JURISPRUDENCIA

Encubrimiento. Extranjeros. Tenencia de moneda falsa. Auto de procesamiento. Prisión preventiva

 

Se ordena el procesamiento y la prisión preventiva del imputado por considerarlo presunto autor penalmente responsable del delito de encubrimiento y de adulteración de documento público, cuando la policía le halló varios billetes falsos (dólares y pesos) a partir de una denuncia policial anoticiando de la presencia de dos personas presuntamente extranjeras que intentaban alojarse en un hotel, por lo que se concluyó que de la actitud evasiva a fines de acreditar sus identidades podía deducirse -con grado de probabilidad- que tenían conocimiento del origen delictivo de los billetes.

 

 

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Córdoba, 19 de junio de 2019.

Y VISTOS:

Estos autos caratulados: “B., D. y otro s/ encubrimiento (art. 277)” (FCB 30298/2017/CA1), venidos a conocimiento de la Sala “A” de este Tribunal, en virtud del recurso de apelación interpuesto por la Defensora Pública Oficial del imputado D. M., en contra de la resolución dictada con fecha 26 de febrero de 2019 por el Juez Federal N° 2 de Córdoba, en cuanto dispone: “...RESUELVO: I. ORDENAR EL PROCESAMIENTO Y PRISIÓN PREVENTIVA de D. M., ya filiado en autos, por considerarlo presunto autor penalmente responsable del delito de “ENCUBRIMIENTO” en calidad de autor (conforme art. 277, inc. 1 apartado “C” del C.P y 45 del CP)-hecho nominado primero y segundo-, y presunto autor responsable del delito de ´Adulteración de Documento Público´ -hecho nominado tercero-, de conformidad a lo dispuesto por los arts. 292, primer párrafo del C.P, todo en concurso real (conf. art. 45 y 55 del C.P)., en los términos del art. 306 y 312 INC. 1° del C.P.P.N. 316 y 317 del CPPN.”

Y CONSIDERANDO:

I.- Llegan las presentes actuaciones a este Tribunal en virtud del recurso de apelación interpuesto por la Defensora Pública Oficial, (fs. 355), en contra de la resolución cuya parte dispositiva ha sido precedentemente transcripta.

II.- Los hechos investigados en autos fueron descriptos por el Juez Federal interviniente de la siguiente manera en la resolución impugnada: “HECHO NOMINADO PRIMERO: (...) Con fecha 09 de junio de 2017, en la sede de la Delegación Córdoba de la Policía federal Argentina, sita en Av. Hipólito Irigoyen N° ... de esta Ciudad de Córdoba, D. M., habría tenido en su poder, entre sus efectos personales, la cantidad de 2 (dos) Billetes de cien dólares estadounidenses (U$S 100), número de serie FA58013327A y DF19548944A apócrifos, además de un billete de pesos cien ($ 100), N° de serie 08487305I también apócrifo. HECHO NOMINADO SEGUNDO: (...) Con fecha 09 de junio de 2017, en las instalaciones del Hotel Kube, sito en calle Montevideo 574 de esta Ciudad de Córdoba, más precisamente en la habitación N° 401, D. B. (cuya situación procesal será resuelta oportunamente) y el señor D. M., habrían tenido en su poder, y dentro de la única valija con la que ingresaron al establecimiento, la cantidad de 20 (veinte) billetes de cien dólares estadounidenses (U$S 100) apócrifos, cuyos números de serie son FA61271084A (1 billete), GF35615387C (2 billetes), FA42485770A (1 billete), FA39453861A (2 billetes), FA43327228A (1 billete), GF34426571C (1 billete), GF34618957C (1 billete), GF34657911C (1 billete), GF34547849C (3 billetes), GF35618951C (1 billete), GF35547849C (1 billete), FA58013327A (1 billete) y GF35547849C (1 billete). HECHO NOMINADO TERCERO: (...) Con fecha y lugar no determinados en esta etapa de la instrucción pero anterior al 09 de junio de 2017, D. M. habría participado, por sí o por intermedio de otra persona, en la adulteración de la carta de identidad N° CN ... de la República del Libano, la que textualmente reza “REPUBLIQUE LYBENNE Carta de D´Identite Nationale”, y se encuentra a nombre de M. B., al aportar al menos la fotografía de su persona para la confección del referido documento.”

