 del Código Civil y el art. 58 de la ley 19.550 y concluyó que "la responsabilidad inmediata corresponde al autor, participe, consejero o cómplice en la inejecución a sabiendas de la obligación de pago, actúe en su carácter de socio, directivo o dependiente de la sociedad".

3º) Que contra esa decisión el señor Ferrario interpuso una aclaratoria y un recurso extraordinario.

En la solicitud de aclaratoria pidió que se corrigiera la omisión consistente en no haber considerado que, tal como sostuvo al apelar, a la fecha de inicio de la relación laboral no era ni socio ni director de la sociedad anónima. Según sostuvo, solo tenía el uno por ciento (1%) de las acciones y fue director suplente y perdió ambas condiciones antes del inicio del vínculo con el actor.

Por su parte, en el recurso extraordinario el señor Ferrario cuestionó la extensión de la condena. Sostuvo en ese sentido, por un lado, que la cámara ignoró que, de acuerdo a doctrina de esta Corte, la atribución de responsabilidad personal es de interpretación restrictiva. Afirmó por otro lado que se ha ignorado su situación específica porque no se ha tenido en cuenta que, como accionista, solo tenía el uno por ciento (1%) del capital y no tuvo participación alguna ni en los órganos formales ni en los de real decisión de la sociedad por cuanto solo fue director suplente y qué, independientemente de ello, se ha ignorado que había cesado en su calidad de accionista y director suplente antes de que el actor comenzase a trabajar.

4º) Que la cámara consideró que la solicitud de aclaratoria era en realidad un recurso in extremis y lo rechazó. Para decidir de ese modo afirmó que, según un informe del Boletín Oficial, el señor Ferrario "figura como integrante de la sociedad" aun después de iniciado el vínculo, "circunstancia que evidencia la tolerancia de la situación de irregularidad registral en que se encontraba el trabajador, continuado en el tiempo, incluso dentro del periodo en el cual ejerció el cargo directivo".

El recurso extraordinario, por su parte, fue declarado inadmisible por la cámara, lo que motivó la interposición de la queja en examen.

5°) Que si bien los agravios del recurso extraordinario en los que se critica la atribución de responsabilidad a un integrante de una sociedad anónima remiten al estudio de cuestiones de hecho y derecho común y tales cuestiones son, en principio, ajenas al ámbito del recurso extraordinario del art. 14 de la ley 48, cabe hacer excepción a dicha regla cuando, como acontece en el sub lite, se ha Violado la exigencia de que los fallos sean fundados y constituyan derivación razonada del derecho vigente con arreglo a las circunstancias comprobadas de la causa (Fallos: 303:1148, entre muchos otros).

6°) Que corresponde aclarar de modo preliminar que, en la medida en que el pronunciamiento de la cámara que rechazó la solicitud de aclaratoria no fue cuestionado por el señor Ferrario mediante recurso extraordinario, dicha decisión está firme y consentida y no puede ser revisada por este Tribunal. Por ende, no está en discusión que la sociedad abonó al actor un salario deficientemente registrado y que, durante parte del periodo en que ello ocurrió, el recurrente fue accionista de la sociedad con el uno por ciento (1%) del capital accionario y también director suplente.

El señor Ferrario tampoco ha cuestionado la normativa que la cámara invocó para asignarle responsabilidad ni el sentido que le asignó, por lo que dicho asunto está también fuera de la potestad, revisora de este Tribunal.

La cuestión que esta Corte debe elucidar se circunscribe, entonces, a establecer si es válida la asignación de responsabilidad personal, en los términos invocados por la cámara, por salarios deficientemente registrados a un integrante de la sociedad en su condición de director suplente y accionista con el uno por ciento (1%) del capital accionario.

7º) Que, si bien de modo harto confuso, la cámara ha sostenido explícitamente que, de acuerdo a la normativa societaria y del derecho civil que menciona, no se responde por el mero hecho de ser gerente, director o socio. También ha sostenido que se trata de "la responsabilidad por el hecho propio de quien, en tanto persona física, ha actuado como autor, partícipe, consejero o cómplice de actos ilícitos efectuados por medio de una persona jurídica" (énfasis añadido). Esto último supone que aquel a quien se imputa responsabilidad -sea en carácter de socio, administrador o directivo- debe como mínimo haber hecho alguna contribución causal al ilícito, sea mediante acción u omisión, y que su conducta es reprochable en base a algún factor subjetivo de atribución de responsabilidad.

La cámara, sin embargo y tal como destaca el recurrente, no ha justificado en modo alguno por qué el recurrente habría hecho alguna contribución causal al acto ilícito. Ha extendido la condena, en contradicción con su propia postura, por el mero hecho de que el recurrente fue director suplente y accionista. Además, la cámara no ha considerado que el recurrente solo tenía el uno por ciento (1%) del capital social, lo que supone que su incidencia en la toma de decisiones es casi nula a menos que haya circunstancias excepcionales sobre cuya existencia nada se ha dicho. Tampoco ha considerado que el recurrente solo fue director suplente, lo que supone que no puede tomar decisión alguna a menos que reemplace al director titular. La cámara, por último, nada ha dicho sobre el factor subjetivo de atribución.

Este déficit en el fundamento de la sentencia de cámara es todavía más grave si se considera que, como ha dicho esta Corte, "la personalidad diferenciada de la sociedad y sus administradores constituye el eje sobre el que se asienta la normativa sobre sociedades anónimas y que ésta conforma un régimen especial que se explica porque aquéllas constituyen una herramienta que el orden jurídico provee al comercio como uno de los principales motores de la economía" ("Carballo", Fallos: 325:2817). En ese marco, este Tribunal se ha encargado de destacar también que la atribución de responsabilidad personal a los socios y administradores de una sociedad, dados los propósitos del régimen general de la ley de sociedades y los principios que lo estructuran, procede de modo excepcional (in re "Carballo", Fallos: 325:2817 y "Palomeque", Fallos: 326:1062).

8º) Que, por lo expuesto, corresponde descalificar en este aspecto la sentencia recurrida, pues lo resuelto no constituye derivación razonada del derecho vigente con aplicación a las circunstancias comprobadas de la causa, de modo que media nexo directo e inmediato con los derechos constitucionales que se invocan como vulnerados (art. 15 de la ley 48).

Por ello, se hace lugar a la queja, se declara procedente el recurso extraordinario y se deja sin efecto la sentencia apelada con el alcance indicado. Con costas (art. 68 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación). Vuelvan los autos al tribunal de origen a fin de que, por quien corresponda, se dicte un nuevo pronunciamiento con arreglo al presente. Agréguese la queja al principal. Reintégrese el depósito al recurrente. Notifíquese y, oportunamente, remítase.

CARLOS FERNANDO ROSENKRANTZ

 

DISIDENCIA DE LA SEÑORA VICEPRESIDENTA DOCTORA DOÑA ELENA I. HIGHTON de NOLASCO

Considerando:

Que el recurso extraordinario, cuya denegación originó esta queja, es inadmisible (art. 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación).

Por ello, se desestima la presentación directa. Declárase perdido el depósito. Notifíquese y, previa devolución de los autos principales, archívese.

 

ELENA I. HIGHTON de NOLASCO

 

 

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Di Tullio, Susana Elizabeth c/Clínica Modelo de Psiquiatría S.A. y otros s/despido - Cám. Nac. Trab. - Sala V - 07/04/2015 - Cita digital: IUSJU001804E

 

Cita digital:IUSJU044643E