JURISPRUDENCIA

Daños y perjuicios. Accidente de tránsito. Colisión entre dos vehículos. Salida de estacionamiento. Obligación del conductor. Precaución. Responsabilidad civil. Relación de causalidad. Exoneración. Culpa de la víctima o de un tercero. Contrato de seguro.

 

En el marco de un accidente de tránsito en el que colisionaran dos vehículos, se revoca la sentencia de grado que había establecido la responsabilidad concurrente de los involucrados. Ello, atento a que fue el demandado quien, al salir de un estacionamiento e incorporarse al tránsito, debió hacerlo con precaución y sin peligro para los demás usuarios.

 

 

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En Buenos Aires, Capital de la República Argentina, a los 23 días del mes de septiembre de dos mil diecinueve, reunidos en Acuerdo los Señores Jueces de la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, Sala “B”, para conocer en los recursos interpuestos en los autos caratulados: “Santillán Jonatan Leonel c/ Caja de Seguros SA y otros s/ daños y perjuicios -acc. tran. c/les o muerte-“ (EXPTE N° 19.175/2013), respecto de la sentencia de fs. 639/649 el Tribunal estableció la siguiente cuestión a resolver:

¿Es ajustada a derecho la sentencia apelada?

Practicado el sorteo resultó que la votación debía efectuarse en el siguiente orden; Señores Jueces Doctores: ROBERTO PARRILLI - CLAUDIO RAMOS FEIJOO - OMAR DIAZ SOLIMINE-.

A la cuestión planteada, el Dr. Parrilli dijo:

I. Jonatan Leonel Santillán demandó a Simón Adrián Álvarez, pretendiendo el resarcimiento de los daños y perjuicios que dijo haber sufrido a causa del accidente de tránsito ocurrido el día 13 de octubre de 2012. Solicitó la citación en garantía de “La Caja de Seguros S.A”. Dijo que aquél día, cerca de las cinco de la tarde, conducía la motocicleta Motomel, dominio ..., llevando como acompañante a Carlos Fermín Ortiz Ortiz, por la Av. Fernández de la Cruz, de esta Ciudad Autónoma cuando, al llegar a la intersección con la Av. Bonorino, resultó embestido por un automóvil Ford Escort, dominio ..., conducido por Simón Adrián Álvarez, que salió a gran velocidad del estacionamiento del Club San Lorenzo de Almagro, ubicado en la vereda derecha de la Av. Fernández de la Cruz y lo impactó en el lateral derecho de su motocicleta (ver fs.19/41).

De su lado, Simón Adrián Álvarez, negó los hechos invocados en el escrito de inicio y si bien reconoció la existencia del accidente, afirmó que se produjo por exclusiva culpa del actor, quien lo embistió con la moto cuando se encontraba detenido esperando el semáforo que lo habilitaba para doblar. Asimismo, reconvino por los daños que dijo haber sufrido (ver fs. 115/126).

Por su parte, “La Caja de Seguros S.A” negó los hechos expuestos en la demanda y aunque reconoció que emitió un contrato de seguro, amparando la responsabilidad civil del rodado Ford Escort, dominio ..., resaltó que desde el día 13 de octubre de 2012, dicha cobertura se encontraba dada de baja, por la falta del pago de la prima, por lo que opuso como defensa su falta de legitimación pasiva (ver fs. 63/86).

A su turno, “Aseguradora Total Motovehicular S.A”, contestó la citación en garantía respecto de la reconvención que dedujera el demandado y si bien reconoció el contrato de seguro invocado, declinó la cobertura porque el actor jamás la notificó de la existencia del accidente. En subsidio, contestó la reconvención y negó todo aquello expresado en la demanda que no reconociera en forma expresa (ver fs. 222/227).

II.- El Sr. Juez, luego de valorar las pruebas y encuadrar el caso en el art. 1113, párrafo segundo, del Código Civil (texto según decreto- ley 17.711), consideró que “ambos conductores no obraron con la diligencia que las leyes imponen a los conductores de cosas riesgosas” y concluyó que había mediado culpa concurrente en la producción del accidente, por lo que estableció que actor y demandado reconviniente deberían responder de los daños causados, en partes iguales.

En consecuencia, condenó Jonatan Leonel Santillán a pagar $6.250 -50 % de los daños causados a Simón Adrián Álvarez- y a este último y Jany Maribel Lavado Cuba a pagarle a Santillán $713.25, que también representa el 50 % de los daños sufridos por este último, en ambos casos, más intereses a liquidarse desde el día del accidente y hasta el efectivo pago aplicando la activa cartera general (préstamos) nominal anual vencida a treinta días del Banco de la Nación Argentina, con excepción a la suma otorgada para el concepto de tratamiento psicológico, a la que se aplicaran los intereses desde la sentencia hasta el efectivo pago. La condena se extendió, en cada caso, a las aseguradoras citadas en garantía pues fueron rechazadas las excepciones de falta de legitimación pasivas opuestas. Las costas fueron impuestas a las vencidas (art. 68 del CPCCN).

III. Contra dicho pronunciamiento expresaron agravios el actor a fs.692/701, cuyo traslado de fs.702 fue contestado a fs. 753/754 y 762/768; el demandado Simón Adrián Álvarez, a fs. 705/710 cuyo traslado de fs.711 fue contestado a fs. 762/768; 769/770 y 774/776 y las aseguradoras a fs. 712/714 (Aseguradora Total Motovehicular SA) y 715/728 (Caja de Seguros S.A), cuyos traslados de fs. 728 vta se contestaron a fs.755, 756, 771/772 y 777/781, respectivamente.

Los apoderados del actor se agraviaron porque se atribuyó responsabilidad a su mandante y peticionaron se revoque la sentencia apelada, atribuyendo la totalidad de la responsabilidad al demandado. Asimismo, cuestionaron la cuantía de los rubros indemnizatorios concedidos por “daño físico y psicológico” y “daño moral”. Finalmente, impugnaron la tasa de interés fijada para el cálculo de los réditos.

Simón Adrián Álvarez se agravió de la responsabilidad que se le atribuyera porque según él, el accidente se produjo por el exclusivo obrar imprudente del actor. También cuestionó las sumas reconocidas para indemnizar el “daño moral” reclamado por el actor procurando su rechazo y se agravió porque se rechazó su reclamo por igual partida.

De su lado, “Aseguradora Total Motovehicular SA”, al igual que el actor, cuestionó la responsabilidad que se atribuyera a su asegurado. Además, se agravió de la tasa de interés fijada para el cálculo de los réditos y de la forma en la cual fueron impuestas las costas.

