JURISPRUDENCIA

Recurso de casación. Extinción de la acción penal. Sobreseimiento. Defraudación por administración infiel. Primer llamado a indagatoria. Prescripción de la acción. Cómputo del plazo

 

Se confirma la resolución que declaró extinguida la acción penal respecto del imputado en orden al delito de defraudación por administración infiel y dispuso su sobreseimiento, al concluirse que dadas las especiales y particularísimas circunstancias del caso, y aun cuando con posterioridad se ampliara la declaración indagatoria del encausado, no se podía desconocer la fecha en que tuvo lugar el primer llamado a indagatoria como inicio del cómputo del plazo prescriptivo.

 

 

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En la Ciudad de Buenos Aires, a los 16 días del mes de agosto de dos mil diecinueve, se reúnen los miembros de la Sala Tercera de la Cámara Federal de Casación Penal, doctores Liliana Elena Catucci, Eduardo Rafael Riggi y Juan Carlos Gemignani, bajo la presidencia de la primera de los nombrados, asistidos por la Secretaria de Cámara, doctora Lucía del Pilar Raposeiras, con el objeto de dictar sentencia en la causa n°4315/2009/CFC1 del registro de esta Sala, caratulada “P., R. s/ recurso de casación”. Representa al Ministerio Público el señor Fiscal General Javier Augusto De Luca; interviene como defensor en causa propia el doctor R. P. y por la querella el doctor Mariano Di Meglio.

Efectuado el sorteo para que los señores jueces emitan su voto, resultó que debía observarse el siguiente orden: doctor Eduardo Rafael Riggi, Juan Carlos Gemignani y la doctora Liliana Elena Catucci

VISTOS Y CONSIDERANDO:

El señor juez doctor Eduardo Rafael Riggi dijo:

PRIMERO:

1.- Llega la causa a conocimiento de esta Alzada a raíz del recurso de casación interpuesto por la parte querellante a fs. 1464/71 vta. contra el fallo dictado por la Sala I de la Cámara Criminal y Correccional Federal de Apelaciones de esta Ciudad, de fs. 1460/2, que resolvió, en lo que aquí interesa “I.- CONFIRMAR PARCIALMENTE la resolución de fs. 1434/1438 en cuanto hizo lugar a la prescripción de la acción penal respecto de los hechos b) y c) intimados a partir de la convocatoria de fs. 625 y dispuso el SOBRESEIMIENTO de R. P. por esos sucesos (arts. 334 y 336, inciso 1º del CPPN y art. 59 inciso 3ª, 62 inciso 2 y 67 del CP)...”.

2.- El Tribunal de mérito concedió el remedio impetrado a fs. 1475/vta., el que fue mantenido en esta instancia a fs. 1481.

3.- Desarrollo de los agravios.

El recurrente encauza sus agravios en los incisos 1º y 2º del art. 456 del C.P.P.N.

Señala que la Cámara a quo confirmó parcialmente la prescripción de los eventos identificados como b) y c) “...en base a una imprecisa interpretación de los hechos denunciados y a una errada aplicación del derecho de fondo” como asimismo en virtud de un análisis desacertado “...de los actos procesales” del expediente.

En ese aspecto, y tras efectuar un recuento de los pormenores del caso, entiende que no han transcurrido los 6 años para que se prescriban los hechos integrantes de una administración fraudulenta.

Al respecto, describe lo siguiente: “-Hechos: cometidos entre febrero de 2009 y febrero de 2010; -Primer llamado a prestar declaración indagatoria: 24 de mayo de 2011; -Segundo llamado a prestar declaración indagatoria: 14 de septiembre de 2015 (que incluyó los hechos del primer llamado); -Fecha actual: febrero de 2019”.

Entiende, entonces, que “...[e]l error de la Sala radica en que se computó el primer llamado a prestar declaración indagatoria (operado el 24 de mayo de 2011), pero no se tuvo en cuenta el segundo llamado, que expresamente incluyó la descripción de los hechos de aquella primera convocatoria, más los nuevos, integrando -todos- una única administración infiel”.

Añade en tal sentido que “...al no advertirse que esos hechos son parte de una única administración y que, por lo tanto, constituyen parte de una maniobra de infiel administración perpetrada en base a un dolo que se sostuvo en el tiempo, se concluyó erradamente que podrían escindirse y declararlos prescriptos aisladamente”.

