JURISPRUDENCIA

Contrato de trabajo. Relación de dependencia. Prestación de servicios. Presunción. Iuris tantum. Falta o defecto de registración. Extensión de responsabilidad. Solidaridad. Responsabilidad del administrador

 

Se hace lugar a la demanda por despido iniciada por la trabajadora, toda vez que, acreditada la prestación de servicios a favor de la demandada, nace una presunción “iuris tantum” de relación de dependencia que, en este caso, la empresa accionada no logró desvirtuar. En el presente caso, la propia demandada reconoció la prestación de servicios de la actora como camarera en el salón de fiesta de su propiedad, pero no logró demostrar que dicha vinculación fuera de carácter civil. Por último, se extiende la responsabilidad solidaria a la administradora de la sociedad en virtud de la falta total de registración de la relación de trabajo.

 

 

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En la ciudad de Buenos Aires, a los 16 días del mes de agosto de 2019, para dictar sentencia en estos autos caratulados “González, Daniela Romina c/ Norcynmil SRL y otros s/ Despido”, se procede a votar en el siguiente orden:

EL DOCTOR NESTOR MIGUEL RODRIGUEZ BRUNENGO DIJO:

I.- La sentencia de primera instancia fs. 399/402 que rechaza la demanda incoada, es apelada por la parte actora a fs. 403/407.

II-Sostiene la agraviada que la sentenciante ha realizado una errada valoración de las probanzas arrimadas a la causa, reclama la aplicación de la presunción del art. 23 de LCT, y afirma que las testimoniales que se adjuntan en la causa, son contestes, al indicar y detallar que la actora prestaba servicio bajo relación de dependencia en el local (salón de fiesta), que era explotado por los demandados, relación que transcurrió en absoluta clandestinidad.

En primer lugar deseo señalar que llega firme a esta instancia que se encuentra acreditada la prestación de servicio de la actora en el salón de fiestas, ello es de este modo ya que la propia demandada asume que la trabajadora se desempeñó como camarera, para algunos eventos puntuales bajo un “contrato de locación de servicio”.

Sentado ello cabe indicar que las testimoniales que se encuentran glosadas en la causa, son contestes con esta postura, ya que detallan que la actora trabajaba en el local, realizando distintos tipos de tareas de organización de los eventos (Ortiz fs. 252), Herrera (fs. 255), Erramouspe (fs. 264), Dominguez (fs. 266).

Lo expuesto anteriormente conduce a la aplicación de la presunción establecida en el art. 23 de la L.C.T. y pone en cabeza de la empleadora la carga probatoria de acreditar que la vinculación existente entre las partes responde a una característica diferente a la laboral. Cuestión que no se aprecia cumplida en autos.

En efecto, se configura la presunción legal “iuris tantum” (provista en el art. 23 de la L.C.T.), de la existencia de un contrato de trabajo, cuando se acredita que ha existido una prestación de servicio. Por lo tanto ello produce la inversión de la carga de la prueba. Será el empleador, entonces, quien deba probar que la prestación no tuvo como causa un contrato de trabajo, sino alguna otra (art. 726 Cod. Civ y Com).

Lo antes señalado, me lleva a concluir a la luz de las reglas de la sana critica (art. 386 C.P.C.C.N), que la relación habida entre las parte ha sido de índole laboral.

En definitiva, no habiendo probado la demandada, que toda esa actividad desplegada por la actora hubiese sido para su propio beneficio, debe concluirse que las partes se han vinculado mediante un contrato de trabajo (art. 21 y 22 de la L.C.T.), y de este modo dejo propuesto mi voto.

Por todo lo expuesto, concluyo que le asistió razón a la trabajadora para considerarse injuriada y despedida, por lo que le asiste derecho al reclamo plasmado en la presente causa en relación al reclamo basado en los art. 245, 232, 231 LCT, vacaciones no gozadas y proporcionales del año 2012, SAC adeudado y proporcional 2013, ya que no hay prueba alguna que dichos rubros hayan sido cancelados oportunamente ( art. 138 LCT).

