JURISPRUDENCIA

Daños y perjuicios. Accidente de tránsito. Responsabilidad civil. Cosa riesgosa. Incapacidad sobreviniente. Valuación del daño. Lucro cesante. Ama de casa. Citación de terceros. Responsabilidad del banco. Deber de diligencia

 

En el marco de un accidente de tránsito en cadena, se hace lugar a la demanda entablada por una familia que se encontraba dentro del auto colisionado por la demandada, ocasionando un choque múltiple. En este contexto, procede el reclamo por lucro cesante llevado adelante por la actora, que se dedicaba a los cuidados del hogar y no contaba con un salario mensual, al desenvolverse como ama de casa, por considerar que dicho rubro debe abonarse también a aquellas personas que se encuentran fuera del ámbito laboral.

 

 

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Córdoba, trece (13) de septiembre de dos mil diecinueve.

VISTOS:

Estos autos caratulados “FERREIRA, GUILLERMO JAVIER C/ PATIÑO, ANA MARIA - ORDINARIO - DAÑOS Y PERJUICIOS - ACCIDENTES DE TRÁNSITO - EXP. N.º 5 604 501” y su expediente acumulado: "QUINTEROS, EDUARDO Y OTROS C/ PATIÑO, ANA MARIA -ORDINARIO - DAÑOS Y PERJUICIOS - ACCIDENTES DE TRÁNSITOS - EXP. N.° 5 615 469”, tramitados por cuerda separada pero que se resolverán bajo esta única resolución, de los que resulta.

1) En los autos caratulados “Ferreira, Guillermo Javier c/ Patiño, Ana María -- ord.”, a ff. 1/2 comparece el Sr. Guillermo Javier Ferreira y promueve demanda de daños y perjuicios en contra de Ana María Patiño. Reclama la suma de pesos treinta y seis mil cuarenta y ocho, o lo que en más o en menos resulte de la prueba a rendirse en autos, con más intereses, gastos y costas. Al alegar ajusta su pretensión, de acuerdo al resultado de la prueba rendida, en la suma de pesos veintiocho mil cuatrocientos cincuenta ($ 28 450). Manifiesta, que el día 23 de marzo de 2012, siendo aproximadamente las 13 h, se encontraba con la marcha detenida de su automóvil marca Citroën DS3, dominio JTW-029 en el semáforo de la Av. Juan B. Justo al 5278 (Norte-Sur), pues así lo indicaba la luz roja. Cuando fue embestido desde atrás por el automóvil marca Gol Trend, dominio JJO-113, conducido por la demandada Ana María Patiño. Expone, que la misma se conducía a excesiva velocidad y sin el pleno dominio, causando con su maniobra negligente el choque en cadena, ya que como consecuencia del impacto que le ocasionó el automóvil del Sr. Eduardo Quinteros, impactó con el frente de su vehículo la parte trasera de una camioneta que se encontraba con su marcha detenida por delante de su automóvil. Afirma, que como consecuencia del violento impacto, su automóvil sufrió daños materiales de consideración. Reclama, en concepto de daño material la suma de $ 18 548,11, lo que incluye repuestos y mano de obra a fin de reparar su vehículo. Al alegar ajusta este monto a lo dictaminado por el perito oficial, la suma de $ 22 000 (conf. f. 398 vta.). Señala, que la reparación de su automóvil insumirá un tiempo, lo que estima 15 días, por lo que en concepto de lucro cesante reclama la suma diaria de pesos cien, alcanzando este rubro el monto de $ 1500. Al alegar ajusta su pretensión a la suma de pesos doscientos diarios y estima que los arreglos demandarán un plazo de diez días, por lo que deja peticionada la suma de pesos dos mil ($ 2000). Dice, que es comerciante y utiliza su vehículo para movilizarse a los distintos negocios que se encuentran distribuidos a lo largo de la Provincia de Córdoba, por lo que deberá recurrir al servicio de remis. Por último, reclama en concepto de desvalorización venal la suma de pesos dieciséis mil, ya que se han afectado partes vitales y estructurales de su vehículo, por lo que las secuelas subsistirán aún después de un buen arreglo de reparación. Al alegar ajusta este monto a lo dictaminado por el perito oficial, la suma de $ 4450 (conf. f. 399). Acompaña documental.

2) Impreso el trámite de juicio ordinario a f. 14, comparece la demandada a f. 18 y solicita la citación en garantía de La Caja de Ahorro y Seguro S.A., la que comparece a f. 22, a través de su apoderado el Dr. Gerardo F. Viramonte Moyano.

3) Corrido el traslado de la demanda (f. 24 vta.), la Sra. Ana María Patiño lo evacua a ff. 32/4, solicitando su rechazo, con expresa imposición de costas. Niega todos y cada uno de los hechos y fundamentos de la pretensión deducida. Reconoce, que en la fecha indicada se produjo un siniestro, pero no en la forma relatada por el actor. Manifiesta, que circulaba en su vehículo Gol Trend por Av. Juan B. Justo y antes de llegar al semáforo se cambia de carril, intempestivamente y sin dar aviso lumínico alguno un automóvil marca Chevrolet Corsa que circulaba en igual sentido y a su lado, adelantándose e invadiendo el carril por el que transitaba, por lo que no pudo evitar la colisión. Afirma, que el accidente se produjo por culpa de un tercero por el cual no debe responder, ya que no es la culpable del hecho dañoso. Agrega, que al producirse el siniestro llamó a su compañía de seguros “La Caja S.A.”, realizó la denuncia telefónicamente y solicitó un servicio de grúa para trasladar su automóvil. Explica, que la compañía aseguradora le fue impuesta por el Banco Santander Rio, al acceder a un crédito prendario para la compra de su vehículo marca Gol Trend, dominio JJO-113 y es donde mensualmente paga el monto correspondiente a la cuota pactada y el seguro del automotor. Dice, que el día sábado 24/03/12 recibe un llamado del Banco Santander Río, informándole que deposite en la cuenta la suma de pesos cien, ya que había una diferencia que se adeudaba en concepto de mantenimiento de la caja de ahorro abierta a tal fin, lo que así hizo el lunes siguiente 26/03/12, y ese mismo día se apersonó ante la Compañía de Seguros a fin de formalizar la denuncia del hecho. Expone, que en ese momento le informan que carecía de cobertura, dado que no se había pagado la póliza, lo que la sorprendió pues ella depositaba en la forma indicada por el acreedor prendario Banco Santander Rio S.A. En razón de lo manifestado, cita como tercero a dicha entidad financiera. Alega, que en su carácter de acreedor prendario, es quien recibe los pagos correspondientes de las cuotas pactadas del crédito y del seguro. Afirma, que ha pagado en forma puntual todas las cuotas convenidas, con más los gastos que se le han informado. Destaca, que la entidad financiera le asignó la Compañía de Seguros La Caja de Ahorro y Seguros S.A., exigiéndole que la cuota correspondiente al pago de la póliza se incluyera en la cuota que paga mensualmente con el crédito prendario, como condición para acceder al crédito, siendo su obligación y responsabilidad ingresar los pagos a la Compañía Aseguradora, conforme los convenios que deben haber celebrado con tal entidad, los que le son inoponibles. Agrega, que a los fines de mantener eficazmente la pretensión regresiva en contra de la entidad bancaria, para el hipotético caso de resultar condenada, solicita que se la cite en los términos del art. 433 del CPCC. Acompaña documental.

4) A ff. 37/42 contesta la demanda la citada en garantía, La Caja de Seguros S.A., a través de su apoderado el Dr. Gerardo F. Viramonte Moyano. Opone declinación de cobertura. Explica, que la demandada Ana María Patiño, tenía contratada una póliza de seguros para su automóvil Gol Trend, dominio JJO-113, individualizada con el n.° 5 010 012 726 003, pero carecía de cobertura al tiempo de producirse el siniestro. Alega, que la declinación de cobertura fue notificada a la asegurada en tiempo y forma mediante carta documento de fecha 28/03/2012. Indica, que la declinación de cobertura, se debe a que la demandada no había cancelado la prima respectiva para ese periodo en tiempo y forma, cuando ocurrió el accidente. Señala, que el premio de la póliza para el mes de marzo había vencido el día nueve (9) de marzo de 2012, la mora en que incurrió la Sra. Patiño la dejó sin cobertura del seguro desde el día 9 de marzo a las cero horas, hasta el día 26 de marzo de 2012 a la hora veinticuatro, ya que habiendo abonado el día 26 la cobertura comienza a correr nuevamente, desde la cero horas del día 27. Subsidiariamente, contesta la demanda. Niega los hechos afirmados por el actor. Reconoce, que el día 23 de marzo de 2012, en oportunidad que la Sra. Patiño se conducía por la calle Juan B. Justo, en sentido Norte-Sur, a velocidad moderada, con el pleno dominio de su conducido y respetando las normas de tránsito, fue sorprendida por un accidente que provocó el Sr. Quinteros a bordo de su vehículo Chevrolet Corsa, dominio DXR-214 que precedía a la demandada. Expone, que en efecto, el Sr. Quinteros embistió la parte trasera del vehículo del actor inicialmente para posteriormente ser el Sr. Quinteros, apenas embestido por la demandada, dado que la brusca y sorpresiva maniobra no le permitió a la Sra. Patiño realizar maniobra evasiva alguna, pese a llevar la distancia reglamentaria. Concluye, que el accidente por el que se reclama ocurrió por exclusiva culpa de un tercero (Sr. Quinteros), por el cual la demandada no debe responder, al haber sido este quien embistió inicialmente al actor y no la Sra. Patiño, como mal pretende endilgarle el actor en su escrito de demanda. Niega cada uno de los rubros reclamados así como su cuantía. Solicita la aplicación de la limitación de las costas prevista en la ley 24 432 (art. 505 del C.C.). Formula reserva del caso federal.

5) Corrido traslado al actor del pedido de citación de tercero, presta su conformidad a f. 46 vta. A f. 62 comparece la entidad financiera a través de su letrado apoderado el Dr. Miguel Ángel Escalera.

6) A ff. 74/6 el Banco Santander Río evacua el traslado de la demanda. Opone falta de acción. Solicita que al resolver, se declare que la sentencia a dictarse no será oponible al Banco Santander Rio S.A., toda vez que no tiene ninguna responsabilidad en el evento ocurrido y menos aún en el hecho de que la demandada careciera de seguro al ocurrir el ilícito civil. Alega, que la Sra. Patiño carece de toda acción en contra de su representada Banco Santander Rio S.A., toda vez que el mismo carece de toda culpa y responsabilidad en el hecho de que la póliza de seguros constituida por La Caja S.A., estuviera impaga al momento en que se produjo el siniestro. Continúa diciendo, que la culpa de que al momento de ocurrir el siniestro, 23 de marzo de 2012 no estuviera cancelada la cuota correspondiente al mes de marzo 2012 del seguro, es de exclusiva responsabilidad de la Sra. Patiño, quien no había depositado en término en la caja de ahorro abierta en el banco, los fondos suficientes para cancelar la prima mensual y, por ello, la cuota no se efectivizó. Considera, que resulta un verdadero despropósito y arbitrariedad pretender que el Banco que representa pague la cuota del seguro de la Sra. Patiño, sin esta cuente con los fondos, acreditados en su cuenta, suficientes para hacerlo. Por ello dice, que la Sra. Patiño carece de acción para demandar a su representado y pretender que la sentencia que se dicte le sea oponible al Banco Santander Rio S.A. Reconoce, que la aquí demandada adquirió el vehículo dominio JJO-113, VW Trend, con un crédito otorgado por el Banco y en garantía de su devolución constituyó un derecho real de prenda. Indica, que el préstamo ascendía a la suma de pesos treinta y seis mil novecientos treinta y ocho con 88/100, importe que debía restituir en treinta y seis (36) cuotas mensuales de pesos un mil veintiséis con 08/100 ($ 1026,08). Manifiesta, que la primera cuota vencía el día 09 de diciembre de 2010 y las restantes en igual fecha en los meses subsiguientes hasta cancelar. Expone, que se estipuló un interés equivalente al 19,5% anual; y a más de ello la Sra. Patiño debía cancelar la cuota mensual del seguro obligatorio contratado para la póliza que ascendía la suma de $ 162,64 por mes, para el segundo semestre $ 178,15, para el tercer semestre $ 195,54 y para el cuarto semestre $ 245,51. Insiste, que al momento en que ocurrió el vencimiento de la cuota correspondiente en el mes de marzo de 2012 que vencía el día 09/03/2012 y que ascendía a la suma de $ 1328,90, carecía de fondos suficientes para afrontar dicho importe, lo que motivó que la prima del seguro contratado en La Caja S.A. no fuera abonada. Manifiesta, que la demandada deposita los fondos suficientes en su cuenta recién con fecha 26 de marzo de 2012, fecha en la que procede el Banco a cancelar la cuota del crédito prendario así como la prima mensual del seguro. Destaca, que las imputaciones que realiza su poderdante de los pagos efectuados en los distintos productos financieros que vende, se hacen por sistema y si no existen fondos suficientes los pagos obviamente no se efectivizan. Además, agrega, que en la Caja de Ahorro de la que resulta titular la Sra. Patiño no existe la más remota posibilidad de que se debiten fondos en descuento o que exista saldo deudor en la misma. Es decir, aclara, que no se realiza ninguna imputación ni pago hasta que no existan fondos suficientes para hacerlo. Sostiene, que así las cosas su mandante carece de toda responsabilidad en el evento y la demandada carece de acción en su contra, razón por la que se deberá rechazar por inexistente la culpa que se endilga a su representado, declarándose que la falta de cobertura de la aseguradora se debe a la exclusiva culpa de la Sra. Patiño. Pide costas. Subsidiariamente contesta demanda. Niega los hechos esgrimidos por el actor, y solicita el rechazo de la demanda en forma íntegra.

7) Abierta a prueba la causa a f. 89 vta., las partes ofrecen las que hacen a sus respectivos derechos, obrando en autos las que fueran diligenciadas.

8) Corridos los traslados para alegar (f. 323), son evacuados por la actora (ff. 394/9), por la demandada Ana María Patiño (ff. 400/3), Banco Santander Rio S.A. (ff. 404/6) y por la citada en garantía La Caja de Seguros S.A. (ff. 407/14).

9) Firme el decreto de autos a f. 415, queda la causa en condiciones de ser resuelta.

10) A f. 376 vta. consta certificado mediante el cual se deja constancia que se acumularon a los presentes, los autos caratulados: “Quinteros, Eduardo Urbino y Otros c/ Patiño, Ana María - ordinario - daños y perjuicios - accidentes de tránsito - exp. n.° 5 615 469”, los que se tramitaron por cuerda separada (art. 454 del CPCC), debiendo resolverse los mismos en una única sentencia.

11) En los autos “Quinteros, Eduardo y Otros c/ Patiño, Ana María - ord.”, a ff. 16/22 comparecen Quinteros, Eduardo Urbino; Rojas de Quinteros, Nancy Edith; Quinteros, Nelson Eduardo y Quinteros Verónica Alejandra; y promueven demanda de daños y perjuicios también en contra de la Sra. Ana María Patiño. Piden la citación en garantía de La Caja de Seguros S.A. Manifiestan, que el día 23 de marzo de 2012, siendo aproximadamente las 13:30 h, en circunstancias que a bordo de su automóvil particular Chevrolet Corsa, dominio DXR- 214, circulaban de Norte a Sur por la Av. Juan B. Justo, a la altura de la intersección con la calle Saavedra Lamas, se encontraban detenidos por el semáforo en rojo, cuando fueron embestidos fuertemente desde atrás por el vehículo de la demandada Ana María Patiño. Exponen, que a raíz del fuerte impacto, su vehículo se desplazó hacia adelante colisionando a su vez con la parte trasera del automóvil marca Citroen, dominio JTW-029, conducido por el Sr. Ferreira, Guillermo Javier, ocasionándole daños en el paragolpes y portón de la cola trasera. Expresan, que el vehículo Chevrolet Corsa, dominio DXR-214, resultó dañado en la parte de atrás y también en la parte del frente como resultado de la colisión. También relatan, que todos los ocupantes que circulaban en su automóvil, Eduardo Urbino Quinteros, Nancy Edith Rojas de Quinteros y Nelson Eduardo Quinteros, resultaron heridos con graves politraumatismos, a raíz del impacto. Reclama la co-actora Verónica Alejandra Quinteros, en su carácter de titular registral del Chevrolet Corsa, en concepto de daño material la suma de $ 28 757 tanto por mano de obra como por repuestos. Al alegar ajusta su pretensión a lo dictaminado por el perito oficial, cuantificando este rubro en la suma de $ 51 730 (conf. f.432 vta.). También solicita la desvalorización venal del vehículo. En la demanda, inicialmente reclama la suma de $ 12 950, en virtud de que su rodado jamás volverá a ser el mismo que era antes de producirse el hecho, pero al alegar ajusta su pretensión a la suma de $ 11 360 (conf. f. 433). Por último, reclama por privación de uso ya que alega, que no ha podido disponer del automóvil por cuanto ha quedado deteriorado en su totalidad, por lo que ha tenido que disponer de un vehículo sustituto por el término de 7 meses a razón de pesos sesenta por día, lo que le provocó una erogación de $ 12 600, lo que así reclama al demandar. No obstante, al alegar, ajusta su pretensión a lo dictaminado por el perito oficial en cuanto que sostuvo que el tiempo que demandará el arreglo es de cinco días, por lo que a razón de $ 60 por día, morigera su pretensión.

El co-actor Eduardo Urbino Quinteros, reclama en concepto de incapacidad psicofísica sobreviniente la suma de $ 69 161,18. Afirma, que a raíz del accidente padeció lesiones que le provocaron una incapacidad física del 15% de la T.O. Indica, que dichas secuelas le imposibilitan continuar con el desempeño de otras actividades laborales que realiza para aumentar sus ingresos, en cuanto que su jubilación de $ 2500 de ninguna forma cubre sus necesidades básicas. Solicita, que a fin de cuantificar este rubro deberán tomarse dos Salarios Mínimos Vitales y Móviles vigentes al momento del accidente de tránsito. La co-actora Nancy Edith Rojas de Quinteros, reclama en concepto de incapacidad psicofísica sobreviniente la suma de $ 51 812,57. Afirma, que a raíz del accidente padeció lesiones que le provocaron una incapacidad física del 20% de la T.O. Indica, que deberá tomarse como ingreso un Salario Mínimo Vital y Móvil ($ 2300), en defecto de remuneración mensual, toda vez que la misma se desenvuelve en el ámbito del hogar. No obstante ello, al alegar amplía este ítem y pide que se tomen dos salarios (conf. f. 433). El co-actor Nelson Eduardo Quinteros, reclama en concepto de incapacidad psicofísica sobreviniente la suma de $ 125 096,05. Afirma, que a raíz del accidente padeció lesiones que le provocaron una incapacidad física del 15% de la T.O. Solicita, que a fin de cuantificar este rubro, deberá tomarse como ingreso, el salario del actor como empleado de una estación de servicios ($ 3900). En todos los casos, al cuantificar el rubro, lo fija en la edad tope de 65 años. Reclama en concepto de daño moral y daño psicológico, la suma de pesos diez mil para cada una de las víctimas que padecieron lesiones psicofísicas. Al alegar, expone que para la incapacidad psicofísica que reclaman los actores, deberá aplicarse la Fórmula Balthazard. También solicita que a fin de cuantificar la pérdida de chance, se debe hacer la disquisición de chance pasada y futura, que delimita estadios durante el tiempo de litigio y tiene una incidencia en el dies a quo de los intereses. Cita en garantía a la Caja de Seguros S.A. Solicita que se haga extensiva la condena a la citada en garantía, toda vez que la víctima no es parte de la relación de consumo (del contrato), por lo que requiere para su protección no sea oponible ningún límite, menos de índole operativo ajena a los actores.

12) Impreso el trámite de juicio ordinario a f. 57, comparece la citada en garantía, Compañía La Caja de Seguros S.A., a través de su letrado apoderado, el Dr. Gerardo F. Viramonte Moyano (f. 62) y la demandada Ana María Patiño (f. 66). La accionada solicita la citación como tercero interesado del Banco Santander Rio S.A.

13) Corrido el traslado de la demanda (f. 81 vta.), es evacuado por la demandada Ana María Patiño, quien solicita su rechazo, con expresa imposición de costas. Niega todos y cada uno de los hechos y fundamentos de la pretensión deducida así como cada uno de los rubros reclamados. Reconoce, que en la fecha indicada se produjo un siniestro, pero no en la forma relatada por los actores. Manifiesta, que circulaba en su vehículo Gol Trend por Av. Juan B. Justo y antes de llegar al semáforo se cambia de carril, intempestivamente y sin dar aviso lumínico alguno un automóvil marca Chevrolet Corsa que circulaba en igual sentido y a su lado, adelantándose e invadiendo el carril por el que transitaba, por lo que no pudo evitar la colisión. Afirma, que el accidente se produjo por culpa de un tercero por el cual no debe responder, ya que no es la culpable del hecho dañoso. Afirma, que el hecho fue responsabilidad absoluta, exclusiva y excluyente del damnificado, ya que no observó la regla de tránsito que establece que para realizar una maniobra de giro o cambiarse de carril de circulación, debe anunciarse treinta metros antes de realizar la maniobra, con señales luminosas, razón por la que no debe responder por el accidente. Solicita la citación de un tercero, Banco Santander Rio S.A., en su carácter de acreedor prendario, y a quien ella hace los pagos correspondientes a las cuotas pactadas del crédito y seguro, al tratarse de una exigencia de la propia entidad financiera. Relata, que al producirse el siniestro llamó a su compañía de seguros “La Caja S.A.” y realizó la denuncia telefónicamente y solicitó un servicio de grúa para trasladar su automóvil. Explica, que la compañía aseguradora le fue impuesta por el Banco Santander Rio, al acceder a un crédito prendario para la compra de su vehículo marca Gol Trend, dominio JJO-113 y es donde mensualmente paga el monto correspondiente a la cuota pactada y el seguro del automotor. Dice, que el día sábado 24/03/12 recibe un llamado del Banco Santander Rio, informándole que deposite en la cuenta la suma de pesos cien, ya que había una diferencia que se adeudaba en concepto de mantenimiento de la caja de ahorro abierta a tal fin, lo que así hizo el lunes siguiente 26/03/12 y ese mismo día se apersonó ante la Compañía de Seguros a fin de formalizar la denuncia del hecho. Expone, que en ese momento le informan que carecía de cobertura, dado que no se había pagado la póliza, lo que la sorprendió pues ella depositaba en la forma indicada por el acreedor prendario Banco Santander Rio S.A. En razón de lo manifestado, cita como tercero a dicha entidad financiera. Alega, que en su carácter de acreedor prendario, es quien recibe los pagos correspondientes de las cuotas pactadas del crédito y del seguro. Afirma, que ha pagado en forma puntual todas las cuotas convenidas, con más los gastos que se le han informado. Destaca, que la entidad financiera le asignó la Compañía de Seguros La Caja de Ahorro y Seguros S.A., exigiéndole que la cuota correspondiente al pago de la póliza se incluya en la cuota que paga mensualmente con el crédito prendario, como condición para acceder al crédito, siendo su obligación y responsabilidad ingresar los pagos a la Compañía Aseguradora, conforme los convenios que deben haber celebrado con tal entidad, los que le son inoponibles. Dice, que a los fines de mantener eficazmente la pretensión regresiva en contra de la entidad bancaria, para el hipotético caso de resultar condenada, solicita que se la cite en los términos del art. 433 del CPCC. Acompaña documental. Opone excepción de plus petición. Indica, que los actores pretenden enriquecerse indebidamente y logar un rédito económico que no les corresponden, lo que así se evidencia con las abultadas sumas que reclaman.

14) Los accionantes, prestan conformidad al pedido de citación de terceros del Banco Santander Río S.A., (f. 89), quien comparece a f. 99, a través de su letrado apoderado el Dr. Miguel Ángel Escalera.

15) A ff. 104/11 contesta la demanda la citada en garantía La Caja de Seguros S.A., a través de su apoderado el Dr. Gerardo F. Viramonte Moyano. Opone declinación de cobertura. Explica, que la demandada Ana María Patiño, tenía contratada una póliza de seguros para su automóvil Gol Trend, dominio JJO-113, individualizada con el n.° 5 010 012 726 003, pero carecía de cobertura al tiempo de producirse el siniestro. Opone falta de acción por falta de legitimación sustancial pasiva (no-seguro). Evacua el traslado de la demanda en similares términos que en los autos acumulados. Niega e impugna cada uno de los rubros reclamados. Solicita la aplicación de la limitación de las costas prevista en la ley 24432 (art. 505 del C.C.). Formula reserva del caso federal.

16) A ff. 113/5 el Banco Santander Río evacua el traslado de la demanda. Opone falta de acción. Solicita que al resolver, se declare que la sentencia a dictarse no será oponible al Banco Santander Rio S.A., toda vez que no tiene ninguna responsabilidad en el evento ocurrido y menos aún en el hecho de que la demandada careciera de seguro al ocurrir el ilícito civil. Alega, que la Sra. Patiño carece de toda acción en contra de su representada Banco

Santander Rio S.A., toda vez que el mismo carece de toda culpa y responsabilidad en el hecho de que la póliza de seguros constituida por La Caja S.A., estuviera impaga al momento en que se produjo el siniestro. Evacua el traslado de la demanda en similares términos que en los autos acumulados. Subsidiariamente, niega todos los hechos y derechos en que los actores basan su reclamo. Pide el rechazo de la demanda íntegramente.

17) Abierta a prueba la causa a f. 128, las partes ofrecen las que hacen a sus respectivos derechos, obrando en autos las que fueran diligenciadas.

18) Corridos los traslados para alegar (f. 418), lo evacuan los actores a ff. 430/4, la demandada Ana María Patiño a través de su letrado apoderado (ff. 435/9), El Dr. Miguel Ángel Escalera en su carácter de apoderado del Banco Santander Rio S.A. (ff.440/3) y Gerardo F. Viramonte Moyano en su carácter de apoderado de la citada en garantía La Caja Seguros S.A. (ff. 444/9).

19) Firme el decreto de autos (f. 450), queda la causa en condiciones de ser resuelta, conjuntamente con los autos “Ferreira c/ Patiño” (conf. f. 129).

Y CONSIDERANDO:

I) Así los hechos, es menester resolver las presentes controversias judiciales de acuerdo a las normas que informan la materia, examinando las siguientes cuestiones: a) La legitimidad de las partes. b) La existencia material del hecho, forma de producción del mismo y responsabilidad de las partes intervinientes en el siniestro. c)Existencia y extensión de los daños reclamados, por cada uno de los actores.

II) La legitimación activa del Sr. Guillermo Javier Ferreira, como titular registral del automóvil Citroën DS3, dominio JTW-029, no se encuentra cuestionada y además surge de las constancias de f. 12 de los autos “Ferreira c/ Patiño”. Lo mismo cabe decir respecto de la legitimación activa de los actores del proceso de “Quinteros y Ot. c/ Patiño”. La Sra. Verónica Alejandra Quinteros, resulta ser la titular registral del vehículo Chevrolet Corsa, dominio DWR-214 (conf. informe de dominio de ff. 198/200); y la calidad de conductor del rodado del

Sr. Eduardo Urbino Quinteros y de terceros transportados y lesionados los demás co-actores (Nancy Edith Rojas de Quinteros y Nelson Eduardo Quinteros), como damnificados directos, tampoco se encuentra cuestionada por las partes, y además surge de las constancias de atención médica recibida en el día del accidente (ff. 36/8). Respecto de la legitimación pasiva de la demandada Ana María Patiño, como propietaria y conductora al momento del accidente del rodado Gol Trend, dominio JJO-113, se encuentra reconocida por la propia accionada al evacuar el traslado de la demanda y de las constancias obrantes a ff. 203/5 de los autos “Quinteros y Ot. c/ Patiño”.

III) Lo que se encuentra especialmente controvertido es la legitimación pasiva de la citada en garantía La Caja de Seguros S.A., quien opuso declinación de cobertura y de la entidad financiera el Banco Santander Rio S.A., citado como tercero por la accionada en su carácter de acreedor prendario, quien opuso falta de acción.

En primer lugar se tratará la declinación de cobertura opuesta por la citada en garantía, La Caja de Seguros S.A. Opone falta de acción por falta de legitimación sustancial pasiva (no- seguro). Explica, que la demandada Ana María Patiño, tenía contratada una póliza de seguros para su automóvil Gol Trend, dominio JJO-113, individualizada con el n.° 5 010 012 726 003, pero carecía de cobertura al tiempo de producirse el siniestro. Indica, que la asegurada no había cancelado la prima respectiva para el mes de marzo, que había vencido el nueve de ese mes, del año 2012. Sostiene, que la mora en que incurrió la Sra. Patiño la dejó sin cobertura del seguro desde el 09 de marzo (fecha de vencimiento), hasta el día 26 del mismo mes, fecha en que pagó lo adeudado. Así las cosas, al momento de producirse el siniestro (23/03) carecía de seguro. Del informe pericial contable (ff. 186/90) se desprende que efectivamente al día 23 de marzo del año 2012, la Sra. Patiño no había completado el depósito correspondiente a dicho periodo. Por lo tanto, la excepción debe prosperar, al haberse acreditado el extremo invocado por la citada en garantía.