Finalmente, “La Caja de Seguros S.A” se agravió de la desestimación de la excepción de falta de legitimación pasiva, en esta línea citó jurisprudencia y doctrina aplicable al caso y que respaldan su postura. También cuestionó la responsabilidad atribuida al demandado y la cuantía de los rubros indemnizatorios concedidos por “daño físico y psicológico” y “daño moral”, así como la tasa de interés fijada para el cálculo de los réditos.

IV. No hay debate respecto a que, habiendo ocurrido el accidente con anterioridad a la entrada en vigencia del actual Código Civil y Comercial, el caso debe juzgarse aplicando las disposiciones del anterior Código Civil, texto según decreto-ley 17.711.

Por otra parte, recuerdo que los jueces no están obligados a analizar todas y cada una de las argumentaciones de las partes, sino tan sólo aquéllas que sean conducentes y posean relevancia (ver CSJN, "Fallos": 258:304; 262:222; 265:301; 272:225, entre otros) y tampoco es obligación referir a todas las pruebas agregadas, sino únicamente las apropiadas para resolver (art. 386, in fine, del ritual; CSJN, "Fallos": 274:113; 280:3201; 144:611).

V. Como adelantara, luego de valorar las pruebas, encuadrar el caso en el art. 1113 p. 2 “in fine” del CC, y concluir que al haberse producido el accidente en una encrucijada regulada por semáforos, ninguno de los involucrados había logrado demostrar “quien fue el que circulaba sin respetar sus indicaciones” (ver f. 643 vta), el Sr. Juez de la anterior instancia, consideró que el accidente se produjo por mediar culpa concurrente del actor y el demandado y los condenó en un 50 % a cada uno por los daños sufridos por el otro.

Ambas partes se agraviaron de esa decisión.

Según los apoderados de Santillán, el Sr. Juez realizó “un equivocado análisis de los hechos y como consecuencia de ello” le atribuyó responsabilidad a su representado. Destacaron que “aquí no se discute quien se encontraba habilitado por semáforo alguno, ya que ambos vehículos circulaban por la misma arteria y en idéntico sentido. Tampoco importa el color del semáforo pues el accidente se produce en la mitad de la calzada y varios metros antes de la intersección”. También dijeron que “el demandado Alvarez, a fs. 115/116 vta, sostiene que el actor lo embiste en momentos en que se encontraba detenido, aguardando la habilitación del semáforo de giro a la izquierda” y destacaron que el demandado resaltó que se encontraba “detenido, inmóvil”, cuando en la causa penal se practicó un informe pericial del cual surge que en el lugar del hecho fue verificada por personal policial una huella de frenada correspondiente al automóvil de 3,40 metros “lo cual implica necesariamente que, al momento del hecho, se encontraba en movimiento y no detenido, como sostiene”. Agregaron que la mecánica siniestral que relataran en la demanda fue ratificada “por el único testigo presencial recabado por la instrucción, quien declara a fs. 44 de los actuados penales”. Señalaron que los testigos aportados por el demandado no fueron identificados en sede penal y concluyeron afirmando “Coincidimos con el a quo en la aplicación del artículo 1113 del Código Civil, como asimismo del plenario correspondiente en caso de vehículos en movimiento, más de la prueba rendida en autos se ha determinado la fractura del nexo causal a favor de nuestro mandante, debiendo en consecuencia revocar la sentencia apelada y atribuir la responsabilidad en forma total al demandado” (ver f.694).

De igual manera, el apoderado de “Aseguradora Total Motovehicular S.A” se agravió de la responsabilidad que se endilgara a su asegurado. Sostuvo que “la responsabilidad corresponde en un 100% al codemandado Simón Adrián Alvarez” pues “El accidente aconteció porque en ocasión de encontrarse Santillán circulando por la Avda. F.F de la Cruz, en sentido Sur-Norte, se le antepuso en su línea de circulación (y lo encerró) el demandado Alvarez quien salió a alta velocidad del estacionamiento del Club Atlético San Lorenzo de Almagro (para salir del estacionamiento no hay semáforo) situado a pocos metros y pretendía virar a la izquierda para tomar la calle Bonorino, siendo ello así se desplazó invadiendo la línea de circulación del demandado. De tal forma se interpuso en el carril de la motocicleta..” (ver f. 712 vta). Afirmó que “la mecánica del accidente se encuentra corroborada de forma fehaciente, no solo por los dichos del actor, sino también por las actuaciones penales” y destacó que “dividir la responsabilidad es premiar la conducta desaprensiva del demandado, quien sabiendo realizó una maniobra negligente, antirreglamentaria y en clara infracción a la normativa vigente” (ver f. 713).

Por su parte, Simón Adrián Alvarez cuestionó que se le haya atribuido parte de la responsabilidad. Sostuvo que el Sr. Juez realizó una interpretación “libre y parcial” de la pericia mecánica. Dijo que “El a quo sita el fallo de la “CSJN del 15/12/98 SMC c/ PCIA DE BS AS para determinar que en el caso que nos ocupa y por ser demandada, tengo o tenía a mi cargo la acreditación de la culpa de la víctima y justamente fue ello que se hizo. Afirmó que fue “injustamente condenado” a hacerse cargo de un daño que no produjo. Destacó el valor probatorio de los testigos que aportara, aseverando que “vieron la mecánica del hecho”; “oyeron las frenadas”, golpes, caídas, roturas de vehículos...” (ver f. 706).

VI. No está en discusión que este caso, relativo a un accidente de tránsito en el que participaron dos vehículos en movimiento, debe juzgarse -como lo decidiera la Juez de la anterior instancia- a la luz de lo dispuesto en el art. 1113, 2° párr., 2° parte, del Cód. Civil, texto según dec-ley 17.711 - aplicable al caso (cfr. art. 7 CCyC)- sin que la existencia de un riesgo recíproco obste a ese encuadre jurídico (cfr. CSJN, Fallos 310:2804 y esta Cámara, en pleno, in re, “Valdez Estanislao F. c/ El Puente S.A.T. y otro” de fecha 10 de noviembre de 1994, publicado en E.D., del 3-2-95, fallo n° 92.833).