Se queja alegando que esa conclusión de la Cámara es errada, por cuanto “...la acción penal engloba toda la gestión de P. administrando la Obra Social [de Maquinistas de Teatro y Televisión] y, precisamente por eso, cuando se lo vuelve a indagar por los hechos A) a F) se incluyen los correspondientes al llamado del 24 de mayo de 2011”.

Así las cosas, afirma que “...los hechos por los que originalmente fue indagado P., ahora fueron reformulados, incluidos en una descripción mucho más amplia, que exigió una nueva imputación, pues se los enmarcó en el contexto de una administración infiel, que desarrolló durante su gestión y que se caracterizó por una sumatoria de acontecimientos guiados por un único fin: defraudar a la Obra Social”.

En suma, considera que “...no se trata de sostener que una simple ampliación de la declaración indagatoria constituiría un acto de interrupción, sino que estamos frente a una reformulación del hecho imputado, en el que el objeto procesal fue reconstruido y abarcó aquellos episodios tenidos en cuenta al comienzo”; de allí que considere que “...si los hechos fueron llevados adelante entre (...) 2009 y 2010 y la indagatoria se produjo en 2015, independientemente de la recibida previamente en 2011, la acción penal se encuentra vigente”.

Por ello solicita que se revoque el auto recurrido y hace reserva del caso federal.

4.- Puestos los autos en término de oficina a tenor de los artículos 465 y 466 del Código Procesal Penal de la Nación, se presentó el Sr. Fiscal General y por los fundamentos expuestos a fs. 1486/90 -a cuyas consideraciones nos remitimos por razones de brevedad- solicitó que: 1) esta Alzada realice una declaración de derecho común interpretando constitucionalmente acerca de que el delito de administración infiel puede ser reiterado aún dentro de una misma administración de un patrimonio, y 2) que se confirme la resolución recurrida.

5.- Superada la etapa procesal prevista por el artículo 468 del ritual -conf. constancia de fs. 1498-, oportunidad en la que la querella hizo uso del derecho que les confiere la ley de acompañar breves notas, quedando la causa en condiciones de ser resuelta.

SEGUNDO:

1. A fin de analizar el caso sometido a estudio, y con el objeto de otorgar autosuficiencia a la presente ponencia, corresponde recordar brevemente la hipótesis delictiva que se investiga en el proceso, las constancias relevantes de la causa, como asimismo las decisiones adoptadas sobre la temática planteada.

En ese orden, recordemos que las presentes actuaciones se iniciaron el 1º de abril del año 2009 a través de la denuncia formulada en orden al delito de defraudación por administración infiel contra R. P., quien se desempeñaba como administrador de la Obra Social de Maquinistas de Teatro y Televisión. En esa ocasión, la querella puso de relieve diversas irregularidades cometidas por el acusado P., entre las cuales se encontraba la designación de la prestadora “Medical Workers SA”, propiedad de un amigo suyo, M. S.  y en la que él mismo se desempeñaba como abogado, ello con el objeto de beneficiar a la referida empresa. También se le atribuyó al mentado P., la supuesta extracción de fondos de la Obra Social, a través del empleo de chequeras de la Sucursal Nº 50 del Banco de la Nación Argentina y la retención de las chequeras.

Con fecha 24 de mayo de 2011, el juez federal ordenó la citación de P. a prestar declaración indagatoria, acto que se concretó el 12 de julio de ese mismo año. Luego, por esos hechos, el 5 de septiembre se dispuso la falta de mérito del nombrado, decisión que fue confirmada por la Cámara el 9 de febrero de 2012.

Posteriormente, los querellantes solicitaron la ampliación de la denuncia, atribuyéndole a P. otros hechos irregulares cometidos durante la misma administración; sucesos respecto de los cuales el fiscal requirió la instrucción y donde se dispuso la realización de una pericia contable.

Así las cosas, el 14 de septiembre de 2015, P. fue llamado a ampliar su declaración indagatoria, oportunidad en la que se le recordaron los primeros hechos irregulares denunciados y se le hicieron saber los nuevos; aunque todos integrantes de su misma gestión.

Más tarde, el 4 de julio de 2017 el juez decretó el procesamiento de P. por hallarlo prima facie autor del delito de administración fraudulenta, abarcando todas las irregularidades de su gestión.

Ante la apelación interpuesta contra esa decisión, la Cámara, previo a resolver sobre el fondo del asunto, advirtió que la acción penal podría encontrarse prescripta, razón por la cual resolvió devolver las actuaciones al Juzgado interviniente para que se expidiera sobre el particular.