III.- En orden a los referidos hechos, el Juez Federal Nº 2 de Córdoba dispuso el procesamiento con prisión preventiva del imputado D. M., por considerarlo presunto autor responsable del delito de “encubrimiento” (cfme. art. 277, inc. 1 apartado “C” del CP.) -hecho nominado primero y segundo- y presunto autor responsable del delito de Adulteración de Documento Público” -hecho nominado tercero- de conformidad a lo dispuesto por los arts. 292, primer párrafo del C.P, todo en concurso real (conf. art. 45 y 55 del C.P).

Para así resolver, el Magistrado Instructor sostuvo que las circunstancias descriptas en el hecho primero y segundo, fueron constatadas en virtud de haberse recibido una llamada telefónica en la sede de la Delegación Córdoba de la Policía Federal proveniente del Hotel Kube, sito en calle Montevideo N° 574 de esta Ciudad, con motivo de la presencia de dos personas de sexo masculino, aparentemente extranjeros, que intentaban alojarse en dicho hotel y carecían de documentación personal, quienes se identificaron con dos fotocopias de cedulas de identidad libias a nombre de J. K. R. y M. B., no contando en el lugar con sus respectivos pasaportes. Trasladados a la sede de la Delegación Córdoba de la Policía Federal Argentina, se determinó que quien se identificaba como J. K. R. era en realidad D. B. DNI Argentino N° ..., mientras que quien se identificaba como M. B. era en realidad D. M., Pasaporte Marroquí N° .... Posteriormente, al momento del control de los efectos personales del encartado D. M., se detectan en el interior de su billetera los billetes apócrifos referidos, procediéndose a su secuestro en presencia de los testigos M. A. S. y G. A..

Afirmó que las circunstancias previas al hallazgo de los tres billetes apócrifos desde que se registraron los imputados en el Hotel Kube, permite inferir que ambos habrían tenido pleno conocimiento del verdadero propósito ilícito del viaje a la Ciudad de Córdoba -colocar o entregar en esta ciudad la totalidad de los billetes que ambos traían con conocimiento de su falsedad desde la Ciudad de Rosario, Santa Fe.

Destacó que fueron secuestrados en la causa cuarenta y dos billetes de cien dólares y uno de cien pesos, todos falsos. Que, si bien los primeros veinte billetes hallados se encontraban en poder del encartado B., -quien se encuentra prófugo- otros veinte billetes apócrifos se encontraban en el único bolso que ambos habrían traído en conjunto desde Rosario -que se encontró en la habitación del hotel-, también se le secuestró de entre sus pertenencias dos billetes apócrifos de cien dólares y uno de cien pesos, con la probable intención de ser puestos en circulación.

Afirmó el magistrado que el elemento subjetivo requerido por la figura se encontraría presente ya con la actitud sospechosa que denotaron los encartados desde el inicio, la que resultó lo suficientemente notoria como para alarmar al recepcionista del hotel, tomando la decisión de llamar a la autoridad policial.

Refirió que estas circunstancias son las que permiten suponer que ambos tenían el pleno conocimiento de estar realizando conductas delictivas, destacando haberse identificado con instrumentos falsos, actitud evasiva ante la presencia policial al ingresar al hotel, el domicilio declarado en el hotel -el que coincide con el que figura en las identidades falsas- y las evasivas a la pregunta del agente policial respecto de los motivos de su viaje a la Provincia de Córdoba.

Así, sostuvo que estos indicios apreciados en su conjunto permiten inferir que el encartado habría planificado la ejecución del presente hecho o incluso se habría dedicado con habitualidad a perpetuarlos.

Por otra parte, en relación al hecho tercero, el Juez Instructor sostuvo que si bien el examen pericial no pudo ser concluyente respecto de su falsedad toda vez que se carece de material inobjetable de cotejo, no obstante resulta relevante lo expuesto por los peritos en el respectivo informe, donde se dejó constancia que de un análisis general del material objetado, ambas cédulas poseen una misma morfología general como así también una misma imagen de la huella digito pulgar, como así también su ubicación y dimensión e impuestas con un sistema de impresión plano.