Sin embargo, la norma referida, que sienta un factor objetivo de atribución de responsabilidad -en igual sentido el art. 1769 del actual Código Civil y Comercial- no debe considerarse en forma aislada y así, al examinar las eximentes de responsabilidad que contiene, no pueden soslayarse -antes bien resultan de prioritaria referencia por su especialidad- las disposiciones de la ley de tránsito (cfr. arts 64 y 70 inciso “b”, apartado 1 de ley 24.449; esta Sala, v. mi voto in re, “Bejas Jesica Carolina c/ DOTA S.A. y otros s/daños y perjuicios” EXP. N° 100106/2010, del 1 de septiembre de 2016; idem, in re “Altuna Hugo César y otro c/ Estefano Eduardo Ramón y otro s/ daños y perjuicios (acc. tran c/ les o muerte” (Expte n° 1736/2013) del 13-6-2019 y “Landin Gabriel Enrique c/ Soler José Luis y otros s/ daños y perjuicios (acc. tran c/les o muerte) Exp. N° 36.876/2015 del 11-6-2019; in re, “Peralta Alberto Inocencio c/ Expreso General Sarmiento S.A y otros s/ daños y perjuicios” (acc. tran c/les o muerte) Exp. N° 23.847/2014” del 24-6-19, entre otros).

Con base en ese encuadre jurídico, si ambos conductores, quienes se han reprochado mutuamente la responsabilidad, hubiesen fracasado en su intento de probar la culpa del otro o de un tercero, es decir, no hubieran lograron justificar la ruptura del nexo causal entre el riesgo creado y los daños producidos, cada uno de ellos sería responsable del cien por ciento de los daños sufridos por el otro y no cabría una distribución paritaria de aquéllos, como ha decidido el Sr. Juez pues no existe neutralización de riesgos o presunciones de culpa (ver Esta Cámara Sala “G”, in re, “Madersama SA c/ Ezio Dell´Avo e hijos y otro s/ cobro de sumas de dinero”, l. 0017078 del 8-8-06). Sin embargo, como lo explicaré seguidamente, no será esa la solución.

En su defensa y también como sustento de su reconvención - donde pretendiera el resarcimiento de los daños causados a su vehículo y el daño moral - Alvarez afirmó que el accidente se produjo del siguiente modo: “... El 13 de Octubre de 2012, siendo aproximadamente las 16:50 hs salgo del Club San Lorenzo de Almagro conduciendo el vehículo Ford Escort. El club en cuestión tiene la salida de la playa de estacionamiento sobre la Av. Fernández de la Cruz a pocos metros de la intersección con la Avenida Coronel Esteban Bonorino. A fin de clarificar a V.S hago saber que la Av. Fernández de la Cruz, a la altura supra indicada, tiene doble mano y por ese entonces estaban divididas ambas por un pequeño boulevard (hoy es la ruta del metrobus). Por su parte, la Av. Cnel Esteban Bonorino si bien es la continuación de una calle que nace en la avenida Rivadavia, su traza su encuentra interrumpida por las instalaciones de la Villa 1-11-14 y el Club San Lorenzo de Almagro; pero continúa a partir de la Av. Fernández de la Cruz con dirección norte-sur. En la intersección de ambas arterias a ambos lados del boulevard se encuentran los semáforos que ordenan el tránsito. El que está en mano que da al club además de las tres luces correspondientes existen dos más que ordenan o no el doblar hacia la izquierda, cuando el semáforo de la mano contraria de Fernández de la Cruz se encuentra en rojo...Retornando a la descripción de los hechos, hago saber que abandono las instalaciones del club, tomo por la Av. Fernández de la Cruz con dirección este oeste, la recorro escasamente 10 metros para poder doblar hacia la izquierda y tomar la Av. Bonorino. Al ingresar a esa última, me sorprende el semáforo de la mano contraria impidiéndome que continúe, quedando mi vehículo sobre Bonorino y casi en su totalidad reparado por el boulevard que separa ambas manos. Por Fernández de la Cruz se detiene un vehículo Renault Kangoo con la intención de continuar por Bonorino, pero pasados un breve instante, desiste de hacerlo y luego de esquivarme continúa su recorrido por Fernández de la Cruz, segundos después siento un fuerte impacto sobre el lateral de mi vehículo y veo que dos personas salen despedidas a gran velocidad hacia la mano que va hacia el este... Del relato queda claro que mi vehículo se encontraba parado, que no circulaba, sino QUE ESTABA DETENIDO INMOVIL y que el conductor de la moto, a una excesiva velocidad me embiste, luego de que la camioneta Kangoo se desvía. Está claro que el conductor no pudo visualizar que me encontraba la posición descripta, ya que la Kangoo le impedía la visión y que en su velocidad desenfrenada intenta como única salida desviarse por Bonorino y dado que le es imposible realizarlo por el radio de giro y la distancia entre el automóvil y el boulevard, me impacta sobre el lateral...”

Como se aprecia, no hay un renglón, donde el demandado afirme o siquiera insinúe que Santillán violó la señal del semáforo. Más aún, del relato de Alvarez se infiere que el semáforo habilitaba el tránsito por Av. Fernández de la Cruz, pues la camioneta que, supuestamente, se ubicó detrás de su rodado procedió a esquivarlo y continuó su marcha por la referida avenida, luego de lo cual habría sido impactado por la motocicleta conducida por el actor, estando en ese momento “detenido, inmóvil”.

Pues bien, ese relato, con el cual Alvarez pretende quebrar el nexo causal entre el riesgo creado y el daño y fundar la procedencia de su reconvención, no ha sido probado.

Digo esto porque, soslayando que los testigos Maidana y Gutiérrez - única prueba aportada en esa dirección - resultan, como lo señalara el Sr. Juez, de atendibilidad restringida - al no constar su presencia en el lugar del hecho en ningún documento objetivo, circunstancia que de por sí abre dudas sobre su presencia en el lugar (ver. CNCiv., Sala A del 17/6/69 en ED, 30-648; ídem, Sala “C” del 30/9/63 en ED, 10-548; ídem íd., Sala D del 25/6/65 en ED, 14-203) hay una prueba que desmiente de plano la versión de Alvarez y fortalece el relato de Santillán y es la pericial realizada por la Gendarmería Nacional en el marco de la causa penal n° 82.975, caratulada “Alvarez Simón Adrián- Santillán Jonathan Leonel s/ lesiones culposas”, que tramitara ante el Juzgado Nacional en lo Correccional n° 9, Secretaria n° 65 cuyas copias certificadas obran reservadas en Secretaría y tengo a la vista.