Teniendo en cuenta que nos encontramos frentes a una relación laboral sin registro alguno, cabe la aplicación de los dispuesto en el art. 55 de a LCT, ahora bien no puedo dejar de advertir que las testimoniales antes analizadas si bien dan cuenta de la prestación de servicio de la actora, no es menos cierto que no son coincidentes con el relato de la trabajadora, en cuanto a la carga horaria cumplida.

En este punto advierto que ante la diversidad de elementos probatorios contrapuestos que aparecen respecto del tema de jornada y categoría, considero ajustado a derecho y de acuerdo al principio de equidad, realizar una evaluación acorde con lo expuesto y concordante con el principio de razonabilidad, de rango constitucional, lo que me lleva a proponer un “fraccionamiento jurídico temporal”, como equilibrio entre los hechos proporcionados por las partes en autos.

Consecuencia de lo expuesto y concordantemente con las variables horaria propongo tener por acreditado, que la fecha de ingreso de la actora es la denunciada en el escrito de inicio, 11/11/2012, su salario devengado ha sido el de $ $7.232,40 y la fecha de extinción del mismo el 27/02/2013.

IV- A partir de la entrada en vigencia de la ley 25.345 (B.O.17/11/00) el trabajador no solo debe cursar la intimación del art. 11 inc. a, sino además, debe remitir copia de ello a la Afip en el plazo de 24 hs, cuestión que se encuentra acreditado en la causa por lo que, propongo hacer lugar a la multa establecida en el art. 8 de la 24.013 (ver fs. 198/207).

Por lo tanto, habiendo el actor, acreditado la falta de registro de la relación laboral, y que su despido, se encuentra íntimamente ligado a ello, no encuentro argumento fáctico ni jurídico, que impidan la procedencia del art. 15 de la ley 24.013.

Por similares argumentos, procederá la multa establecida en el art. 80 de la LCT, ya que cumplida la requisitoria normativa para su procedencia y las particulares circunstancias fácticas, no encuentro argumentos que me permitan rechazar dicha pretensión.

V- En relación a la multa establecida en el art. 2 de la ley 25.323, ella hace referencia al empleador que, fehacientemente intimado por el trabajador, no le abonare las indemnizaciones previstas en los artículos 232, 233 y 245 de la Ley 20.744 y los artículos 6 y 7 de la Ley 25.013 o las que en el futuro las reemplacen y, consecuentemente lo obligare a iniciar acciones judiciales o cualquier instancia previa de carácter obligatorio para percibirlas.

Ello -establece- dará lugar a un incremento de un 50%.

El art. 2 de la Ley 25.323 deviene aplicable a las consecuencias jurídicas o efectos contractuales que no hayan sido cumplidos por el empleador debidamente intimado. Ergo, son requisitos para su procedencia: la intimación fehaciente y el inicio de acciones judiciales o cualquier instancia previa de carácter obligatorio para percibirlas.

La norma parece apuntar a morigerar el daño que se produce al trabajador cuando no se cumple lo debido y a poner un marco diferencial entre el empleador que cumple con las indemnizaciones previstas en la ley y aquél que se toma los tiempos judiciales, aún sabiendo que debe pagar. La actora intimó fehacientemente y debió iniciar el presente juicio para poder obtener el cobro.

Por lo tanto, cumplido los requisitos establecidos en la normativa vigente, propicio hacer lugar a este reclamo.

De acuerdo a la solución que se deja propuesta en los apartados anteriores, los límites que impone la pretensión tal como fue realizada en la demandada, y los guarismos obrantes en la causa. La condena progresará por los siguiente conceptos.

Liquidación

Art. 245 LCT $14.464,80-

Art.232 LCT c. SAC $ 7.835,10-

Art. 233 LCT c. SAC $ 7.835,10-

Vacaciones prop. $ 674,04-

Vacaciones 2012 $ 4.050,06-

SAC proporcional $ 1.205,40-

SAC 2012 $ 3.616,20-

Salario enero 2013 $ 7.232,40-

Art. 8 Ley 24.013 $25.313,40-

Art. 15 Ley 24.013 $30.135-

Art. 45 ley 25.345 $21.697,20-

Art. 2 ley 25.323 $15.067,50-

Total $139.126,20-

Suma que devengara intereses conforme, he tenido la oportunidad de expresar mi voto afirmativo en el Acta 2.601 de la C.N.A.T. de fecha 21/5/2014, en la que se resolvió establecer que la tasa de interés aplicable sea la nominal anual para préstamos personales libre destino del Banco Nación para un plazo de 49 a 60 meses; desde que cada suma fuera debida respecto de las causas que se encontraran -a la fecha del dictado de la resolución- sin sentencia.