Sostuvo que dichas apreciaciones realizadas por los peritos se suman a otros elementos probatorios incorporados a la causa, tales como el resultado de la identificación de los extranjeros mediante el uso del sistema MORPHO RAP-ID, en el que se constató con la toma de las huellas dactilares la verdadera identidad y país de origen de los causantes -identidad que no se correspondía en lo absoluto con los datos incorporados en la cédula de identidad del Líbano que estos poseían con sus respectivas fotografías insertas en ellas, concluyendo que estos documentos fueron creados para simular una identidad falsa y de este modo engañar a cualquier persona que intentara identificarlos, con la particularidad que al ser supuestamente emitidas en otro país, permite que se acreciente la posibilidad del engaño.

Asimismo, destacó el informe presentado por Interpol Beirut de donde surge que R. J. K. y M. B. no son ciudadanos libaneses ni se hallaron movimientos migratorios de entrada o salida en el Líbano de los mismos.

De este modo, señaló que tuvo por acreditada la falsedad de documento y la participación responsable del encartado en dicha falsedad, quedando comprobada con el aporte de su fotografía y el uso de los datos allí insertos al registrarse en el hotel.

IV.- En contra de dicho decisorio, la defensa técnica del encartado D. M. interpuso recurso de apelación (fs. 355), agraviándose por cuanto considera que la resolución cuestionada adolece de importantes defectos de motivación, por cuanto desarrolla una fundamentación aparente, efectuando una aplicación e interpretación errónea de la norma de fondo en relación a los delitos imputados, agregando que se realiza una valoración fragmentada de la prueba.

Ya ante esta Alzada, en la oportunidad procesal prevista por el art. 454 del CPPN., la señora Defensora Oficial, Dra. María Mercedes Crespi, informó por escrito (fs. 382/386 vta.).

Expresó en su informe -en relación a los hechos primero y segundo- que la Fiscalía no ha podido probar la existencia del delito previo, la ausencia de participación en dicha falsificación por parte de su asistido, como así tampoco el elemento subjetivo requerido por el art. 292 del CP.

Adujo que sin perjuicio de ello, de las circunstancias de autos, surge que su asistido tenía dos billetes de cien dólares apócrifos en su billetera al momento de ser revisadas sus pertenencias en la delegación policial. También se habrían secuestrado veinte billetes apócrifos de cien dólares del interior de la valija que se encontraba en la habitación 401 del Hotel Kube con la que habrían ingresado los imputados D. y B..

Manifestó que, conforme a la descripción de los hechos realizada por el representante del Ministerio Público Fiscal, nos encontraríamos frente a una tenencia de billetes apócrifos -hecho primero- y tenencia ciega de billetes -hecho segundo-, conductas que serían atípicas.

Sostuvo que el Magistrado se ha apartado injustificadamente de su propia doctrina al resolver casos análogos.

Asimismo, sostuvo que en relación a los billetes encontrados en la habitación 401 del Hotel Kube -hecho 2-, debe valorarse que conforme la descripción del hecho, se está frente a un supuesto de duda insalvable, ya que del plexo probatorio no es posible reunir los elementos requeridos en la configuración del tipo penal.

Afirmó que en el caso de autos estaríamos frente a lo que la jurisprudencia denomina “tenencia ciega” por cuanto no se ha podido determinar una decisión voluntaria del tenedor para determinar su pertenencia.

Refirió que lo secuestrado fue hallado en un espacio privado -interior de la maleta- que se encontraba en una habitación al alcance tanto del encartado M. y B., sin que haya sido posible determinar objetivamente a quien le pertenecía, que conocimiento tenía sobre su presencia y quien disponía de aquél.

Arguyó que no es suficiente el hecho de que ambos encartados hubiesen tenido fácil acceso a la valija y que por ello necesariamente debían saber de su existencia y falsedad, porque si de posibilidades se trata, también uno de ellos podría no haber conocido, existiendo en definitiva una duda insuperable relacionada a la falta de elementos probatorios que permitan determinar la participación criminal.

Asimismo, agregó que la habitación del hotel es un ámbito de custodia compartido por los encartados, pero no así el contenido de la valija.