De aquél informe pericial, surge que casi sobre la senda peatonal, ubicada en la Avenida De la Cruz y en diagonal a la salida del club San Lorenzo de Almagro, hay una huella de frenada del automóvil conducido por Alvarez de unos 3,40 metros (ver fs. 38/43, en especial 40 vta y croquis realizado a f. 43) lo cual demuestra, inequívocamente, que al momento del accidente no estaba detenido, ni en el lugar que dijo al contestar demanda y reconvenir.

Véase a continuación el referido plano confeccionado por Gendarmeria Nacional, donde con la letra “A” se identifica la huella de frenada en la senda peatonal a la que hiciera referencia:

 

 

Si ese informe pericial abre una grieta en el relato de Alvarez, la denuncia realizada por aquél ante su aseguradora, donde da una versión totalmente distinta a la que expuso en este expediente (ver f. 741 de este proceso), empieza a resquebrajarlo y la declaración del testigo Carlos Fermín Ortíz Ortíz, acompañante de Santillán en el momento del hecho, lo termina echando por tierra, al afirmar que circulaban: “... por la calle Avda. Cruz de esta Ciudad, cuando al llegar a la intersección Avda. Bonorino del mismo medio, observa la presencia de un vehículo particular, marca Ford Escort, el cual salía del estacionamiento del Club Atlético San Lorenzo de Almagro, situación a la que le resto importancia, debido a que el semáforo se hallaba en verde para su paso y en rojo para el giro y para el cruce, cuando faltando pocos metros para llegar a la bocacalle, el rodado comenzó a cruzar realizando una maniobra extraña, la cual al ser advertida por Santillán, provocó que este realice una a fin de evitar colisionar con el rodado en su parte media, provocando que el dicente se lesione y caiga pesadamente al suelo.” (ver f. 44 y croquis de f. 45 de la referida causa penal, coincidente con el elaborado por Gendarmería Nacional obrante a f. 43 de ese mismo expediente).

Si por lo dicho pierde sustento la reconvención y también a la eximente invocada por Alvarez - centradas en el carácter de embistente de la moto - desvirtuado por la arriesgada maniobra emprendida por Álvarez (cfr. Accidentes de tránsito, Cuadernos “El Derecho”, Buenos Aires, 1973, p. 246, sumario n° 1318) y en una supuesta velocidad excesiva de Santillan que no fue probada - y, en cambio, se corrobora la versión de Santillán en punto a que Alvarez salió desde el estacionamiento del Club San Lorenzo de Almagro y realizó una maniobra arriesgada por la Avenida Fernández de la Cruz, para interferir en la línea de marcha de la motocicleta, me permito agregar que incluso, si nos atuviéramos al propio relato de Alvarez y de los testigos que aportara, resultaría que este detuvo indebidamente y cruzando al menos parte de su automóvil sobre el carril rápido de una avenida y de ese modo se transformó en un obstáculo inevitable para Santillán - (obsérvese que señaló que detrás de su automóvil se habría ubicado una camioneta que impedía al conductor de la moto advertir su detención ).

En suma, por donde se mire este caso, siempre encontramos al automóvil de Alvarez afectando el normal flujo del tránsito. Así, si la intención de aquél era girar a la izquierda en la Avenida Bonorino, debió salir del estacionamiento del Club San Lorenzo de Almagro con precaución, ceñirse al eje de la calzada y aguardar allí que la señal lumínica lo autorizara a girar (cfr. 6.1.14 inciso “b” del Código de Tránsito de CABA) y no emprender la arriesgada maniobra que ejecutó y de la cual nos habla la huella de frenada encontrada en el lugar (art. 6.1. del Código de Tránsito citado), ni detenerse cruzando parte de su auto en el carril rápido de una avenida (arts. 5.1.1 y 5.1.2 del Código antes referido).

En ese sentido, Carlos Tabasso explica que “el flujo o corriente de tránsito consiste en un cúmulo de vehículos ubicados contiguamente desplazándose en la misma dirección, lo que otorga al conjunto una cierta unidad espacio - temporal y estructural, porque entre las unidades se establece un cierto orden perceptible a ojos vista” (ver f.265) y señala que “...Cualquier obra de accidentología pone de manifiesto que infinidad de siniestros viales típicos responden a la violación o desconocimiento de los mecanismos destinados a aquél objeto...” (ver p. 263) para luego referir a “la obligación de abstenerse de interferir al tercero”, citando como un ejemplo de estos casos, la obligación del conductor de un vehículo, que se incorpora al tránsito desde un inmueble ubicado a la vera del camino, de cerciorarse de que puede hacerlo sin peligro para los demás usuarios (ver Derecho del Tránsito- Los principios-, Editorial B de F, Montevideo-Buenos Aires, 1997,ver p, 263, 265 y 294).

Por lo expuesto, habré de proponer al Acuerdo: I) modificar la sentencia recurrida haciendo lugar a la demanda interpuesta por Jonatan Leonel Santillan y condenar a los demandados Jany Maribel Lavado Cuba y Simón Adrián Alvarez a pagar in solidum a Jonatan L. Santillan el 100% de los daños. Revocar la condena impuesta a Jonatan Leonel Santillán y la aseguradora “Total Motovehicular S.A” y rechazar la reconvención iniciada por Simón Adrián Álvarez II) imponer las costas del proceso en ambas instancias íntegramente a Simón Adrián Alvarez, con excepción de aquéllas derivadas de la citación de “Caja de Seguros S.A” sobre las cuales se decidirá seguidamente.

VII. Contra la resolución del Sr. Juez de rechazar la excepción de falta de legitimación pasiva invocada por “Caja de Seguros S.A” (ver f. 640 vta, p. II. a y f. 649 punto “a”) alza sus quejas el apoderado de esta última a fs. 715/727, cuyo traslado fue contestado por los apoderados del actor a fs. 777/781.