En cuanto a las costas por su citación, se deben imponer al Banco Santander Rio S.A., conforme los argumentos que se expresarán en el considerando siguiente. A los fines de regular honorarios al Dr. Gerardo F. Viramonte Moyano (argumento arts. 26 y 48 de la ley 9459), se tomará el monto reclamado en cada demanda con más intereses, y se aplicará el punto medio de la escala del art. 36 de la ley 9459, es decir un porcentaje del 22,5%, en función de las pautas cualitativas dispuestas por el art. 39 del C.A. Se destaca, que en función de la complejidad del cálculo, para los autos “Quinteros y Ot. c/ Patiño”, se cuantifican de forma provisoria, esto es 20 jus, conforme la naturaleza de la pretensión (argumento art. 36 de la ley 9459).

IV) Intervención coactiva del tercero citado Banco Santader Rio S.A. En primer lugar, corresponde calificar la naturaleza de dicha intervención y determinar el alcance de la misma. La demandada, al contestar la demanda, solicita su intervención y señala que es a los fines de mantener eficazmente la pretensión regresiva en contra de la entidad financiera, para el hipotético caso de resultar condenada (f. 34). Explica, a tal fin, que la entidad bancaria citada reviste la calidad de acreedor prendario, y es quien recibe los pagos correspondientes de las cuotas pactadas del crédito y del seguro. Afirma, que ha pagado en forma puntual todas las cuotas convenidas, con más los gastos que se le han informado, y que era su obligación y responsabilidad ingresar los pagos a la Compañía Aseguradora. Considera la Sra. Patiño, que al no haber ingresado el pago ante la Aseguradora, resulta responsable ante la declinación de cobertura opuesta por la citada en garantía. Prima facie, pareciera que la demandada cita al Banco solo a los fines de poder “mantener eficazmente la pretensión regresiva”, tal como lo expresa en la contestación de la demanda. Esto es un supuesto de una intervención obligada de terceros (conf. art. 433 del CPCC), de “denuncia de la litis”. Este tipo de intervención, consiste en poner en conocimiento de un tercero, eventual sujeto pasivo de una posterior acción de regreso, la existencia de la causa, para que tome intervención en la misma. La mayoría de la doctrina entiende que en este supuesto, la intervención del tercero solo tiene por objeto evitar que este alegue la excepción de negligente defensa, en la eventual acción de regreso que la demandada podría eventualmente ejercer en su contra, por lo que el citado no asume la calidad de demandado. No obstante ello, de las constancias existentes en la causa (prueba pericial contable, documental acompañada, testimoniales, actitud asumida por las partes, etc.), y principalmente de los términos del alegato de la propia accionada (conf. f. 401/2 de los autos: “Ferreira c Quinteros” y ff. 435/43 de los autos “Quinteros y Ot. c/ Patiño”), surge, que su pretensión es que tanto la citada en garantía como la entidad financiera, sean consideradas responsables solidarias, en caso de una hipotética condena. Es decir, se advierte que, en definitiva, la intención de la Sra. Patiño al citar al Banco Santander Rio S.A. como a la Compañía de Seguros, era a los fines de que se les hiciera extensiva la condena. Por lo que su intervención no puede ya ser calificada como una mera “denuncia de litis”, sino que se pretende hacerles extensiva la sentencia, en caso de corresponder (en los términos del art. 435 del CPCC). Se ha sostenido, que cuando el tercero comparece, oponiéndose a la procedencia de la acción entablada (contestando la demanda, ofreciendo y produciendo prueba, alegando, recurriendo, etc.), poniendo en tela de juicio la responsabilidad que se le atribuye, situando en donde -según tiene dicho nuestro tribunal cimero- resultaría un inútil dispendio de actividad jurisdiccional diferir la consideración de la responsabilidad del tercero citado cuando este ejerció plenamente y sin restricciones su derecho de defensa en la causa. En tal caso, entonces corresponde la inclusión del tercero en los límites subjetivos de la sentencia y la correlativa posibilidad de ejecución en su contra (Díaz Villasuso, Mariano, A., Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Córdoba, Advocatus, pp. 798/9). De acuerdo a la actitud asumida por la entidad financiera, corresponde dilucidar los términos de su participación y si la misma puede ser considerada responsable, tal como ha sido peticionado por la demandada. Además, esta solución es la que mejor sustenta el principio de celeridad y tutela judicial efectiva ya que, de otra forma, obligaría a las partes a tener que iniciar otro proceso a fin de determinar si corresponde o no una acción de regreso entre las mismas, importando un desgaste jurisdiccional innecesario.

A fin de resolver si corresponde o no hacerle extensiva la condena al Banco Santander Rio S.A., cabe señalar cuál es el derecho aplicable a la relación jurídica sustancial debatida entre las partes, en este caso entre la Sra. Ana María Patiño y la entidad financiera. Resulta insoslayable que se está en presencia de una relación de consumo. Le asiste razón a la fiscal interviniente, la Dra. Alicia García de Solavagione, Fiscal Civil, Comercial y Laboral de 1era. Nominación (ff. 447/50 de los autos “Ferreira c/ Patiño” y a ff. 498/502 de los autos “Quinteros y Otros c/ Patiño”), en cuanto dictamina, que se trata de una relación amparada por el Derecho del Consumo. De las constancias de autos, surge que existió entre las partes un vínculo contractual consistente en un préstamo con garantía prendaria, en la que se encuentra subyacente una relación de consumo en los términos de las leyes 25065 y 24240, ya que la demandada y la entidad financiera citada como tercero, se encuentran emplazados dentro de las categorías de “usuaria” y “proveedor”, respectivamente, de acuerdo a los arts. 1 y 2 del mencionado cuerpo legal. En consecuencia, corresponde aplicar los principios rectores y postulados que iluminan la materia, y deberá decidirse conforme a lo establecido en el art. 7 del CCCN, en cuanto a la aplicación inmediata de este a las relaciones de consumo, en la medida que esas disposiciones les sean más favorables al consumidor.

Tanto la Sra. Patiño como el Banco, reconocen que la primera adquirió el vehículo Gol Trend, dominio JJO-113, con un crédito otorgado por el Banco y en garantía de su devolución se constituyó un derecho real de prenda. Coinciden, en que el préstamo ascendía a la suma de pesos treinta y seis mil novecientos treinta y ocho con 88/100, importe que debía restituirse en treinta y seis (36) cuotas mensuales de pesos un mil veintiséis con 08/100 ($ 1026,08) y, además, que en el valor de la cuota se incluía la prima del seguro, que fuera impuesta como obligatorio por el acreedor prendario. Resulta, que al mes de ocurrir el evento dañoso, los fondos existentes en la caja de ahorro, en la cual la Sra. Patiño depositaba mensualmente el dinero necesario a fin de cubrir la cuota del préstamo y la prima del seguro, no eran suficientes, por lo que no se realizaron las imputaciones correspondientes. Se tiene que, por un lado, la Sra. Patiño afirma que ha cumplido acabadamente con cada una de las cuotas convenidas, en tiempo oportuno y con más los gastos que se le han informado. Mientras que el Banco alega que no pudo realizar el pago a la Aseguradora el mes en el que se produjo el accidente, ya que la caja de ahorros de la Sra. Patiño carecía de fondos suficientes. Insiste el Banco, en que al momento del vencimiento de la cuota correspondiente al mes de marzo de 2012, que vencía el día 09/03/2012 y que ascendía a la suma de $ 1328,90, la Sra. Patiño carecía de fondos suficientes para afrontar dicho importe, lo que motivó que la prima del seguro contratado en La Caja S.A., no fuera abonada. Del informe pericial contable llevado a cabo en los autos “Ferreira c/ Quinteros” (ff. 186/90) a fin de dilucidar este extremo, surge que efectivamente al día 23/03/2012 (fecha en que se produjo el accidente), no se había completado el depósito correspondiente a dicho mes por parte de la Sra. Patiño. El perito contable Enrique Cedrón da cuenta que efectivamente la demandada contrató con el Banco Santander Rio S.A. un crédito prendario, afectado a la compra del automóvil dominio JJO- 113. De dicho contrato, surge que la modalidad de pago sería en 36 cuotas mensuales y consecutivas de $ 1026,08, venciendo la primera cuota el día 09/12/10 y las restantes en igual día de los meses siguientes hasta su cancelación, a través de débito automático en cuenta. El contador informa también, que la Cuenta Caja de Ahorro n.° 066-003 795 567, se encuentra destinada al pago de la cuota pactada en el crédito prendario. Además, surge del contrato que fuera celebrado, como de los términos de la traba de la litis, que efectivamente la Sra. Patiño, al pagar la cuota del crédito, incluía el pago de la prima del seguro y era la entidad bancaria la que debía imputar el pago a La Caja de Seguros S.A., debiendo depositarse ambos importes en la misma Caja de Ahorro. En el mes de marzo, al igual que en los meses anteriores, la Sra. Patiño depositó el día 06 (esto es, tres días antes de la fecha del vencimiento), en la Caja de Ahorros abierta a tal fin, el monto correspondiente al mes de marzo por la suma de $ 1315, pero el valor de la cuota de ese mes ascendía a la suma de $ 1328,90. Por lo que el perito concluye que, efectivamente, al día del vencimiento (09/03/2012), los fondos existentes en la cuenta resultaban insuficientes (repuesta j). Ante ello, el Banco alega que al no alcanzar los fondos no realizó ninguna imputación y, por ello, ese mes la prima del seguro no se canceló en tiempo oportuno, lo que le generó a la Sra. Patiño no tener cubierto el siniestro de marras. El punto dirimente a fin de resolver, radica en si la Sra. Patiño conocía o podía conocer, antes de producirse el siniestro, que los fondos depositados en su Caja de Ahorros resultaban insuficientes para cancelar el valor de la cuota del crédito y del seguro, en el mes de marzo. Cabe destacar, que esa diferencia, es una suma ínfima ($ 13,90), lo que evidencia que probablemente se haya tratado más bien de una falta en el deber de información que en una falta de dinero para afrontar el pago. La accionada, al evacuar el traslado de la demanda acompaña una constancia (f. 26), de la que se desprende que efectivamente el valor de la cuota en el mes de marzo ascendía a la suma de $ 1307,35. Por lo que si la misma depositó la suma de $ 1315, tal monto resultaba suficiente para cubrir la totalidad de la cuota. No obstante, al detraerse el valor del préstamo, el mismo ascendía a la suma de $ 1328,90. Por lo que, efectivamente, el valor de la cuota no era de $ 1307,35 y por ello los fondos depositados no alcanzaron. De las constancias de ff. 154/63 se desprende que el valor exacto de las treinta y seis cuotas del préstamo, variaban mes a mes. Ahora bien, no surge de manera concreta cómo era que la Sra. Patiño conocía cuál era el importe exacto que debía depositar en la Caja de Ahorro a fin de cancelar el valor de la cuota. Al ser consultado el perito contable sobre este punto, expresó: “Si bien no se ha especificado puntualmente la modalidad que el Banco Santander Rio S.A. adoptaba para comunicar la modificación y/o aumento de los gastos y/o montos de depósitos a realizar por el tomador del crédito, los usos y costumbres son: carta a domicilio y/o Home Banking, existiendo también el canal de Banca Telefónica” (respuesta 8). De hecho, la constancia que acompaña la demandada a f. 26 en copia simple es un plan de pago informado por el Banco, que textualmente dice “reemplaza al plan de pagos enviado oportunamente”, y que en caso de corresponder (el que debería leerse “en caso que varíen los importes”) serán informadas con la debida anticipación. Quien estaba en mejores condiciones de probar la comunicación que realiza el Banco con sus clientes respecto del valor de las cuotas, era justamente la entidad bancaria. No es otra cosa, que aplicación del principio rector en materia de consumo: la carga dinámica de la prueba, específicamente establecida en la ley 24240. Así las cosas, del art. 53, tercer párrafo de la ley, se desprende que: “Los proveedores deberán aportar al proceso todos los elementos de prueba que obren en su poder, conforme a las características del bien o servicio, prestando la colaboración necesaria para el esclarecimiento de la cuestión debatida en el juicio”. De tal modo, es el Banco Santander quien debió acreditar que había informado de manera fehaciente a la Sra. Patiño, que al día del vencimiento de la cuota (es decir al día 09/03/2012) los fondos depositados resultaban insuficientes para cancelar su obligación (por un saldo mínimo de $ 13,90). Por ello, se provocó que careciera de seguro al producirse el accidente de autos. Sin embargo, el Banco no realizó ninguna actividad probatoria tendiente a acreditar este extremo. Al contrario, se limitó a sostener que al no contar con los fondos de manera íntegra, no pudo imputar el pago, pero omitió invocar haber cumplido acabadamente con el deber de información que pesaba sobre el mismo. Surge, que recién con fecha 26/03/2012 y por un llamado realizado por la entidad bancaria el día sábado 24/03/12 (tal como alega la Sra. Patiño al evacuar el traslado de la demanda), se depositó la suma de pesos cien, ya que había una diferencia que se adeudaba en concepto de mantenimiento de la caja de ahorro. Pero tal comunicación fue realizada con posterioridad al accidente de tránsito, lo que evidentemente fue tardío. En este sentido, la descripción del accionar de la entidad citada como tercera y traída al proceso por la demandada, refleja por sí solo la configuración del incumplimiento de la normativa consumeril imperante, toda vez que se omitió brindarle información veraz, correcta, concreta y principalmente oportuna a su cliente, ya sea antes de formalizar el depósito, del valor exacto de la cuota del mes de marzo de 2012, o bien una vez efectuado el mismo, comunicándole que resultaba insuficiente.

El deber de información se encuentra consagrado explícitamente en el art. 4 de la ley 24240, que dispone: “quienes produzcan, importen, distribuyan o comercialicen cosas o presten servicios, deben suministrar a los consumidores o usuarios, en forma cierta y objetiva, información veraz, detallada, eficaz y suficiente sobre las características esenciales de los mismos". A su vez, dicho deber tiene anclaje directo en el art. 42 de la C.N., consagrándose en un principio de primordial relevancia que tiende a proteger de manera real y efectiva la decisión que adopte el consumidor en relación al consumo o no de un determinado bien o prestación de un servicio. Así, se ha dicho que: “(...) el deber constitucional de brindar una información adecuada y veraz se relaciona directamente con la certeza, autenticidad y comprobabilidad de la misma, en función de la disponibilidad de datos que una parte tiene y de la cual la otra -claramente más débil en la relación jurídica- carece." (S.C.B.A. Ac. B 65834 cit.; en el mismo sentido Ac. C99518, 03/06/09 "Conca Hugo c. Banco de la Provincia de Bs. As.", por la mayoría votó el Dr. de Lázzari).

En este punto, cabe destacar que el banco no acreditó haber informado a su cliente de manera cierta que los fondos existentes en la cuenta resultan exiguos para cancelar la cuota, sino después de producirse el evento dañoso, lo que ocasionó la declinación de cobertura por parte de la compañía aseguradora, recayendo sobre aquella la carga de alegar y demostrar que la demandada fue remisa en a cumplir acabadamente con su obligación, y que la misma se encontraba debidamente informada.

En efecto, tal desinformación a la demandada provocó la declinación de cobertura de la citada en garantía frente a un siniestro, produciéndole un perjuicio innecesario, que se podría haber evitado con una simple comunicación fehaciente o debida información. En este sentido, no debe pasarse por alto el hecho de que el correcto suministro de información busca equiparar los desequilibrios en las relaciones comerciales y la importancia de tal precepto ocasionó su recepción en el Código Civil y Comercial de la Nación, evidenciando, una vez más, la intención del legislador de proteger a los consumidores -como la demandada- frente a los abusos por parte de los proveedores (art. 1100 del CCCN). Estableciendo, además, la aplicación de las disposiciones previstas para los contratos de consumo a los contratos bancarios, de conformidad con lo dispuesto en el art. 1093 del mismo cuerpo legal. Asimismo, debe tenerse presente que la diligencia exigible a una entidad financiera es la de un profesional experto en su actividad, razón por la cual mayor será la obligación que resulta de las consecuencias posibles de los hechos, debiéndose apreciar su conducta no con los parámetros propios de un neófito, sino que debe ajustarse a un standard de responsabilidad agravada, ya que su condición la responsabiliza de una manera especial y le exige una organización acorde con su objeto social, para poder desarrollar idóneamente su finalidad negocial (Trigo Represas, F. y Atilio López Mesa, M.: Tratado de responsabilidad civil, Buenos Aires, 2004, t. IV p. 353).

Por otra parte, la actitud desaprensiva asumida por el Banco denota, por sí sola, un destrato hacia el usuario, censurado por el plexo consumeril y por el art. 1097 del CCCN. En otro sentido, también surge de las demás constancias de autos, que la Sra. Patiño pagaba regularmente las cuotas del préstamos y prima del seguro por lo que, confiada en su buena fe, desconocía que los fondos en el mes de marzo resultaban insuficientes. Por todo lo expuesto, se concluye en que la entidad bancaria incurrió en una conducta a todas luces antijurídica, violatoria del deber de información, trato digno y buena fe, lo que la responsabiliza por los daños que la misma trajo aparejado a su cliente, esto se traduce en el caso, en la falta de seguro para afrontar el accidente de tránsito por el cual fue demandada. Así las cosas, se le debe hacer extensiva la condena, tal como ha sido peticionada por la demandada, la Sra. Patiño, por lo que corresponde rechazar la excepción de falta de acción articulada.

Por otro lado, siendo que en definitiva la declinación de cobertura que prospera respecto de la citada en garantía, se debe a una falta por parte de la entidad bancaria, se considera equitativo imponerle las costas, conforme lo dispuesto en el art. 130 del CPCC, ya que por los motivos expuestos, ha sido responsabilidad del tercero citado que la prima del seguro no esté pagada en término al día de producirse el siniestro.

V) Accidente de tránsito. En cuanto al punto (b) y en especial a la existencia material del hecho, la concordancia existente entre lo manifestado por los actores al demandar, así como el expreso reconocimiento de la demandada Ana María Patiño al contestar la demanda, y lo reconocido al absolver posiciones (ff. 319/20 en autos “Ferreira c/ Patiño”). Como también las pericias mecánicas llevadas a cabo en cada uno de los procesos; permiten afirmar que han quedado suficientemente acreditadas las circunstancias de tiempo, lugar y personas del accidente motivo de ambos juicios. Esto es, la existencia del siniestro acaecido el23/03/2012 y los vehículos intervinientes, sus conductores, hora del suceso y lugar donde se produjo el evento.

VI) Encontrándose acreditados los hechos constitutivos de ambas demandas, es necesario analizar el capítulo de la responsabilidad emergente del accidente de marras. Cabe destacar, en primer lugar, que en lo referente a la forma de producción del mismo o mecánica del accidente, la responsabilidad civil derivada de un accidente de tránsito se asienta en un factor objetivo, el riesgo de la cosa que implica el automóvil en circulación, principio que es receptado normativamente en el art. 1113 del Código Civil (actualmente consagrado en los arts. 1757 y 1769 del Nuevo Cód. Civil y Comercial de la Nación), el cual consagra una “presunción de causalidad”, que solo se enerva con la demostración de que el daño proviene de una causa ajena, sea por hecho del propio damnificado, de un tercero por el que no debe responder o caso fortuito o fuerza mayor. Este principio coincide con el criterio sentado por la Suprema Corte de Justicia in re: "Empresa Nacional de Telecomunicaciones c/ Provincia de Bs. As. y otra" (22/12/87, L.L.-1988-D-296), con nota del Dr. Atilio Alterini, en el sentido de que “el dueño o guardián debe soportar el daño causado al otro, a menos que medie causal eximitoria debidamente comprobada [...]”. El punto a dilucidar es lo referente a la forma de producción del accidente o su mecánica que es lo que se encuentra especialmente controvertido en esta causa. Todas las partes reconocen que el accidente ocurrió en el lugar, día y hora señalados en las demandas, pero disienten en cuanto a la mecánica de su producción. Mientras los actores de ambos juicios afirman que el choque en cadena fue provocado por la Sra. Patiño, que los embistió desde atrás en oportunidad de encontrarse detenidos por estar el semáforo en rojo. La demandada alega que el vehículo Chevrolet Corsa (del Sr. Quinteros), fue quien invadió el carril por el que transitaba, no pudiendo evitar la colisión. Invoca, que el accidente se produjo por el obrar de la propia víctima (el Sr. Quinteros), ya que no observó la regla de tránsito que establece que para cambiarse de carril, debe previamente anunciar su maniobra treinta metros antes de realizarla y con señalares lumínicas (guiños). Por lo que corresponde analizar las probanzas acompañadas a fin de dilucidar la mecánica del hecho. Revisadas todas las constancias, se puede afirmar que de las constancias existentes en ambas causas, se desprende que la mecánica del accidente fue como lo describieron los actores al demandar. Ello surge del informe pericial mecánico obrante en los autos “Ferreira c/ Quinteros” (ff. 278/80), en el que se dictamina que el “El accidente que nos ocupa ocurre el día 23/03/12; hora 13; en circunstancias que el actor circulaba por Av. Juan B. Justo a la altura del n.° 5278, esquina Saavedra Lamas; (esquina semaforizada) este detiene con el automóvil Citroën DS3 -dominio JTW-029, su marcha ante la luz roja del semáforo en ese instante es embestido en su parte trasera por el automóvil Chevrolet -Corsa, dominio DXR-214 con su parte frontal; que este vehículo impacta al primero (Citroën), por efecto del impuso que traía al haber sido también embestido con violencia en su parte trasera por el automóvil Gol Trend, dominio JJO-113, demandado, quien impacta frontalmente. Como vemos, en este choque en cadena, producido por el automóvil Gol - Trend, dominio JJO-113, que al estar detenido el primero y segundo vehículo, el último que fue el Gol - Trend, no tuvo el tiempo necesario de percepción y reacción al accidente” (el destacado me pertenece). En respuesta a la pregunta cuarta el perito Antonio E. Valdez expone: “[...] en consecuencia de acuerdo a las características de este choque, se lo considera EMBISTENTE al automóvil Gol Trend dominio JJO-113”. De modo coincidente resulta la pericia mecánica oficial llevada a cabo en autos “Quinteros y Ot. c/ Patiño), por otro perito experto en la materia, Ing. Sergio Fabián Gallardo. El perito describe la misma mecánica del hecho y, agrega, que el vehículo de la demandada Ana María Patiño no aplicó los frenos para evitar la colisión y también le atribuye la calidad de embistente (conf ff. 300/10). Por otro lado, la demandada alega culpa de la víctima (culpa al Sr. Quinteros conductor del vehículo Chevrolet Corsa), al señalar que ha sido este vehículo el que invadió su carril de circulación, sin preavisar su maniobra, pero no acompañó ningún elemento probatorio tendiente a acreditar la eximente alegada. No habiendo la parte demandada producido prueba fehaciente de que el hecho se produjo como lo describió al contestar la demanda, no puede tenerse por operada la excepción de culpa de la víctima y/o un tercero. El perito de control ofrecido por la citada en garantía, el Ing. Jongewaard de Boer (ff. 288/92 de los autos “Ferreira c/ Patiño”), se limita a contradecir la mecánica descripta por el perito oficial, pero tampoco da argumentos atendibles respecto de que la mecánica haya sido la que describió la Sra. Patiño al evacuar el traslado de la demanda. Es decir, se limita a descalificar las conclusiones del perito oficial el Sr. Valdez, pero sin fundamentación atendible que permita apartarse de sus conclusiones. Es sabido, que los peritos de parte, son asesores técnicos de quien representan, mientras que los peritos oficiales son auxiliares de la justicia y tienen el deber de dictaminar de modo imparcial y objetivo. Por otro lado, aun cuando la mecánica del accidente sea como dice la demandada que fue (que le vehículo corsa fue quien invadió su carril de circulación), resulta dable resaltar, que conforme a la normativa de tránsito vigente, es deber del vehículo que viene detrás mantener una distancia precautoria con el que circula adelante, lo cual evidentemente no ha ocurrido en el caso de autos. Así, la ley provincial de tránsito n.º 8560 establece de manera muy clara en su art. 49: “Todo conductor de un vehículo que circule detrás de otro debe dejar entre ambos un espacio libre que le permita detenerse, en caso de frenado brusco, sin colisionar con él, teniendo en cuenta especialmente la velocidad y las condiciones de adherencia y frenado”. Asimismo, en su art. 84, inc. 23 establece que se encuentra prohibido “[...] Conducir a una distancia del vehículo que lo precede, menor de la prudente, de acuerdo a la velocidad de marcha”. Por otro lado, la Ordenanza Municipal de Tránsito n.° 9981 al determinar las conductas prohibidas en la vía pública, prescribe en su art. 74 inc. d) “Están prohibidas en la vía pública, las siguientes conductas [...]; d) Conducir el vehículo a una distancia del que le precede, menor a la racionalmente aconsejable, según las condiciones climatológicas de la vía por la que se transita, la velocidad de circulación y el tipo de vehículo que se conduce (...)”. Igualmente, en el art. 81 de la citada Ordenanza, se establece que el conductor debe circular a una velocidad tal que le permita tener siempre el total dominio de su vehículo. Es decir, la Sra. Patiño no acreditó por ningún medio la eximente alegada, pese a recaer sobre ella la carga probatoria. Es de resaltar, que conforme a la descripción dada de los hechos, surge la falta de dominio de la Sra. Patiño sobre su rodado, lo que torna negligente e imprudente su conducta y la hace responsable de la reparación de los daños causados. Por lo referido ut supra, corresponde tener por acreditada la versión de los actores, relativa al accidente, tal como lo relataran en sus demandas. Lo cual pone de manifiesto la responsabilidad de la demandada Ana María Patiño como propietaria y conductora del auto Gol Trend dominio JJO-113, y su consiguiente obligación de resarcir el perjuicio ocasionado (arts. 1113 y 1109, respectivamente, del C. Civil; hoy arts. 1722 y 1724 del CCyC); sin que lo expresado entrañe adelantar opinión sobre la procedencia de los daños reclamados por cada uno de los actores.

VII) Acreditada la existencia material del hecho, su mecánica y la responsabilidad de la demandada en ambas causas, corresponde analizar los restantes elementos de prueba a fin de determinar si revisten idoneidad suficiente como para haber producido los daños cuya indemnización se reclaman, lo que se tratará en forma diferenciada. Ingresando al capítulo resarcitorio, cuadra verificar la existencia, extensión y cuantía de los daños invocados (c). VIII) En los autos caratulados “Ferreira, Guillermo Javier c/ Patiño, Ana María -- ord.”. El propietario del automóvil Citroën DS3, dominio JTW-029, Guillermo Javier Ferreira, reclama los daños en su vehículo, por repuestos y mano de obra ($ 22 000), lucro cesante ($ 2000) y, finalmente, por desvalorización venal la suma de $ 4450 (morigera todos los montos inicialmente reclamados al alegar, al haber ajustado su pretensión a lo que en más o en menos resultara de la prueba a rendirse en autos). Por lo que corresponde pasar al examen de las pretensiones económicas, teniendo presente que: "[...] Para tener derecho a la indemnización por daños la víctima debe demostrar el perjuicio efectivamente sufrido, esto es, hablando de daño emergente, el menoscabo patrimonial causado por el acto ilícito" (T.S.J., Sala Civil, Comercial y Contencioso Administrativo, sent. n.º 61, 13/12/85. Causa: "Casa Álvarez S.R.L. c/ Julio López y otros - Ordinario - Recurso de revisión", en "Foro de Córdoba - Cuadernos de Jurisprudencia - Tribunal Superior de Justicia - Sala Civil y Comercial - VI", p. 260/1).

Parafraseando a la Dra. Zavala de González, el daño emergente se traduce “en la privación o en la disminución de bienes integrantes del patrimonio” (empobrecimiento económico: egreso de valores) (Matilde Zavala de González, Actuaciones por daños, p. 118).

Respecto de este rubro consistente en daño material al vehículo del Sr. Ferreira, se ofrece una pericial mecánica a fin de que se cuantifiquen los daños causados en el rodado. Se lleva a cabo a tal fin la pericial mecánica obrante a ff. 278/80, en la cual el perito oficial Antonio Esteban Valdez, dictamina que los daños sufridos por el automóvil Citroën DS3 se localizan en toda su parte trasera. Detalla cada uno de los daños. Y refiere que el costo para la reparación alcanza, en concepto de repuestos, la suma de $ 9600 (con IVA incluido), por mano de obra $ 12 400 (incluye chapa y pintura), haciendo un total de pesos veintidós mil ($ 22 000). Por lo que este rubro debe prosperar íntegramente, por encontrarse debidamente acreditado. Además, al alegar el actor ajusta su pretensión a estos montos determinados por el perito oficial.

