JURISPRUDENCIA

Revocación de la prisión preventiva. Carácter excepcional. Peligro de fuga

 

Se revoca la prisión preventiva dictada y se ordena la inmediata libertad del imputado (bajo determinadas medidas de coerción), al concluirse que al amparo de un eventual peligro de fuga el Tribunal de Juicio mantuvo el encierro preventivo sin considerar todas las alternativas menos rigurosas a la misma que el ordenamiento legal colocaba a su alcance. De esa manera, quedó incontrastablemente en evidencia que la decisión de mantener la prisión preventiva se basó en consideraciones genéricas e ineficaces para sustentar su continuidad.

 

 

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En la ciudad de Paraná, Capital de la Provincia de Entre Ríos, a los treinta días del mes de mayo de dos mil diecinueve, reunidos los señores Miembros de la Sala N° 1 de Procedimientos Constitucionales y Penal del Excmo. Superior Tribunal de Justicia, a saber: Presidente, Dr. DANIEL OMAR CARUBIA y Vocales, Dres. CLAUDIA MÓNICA MIZAWAK y BERNARDO I. R. SALDUNA, asistidos por la Secretaria autorizante, Dra. Noelia V. Rios, fue traída para resolver la causa caratulada: "V., M. A. – F., S. E. - Homicidio en ocasión de robo S/IMPUGNACION EXTRAORDINARIA" Expte. N° 4753.-

Practicado el sorteo de ley, resultó que la votación tendría lugar en el siguiente orden: Dres. CARUBIA, MIZAWAK, SALDUNA.-

Estudiados los autos, la Excma. Sala planteó la siguiente cuestión a resolver:

¿Es procedente el pedido de libertad formulado por la Defensa Técnica del encartado S. E. F.?

A LA CUESTIÓN PROPUESTA, EL SEÑOR VOCAL, DR. CARUBIA, DIJO:

I.- Que los Dres. Luis Pedemonte y Jorge Gabriel Sueldo, defensores del encartado S. E. F. solicitaron (cftr.: fs. 1208) la revocación de la prisión preventiva dictada a su defendido y que fuera mantenida en la sentencia N° 21 de la Sala Segunda de la Excma. Cámara Primera.

En apoyatura a esa pretensión pusieron de resalto que el tiempo de privación de la libertad sufrido por F. ha excedido holgadamente el término establecido en el inciso c del artículo 367 del Código Procesal. Que, no encontrándose firme la sentencia condenatoria que fuera recurrida y que motivara que este Tribunal declarara la nulidad parcial de la misma, solicitan se haga lugar al pedido de libertad.

II.- Ordenado el traslado de la pretensión al Ministerio Público Fiscal; la señora Fiscal Coordinadora, Dra. Matilde Federik, interesa (cftr.: fs. 1212/1213) el rechazo de la pretensión de la defensa técnica.

Consideró que el pedido excarcelatorio formulado no puede tener favorable acogida por cuanto la sentencia dictada por esta Sala N° 1 dictó la nulidad parcial de la sentencia de casación cuestionada, ordenando el dictado de un nuevo pronunciamiento por lo que, al resolver de tal modo y sin hacer mención a la situación de F. surge inequívocamente que la sentencia dictada por el Tribunal de Juicios y Apelaciones sigue plenamente vigente con todos sus efectos, tanto respecto de la pena impuesta como en relación a la prisión preventiva.

Aclaró que, en su oportunidad, el Tribunal de Juicio especialmente valoró el riesgo procesal constatado respecto de F., quien se dio a la fuga junto al coimputado V. durante el proceso.

Destacó que el planteo defensista refiere al lapso de prisión preventiva previsto en el artículo 367 del Código de Procedimientos vigente a la fecha siendo que la causa se rige por las normas procesales de la Ley 4843, pero que, además de ello no se puede concluir en que se considera un término perentorio por cuando se faculta incluso a esta Excma. Sala a prorrogar la prisión preventiva en determinados supuestos.

Luego de citar jurisprudencia del máximo Tribunal, culminó refiriendo que la sentencia del Tribunal de Juicios condenó a S. F. por dos hechos, imponiéndole la pena única de 15 años de prisión y, respecto del segundo de los hechos que se le endilgaran, es decir, el hecho ocurrido en fecha 26 de marzo de 2014, no se interpuso recurso alguno por lo que la sentencia se encuentra firme.

Finalmente solicitó el rechazo del planteo formulado por la defensa técnica.