De esta forma, el 6 de noviembre de 2018 el Juzgado Federal nº 1 declaró la extinción de la acción penal y sobreseyó a R. P..

Apelado por la querella este fallo, con fecha 20 de diciembre de 2018, la Cámara Federal lo confirmó parcialmente, avalando la prescripción de los primeros hechos integrantes de la administración fraudulenta que fueran objeto del llamado a indagatoria de fecha 24/5/2011 y revocó la extinción de la acción penal de los sucesos que fueron objeto de la ampliación ordenada con fecha 14 de septiembre de 2015.

Para resolver de este modo, los integrantes de la Cámara a quo, y de conformidad con la doctrina del fallo “Prinzo”, en primer lugar, descartaron la posibilidad de que otros hechos que no tienen condena firme tengan entidad para interrumpir el curso de la prescripción de la acción penal.

Superado ello, e ingresando al análisis de los actos procesales relevantes de este proceso, comenzaron explicando que “la primera convocatoria en los términos del art. 294 del CPPN, fue ordenada el 24 de mayo de 2011 y recibida el 12 de julio de ese año (confr. fs. 625 y 631 de la causa), ocasión en la que se le imputó la comisión del delito de administración infiel: a) habida cuenta que se detectaron el libramiento de reiterados pagos sin la documentación respaldatoria, mediante el uso de distintas chequeras de la cuenta corriente de la entidad que administraba; b) la retención indebida de chequeras de la cuenta corriente referenciada y c) la posible comisión del delito de negociaciones incompatibles al haber contratado con Medical Workers, siendo el investigado abogado, socio y amigo del Presidente. El 5 de septiembre de 2011 se decretó la falta de mérito”.

Se añadió que “ante la denuncia de nuevos hechos traídos por la parte querellante, lo cual motivó el debido impulso fiscal (fs. 980/981) y la realización de un peritaje contable (ver fs. 1146/50), el 14 de septiembre de 2015 el juez citó al imputado a que amplíe la declaración indagatoria, la que se concretó el 31 de mayo de 2016 (confr. fs. 1151 y 1170/1174 de la causa)”.

En ese sentido, continuaron los magistrados destacando que “ante el pertinente examen incluido por el incidentista con relación a la prescripción, resulta inviable determinar si los hechos denunciados en forma genérica en el último párrafo de fs. 3, que fueron intimados como punto a) en la primera indagatoria, son o no aquéllos introducidos como hechos nuevos en el año 2012 y descriptos puntualmente en la segunda indagatoria como puntos A, B, C, D, E y F”.

A renglón seguido, se precisó que “Sin embargo, dado que fueron descriptos de manera precisa, sí tenemos certeza que los hechos identificados como punto[s] b) y c) del acto de fs. 631 se encontrarían prescriptos, en tanto desde el 24/5/11, el primer acto interruptor del curso de la prescripción de esos hechos, transcurrió el plazo de 6 años para el delito de administración infiel (art. 173, inc. 7mo, del Código Penal) (arts. 59 inciso 3º, 62 inciso 2 y 67 inciso b del Código Penal”.

En ese orden, afirmaron que “la acción continúa vigente para aquellos episodios -A, B, C, D, E y F-, que han sido imputados a partir de la convocatoria del 14 de septiembre de 2015, dado que ese acto interrumpió el curso de la prescripción respecto de esos acontecimientos (art. 67, inciso b, del CP)”.

Finalmente, en base a dichas consideraciones, se entendió que correspondía revocar parcialmente la resolución impugnada en cuanto dispuso hacer lugar a la prescripción de la acción penal con relación a los hechos A, B, C, D, E y F intimados en la convocatoria de fs. 1151 del principal, y confirmar parcialmente y ordenar la extinción de la acción penal por prescripción sobre aquellos hechos b) y c) enunciados a partir de la citación de fs. 625 en relación a R. P..

2. Pues bien, detallados los principales actos procesales cumplidos en el legajo, corresponde entonces determinar si lo resuelto por la Cámara de Apelaciones a quo resulta ajustado a derecho.

Recuérdese que los magistrados de la instancia anterior confirmaron parcialmente lo decidido por la jueza de instrucción, convalidando la prescripción de la acción penal en las presentes actuaciones -y consecuentemente el sobreseimiento de P.- únicamente respecto de los hechos b) y c) intimados a partir de la convocatoria de fs. 625, esto es, del primer llamado a prestar declaración indagatoria que data del 24 de mayo de 2011.