Respecto de los intereses para el rubro de daño material, se comparte el criterio adoptado por la Excma. Cámara de 5ta. Nominación de esta ciudad, en la causa “Sosa Baigorria, Tomás Manuel c/ Disco S.A. - Ordinario - Otros - Recurso de Apelación - Expte. N° 1265191/36” (Sent. N° 66 del 27/04/2015), en la que, confirmando el pronunciamiento de primera instancia, se aplicó una tasa pura, desprovista de componentes inflacionarios (a razón del 8% anual), desde la fecha del evento dañoso y hasta aquella en que se cuantificó el perjuicio. Y desde allí en adelante, los intereses habituales (tasa pasiva que publica el B.C.R.A. con más el 2% nominal mensual), considerando que desde ese momento, se debe contemplar un ajuste por inflación. Por lo expuesto, los intereses sobre el rubro daño al rodado y gastos de reparación deben ser calculados desde la fecha del evento dañoso (23/03/2012) y hasta la revalorización formulada por el perito (17/09/2013) a razón de un ocho por ciento (8%) anual; y desde allí y hasta su efectivo pago, la tasa pasiva del B.C.R.A. con más el 2% nominal mensual.

El Sr. Ferreira, reclama en concepto de lucro cesante, la suma de pesos dos mil (ver. f. 398 vta.). En la demanda, manifiesta que se desempeña como comerciante y su automóvil es el único medio de movilidad con el que cuenta para dirigirse a sus negocios, los que se encuentran distribuidos a lo largo de la provincia. De lo expuesto y de las precisiones realizadas al alegar, se considera que lo realmente reclamado por el Sr. Ferreira es la privación del uso del rodado y no la ganancia dejada de percibir (lucro cesante) por no contar con su vehículo. Así las cosas, corresponde re-encuadrar este rubro como privación de uso, en virtud del principio iura novit curia. Se presume que quien tiene un vehículo lo utiliza con un fin redituable, de cualquier tipo que sea. El monto debe determinarse moderadamente, teniendo en cuenta las características del caso, los precios de los traslados en transportes públicos de pasajeros (por ej.: taxis) a la fecha de la privación de uso. En este sentido, la jurisprudencia sostiene: "[...] Para conceder la indemnización por la privación del uso del rodado, es suficiente acreditar que durante un tiempo determinado se sufrió la indisponibilidad del mismo. No hace falta probar un perjuicio real y positivo, ya que se presume un detrimento al darse por sentado que quien tiene un vehículo es porque lo usa o debe contar con la posibilidad de usarlo.”(Conf. C.1.°C.C. San Isidro, sala I, junio 30-987 -Gandini, Aldo H. c. Luna C. y otros - DJ, 1987-2-767" véase Digesto práctico La Ley, Daños y perjuicios III, pág. 407). Esto es aplicable, lógicamente, a casos donde se reclama el valor de traslados promedio y habituales. El actor, ajusta su pretensión al alegar y estima que el tiempo de reparación será de al menos diez días y estima un gasto diario de pesos doscientos. El perito no fue consultado al respecto, pero lo cierto es que algún tiempo debió llevó reparar el vehículo del actor. Por ello, al no haberse acreditado este lapso, se fijará prudencialmente en el plazo estimado por el actor de diez días (al alegar), considerando los arreglos a realizar conforme fuera dictaminado por el perito oficial y estimando que el plazo de diez invocado luce como razonable. No obstante ello, a fin de cuantificar el mismo, corresponde tomar el valor diario reclamado en la demanda de pesos cien ($ 100), ya que no luce abultado ni exagerado si se tiene en cuenta el valor promedio del transporte público en nuestra ciudad al suceder el hecho (agosto 2012). Si bien el actor incrementa el monto diario a pesos doscientos al alegar (conf. f. 398 vta.), no da ninguna explicación de porqué inicialmente reclamó la suma diaria de cien y al alegar duplicó su valor. Si bien puede el actor al alegar ajustar su pretensión en función de la prueba rendida en autos, no puede variar su pretensión económica sin al menos dar razones fundadas. Por lo que se considera que este rubro debe prosperar parcialmente, pero por el monto de pesos mil ($ 1000), es decir por el lapso de diez días a razón de $ 100 por día.

Los intereses correrán desde el quinto día, contados a partir de la fecha del hecho, por ser este el término medio de los diez días necesarios para realizar los arreglos conforme lo indicado, es decir desde el 29/03/2012, y hasta el efectivo pago (conf. Zavala de González, Doctrina judicial. Solución de casos, ed.: 1995, p. 199).

Finalmente respecto al rubro desvalorización del vehículo, al ser consultado el perito mecánico oficial, este respondió (pregunta 5): “Como consecuencia de este evento dañoso el automóvil Citroën DS3 del actor, sufrió daños en su parte estructural como lo es el piso del baúl; por ello se estima una desvalorización de un cinco por ciento (5%) de su precio de reventa en el mercado del usado [...]”. Seguidamente estima que el valor del vehículo es de pesos ochenta y nueve mil, conforme la revista INFOAUTOS. Así, cuantifica este rubro en la suma de pesos cuatro mil cuatrocientos cincuenta ($ 4450), lo que representa el 5% del valor de mercado del vehículo (y no el 6% como luego refiere). El perito de control Germán Eduardo Jongewaard de Boer (a ff. 288/92) presenta su informe en disidencia con el perito oficial e indica, que el perito oficial no establece en su informe que haya tenido a la vista el vehículo del actor a fin de llegar a la conclusión a la que arribó, y menos aún señala cuales son las secuelas que ha detectado luego de la reparación integral del mismo. Por lo que concluye que resulta imposible que el vehículo del actor haya sufrido algún tipo de daño que pueda hacer viable la pretendida desvalorización. No obstante ello, pasa de alto el perito de control que el perito oficial indicó expresamente que: “[...] sufrió daños en su parte estructural como lo es el piso del baú [...]”. Es decir, sí individualizó qué parte del rodado padeció un detrimento de tipo estructural, por el que resulta viable la pretensión por desvalorización venal. Debe señalarse, que el perito oficial da las razones de la desvalorización venal, por lo que resulta convincente lo dictaminado. Además, el porcentaje señalado por el perito es bajo (5%). Cabe destacar, que una cosa es recomponer un objeto de modo que recupere, en lo básico, su situación precedente al hecho, y otra es que esa recomposición pueda logarse sin dejar rastro de ella porque, lógicamente, si quedan huellas o indicios se produce una retracción en la demanda y una incidencia negativa en el precio del bien (Zavala de González, Matilde, Doctrina judicial. Solución de casos, t. I, Editorial Alveroni, Córdoba, 1998, p. 218). La misma autora, a f. 220 afirma que la desvalorización venal es procedente a pesar de que el bien no haya sido reparado. Fundamenta su postura en el sentido de que una opinión experta puede anticipar, bajo un juicio hipotético, cómo quedará el bien luego de ser reparado, a pesar de que ello no se haya todavía realizado, y bajo la premisa futura de una reparación idónea y eficiente (Zavala de González, ob. cit. p. 220). El actor en su demanda cuantificó este rubro en la suma de pesos dieciséis mil, pero al alegar ajusta su pretensión a la pericial mecánica rendida en autos y peticiona la suma de pesos cuatro mil cuatrocientos cincuenta ($ 4450), tal como fuera dictaminado por el perito oficial, lo que representa el 5% del valor de mercado del bien ($ 89 000), por lo que este rubro debe prosperar íntegramente.

Para este supuesto rige la mora ex re, es decir que los intereses del rubro se computarán desde la fecha del accidente, el día 23/03/2012, hasta su efectivo pago.

IX) En los autos caratulados “Quinteros, Eduardo y otros c/ Patiño, Ana María - ord.”. La propietaria del automóvil Chevrolet Corsa, dominio DXR-214, Verónica Alejandra Quinteros, reclama los daños en su vehículo, por daño emergente, repuestos y mano de obra por la suma de $ 51 730, desvalorización venal la suma de $ 11 360 y finalmente por privación de uso la suma de pesos trescientos (morigera todos los montos inicialmente reclamados al alegar, al haber ajustado su pretensión a lo que en más o en menos resultara de la prueba a rendirse en autos). Por lo que corresponde pasar al examen de las pretensiones económicas.

Respecto del daño emergente, la co-actora reclama lo consistente en el daño material ocasionado a su vehículo. A tal fin, también se ofrece una pericial mecánica a fin de que se cuantifiquen los daños causados en el rodado. La misma consta realizada a ff. 300/10, en la cual el perito oficial, Ing. Sergio Fabián Gallardo, dictamina los daños sufridos por el automóvil Chevrolet Corsa Wind 1.6, modelo 2002, dominio DXR-214, el cual fue puesto a disposición del perito. Informa cada uno de los daños producidos y determina su identidad (ff. 302/3). Refiere cada uno de los daños que observa, algunos están calificados como “destruido” lo que implica que debe cambiarse por unos nuevos, y otros como “afectados”, los que deberán ser reparados. Cuantifica el daño material, distinguiendo por un lado el costo de la mano de obra más pintura ($ 24 000) y por el otro el costo de los repuestos ($ 27 270), alcanzando un total por este rubro de $ 51 730. Así las cosas, se estima que este rubro debe prosperar íntegramente, por encontrarse debidamente acreditado. Además, al alegar la co-actora ajusta su pretensión a este monto determinado por el perito oficial.

Los intereses para el rubro de daño material, fueron solicitados desde la fecha del accidente, lo que así debe otorgarse, con la siguiente salvedad. Se comparto el criterio adoptado por la Excma. Cámara 5ta. Nominación de esta ciudad, en la causa “Sosa Baigorria, Tomás Manuel c/ Disco S.A. - Ordinario - Otros - Recurso de Apelación - Expte. N° 1265191/36” (Sent. N° 66 del 27/04/2015), en la que, confirmando el pronunciamiento de primera instancia, se aplicó una tasa pura, desprovista de componentes inflacionarios (a razón del 8% anual), desde la fecha del evento dañoso y hasta aquella en que se cuantificó el perjuicio. Y desde allí en adelante, los intereses habituales (tasa pasiva que publica el B.C.R.A. con más el 2% nominal mensual), considerando que desde ese momento, debe contemplar un ajuste por inflación. Por lo expuesto, los intereses sobre el rubro daño al rodado y gastos de reparación deben ser calculados desde la fecha del evento dañoso (23/03/2012) y hasta la revalorización formulada por el perito (17/09/2013) a razón de un ocho por ciento (8%) anual; y desde allí hasta su efectivo pago, la tasa pasiva del B.C.R.A. más el 2% nominal mensual.

Respecto al rubro desvalorización del vehículo, al ser consultado el perito mecánico oficial respondió (pregunta 4): “Del análisis realizado por el suscripto y teniendo en cuenta los daños recibidos en su parte estructural trasera y delantera del rodado Chevrolet Corsa, Dom: DXR-214, lo lleva a determinar que el mismo presenta una desvalorización del orden del 20%. Considera que la parte estructural del rodado, por más que la reparen y la lleven a su posición original, queda afectada para siempre ya que sus propiedades físicas fueron alteradas y no se va a volver a comportar según fue diseñado. El perito oficial inicia el dictamen describiendo el estado general del vehículo siniestrado y determina que “De la inspección técnica realizada al rodado de propiedad de la actora Chevrolet Corsa Dom. DXR-214, presenta las siguientes observaciones a raíz del siniestro que nos convoca. Se observa, que al mismo le han cambiado las partes vitales de la estructura como por ejemplo travesaño delantero, porta ópticas, óptica trasera, espejo retrovisor, capot, soporte ventilador, radiador AA, paragolpes trasero y delantero. El estado general del vehículo es regular ya que presentan imperfecciones de la reparación y las luces de las puertas no quedaron bien, como así la pintura no la tiene realizada, A simple vista se observa que el mismo ha sido partícipe de un siniestro. Seguidamente, estima que el valor del vehículo en el mercado del usado es de $ 56 800. Por lo que el monto por este rubro que alcanza la suma de pesos once mil trescientos sesenta, monto que así fue peticionado al alegar, debe prosperar, ya que el dictamen pericial resulta ser el único elemento probatorio a fin de acreditar este rubro, tanto su procedencia como su importe, no habiendo informe pericial en disidencia que valorar. Para este supuesto rige la mora ex re, es decir que los intereses del rubro se computarán desde la fecha del accidente, el día 23/03/2012, hasta su efectivo pago.

Finalmente, en cuanto al rubro “privación de uso”, la accionante reclama la suma de pesos sesenta diarios, por un lapso de cinco días, tal como surge del alegato, ajustando su pretensión a lo dictaminado por el perito oficial. Se presume que quien tiene un vehículo lo utiliza con un fin redituable, de cualquier tipo que sea. El monto debe determinarse moderadamente, teniendo en cuenta las características del caso, los precios de los traslados en transportes públicos de pasajeros (por ej.: taxis) a la fecha de la privación de uso. En este sentido, la jurisprudencia sostiene: "[...] Para conceder la indemnización por la privación del uso del rodado, es suficiente acreditar que durante un tiempo determinado se sufrió la indisponibilidad del mismo. No hace falta probar un perjuicio real y positivo, ya que se presume un detrimento al darse por sentado que quien tiene un vehículo es porque lo usa o debe contar con la posibilidad de usarlo.”(Conf. C.1.°C.C. San Isidro, sala I, junio 30-987 - Gandini, Aldo H. c. Luna C. y otros - DJ, 1987-2-767", véase Digesto práctico La Ley, Daños y perjuicios III, pág. 407). Esto es aplicable, lógicamente, a casos donde se reclama el valor de traslados promedio y habituales. En cuanto al lapso, el perito Sergio Fabián Gallardo señala: “Para dichas tareas el suscripto las estima de un total de horas hombre de mano de obra especializada en 40 h,; (siendo la jornada laboral de 8 h, . 5 días)[...]”. En la demanda la co-actora expuso que estuvo privada de contar con su vehículo por el lapso de siete meses, pero al alegar ajusta su pretensión a lo dictaminado por el perito oficial (5 días), por el mismo valor diario reclamado ($ 60), el que no luce abultado ni exagerado, como ya se mencionó supra. Así las cosas, este rubro debe prosperar por la suma de pesos trescientos ($ 300), tal como ha sido peticionado por la co-actora.

Los intereses correrán desde el tercer día, contados a partir de la fecha del accidente, por ser este el término medio de los cinco días necesarios para realizar los arreglos conforme lo indicado, es decir desde el 26/03/2012 y hasta el efectivo pago (conf. Zavala de González, Doctrina judicial. Solución de casos, ed.: 1995, p. 199).

X) El co-actor Eduardo Urbino Quinterosreclama, en concepto de incapacidad sobreviniente la suma de pesos $ 69 161,18, por daño moral y daño psicológico la suma de pesos diez mil por cada concepto.

Respecto del rubro de incapacidad sobrevinienteque reclama, se deben hacer algunas consideraciones. En la demanda, cuantifican el rubro con la aplicación de la fórmula Marshall, sin distinguir si reclaman lucro cesante pasado y/o futuro y/o pérdida de chances pasadas o futuros. Al alegar, expresamente solicitan que el cálculo para este rubro se haga conforme a la fórmula Marshall, pero teniendo en cuenta que para la pérdida de chance se debe hacer la disquisición de chance pasada y futura que delimita estadios durante el tiempo del litigio, en efecto, atendiendo al antes y después de la sentencia [...]” (f. 433 vta.). De tal modo, se desprende que lo reclamado por los actores es la pérdida de chance padecida, en función de la incapacidad psicofísicas que les dejó el accidente de tránsito. En cuanto a los parámetros, señalan que deberá tomarse como tope de edad la “vida laborable” de 65 años y dos Salarios Mínimo Vital y Móvil a la fecha del accidente, el que alcanza la suma de pesos dos mil trescientos cada uno. El Sr. Eduardo Urbino Quinteros sostiene que como consecuencia del accidente, padece una incapacidad parcial y permanente del 15% de la T.O. De las constancias de la causa (historia clínica f. 36 y 228/39) y principalmente de la pericial médica obrante a ff. 284/7 y pericial psiquiátrica (ff. 251/6), se desprende que el actor acreditó las lesiones psico-físicas invocadas. La pericia médica oficial le otorga al actor una incapacidad parcial y permanente de un 3% de la T.O. y la pericia psiquiátrica un 15% de la T.O. Al respecto, cabe consignar que lo dictaminado por los peritos oficiales es congruente con las constancias de la causa y la mecánica del accidente, en cuanto a la entidad de las lesiones productoras de la incapacidad informada. La parte demandada no presentó informe en disidencia a los fines de desvirtuar las conclusiones de los peritos oficiales. Se puede afirmar que las pericias representan la pieza probatoria más apta para dilucidar la cuestión sujeta a decisión, por tratarse de la opinión de un especialista acerca del área propia de su conocimiento, sobre las cuales no es mucho lo que puede conocer el juez. Se debe resaltar, además, que ambos peritos afirman, que existe relación causal entre las patologías reclamadas y el accidente de marras. En función de la fórmula Balthazard, que consiste en sumar las incapacidades parciales calculadas sucesivamente, en relación con la incapacidad restante que resulte del cálculo de cada una de ellas (T.S.J., sala Cont. Adm., en L.L.C. 2001, 14, con nota de María Guillot DT 2001-B, 1282), se obtiene una incapacidad residual total del 17,55% de la T.O.

Respecto de los ingresos del Sr. Quinteros, se debe resaltar en primer lugar que se trata de una persona que percibe una jubilación (conforme surge de lo manifestado al demandar). Se tiene, que el actor nació con fecha 25/01/1958, conforme surge de las constancias de f. 25, por lo que se acredita así la edad del co-actor (al día de esta resolución tiene la edad de 61 años). Siguiendo para este supuesto lo ya expresado por el Máximo Tribunal Provincial, en el sentido de que el hecho de que se trate de una persona jubilada no es un obstáculo para la indemnización, toda vez que ni la jubilación ni la edad avanzada constituyen per se el cese automático de la productividad de un sujeto (TSJ, Sala Civ. y Com., sent. 68 de fecha 25/06/08, en autos: “Dutto, Aldo Secundino c/ América Yolanda Carranza y otro- Ord.). En Este mismo precedente, se sostuvo que: “La circunstancia de que la accionante en la demanda haya reclamado la indemnización por incapacidad ´laborativa´ no impide considerar que el resarcimiento en concepto de la incapacidad sobreviniente fuera, en verdad, a título de incapacidad ´vital´. Ello es así porque la calificación jurídica en torno a determinar si procede la indemnización peticionada a título de incapacidad laborativa o si- por el contrario- lo es en concepto de incapacidad vital, es una cuestión de estricto derecho cuyo esclarecimiento incumbe libremente a los tribunales con independencia de la conceptuación que hubieren hecho las partes”. Es decir, no puede hablarse de “capacidad productiva” ni chances disvaliosas de desempleo o de productividad. Sin embargo, la productividad de las personas no cesa en esa oportunidad pues, en la mayoría de los supuestos, los jubilados conservan aptitud para desempeñar otras tareas materialmente provechosas, aunque no se retribuyan en dinero (Zavala de González, Matilde - Doctrina judicial, solución de casos 6, ed. 2004, p. 144). Además, resulta obvio que la salud física es necesaria y deseable en cualquier momento de la vida. En todo ámbito vital, incluido el productivo, se requiere normalidad para adoptar posturas corporales y moverse sin limitaciones, esfuerzos excesivos, ni dolor, que sí configuran la incapacidad parcial de la actora (Zavala de González, Matilde - Doctrina judicial, solución de casos 6, ed. 2004, p. 49). Por otro lado, se desprende que si bien al alegar nombran al rubro como “pérdida de chance”, lo que reclaman es lucro cesante en cuanto que al cuantificar el rubro no realizan ninguna disminución de lo que resulta de la fórmula. La calificación jurídica del daño como pasado o futuro es una tarea que realiza el juez al momento de dictar sentencia. Tarea cuyo cumplimiento requiere evaluar los hechos y pretensiones que integran la litis, y asignarles el rótulo que en derecho corresponda, con prescindencia incluso del nombre que le hubieran dado las partes en sus escritos de postulación (T.S.J., sentencia n.° 73 de fecha 08/08/2017, en autos: “Mamondi, Ana Laura y Otro c/ Ferreira, Julio Cesar y Ot.” - Ordinario - R. de Casación - exp. n.° 5 501 133). En otro precedente, el T.S.J. sostuvo que: “[...] El error en que la propia parte incurra en la nomenclatura (nomen iuris) que le asigna a un determinado capítulo de los daños cuyo resarcimiento se reclama, no resulta vinculante para los jueces, los cuales pueden -y hasta deben- encuadrar los hechos que alegan los litigantes como sustento del perjuicio que se invoca en los conceptos y normas que sean realmente aplicables.

” [TSJ, Sala CyC, in re: "Spreafico, Julia E. c/ Telecom Argentina y/o Telecom Argentina S.A. y Ot.- ord. - R. directo (Expte. Letra “S” n° 19/00)"Sent. Nº 54 del 23.05.01]. El accionante ha pretendido que se resarza su incapacidad sobreviniente, desde el mismo momento de su producción, conforme los términos que empleó al demandar. Es decir, si bien ellos nombran al rubro en el alegato como “pérdida de chance”, lo que reclaman es estrictamente “lucro cesante”, en cuanto que al cuantificar el rubro no realizan ninguna disminución de lo que resulta de la fórmula y además no reclaman por la privación de oportunidades de progreso y riesgo de desocupación y/o pérdida del empleo actual. En este mismo sentido se pronunció el T.S.J. en el precedente ya citado: “[...] la víctima no ha logrado acreditar -fehacientemente- el exacto valor económico del daño patrimonial sufrido a raíz de su incapacitación. Sin embargo, tal como se explicitó anteriormente, ello no obsta a la procedencia de la indemnización sufrida en su faz vital” (“Dutto, Aldo S. c/ América Yolanda Carranza...”). Así las cosas, corresponde distinguir, tal como lo aclaró al alegar, por un lado el lucro cesante pasado y por otro el lucro cesante futuro.

Respecto del lucro cesante pasado, debe partirse de los ingresos que percibía el actor Eduardo Urbino Quinteros. A tal fin, al ser jubilado, deberá tomarse en consideración el monto del Salario Mínimo Vital y Móvil a la fecha del accidente ($ 2300) (Resol. 02/11 y 03/11 del C.N.E.P. y S.M.V. y M. B.O. 30/08/11 Y 19/09/11), considerado por el Máximo Tribunal provincial como una pauta razonable a fin de cuantificar este rubro. “El sueldo mínimo vigente al tiempo del acaecimiento del siniestro resulta una pauta razonable para establecer el quantum de la indemnización reclamada”(T.S.J., “Dutto, Aldo Secundino c/ América Yolanda Carranza...”). Así, a fin de cuantificar el lucro cesante pasado, cabe realizar los cálculos pertinentes a los fines de efectuar el cómputo lineal de las ganancias, debiendo multiplicarse el ingreso mensual fijado ($ 2300), en base a la incapacidad informada (17,55% de la T.O.), lo que representa la suma mensual de $ 403,65, por el tiempo transcurrido desde la fecha del hecho (23/03/2012), hasta la fecha de la sentencia, lo que representa 89 periodos completos (del mes de abril del año 2012 al mes de agosto del año 2019, inclusive), con más los días proporcionales del mes de marzo (8 días lo que representa la suma de pesos $ 104,16). Efectuados los cálculos de rigor, determinan que la indemnización por lucro cesante pasado, asciende a la suma de pesos treinta y seis mil veintinueve ($ 36 029).

Los intereses moratorios de tal rubro se devengan desde cada oportunidad en que debió percibirse la suma frustrada (es decir los $ 403,65 al día 10 de cada mes), cálculo que se difiere para la etapa de ejecución de sentencia.

Respecto del lucro cesante futuro, es necesario integrar en sus diversos elementos la versión simplificada de la clásica fórmula Marshall, denominada Las Heras - Requena: C = a por b: donde “C” es el monto indemnizatorio a averiguar; “a” equivale a la disminución de ingresos multiplicada por doce meses (no se trata de trabajador en relación de dependencia) a lo que se suma un interés puro de entre 6/8% anual; y “b” equivale al lapso total de períodos a resarcir, según la tabla de coeficientes relativos (Zavala de González, Matilde, Resarcimiento de daños , t. 4: Presupuestos y fundamentos del derecho de daños, p. 497; y Zavala de González, Matilde, Doctrina Judicial- solución de casos t.3, ed. 2000, p. 120). El actor solicita que este cálculo se haga hasta la edad de los 65 años, lo que así corresponde en estricto cumplimiento del principio de congruencia, aunque no hay impedimento para calcular la indemnización por lucro cesante futuro hasta los setenta y dos años (Diario Jurídico, 20/04/11; y Foro de Cba. n.° 105, pp. 199/200), máxime si lo que se resarce es la incapacidad vital del sujeto. Ateniéndose a lo dicho y a lo peticionado por el accionante, procede tomar como tope los sesenta y cinco años. Para obtener el resultado de “a” se debe partir de las ganancias del actor. Como ya se estipuló supra,el actor al alegar solicita que se tomen dos Salarios Mínimos Vitales y Móviles a la fecha del accidente (es decir la suma de $ 4600), sin pedir que el mismo se actualice a la fecha de esta resolución, o como en otros precedentes jurisprudenciales se tome el Salario Mínimo Vital y Móvil vigente a la fecha de la sentencia (que a la fecha es de $ 15 625). Por ello, y en función del principio de congruencia que debe imperar en toda resolución judicial (art. 330 del CPCC), Debe tomarse este salario solicitado por el actor, por tratarse de una cuestión puramente patrimonial y por ende renunciable. Esto, multiplicado por 12 meses (no acreditó ni invocó ser asalariado, ya que es jubilado), más un interés del 6% anual, tal como lo solicitase en la demanda. A su vez debe multiplicarse por el porcentaje de incapacidad determinado por los peritos intervinientes 17,55% T.O., conforme se expresara supra. Al resultado así obtenido se lo debe multiplicar por el coeficiente de aplicación equivalente al periodo a resarcir (3,4651). Finalmente, este coeficiente correlativo a utilizar será el correspondiente al número de años que median entre la fecha de la presente sentencia, pues el cálculo no puede arrancar desde la fecha del accidente porque queda encuadrado como lucro cesante pasado. Es decir, que se debe tomar el coeficiente correspondiente a 4 periodos; si bien no obra en autos la partida de nacimiento del actor, la fecha de nacimiento del Sr. Eduardo Urbino Quinteros data del 25/01/1958 (ver f. 25), lo que nos brinda la edad de la víctima a la fecha de la presente sentencia (61 años) y tomando como tope la edad 65 años (tal como se fijó supra), nos arroja un coeficiente de 3,4651, según la tabla de la página web del Poder Judicial de la Provincia de Córdoba. Así, el monto a indemnizar por lucro cesante futuro alcanza la suma de $ 35 582,61.

Por la propia futuridad del rubro, los intereses se computarán desde la fecha de la presente sentencia hasta el efectivo pago (TSJ, en DJ on line 07/12/09).

XI) La co-actora Nancy Edith Rojas de Quinteros, reclama, en concepto de incapacidad sobreviniente, la suma de pesos $ 71 812,37, por daño moral y daño psicológico la suma de pesos diez mil por cada concepto.