El recurrente señala que en el caso, “a) El vencimiento para el pago de la prima a cargo del asegurado Simón Adrián Alvarez operó el 11/10/2012; b) El siniestro reclamado en las presentes actuaciones aconteció el 13/10/2012; c) El pago de la prima fue efectuado con fecha 12/11/2012, es decir, casi un mes después, d) La cobertura volvió a tener vigencia, en consecuencia, a partir de las 00:00 hs del 13/11/2012” Agrega que “la circunstancia precedente le fue notificada al asegurado mediante carta documento N° CS ... que se adjuntó al responde sub-lite bajo el n° 2, en virtud de la cual se le hizo saber que luego de analizar las constancias vinculantes, se resolvió denegar la pretensión de cobertura e orden a lo previsto por las condiciones generales de la póliza y/o normativas emergentes de la Ley de Seguros N° 17.418” . Hace referencia a lo dispuesto en el art. 31 de la ley citada, en cuta virtud “si el pago de la prima no se efectúa oportunamente, el asegurador no será responsable por el siniestro antes del pago” (ver f. 716). Destaca que “el propio asegurado reconoció en estos actuados que no había pagado la prima” y en la misma dirección agrega que “la cuestión de hecho vinculada a la falta de pago de la prima, sin duda alguna, NO resulta un hecho controvertido pues ha sido reconocida expresamente por TODAS las partes involucradas en la referida cuestión” y agrega “ Otra cuestión de análisis estaría constituida por los alcances y efectos de dicha falta de pago de la prima, materia de análisis eminentemente jurídico y que por lo tanto, queda excluida de toda prueba” (ver f.718). Hace referencias a la naturaleza jurídica de la citación en garantía y a la carga de la prueba. En suma, pretende se revoque la sentencia de primera instancia en cuanto rechazó la excepción de falta de legitimación pasiva que opusiera su mandante.

A su turno, el actor, por intermedio de sus apoderados contesta los agravios a fs. 777/781 postulando el rechazo de las quejas.

Si los apoderados del actor reconocen, al contestar el traslado de la expresión de agravios, que “cierto es, como afirma la aseguradora, que con fecha 11/10/2012 operaba el vencimiento de la prima correspondiente al mes de octubre de 2012” y que “Es verdad también que el día del vencimiento, por algún inconveniente que desconocemos, la empresa VISA SA no efectuó el pago correspondiente a esa prima” (ver f. 779 “in fine) y si igual reconocimiento de la falta de pago hizo el asegurado (ver f. 146), no hay duda que se produjo la mora en aquélla fecha y la pericia contable no arrojó un resultado diverso que altere esos reconocimientos (ver f. 743 vta).

Entonces, mal puede pretender el demandante - que como él mismo lo reconoce a f. 777 vta es un tercero ajeno al contrato (cfr. art. 1197 y 1199 del CC) - imponer a la aseguradora el cumplimiento de obligaciones contractuales (pago del siniestro), argumentando que aquélla no puso en conocimiento de su asegurado un supuesto problema existente con VISA por el cual no se realizó el débito, cuando no se ha probado ese extremo y cuando el propio asegurado reconoció en este proceso, en forma expresa, que no estaba amparado por el seguro al momento del hecho y aceptó la declinación de la cobertura ( art.56 de la ley 17.418) que le fue notificada por carta documento de fecha 1-11-12 (ver fs. 58/59, f.87, f.99, f. 146 y f. 254 punto 2°).

En ese mismo sentido, debo descartar el argumento del actor, según al haberse entregado la póliza sin la percepción de la prima existiría un crédito para su pago y debería haberse comunicado al asegurado la decisión de rescindir el contrato (cfr. art. 30 y 31 p. 2 de la ley 17.418).

Es que dicho procedimiento para rescindir contrato, invocado por los apoderados de Santillán opera - como surge del mismo artículo 31 antes citado- “en defecto de convenio de partes” y en el caso la aseguradora acordó con su asegurado aquí demandado que si aquél no pagaba “el premio referido al primer mes de vigencia o cada uno de los que correspondan a las renovaciones en el plazo expreso cierto establecido en las condiciones particulares, se configurará sin necesidad de interpelación alguna, la concreción de un hecho resolutorio con el alcance de un desistimiento del seguro por parte del asegurado, que producirá efectos retroactivos a la fecha consignada en el contrato como de inicio de vigencia. En consecuencia, configurada esta situación resolutoria, se tendrá por no existente el contrato de seguro para ese período impago”

Por esa razón tampoco puede admitirse que el pago del premio realizado tardíamente por el asegurado y recibido por la aseguradora el día 12-11-2012, restableciera “la vigencia del seguro al período anterior” como afirman los apoderados de Santillán.

Dicho pago no purga retroactivamente la mora ni los efectos ya producidos. La rehabilitación de la cobertura es hacia el futuro (ver López Saavedra Domingo “Ley de Seguros 17.418, comentada”, 2ª ed., actualizada, Buenos Aires, La Ley, Buenos Aires, 2012, Tomo 1, p. 223, números 110, 111 y 112).

En suma, como lo ha resuelto la Corte Federal en Fallos: 307: 742; 322:653 y 327:3966, si se tuvo por demostrada la existencia de la cláusula de cobranza del premio y al tiempo de la ocurrencia del siniestro la demandada estaba incursa en mora en el pago de la prima, no hay razón legal ni contractual para condenar a la empresa de seguros (art. 31 y 56 de la ley 17.418).

Por estas consideraciones, habré de proponer al Acuerdo modificar lo resuelto en la anterior instancia y hacer lugar a la excepción de falta de legitimación pasiva articulada por “Caja de Seguros S.A” rechazando la demanda contra la referida aseguradora, con costas de ambas instancias al actor que resulta vencido (arts. 68 y 279 del CPCCN).

VIII. El Sr. Juez fijó la suma de $1.000.000 para indemnizar el daño físico sufrido por Santillán, basándose en la prueba pericial médica, de la cual surge que el actor sufrió policontusiones y una fractura de fémur derecho que a juicio del perito le generan una incapacidad física de un 40%. También tomó en cuenta las constancias de atención médica remitidas por el “Hospital Gral. de Agudos Parmenio Piñero” a fs.302/303.

En el plano psicológico, el Sr. Juez rechazó dicho rubro indemnizatorio y estableció que las consecuencias psíquicas sufridas por el actor, que son del orden de un 14%, iban a ser tenidas en cuenta al momento de cuantificar el daño moral.

El actor se agravió de la suma reconocida para cuantificar el daño físico y procuró su incremento porque, según él, no se ajustaba a la incapacidad verificada y afectaba el principio de reparación integral. Hizo hincapié en que no se tuvieron en cuenta elementos objetivos para fijar la cuestionada partida (ver fs. 696/vta.).

También pretendió que el daño psicológico sea indemnizado junto físico.

Sostuvo que “El accidente ventilado en autos ha marcado irreparablemente al accionante, quien necesariamente debe ser indemnizado en forma justa e integral. Pauta que la sentencia de primera instancia no satisface, por ser arbitraria, causando ello gravamen irreparable a nuestro mandante. No sólo se encuentra reflejado en la pericial médica y psicológica el daño, sino que además en las constancias del beneficio de litigar sin gastos... específicamente en las declaraciones testimoniales, encontramos fiel reflejo de las consecuencias dañosas sobre la persona del actor” (ver f.697 vta).