Por último, en relación a hecho tercero -adulteración de documento público- sostuvo que el hecho resulta atípico por carecer del elemento objetivo, ya que conforme a la pericia obrante a fs. 288/293 la falsedad del documento no puede afirmarse, por lo que el documento secuestrado dista de ser objeto material del delito de falsificación.

Por último, hizo reserva del caso federal.

V. Sentada así y reseñadas en los precedentes parágrafos las posturas asumidas, corresponde introducirse propiamente en el tratamiento de la apelación deducida, de acuerdo al sorteo realizado para determinar el orden de votación a fs. 63.

La señora Juez de Cámara, Dra. Graciela S. Montesi, dijo:

I.- Luego de haber analizado la postura de la parte recurrente y haber tomado conocimiento de los elementos de prueba incorporados a la causa, como así también de los fundamentos de la resolución recurrida, corresponde a la suscripta emitir criterio y definir la situación procesal del imputado D. M..

Preliminarmente, debo señalar que no advierto que el decisorio reúna el vicio de falta de motivación alegado por la parte recurrente. Por el contrario, el Instructor ha brindado argumentos en apoyo de su razonamiento, sin perjuicio de que no sean compartidos por la defensa.

La resolución cuestionada reúne los requisitos formales y sustanciales que la califican como un acto jurisdiccional válido (art. 123 CPPN), habiéndose brindado fundamentos en apoyo de lo decidido, más allá de que la solución a la que se arribó le pueda causar un eventual agravio al apelante.

Para sostener la existencia de defectos de motivación no basta disentir con la valoración efectuada por el Juez, sino que debe demostrarse que aquél se ha apartado de las reglas impuestas en el código de rito, incurriendo en ausencia de fundamentación suficiente o adoptando conclusiones que no resulten derivación razonada del derecho vigente.

En el caso concreto, aunque la parte recurrente no comparta las conclusiones arribadas, en la resolución recurrida se ha realizado un análisis del caso y brindado argumentos en base a los cuales el Juez interviniente adoptó la decisión cuestionada, excluyendo así la tacha de arbitrariedad derivada del vicio alegado, sin perjuicio de la posibilidad de la parte de disentir.

De tal modo, considero que no corresponde dar cabida favorable al cuestionamiento formulado en este sentido, por cuanto deriva del disenso respecto del decisorio adoptado por el Instructor y la motivación en que éste se funda, cuestión que será abarcada a continuación al tratar el fondo del asunto traído a consideración del Tribunal.

II.- Dicho ello e ingresando concretamente al análisis de la cuestión de fondo, adelanto aquí que considero que debe confirmarse el procesamiento dispuesto por el Juez Federal interviniente. Doy razones:

II.a.- En primer término, en relación a los hechos nominados primero y segundo en el auto recurrido, cabe ponderar que se encuentra debidamente acreditada la existencia del material secuestrado, ello en base al acta de secuestro labrada con fecha 09.06.2017 (fs. 21, fotos 22/27), acta de secuestro labrada en oportunidad del allanamiento de fecha 29 de junio de 2017 (fs. 60/61 fotos 62/72), como así también merced a las declaraciones de los funcionarios policiales intervinientes en el acto (v. fs. 2/3, 14, 19, 57/58, 73, 115/116, 117, 120, 121, 128, 129, 133). Asimismo, se encuentra debidamente demostrada la falsedad de los billetes incautados, en virtud de las conclusiones emanadas del informe pericial practicado en la causa (v. fs. 166/176).

De acuerdo a la descripción de los hechos nominados primero y segundo en el auto recurrido, la conducta del encartado habría consistido en la tenencia de billetes apócrifos.

En el punto, cabe destacar que la figura legal de circulación de moneda falsa protege la incolumidad de la moneda con curso legal en el país como elemento esencial para asegurar la actividad transaccional y de intercambio, consistiendo la acción típica en falsificar moneda que tenga curso legal en la República, o en introducir, expender o poner en circulación esa moneda falsa.

Debe considerarse que la conducta se vería consumada sólo cuando la moneda falsa ingresase en una esfera de custodia distinta a la propia, causándose así un perjuicio patrimonial a un tercero y, en definitiva, a la fe pública, lo que en la especie aparece incumplido.