Respecto del rubro de incapacidad sobrevinienteque se reclama, se deben hacer algunas consideraciones. Al igual que co-actor Eduardo Urbino Quinteros, en la demanda, cuantifican el rubro con la aplicación de la fórmula Marshall, y sin distinguir si reclaman lucro cesante pasado y/o futuro y/o pérdida de chances pasadas o futuros. Al alegar, expresamente solicitan que el cálculo para este rubro, debe hacerse conforme la fórmula Marshall, pero teniendo en cuenta que para la pérdida de chance, se debe hacer la disquisición de chance pasada y futura que delimita estadios durante el tiempo del litigio, en efecto, atendiendo al antes y después de la sentencia...” (f. 433 vta.). Así las cosas, tal como se estableció precedentemente, se cuantificará este rubro como lucro cesante pasado y futuro. La actora, expresa que no contaba con un salario mensual, al desenvolverse en el ámbito del hogar como ama de casa. En cuanto a los parámetros, señala que deberá tomarse como tope de edad la “vida laborable” de 65 años y un Salario Mínimo Vital y Móvil a la fecha del accidente y en el alegato eleva a dos salarios, el que alcanza la suma de pesos dos mil trescientos cada uno. La Sra. Rojas de Quinteros sostiene, que como consecuencia del accidente, padece una incapacidad parcial y permanente del 20% de la T.O. De las constancias de la causa (historia clínica f. 38 y 228/39) y principalmente de la pericial médica obrante a ff. 281/3 y pericial psiquiátrica (ff. 251/6), se desprende que la co-actora acreditó las lesiones psico-físicas invocadas. La pericia médica oficial le otorga a la accionante una incapacidad parcial y permanente de un 5% de la T.O. y la pericia psiquiátrica, un 20% de la T.O. Al respecto, cabe consignar que lo dictaminado por los peritos oficiales es congruente con las constancias de la causa, y mecánica del accidente en cuanto a la entidad de las lesiones productoras de la incapacidad informada. Ello, de acuerdo a la fórmula Balthazard, que consiste en sumar las incapacidades parciales calculadas sucesivamente en relación con la incapacidad restante que resulte del cálculo de cada una de ellas (T.S.J., sala Cont. Adm., en L.L.C. 2001, 14, con nota de María Guillot DT 2001-B, 1282), arroja una incapacidad residual total del 24% de la T.O. Respecto de los ingresos de la Sra. Nancy Edith Rojas de Quinteros, se debe resaltar en primer lugar que se trata de una mujer que se dedica a los quehaceres domésticos en el marco de su hogar. Se debe traer a colación el reciente fallo de la Excma. Cámara Quinta que determinó que no se debería hacer ningún recorte ni reducción a la indemnización a acordar, en función de la actividad desempeñada por la misma, en atención a los Tratados Internaciones con jerarquía constitucional que se traducen en eliminar cualquier discriminación en razón del género. Destacó el fallo: “Tal como señala María de los Ángeles Palacio de Arato en “Mujer, género y derechos humanos. Resoluciones Jurisprudenciales desde una perspectiva de género”, la discriminación en razón del género está prohibida en la Constitución Nacional y en los tratados con jerarquía constitucional (artículos 37, y 75, incisos 22 y 23, de la Constitución Nacional; 1.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 3 del Pacto Internacional de Derechos Sociales, Económicos y Culturales; II de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 2 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; y Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer). La Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer en su artículo 1 establece “A los efectos de la presente Convención, la expresión “discriminación contra la mujer” denotará toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural y civil o en cualquier otra esfera” (resaltado agregado). En su artículo 2, inciso c, por su parte, dispone: “...c) Establecer la protección jurídica de los derechos de la mujer sobre una base de igualdad con los del hombre y garantizar, por conducto de los tribunales nacionales competentes y de otras instituciones públicas, la protección efectiva de la mujer contra todo acto de discriminación;...”. Así las cosas, no puede sino resolverse teniendo en miras la actualidad imperante en la materia ya que resolver, con perspectiva de género no es una opción, sino una obligación para los Tribunales. En este caso, al igual que con el Sr. Eduardo Urbino Quinteros, no se indemniza “la productividad del sujeto”, sino su incapacidad vital. En cuanto a lo que reclama, sucede lo mismo que con el co-actor, el Sr. Quinteros, en que si bien al alegar nombran al rubro como “pérdida de chance”, lo que reclaman es estrictamente lucro cesante por cuanto al cuantificar el rubro no realizan ninguna disminución de lo que resulta de la fórmula, y además no reclaman por la privación de oportunidades de progreso y riesgo de desocupación y/o pérdida del empleo actual. La accionante pretende que se resarza su incapacidad sobreviniente, desde el mismo momento de su producción, conforme a los términos que empleó al demandar. Así las cosas, corresponde distinguir, tal como lo aclaró al alegar, por un lado el lucro cesante pasado y el lucro cesante futuro, por las mismas consideraciones formuladas supra.

Respecto del lucro cesante pasado, debe partirse de los ingresos que percibía la co-actora Nancy Edith Rojas de Quinteros. A tal fin, al ser ama de casa, deberá tomarse en consideración el monto del Salario Mínimo Vital y Móvil a la fecha del accidente ($ 2300) ( Resol. 02/11 y 03/11 del C.N.E.P. y S.M.V. y M. B.O. 30/08/11 Y 19/09/11), considerado por el Máximo Tribunal provincial como una pauta razonable a fin de cuantificar este rubro. “El sueldo mínimo vigente al tiempo del acaecimiento del siniestro resulta una pauta razonable para establecer el quantum de la indemnización reclamada”(T.S.J., “Dutto, Aldo Secundino c/ América Yolanda Carranza [...]”). Así, a fin de cuantificar el lucro cesante pasado, cabe realizar los cálculos pertinentes a los fines de efectuar el cómputo lineal de las ganancias, debiendo multiplicarse el ingreso mensual fijado ($ 2300), en base a la incapacidad informada (24% de la T.O.), lo que representa la suma mensual de $ 552, por el tiempo transcurrido desde la fecha del hecho (23/03/2012), hasta la fecha de la sentencia, lo que representan 89 periodos completos (del mes de abril del año 2012 al mes de agosto del año 2019, inclusive), con más los días proporcionales del mes de marzo (8 días lo que representa la suma de pesos $ 142,45). Efectuados los cálculos de rigor, determina que la indemnización por lucro cesante pasado, asciende a la suma de pesos cuarenta y nueve mil doscientos setenta con 45/100 ($ 49 270,45).

Los intereses moratorios de tal rubro se devengan desde cada oportunidad en que debió percibirse la suma frustrada (es decir los $ 552 al día 10 de cada mes), a la tasa judicial usual ya citada, cálculo que se difiere para la etapa de ejecución de sentencia.

Respecto del lucro cesante futuro, es necesario integrar en sus diversos elementos la versión simplificada de la clásica fórmula Marshall, denominada Las Heras - Requena: C = a por b: donde “C” es el monto indemnizatorio a averiguar; “a” equivale a la disminución de ingresos multiplicada por doce meses (no se trata de trabajador en relación de dependencia) a lo que se suma un interés puro de entre 6/8% anual; y “b” equivale al lapso total de períodos a resarcir, según la tabla de coeficientes relativos (Zavala de González, Matilde, Resarcimiento de daños , t. 4: Presupuestos y fundamentos del derecho de daños, p. 497; y Zavala de González, Matilde, Doctrina Judicial- solución de casos t.3, ed. 2000, p. 120). La actora actor solicita que este cálculo se haga hasta la edad de los 65 años, lo que así corresponde en estricto cumplimiento del principio de congruencia. Para obtener el resultado de “a” se debe partir de las ganancias de la accionante. Al demanda solicita que se tome un salario pero al alegar, pide que se tomen dos Salarios Mínimos Vitales y Móviles a la fecha del accidente (es decir la suma de $ 4600), sin pedir que el mismo se actualice a la fecha de esta resolución, o como en otros precedentes jurisprudenciales se tome el Salario Mínimo Vital y Móvil vigente a la fecha de la sentencia (que a la fecha es de $ 15 625). Por ello y en función del principio de congruencia que debe imperar en toda resolución judicial (art. 330 del CPCC), debe tomarse este salario solicitado por la accionante, por tratarse de una cuestión puramente patrimonial, y por ende renunciable. Además, debe decirse que no hay razón para aplicar dos SMVyM al Sr. Quinteros (quien es jubilado) y uno solo a la Sra. Rojas de Quinteros, por ser ama de casa, tal como ha sido consignado en la demanda, aunque corregido en el alegato. Esto, multiplicado por 12 meses (no es asalariada), más un interés del 6% anual, tal como lo solicitase en la demanda. A su vez debe multiplicarse por el porcentaje de incapacidad determinado por los peritos intervinientes 24% T.O., conforme se expresara antes. Al resultado así obtenido se lo debe multiplicar por el coeficiente de aplicación equivalente al periodo a resarcir. Finalmente, este coeficiente correlativo a utilizar será el correspondiente al número de años que median entre la fecha de la presente sentencia, pues el cálculo no puede arrancar desde la fecha del accidente porque queda encuadrado como lucro cesante pasado. Es decir, que se debe tomar el coeficiente correspondiente a 6 periodos; si bien no obra en autos la partida de nacimiento de la actora, la fecha de nacimiento de la misma data del 13/03/1960 (ver f. 252), lo que brinda la edad de la víctima a la fecha de la presente sentencia (59 años) y tomando como tope la edad 65 años (tal como se fijó supra), arroja un coeficiente de 4,9173, según la tabla de la página web del Poder Judicial de la Provincia de Córdoba. Así, el monto a indemnizar por lucro cesante futuro alcanza la suma de $ 69 053.

Por la propia futuridad del rubro, los intereses se computarán desde la fecha de la presente sentencia hasta el efectivo pago (TSJ, en DJ on line 07/12/09).

XII) El co-actor Nelson Eduardo Quinterosreclama, en concepto de incapacidad sobreviniente, la suma de pesos $ 145 096,05, por daño moral y daño psicológico la suma de pesos diez mil por cada concepto.

Respecto del rubro de incapacidad sobrevinienteque se reclama, también se deben hacer algunas consideraciones. En la demanda, cuantifican el rubro con la aplicación de la fórmula Marshall, y sin distinguir si reclaman lucro cesante pasado y/o futuro y/o pérdida de chances pasadas o futuros. Al alegar, expresamente solicitan que el cálculo para este rubro, debe hacerse conforme la fórmula Marshall, pero teniendo en cuenta que para la pérdida de chance, se debe hacer la disquisición de chance pasada y futura que delimita estadios durante el tiempo del litigio, en efecto, atendiendo al antes y después de la sentencia...” (f. 433 vta.). Al igual con lo que sucede con los co-actores Eduardo Urbino Quinteros y Nancy Edith Rojas de Quinteros, se desprende que lo que reclaman no es pérdida de chances sino lucro cesante, en función de la incapacidad psicofísicas que les dejó el accidente de tránsito.

Al tratarse de una persona joven, se trae a colación el reciente fallo de la C.S.J.N.: “La indemnización integral por lesiones o incapacidad física o psíquica debe reparar la disminución permanente de la aptitud del damnificado para realizar actividades productividades o económicamente valorables, daño específico se debe indemnizar aunque el damnificado continúe ejerciendo una tarea remunerada, pues la disminución indudablemente influye sobre las posibilidades que tendría la víctima para reinsertarse en el mercado laboral en el caso que tuviera que abandonar las tareas que venía desempeñando” (sentencia n.° 10/08/2017 autos: “Ontiveros, Stella Maris c/Prevención A.R.T. y otros” s/ accidente, cita on line AR/JUR/50672/2017). En cuanto a los parámetros, señalan que deberá tomarse como tope de edad la “vida laborable” de 65 años y tomando como ingresos, el sueldo que percibe como empleado de una estación de servicio ($ 3900). El Sr. Nelson Eduardo Quinteros, sostiene, que como consecuencia del accidente, padece una incapacidad parcial y permanente del 15% de la T.O. De las constancias de la causa (historia clínica f. 37 y 228/39) y principalmente de la pericial médica obrante a ff. 278/80 y pericial psiquiátrica (ff. 251/6), se desprende que el co-actor acreditó las lesiones psico-físicas invocadas. La pericia médica oficial le otorga al co-actor una incapacidad parcial y permanente de un 4% de la T.O. y la pericia psiquiátrica, un 10% de la T.O. Al respecto, cabe consignar que lo dictaminado por los peritos oficiales es congruente con las constancias de la causa, y mecánica del accidente en cuanto a la entidad de las lesiones productoras de la incapacidad informada. Cabe destacar que el perito médico afirma, que el actor podrá realizar las actividades laborales sin dificultad. Ello, de acuerdo a la fórmula Balthazard, que consiste en sumar las incapacidades parciales calculadas sucesivamente en relación con la incapacidad restante que resulte del cálculo de cada una de ellas (T.S.J., sala Cont. Adm., en L.L.C. 2001, 14, con nota de María Guillot DT 2001-B, 1282), nos arroja una incapacidad residual total del 13,6% de la T.O.

Respecto de los ingresos del Sr. Quinteros, expresan que los mismos ascienden a la suma de pesos tres mil novecientos ($ 3900), como empleado de una estación de servicios. No obstante ello, el único elemento probatorio a fin de acreditar este extremo, es decir que trabajaba en relación de dependencia es la declaración testimonial del Sr. Jonatan Gabriel Romero (f. 194/5), quien da cuenta que es compañero de trabajo del actor. Declara, que ambos se desempeñaban como playeros, y que las tareas son variadas. Sin embargo, no se ofició a la empleadora del actor a fin que informe el salario que percibía al momento del accidente a fin de cuantificar el mismo ni tampoco se acompañó recibos de haberes que den cuenta del importe del salario. Al no haberse acreditado el salario que percibía el co-actor, se tomará el Salario Mínimo Vital y Móvil a la fecha del accidente, como ha sido parámetro para los demás co-actores. Por otro lado, se tiene, que el actor nació con fecha 27/10/1992, conforme surge de las constancias de f. 39, por lo que se acredita así la edad del co-actor (al día de esta resolución tiene la edad de 26 años).

Respecto del lucro cesante pasado, debe partirse de los ingresos que percibía el actor, los que al no haberse acreditado, deberá tomarse en consideración el monto del Salario Mínimo Vital y Móvil a la fecha del accidente ($ 2300) (Resol. 02/11 y 03/11 del C.N.E.P. y S.M.V. y M. B.O. 30/08/11 Y 19/09/11), considerado por el Máximo Tribunal provincial como una pauta razonable a fin de cuantificar este rubro. “El sueldo mínimo vigente al tiempo del acaecimiento del siniestro resulta una pauta razonable para establecer el quantum de la indemnización reclamada” (T.S.J., “Dutto, Aldo Secundino c/ América Yolanda Carranza [...]”). Así, a fin de cuantificar el lucro cesante pasado, cabe realizar los cálculos pertinentes a los fines de efectuar el cómputo lineal de las ganancias, debiendo multiplicarse el ingreso mensual fijado ($ 2300), en base a la incapacidad informada (13,6% de la T.O.), lo que representa la suma mensual de $ 412,80, por el tiempo transcurrido desde la fecha del hecho (23/03/2012), hasta la fecha de la sentencia, lo que representan 89 periodos completos (del mes de abril del año 2012 al mes de agosto del año 2019, inclusive), con más los días proporcionales del mes de marzo (8 días lo que representa la suma de pesos $ 80,72). Efectuados los cálculos de rigor, se determina que la indemnización por lucro cesante pasado asciende a la suma de pesos veintisiete mil novecientos veinte ($ 27 920).

Los intereses moratorios de tal rubro se devengan desde cada oportunidad en que debió percibirse la suma frustrada (es decir los $ 312,80 al día 10 de cada mes), cálculo que se difiere para la etapa de ejecución de sentencia.

Respecto del lucro cesante futuro, es necesario integrar en sus diversos elementos la versión simplificada de la clásica fórmula Marshall, denominada Las Heras - Requena: C = a por b: donde “C” es el monto indemnizatorio a averiguar; “a” equivale a la disminución de ingresos multiplicada por doce meses (no acreditó ser trabajador en relación de dependencia) a lo que se suma un interés puro de entre 6/8% anual; y “b” equivale al lapso total de períodos a resarcir, según la tabla de coeficientes relativos (Zavala de González, Matilde, Resarcimiento de daños, t. 4: Presupuestos y fundamentos del derecho de daños, p. 497; y Zavala de González, Matilde, Doctrina Judicial- solución de casos t.3, ed. 2000, p. 120). El actor solicita que este cálculo se haga hasta la edad de los 65 años, lo que así corresponde en estricto cumplimiento del principio de congruencia, aunque no hay impedimento para calcular la indemnización por lucro cesante futuro hasta los setenta y dos años (Diario Jurídico, 20/04/11; y Foro de Cba. n.° 105, pp. 199/200). Para obtener el resultado de “a” se debe partir de las ganancias del actor. Como ya se estipuló supra, el actor al alegar insiste que se tome el salario por el percibido a la fecha del accidente, el que denuncia en la suma de $ 3900. No obstante este ingreso no se acredita, conforme ya fuera señalado. Pero lo cierto es que tampoco se pide que se actualice a la fecha de esta resolución, o como en otros precedentes jurisprudenciales se tome el Salario Mínimo Vital y Móvil vigente a la fecha de esta sentencia (que a la fecha es de $ 15 625). Por ello, y en función del principio de congruencia que debe imperar en toda resolución judicial (art. 330 del CPCC), estimo que debe tomarse este salario solicitado por el actor, aunque no se encuentre acreditado, por tratarse de una cuestión puramente patrimonial, y por ende renunciable ya demás por ser inferior al umbral que en todo caso debería tomarse. Esto, multiplicado por 12 meses (no acreditó ser asalariado), más un interés del 6% anual, tal como lo solicitase en la demanda. A su vez debe multiplicarse por el porcentaje de incapacidad determinado por los peritos intervinientes 13,6% T.O., conforme se expresara supra. Al resultado así obtenido se lo debe multiplicar por el coeficiente de aplicación equivalente al periodo a resarcir. Finalmente, este coeficiente correlativo a utilizar será el correspondiente al número de años que median entre la fecha de la presente sentencia, pues el cálculo no puede arrancar desde la fecha del accidente porque queda encuadrado como lucro cesante pasado. Es decir, que se debe tomar el coeficiente correspondiente a 39 periodos; si bien no obra en autos la partida de nacimiento de Nelson Eduardo, la fecha de nacimiento data del 27/10/1992 (ver f. 39), lo que nos brinda la edad de la víctima a la fecha de la presente sentencia (26 años) y tomando como tope la edad 65 años (tal como se fijó supra), nos arroja un coeficiente de 14,9491, según la tabla de la página web del Poder Judicial de la Provincia de Córdoba. Así, el monto a indemnizar por lucro cesante futuro alcanza la suma de $ 100 857.

Por la propia futuridad del rubro, los intereses se computarán desde la fecha de la presente sentencia hasta el efectivo pago (TSJ, en DJ on line 07/12/09).

XIII) Respecto del rubro daño psicológico, debe precisarse que en la demanda los actores Eduardo Urbino Quinteros, Nancy Edith Rojas de Quinteros y Nelson Eduardo Quinteros, quienes resultaron lesionados a raíz del accidente, reclaman la suma de pesos diez mil para cada uno de ellos. Alegan, que a raíz del hecho han padecidos un menoscabo en el ámbito psíquico y anímico, una lesión en el normal funcionamiento cerebral que trae aparejado un quebranto espiritual, en la personalidad y una perturbación en el equilibrio emocional. Sin embargo, no reclaman por este daño en su psiquis la realización de un tratamiento psicológico o terapia psiquiátrica, sino que se limitan a expresar que padecen secuelas psíquicas de carácter permanentes, lo que ya fue considerado al cuantificar el rubro de incapacidad sobreviniente, conforme fuera dictaminado por el perito oficial José Aldo Mossotti (ff. 251/6). Es decir, que no se trata de un rubro independiente. Tal es así que al alegar, no insisten en la procedencia de este rubro, por lo que se desprende que los propios actores han dejado de lado este rubro. Por lo que el mismo se rechaza, por quedar subsumido en el rubro de incapacidad sobreviniente.

XIV) Finalmente, respecto del rubro daño moral, cabe destacar que constituye una lesión al equilibrio espiritual que la ley presume que existía con anterioridad al hecho que lo produjo o en caso de no existir ese equilibrio, es una nueva lesión que intensifica el padecimiento espiritual. Esa lesión en los sentimientos produce dolor, sufrimiento físico, inquietud espiritual, agravio a las afecciones legítimas y, en general, toda clase de padecimientos, lo cual resulta resarcible conforme a la doctrina del art. 1078 del Código Civil. El dinero podrá resultar para algunos un medio grosero de indemnización, pero desgraciadamente, el ser humano no puede hallar otro idóneo a tales fines, por ello ha sido denominado el precio del consuelo. La fijación del daño moral es de harto difícil determinación, ya que no se halla sujeto a cánones objetivos, ni a procedimiento matemático alguno, debiendo atenerse a un criterio fluido que permita computar todas las circunstancias del caso, sobre la base de la prudente ponderación de la lesión íntima de los damnificados, y a los padecimientos experimentados, en relación con las particularidades de la litis. Asimismo, rige para su determinación la tarifación judicial indicativa, pues la ponderación de las indemnizaciones fijadas por otros precedentes tiene siempre valor orientador, flexible e indicativo (Actualidad Jurídica on line, 16/10/09). El monto reclamado por este concepto es de $ 10 000 para cada uno de los actores que padecieron lesiones. Si tenemos por válido que los Sres. Eduardo Urbino Quinteros, Nancy Edith Rojas de Quinteros y Nelson Eduardo Quinteros, sufrieron secuelas físicas y psíquicas de carácter permanentes a raíz del accidente, resulta razonable acoger la cifra pretendida, en conformidad al tenor de la entidad de las lesiones y las repercusiones en su vida privada. En esta senda, como se adelantó, se considera ajustado a derecho acoger el rubro en análisis, estimando dicho daño en la suma de pesos diez mil ($ 10 000), para cada uno de ellos.

En este supuesto, por tratarse de mora ex re, los intereses deben computarse desde la fecha del accidente (23/03/12), hasta el efectivo pago.

XV) En cuanto a los intereses peticionados, los mismos son procedentes debiendo condenarse al pago de los devengados, desde las fechas consignadas para cada rubro en los considerandos pertinentes y hasta el día de su efectivo pago. Tales intereses, conforme a lo resuelto por el T.S.J. en autos “Hernández Juan Carlos c/ Matricería Austral S.A. - Rec. de casación” y reiterado sucesivamente (ver Diario Jurídico on line del 29/06/04, p. 1 y T.S.J., S.J. 1577, p. 450), deben aplicarse al capital (comprensivo de todos los rubros por los que prospera la demanda) a la tasa pasiva promedio que publica el B.C.R.A., más el 2% mensual.

XVI) Respecto de las costas para los autos: “Ferreira, Guillermo Javier c/ Patiño, Ana María -- ord.”, y atento al principio objetivo de la derrota consagrado por el art. 130 del CPCC, deben imponerse a los demandados que resultan vencidos, debiendo regularse los honorarios de los letrados de la parte contraria a la condenada en costas (art. 26 de la ley 9459). Debe señalarse que conforme las constancias de autos, la demanda prospera íntegramente, con excepción del rubro de privación de uso que se concede parcialmente. El demandante reclamó la suma total, $ 28 450 (monto que resulta de la suma de cada uno de los rubros reclamados y ajustados en el alegato) y de acuerdo a lo expresado precedentemente corresponde hacer lugar parcialmente a la demanda por la suma de $ 27 450 (monto de condena), es decir, que la pretensión se acoge por un poco más del 96,4% de lo reclamad, por ello, siendo exiguo el porcentaje por el que se rechaza la demanda (3,6%), se estima que las costas deben imponerse a la parte demandada en su totalidad. A los fines de regular honorarios, debe decirse que la base económica está determinada por el monto de la sentencia (art. 31 inc. 1 del C.A.); más los intereses ya determinados para cada rubro. Sobre esta base (la que asciende a la suma de $ 134 193,17), se aplica medio punto sobre el punto medio de la escala del art. 36 inc. a de la ley 9459 (23%), en función de las pautas cualitativas dispuestas por el art. 39 del C.A. Los mismos se regulan en conjunto y proporción de ley a favor de los dos letrados que suscribieron la demanda Juan Pablo Kordich y Tomás Osuna, sin perjuicio que a pedido de cualquiera de ellos pueda determinarse ese porcentaje, ya que han intervenido de manera conjunta hasta la renuncia del primero de los letrados (conf. f. 50). Corresponde, también regular los honorarios de los peritos intervinientes en este proceso, el perito mecánico Antonio Esteban Valdez (ff. 225, 256 y 278/80) y el perito contable Enrique Cedron (ff. 111, 112 y 186/90). 178/80).

XVII) Respecto de las costas para los autos: “Quinteros y otros c/ Patiño, Ana María -- ord.”, y atento al principio objetivo de la derrota consagrado por el art. 130 del CPCC, deben imponerse a los demandados que resultan vencidos, debiendo regularse los honorarios de los letrados de la parte contraria a la condenada en costas (art. 26 de la ley 9459). Cabe señalar que conforme a las constancias de autos, la demanda prospera íntegramente, ya que inicialmente se reclamó por la suma de $ 360 376,50 y se hace lugar a la misma por la suma de $ 382 102,06. Si bien nominalmente es un poco más de lo inicialmente reclamado, esto se debe a que los accionantes ajustaron su pretensión “a lo que en más o en menos resulte de la prueba a rendirse en autos”. A los fines de regular honorarios al Dr. Edgar Mansilla Ávila (arg. art. 26 del C.A.), se estiman en forma provisoria (es decir 20 jus conforme la naturaleza de la pretensión). Se adicionan 3 jus, en cuanto el letrado en la demanda solicitó la regulación de honorarios prevista en el art. 104 inc. 5 de la ley 9459. Asimismo, corresponde regular los honorarios de los peritos intervinientes en este proceso, el perito mecánico Sergio Fabián Gallardo (ff. 186, 260 y 300/10), la Dra. María Celeste Naser (ff. 185, 212 y 278/87) y el perito psiquiatra José Aldo Mossotti (ff. 184, 208 y 251/6), practicándose en este acto en forma definitiva. En estos últimos dos peritos, debe considerarse que han peritado a tres personas distintas, por lo que la regulación para ellos ascenderá a la suma de 24 jus, mientras que para el perito mecánico se determinan en 12 jus (art. 39 y 49 de la ley 9459).

Por las consideraciones expuestas y normas legales citadas.

SE RESUELVE:

En los autos: “Ferreira, Guillermo Javier c/ Patiño, Ana María -- ord.”

1.º) Hacer lugar a la declinación de cobertura opuesta por la citada en garantía, con costas al Banco Santander Rio S.A. A cuyo fin se regulan los honorarios del Dr. Gerardo F. Viramonte Moyano, en la suma de pesos cuarenta y cuatro mil quinientos catorce ($ 44 514), más el IVA en caso de corresponder; esto es, si al tiempo del pago dicho profesional reviste la calidad de inscripto ante la AFIP.

2.°) Hacer lugar a la demanda entablada por Guillermo Javier Ferreira en contra de Ana María Patiño, por la suma de pesos veintisiete mil cuatrocientos cincuenta ($ 27 450); con costas a cargo de la parte demandada.

3.°) Hacer extensiva la condena al tercero citado Banco Santander Rio S.A., conforme los términos del considerando respectivo.

4.°) Regular los honorarios profesionales de los Dres. Juan Pablo Kordich y Tomas Osuna, en conjunto y proporción de ley y de manera definitiva, en la suma de pesos treinta mil ochocientos sesenta y cuatro ($ 30 864), más el IVA en caso de corresponder; esto es, si al tiempo del pago dichos profesionales revisten la calidad de inscripto ante la AFIP. Regular los honorarios de los peritos intervinientes Enrique Cedrón (perito contable) y Antonio Esteban Valdez (perito mecánico) en la suma de pesos trece mil setecientos sesenta y cuatro ($ 13 764), para cada uno de ellos.

En los autos: “Quinteros y Otros c/ Patiño, Ana María -- ord.”

5.º) Hacer lugar a la declinación de cobertura opuesta por la citada en garantía, con costas al Banco Santander Rio S.A. A cuyo fin se regulan los honorarios del Dr. Gerardo F. Viramonte Moyano, en forma provisoria, la suma de pesos veintidós mil novecientos cuarenta con 40/100 ($ 22 940,40), más el IVA en caso de corresponder; esto es, si al tiempo del pago dicho profesional reviste la calidad de inscripto ante la AFIP.

6.°) Hacer lugar a la demanda entablada por Eduardo Urbino Quinteros, Nancy Edith Rojas de Quinteros, Nelson Eduardo Quinteros y Verónica Alejandra Quinteros, en contra de Ana María Patiño, por la suma de pesos trescientos ochenta y dos mil ciento dos con 06/100 ($ 382 102,06); con costas a cargo de la parte demandada.

7.°) Hacer extensiva la condena al tercero citado Banco Santander Rio S.A., conforme los términos del considerando respectivo.

8.°) Regular los honorarios profesionales del Dr. Edgar Mansilla Ávila de manera provisoria, en la suma de pesos veintidós mil novecientos cuarenta con 40/100 ($ 22 940,40), con más la suma de pesos cuatro mil quinientos ochenta y ocho con 08/100 ($ 4588,08); más el IVA en caso de corresponder; esto es, si al tiempo del pago dicho profesional reviste la calidad de inscripto ante la AFIP. Regular los honorarios, en forma definitiva, del perito Sergio Fabián Gallardo (perito mecánico) en la suma de pesos trece mil setecientos sesenta y cuatro ($ 13 764); y para los peritos José Aldo Mossotti (perito psiquiatra) y María Celeste Naser (perito médica), en la suma de pesos veintisiete mil quinientos veintiocho ($ 27 528), para cada uno de ellos.