Por su parte, el demandado Alvarez en su agravio pertinente se limitó a decir “es cierto que el actor sufrió un daño físico, más por su impericia y negligencia” (ver f.709 punto IV “tercer agravio”) y el apoderado de “Caja de Seguros S.A” en agravio que no superó los tres renglones solo expresó que la suma era “un verdadero arranque de irracionalidad absoluta” (ver f. 726). Ambas presentaciones no constituyen la crítica concreta y razonada que exige el art. 265 del CPCCN y los respectivos recursos resultan desiertos en este aspecto.

La Sala viene sosteniendo, con criterio que comparto, que "la guerra de las etiquetas" o debate acerca de la denominación que corresponde dar a tales o cuales daños, así como "la guerra de las autonomías" o debate sobre si estos daños integran la categoría de los morales o patrimoniales, o por el contrario, si tienen autonomía o forma de una categoría propia, distinta, es un quehacer que no afecta al fondo de la cuestión (cfr. Mosset Iturraspe, Jorge El daño fundado en la dimensión del hombre en su concreta realidad, publicado en la Revista de Derecho Privado y Comunitario T 1, Daños a la Persona, págs. 9 a 39, Ed. Rubinzal Culzoni, Santa Fe 1992).

Con base en lo expuesto y si bien cuando la lesión psíquica resulta como en el caso de carácter permanente debe indemnizarse junto a la incapacidad sobreviniente, lo cierto es que si se repara en el daño moral estimado por la propia parte actora al demandar y en la suma finalmente reconocida por esa partida - donde se subsumió el daño psicológico - se advierte que este último ha sido debidamente reparado. Entonces, al haberse cumplido con el principio de reparación integral (cfr. CSJN, Fallos 321:487 y 327:3753, entre otros), habré de proponer al Acuerdo que rechacemos el agravio del actor encaminado a que “se indemnice al daño psicológico juntamente con el daño físico”

En cuanto a la cuantía reconocida por incapacidad física sobreviniente, recuerdo que los cálculos actuariales son un marco de suma utilidad para aquello que debe considerarse “razonable” y la prudencia aconseja no desecharlos, pero no dejan de ser una pauta más para evaluar la cuantía del resarcimiento junto con las circunstancias personales del damnificado, la gravedad de las secuelas y los efectos que éstas puedan tener en su vida laboral y de relación (Fallos: 320:1361; 325:1156).

Más allá de que este caso, como ya expuse en el considerando III) queda aprehendido por el anterior Código (ley 17.711), no advierto inconvenientes en utilizar como criterio para cuantificar el daño causado el de reconocer un capital, de tal modo que sus rentas cubran la disminución de la aptitud del damnificado para realizar actividades productivas o económicamente valorables, y que se agote al término del plazo en que razonablemente pudo continuar realizando tales actividades (art. 1746 del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, ver mis votos in re, “De la Grana, Darío Daniel y otros c/ Ledesma, Héctor Darío y otro s/ daños y perjuicios (acc. tran. c/les o muerte)” (EXPTE. N° 53.742/2013) del 19-4-2017; “Nieto, Francisca Ramona c/ Transportes La Perlita S.A. Línea 501 y otro s/ ds. y ps.” (Expte. Nro. 89.418/2013) del 21-4-2017; Poulakis Cristian Anastasio c/ Barrionuevo, María Silvia y otros s/ daños y perjuicios (acc. trán. c/ les. o muerte)” (EXPTE. N° 34.112/15) 13-12-2017; “López Vega Diego Hernán c/Fernández Cristina Aida y otro s/ daños y perjuicios (acc. tran.c/les. o muerte)” del 15-12-2016).

En consecuencia, a los fines de juzgar la razonabilidad de la suma fijada en la anterior instancia y que fuera cuestionada por la parte actora, habré de considerar: a) edad del actor a la fecha del accidente: 20 años b) la índole de las secuelas, su carácter, y el porcentaje de incapacidad física informado por el perito, con vínculo causal con el accidente; c) al no existir prueba fehaciente de los ingresos el actor a la fecha del hecho se computará un salario mínimo vital y móvil anualizado; d) tasa de descuento: 6 %. Se trata de la tasa anual, pura (es decir, sin incidencia de inflación) que se va a descontar simplemente por el adelanto de sumas futuras; e) edad hasta la cual se computan los ingresos: 65 años. Método de cálculo planilla para el cálculo del valor presente de incapacidades de Hugo Alejandro Acciarri, que puede compulsarse en la página web del departamento de derecho de la Universidad Nacional del Sur (http:www.derechouns.com.ar/? p=7840).

Con base en el resultado que se ha obtenido luego de aplicar los parámetros antes indicados y ponderando que la incapacidad física sobreviniente no se reduce al aspecto laboral o productivo, sino a diversos aspectos de la personalidad que hacen al ámbito doméstico, social, cultural y deportivo con la consiguiente frustración del desarrollo pleno de la vida (Fallos: 308:1109; 312:2412; 315: 2834; 322:2002), valorando lo que surge del beneficio de litigar sin gastos sobre la actual inserción laboral del actor, he de proponer al Acuerdo confirmar lo resuelto en la anterior instancia.

IX. El Sr. Juez fijó la indemnización por daño moral en favor de Jonatan Leonel Santillán en $ 400.000, suma en la cual incluyó lo reclamado como daño psicológico.

Contra esa decisión se agravian los apoderados del actor. Refieren que: “una vez más el a quo actúa en forma arbitraria y fija un monto indemnizatorio reducido sin atender las constancias de autos, ni realizar un análisis mínimo, incluyendo erróneamente el daño psicológico en forma conjunta a esta partida, siendo que su labor se limitó a transcribir doctrina y jurisprudencia para luego simplemente fijar una suma de dinero”.

Agrega que “al cuantificar el presente rubro necesariamente se deberá tener presente que nuestro mandante, tuvo un amplio plazo de inmovilización luego del accidente, que las consecuencias físicas y psicológicas son de carácter permanente y que además, deberá continuar con tratamiento psicológico” (ver f. 697 punto “C” hasta f.699).