Va de suyo, la simple tenencia de moneda falsa no resulta típica en orden a las disposiciones del artículo 282 del Código Penal. Puntualmente, la conducta de tenencia de la moneda falsa se halla, en todo caso, en la etapa de los actos preparatorios del ilícito, pues éste recién tendría comienzo de ejecución al salir la moneda de la esfera de custodia de quien la detenta.

Ahora bien, no escapa a la suscripta que, en el caso concreto, la imputación delictiva que pesa sobre el imputado consiste en el delito de encubrimiento (art. 277 primera parte, inc. C del CP.).

En tal sentido, debo decir que en el precedente “BARBERA” (Expte. FCB 10060/2014/CA1) esta Sala efectuó una serie de consideraciones atinentes al ilícito en cuestión. En efecto, para dictar el procesamiento por el delito de encubrimiento, en su forma de receptación sospechosa (art. 277, inciso 1°, apartado “C” del C.P.), resulta menester que se acredite primero la existencia de un delito previo en el que no haya participado el imputado, en tanto la cuestión se centra en que el objeto ilícito provenga de aquél y no en que se pueda presumir un delito en el objeto. La existencia de un delito anterior resulta entonces presupuesto imprescindible para la configuración del delito de encubrimiento.

Sin perjuicio a la conclusión antes arribada, entiendo que en la presente causa hay elementos que impiden pronunciarme en idéntico sentido a lo resuelto, en “IMAHORN, Juan José - ARRIETA, Jonathan Gastón sobre encubrimiento” (FCB 13745/2015/CA1)” y posteriormente en “BARBERA, Hernán Luis - CUELLO, Fernando Sebastián - ENCUBRIMIENTO (ART. 277) (FCB10060/2014/CA1)”.

En la primera causa citada, al imputado Imahorn se le había secuestrado un (1) billete de cien pesos apócrifos, en tanto que en la segunda los imputados Barbera y Cuello se le secuestraron dos (2) y cuatro (4) billetes de cien pesos apócrifos respectivamente.

En ambos casos los imputados fueron requisados en un procedimiento de control por personal policial, siendo escasa la cantidad de billetes apócrifos y copias de la moneda de curso legal lo que permitió concluir que, no habiendo datos en la causa en relación a su recepción, no era posible profundizar la investigación sobre el origen de estos.

Ahora bien, en el caso de autos las circunstancias en las que fueron hallados los dólares apócrifos son diferentes a los reseñados precedentemente y en consecuencia no son aplicables al caso de autos.

En primer término y tal como refiriera el a quo, es el contexto en el que fueron hallados los billetes apócrifos lo que permite deducir -con el grado de probabilidad requerido a esta altura del proceso- el conocimiento por parte de D. M. del origen ilícito los billetes apócrifos.

En efecto, los billetes apócrifos fueron hallados consecuencia de haberse recibido una llamada telefónica en la sede de la Delegación Córdoba de la Policía Federal en la que se anotició de la presencia de dos personas de sexo masculino y presuntamente extranjeros que intentaban alojarse en un establecimiento hotelero, presentando para ello cédulas supuestamente emitidas por el Estado del Libano a nombre de J. K. R. y M. B. y no sus respectivos pasaportes.

Tal como surge de la declaración testimonial de J. E. T. -recepcionista del Hotel Kube- no obstante a que los encartados no acompañaron los pasaportes requeridos, éste les hizo entrega de la habitación N° 401, observando que ambos huéspedes traían consigo sólo una maleta de pequeñas dimensiones.

A raíz de ello, dio razón de lo sucedido al gerente, luego de lo cual se dio aviso a la autoridad policial. (V. fs. 208/8 vta.)

Por su parte, surge a fs. 210/11 vta. el informe efectuado por el Crio. Fabio Ramón Andrés Ascona, donde figura que comisionado el personal de la brigada a cargo del Inspector Marcos Molina “...logró dar con los mismos en el hall del hotel, los que carecían de documentación que acredite su identidad, solamente aportaron fotocopias de cédulas de Libia...”.

En este contexto, ya es posible advertir que -el encartado M.- tenía por objetivo ocultar su verdadera identidad, utilizando para ello la referida cédula supuestamente emitida por la República del Líbano.