Protocolícese e incorpórese copia.-

SENTENCIA:

Córdoba, trece (13) de septiembre de dos mil diecinueve.

VISTOS:

Estos autos caratulados “FERREIRA, GUILLERMO JAVIER C/ PATIÑO, ANA MARIA - ORDINARIO - DAÑOS Y PERJUICIOS - ACCIDENTES DE TRÁNSITO - EXP. N.º 5 604 501” y su expediente acumulado: "QUINTEROS, EDUARDO Y OTROS C/ PATIÑO, ANA MARIA -ORDINARIO - DAÑOS Y PERJUICIOS - ACCIDENTES DE TRÁNSITOS - EXP. N.° 5 615 469”, tramitados por cuerda separada pero que se resolverán bajo esta única resolución, de los que resulta.

1) En los autos caratulados “Ferreira, Guillermo Javier c/ Patiño, Ana María -- ord.”, a ff. 1/2 comparece el Sr. Guillermo Javier Ferreira y promueve demanda de daños y perjuicios en contra de Ana María Patiño. Reclama la suma de pesos treinta y seis mil cuarenta y ocho, o lo que en más o en menos resulte de la prueba a rendirse en autos, con más intereses, gastos y costas. Al alegar ajusta su pretensión, de acuerdo al resultado de la prueba rendida, en la suma de pesos veintiocho mil cuatrocientos cincuenta ($ 28 450). Manifiesta, que el día 23 de marzo de 2012, siendo aproximadamente las 13 h, se encontraba con la marcha detenida de su automóvil marca Citroën DS3, dominio JTW-029 en el semáforo de la Av. Juan B. Justo al 5278 (Norte-Sur), pues así lo indicaba la luz roja. Cuando fue embestido desde atrás por el automóvil marca Gol Trend, dominio JJO-113, conducido por la demandada Ana María Patiño. Expone, que la misma se conducía a excesiva velocidad y sin el pleno dominio, causando con su maniobra negligente el choque en cadena, ya que como consecuencia del impacto que le ocasionó el automóvil del Sr. Eduardo Quinteros, impactó con el frente de su vehículo la parte trasera de una camioneta que se encontraba con su marcha detenida por delante de su automóvil. Afirma, que como consecuencia del violento impacto, su automóvil sufrió daños materiales de consideración. Reclama, en concepto de daño material la suma de $ 18 548,11, lo que incluye repuestos y mano de obra a fin de reparar su vehículo. Al alegar ajusta este monto a lo dictaminado por el perito oficial, la suma de $ 22 000 (conf. f. 398 vta.). Señala, que la reparación de su automóvil insumirá un tiempo, lo que estima 15 días, por lo que en concepto de lucro cesante reclama la suma diaria de pesos cien, alcanzando este rubro el monto de $ 1500. Al alegar ajusta su pretensión a la suma de pesos doscientos diarios y estima que los arreglos demandarán un plazo de diez días, por lo que deja peticionada la suma de pesos dos mil ($ 2000). Dice, que es comerciante y utiliza su vehículo para movilizarse a los distintos negocios que se encuentran distribuidos a lo largo de la Provincia de Córdoba, por lo que deberá recurrir al servicio de remis. Por último, reclama en concepto de desvalorización venal la suma de pesos dieciséis mil, ya que se han afectado partes vitales y estructurales de su vehículo, por lo que las secuelas subsistirán aún después de un buen arreglo de reparación. Al alegar ajusta este monto a lo dictaminado por el perito oficial, la suma de $ 4450 (conf. f. 399). Acompaña documental.

2) Impreso el trámite de juicio ordinario a f. 14, comparece la demandada a f. 18 y solicita la citación en garantía de La Caja de Ahorro y Seguro S.A., la que comparece a f. 22, a través de su apoderado el Dr. Gerardo F. Viramonte Moyano.

3) Corrido el traslado de la demanda (f. 24 vta.), la Sra. Ana María Patiño lo evacua a ff. 32/4, solicitando su rechazo, con expresa imposición de costas. Niega todos y cada uno de los hechos y fundamentos de la pretensión deducida. Reconoce, que en la fecha indicada se produjo un siniestro, pero no en la forma relatada por el actor. Manifiesta, que circulaba en su vehículo Gol Trend por Av. Juan B. Justo y antes de llegar al semáforo se cambia de carril, intempestivamente y sin dar aviso lumínico alguno un automóvil marca Chevrolet Corsa que circulaba en igual sentido y a su lado, adelantándose e invadiendo el carril por el que transitaba, por lo que no pudo evitar la colisión. Afirma, que el accidente se produjo por culpa de un tercero por el cual no debe responder, ya que no es la culpable del hecho dañoso. Agrega, que al producirse el siniestro llamó a su compañía de seguros “La Caja S.A.”, realizó la denuncia telefónicamente y solicitó un servicio de grúa para trasladar su automóvil. Explica, que la compañía aseguradora le fue impuesta por el Banco Santander Rio, al acceder a un crédito prendario para la compra de su vehículo marca Gol Trend, dominio JJO-113 y es donde mensualmente paga el monto correspondiente a la cuota pactada y el seguro del automotor. Dice, que el día sábado 24/03/12 recibe un llamado del Banco Santander Río, informándole que deposite en la cuenta la suma de pesos cien, ya que había una diferencia que se adeudaba en concepto de mantenimiento de la caja de ahorro abierta a tal fin, lo que así hizo el lunes siguiente 26/03/12, y ese mismo día se apersonó ante la Compañía de Seguros a fin de formalizar la denuncia del hecho. Expone, que en ese momento le informan que carecía de cobertura, dado que no se había pagado la póliza, lo que la sorprendió pues ella depositaba en la forma indicada por el acreedor prendario Banco Santander Rio S.A. En razón de lo manifestado, cita como tercero a dicha entidad financiera. Alega, que en su carácter de acreedor prendario, es quien recibe los pagos correspondientes de las cuotas pactadas del crédito y del seguro. Afirma, que ha pagado en forma puntual todas las cuotas convenidas, con más los gastos que se le han informado. Destaca, que la entidad financiera le asignó la Compañía de Seguros La Caja de Ahorro y Seguros S.A., exigiéndole que la cuota correspondiente al pago de la póliza se incluyera en la cuota que paga mensualmente con el crédito prendario, como condición para acceder al crédito, siendo su obligación y responsabilidad ingresar los pagos a la Compañía Aseguradora, conforme los convenios que deben haber celebrado con tal entidad, los que le son inoponibles. Agrega, que a los fines de mantener eficazmente la pretensión regresiva en contra de la entidad bancaria, para el hipotético caso de resultar condenada, solicita que se la cite en los términos del art. 433 del CPCC. Acompaña documental.

4) A ff. 37/42 contesta la demanda la citada en garantía, La Caja de Seguros S.A., a través de su apoderado el Dr. Gerardo F. Viramonte Moyano. Opone declinación de cobertura. Explica, que la demandada Ana María Patiño, tenía contratada una póliza de seguros para su automóvil Gol Trend, dominio JJO-113, individualizada con el n.° 5 010 012 726 003, pero carecía de cobertura al tiempo de producirse el siniestro. Alega, que la declinación de cobertura fue notificada a la asegurada en tiempo y forma mediante carta documento de fecha 28/03/2012. Indica, que la declinación de cobertura, se debe a que la demandada no había cancelado la prima respectiva para ese periodo en tiempo y forma, cuando ocurrió el accidente. Señala, que el premio de la póliza para el mes de marzo había vencido el día nueve (9) de marzo de 2012, la mora en que incurrió la Sra. Patiño la dejó sin cobertura del seguro desde el día 9 de marzo a las cero horas, hasta el día 26 de marzo de 2012 a la hora veinticuatro, ya que habiendo abonado el día 26 la cobertura comienza a correr nuevamente, desde la cero horas del día 27. Subsidiariamente, contesta la demanda. Niega los hechos afirmados por el actor. Reconoce, que el día 23 de marzo de 2012, en oportunidad que la Sra. Patiño se conducía por la calle Juan B. Justo, en sentido Norte-Sur, a velocidad moderada, con el pleno dominio de su conducido y respetando las normas de tránsito, fue sorprendida por un accidente que provocó el Sr. Quinteros a bordo de su vehículo Chevrolet Corsa, dominio DXR-214 que precedía a la demandada. Expone, que en efecto, el Sr. Quinteros embistió la parte trasera del vehículo del actor inicialmente para posteriormente ser el Sr. Quinteros, apenas embestido por la demandada, dado que la brusca y sorpresiva maniobra no le permitió a la Sra. Patiño realizar maniobra evasiva alguna, pese a llevar la distancia reglamentaria. Concluye, que el accidente por el que se reclama ocurrió por exclusiva culpa de un tercero (Sr. Quinteros), por el cual la demandada no debe responder, al haber sido este quien embistió inicialmente al actor y no la Sra. Patiño, como mal pretende endilgarle el actor en su escrito de demanda. Niega cada uno de los rubros reclamados así como su cuantía. Solicita la aplicación de la limitación de las costas prevista en la ley 24 432 (art. 505 del C.C.). Formula reserva del caso federal.

5) Corrido traslado al actor del pedido de citación de tercero, presta su conformidad a f. 46 vta. A f. 62 comparece la entidad financiera a través de su letrado apoderado el Dr. Miguel Ángel Escalera.

6) A ff. 74/6 el Banco Santander Río evacua el traslado de la demanda. Opone falta de acción. Solicita que al resolver, se declare que la sentencia a dictarse no será oponible al Banco Santander Rio S.A., toda vez que no tiene ninguna responsabilidad en el evento ocurrido y menos aún en el hecho de que la demandada careciera de seguro al ocurrir el ilícito civil. Alega, que la Sra. Patiño carece de toda acción en contra de su representada Banco Santander Rio S.A., toda vez que el mismo carece de toda culpa y responsabilidad en el hecho de que la póliza de seguros constituida por La Caja S.A., estuviera impaga al momento en que se produjo el siniestro. Continúa diciendo, que la culpa de que al momento de ocurrir el siniestro, 23 de marzo de 2012 no estuviera cancelada la cuota correspondiente al mes de marzo 2012 del seguro, es de exclusiva responsabilidad de la Sra. Patiño, quien no había depositado en término en la caja de ahorro abierta en el banco, los fondos suficientes para cancelar la prima mensual y, por ello, la cuota no se efectivizó. Considera, que resulta un verdadero despropósito y arbitrariedad pretender que el Banco que representa pague la cuota del seguro de la Sra. Patiño, sin esta cuente con los fondos, acreditados en su cuenta, suficientes para hacerlo. Por ello dice, que la Sra. Patiño carece de acción para demandar a su representado y pretender que la sentencia que se dicte le sea oponible al Banco Santander Rio S.A. Reconoce, que la aquí demandada adquirió el vehículo dominio JJO-113, VW Trend, con un crédito otorgado por el Banco y en garantía de su devolución constituyó un derecho real de prenda. Indica, que el préstamo ascendía a la suma de pesos treinta y seis mil novecientos treinta y ocho con 88/100, importe que debía restituir en treinta y seis (36) cuotas mensuales de pesos un mil veintiséis con 08/100 ($ 1026,08). Manifiesta, que la primera cuota vencía el día 09 de diciembre de 2010 y las restantes en igual fecha en los meses subsiguientes hasta cancelar. Expone, que se estipuló un interés equivalente al 19,5% anual; y a más de ello la Sra. Patiño debía cancelar la cuota mensual del seguro obligatorio contratado para la póliza que ascendía la suma de $ 162,64 por mes, para el segundo semestre $ 178,15, para el tercer semestre $ 195,54 y para el cuarto semestre $ 245,51. Insiste, que al momento en que ocurrió el vencimiento de la cuota correspondiente en el mes de marzo de 2012 que vencía el día 09/03/2012 y que ascendía a la suma de $ 1328,90, carecía de fondos suficientes para afrontar dicho importe, lo que motivó que la prima del seguro contratado en La Caja S.A. no fuera abonada. Manifiesta, que la demandada deposita los fondos suficientes en su cuenta recién con fecha 26 de marzo de 2012, fecha en la que procede el Banco a cancelar la cuota del crédito prendario así como la prima mensual del seguro. Destaca, que las imputaciones que realiza su poderdante de los pagos efectuados en los distintos productos financieros que vende, se hacen por sistema y si no existen fondos suficientes los pagos obviamente no se efectivizan. Además, agrega, que en la Caja de Ahorro de la que resulta titular la Sra. Patiño no existe la más remota posibilidad de que se debiten fondos en descuento o que exista saldo deudor en la misma. Es decir, aclara, que no se realiza ninguna imputación ni pago hasta que no existan fondos suficientes para hacerlo. Sostiene, que así las cosas su mandante carece de toda responsabilidad en el evento y la demandada carece de acción en su contra, razón por la que se deberá rechazar por inexistente la culpa que se endilga a su representado, declarándose que la falta de cobertura de la aseguradora se debe a la exclusiva culpa de la Sra. Patiño. Pide costas. Subsidiariamente contesta demanda. Niega los hechos esgrimidos por el actor, y solicita el rechazo de la demanda en forma íntegra.

7) Abierta a prueba la causa a f. 89 vta., las partes ofrecen las que hacen a sus respectivos derechos, obrando en autos las que fueran diligenciadas.

8) Corridos los traslados para alegar (f. 323), son evacuados por la actora (ff. 394/9), por la demandada Ana María Patiño (ff. 400/3), Banco Santander Rio S.A. (ff. 404/6) y por la citada en garantía La Caja de Seguros S.A. (ff. 407/14).

9) Firme el decreto de autos a f. 415, queda la causa en condiciones de ser resuelta.

10) A f. 376 vta. consta certificado mediante el cual se deja constancia que se acumularon a los presentes, los autos caratulados: “Quinteros, Eduardo Urbino y Otros c/ Patiño, Ana María - ordinario - daños y perjuicios - accidentes de tránsito - exp. n.° 5 615 469”, los que se tramitaron por cuerda separada (art. 454 del CPCC), debiendo resolverse los mismos en una única sentencia.

11) En los autos “Quinteros, Eduardo y Otros c/ Patiño, Ana María - ord.”, a ff. 16/22 comparecen Quinteros, Eduardo Urbino; Rojas de Quinteros, Nancy Edith; Quinteros, Nelson Eduardo y Quinteros Verónica Alejandra; y promueven demanda de daños y perjuicios también en contra de la Sra. Ana María Patiño. Piden la citación en garantía de La Caja de Seguros S.A. Manifiestan, que el día 23 de marzo de 2012, siendo aproximadamente las 13:30 h, en circunstancias que a bordo de su automóvil particular Chevrolet Corsa, dominio DXR- 214, circulaban de Norte a Sur por la Av. Juan B. Justo, a la altura de la intersección con la calle Saavedra Lamas, se encontraban detenidos por el semáforo en rojo, cuando fueron embestidos fuertemente desde atrás por el vehículo de la demandada Ana María Patiño. Exponen, que a raíz del fuerte impacto, su vehículo se desplazó hacia adelante colisionando a su vez con la parte trasera del automóvil marca Citroen, dominio JTW-029, conducido por el Sr. Ferreira, Guillermo Javier, ocasionándole daños en el paragolpes y portón de la cola trasera. Expresan, que el vehículo Chevrolet Corsa, dominio DXR-214, resultó dañado en la parte de atrás y también en la parte del frente como resultado de la colisión. También relatan, que todos los ocupantes que circulaban en su automóvil, Eduardo Urbino Quinteros, Nancy Edith Rojas de Quinteros y Nelson Eduardo Quinteros, resultaron heridos con graves politraumatismos, a raíz del impacto. Reclama la co-actora Verónica Alejandra Quinteros, en su carácter de titular registral del Chevrolet Corsa, en concepto de daño material la suma de $ 28 757 tanto por mano de obra como por repuestos. Al alegar ajusta su pretensión a lo dictaminado por el perito oficial, cuantificando este rubro en la suma de $ 51 730 (conf. f.432 vta.). También solicita la desvalorización venal del vehículo. En la demanda, inicialmente reclama la suma de $ 12 950, en virtud de que su rodado jamás volverá a ser el mismo que era antes de producirse el hecho, pero al alegar ajusta su pretensión a la suma de $ 11 360 (conf. f. 433). Por último, reclama por privación de uso ya que alega, que no ha podido disponer del automóvil por cuanto ha quedado deteriorado en su totalidad, por lo que ha tenido que disponer de un vehículo sustituto por el término de 7 meses a razón de pesos sesenta por día, lo que le provocó una erogación de $ 12 600, lo que así reclama al demandar. No obstante, al alegar, ajusta su pretensión a lo dictaminado por el perito oficial en cuanto que sostuvo que el tiempo que demandará el arreglo es de cinco días, por lo que a razón de $ 60 por día, morigera su pretensión.

El co-actor Eduardo Urbino Quinteros, reclama en concepto de incapacidad psicofísica sobreviniente la suma de $ 69 161,18. Afirma, que a raíz del accidente padeció lesiones que le provocaron una incapacidad física del 15% de la T.O. Indica, que dichas secuelas le imposibilitan continuar con el desempeño de otras actividades laborales que realiza para aumentar sus ingresos, en cuanto que su jubilación de $ 2500 de ninguna forma cubre sus necesidades básicas. Solicita, que a fin de cuantificar este rubro deberán tomarse dos Salarios Mínimos Vitales y Móviles vigentes al momento del accidente de tránsito. La co-actora Nancy Edith Rojas de Quinteros, reclama en concepto de incapacidad psicofísica sobreviniente la suma de $ 51 812,57. Afirma, que a raíz del accidente padeció lesiones que le provocaron una incapacidad física del 20% de la T.O. Indica, que deberá tomarse como ingreso un Salario Mínimo Vital y Móvil ($ 2300), en defecto de remuneración mensual, toda vez que la misma se desenvuelve en el ámbito del hogar. No obstante ello, al alegar amplía este ítem y pide que se tomen dos salarios (conf. f. 433). El co-actor Nelson Eduardo Quinteros, reclama en concepto de incapacidad psicofísica sobreviniente la suma de $ 125 096,05. Afirma, que a raíz del accidente padeció lesiones que le provocaron una incapacidad física del 15% de la T.O. Solicita, que a fin de cuantificar este rubro, deberá tomarse como ingreso, el salario del actor como empleado de una estación de servicios ($ 3900). En todos los casos, al cuantificar el rubro, lo fija en la edad tope de 65 años. Reclama en concepto de daño moral y daño psicológico, la suma de pesos diez mil para cada una de las víctimas que padecieron lesiones psicofísicas. Al alegar, expone que para la incapacidad psicofísica que reclaman los actores, deberá aplicarse la Fórmula Balthazard. También solicita que a fin de cuantificar la pérdida de chance, se debe hacer la disquisición de chance pasada y futura, que delimita estadios durante el tiempo de litigio y tiene una incidencia en el dies a quo de los intereses. Cita en garantía a la Caja de Seguros S.A. Solicita que se haga extensiva la condena a la citada en garantía, toda vez que la víctima no es parte de la relación de consumo (del contrato), por lo que requiere para su protección no sea oponible ningún límite, menos de índole operativo ajena a los actores.

12) Impreso el trámite de juicio ordinario a f. 57, comparece la citada en garantía, Compañía La Caja de Seguros S.A., a través de su letrado apoderado, el Dr. Gerardo F. Viramonte Moyano (f. 62) y la demandada Ana María Patiño (f. 66). La accionada solicita la citación como tercero interesado del Banco Santander Rio S.A.

13) Corrido el traslado de la demanda (f. 81 vta.), es evacuado por la demandada Ana María Patiño, quien solicita su rechazo, con expresa imposición de costas. Niega todos y cada uno de los hechos y fundamentos de la pretensión deducida así como cada uno de los rubros reclamados. Reconoce, que en la fecha indicada se produjo un siniestro, pero no en la forma relatada por los actores. Manifiesta, que circulaba en su vehículo Gol Trend por Av. Juan B. Justo y antes de llegar al semáforo se cambia de carril, intempestivamente y sin dar aviso lumínico alguno un automóvil marca Chevrolet Corsa que circulaba en igual sentido y a su lado, adelantándose e invadiendo el carril por el que transitaba, por lo que no pudo evitar la colisión. Afirma, que el accidente se produjo por culpa de un tercero por el cual no debe responder, ya que no es la culpable del hecho dañoso. Afirma, que el hecho fue responsabilidad absoluta, exclusiva y excluyente del damnificado, ya que no observó la regla de tránsito que establece que para realizar una maniobra de giro o cambiarse de carril de circulación, debe anunciarse treinta metros antes de realizar la maniobra, con señales luminosas, razón por la que no debe responder por el accidente. Solicita la citación de un tercero, Banco Santander Rio S.A., en su carácter de acreedor prendario, y a quien ella hace los pagos correspondientes a las cuotas pactadas del crédito y seguro, al tratarse de una exigencia de la propia entidad financiera. Relata, que al producirse el siniestro llamó a su compañía de seguros “La Caja S.A.” y realizó la denuncia telefónicamente y solicitó un servicio de grúa para trasladar su automóvil. Explica, que la compañía aseguradora le fue impuesta por el Banco Santander Rio, al acceder a un crédito prendario para la compra de su vehículo marca Gol Trend, dominio JJO-113 y es donde mensualmente paga el monto correspondiente a la cuota pactada y el seguro del automotor. Dice, que el día sábado 24/03/12 recibe un llamado del Banco Santander Rio, informándole que deposite en la cuenta la suma de pesos cien, ya que había una diferencia que se adeudaba en concepto de mantenimiento de la caja de ahorro abierta a tal fin, lo que así hizo el lunes siguiente 26/03/12 y ese mismo día se apersonó ante la Compañía de Seguros a fin de formalizar la denuncia del hecho. Expone, que en ese momento le informan que carecía de cobertura, dado que no se había pagado la póliza, lo que la sorprendió pues ella depositaba en la forma indicada por el acreedor prendario Banco Santander Rio S.A. En razón de lo manifestado, cita como tercero a dicha entidad financiera. Alega, que en su carácter de acreedor prendario, es quien recibe los pagos correspondientes de las cuotas pactadas del crédito y del seguro. Afirma, que ha pagado en forma puntual todas las cuotas convenidas, con más los gastos que se le han informado. Destaca, que la entidad financiera le asignó la Compañía de Seguros La Caja de Ahorro y Seguros S.A., exigiéndole que la cuota correspondiente al pago de la póliza se incluya en la cuota que paga mensualmente con el crédito prendario, como condición para acceder al crédito, siendo su obligación y responsabilidad ingresar los pagos a la Compañía Aseguradora, conforme los convenios que deben haber celebrado con tal entidad, los que le son inoponibles. Dice, que a los fines de mantener eficazmente la pretensión regresiva en contra de la entidad bancaria, para el hipotético caso de resultar condenada, solicita que se la cite en los términos del art. 433 del CPCC. Acompaña documental. Opone excepción de plus petición. Indica, que los actores pretenden enriquecerse indebidamente y logar un rédito económico que no les corresponden, lo que así se evidencia con las abultadas sumas que reclaman.

14) Los accionantes, prestan conformidad al pedido de citación de terceros del Banco Santander Río S.A., (f. 89), quien comparece a f. 99, a través de su letrado apoderado el Dr. Miguel Ángel Escalera.

15) A ff. 104/11 contesta la demanda la citada en garantía La Caja de Seguros S.A., a través de su apoderado el Dr. Gerardo F. Viramonte Moyano. Opone declinación de cobertura. Explica, que la demandada Ana María Patiño, tenía contratada una póliza de seguros para su automóvil Gol Trend, dominio JJO-113, individualizada con el n.° 5 010 012 726 003, pero carecía de cobertura al tiempo de producirse el siniestro. Opone falta de acción por falta de legitimación sustancial pasiva (no-seguro). Evacua el traslado de la demanda en similares términos que en los autos acumulados. Niega e impugna cada uno de los rubros reclamados. Solicita la aplicación de la limitación de las costas prevista en la ley 24432 (art. 505 del C.C.).

Formula reserva del caso federal.

16) A ff. 113/5 el Banco Santander Río evacua el traslado de la demanda. Opone falta de acción. Solicita que al resolver, se declare que la sentencia a dictarse no será oponible al Banco Santander Rio S.A., toda vez que no tiene ninguna responsabilidad en el evento ocurrido y menos aún en el hecho de que la demandada careciera de seguro al ocurrir el ilícito civil. Alega, que la Sra. Patiño carece de toda acción en contra de su representada Banco Santander Rio S.A., toda vez que el mismo carece de toda culpa y responsabilidad en el hecho de que la póliza de seguros constituida por La Caja S.A., estuviera impaga al momento en que se produjo el siniestro. Evacua el traslado de la demanda en similares términos que en los autos acumulados. Subsidiariamente, niega todos los hechos y derechos en que los actores basan su reclamo. Pide el rechazo de la demanda íntegramente.

17) Abierta a prueba la causa a f. 128, las partes ofrecen las que hacen a sus respectivos derechos, obrando en autos las que fueran diligenciadas.

18) Corridos los traslados para alegar (f. 418), lo evacuan los actores a ff. 430/4, la demandada Ana María Patiño a través de su letrado apoderado (ff. 435/9), El Dr. Miguel Ángel Escalera en su carácter de apoderado del Banco Santander Rio S.A. (ff.440/3) y Gerardo F. Viramonte Moyano en su carácter de apoderado de la citada en garantía La Caja Seguros S.A. (ff. 444/9).

19) Firme el decreto de autos (f. 450), queda la causa en condiciones de ser resuelta, conjuntamente con los autos “Ferreira c/ Patiño” (conf. f. 129).

Y CONSIDERANDO:

I) Así los hechos, es menester resolver las presentes controversias judiciales de acuerdo a las normas que informan la materia, examinando las siguientes cuestiones: a) La legitimidad de las partes. b) La existencia material del hecho, forma de producción del mismo y responsabilidad de las partes intervinientes en el siniestro. c)Existencia y extensión de los daños reclamados, por cada uno de los actores.

II) La legitimación activa del Sr. Guillermo Javier Ferreira, como titular registral del automóvil Citroën DS3, dominio JTW-029, no se encuentra cuestionada y además surge de las constancias de f. 12 de los autos “Ferreira c/ Patiño”. Lo mismo cabe decir respecto de la legitimación activa de los actores del proceso de “Quinteros y Ot. c/ Patiño”. La Sra. Verónica Alejandra Quinteros, resulta ser la titular registral del vehículo Chevrolet Corsa, dominio DWR-214 (conf. informe de dominio de ff. 198/200); y la calidad de conductor del rodado del Sr. Eduardo Urbino Quinteros y de terceros transportados y lesionados los demás co-actores (Nancy Edith Rojas de Quinteros y Nelson Eduardo Quinteros), como damnificados directos, tampoco se encuentra cuestionada por las partes, y además surge de las constancias de atención médica recibida en el día del accidente (ff. 36/8). Respecto de la legitimación pasiva de la demandada Ana María Patiño, como propietaria y conductora al momento del accidente del rodado Gol Trend, dominio JJO-113, se encuentra reconocida por la propia accionada al evacuar el traslado de la demanda y de las constancias obrantes a ff. 203/5 de los autos “Quinteros y Ot. c/ Patiño”.

III) Lo que se encuentra especialmente controvertido es la legitimación pasiva de la citada en garantía La Caja de Seguros S.A., quien opuso declinación de cobertura y de la entidad financiera el Banco Santander Rio S.A., citado como tercero por la accionada en su carácter de acreedor prendario, quien opuso falta de acción.

En primer lugar se tratará la declinación de cobertura opuesta por la citada en garantía, La Caja de Seguros S.A. Opone falta de acción por falta de legitimación sustancial pasiva (no- seguro). Explica, que la demandada Ana María Patiño, tenía contratada una póliza de seguros para su automóvil Gol Trend, dominio JJO-113, individualizada con el n.° 5 010 012 726 003, pero carecía de cobertura al tiempo de producirse el siniestro. Indica, que la asegurada no había cancelado la prima respectiva para el mes de marzo, que había vencido el nueve de ese mes, del año 2012. Sostiene, que la mora en que incurrió la Sra. Patiño la dejó sin cobertura del seguro desde el 09 de marzo (fecha de vencimiento), hasta el día 26 del mismo mes, fecha en que pagó lo adeudado. Así las cosas, al momento de producirse el siniestro (23/03) carecía de seguro. Del informe pericial contable (ff. 186/90) se desprende que efectivamente al día 23 de marzo del año 2012, la Sra. Patiño no había completado el depósito correspondiente a dicho periodo. Por lo tanto, la excepción debe prosperar, al haberse acreditado el extremo invocado por la citada en garantía.