En efecto, y esto no admite discusión alguna al respecto, es claro que desde dicha fecha hasta la actualidad ha transcurrido con creces el término prescriptivo computable -seis años-.

No obstante, y he aquí el meollo de la cuestión, la parte querellante señala en su impugnación que tratándose de hechos que forman parte de una única administración y, por tanto, que constituirían una única maniobra infiel, debería entonces computarse a estos fines la fecha del segundo llamado a prestar declaración indagatoria -que en la especie aconteció el 14 de septiembre de 2015-, convocatoria que abarcó la totalidad de los sucesos atribuidos a P., incluso aquellos que habían sido incluidos en aquel primer acto procesal del año 2011.

Pues bien, planteada en estos términos la materia traída a conocimiento de esta Alzada, y si bien no desconocemos cuanto surge del precedente “Pompas” de nuestro Más Alto Tribunal (Fallos 325:3255, rto. el 3/12/02), lo cierto es que en el particular caso de autos resolver del modo propiciado por la querella, esto es, dejar sin efecto la prescripción declarada respecto de los hechos b) y c), importaría el manifiesto desconocimiento del trámite impreso en la presente causa, en particular de lo actuado en virtud del decreto de fs. 625.

Ciertamente, los hechos que aquí interesan -como ya vimos, identificados como b) y c) en la declaración indagatoria de fs. 631/639 vta.-, fueron debidamente intimados al encartado a partir de la convocatoria de fs. 625, que -insistimos- data del 24 de mayo de 2011.

Más allá de que posteriormente se convocara una vez más a P. a ampliar su declaración indagatoria y que en esa oportunidad se le intimaran nuevamente aquellos primigenios eventos, junto a otros nuevos, todos los cuales formarían parte de una única maniobra de administración infiel; lo cierto es que para el fragmento aquí cuestionado, el primer llamado a prestar declaración indagatoria en los términos del art. 67 del Código Penal, lo constituyó el decreto de fs. 625.

Es claro que en el fallo “Pompas”, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, haciendo suyos los fundamentos y conclusiones del dictamen del Procurador General, se enroló en la teoría de la unidad. No obstante, dadas las especiales y particularísimas circunstancias del caso, y aún cuando con posterioridad se ampliara la declaración indagatoria del encausado, no podemos desconocer -reiteramos- que el primer llamado a indagatoria, al menos para la porción fáctica que aquí interesa, acaeció el 24 de mayo de 2011, motivo por el cual habiendo transcurrido desde esa fecha el plazo prescriptivo computable, corresponde convalidar el criterio sustentado por la Cámara de Apelaciones a quo.

Es por ello que, en definitiva, propiciamos al Acuerdo el rechazo del recurso de casación deducido por la querella, con costas.

Tal es nuestro voto.-

El señor juez doctor Juan Carlos Gemignani dijo:

Por compartir en lo sustancial los argumentos expuestos por el doctor Eduardo Rafael Riggi, adhiero a la solución allí propuesta de RECHAZAR el recurso de la querella, con costas.

La señora juez doctora Liliana E. Catucci dijo:

Definida como viene la cuestión únicamente he de resaltar que en el caso se imponía una decisión jurídica única teniendo en cuenta que los hechos transcurrieron antes del primer llamado a indagatoria y desde ese momento a la fecha no han transcurrido nuevos actos procesales que interrumpan el curso de la prescripción, por lo que se imponía la solución dispuesta por el Juez de primera instancia.

Tal es mi voto.

En mérito a la votación que antecede el Tribunal RESUELVE: RECHAZAR el recurso de casación interpuesto por la querella, con costas (artículos 456, 471 a contrario sensu, 530 y 531 del Código Procesal Penal de la Nación).

Regístrese, notifíquese, hágase saber al Centro de Información Judicial -CIJ- de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (Acordada nº 5/2019)1 y remítase al Tribunal de procedencia, sirviendo la presente de atenta nota de envío.

 

Fecha de firma: 16/08/2019

Firmado por: LILIANA E. CATUCCI, JUEZ DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL

Firmado por: EDUARDO RAFAEL RIGGI, JUEZ DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL

Firmado por: JUAN CARLOS GEMIGNANI, JUEZ DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL

Firmado(ante mi) por: LUCIA DEL PILAR RAPOSEIRAS, SECRETARIA DE CAMARA

 

  Correlaciones:

U. S., D. D. s/extinción de la acción penal - Cám. Nac. Casación Penal - Sala II - 02/02/2015 - Cita digital IUSJU001324E

 

 

Cita digital:IUSJU044166E