Lo resuelto en este punto también fue cuestionado, por Simón Adrián Alvarez, quien solamente expresó “ eventualmente, podemos entender que el actor sufriera daño psicológico, pero también derivado de su obrar negligente, imprudente, creyéndose capaz de todo. En cuanto al daño moral, el mismo, en el caso que nos ocupa no corresponde ser ni analizado y mucho menos tenido en cuenta. El actor se produjo el daño a sí mismo” (ver f. 709 punto IV “tercer agravio”) y por el apoderado de “Caja de Seguros S.A” a f. 726 segundo párrafo, quien se limitó a decir que “ tampoco existen fallos precedentes que avalen tamaño y exagerado monto dinerario”

Los agravios Alvarez, sobre este punto resultan desiertos pues no se expresa una crítica concreta y razonada con relación a la procedencia de la partida ni a su cuantía y se responden con lo ya resuelto sobre la responsabilidad (art. 265 y 266 del CPCCN). Aquéllos expuestos por el apoderado de la “Caja de Seguros S.A” corren igual suerte, en tanto se limita a decir que la indemnización es exagerada pero no dedica un renglón a explicar tal aserto.

Con respecto a los agravios de los apoderados del actor no se alcanza a comprender como si con pleno conocimiento de las lesiones físicas y psíquicas sufridas por su representado y los tiempos que demoró la recuperación, estimaron el daño moral en $ 140.000 y el psicológico en $ 180.000 y la sentencia les ha reconocido una suma comprensiva de ambos conceptos que supera esas cantidades, deberían explicar al tribunal el porque de ese cambio y la verdad se limitan a un mero disenso con lo resuelto.

Con base en lo expuesto, ponderando las lesiones sufridas, tiempo de recuperación y demás pautas que se utilizan para dimensionar esta partida considero que la suma reconocida debe confirmarse y así lo habré de proponer al Acuerdo.

X.- El Sr. Juez resolvió que los réditos debían liquidarse: “según la tasa activa, cartera general (préstamos) nominal anual vencida a treinta días del Banco de la Nación Argentina (conforme fallo plenario “Samudio de Martínez, Ladislaa c/ Transportes 270 S.A. s/ ds. y ps.”), desde la fecha del hecho y hasta el efectivo pago con excepción de la establecida para tratamiento psicológico que lo será desde la presente por tratarse de una erogación por realizar” (ver f.649 punto “b” de la parte dispositiva).

Dicha decisión fue cuestionada por los apoderados de la actora (ver f. 699 punto “d” hasta f. 701). Según ellos, “desde la interposición de la demanda, hasta la actualidad, han cambiado las circunstancias fácticas que nos llevaron a solicitar en el escrito de inicio la aplicación de una tasa de interés (la que aplica el a quo), y que ahora solicitamos la modificación”. Por lo tanto, luego citar jurisprudencia, solicitó que desde la fecha del hecho hasta el 1° de agosto de 2015 se aplique tasa activa y desde ahí en adelante se aplique una doble tasa activa (arts. 768 inciso “c” y art.770 del CCyC).

También se agraviaron de la tasa fijada los apoderados de “Aseguradora Total “Motovehicular S.A” a f. 713 p. III y “Caja de Seguros S.A” a f- 726 punto 3.5, procurando la reducción, argumentando, en ambos casos, que las partidas indemnizatorias fueron fijadas a valores actuales.

Como como mencionan los apoderados del actor, si en oportunidad de demandar (ver fs. 30 vta.) requirió se aplicase la misma tasa que se ha fijado en la sentencia (ver f. 30 vta, aclaración punto 2°), mal puede agraviarse ahora de esa decisión y pretender que aquélla tasa se duplique a partir del 1° de agosto de 2015, porque así como el no puede ir contra sus propios actos, el Sr. Juez no podía dar más de lo pedido por respeto a la congruencia (art. 163 inciso 6° del CPCCN).

Además, los desfasajes que se puedan haber producido en lo económico pueden remediarse practicando el anatocismo en la forma y oportunidades previstas en el art. 770 del CCyC que cita el propio recurrente. Por eso, propongo al Acuerdo rechazar las quejas del actor en este punto.

En cuanto a los agravios de las aseguradoras, debo decir que en 1991, luego del fenómeno hiperinflacionario vivido en 1989, se sancionó la 23.928 -llamada de convertibilidad del austral-, quedando desde entonces prohibida toda "indexación" por precios, actualización monetaria, variación de costos o cualquier otra forma de repotenciación de las deudas.

Esta prohibición se mantuvo aún en el marco de la crisis económica que atravesó nuestro país a fines de 2001, ocupándose el art. 4 de la ley 25.561 de remarcar que no “se admitirá actualización monetaria, indexación por precios, variación de costos o repotenciación de deudas, cualquiera fuere su causa, haya o no mora del deudor".

Es por esa razón que las indemnizaciones que establecen los jueces no pueden contener actualización alguna pues -de lo contrario- se violarían las leyes 23.928, 25.561 y sus decretos reglamentarios (ver, entre tantos precedentes, esta Sala in re “Walas c/ Fernández”, del 20/12/2007 y el fallo de nuestra Corte Federal en “Massolo, Alberto José c/ Transporte del Tejar S.A.”, 20-4- 2010, LL, del 25-10-2010, p. 9).

Por otra parte, la circunstancia de que, en este caso, la obligación a cargo de los accionados consista en una deuda de valor, que el juez traduce en una suma de dinero al momento de dictar sentencia- como compensación por los perjuicios sufrido- no puede llevar a pensar que no hubiese resultado exigible con anterioridad y tampoco permite sostener que ese quantum así determinado contenga mecanismos de actualización o cualquier otro que configure una repotenciación o indexación de deuda, como ocurría en un contexto de hiperinflación donde si resultaba acertado hablar de un interés puro del 6 % u 8% sobre las sumas así “actualizadas” o “indexadas”.

De hecho, no surge del pronunciamiento cuestionado que se haya aplicado alguna tabla que contenga índices de actualización monetaria por la inflación acaecida; lo que de por sí descarta que los valores determinados puedan calificarse de propiamente “actuales”.

Es por esa razón que para estos casos debe aplicarse la tasa de interés activa cartera general (préstamos) nominal anual vencida a treinta días del Banco de la Nación Argentina desde la mora y hasta el efectivo pago que hagan los deudores, siguiendo la doctrina del fallo plenario del fuero in re, “Samudio de Martínez, L. c/ Transportes Doscientos Setenta SA” que resulta obligatoria - para los réditos devengados desde la mora y hasta la entrada en vigencia del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, al haberse derogado el art. 622 del CC en los términos del art. 303 del CPCCN- (ley 27.500).