Nótese además que al ser requerido por la autoridad policial tanto él como su compañero B., no aportaron las cédulas presuntamente falsas, como lo habían hecho ante el empleado del Hotel, sino que en su lugar mostraron fotocopias de dichos instrumentos.

Consecuencia de ello, fueron los encartados trasladados a la sede de la Delegación Córdoba de la Policía Federal Argentina, donde se determinó que quien se identificaba como J. K. R. era en realidad D. B. DNI Argentino N° ..., mientras que quien se identificaba como M. B. era en realidad D. M., Pasaporte Marroquí N° ....

Asimismo, al momento del control de los efectos personales de los encartados se encontró veinte billetes en poder del encartado B. como así también, se detectaron en el interior de la billetera de D. M. dos billetes de cien dólares y un billete de cien pesos, todos presuntamente apócrifos, procediéndose a su secuestro en presencia de los testigos M. A. S. y G. A..

Ante estas circunstancias, el tribunal dispuso el allanamiento de la habitación N° 401 del hotel Kube, donde se encontraban alojados los encartados, hallándose entre sus pertenencias 20 billetes de cien dólares también apócrifos, los cuales fueron debidamente secuestrados.

De esta manera, en atención a que de los 43 billetes falsos, 42 eran dólares, resultando considerable dicha cantidad y teniendo en cuenta la actitud evasiva por parte de los encartados de acreditar su identidad, se puede concluir con el grado de probabilidad requerido a esta altura del proceso que el encartado D. M. tenía conocimiento del origen delictivo de los billetes mencionados.

En este sentido no logra conmover a la suscripta la diferenciación teórica que hace la defensa -entre el hecho primero y el hecho segundo descriptos en al resolución en cuanto diferencia la tenencia -a su criterio atípica- de dos billetes de cien dólares y uno de cien pesos apócrifos hallados entre las pertenencias de D. M., respecto de los que fueran encontrados en la habitación del hotel Kube, refiriendo que estos últimos responderían a una “tenencia ciega”, existiendo una duda insuperable respecto al dominio de estos y por lo tanto sería atípica.

En efecto, tal como se ha establecido precedentemente, sin perjuicio de que el hecho primero refiera al hallazgo de tres billetes apócrifos, analizado en el contexto de la causa, se puede deducir que el descubrimiento esos tres billetes apócrifos dentro de sus pertenencias ha sido a consecuencia de una distribución previa de los billetes por parte de los encartados.

Por otro costado, en cuanto al poder de disposición de la valija, carece de sentido común considerar que el imputado D. M. haya concurrido conjuntamente con el coimputado D. B. al Hotel Kube, habiendo viajado desde la ciudad de Rosario con una sola valija, sin tener a su disposición ninguna prenda de vestir u otros elementos de uso personal. Amén de ello, surge a fs. 148 de autos la petición efectuada por la Defensoría Oficial con fecha 26 de julio de 2017, en la cual se requirió al Juzgado de Instrucción la devolución de la documentación y pertenencias secuestradas en el marco de la presente causa, solicitando específicamente “... la devolución del Pasaporte, Certificado de Reincidencia Precaria, teléfono celular, ropa, y demás pertenencias del Sr. D. M....” (el resaltado me pertenece).

De esta manera, puede concluirse que la valija hallada en la habitación N° 401 del Hotel Kube -de la cual se hallaron los 20 dólares apócrifos- se encontraba dentro de la esfera de custodia del encartado M..

De tal modo, existen elementos de prueba suficientes en esta etapa del proceso para confirmar el procesamiento dictado en contra del imputado D. M. en relación a los hechos primero y segundo.

II.b.- Adentrándome ahora al último punto de agravio de la defensa, referido al hecho nominado tercero en el auto bajo recurso -adulteración de documento público- la defensa ha sostenido el hecho atribuido a D. M. resulta atípico por carecer del elemento objetivo requerido por el tipo penal en atención a que la pericia obrante a fs. 288/293 no permite afirmarse la falsedad del documento.

