JURISPRUDENCIA

Accidente de trabajo. Incapacidad laboral permanente. Daño psíquico. Relación de causalidad. Improcedencia

 

Se rechaza la procedencia de la indemnización por daño psíquico solicitada por el actor, pese a que el peritaje médico le otorgó un 10% de incapacidad en tal concepto, en tanto la relación causal que interesa a la Ley de Riesgos del Trabajo es un concepto perteneciente a la órbita de la ciencia jurídica y no de la médica. En virtud de ello, se concluyó que no parecía razonable entender que los sucesos de autos hubieran impactado en la esfera psíquica del trabajador de modo de ocasionar algún tipo de secuela de carácter irreversible y en nexo de causalidad adecuado y resarcible, en el marco de la ley 24.557.

 

 

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Buenos Aires, 28/08/19

El Dr. DANIEL E. STORTINI dijo:

1º) Llegan las presentes actuaciones a la alzada con motivo del recurso que contra la sentencia de fs. 298/300 interpuso el actor a fs. 301/303, el cuál no fue replicado por la demandada.

2º) A fin de clarificar la cuestión suscitada destaco que arriba firme a esta etapa que con fecha 20/11/2011 el actor sufrió un accidente del trabajo en las circunstancias relatadas al demandar (estas son: al abrirse la puerta del horno en el que se disponía a cocinar pan y apretarle la mano derecha contra el carro en el que trasladaba dicho producto, ver escrito de inicio apartado. Hechos a fs. 5vta.).

Tampoco se encuentra objetado en esta etapa (art. 116 L.O.) que el accionante es portador de las secuelas de orden físico -fractura de la epífisis proximal de la falange distal del dedo medio de su mano derecha y síndrome túnel carpiano derecho- constatadas en el peritaje médico de la causa, las cuales al adunarle la incidencia de los factores de ponderación aplicables al caso- le generan un déficit laborativo del 14% (ver dictamen médico a fs. 261I/262I y fallo a 299vta.).

3º) En cambio, se agravia el demandante por la falta de consideración del daño psíquico, pero el contenido del memorial recursivo no posibilita apartarse de la solución adoptada en grado.

No soslayo que la perito médica informó en su dictamen que el accionante padece un cuadro de reacción vivencial anormal neurótica grado II que le ocasiona una incapacidad psíquica del 10% (ver fs. 275I).

Sin embargo, no advierto que se encuentre debidamente demostrada en la presente contienda la existencia de nexo de causalidad adecuado con el accidente de autos (art. 386 del CPCCN).

Sobre el punto remarco que la relación causal que interesa a la Ley de Riesgos del Trabajo es un concepto perteneciente a la órbita de la ciencia jurídica y no de la médica y, aun cuando se requiera el conocimiento científico-técnico de la medicina por el cual se convoca a los expertos como auxiliares de la justicia, es atribución exclusiva de los jueces, evaluadas las circunstancias de cada caso concreto, la determinación de la existencia y el alcance de dicho nexo.

En el marco precitado, cabe considerar el relato formulado al demandar respecto a las circunstancias que rodearon al origen de las afecciones físicas constatadas (según lo expuesto en los párrafos precedentes). Además, destaco que del peritaje médico surge la recomendación para que el demandante se someta a un tratamiento psicoterapéutico (ver fs. 274Ivta.). Por todo ello, no parece razonable entender que los sucesos de autos hubiesen impactado en la esfera psíquica del trabajador de modo de ocasionar algún tipo de secuela psíquica de carácter irreversible y en nexo de causalidad adecuado y resarcible en el marco de la ley 24.557, lo que me conduce a propiciar la confirmatoria del fallo en este punto (art. 386 del CPCCN).

4º) Similar temperamento merecerá la crítica acerca de la no aplicación a la contienda las disposiciones contenidas en la ley 26.773 respecto al coeficiente del denominado RIPTE.

Sobre el punto remarco que el accidente de autos se produjo con anterioridad a la entrada en vigencia de la citada ley 26.773 (20/11/2011 y 26/10/2012 -fecha de su publicación en el Boletín Oficial-, respectivamente).