Asimismo conformé la mayoría en el dictado del Acta 2.630 de la C.N.A.T., en la cual se resolvió la modificación del interés a calcularse y se fijó en el 36% anual (27/4/2016, punto 2º del Acta).

En este contexto, advierto que a la justa indemnización debida al trabajador, ante el incumplimiento tardío de la obligación por parte del deudor, sólo puede arribarse con la aplicación de las tasas mencionadas.

Sin perjuicio de lo señalado, a partir del 1/12/2017 se devengarán intereses conforme la Tasa activa efectiva anual vencida, cartera general diversa del Banco Nación (Acta 2658 punto 3º del 8/11/2017 de la C.N.A.T.) cf. facultades conferidas por el art. 767 y siguientes del Código Civil y Comercial.

Lo antes indicado conduce a hacer lugar al reclamo por la entrega de los certificados establecidos en el art. 80 de la LCT.

VIII- En cuanto a la solidaridad de Norma A. Corzon, persona física, adelanto que la misma ha de tener lugar.

Ello es de este modo, pues, no encuentro, así vista la situación, motivo para rechazar la pretensión del actor.

Me explico: el fraude a la ley se produce cuando el uso de una norma de cobertura (en el caso, la Ley de Sociedades) es utilizada burlando su télesis, de manera tal que se genera una tensión inaceptable con el derecho imperativo; en este caso, se trata de la existencia de la vinculación laboral de los protagonistas.

Surge de autos, que la codemandada es la socia gerente de la sociedad demandada, así surge de sus propios dichos a fs. 31, tal carácter.

Al respecto debo indicar que, como lo dije en precedentes anteriores, existen disposiciones que limitan la responsabilidad de los integrantes de las sociedades de modo que, la personalidad jurídica societaria nacida como beneficio excepcional concedido por el Estado a seres humanos que se unían asumiendo importantes riesgos para el logro de fines favorables al desarrollo de la comunidad, se ha extendido a una interpretación que amplía su cobertura aún a casos que disimulan a una finalidad espuria.

En este caso, la conducta antijurídica de la codemandada -que no ha cuestionado su carácter de socio-, traducida en la acreditación de la deficiencia registral de la relación laboral-, constituye un fraude a las leyes laborales y previsionales que, en las particulares circunstancias del caso, y de acuerdo a lo normado en los artículos 54 y 59 de la ley de sociedades, me llevan hacer extensiva la responsabilidad a la persona física demandada, por cuanto el accionar descripto resulta contrario a lo que se le exige a un buen comerciante, dentro de cuyas facultadas estaba la de corregir las irregularidades acreditadas en autos.

Por los argumentos expuestos, propicio hacer lugar a la demanda en este aspecto; distinta serte ha de correr la pretensión contra Angel Cecilio Fernandez Peña, ya que no encuentro argumento fáctico ni jurídico que me permitan, responsabilizarlo de manera alguna con las cuestiones ventiladas en la presente contienda.

IX- En virtud de la modificación del fallo que dejo propuesta y lo dispuesto en el art. 279 CPCCN propongo condenar a las demandadas Norcynmil SRL y Corzon Norma Alicia, en costas en ambas instancias, teniendo en cuenta la suerte que ha merecido el reclamo; regular honorarios para el letrado de la parte actora, demandadas (en forma conjunta) y perito contador en un ...%, ...% y ...%, respectivamente, porcentajes a calcular sobre el monto de condena.

Confirmar lo resuelto en relación al codemandado Peña Fernandez Antel Cecilio.

Con relación a la regulación de honorarios, considero oportuno destacar que, para la ponderación de los mismos, es necesario indagar en cada caso la época o momento en que se cumplió el hecho, acto o relación jurídica que engendró y sirvió de fundamento a la obligación, ya que esa circunstancia determinará cuál es la legislación aplicable.