En consecuencia, deberá aplicarse la referida tasa activa en los casos en que la misma no genera o configura un “enriquecimiento indebido”. Si así fuera e importara una situación excepcional que se apartara de la regla general establecida en el referido plenario debe ser probada en forma clara por el deudor en el ámbito del proceso (cf. art. 377 del CPCCN), circunstancia que no se verifica en el presente.

Finalmente, en relación a los intereses devengados a partir de la entrada en vigencia del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación y hasta el efectivo pago, al ser una consecuencia no agotada de la relación jurídica que diera origen a esta demanda, la tasa que resulte aplicable para liquidarlos por imperio del art. 768 del citado ordenamiento, nunca podrá ser inferior a la activa antes referida, pues ante la falta de pago en tiempo de la indemnización y dadas las actuales circunstancias económicas iría en desmedro del principio de la reparación plena del daño que se ha causado a los pretensores (ver art. 1740 del mismo Código) a la vez que fomentaría la demora del deudor en el cumplimiento de sus obligaciones, contrariando la garantía del actor a hacer efectivo su derecho (cfr. art. 18 de la CN) (ver en sentido concordante esta Sala, in re, “Martino Guillermo y otro c/ Herman Christian Ariel y otros s/ daños y perjuicios” del 15-09-2016- voto del Dr. Mizrahi- ; mi voto, in re, “Dattilo Ruben Osvaldo c/ Rodríguez Fosthoff Eleonora Mariel s/ daños y perjuicios” del 22-08-2016; in re, “López Castan, Sebastián Darío c/ Transporte Automotor Plaza S.A.C.I s/ daños y perjuicios” del 19-8-2016 voto del Dr. Mizrahi; in re, López Constanza Gabriela c/ Metrovías S.A. y otros s/daños y perjuicios” del 5-8-2016, voto del Dr. Ramos Feijoó: in re, “Luna Carlos Ángel c/ Grasso Gonzalo Daniel y otros s/ daños y perjuicios” del 3-8-2016, voto del Dr. Ramos Feijoó, entre otros). Ello sin perjuicio de aplicar el anatocismo que corresponda (art. 770 del CCyC). En definitiva, habré de proponer al Acuerdo que se rechace este segmento del recurso y se confirme lo resuelto en la anterior instancia

Por lo expuesto, propongo al Acuerdo: I) modificar la sentencia recurrida haciendo lugar a la demanda interpuesta por Jonatan Leonel Santillán y condenar a los demandados Jany Maribel Lavado Cuba y Simón Adrián Álvarez a pagar in solidum a Jonatan L. Santillan el 100% de los daños sufridos. Revocar la condena impuesta a Jonatan Leonel Santillán y la aseguradora “Total Motovehicular S.A” y rechazar la reconvención iniciada por Simón Adrián Álvarez; II) imponer las costas del proceso en ambas instancias íntegramente a Simón Adrián Álvarez, con excepción de aquéllas derivadas de la citación de “Caja de Seguros S.A” sobre las cuales se decidirá seguidamente; III) admitir los agravios de “Caja de Seguros S.A” y hacer lugar a la excepción de falta de legitimación pasiva interpuesta por dicha aseguradora por lo que a su respecto se rechaza la demanda interpuesta por Jonatan Leonel Santillán, con costas a este último; IV) confirmar la sentencia recurrida en todas las demás cuestiones que fuera materia de recurso; V) las costas de ambas instancias se imponen íntegramente a Simón Adrián Alvarez, con excepción de aquéllas derivadas de la citación de “Caja de Seguros S.A” que se imponen Jonatan Leonel Santillán. En todos los casos por aplicación del principio objetivo de la derrota (art. 68 y 279 del CPCCN). Así lo voto.

Los Dres. Ramos Feijóo y Díaz Solimine, por análogas razones a las aducidas por el Dr. Parrilli, votaron en el mismo sentido a la cuestión propuesta.

Con lo que terminó el acto: ROBERTO PARRILLI - CLAUDIO RAMOS FEIJOO - OMAR DIAZ SOLIMINE -.

Es copia fiel del Acuerdo que obra en la Pág. n° ... a n° ... del Libro de Acuerdos de esta Sala “B” de la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil.

 

Buenos Aires, ... de septiembre de 2019.-

Y VISTOS: Por lo que resulta de la votación que instruye el Acuerdo que antecede, se resuelve: I) modificar la sentencia recurrida haciendo lugar a la demanda interpuesta por Jonatan Leonel Santillán y condenar a los demandados Jany Maribel Lavado Cuba y Simón Adrián Álvarez a pagar in solidum a Jonatan L. Santillan el 100% de los daños sufridos. Revocar la condena impuesta a Jonatan Leonel Santillán y la aseguradora “Total Motovehicular S.A” y rechazar la reconvención iniciada por Simón Adrián Álvarez; II) imponer las costas del proceso en ambas instancias íntegramente a Simón Adrián Álvarez, con excepción de aquéllas derivadas de la citación de “Caja de Seguros S.A” sobre las cuales se decidirá seguidamente; III) admitir los agravios de “Caja de Seguros S.A” y hacer lugar a la excepción de falta de legitimación pasiva interpuesta por dicha aseguradora por lo que a su respecto se rechaza la demanda interpuesta por Jonatan Leonel Santillán, con costas a este último; IV) confirmar la sentencia recurrida en todas las demás cuestiones que fuera materia de recurso; V) las costas de ambas instancias se imponen íntegramente a Simón Adrián Alvarez, con excepción de aquéllas derivadas de la citación de “Caja de Seguros S.A” que se imponen Jonatan Leonel Santillán. En todos los casos por aplicación del principio objetivo de la derrota (art. 68 y 279 del CPCCN).

Regístrese, protocolícese y notifíquese. Oportunamente publíquese (conf. C.S.J.N. Acordada 24/2013).

Fecho, devuélvase.

 

Fecha de firma: 23/09/2019

Firmado por: DR. CLAUDIO RAMOS FEIJOÓ, JUEZ DE CÁMARA

Firmado por: DR. ROBERTO PARRILLI, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: DR. OMAR LUIS DIAZ SOLIMINE, SUBROGANTE

 

    Correlaciones:

Barrios, Máximo Víctor y otro/a c/Mober, Carlos Alberto y otros s/daños y perjuicios - Cám. 1ª Civ. y Com. San Isidro - Sala I - 22/02/2016 - Cita digital IUSJU006873E

 

Cita digital:IUSJU044007E