En cuanto a las costas por su citación, se deben imponer al Banco Santander Rio S.A., conforme los argumentos que se expresarán en el considerando siguiente. A los fines de regular honorarios al Dr. Gerardo F. Viramonte Moyano (argumento arts. 26 y 48 de la ley 9459), se tomará el monto reclamado en cada demanda con más intereses, y se aplicará el punto medio de la escala del art. 36 de la ley 9459, es decir un porcentaje del 22,5%, en función de las pautas cualitativas dispuestas por el art. 39 del C.A. Se destaca, que en función de la complejidad del cálculo, para los autos “Quinteros y Ot. c/ Patiño”, se cuantifican de forma provisoria, esto es 20 jus, conforme la naturaleza de la pretensión (argumento art. 36 de la ley 9459).

IV) Intervención coactiva del tercero citado Banco Santader Rio S.A. En primer lugar, corresponde calificar la naturaleza de dicha intervención y determinar el alcance de la misma. La demandada, al contestar la demanda, solicita su intervención y señala que es a los fines de mantener eficazmente la pretensión regresiva en contra de la entidad financiera, para el hipotético caso de resultar condenada (f. 34). Explica, a tal fin, que la entidad bancaria citada reviste la calidad de acreedor prendario, y es quien recibe los pagos correspondientes de las cuotas pactadas del crédito y del seguro. Afirma, que ha pagado en forma puntual todas las cuotas convenidas, con más los gastos que se le han informado, y que era su obligación y responsabilidad ingresar los pagos a la Compañía Aseguradora. Considera la Sra. Patiño, que al no haber ingresado el pago ante la Aseguradora, resulta responsable ante la declinación de cobertura opuesta por la citada en garantía. Prima facie, pareciera que la demandada cita al Banco solo a los fines de poder “mantener eficazmente la pretensión regresiva”, tal como lo expresa en la contestación de la demanda. Esto es un supuesto de una intervención obligada de terceros (conf. art. 433 del CPCC), de “denuncia de la litis”. Este tipo de intervención, consiste en poner en conocimiento de un tercero, eventual sujeto pasivo de una posterior acción de regreso, la existencia de la causa, para que tome intervención en la misma. La mayoría de la doctrina entiende que en este supuesto, la intervención del tercero solo tiene por objeto evitar que este alegue la excepción de negligente defensa, en la eventual acción de regreso que la demandada podría eventualmente ejercer en su contra, por lo que el citado no asume la calidad de demandado. No obstante ello, de las constancias existentes en la causa (prueba pericial contable, documental acompañada, testimoniales, actitud asumida por las partes, etc.), y principalmente de los términos del alegato de la propia accionada (conf. f. 401/2 de los autos: “Ferreira c Quinteros” y ff. 435/43 de los autos “Quinteros y Ot. c/ Patiño”), surge, que su pretensión es que tanto la citada en garantía como la entidad financiera, sean consideradas responsables solidarias, en caso de una hipotética condena. Es decir, se advierte que, en definitiva, la intención de la Sra. Patiño al citar al Banco Santander Rio S.A. como a la Compañía de Seguros, era a los fines de que se les hiciera extensiva la condena. Por lo que su intervención no puede ya ser calificada como una mera “denuncia de litis”, sino que se pretende hacerles extensiva la sentencia, en caso de corresponder (en los términos del art. 435 del CPCC). Se ha sostenido, que cuando el tercero comparece, oponiéndose a la procedencia de la acción entablada (contestando la demanda, ofreciendo y produciendo prueba, alegando, recurriendo, etc.), poniendo en tela de juicio la responsabilidad que se le atribuye, situando en donde -según tiene dicho nuestro tribunal cimero- resultaría un inútil dispendio de actividad jurisdiccional diferir la consideración de la responsabilidad del tercero citado cuando este ejerció plenamente y sin restricciones su derecho de defensa en la causa. En tal caso, entonces corresponde la inclusión del tercero en los límites subjetivos de la sentencia y la correlativa posibilidad de ejecución en su contra (Díaz Villasuso, Mariano, A., Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Córdoba, Advocatus, pp. 798/9). De acuerdo a la actitud asumida por la entidad financiera, corresponde dilucidar los términos de su participación y si la misma puede ser considerada responsable, tal como ha sido peticionado por la demandada. Además, esta solución es la que mejor sustenta el principio de celeridad y tutela judicial efectiva ya que, de otra forma, obligaría a las partes a tener que iniciar otro proceso a fin de determinar si corresponde o no una acción de regreso entre las mismas, importando un desgaste jurisdiccional innecesario.

A fin de resolver si corresponde o no hacerle extensiva la condena al Banco Santander Rio S.A., cabe señalar cuál es el derecho aplicable a la relación jurídica sustancial debatida entre las partes, en este caso entre la Sra. Ana María Patiño y la entidad financiera. Resulta insoslayable que se está en presencia de una relación de consumo. Le asiste razón a la fiscal interviniente, la Dra. Alicia García de Solavagione, Fiscal Civil, Comercial y Laboral de 1era. Nominación (ff. 447/50 de los autos “Ferreira c/ Patiño” y a ff. 498/502 de los autos “Quinteros y Otros c/ Patiño”), en cuanto dictamina, que se trata de una relación amparada por el Derecho del Consumo. De las constancias de autos, surge que existió entre las partes un vínculo contractual consistente en un préstamo con garantía prendaria, en la que se encuentra subyacente una relación de consumo en los términos de las leyes 25065 y 24240, ya que la demandada y la entidad financiera citada como tercero, se encuentran emplazados dentro de las categorías de “usuaria” y “proveedor”, respectivamente, de acuerdo a los arts. 1 y 2 del mencionado cuerpo legal. En consecuencia, corresponde aplicar los principios rectores y postulados que iluminan la materia, y deberá decidirse conforme a lo establecido en el art. 7 del CCCN, en cuanto a la aplicación inmediata de este a las relaciones de consumo, en la medida que esas disposiciones les sean más favorables al consumidor.

Tanto la Sra. Patiño como el Banco, reconocen que la primera adquirió el vehículo Gol Trend, dominio JJO-113, con un crédito otorgado por el Banco y en garantía de su devolución se constituyó un derecho real de prenda. Coinciden, en que el préstamo ascendía a la suma de pesos treinta y seis mil novecientos treinta y ocho con 88/100, importe que debía restituirse en treinta y seis (36) cuotas mensuales de pesos un mil veintiséis con 08/100 ($ 1026,08) y, además, que en el valor de la cuota se incluía la prima del seguro, que fuera impuesta como obligatorio por el acreedor prendario. Resulta, que al mes de ocurrir el evento dañoso, los fondos existentes en la caja de ahorro, en la cual la Sra. Patiño depositaba mensualmente el dinero necesario a fin de cubrir la cuota del préstamo y la prima del seguro, no eran suficientes, por lo que no se realizaron las imputaciones correspondientes. Se tiene que, por un lado, la Sra. Patiño afirma que ha cumplido acabadamente con cada una de las cuotas convenidas, en tiempo oportuno y con más los gastos que se le han informado. Mientras que el Banco alega que no pudo realizar el pago a la Aseguradora el mes en el que se produjo el accidente, ya que la caja de ahorros de la Sra. Patiño carecía de fondos suficientes. Insiste el Banco, en que al momento del vencimiento de la cuota correspondiente al mes de marzo de 2012, que vencía el día 09/03/2012 y que ascendía a la suma de $ 1328,90, la Sra. Patiño carecía de fondos suficientes para afrontar dicho importe, lo que motivó que la prima del seguro contratado en La Caja S.A., no fuera abonada. Del informe pericial contable llevado a cabo en los autos “Ferreira c/ Quinteros” (ff. 186/90) a fin de dilucidar este extremo, surge que efectivamente al día 23/03/2012 (fecha en que se produjo el accidente), no se había completado el depósito correspondiente a dicho mes por parte de la Sra. Patiño. El perito contable Enrique Cedrón da cuenta que efectivamente la demandada contrató con el Banco Santander Rio S.A. un crédito prendario, afectado a la compra del automóvil dominio JJO- 113. De dicho contrato, surge que la modalidad de pago sería en 36 cuotas mensuales y consecutivas de $ 1026,08, venciendo la primera cuota el día 09/12/10 y las restantes en igual día de los meses siguientes hasta su cancelación, a través de débito automático en cuenta. El contador informa también, que la Cuenta Caja de Ahorro n.° 066-003 795 567, se encuentra destinada al pago de la cuota pactada en el crédito prendario. Además, surge del contrato que fuera celebrado, como de los términos de la traba de la litis, que efectivamente la Sra. Patiño, al pagar la cuota del crédito, incluía el pago de la prima del seguro y era la entidad bancaria la que debía imputar el pago a La Caja de Seguros S.A., debiendo depositarse ambos importes en la misma Caja de Ahorro. En el mes de marzo, al igual que en los meses anteriores, la Sra. Patiño depositó el día 06 (esto es, tres días antes de la fecha del vencimiento), en la Caja de Ahorros abierta a tal fin, el monto correspondiente al mes de marzo por la suma de $ 1315, pero el valor de la cuota de ese mes ascendía a la suma de $ 1328,90. Por lo que el perito concluye que, efectivamente, al día del vencimiento (09/03/2012), los fondos existentes en la cuenta resultaban insuficientes (repuesta j). Ante ello, el Banco alega que al no alcanzar los fondos no realizó ninguna imputación y, por ello, ese mes la prima del seguro no se canceló en tiempo oportuno, lo que le generó a la Sra. Patiño no tener cubierto el siniestro de marras. El punto dirimente a fin de resolver, radica en si la Sra. Patiño conocía o podía conocer, antes de producirse el siniestro, que los fondos depositados en su Caja de Ahorros resultaban insuficientes para cancelar el valor de la cuota del crédito y del seguro, en el mes de marzo. Cabe destacar, que esa diferencia, es una suma ínfima ($ 13,90), lo que evidencia que probablemente se haya tratado más bien de una falta en el deber de información que en una falta de dinero para afrontar el pago. La accionada, al evacuar el traslado de la demanda acompaña una constancia (f. 26), de la que se desprende que efectivamente el valor de la cuota en el mes de marzo ascendía a la suma de $ 1307,35. Por lo que si la misma depositó la suma de $ 1315, tal monto resultaba suficiente para cubrir la totalidad de la cuota. No obstante, al detraerse el valor del préstamo, el mismo ascendía a la suma de $ 1328,90. Por lo que, efectivamente, el valor de la cuota no era de $ 1307,35 y por ello los fondos depositados no alcanzaron. De las constancias de ff. 154/63 se desprende que el valor exacto de las treinta y seis cuotas del préstamo, variaban mes a mes. Ahora bien, no surge de manera concreta cómo era que la Sra. Patiño conocía cuál era el importe exacto que debía depositar en la Caja de Ahorro a fin de cancelar el valor de la cuota. Al ser consultado el perito contable sobre este punto, expresó: “Si bien no se ha especificado puntualmente la modalidad que el Banco Santander Rio S.A. adoptaba para comunicar la modificación y/o aumento de los gastos y/o montos de depósitos a realizar por el tomador del crédito, los usos y costumbres son: carta a domicilio y/o Home Banking, existiendo también el canal de Banca Telefónica” (respuesta 8). De hecho, la constancia que acompaña la demandada a f. 26 en copia simple es un plan de pago informado por el Banco, que textualmente dice “reemplaza al plan de pagos enviado oportunamente”, y que en caso de corresponder (el que debería leerse “en caso que varíen los importes”) serán informadas con la debida anticipación. Quien estaba en mejores condiciones de probar la comunicación que realiza el Banco con sus clientes respecto del valor de las cuotas, era justamente la entidad bancaria. No es otra cosa, que aplicación del principio rector en materia de consumo: la carga dinámica de la prueba, específicamente establecida en la ley 24240. Así las cosas, del art. 53, tercer párrafo de la ley, se desprende que: “Los proveedores deberán aportar al proceso todos los elementos de prueba que obren en su poder, conforme a las características del bien o servicio, prestando la colaboración necesaria para el esclarecimiento de la cuestión debatida en el juicio”. De tal modo, es el Banco Santander quien debió acreditar que había informado de manera fehaciente a la Sra. Patiño, que al día del vencimiento de la cuota (es decir al día 09/03/2012) los fondos depositados resultaban insuficientes para cancelar su obligación (por un saldo mínimo de $ 13,90). Por ello, se provocó que careciera de seguro al producirse el accidente de autos. Sin embargo, el Banco no realizó ninguna actividad probatoria tendiente a acreditar este extremo. Al contrario, se limitó a sostener que al no contar con los fondos de manera íntegra, no pudo imputar el pago, pero omitió invocar haber cumplido acabadamente con el deber de información que pesaba sobre el mismo. Surge, que recién con fecha 26/03/2012 y por un llamado realizado por la entidad bancaria el día sábado 24/03/12 (tal como alega la Sra. Patiño al evacuar el traslado de la demanda), se depositó la suma de pesos cien, ya que había una diferencia que se adeudaba en concepto de mantenimiento de la caja de ahorro. Pero tal comunicación fue realizada con posterioridad al accidente de tránsito, lo que evidentemente fue tardío. En este sentido, la descripción del accionar de la entidad citada como tercera y traída al proceso por la demandada, refleja por sí solo la configuración del incumplimiento de la normativa consumeril imperante, toda vez que se omitió brindarle información veraz, correcta, concreta y principalmente oportuna a su cliente, ya sea antes de formalizar el depósito, del valor exacto de la cuota del mes de marzo de 2012, o bien una vez efectuado el mismo, comunicándole que resultaba insuficiente.

El deber de información se encuentra consagrado explícitamente en el art. 4 de la ley 24240, que dispone: “quienes produzcan, importen, distribuyan o comercialicen cosas o presten servicios, deben suministrar a los consumidores o usuarios, en forma cierta y objetiva, información veraz, detallada, eficaz y suficiente sobre las características esenciales de los mismos". A su vez, dicho deber tiene anclaje directo en el art. 42 de la C.N., consagrándose en un principio de primordial relevancia que tiende a proteger de manera real y efectiva la decisión que adopte el consumidor en relación al consumo o no de un determinado bien o prestación de un servicio. Así, se ha dicho que: “(...) el deber constitucional de brindar una información adecuada y veraz se relaciona directamente con la certeza, autenticidad y comprobabilidad de la misma, en función de la disponibilidad de datos que una parte tiene y de la cual la otra -claramente más débil en la relación jurídica- carece." (S.C.B.A. Ac. B 65834 cit.; en el mismo sentido Ac. C99518, 03/06/09 "Conca Hugo c. Banco de la Provincia de Bs. As.", por la mayoría votó el Dr. de Lázzari).

En este punto, cabe destacar que el banco no acreditó haber informado a su cliente de manera cierta que los fondos existentes en la cuenta resultan exiguos para cancelar la cuota, sino después de producirse el evento dañoso, lo que ocasionó la declinación de cobertura por parte de la compañía aseguradora, recayendo sobre aquella la carga de alegar y demostrar que la demandada fue remisa en a cumplir acabadamente con su obligación, y que la misma se encontraba debidamente informada.

En efecto, tal desinformación a la demandada provocó la declinación de cobertura de la citada en garantía frente a un siniestro, produciéndole un perjuicio innecesario, que se podría haber evitado con una simple comunicación fehaciente o debida información. En este sentido, no debe pasarse por alto el hecho de que el correcto suministro de información busca equiparar los desequilibrios en las relaciones comerciales y la importancia de tal precepto ocasionó su recepción en el Código Civil y Comercial de la Nación, evidenciando, una vez más, la intención del legislador de proteger a los consumidores -como la demandada- frente a los abusos por parte de los proveedores (art. 1100 del CCCN). Estableciendo, además, la aplicación de las disposiciones previstas para los contratos de consumo a los contratos bancarios, de conformidad con lo dispuesto en el art. 1093 del mismo cuerpo legal. Asimismo, debe tenerse presente que la diligencia exigible a una entidad financiera es la de un profesional experto en su actividad, razón por la cual mayor será la obligación que resulta de las consecuencias posibles de los hechos, debiéndose apreciar su conducta no con los parámetros propios de un neófito, sino que debe ajustarse a un standard de responsabilidad agravada, ya que su condición la responsabiliza de una manera especial y le exige una organización acorde con su objeto social, para poder desarrollar idóneamente su finalidad negocial (Trigo Represas, F. y Atilio López Mesa, M.: Tratado de responsabilidad civil, Buenos Aires, 2004, t. IV p. 353).

Por otra parte, la actitud desaprensiva asumida por el Banco denota, por sí sola, un destrato hacia el usuario, censurado por el plexo consumeril y por el art. 1097 del CCCN. En otro sentido, también surge de las demás constancias de autos, que la Sra. Patiño pagaba regularmente las cuotas del préstamos y prima del seguro por lo que, confiada en su buena fe, desconocía que los fondos en el mes de marzo resultaban insuficientes. Por todo lo expuesto, se concluye en que la entidad bancaria incurrió en una conducta a todas luces antijurídica, violatoria del deber de información, trato digno y buena fe, lo que la responsabiliza por los daños que la misma trajo aparejado a su cliente, esto se traduce en el caso, en la falta de seguro para afrontar el accidente de tránsito por el cual fue demandada. Así las cosas, se le debe hacer extensiva la condena, tal como ha sido peticionada por la demandada, la Sra. Patiño, por lo que corresponde rechazar la excepción de falta de acción articulada.

Por otro lado, siendo que en definitiva la declinación de cobertura que prospera respecto de la citada en garantía, se debe a una falta por parte de la entidad bancaria, se considera equitativo imponerle las costas, conforme lo dispuesto en el art. 130 del CPCC, ya que por los motivos expuestos, ha sido responsabilidad del tercero citado que la prima del seguro no esté pagada en término al día de producirse el siniestro.

V) Accidente de tránsito. En cuanto al punto (b) y en especial a la existencia material del hecho, la concordancia existente entre lo manifestado por los actores al demandar, así como el expreso reconocimiento de la demandada Ana María Patiño al contestar la demanda, y lo reconocido al absolver posiciones (ff. 319/20 en autos “Ferreira c/ Patiño”). Como también las pericias mecánicas llevadas a cabo en cada uno de los procesos; permiten afirmar que han quedado suficientemente acreditadas las circunstancias de tiempo, lugar y personas del accidente motivo de ambos juicios. Esto es, la existencia del siniestro acaecido el23/03/2012 y los vehículos intervinientes, sus conductores, hora del suceso y lugar donde se produjo el evento.

VI) Encontrándose acreditados los hechos constitutivos de ambas demandas, es necesario analizar el capítulo de la responsabilidad emergente del accidente de marras. Cabe destacar, en primer lugar, que en lo referente a la forma de producción del mismo o mecánica del accidente, la responsabilidad civil derivada de un accidente de tránsito se asienta en un factor objetivo, el riesgo de la cosa que implica el automóvil en circulación, principio que es receptado normativamente en el art. 1113 del Código Civil (actualmente consagrado en los arts. 1757 y 1769 del Nuevo Cód. Civil y Comercial de la Nación), el cual consagra una “presunción de causalidad”, que solo se enerva con la demostración de que el daño proviene de una causa ajena, sea por hecho del propio damnificado, de un tercero por el que no debe responder o caso fortuito o fuerza mayor. Este principio coincide con el criterio sentado por la Suprema Corte de Justicia in re: "Empresa Nacional de Telecomunicaciones c/ Provincia de Bs. As. y otra" (22/12/87, L.L.-1988-D-296), con nota del Dr. Atilio Alterini, en el sentido de que “el dueño o guardián debe soportar el daño causado al otro, a menos que medie causal eximitoria debidamente comprobada [...]”. El punto a dilucidar es lo referente a la forma de producción del accidente o su mecánica que es lo que se encuentra especialmente controvertido en esta causa. Todas las partes reconocen que el accidente ocurrió en el lugar, día y hora señalados en las demandas, pero disienten en cuanto a la mecánica de su producción. Mientras los actores de ambos juicios afirman que el choque en cadena fue provocado por la Sra. Patiño, que los embistió desde atrás en oportunidad de encontrarse detenidos por estar el semáforo en rojo. La demandada alega que el vehículo Chevrolet Corsa (del Sr. Quinteros), fue quien invadió el carril por el que transitaba, no pudiendo evitar la colisión. Invoca, que el accidente se produjo por el obrar de la propia víctima (el Sr. Quinteros), ya que no observó la regla de tránsito que establece que para cambiarse de carril, debe previamente anunciar su maniobra treinta metros antes de realizarla y con señalares lumínicas (guiños). Por lo que corresponde analizar las probanzas acompañadas a fin de dilucidar la mecánica del hecho. Revisadas todas las constancias, se puede afirmar que de las constancias existentes en ambas causas, se desprende que la mecánica del accidente fue como lo describieron los actores al demandar. Ello surge del informe pericial mecánico obrante en los autos “Ferreira c/ Quinteros” (ff. 278/80), en el que se dictamina que el “El accidente que nos ocupa ocurre el día 23/03/12; hora 13; en circunstancias que el actor circulaba por Av. Juan B. Justo a la altura del n.° 5278, esquina Saavedra Lamas; (esquina semaforizada) este detiene con el automóvil Citroën DS3 -dominio JTW-029, su marcha ante la luz roja del semáforo en ese instante es embestido en su parte trasera por el automóvil Chevrolet -Corsa, dominio DXR-214 con su parte frontal; que este vehículo impacta al primero (Citroën), por efecto del impuso que traía al haber sido también embestido con violencia en su parte trasera por el automóvil Gol Trend, dominio JJO-113, demandado, quien impacta frontalmente. Como vemos, en este choque en cadena, producido por el automóvil Gol - Trend, dominio JJO-113, que al estar detenido el primero y segundo vehículo, el último que fue el Gol - Trend, no tuvo el tiempo necesario de percepción y reacción al accidente” (el destacado me pertenece). En respuesta a la pregunta cuarta el perito Antonio E. Valdez expone: “[...] en consecuencia de acuerdo a las características de este choque, se lo considera EMBISTENTE al automóvil Gol Trend dominio JJO-113”. De modo coincidente resulta la pericia mecánica oficial llevada a cabo en autos “Quinteros y Ot. c/ Patiño), por otro perito experto en la materia, Ing. Sergio Fabián Gallardo. El perito describe la misma mecánica del hecho y, agrega, que el vehículo de la demandada Ana María Patiño no aplicó los frenos para evitar la colisión y también le atribuye la calidad de embistente (conf ff. 300/10). Por otro lado, la demandada alega culpa de la víctima (culpa al Sr. Quinteros conductor del vehículo Chevrolet Corsa), al señalar que ha sido este vehículo el que invadió su carril de circulación, sin preavisar su maniobra, pero no acompañó ningún elemento probatorio tendiente a acreditar la eximente alegada. No habiendo la parte demandada producido prueba fehaciente de que el hecho se produjo como lo describió al contestar la demanda, no puede tenerse por operada la excepción de culpa de la víctima y/o un tercero. El perito de control ofrecido por la citada en garantía, el Ing. Jongewaard de Boer (ff. 288/92 de los autos “Ferreira c/ Patiño”), se limita a contradecir la mecánica descripta por el perito oficial, pero tampoco da argumentos atendibles respecto de que la mecánica haya sido la que describió la Sra. Patiño al evacuar el traslado de la demanda. Es decir, se limita a descalificar las conclusiones del perito oficial el Sr. Valdez, pero sin fundamentación atendible que permita apartarse de sus conclusiones. Es sabido, que los peritos de parte, son asesores técnicos de quien representan, mientras que los peritos oficiales son auxiliares de la justicia y tienen el deber de dictaminar de modo imparcial y objetivo. Por otro lado, aun cuando la mecánica del accidente sea como dice la demandada que fue (que le vehículo corsa fue quien invadió su carril de circulación), resulta dable resaltar, que conforme a la normativa de tránsito vigente, es deber del vehículo que viene detrás mantener una distancia precautoria con el que circula adelante, lo cual evidentemente no ha ocurrido en el caso de autos. Así, la ley provincial de tránsito n.º 8560 establece de manera muy clara en su art. 49: “Todo conductor de un vehículo que circule detrás de otro debe dejar entre ambos un espacio libre que le permita detenerse, en caso de frenado brusco, sin colisionar con él, teniendo en cuenta especialmente la velocidad y las condiciones de adherencia y frenado”. Asimismo, en su art. 84, inc. 23 establece que se encuentra prohibido “[...] Conducir a una distancia del vehículo que lo precede, menor de la prudente, de acuerdo a la velocidad de marcha”. Por otro lado, la Ordenanza Municipal de Tránsito n.° 9981 al determinar las conductas prohibidas en la vía pública, prescribe en su art. 74 inc. d) “Están prohibidas en la vía pública, las siguientes conductas [...]; d) Conducir el vehículo a una distancia del que le precede, menor a la racionalmente aconsejable, según las condiciones climatológicas de la vía por la que se transita, la velocidad de circulación y el tipo de vehículo que se conduce (...)”. Igualmente, en el art. 81 de la citada Ordenanza, se establece que el conductor debe circular a una velocidad tal que le permita tener siempre el total dominio de su vehículo. Es decir, la Sra. Patiño no acreditó por ningún medio la eximente alegada, pese a recaer sobre ella la carga probatoria. Es de resaltar, que conforme a la descripción dada de los hechos, surge la falta de dominio de la Sra. Patiño sobre su rodado, lo que torna negligente e imprudente su conducta y la hace responsable de la reparación de los daños causados. Por lo referido ut supra, corresponde tener por acreditada la versión de los actores, relativa al accidente, tal como lo relataran en sus demandas. Lo cual pone de manifiesto la responsabilidad de la demandada Ana María Patiño como propietaria y conductora del auto Gol Trend dominio JJO-113, y su consiguiente obligación de resarcir el perjuicio ocasionado (arts. 1113 y 1109, respectivamente, del C. Civil; hoy arts. 1722 y 1724 del CCyC); sin que lo expresado entrañe adelantar opinión sobre la procedencia de los daños reclamados por cada uno de los actores.

VII) Acreditada la existencia material del hecho, su mecánica y la responsabilidad de la demandada en ambas causas, corresponde analizar los restantes elementos de prueba a fin de determinar si revisten idoneidad suficiente como para haber producido los daños cuya indemnización se reclaman, lo que se tratará en forma diferenciada. Ingresando al capítulo resarcitorio, cuadra verificar la existencia, extensión y cuantía de los daños invocados (c). VIII) En los autos caratulados “Ferreira, Guillermo Javier c/ Patiño, Ana María -- ord.”. El propietario del automóvil Citroën DS3, dominio JTW-029, Guillermo Javier Ferreira, reclama los daños en su vehículo, por repuestos y mano de obra ($ 22 000), lucro cesante ($ 2000) y, finalmente, por desvalorización venal la suma de $ 4450 (morigera todos los montos inicialmente reclamados al alegar, al haber ajustado su pretensión a lo que en más o en menos resultara de la prueba a rendirse en autos). Por lo que corresponde pasar al examen de las pretensiones económicas, teniendo presente que: "[...] Para tener derecho a la indemnización por daños la víctima debe demostrar el perjuicio efectivamente sufrido, esto es, hablando de daño emergente, el menoscabo patrimonial causado por el acto ilícito" (T.S.J., Sala Civil, Comercial y Contencioso Administrativo, sent. n.º 61, 13/12/85. Causa: "Casa Álvarez S.R.L. c/ Julio López y otros - Ordinario - Recurso de revisión", en "Foro de Córdoba - Cuadernos de Jurisprudencia - Tribunal Superior de Justicia - Sala Civil y Comercial - VI", p. 260/1).

Parafraseando a la Dra. Zavala de González, el daño emergente se traduce “en la privación o en la disminución de bienes integrantes del patrimonio” (empobrecimiento económico: egreso de valores) (Matilde Zavala de González, Actuaciones por daños, p. 118).

Respecto de este rubro consistente en daño material al vehículo del Sr. Ferreira, se ofrece una pericial mecánica a fin de que se cuantifiquen los daños causados en el rodado. Se lleva a cabo a tal fin la pericial mecánica obrante a ff. 278/80, en la cual el perito oficial Antonio Esteban Valdez, dictamina que los daños sufridos por el automóvil Citroën DS3 se localizan en toda su parte trasera. Detalla cada uno de los daños. Y refiere que el costo para la reparación alcanza, en concepto de repuestos, la suma de $ 9600 (con IVA incluido), por mano de obra $ 12 400 (incluye chapa y pintura), haciendo un total de pesos veintidós mil ($ 22 000). Por lo que este rubro debe prosperar íntegramente, por encontrarse debidamente acreditado. Además, al alegar el actor ajusta su pretensión a estos montos determinados por el perito oficial.