III.- La querella particular, a cargo del Dr. Santiago Halle, solicitó (fs. 1216) el rechazo de lo peticionado por la Defensa Técnica adhiriendo a los argumentos vertidos por el Ministerio Público Fiscal.

IV.- Así delimitadas las posturas partiales, analizados los fundamentos que abonan la pretensión de la defensa, como los brindados por el Ministerio Público Fiscal y la querella particular, habré de ingresar al thema decidendi.-

Tal y como se sostuvo en los señeros pronunciamientos "DELFIN" y "BORRO" (cftr.: S.T.J.E.R., Sala N° 1, 17/10/05), desde mucho tiempo atrás esta Sala N° 1, ha venido anticipando la concepción jurisprudencial que finalmente enarbolan y consagran como doctrina esas sentencias, a través del dictado de una serie de fallos en los que se han adoptado decisiones cuyo objeto se ha vinculado con los límites de la privación de la libertad del imputado durante el proceso, mereciendo citarse -entre otros- los precedentes: "MARTÍNEZ, Mario M. - LESIONES LEVES - INCIDENTE DE EXCARCELACION - RECURSO DE CASACION" del 17/3/92; "BRIGNOLI, Rubén Antonio - Robo en grado de tentativa - INCIDENTE DE EXCARCELACION - RECURSO DE CASACION" del 8/9/94; "CALAMITA, Silvio A. - HURTO - INCID. DE EXCARC. - RECURSO DE CASACION" del 5/7/2000; "BRUSELARIO, Pablo Esteban - INCIDENTE DE EXCARCELACION - RECURSO DE CASACION" del 09/09/2010; "PESOA, Roberto C. s/Privac. ilegítima de la libertad y abuso sexual con acceso carnal reit. - Incid. de excarcelac. - REC. DE CASACION"” del 09/03/2010; "GUTIERREZ, Cristian A. - ALMADA, Juan J. (menor imput.) s/HOMICIDIO - INC. DE EXCARCELACION - RECURSO DE CASACIÓN, del 14/09/2010 -actuando esta Sala N° 1 como casación-, fundamentos que se han mantenido incólumes en los recientes: "BECKMAN, Flavia Marcela - SCIALOCOMO, Esteban Ángel Alberto - Mena, Hugo Rubén - BILBAO, Alfredo s-Estafa - PRISIÓN PREVENTIVA s/IMPUGNACION EXTRAORDINARIA", 06/02/2019, y "FORCHER, Juan Alberto - PROMOCION A LA CORRUPCION DE MENORES AGRAVADO POR ENGAÑOS Y POR SU CONDICION DE ENCARGADO DE LA EDUCACION Y GUARDA EN CONCURSO REAL POR LA PLURALIDAD DE VICTIMAS (cuatro) TODO ELLO EN CONCURSO IDEAL s/IMPUGNACION EXTRAORDINARIA", 25/04/2019 (en la que el suscripto no participó de la votación por haberse excusado), los cuales han permitido trazar un derrotero jurisprudencial que conduce casi sin esfuerzo a las conclusiones a adoptar en la especie.-