Considero que tal pretensión impugnativa no puede prosperar. En efecto, no obstante que el informe pericial obrante a fs. 168/171vta., ha sostenido que “...esta Unidad Científica no posee los ejemplares en original para efectuar los análisis econométricos requeridos a los fines de poder establecer las medidas de seguridad uniformes y constantes que presentan los documentos originales y después llevarlos a un mismo nivel de confrontación con los que motivaron el presente informe...”, cabe poner énfasis en que, si bien la pericia no es concluyente respecto de la falsedad de los documentos, la misma no es determinante para negar la existencia del elemento objetivo requerido por el tipo penal como afirma erróneamente la defensa, sino que ello puede deducirse de otros elementos probatorios incorporados al proceso.

Cabe recordar en este punto, que el dictamen pericial no obliga necesariamente al Juez, sino que es el magistrado quien debe resolver a la luz de la sana critica racional, pudiéndose apartarse de dicho dictamen fundadamente, con sustento objetivo en otras pruebas de la causa. Al respecto se ha sostenido que “...los jueces no están obligados a seguir la opinión de los peritos; lo contrario implicaría que este podría sustituir al juez, erigiéndose virtualmente en quien en definitiva decidiría en no pocas ocasiones el resultado de la causa. Por el contrario, el magistrado tiene el poder de practicar sobre el informe de los expertos una atenta labor critica, observando y considerando detenidamente no solo las conclusiones definitivas a las que el perito hubiese llegado, sino, también las operaciones y prácticas que para ello hubiese efectuado, los fundamentos y razones con las que sustenta aquéllas, y la seriedad de todo el desarrollo de la prueba...” (La prueba en materia penal, Eduardo M. Jauchen; Ed. Rubinzal Culzoni, 1996, Santa Fe).

De esta manera, valorando de manera íntegra el plexo probatorio se puede afirmar -con el grado de probabilidad requerido a esta altura del proceso- la adulteración documental de la Cédula de la “Republique Libyenne Carte D´identite Nationale N° CN ... a nombre de M. B..

En primer lugar, es indicio de ello que el informe pericial manifiesta que “...de un análisis general de material objetado, se apreció que ambas cédulas poseen una misma morfología general como así también una misma imagen de la huella dígito pulgar, como así también su ubicación y dimensión e impuestas de un sistema de impresión plano...” (el resaltado me pertenece).

En segundo lugar y tal como lo señalara correctamente el Juez Instructor para considerar acreditada la falsedad de la documentación, se pudo constatar a través del sistema MORPHO RAP-ID (V. fs. 4/8), la verdadera identidad y país del imputado, no correspondiéndose con los datos incorporados en la cédula de identidad del Líbano.

En este punto es necesario destacar que una vez identificado por el sistema referido el señor D. M. procedió a exhibir su pasaporte de origen marroquí confirmando su propia identidad.

En tercer lugar, surge a fs. 165 de autos que el Comisario Marcelo Fabián Chiappero -Jefe División Asuntos Internacionales-, informa haber recibido comunicación de Interpol Beirut, donde se puso en conocimiento que el Estado del Líbano no dispone de información sobre los individuos allí referenciados, que no son ciudadanos libaneses, ni se hallaron movimientos migratorios de entrada o salida en el Líbano a nombre de ellos ni registros que prueben que hayan obtenido pasaportes libaneses.

Por último, es de destacar el informe de Sofía Rubio, Secretaria Ejecutiva de la Comisión Nacional para los Refugiados (CO.NA.RE), de donde surge que D. M. compareció ante la Delegación Rosario con fecha 04.03.2016, para formalizar su solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado en los términos de la Convención sobre el Estatuto de Refugiados de 1951. Sostuvo que el encartado en aquella oportunidad, manifestó ser de origen libio sin acreditar para ello su identidad.

Asimismo, refirió que, con posterioridad y encontrándose en pleno trámite su solicitud de reconocimiento como refugiado, el día 26 de enero de 2017, presentó poder otorgado a la Comisión para la Asistencia y Protección Integral del Refugiado, junto con a una nota en la que declaró haber falseado la identidad al momento del inicio de su trámite, acompañando en aquella oportunidad copia certificada de su pasaporte N° ... del que surgía ser de nacionalidad Marroquí.

Es decir, surge de las manifestaciones propias del encartado D. M. -ante un organismo del estado- y con anterioridad al hecho que se le imputa haber falseado los datos sobre su nacionalidad, no siendo libio sino marroquí, por lo que mal puede ser autentica la cédula de identidad libanesa.