Respecto de los intereses para el rubro de daño material, se comparte el criterio adoptado por la Excma. Cámara de 5ta. Nominación de esta ciudad, en la causa “Sosa Baigorria, Tomás Manuel c/ Disco S.A. - Ordinario - Otros - Recurso de Apelación - Expte. N° 1265191/36” (Sent. N° 66 del 27/04/2015), en la que, confirmando el pronunciamiento de primera instancia, se aplicó una tasa pura, desprovista de componentes inflacionarios (a razón del 8% anual), desde la fecha del evento dañoso y hasta aquella en que se cuantificó el perjuicio. Y desde allí en adelante, los intereses habituales (tasa pasiva que publica el B.C.R.A. con más el 2% nominal mensual), considerando que desde ese momento, se debe contemplar un ajuste por inflación. Por lo expuesto, los intereses sobre el rubro daño al rodado y gastos de reparación deben ser calculados desde la fecha del evento dañoso (23/03/2012) y hasta la revalorización formulada por el perito (17/09/2013) a razón de un ocho por ciento (8%) anual; y desde allí y hasta su efectivo pago, la tasa pasiva del B.C.R.A. con más el 2% nominal mensual.

El Sr. Ferreira, reclama en concepto de lucro cesante, la suma de pesos dos mil (ver. f. 398 vta.). En la demanda, manifiesta que se desempeña como comerciante y su automóvil es el único medio de movilidad con el que cuenta para dirigirse a sus negocios, los que se encuentran distribuidos a lo largo de la provincia. De lo expuesto y de las precisiones realizadas al alegar, se considera que lo realmente reclamado por el Sr. Ferreira es la privación del uso del rodado y no la ganancia dejada de percibir (lucro cesante) por no contar con su vehículo. Así las cosas, corresponde re-encuadrar este rubro como privación de uso, en virtud del principio iura novit curia. Se presume que quien tiene un vehículo lo utiliza con un fin redituable, de cualquier tipo que sea. El monto debe determinarse moderadamente, teniendo en cuenta las características del caso, los precios de los traslados en transportes públicos de pasajeros (por ej.: taxis) a la fecha de la privación de uso. En este sentido, la jurisprudencia sostiene: "[...] Para conceder la indemnización por la privación del uso del rodado, es suficiente acreditar que durante un tiempo determinado se sufrió la indisponibilidad del mismo. No hace falta probar un perjuicio real y positivo, ya que se presume un detrimento al darse por sentado que quien tiene un vehículo es porque lo usa o debe contar con la posibilidad de usarlo.”(Conf. C.1.°C.C. San Isidro, sala I, junio 30-987 - Gandini, Aldo H. c. Luna C. y otros - DJ, 1987-2-767" véase Digesto práctico La Ley, Daños y perjuicios III, pág. 407). Esto es aplicable, lógicamente, a casos donde se reclama el valor de traslados promedio y habituales. El actor, ajusta su pretensión al alegar y estima que el tiempo de reparación será de al menos diez días y estima un gasto diario de pesos doscientos. El perito no fue consultado al respecto, pero lo cierto es que algún tiempo debió llevó reparar el vehículo del actor. Por ello, al no haberse acreditado este lapso, se fijará prudencialmente en el plazo estimado por el actor de diez días (al alegar), considerando los arreglos a realizar conforme fuera dictaminado por el perito oficial y estimando que el plazo de diez invocado luce como razonable. No obstante ello, a fin de cuantificar el mismo, corresponde tomar el valor diario reclamado en la demanda de pesos cien ($ 100), ya que no luce abultado ni exagerado si se tiene en cuenta el valor promedio del transporte público en nuestra ciudad al suceder el hecho (agosto 2012). Si bien el actor incrementa el monto diario a pesos doscientos al alegar (conf. f. 398 vta.), no da ninguna explicación de porqué inicialmente reclamó la suma diaria de cien y al alegar duplicó su valor. Si bien puede el actor al alegar ajustar su pretensión en función de la prueba rendida en autos, no puede variar su pretensión económica sin al menos dar razones fundadas. Por lo que se considera que este rubro debe prosperar parcialmente, pero por el monto de pesos mil ($ 1000), es decir por el lapso de diez días a razón de $ 100 por día.

Los intereses correrán desde el quinto día, contados a partir de la fecha del hecho, por ser este el término medio de los diez días necesarios para realizar los arreglos conforme lo indicado, es decir desde el 29/03/2012, y hasta el efectivo pago (conf. Zavala de González, Doctrina judicial. Solución de casos, ed.: 1995, p. 199).

Finalmente respecto al rubro desvalorización del vehículo, al ser consultado el perito mecánico oficial, este respondió (pregunta 5): “Como consecuencia de este evento dañoso el automóvil Citroën DS3 del actor, sufrió daños en su parte estructural como lo es el piso del baúl; por ello se estima una desvalorización de un cinco por ciento (5%) de su precio de reventa en el mercado del usado [...]”. Seguidamente estima que el valor del vehículo es de pesos ochenta y nueve mil, conforme la revista INFOAUTOS. Así, cuantifica este rubro en la suma de pesos cuatro mil cuatrocientos cincuenta ($ 4450), lo que representa el 5% del valor de mercado del vehículo (y no el 6% como luego refiere). El perito de control Germán Eduardo Jongewaard de Boer (a ff. 288/92) presenta su informe en disidencia con el perito oficial e indica, que el perito oficial no establece en su informe que haya tenido a la vista el vehículo del actor a fin de llegar a la conclusión a la que arribó, y menos aún señala cuales son las secuelas que ha detectado luego de la reparación integral del mismo. Por lo que concluye que resulta imposible que el vehículo del actor haya sufrido algún tipo de daño que pueda hacer viable la pretendida desvalorización. No obstante ello, pasa de alto el perito de control que el perito oficial indicó expresamente que: “[...] sufrió daños en su parte estructural como lo es el piso del baú [...]”. Es decir, sí individualizó qué parte del rodado padeció un detrimento de tipo estructural, por el que resulta viable la pretensión por desvalorización venal. Debe señalarse, que el perito oficial da las razones de la desvalorización venal, por lo que resulta convincente lo dictaminado. Además, el porcentaje señalado por el perito es bajo (5%). Cabe destacar, que una cosa es recomponer un objeto de modo que recupere, en lo básico, su situación precedente al hecho, y otra es que esa recomposición pueda logarse sin dejar rastro de ella porque, lógicamente, si quedan huellas o indicios se produce una retracción en la demanda y una incidencia negativa en el precio del bien (Zavala de González, Matilde, Doctrina judicial. Solución de casos, t. I, Editorial Alveroni, Córdoba, 1998, p. 218). La misma autora, a f. 220 afirma que la desvalorización venal es procedente a pesar de que el bien no haya sido reparado. Fundamenta su postura en el sentido de que una opinión experta puede anticipar, bajo un juicio hipotético, cómo quedará el bien luego de ser reparado, a pesar de que ello no se haya todavía realizado, y bajo la premisa futura de una reparación idónea y eficiente (Zavala de González, ob. cit. p. 220). El actor en su demanda cuantificó este rubro en la suma de pesos dieciséis mil, pero al alegar ajusta su pretensión a la pericial mecánica rendida en autos y peticiona la suma de pesos cuatro mil cuatrocientos cincuenta ($ 4450), tal como fuera dictaminado por el perito oficial, lo que representa el 5% del valor de mercado del bien ($ 89 000), por lo que este rubro debe prosperar íntegramente.

Para este supuesto rige la mora ex re, es decir que los intereses del rubro se computarán desde la fecha del accidente, el día 23/03/2012, hasta su efectivo pago.

IX) En los autos caratulados “Quinteros, Eduardo y otros c/ Patiño, Ana María - ord.”. La propietaria del automóvil Chevrolet Corsa, dominio DXR-214, Verónica Alejandra Quinteros, reclama los daños en su vehículo, por daño emergente, repuestos y mano de obra por la suma de $ 51 730, desvalorización venal la suma de $ 11 360 y finalmente por privación de uso la suma de pesos trescientos (morigera todos los montos inicialmente reclamados al alegar, al haber ajustado su pretensión a lo que en más o en menos resultara de la prueba a rendirse en autos). Por lo que corresponde pasar al examen de las pretensiones económicas.

Respecto del daño emergente, la co-actora reclama lo consistente en el daño material ocasionado a su vehículo. A tal fin, también se ofrece una pericial mecánica a fin de que se cuantifiquen los daños causados en el rodado. La misma consta realizada a ff. 300/10, en la cual el perito oficial, Ing. Sergio Fabián Gallardo, dictamina los daños sufridos por el automóvil Chevrolet Corsa Wind 1.6, modelo 2002, dominio DXR-214, el cual fue puesto a disposición del perito. Informa cada uno de los daños producidos y determina su identidad (ff. 302/3). Refiere cada uno de los daños que observa, algunos están calificados como “destruido” lo que implica que debe cambiarse por unos nuevos, y otros como “afectados”, los que deberán ser reparados. Cuantifica el daño material, distinguiendo por un lado el costo de la mano de obra más pintura ($ 24 000) y por el otro el costo de los repuestos ($ 27 270), alcanzando un total por este rubro de $ 51 730. Así las cosas, se estima que este rubro debe prosperar íntegramente, por encontrarse debidamente acreditado. Además, al alegar la co- actora ajusta su pretensión a este monto determinado por el perito oficial.

Los intereses para el rubro de daño material, fueron solicitados desde la fecha del accidente, lo que así debe otorgarse, con la siguiente salvedad. Se comparto el criterio adoptado por la Excma. Cámara 5ta. Nominación de esta ciudad, en la causa “Sosa Baigorria, Tomás Manuel c/ Disco S.A. - Ordinario - Otros - Recurso de Apelación - Expte. N° 1265191/36” (Sent. N° 66 del 27/04/2015), en la que, confirmando el pronunciamiento de primera instancia, se aplicó una tasa pura, desprovista de componentes inflacionarios (a razón del 8% anual), desde la fecha del evento dañoso y hasta aquella en que se cuantificó el perjuicio. Y desde allí en adelante, los intereses habituales (tasa pasiva que publica el B.C.R.A. con más el 2% nominal mensual), considerando que desde ese momento, debe contemplar un ajuste por inflación. Por lo expuesto, los intereses sobre el rubro daño al rodado y gastos de reparación deben ser calculados desde la fecha del evento dañoso (23/03/2012) y hasta la revalorización formulada por el perito (17/09/2013) a razón de un ocho por ciento (8%) anual; y desde allí hasta su efectivo pago, la tasa pasiva del B.C.R.A. más el 2% nominal mensual.

Respecto al rubro desvalorización del vehículo, al ser consultado el perito mecánico oficial respondió (pregunta 4): “Del análisis realizado por el suscripto y teniendo en cuenta los daños recibidos en su parte estructural trasera y delantera del rodado Chevrolet Corsa, Dom: DXR-214, lo lleva a determinar que el mismo presenta una desvalorización del orden del 20%. Considera que la parte estructural del rodado, por más que la reparen y la lleven a su posición original, queda afectada para siempre ya que sus propiedades físicas fueron alteradas y no se va a volver a comportar según fue diseñado. El perito oficial inicia el dictamen describiendo el estado general del vehículo siniestrado y determina que “De la inspección técnica realizada al rodado de propiedad de la actora Chevrolet Corsa Dom. DXR-214, presenta las siguientes observaciones a raíz del siniestro que nos convoca. Se observa, que al mismo le han cambiado las partes vitales de la estructura como por ejemplo travesaño delantero, porta ópticas, óptica trasera, espejo retrovisor, capot, soporte ventilador, radiador AA, paragolpes trasero y delantero. El estado general del vehículo es regular ya que presentan imperfecciones de la reparación y las luces de las puertas no quedaron bien, como así la pintura no la tiene realizada, A simple vista se observa que el mismo ha sido partícipe de un siniestro. Seguidamente, estima que el valor del vehículo en el mercado del usado es de $ 56 800. Por lo que el monto por este rubro que alcanza la suma de pesos once mil trescientos sesenta, monto que así fue peticionado al alegar, debe prosperar, ya que el dictamen pericial resulta ser el único elemento probatorio a fin de acreditar este rubro, tanto su procedencia como su importe, no habiendo informe pericial en disidencia que valorar. Para este supuesto rige la mora ex re, es decir que los intereses del rubro se computarán desde la fecha del accidente, el día 23/03/2012, hasta su efectivo pago.

Finalmente, en cuanto al rubro “privación de uso”, la accionante reclama la suma de pesos sesenta diarios, por un lapso de cinco días, tal como surge del alegato, ajustando su pretensión a lo dictaminado por el perito oficial. Se presume que quien tiene un vehículo lo utiliza con un fin redituable, de cualquier tipo que sea. El monto debe determinarse moderadamente, teniendo en cuenta las características del caso, los precios de los traslados en transportes públicos de pasajeros (por ej.: taxis) a la fecha de la privación de uso. En este sentido, la jurisprudencia sostiene: "[...] Para conceder la indemnización por la privación del uso del rodado, es suficiente acreditar que durante un tiempo determinado se sufrió la indisponibilidad del mismo. No hace falta probar un perjuicio real y positivo, ya que se presume un detrimento al darse por sentado que quien tiene un vehículo es porque lo usa o debe contar con la posibilidad de usarlo.”(Conf. C.1.°C.C. San Isidro, sala I, junio 30-987 - Gandini, Aldo H. c. Luna C. y otros - DJ, 1987-2-767", véase Digesto práctico La Ley, Daños y perjuicios III, pág. 407). Esto es aplicable, lógicamente, a casos donde se reclama el valor de traslados promedio y habituales. En cuanto al lapso, el perito Sergio Fabián Gallardo señala: “Para dichas tareas el suscripto las estima de un total de horas hombre de mano de obra especializada en 40 h,; (siendo la jornada laboral de 8 h, . 5 días)[...]”. En la demanda la co-actora expuso que estuvo privada de contar con su vehículo por el lapso de siete meses, pero al alegar ajusta su pretensión a lo dictaminado por el perito oficial (5 días), por el mismo valor diario reclamado ($ 60), el que no luce abultado ni exagerado, como ya se mencionó supra. Así las cosas, este rubro debe prosperar por la suma de pesos trescientos ($ 300), tal como ha sido peticionado por la co-actora.

Los intereses correrán desde el tercer día, contados a partir de la fecha del accidente, por ser este el término medio de los cinco días necesarios para realizar los arreglos conforme lo indicado, es decir desde el 26/03/2012 y hasta el efectivo pago (conf. Zavala de González, Doctrina judicial. Solución de casos, ed.: 1995, p. 199).

X) El co-actor Eduardo Urbino Quinterosreclama, en concepto de incapacidad sobreviniente la suma de pesos $ 69 161,18, por daño moral y daño psicológico la suma de pesos diez mil por cada concepto.

Respecto del rubro de incapacidad sobrevinienteque reclama, se deben hacer algunas consideraciones. En la demanda, cuantifican el rubro con la aplicación de la fórmula Marshall, sin distinguir si reclaman lucro cesante pasado y/o futuro y/o pérdida de chances pasadas o futuros. Al alegar, expresamente solicitan que el cálculo para este rubro se haga conforme a la fórmula Marshall, pero teniendo en cuenta que para la pérdida de chance se debe hacer la disquisición de chance pasada y futura que delimita estadios durante el tiempo del litigio, en efecto, atendiendo al antes y después de la sentencia [...]” (f. 433 vta.). De tal modo, se desprende que lo reclamado por los actores es la pérdida de chance padecida, en función de la incapacidad psicofísicas que les dejó el accidente de tránsito. En cuanto a los parámetros, señalan que deberá tomarse como tope de edad la “vida laborable” de 65 años y dos Salarios Mínimo Vital y Móvil a la fecha del accidente, el que alcanza la suma de pesos dos mil trescientos cada uno. El Sr. Eduardo Urbino Quinteros sostiene que como consecuencia del accidente, padece una incapacidad parcial y permanente del 15% de la T.O. De las constancias de la causa (historia clínica f. 36 y 228/39) y principalmente de la pericial médica obrante a ff. 284/7 y pericial psiquiátrica (ff. 251/6), se desprende que el actor acreditó las lesiones psico-físicas invocadas. La pericia médica oficial le otorga al actor una incapacidad parcial y permanente de un 3% de la T.O. y la pericia psiquiátrica un 15% de la T.O. Al respecto, cabe consignar que lo dictaminado por los peritos oficiales es congruente con las constancias de la causa y la mecánica del accidente, en cuanto a la entidad de las lesiones productoras de la incapacidad informada. La parte demandada no presentó informe en disidencia a los fines de desvirtuar las conclusiones de los peritos oficiales. Se puede afirmar que las pericias representan la pieza probatoria más apta para dilucidar la cuestión sujeta a decisión, por tratarse de la opinión de un especialista acerca del área propia de su conocimiento, sobre las cuales no es mucho lo que puede conocer el juez. Se debe resaltar, además, que ambos peritos afirman, que existe relación causal entre las patologías reclamadas y el accidente de marras. En función de la fórmula Balthazard, que consiste en sumar las incapacidades parciales calculadas sucesivamente, en relación con la incapacidad restante que resulte del cálculo de cada una de ellas (T.S.J., sala Cont. Adm., en L.L.C. 2001, 14, con nota de María Guillot DT 2001-B, 1282), se obtiene una incapacidad residual total del 17,55% de la T.O.

Respecto de los ingresos del Sr. Quinteros, se debe resaltar en primer lugar que se trata de una persona que percibe una jubilación (conforme surge de lo manifestado al demandar). Se tiene, que el actor nació con fecha 25/01/1958, conforme surge de las constancias de f. 25, por lo que se acredita así la edad del co-actor (al día de esta resolución tiene la edad de 61 años).

Siguiendo para este supuesto lo ya expresado por el Máximo Tribunal Provincial, en el sentido de que el hecho de que se trate de una persona jubilada no es un obstáculo para la indemnización, toda vez que ni la jubilación ni la edad avanzada constituyen per se el cese automático de la productividad de un sujeto (TSJ, Sala Civ. y Com., sent. 68 de fecha 25/06/08, en autos: “Dutto, Aldo Secundino c/ América Yolanda Carranza y otro- Ord.). En Este mismo precedente, se sostuvo que: “La circunstancia de que la accionante en la demanda haya reclamado la indemnización por incapacidad ´laborativa´ no impide considerar que el resarcimiento en concepto de la incapacidad sobreviniente fuera, en verdad, a título de incapacidad ´vital´. Ello es así porque la calificación jurídica en torno a determinar si procede la indemnización peticionada a título de incapacidad laborativa o si- por el contrario- lo es en concepto de incapacidad vital, es una cuestión de estricto derecho cuyo esclarecimiento incumbe libremente a los tribunales con independencia de la conceptuación que hubieren hecho las partes”. Es decir, no puede hablarse de “capacidad productiva” ni chances disvaliosas de desempleo o de productividad. Sin embargo, la productividad de las personas no cesa en esa oportunidad pues, en la mayoría de los supuestos, los jubilados conservan aptitud para desempeñar otras tareas materialmente provechosas, aunque no se retribuyan en dinero (Zavala de González, Matilde - Doctrina judicial, solución de casos 6, ed. 2004, p. 144). Además, resulta obvio que la salud física es necesaria y deseable en cualquier momento de la vida. En todo ámbito vital, incluido el productivo, se requiere normalidad para adoptar posturas corporales y moverse sin limitaciones, esfuerzos excesivos, ni dolor, que sí configuran la incapacidad parcial de la actora (Zavala de González, Matilde - Doctrina judicial, solución de casos 6, ed. 2004, p. 49). Por otro lado, se desprende que si bien al alegar nombran al rubro como “pérdida de chance”, lo que reclaman es lucro cesante en cuanto que al cuantificar el rubro no realizan ninguna disminución de lo que resulta de la fórmula. La calificación jurídica del daño como pasado o futuro es una tarea que realiza el juez al momento de dictar sentencia. Tarea cuyo cumplimiento requiere evaluar los hechos y pretensiones que integran la litis, y asignarles el rótulo que en derecho corresponda, con prescindencia incluso del nombre que le hubieran dado las partes en sus escritos de postulación (T.S.J., sentencia n.° 73 de fecha 08/08/2017, en autos: “Mamondi, Ana Laura y Otro c/ Ferreira, Julio Cesar y Ot.” - Ordinario - R. de Casación - exp. n.° 5 501 133). En otro precedente, el T.S.J. sostuvo que: “[...] El error en que la propia parte incurra en la nomenclatura (nomen iuris) que le asigna a un determinado capítulo de los daños cuyo resarcimiento se reclama, no resulta vinculante para los jueces, los cuales pueden -y hasta deben- encuadrar los hechos que alegan los litigantes como sustento del perjuicio que se invoca en los conceptos y normas que sean realmente aplicables.

” [TSJ, Sala CyC, in re: "Spreafico, Julia E. c/ Telecom Argentina y/o Telecom Argentina S.A. y Ot.- ord. - R. directo (Expte. Letra “S” n° 19/00)"Sent. Nº 54 del 23.05.01]. El accionante ha pretendido que se resarza su incapacidad sobreviniente, desde el mismo momento de su producción, conforme los términos que empleó al demandar. Es decir, si bien ellos nombran al rubro en el alegato como “pérdida de chance”, lo que reclaman es estrictamente “lucro cesante”, en cuanto que al cuantificar el rubro no realizan ninguna disminución de lo que resulta de la fórmula y además no reclaman por la privación de oportunidades de progreso y riesgo de desocupación y/o pérdida del empleo actual. En este mismo sentido se pronunció el T.S.J. en el precedente ya citado: “[...] la víctima no ha logrado acreditar -fehacientemente- el exacto valor económico del daño patrimonial sufrido a raíz de su incapacitación. Sin embargo, tal como se explicitó anteriormente, ello no obsta a la procedencia de la indemnización sufrida en su faz vital” (“Dutto, Aldo S. c/ América Yolanda Carranza...”). Así las cosas, corresponde distinguir, tal como lo aclaró al alegar, por un lado el lucro cesante pasado y por otro el lucro cesante futuro.

Respecto del lucro cesante pasado, debe partirse de los ingresos que percibía el actor Eduardo Urbino Quinteros. A tal fin, al ser jubilado, deberá tomarse en consideración el monto del Salario Mínimo Vital y Móvil a la fecha del accidente ($ 2300) (Resol. 02/11 y 03/11 del C.N.E.P. y S.M.V. y M. B.O. 30/08/11 Y 19/09/11), considerado por el Máximo Tribunal provincial como una pauta razonable a fin de cuantificar este rubro. “El sueldo mínimo vigente al tiempo del acaecimiento del siniestro resulta una pauta razonable para establecer el quantum de la indemnización reclamada”(T.S.J., “Dutto, Aldo Secundino c/ América Yolanda Carranza...”). Así, a fin de cuantificar el lucro cesante pasado, cabe realizar los cálculos pertinentes a los fines de efectuar el cómputo lineal de las ganancias, debiendo multiplicarse el ingreso mensual fijado ($ 2300), en base a la incapacidad informada (17,55% de la T.O.), lo que representa la suma mensual de $ 403,65, por el tiempo transcurrido desde la fecha del hecho (23/03/2012), hasta la fecha de la sentencia, lo que representa 89 periodos completos (del mes de abril del año 2012 al mes de agosto del año 2019, inclusive), con más los días proporcionales del mes de marzo (8 días lo que representa la suma de pesos $ 104,16). Efectuados los cálculos de rigor, determinan que la indemnización por lucro cesante pasado, asciende a la suma de pesos treinta y seis mil veintinueve ($ 36 029).

Los intereses moratorios de tal rubro se devengan desde cada oportunidad en que debió percibirse la suma frustrada (es decir los $ 403,65 al día 10 de cada mes), cálculo que se difiere para la etapa de ejecución de sentencia.

Respecto del lucro cesante futuro, es necesario integrar en sus diversos elementos la versión simplificada de la clásica fórmula Marshall, denominada Las Heras - Requena: C = a por b: donde “C” es el monto indemnizatorio a averiguar; “a” equivale a la disminución de ingresos multiplicada por doce meses (no se trata de trabajador en relación de dependencia) a lo que se suma un interés puro de entre 6/8% anual; y “b” equivale al lapso total de períodos a resarcir, según la tabla de coeficientes relativos (Zavala de González, Matilde, Resarcimiento de daños , t. 4: Presupuestos y fundamentos del derecho de daños, p. 497; y Zavala de González, Matilde, Doctrina Judicial- solución de casos t.3, ed. 2000, p. 120). El actor solicita que este cálculo se haga hasta la edad de los 65 años, lo que así corresponde en estricto cumplimiento del principio de congruencia, aunque no hay impedimento para calcular la indemnización por lucro cesante futuro hasta los setenta y dos años (Diario Jurídico, 20/04/11; y Foro de Cba. n.° 105, pp. 199/200), máxime si lo que se resarce es la incapacidad vital del sujeto. Ateniéndose a lo dicho y a lo peticionado por el accionante, procede tomar como tope los sesenta y cinco años. Para obtener el resultado de “a” se debe partir de las ganancias del actor. Como ya se estipuló supra,el actor al alegar solicita que se tomen dos Salarios Mínimos Vitales y Móviles a la fecha del accidente (es decir la suma de $ 4600), sin pedir que el mismo se actualice a la fecha de esta resolución, o como en otros precedentes jurisprudenciales se tome el Salario Mínimo Vital y Móvil vigente a la fecha de la sentencia (que a la fecha es de $ 15 625). Por ello, y en función del principio de congruencia que debe imperar en toda resolución judicial (art. 330 del CPCC), Debe tomarse este salario solicitado por el actor, por tratarse de una cuestión puramente patrimonial y por ende renunciable. Esto, multiplicado por 12 meses (no acreditó ni invocó ser asalariado, ya que es jubilado), más un interés del 6% anual, tal como lo solicitase en la demanda. A su vez debe multiplicarse por el porcentaje de incapacidad determinado por los peritos intervinientes 17,55% T.O., conforme se expresara supra. Al resultado así obtenido se lo debe multiplicar por el coeficiente de aplicación equivalente al periodo a resarcir (3,4651). Finalmente, este coeficiente correlativo a utilizar será el correspondiente al número de años que median entre la fecha de la presente sentencia, pues el cálculo no puede arrancar desde la fecha del accidente porque queda encuadrado como lucro cesante pasado. Es decir, que se debe tomar el coeficiente correspondiente a 4 periodos; si bien no obra en autos la partida de nacimiento del actor, la fecha de nacimiento del Sr. Eduardo Urbino Quinteros data del 25/01/1958 (ver f. 25), lo que nos brinda la edad de la víctima a la fecha de la presente sentencia (61 años) y tomando como tope la edad 65 años (tal como se fijó supra), nos arroja un coeficiente de 3,4651, según la tabla de la página web del Poder Judicial de la Provincia de Córdoba. Así, el monto a indemnizar por lucro cesante futuro alcanza la suma de $ 35 582,61.

Por la propia futuridad del rubro, los intereses se computarán desde la fecha de la presente sentencia hasta el efectivo pago (TSJ, en DJ on line 07/12/09).

XI) La co-actora Nancy Edith Rojas de Quinteros, reclama, en concepto de incapacidad sobreviniente, la suma de pesos $ 71 812,37, por daño moral y daño psicológico la suma de pesos diez mil por cada concepto.