Por mi parte, ya al expedirme en el citado caso "MARTÍNEZ" (S.T.J.E.R., Sala Penal, 17/3/92, L.S. 1992, f° 219), tuve ocasión de señalar que "... partiendo de la base de que tanto la garantía que impide la aplicación de una pena anterior a la sentencia condenatoria firme, como la posibilidad de someter al imputado a prisión preventiva, reconocen raigambre constitucional en la norma del art. 18 de la Carta Federal y que ambas privaciones de libertad se exteriorizan de modo similar, habrá que desentrañar sus diferencias en punto a los fines perseguidos por una y otra. Aún cuando el problema de los fines de la pena sea uno de los que mayores aristas presenta en la actualidad para las ciencias penales, sin ánimo de pretender resolverlo aquí, es dable señalar que modernamente se le reconocen en doctrina tres fines principales: la retribución, la prevención general y la prevención especial; revelándose -la pena- como la reacción estatal frente al delito (cftr.: MAIER, Julio B.J., "D.P.P.a.", T. 1, Vol. b, pág. 278, Ed. Hammurabi, Bs.As., 1989). En tanto la coerción procesal que admite la utilización de la fuerza pública durante el proceso lo hace con la única meta de asegurar sus propios fines, cuales son la correcta averiguación de la verdad y la actuación de la ley penal; es decir, tiende a evitar concretamente el peligro de fuga del imputado y el peligro de que éste pueda obstaculizar la averiguación de la verdad, lo que ha sido denominado "daño jurídico". Por tanto, su efectivización sólo debe admitirse estrictamente en atención al cumplimiento de esos fines dentro de un natural marco de razonabilidad, no pudiendo abarcar otros distintos como algún supuesto de prevención que queda reservada excluyentemente a la coerción material, habida cuenta que de lo contrario la pretendida coerción procesal estaría cumpliendo, en realidad, fines propios de la pena y no los específicos de su carácter adjetivo. Si bien es cierto que se han escuchado algunas voces que no comparten el criterio señalado (cftr.: opiniones citadas por CAFFERATA NORES, José I., "La excarcelación", pág. 26, Ed. Lerner, Cba.-Bs.As., 1977), es el que se adecua a la concepción liberal de nuestra Constitución y se expresa concretamente como reglamentación de ella en la norma del art. 280 de nuestro Cód. Proc. Penal, siendo ya sustentado en la segunda mitad del siglo XVIII -cuando la privación de la libertad durante el proceso era la regla- por Cesare Beccaría en los siguientes términos: 'Las estrecheces de la cárcel no deben ser sino las necesarias para impedir la fuga o imposibilitar la ocultación de pruebas de los delitos" (cftr.: aut.cit., "De los delitos y de las penas", pág. 231, Ed.Arayú, Bs.As., 1959), postura similar en la que se enrola Francesco Carrara con un valioso estudio sobre el origen y la evolución de la prisión preventiva -"custodia preventiva"- (cftr.: aut.cit., "Programa de Derecho Criminal", Vol. II, Nos. 896 y 897, págs. 282 y ss., Ed. Depalma, Bs.As., 1944), también la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha adoptado este criterio desde muy temprano fijándolo con precisión ya en el ... pronunciamiento del 1° de agosto de 1905, in re: "Abregú, Matos Molina y Otros" (Fallos, 102:225) reiterándolo a posteriori en innumerables decisiones, y es el que sostiene la más destacada y numerosa doctrina nacional (cfme.: VELEZ MARICONDE, A., "Der. Proc. Penal", 3ra. edic., T. II, pág. 508, Ed.Lerner, Cba., 1981; CLARIA OLMEDO, J.A., "Der. Proc. Penal", T. II, pág. 445 y ss., n° 599 y ss., Ed. Lerner, Cba., 1984; ALCARA ZAMORA, N. - LEVENE, R., "Der. Proc. Penal", T. II, pág. 273; CAFFERATA NORES, J.I, "La excarcelación", págs. 35 y ss., Ed. Lerner, Cba.-Bs.As., 1977; MAIER, J.B.J., ob.cit., págs. 282/3; CHIARA DIAZ, C.A., "Sobre la libertad del imputado en el procedimiento penal", Sta.Fé, 1984; ZAFFARONI, R.E., "Inconstitucionalidad de los llamados delitos no excarcelables", Rev. Doct. Penal, Año 7, 1984, págs. 535/6; TAMINI, A.L., "Restricciones a la excarcelación", Rev. Doct. Penal, Año 9, 1986, págs. 141 y ss.; HENDLER, E.S., "El derecho a la excarcelación y su rango constitucional", Rev. Doct. Penal, Año 2, 1979, págs. 709 y ss., entre otros)...".-