Dicha norma establece que “Las disposiciones atinentes a las prestaciones en dinero y en especie de esta ley entrarán en vigencia a partir de su publicación en el Boletín Oficial y se aplicarán a las contingencias previstas en la ley 24.557 y sus modificatorias, cuya primera manifestación invalidante se produzca a partir de esa fecha” (art. 17, inc. 5º), supuesto que -como señalé en forma precedente- no acontece en el presente caso.

Cabe tener presente que la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en un caso de aristas similares (“Lucca de Hoz, Mirta Liliana c/ Taddei, Eduardo y otro s/accidenteacción civil” -C.S.J.N., L. 515, L.XLIII, del 17/8/10), se expidió en contra de la aplicación retroactiva del decreto reglamentario 1.278/00, el cual otorgaba mayores beneficios en las prestaciones adicionales contempladas por la ley 24.557. Si bien el criterio apuntado difiere del que fuera sostenido por esta sala X en anteriores pronunciamientos, razones de economía procesal imponen el deber de seguir esta doctrina (ver S.D. Nº 19.279 del 20/12/2011 “in re” Vizcarra, Raúl c/Mapfre Argentina A.R.T. S.A. y otro s/acción de amparo”, en la cual por los argumentos apuntados se desestimó la aplicación retroactiva del decreto 1.694/09).

A su vez, el máximo Tribunal al resolver el recurso de hecho deducido en los autos caratulados “Espósito, Dardo Luis c/ Provincia ART S.A. s/ accidente-ley especial” (de fecha 7 de junio de 2016) sostuvo que: “...la ley 26.773 dispuso el reajuste mediante el índice RIPTE de los ‘importes’ a los que aludían los arts. 1º, 3º y 4º del decreto 1694/09 exclusivamente con el fin de que esas prestaciones de suma fija y pisos mínimos reajustados se aplicarán a las contingencias futuras; más precisamente, a los accidentes que ocurrieran y a las enfermedades que se manifestaran con posterioridad a la publicación del nuevo régimen legal. El texto del art. 17.5, al establecer que ‘las disposiciones atinentes a las prestaciones en dinero’ entrarían en vigencia a partir de la publicación de la ley en el Boletín Oficial” no dejó margen alguno para otra interpretación.

En consecuencia, propongo confirmar también en este aspecto el decisorio en tanto que lo resuelto en la anterior instancia se ajusta al esbozado criterio.

5º) Las costas de alzada se imponen en el orden causado en atención a la ausencia de réplica (arts. 68, segundo párrafo del CPCCN).

Por lo expuesto voto por: 1) Confirmar la sentencia apelada en todo lo que decide y ha sido materia de recurso y agravios. 2) Imponer las costas de la alzada en el orden causado. 3) Regular los honorarios de la representación letrada del demandante por su intervención en esta etapa en el ...% de lo que le corresponde percibir por su actuación en la instancia de grado (art. 38 L.O.)

El Dr. LEONARDO J. AMBESI dijo:

Por compartir los fundamentos del voto que antecede, adhiero al mismo.

El Dr. ALVARO E. BALESTRINI: no vota (art. 125 L.O.).

Por lo que resulta  del acuerdo que antecede, el Tribunal RESUELVE: 1) Confirmar la sentencia apelada en todo lo que decide y ha sido materia de recurso y agravios. 2) Imponer las costas de la alzada en el orden causado. 3) Regular los honorarios de la representación letrada del demandante por su intervención en esta etapa en el ...% de lo que le corresponde percibir por su actuación en la instancia de grado (art. 38 L.O.) Cópiese, regístrese, notifíquese, oportunamente, cúmplase con lo dispuesto en el art. 1º de la ley 26.856 y con la acordada de la CSJN Nº 15/2013 y devuélvase.

 

Firmado por: LEONARDO JESUS AMBESI, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: DANIEL EDUARDO STORTINI, JUEZ DE CAMARA

 

  Correlaciones:

Barros, Miguel Rodolfo c/Asociart Aseguradora de Riesgos del Trabajo SA s/accidente - ley especial - Cám. Nac. Trab. - Sala VIII - 06/03/2015 - Cita digital IUSJU000743E 

Cita digital:IUSJU042375E