Respecto del rubro de incapacidad sobrevinienteque se reclama, se deben hacer algunas consideraciones. Al igual que co-actor Eduardo Urbino Quinteros, en la demanda, cuantifican el rubro con la aplicación de la fórmula Marshall, y sin distinguir si reclaman lucro cesante pasado y/o futuro y/o pérdida de chances pasadas o futuros. Al alegar, expresamente solicitan que el cálculo para este rubro, debe hacerse conforme la fórmula Marshall, pero teniendo en cuenta que para la pérdida de chance, se debe hacer la disquisición de chance pasada y futura que delimita estadios durante el tiempo del litigio, en efecto, atendiendo al antes y después de la sentencia...” (f. 433 vta.). Así las cosas, tal como se estableció precedentemente, se cuantificará este rubro como lucro cesante pasado y futuro. La actora, expresa que no contaba con un salario mensual, al desenvolverse en el ámbito del hogar como ama de casa. En cuanto a los parámetros, señala que deberá tomarse como tope de edad la “vida laborable” de 65 años y un Salario Mínimo Vital y Móvil a la fecha del accidente y en el alegato eleva a dos salarios, el que alcanza la suma de pesos dos mil trescientos cada uno. La Sra. Rojas de Quinteros sostiene, que como consecuencia del accidente, padece una incapacidad parcial y permanente del 20% de la T.O. De las constancias de la causa (historia clínica f. 38 y 228/39) y principalmente de la pericial médica obrante a ff. 281/3 y pericial psiquiátrica (ff. 251/6), se desprende que la co-actora acreditó las lesiones psico-físicas invocadas. La pericia médica oficial le otorga a la accionante una incapacidad parcial y permanente de un 5% de la T.O. y la pericia psiquiátrica, un 20% de la T.O. Al respecto, cabe consignar que lo dictaminado por los peritos oficiales es congruente con las constancias de la causa, y mecánica del accidente en cuanto a la entidad de las lesiones productoras de la incapacidad informada. Ello, de acuerdo a la fórmula Balthazard, que consiste en sumar las incapacidades parciales calculadas sucesivamente en relación con la incapacidad restante que resulte del cálculo de cada una de ellas (T.S.J., sala Cont. Adm., en L.L.C. 2001, 14, con nota de María Guillot DT 2001-B, 1282), arroja una incapacidad residual total del 24% de la T.O. Respecto de los ingresos de la Sra. Nancy Edith Rojas de Quinteros, se debe resaltar en primer lugar que se trata de una mujer que se dedica a los quehaceres domésticos en el marco de su hogar. Se debe traer a colación el reciente fallo de la Excma. Cámara Quinta que determinó que no se debería hacer ningún recorte ni reducción a la indemnización a acordar, en función de la actividad desempeñada por la misma, en atención a los Tratados Internaciones con jerarquía constitucional que se traducen en eliminar cualquier discriminación en razón del género. Destacó el fallo: “Tal como señala María de los Ángeles Palacio de Arato en “Mujer, género y derechos humanos. Resoluciones Jurisprudenciales desde una perspectiva de género”, la discriminación en razón del género está prohibida en la Constitución Nacional y en los tratados con jerarquía constitucional (artículos 37, y 75, incisos 22 y 23, de la Constitución Nacional; 1.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 3 del Pacto Internacional de Derechos Sociales, Económicos y Culturales; II de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 2 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; y Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer). La Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer en su artículo 1 establece “A los efectos de la presente Convención, la expresión “discriminación contra la mujer” denotará toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural y civil o en cualquier otra esfera” (resaltado agregado). En su artículo 2, inciso c, por su parte, dispone:

“...c) Establecer la protección jurídica de los derechos de la mujer sobre una base de igualdad con los del hombre y garantizar, por conducto de los tribunales nacionales competentes y de otras instituciones públicas, la protección efectiva de la mujer contra todo acto de discriminación;...”. Así las cosas, no puede sino resolverse teniendo en miras la actualidad imperante en la materia ya que resolver, con perspectiva de género no es una opción, sino una obligación para los Tribunales. En este caso, al igual que con el Sr. Eduardo Urbino Quinteros, no se indemniza “la productividad del sujeto”, sino su incapacidad vital. En cuanto a lo que reclama, sucede lo mismo que con el co-actor, el Sr. Quinteros, en que si bien al alegar nombran al rubro como “pérdida de chance”, lo que reclaman es estrictamente lucro cesante por cuanto al cuantificar el rubro no realizan ninguna disminución de lo que resulta de la fórmula, y además no reclaman por la privación de oportunidades de progreso y riesgo de desocupación y/o pérdida del empleo actual. La accionante pretende que se resarza su incapacidad sobreviniente, desde el mismo momento de su producción, conforme a los términos que empleó al demandar. Así las cosas, corresponde distinguir, tal como lo aclaró al alegar, por un lado el lucro cesante pasado y el lucro cesante futuro, por las mismas consideraciones formuladas supra.

Respecto del lucro cesante pasado, debe partirse de los ingresos que percibía la co-actora Nancy Edith Rojas de Quinteros. A tal fin, al ser ama de casa, deberá tomarse en consideración el monto del Salario Mínimo Vital y Móvil a la fecha del accidente ($ 2300) ( Resol. 02/11 y 03/11 del C.N.E.P. y S.M.V. y M. B.O. 30/08/11 Y 19/09/11), considerado por el Máximo Tribunal provincial como una pauta razonable a fin de cuantificar este rubro. “El sueldo mínimo vigente al tiempo del acaecimiento del siniestro resulta una pauta razonable para establecer el quantum de la indemnización reclamada”(T.S.J., “Dutto, Aldo Secundino c/ América Yolanda Carranza [...]”). Así, a fin de cuantificar el lucro cesante pasado, cabe realizar los cálculos pertinentes a los fines de efectuar el cómputo lineal de las ganancias, debiendo multiplicarse el ingreso mensual fijado ($ 2300), en base a la incapacidad informada (24% de la T.O.), lo que representa la suma mensual de $ 552, por el tiempo transcurrido desde la fecha del hecho (23/03/2012), hasta la fecha de la sentencia, lo que representan 89 periodos completos (del mes de abril del año 2012 al mes de agosto del año 2019, inclusive), con más los días proporcionales del mes de marzo (8 días lo que representa la suma de pesos $ 142,45). Efectuados los cálculos de rigor, determina que la indemnización por lucro cesante pasado, asciende a la suma de pesos cuarenta y nueve mil doscientos setenta con 45/100 ($ 49 270,45).

Los intereses moratorios de tal rubro se devengan desde cada oportunidad en que debió percibirse la suma frustrada (es decir los $ 552 al día 10 de cada mes), a la tasa judicial usual ya citada, cálculo que se difiere para la etapa de ejecución de sentencia.

Respecto del lucro cesante futuro, es necesario integrar en sus diversos elementos la versión simplificada de la clásica fórmula Marshall, denominada Las Heras - Requena: C = a por b: donde “C” es el monto indemnizatorio a averiguar; “a” equivale a la disminución de ingresos multiplicada por doce meses (no se trata de trabajador en relación de dependencia) a lo que se suma un interés puro de entre 6/8% anual; y “b” equivale al lapso total de períodos a resarcir, según la tabla de coeficientes relativos (Zavala de González, Matilde, Resarcimiento de daños , t. 4: Presupuestos y fundamentos del derecho de daños, p. 497; y Zavala de González, Matilde, Doctrina Judicial- solución de casos t.3, ed. 2000, p. 120). La actora actor solicita que este cálculo se haga hasta la edad de los 65 años, lo que así corresponde en estricto cumplimiento del principio de congruencia. Para obtener el resultado de “a” se debe partir de las ganancias de la accionante. Al demanda solicita que se tome un salario pero al alegar, pide que se tomen dos Salarios Mínimos Vitales y Móviles a la fecha del accidente (es decir la suma de $ 4600), sin pedir que el mismo se actualice a la fecha de esta resolución, o como en otros precedentes jurisprudenciales se tome el Salario Mínimo Vital y Móvil vigente a la fecha de la sentencia (que a la fecha es de $ 15 625). Por ello y en función del principio de congruencia que debe imperar en toda resolución judicial (art. 330 del CPCC), debe tomarse este salario solicitado por la accionante, por tratarse de una cuestión puramente patrimonial, y por ende renunciable. Además, debe decirse que no hay razón para aplicar dos SMVyM al Sr. Quinteros (quien es jubilado) y uno solo a la Sra. Rojas de Quinteros, por ser ama de casa, tal como ha sido consignado en la demanda, aunque corregido en el alegato. Esto, multiplicado por 12 meses (no es asalariada), más un interés del 6% anual, tal como lo solicitase en la demanda. A su vez debe multiplicarse por el porcentaje de incapacidad determinado por los peritos intervinientes 24% T.O., conforme se expresara antes. Al resultado así obtenido se lo debe multiplicar por el coeficiente de aplicación equivalente al periodo a resarcir. Finalmente, este coeficiente correlativo a utilizar será el correspondiente al número de años que median entre la fecha de la presente sentencia, pues el cálculo no puede arrancar desde la fecha del accidente porque queda encuadrado como lucro cesante pasado. Es decir, que se debe tomar el coeficiente correspondiente a 6 periodos; si bien no obra en autos la partida de nacimiento de la actora, la fecha de nacimiento de la misma data del 13/03/1960 (ver f. 252), lo que brinda la edad de la víctima a la fecha de la presente sentencia (59 años) y tomando como tope la edad 65 años (tal como se fijó supra), arroja un coeficiente de 4,9173, según la tabla de la página web del Poder Judicial de la Provincia de Córdoba. Así, el monto a indemnizar por lucro cesante futuro alcanza la suma de $ 69 053.

Por la propia futuridad del rubro, los intereses se computarán desde la fecha de la presente sentencia hasta el efectivo pago (TSJ, en DJ on line 07/12/09).

XII) El co-actor Nelson Eduardo Quinterosreclama, en concepto de incapacidad sobreviniente, la suma de pesos $ 145 096,05, por daño moral y daño psicológico la suma de pesos diez mil por cada concepto.

Respecto del rubro de incapacidad sobrevinienteque se reclama, también se deben hacer algunas consideraciones. En la demanda, cuantifican el rubro con la aplicación de la fórmula Marshall, y sin distinguir si reclaman lucro cesante pasado y/o futuro y/o pérdida de chances pasadas o futuros. Al alegar, expresamente solicitan que el cálculo para este rubro, debe hacerse conforme la fórmula Marshall, pero teniendo en cuenta que para la pérdida de chance, se debe hacer la disquisición de chance pasada y futura que delimita estadios durante el tiempo del litigio, en efecto, atendiendo al antes y después de la sentencia...” (f. 433 vta.). Al igual con lo que sucede con los co-actores Eduardo Urbino Quinteros y Nancy Edith Rojas de Quinteros, se desprende que lo que reclaman no es pérdida de chances sino lucro cesante, en función de la incapacidad psicofísicas que les dejó el accidente de tránsito. Al tratarse de una persona joven, se trae a colación el reciente fallo de la C.S.J.N.: “La indemnización integral por lesiones o incapacidad física o psíquica debe reparar la disminución permanente de la aptitud del damnificado para realizar actividades productividades o económicamente valorables, daño específico se debe indemnizar aunque el damnificado continúe ejerciendo una tarea remunerada, pues la disminución indudablemente influye sobre las posibilidades que tendría la víctima para reinsertarse en el mercado laboral en el caso que tuviera que abandonar las tareas que venía desempeñando” (sentencia n.° 10/08/2017 autos: “Ontiveros, Stella Maris c/Prevención A.R.T. y otros” s/ accidente, cita on line AR/JUR/50672/2017). En cuanto a los parámetros, señalan que deberá tomarse como tope de edad la “vida laborable” de 65 años y tomando como ingresos, el sueldo que percibe como empleado de una estación de servicio ($ 3900). El Sr. Nelson Eduardo Quinteros, sostiene, que como consecuencia del accidente, padece una incapacidad parcial y permanente del 15% de la T.O. De las constancias de la causa (historia clínica f. 37 y 228/39) y principalmente de la pericial médica obrante a ff. 278/80 y pericial psiquiátrica (ff. 251/6), se desprende que el co-actor acreditó las lesiones psico-físicas invocadas. La pericia médica oficial le otorga al co-actor una incapacidad parcial y permanente de un 4% de la T.O. y la pericia psiquiátrica, un 10% de la T.O. Al respecto, cabe consignar que lo dictaminado por los peritos oficiales es congruente con las constancias de la causa, y mecánica del accidente en cuanto a la entidad de las lesiones productoras de la incapacidad informada. Cabe destacar que el perito médico afirma, que el actor podrá realizar las actividades laborales sin dificultad.

Ello, de acuerdo a la fórmula Balthazard, que consiste en sumar las incapacidades parciales calculadas sucesivamente en relación con la incapacidad restante que resulte del cálculo de cada una de ellas (T.S.J., sala Cont. Adm., en L.L.C. 2001, 14, con nota de María Guillot DT 2001-B, 1282), nos arroja una incapacidad residual total del 13,6% de la T.O.

Respecto de los ingresos del Sr. Quinteros, expresan que los mismos ascienden a la suma de pesos tres mil novecientos ($ 3900), como empleado de una estación de servicios. No obstante ello, el único elemento probatorio a fin de acreditar este extremo, es decir que trabajaba en relación de dependencia es la declaración testimonial del Sr. Jonatan Gabriel Romero (f. 194/5), quien da cuenta que es compañero de trabajo del actor. Declara, que ambos se desempeñaban como playeros, y que las tareas son variadas. Sin embargo, no se ofició a la empleadora del actor a fin que informe el salario que percibía al momento del accidente a fin de cuantificar el mismo ni tampoco se acompañó recibos de haberes que den cuenta del importe del salario. Al no haberse acreditado el salario que percibía el co-actor, se tomará el Salario Mínimo Vital y Móvil a la fecha del accidente, como ha sido parámetro para los demás co-actores. Por otro lado, se tiene, que el actor nació con fecha 27/10/1992, conforme surge de las constancias de f. 39, por lo que se acredita así la edad del co-actor (al día de esta resolución tiene la edad de 26 años).

Respecto del lucro cesante pasado, debe partirse de los ingresos que percibía el actor, los que al no haberse acreditado, deberá tomarse en consideración el monto del Salario Mínimo Vital y Móvil a la fecha del accidente ($ 2300) (Resol. 02/11 y 03/11 del C.N.E.P. y S.M.V. y M. B.O. 30/08/11 Y 19/09/11), considerado por el Máximo Tribunal provincial como una pauta razonable a fin de cuantificar este rubro. “El sueldo mínimo vigente al tiempo del acaecimiento del siniestro resulta una pauta razonable para establecer el quantum de la indemnización reclamada” (T.S.J., “Dutto, Aldo Secundino c/ América Yolanda Carranza [...]”). Así, a fin de cuantificar el lucro cesante pasado, cabe realizar los cálculos pertinentes a los fines de efectuar el cómputo lineal de las ganancias, debiendo multiplicarse el ingreso mensual fijado ($ 2300), en base a la incapacidad informada (13,6% de la T.O.), lo que representa la suma mensual de $ 412,80, por el tiempo transcurrido desde la fecha del hecho (23/03/2012), hasta la fecha de la sentencia, lo que representan 89 periodos completos (del mes de abril del año 2012 al mes de agosto del año 2019, inclusive), con más los días proporcionales del mes de marzo (8 días lo que representa la suma de pesos $ 80,72). Efectuados los cálculos de rigor, se determina que la indemnización por lucro cesante pasado asciende a la suma de pesos veintisiete mil novecientos veinte ($ 27 920).

Los intereses moratorios de tal rubro se devengan desde cada oportunidad en que debió percibirse la suma frustrada (es decir los $ 312,80 al día 10 de cada mes), cálculo que se difiere para la etapa de ejecución de sentencia.

Respecto del lucro cesante futuro, es necesario integrar en sus diversos elementos la versión simplificada de la clásica fórmula Marshall, denominada Las Heras - Requena: C = a por b: donde “C” es el monto indemnizatorio a averiguar; “a” equivale a la disminución de ingresos multiplicada por doce meses (no acreditó ser trabajador en relación de dependencia) a lo que se suma un interés puro de entre 6/8% anual; y “b” equivale al lapso total de períodos a resarcir, según la tabla de coeficientes relativos (Zavala de González, Matilde, Resarcimiento de daños, t. 4: Presupuestos y fundamentos del derecho de daños, p. 497; y Zavala de González, Matilde, Doctrina Judicial- solución de casos t.3, ed. 2000, p. 120). El actor solicita que este cálculo se haga hasta la edad de los 65 años, lo que así corresponde en estricto cumplimiento del principio de congruencia, aunque no hay impedimento para calcular la indemnización por lucro cesante futuro hasta los setenta y dos años (Diario Jurídico, 20/04/11; y Foro de Cba. n.° 105, pp. 199/200). Para obtener el resultado de “a” se debe partir de las ganancias del actor. Como ya se estipuló supra, el actor al alegar insiste que se tome el salario por el percibido a la fecha del accidente, el que denuncia en la suma de $ 3900. No obstante este ingreso no se acredita, conforme ya fuera señalado. Pero lo cierto es que tampoco se pide que se actualice a la fecha de esta resolución, o como en otros precedentes jurisprudenciales se tome el Salario Mínimo Vital y Móvil vigente a la fecha de esta sentencia (que a la fecha es de $ 15 625). Por ello, y en función del principio de congruencia que debe imperar en toda resolución judicial (art. 330 del CPCC), estimo que debe tomarse este salario solicitado por el actor, aunque no se encuentre acreditado, por tratarse de una cuestión puramente patrimonial, y por ende renunciable ya demás por ser inferior al umbral que en todo caso debería tomarse. Esto, multiplicado por 12 meses (no acreditó ser asalariado), más un interés del 6% anual, tal como lo solicitase en la demanda. A su vez debe multiplicarse por el porcentaje de incapacidad determinado por los peritos intervinientes 13,6% T.O., conforme se expresara supra. Al resultado así obtenido se lo debe multiplicar por el coeficiente de aplicación equivalente al periodo a resarcir. Finalmente, este coeficiente correlativo a utilizar será el correspondiente al número de años que median entre la fecha de la presente sentencia, pues el cálculo no puede arrancar desde la fecha del accidente porque queda encuadrado como lucro cesante pasado. Es decir, que se debe tomar el coeficiente correspondiente a 39 periodos; si bien no obra en autos la partida de nacimiento de Nelson Eduardo, la fecha de nacimiento data del 27/10/1992 (ver f. 39), lo que nos brinda la edad de la víctima a la fecha de la presente sentencia (26 años) y tomando como tope la edad 65 años (tal como se fijó supra), nos arroja un coeficiente de 14,9491, según la tabla de la página web del Poder Judicial de la Provincia de Córdoba. Así, el monto a indemnizar por lucro cesante futuro alcanza la suma de $ 100 857.

Por la propia futuridad del rubro, los intereses se computarán desde la fecha de la presente sentencia hasta el efectivo pago (TSJ, en DJ on line 07/12/09).

XIII) Respecto del rubro daño psicológico, debe precisarse que en la demanda los actores Eduardo Urbino Quinteros, Nancy Edith Rojas de Quinteros y Nelson Eduardo Quinteros, quienes resultaron lesionados a raíz del accidente, reclaman la suma de pesos diez mil para cada uno de ellos. Alegan, que a raíz del hecho han padecidos un menoscabo en el ámbito psíquico y anímico, una lesión en el normal funcionamiento cerebral que trae aparejado un quebranto espiritual, en la personalidad y una perturbación en el equilibrio emocional. Sin embargo, no reclaman por este daño en su psiquis la realización de un tratamiento psicológico o terapia psiquiátrica, sino que se limitan a expresar que padecen secuelas psíquicas de carácter permanentes, lo que ya fue considerado al cuantificar el rubro de incapacidad sobreviniente, conforme fuera dictaminado por el perito oficial José Aldo Mossotti (ff. 251/6). Es decir, que no se trata de un rubro independiente. Tal es así que al alegar, no insisten en la procedencia de este rubro, por lo que se desprende que los propios actores han dejado de lado este rubro. Por lo que el mismo se rechaza, por quedar subsumido en el rubro de incapacidad sobreviniente.

XIV) Finalmente, respecto del rubro daño moral, cabe destacar que constituye una lesión al equilibrio espiritual que la ley presume que existía con anterioridad al hecho que lo produjo o en caso de no existir ese equilibrio, es una nueva lesión que intensifica el padecimiento espiritual. Esa lesión en los sentimientos produce dolor, sufrimiento físico, inquietud espiritual, agravio a las afecciones legítimas y, en general, toda clase de padecimientos, lo cual resulta resarcible conforme a la doctrina del art. 1078 del Código Civil. El dinero podrá resultar para algunos un medio grosero de indemnización, pero desgraciadamente, el ser humano no puede hallar otro idóneo a tales fines, por ello ha sido denominado el precio del consuelo. La fijación del daño moral es de harto difícil determinación, ya que no se halla sujeto a cánones objetivos, ni a procedimiento matemático alguno, debiendo atenerse a un criterio fluido que permita computar todas las circunstancias del caso, sobre la base de la prudente ponderación de la lesión íntima de los damnificados, y a los padecimientos experimentados, en relación con las particularidades de la litis. Asimismo, rige para su determinación la tarifación judicial indicativa, pues la ponderación de las indemnizaciones fijadas por otros precedentes tiene siempre valor orientador, flexible e indicativo (Actualidad Jurídica on line, 16/10/09). El monto reclamado por este concepto es de $ 10 000 para cada uno de los actores que padecieron lesiones. Si tenemos por válido que los Sres. Eduardo Urbino Quinteros, Nancy Edith Rojas de Quinteros y Nelson Eduardo Quinteros, sufrieron secuelas físicas y psíquicas de carácter permanentes a raíz del accidente, resulta razonable acoger la cifra pretendida, en conformidad al tenor de la entidad de las lesiones y las repercusiones en su vida privada. En esta senda, como se adelantó, se considera ajustado a derecho acoger el rubro en análisis, estimando dicho daño en la suma de pesos diez mil ($ 10 000), para cada uno de ellos.

En este supuesto, por tratarse de mora ex re, los intereses deben computarse desde la fecha del accidente (23/03/12), hasta el efectivo pago.

XV) En cuanto a los intereses peticionados, los mismos son procedentes debiendo condenarse al pago de los devengados, desde las fechas consignadas para cada rubro en los considerandos pertinentes y hasta el día de su efectivo pago. Tales intereses, conforme a lo resuelto por el T.S.J. en autos “Hernández Juan Carlos c/ Matricería Austral S.A. - Rec. de casación” y reiterado sucesivamente (ver Diario Jurídico on line del 29/06/04, p. 1 y T.S.J., S.J. 1577, p. 450), deben aplicarse al capital (comprensivo de todos los rubros por los que prospera la demanda) a la tasa pasiva promedio que publica el B.C.R.A., más el 2% mensual.

XVI) Respecto de las costas para los autos: “Ferreira, Guillermo Javier c/ Patiño, Ana María -- ord.”, y atento al principio objetivo de la derrota consagrado por el art. 130 del CPCC, deben imponerse a los demandados que resultan vencidos, debiendo regularse los honorarios de los letrados de la parte contraria a la condenada en costas (art. 26 de la ley 9459). Debe señalarse que conforme las constancias de autos, la demanda prospera íntegramente, con excepción del rubro de privación de uso que se concede parcialmente. El demandante reclamó la suma total, $ 28 450 (monto que resulta de la suma de cada uno de los rubros reclamados y ajustados en el alegato) y de acuerdo a lo expresado precedentemente corresponde hacer lugar parcialmente a la demanda por la suma de $ 27 450 (monto de condena), es decir, que la pretensión se acoge por un poco más del 96,4% de lo reclamad, por ello, siendo exiguo el porcentaje por el que se rechaza la demanda (3,6%), se estima que las costas deben imponerse a la parte demandada en su totalidad. A los fines de regular honorarios, debe decirse que la base económica está determinada por el monto de la sentencia (art. 31 inc. 1 del C.A.); más los intereses ya determinados para cada rubro. Sobre esta base (la que asciende a la suma de $ 134 193,17), se aplica medio punto sobre el punto medio de la escala del art. 36 inc. a de la ley 9459 (23%), en función de las pautas cualitativas dispuestas por el art. 39 del C.A. Los mismos se regulan en conjunto y proporción de ley a favor de los dos letrados que suscribieron la demanda Juan Pablo Kordich y Tomás Osuna, sin perjuicio que a pedido de cualquiera de ellos pueda determinarse ese porcentaje, ya que han intervenido de manera conjunta hasta la renuncia del primero de los letrados (conf. f. 50). Corresponde, también regular los honorarios de los peritos intervinientes en este proceso, el perito mecánico Antonio Esteban Valdez (ff. 225, 256 y 278/80) y el perito contable Enrique Cedron (ff. 111, 112 y 186/90). 178/80).

XVII) Respecto de las costas para los autos: “Quinteros y otros c/ Patiño, Ana María -- ord.”, y atento al principio objetivo de la derrota consagrado por el art. 130 del CPCC, deben imponerse a los demandados que resultan vencidos, debiendo regularse los honorarios de los letrados de la parte contraria a la condenada en costas (art. 26 de la ley 9459). Cabe señalar que conforme a las constancias de autos, la demanda prospera íntegramente, ya que inicialmente se reclamó por la suma de $ 360 376,50 y se hace lugar a la misma por la suma de $ 382 102,06. Si bien nominalmente es un poco más de lo inicialmente reclamado, esto se debe a que los accionantes ajustaron su pretensión “a lo que en más o en menos resulte de la prueba a rendirse en autos”. A los fines de regular honorarios al Dr. Edgar Mansilla Ávila (arg. art. 26 del C.A.), se estiman en forma provisoria (es decir 20 jus conforme la naturaleza de la pretensión). Se adicionan 3 jus, en cuanto el letrado en la demanda solicitó la regulación de honorarios prevista en el art. 104 inc. 5 de la ley 9459. Asimismo, corresponde regular los honorarios de los peritos intervinientes en este proceso, el perito mecánico Sergio Fabián Gallardo (ff. 186, 260 y 300/10), la Dra. María Celeste Naser (ff. 185, 212 y 278/87) y el perito psiquiatra José Aldo Mossotti (ff. 184, 208 y 251/6), practicándose en este acto en forma definitiva. En estos últimos dos peritos, debe considerarse que han peritado a tres personas distintas, por lo que la regulación para ellos ascenderá a la suma de 24 jus, mientras que para el perito mecánico se determinan en 12 jus (art. 39 y 49 de la ley 9459).

Por las consideraciones expuestas y normas legales citadas.

SE RESUELVE:

En los autos: “Ferreira, Guillermo Javier c/ Patiño, Ana María -- ord.”

1.º) Hacer lugar a la declinación de cobertura opuesta por la citada en garantía, con costas al Banco Santander Rio S.A. A cuyo fin se regulan los honorarios del Dr. Gerardo F. Viramonte Moyano, en la suma de pesos cuarenta y cuatro mil quinientos catorce ($ 44 514), más el IVA en caso de corresponder; esto es, si al tiempo del pago dicho profesional reviste la calidad de inscripto ante la AFIP.

2.°) Hacer lugar a la demanda entablada por Guillermo Javier Ferreira en contra de Ana María Patiño, por la suma de pesos veintisiete mil cuatrocientos cincuenta ($ 27 450); con costas a cargo de la parte demandada.

3.°) Hacer extensiva la condena al tercero citado Banco Santander Rio S.A., conforme los términos del considerando respectivo.

4.°) Regular los honorarios profesionales de los Dres. Juan Pablo Kordich y Tomas Osuna, en conjunto y proporción de ley y de manera definitiva, en la suma de pesos treinta mil ochocientos sesenta y cuatro ($ 30 864), más el IVA en caso de corresponder; esto es, si al tiempo del pago dichos profesionales revisten la calidad de inscripto ante la AFIP. Regular los honorarios de los peritos intervinientes Enrique Cedrón (perito contable) y Antonio Esteban Valdez (perito mecánico) en la suma de pesos trece mil setecientos sesenta y cuatro ($ 13 764), para cada uno de ellos.

En los autos: “Quinteros y Otros c/ Patiño, Ana María -- ord.”

5.º) Hacer lugar a la declinación de cobertura opuesta por la citada en garantía, con costas al Banco Santander Rio S.A. A cuyo fin se regulan los honorarios del Dr. Gerardo F. Viramonte Moyano, en forma provisoria, la suma de pesos veintidós mil novecientos cuarenta con 40/100 ($ 22 940,40), más el IVA en caso de corresponder; esto es, si al tiempo del pago dicho profesional reviste la calidad de inscripto ante la AFIP.

6.°) Hacer lugar a la demanda entablada por Eduardo Urbino Quinteros, Nancy Edith Rojas de Quinteros, Nelson Eduardo Quinteros y Verónica Alejandra Quinteros, en contra de Ana María Patiño, por la suma de pesos trescientos ochenta y dos mil ciento dos con 06/100 ($ 382 102,06); con costas a cargo de la parte demandada.

7.°) Hacer extensiva la condena al tercero citado Banco Santander Rio S.A., conforme los términos del considerando respectivo.

8.°) Regular los honorarios profesionales del Dr. Edgar Mansilla Ávila de manera provisoria, en la suma de pesos veintidós mil novecientos cuarenta con 40/100 ($ 22 940,40), con más la suma de pesos cuatro mil quinientos ochenta y ocho con 08/100 ($ 4588,08); más el IVA en caso de corresponder; esto es, si al tiempo del pago dicho profesional reviste la calidad de inscripto ante la AFIP. Regular los honorarios, en forma definitiva, del perito Sergio Fabián Gallardo (perito mecánico) en la suma de pesos trece mil setecientos sesenta y cuatro ($ 13 764); y para los peritos José Aldo Mossotti (perito psiquiatra) y María Celeste Naser (perito médica), en la suma de pesos veintisiete mil quinientos veintiocho ($ 27 528), para cada uno de ellos.

Protocolícese e incorpórese copia.

Texto Firmado digitalmente por:

 

MAYDA Alberto Julio

Fecha: 2019.09.13

 

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M., J. E. c/Casa Angelito SRL y otro s/daños y perjuicios - Cám. Nac. Civ. - Sala J - 03/05/2012 - Cita digital IUSJU201410D

 

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