Ello así en concordancia con lo dictaminado por la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires en el fallo “MORCILLO Hugo Héctor c/ PROVINCIA DE Buenos Aires S/ INCOST. Decr.-ley 9020” de fecha 8 de noviembre de 2017, que remite al criterio adoptado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación a partir del precedente que se registra en el Fallo 319:1915 (mantenido en Fallos: 320:31; 2349 y 2756; 321:146; 330, 532 y 1757; 325:2250).

Allí se estableció que frente a una nueva norma arancelaria, como la que en el caso nos ocupa -Ley 27.423 (B.O. del 22/12/2017), promulgada por Decreto 1077/17, que contiene, en su Art. 7, una observación del Art. 64-, la remuneración por la labor en los juicios debe determinarse tomando en cuenta las etapas del proceso cumplidas. Resulta necesario, entonces, ante la entrada en vigor de un nuevo ordenamiento arancelario, discriminar aquellas pasadas durante la vigencia del régimen anterior, de las que se hicieron a partir de la operatividad del nuevo sistema.

De tal modo, en el caso, en tanto los trabajos profesionales, por la labor cumplida en la primera instancia, se realizaron estando en vigencia la Ley 21.839, el Art. 38 de la ley 18.345, el Art. 13º de la ley 24.432, habrán de utilizarse las normas arancelarias allí contenidas.

Por la actuación en la alzada estimo los honorarios de los letrados intervinientes en el ...% para la parte actora y ...% para la demandada, de lo que les corresponda percibir por su actuación en la primer etapa (art. 30 ley 27.423).

Propongo declarar las costas de alzada en relación del codemandado Peña Fernandez a cargo de la actora, teniendo en cuenta la suerte que ha merecido su reclamo.

LA DOCTORA GRACIELA L. CARAMBIA: Por compartir sus fundamentos, adhiero al voto que antecede.

EL DOCTOR LUIS ALBERTO CATARDO: No vota (art. 125 ley 18.345).

En atención al resultado del presente acuerdo, EL TRIBUNAL RESUELVE:

1)Revocar el fallo de grado y hacer lugar a la demanda condenando a Norcynmil SRL y a Corzon Norma Alicia, en forma solidaria a abonar a la actora dentro del quinto día de notificadas en la ocasión prevista por el art. 132 L.O., y mediante depósito judicial en autos, la suma de $139.126,20 (ciento treinta y nueve mil ciento veintiséis pesos con veinte centavos), más intereses según han sido fijados en el considerando respectivo y en en mismo plazo hacer entrega de los certificados establecidos en el art. 80 de la LCT.2) Declarar las costas de ambas instancias a cargo de las demandadas Norcynmil SRL y Corzon Norma Alicia. 3) Regular los honorarios por los trabajos cumplidos en la primera etapa para los profesionales intervinientes en el ...% -... por ciento- (parte actora); ...% -... por ciento- (demanda das en forma conjunta ) ...% -... por ciento- (perito contador) del monto de condena. 4) Confirmar el fallo de primera instancia en relación a todo lo resuelto del codemandado Peña Fernandez Angel Ceciclio, y declarar las costas respecto de él a cargo de la actora. 5) Regular los honorarios de los letrados intervinientes en esta alzada en el ...% -... por ciento- parte actora, y ...% -... por ciento- parte demandada, de lo que les corresponda percibir por su actuación en la etapa anterior. 5) Oportunamente, cúmplase con lo dispuesto en el art. 1º de la ley 26.856 y con la Acordada de la CSJN Nº15/2013.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

 

Fecha de firma: 16/08/2019

Firmado por: NESTOR MIGUEL RODRÍGUEZ BRUNENGO, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: HÉCTOR HORACIO KARPIUK, SECRETARIO

Firmado por: GRACIELA LILIANA CARAMBIA, JUEZ DE CAMARA

 

  Correlaciones:

Ferreyra, Susana Haydee c/ Mazziotta, Gabriel Antonio s/despido - Cám. Nac. Trab. - Sala II - 10/12/2015 - Cita digital IUSJU007332E

 

Cita digital:IUSJU043258E