Más tarde, al pronunciarme en el caso "BRIGNOLI" (S.T.J.E.R., Sala Penal, 8/9/94), expresé: "...Es dable -en estricta justicia- agregar a esa extensa lista la concordante, aunque todavía más restringida, opinión ... de Alberto M. BINDER quien entiende limitada la posibilidad de impedir la libertad durante el proceso sólo a la verificación de "peligro de fuga" y ante la estricta necesidad de asegurar la realización del juicio o la imposición de la pena (cftr.: aut.cit., "Introducción al Derecho Procesal Penal", pág. 198, Ed. Ad-hoc, Bs.As., 1993), siendo menester precisar, finalmente, que es hoy la concepción clara y definitivamente impuesta, por mandato de expresa jerarquía constitucional, a través de la incorporación al actual art. 75, inc. 22, de la Constitución Nacional de la "Declaración americana de los derechos y deberes del hombre" (arts. I, XVIII, XXV, XXVI y XXVIII), de la "Declaración universal de derechos humanos" (arts. 1°, 3°, 5°, 9°, 10°, 11° -inc. 1-, 28° y 29° -inc. 2-), del "Pacto internacional de derechos civiles y políticos" (Preámbulo -2do. párr.- y arts. 7°, 9° y 14° -inc. 2-) y de la "Convención americana sobre derechos humanos" -Pacto de San José de Costa Rica- (arts. 5°, 7° -en especial: inc. 5, in fine-, y 8°), debiendo destacarse que, con absoluta y específica precisión, el "Pacto internacional de derechos civiles y políticos" establece: "...La prisión preventiva de las personas que hayan de ser juzgadas no debe ser la regla general, pero su libertad podrá estar subordinada a garantías que aseguren la comparecencia del acusado en el acto del juicio, o en cualquier otro momento de las diligencias procesales y, en su caso, para la ejecución del fallo (art. 9°, inc. 3 -in fine-) y, con idéntica significación, la "Convención americana sobre derechos humanos" expresa: "Toda persona detenida o retenida ... tendrá derecho a ser juzgada dentro de un plazo razonable o a ser puesta en libertad, sin perjuicio de que continúe el proceso. Su libertad podrá estar condicionada a garantías que aseguren su comparecencia en el juicio" (art. 7°, inc. 5 -in fine-), con lo cual no queda ahora margen alguno de especulación o interpretación sobre los alcances de la posibilidad de restringir la libertad del imputado durante el proceso, cuya necesidad pivotea en el límite de su compatibilidad con los principios de inocencia y de impedimento a ser penado sin juicio previo (cfme.: BINDER, A.M., ob.cit., pág. 195)...".-

Tales pronunciamientos me permitieron establecer en los términos transcriptos ese básico punto de partida, deviniendo incontestable que el análisis de la restricción del derecho excarcelatorio en virtud de la magnitud de la pena prevista para el delito de que se trate, de la eventual proclividad del imputado a cometer delitos, su habitualidad delictiva, la sospecha de que continuará la actividad criminal y el peligro de fuga y su eventual presunción en abstracto sin referencia alguna a la concreta y acreditada existencia de un verdadero peligro de daño jurídico, importa lisa y llanamente una arbitrariedad carente de fundamentos y configura supuesto de indebido e ilegítimo anticipo del cumplimiento de la pena que "posiblemente" será aplicada en caso de arribarse, luego del debido proceso, a una sentencia condenatoria, porque tal interpretación pretende sustantivizar el impedimento liberatorio sacando el análisis de la cuestión del ámbito procesal que le es propio y, con indiferencia de la finalidad específica con que puede limitarse la libertad durante el proceso a tenor de la normativa de rango constitucional antes referida, impone el obstáculo con inconfesada, pero evidente, finalidad de prevención y retribución que no hacen más que anticipar indebidamente el cumplimiento de una sanción punitiva propia del derecho sustantivo, toda vez que no se argumenta sobre los hechos y las puntuales circunstancias realmente demostrativas de la existencia de peligro cierto y constatable de "daño jurídico", sino sólo de modo meramente dogmático y aparente, lo cual, al impedirle de esa manera al encartado transitar el proceso en libertad -sin que concurran en el caso expresamente señaladas las condiciones para su restricción por vía de la legítima coerción procesal-, resulta indiscutible que se le está aplicando una verdadera pena anticipada a quien es todavía considerado inocente, vulnerando así la garantía consagrada en los arts. 18 e, indirectamente, 75, inc. 22 -mediante los dispositivos de los Tratados Internacionales citados-, de la Constitución Nacional de la que deriva -a contrario sensu- la máxima "nulla poena sine iudicio" que se ve claramente conculcada por aquellas irrazonables restricciones de la libertad durante el proceso por las que reclama el recurrente de autos.-