En este punto y sin perjuicio de no ser concluyente la prueba pericial respecto a la adulteración de la cédula de identidad libanesa, en atención a las demás circunstancias y elementos de prueba valorados es posible afirmar su falsedad.

En virtud a lo precedentemente manifestado, entiendo que corresponde confirmar el procesamiento ordenado en contra del encartado D. M. en calidad de autor del delito de encubrimiento (conf. art. 277, inc. 1 apartado “c” y art. 45 del CP) -hecho nominado primero y segundo-, y presunto autor responsable del delito de adulteración de documento público (conf. art. 292, primer párrafo y art. 45 del CP) -hecho nominado tercero- en concurso real (conf. art. 45 y 55 del C.P).

Finalmente, en razón de las particularidades de los hechos, la nacionalidad del supuesto autor del ilícito, y en cumplimiento de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares; la recomendación dispuesta por Resolución 34/05 del 24 de febrero de 2005 del Consejo de la Magistratura de la Nación Argentina y Acuerdo de Cámara Nº 79/2010 para resguardar incólume el “Conjunto de principios para la Protección de todas las Personas Sometidas a cualquier forma de Detención o Prisión” aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su resolución 43/173 del 9 de diciembre de 1988; como también lo aconsejado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en su Opinión Consultiva Nº 16/99 del 1 de octubre de 1999 solicitada por los Estados Unidos Mexicanos respecto a “El Derecho a la Información sobre la Asistencia Consular en el marco de las Garantías del Debido Proceso Legal” se estima propicio remitir copia de la presente resolución a la Embajada del Reino de Marruecos, como así también a la Dirección Nacional de Migraciones, para su conocimiento y efectos.

Sin costas (arts. 530 y 531 del CPPN.). Así voto.

El Juez de Cámara, Dr. Ignacio María Vélez Funes, dijo:

Comparto en un todo los argumentos esgrimidos por la señora Juez de Cámara preopinante, Dra. Graciela S. Montesi, y, en consecuencia, me pronuncio en el mismo sentido. Sin costas (arts. 530 y 531 del CPPN.). Así voto.

El Juez de Cámara, Dr. Eduardo Ávalos, dijo:

Adhiero al criterio sostenido y solución legal propuesta por la señora Juez de Cámara del primer voto, Dra. Graciela S. Montesi, y, en consecuencia, me expido en igual sentido. Sin costas (arts. 530 y 531 del CPPN.). Así voto.

Por todo lo expuesto;

SE RESUELVE:

I.- CONFIRMAR la resolución dictada con fecha 26 de febrero de 2019 por el Juez Federal N° 2 de Córdoba, en cuanto dispuso el procesamiento de D. M. (Pasaporte Nº...) en orden a los delitos de encubrimiento y art. 45 del CP) -hecho nominado primero y segundo- y adulteración de documento público -hecho nominado tercero-en carácter de autor y en concurso real (conf. art. 277, inc. 1 apartado “c”, art. 292, primer párrafo, art. 45 y art. 55 del CP.)

II.- REMITIR copia certificada de la presente resolución a la Embajada del Reino de Marruecos, como así también a la Dirección Nacional de Migraciones, para sus respectivos conocimientos y efectos que pudieren corresponder conforme Convención de Viena sobre Relaciones Consulares, Resolución 34/05 del Consejo de la Magistratura y Acuerdo N° 79/10 de este Tribunal.

III.- Sin Costas (arts. 530 y 531 del CPPN.

IV.- Regístrese y hágase saber. Cumplimentado, publíquese y bajen.

 

GRACIELA S. MONTESI

JUEZ DE CÁMARA

IGNACIO MARÍA VÉLEZ FUNES

JUEZ DE CÁMARA

EDUARDO ÁVALOS

JUEZ DE CÁMARA

MARIO R. OLMEDO

Secretario de Cámara

 

  Correlaciones:

A., M. D. s/proc. y embargo - Cám. Nac. Crim. y Correc. Fed. - Sala II - 19/06/2017 - Cita digital IUSJU018251E

 

Cita digital:IUSJU040120E
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