En similar orientación, la Sala IV de la Cámara Nacional de Casación Penal, en el fallo "PIETRO CAJAMARCA", recordó que "...No puede ignorarse en relación a la cuestión en estudio la opinión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que -como lo sostuvo la C.S.J.N. en el caso "Bramajo", y G.342.XXVI. "Giroldi" (LA LEY, 1996-E, 409; DJ, 1997-2-195; LA LEY, 1995-D,462)- debe servir de guía para la interpretación de los preceptos convencionales en la medida en que el Estado Argentino reconoció la competencia de aquélla para conocer en todos los casos relativos a la interpretación y aplicación de la Convención Americana (artículo 2° de la ley 23.054). En el informe 12/96 la Comisión ha subrayado que el objetivo de la detención preventiva es asegurar que el acusado no se evadirá o interferirá de otra manera en la investigación judicial, y que es una medida necesariamente excepcional en vista del derecho preeminente a la libertad personal y el riesgo que presenta la detención preventiva en lo que se refiere al derecho a la presunción de inocencia y las garantías del debido proceso legal, incluido el derecho de defensa; y que se aplica solamente en los casos en que haya una sospecha razonable de que el acusado podrá evadir la acción de la justicia, obstaculizar la investigación preliminar intimidando testigos, o destruir evidencia -punto 84-. Es decir, cuando la libertad pueda resultar, en tal sentido, un "riesgo significativo" -punto 91-. Asimismo remarcó que si bien tanto el argumento de seriedad de la infracción como el de severidad de la pena pueden, en principio, ser tomados en consideración cuando se analiza el riesgo de evasión del detenido, como ambos argumentos se inspiran en criterios de retribución penal, su utilización para justificar una prolongada prisión previa a la condena produce el efecto de desvirtuar la finalidad de la medida cautelar, convirtiéndola, prácticamente, en un sustituto de la pena privativa de libertad -punto 86.-; y que el Estado puede adoptar otro tipo de medidas cautelares para asegurar la comparecencia del inculpado, que no signifiquen mayor restricción de su libertad personal -punto 88.-. Criterios que fueron reiterados en el Informe 2/97...". Este último, además, exige la valoración por el juez de diversos elementos incluyendo los valores morales demostrados por la persona, su ocupación, bienes que posee, vínculos familiares y otros (cftr.: Informe 2/97, C.I.D.H., párr. 29) y si los magistrados que entienden en la causa no tienen la posibilidad de demostrar que existe suficiente evidencia de una eventual intención de fuga u ocultamiento, la prisión preventiva se vuelve injustificada (Informe 2/97, C.I.D.H., párr. 30).-

Esta concepción impone que la resolución excepcionalmente denegatoria de la libertad durante el proceso no esté basada en meras declamaciones genéricas sino en hechos concretos, constatables y comprobados en la causa de la real existencia en la especie de un específico riesgo jurídico idóneo para perjudicar la tramitación de la causa o la realización del derecho sustantivo y que no pudiese evitarse imponiendo alguna de las cauciones contempladas en la ley ritual o acudiendo a múltiples medidas alternativas de restricción, o a la libertad caucionada, conforme las fórmulas interesadas desde la defensa, todo ello antes de llegar a la inexorabilidad de la privación de libertad de quien aún preserva su condición constitucional de inocente en los términos del art. 18 de la Constitución Nacional.-

Sin embargo, en el caso bajo examen, el Tribunal de Juicio al amparo de un eventual peligro de fuga (cftr.: tercera cuestión, sentencia de fs. 1035/1094), expresando sólo: "... ya que el peligro de fuga ante la condena impuesta, aparece manifiesto...", mantuvo el encierro preventivo, rechazando en consecuencia la utilización de estas concretas posibilidades, desestimando así, el otorgamiento de la libertad al imputado y, omitiendo considerar todas las alternativas menos rigurosas a la prisión preventiva que el ordenamiento legal coloca a su alcance.-

De tal modo, queda incontrastablemente en evidencia que la decisión de mantener la prisión preventiva basada en consideraciones genéricas e ineficaces para sustentar su continuidad, aparece hoy como una extravagante demasía que corresponde a esta Sala corregir.

Por ello, considero que cabe otogar la inmediata libertad al encartado S. E. F., bajo caución juratoria y las siguientes medidas, a saber: fijación de domicilio en la ciudad de Paraná; obligación de concurrir quincenalmente ante la Secretaría de este Tribunal dando cuenta de su presencia y prohibición de ausentarse de la ciudad, sin expresa autorización de este Tribunal.-

Así voto.-

LA SEÑORA VOCAL DRA. MIZAWAK, A LA MISMA CUESTIÓN, DIJO:

I.- Liminarmente, dejo constancia de mi adhesión a lo expuesto por el vocal de primer orden, Dr. Carubia, por comulgar con la solución que propicia.-

No obstante ello, adicionaré, a modo de complemento, algunas consideraciones.-

II.- Estimo necesario reinvidicar la postura que he sustentado en numerosos precedentes - cfr.: "Ruiz -Leites", sent. Del 27/08/09, "Pesoa", del 9/03/10, "Tablada-Zarate", del 14/04/10 y "Olivera-Abasto", del 7/8/13, entre otros- respecto a que la libertad es la regla y el encarcelamiento preventivo es la excepción y sólo es factible su aplicación en aquellos casos que sea imprescindible, pues tal como lo ha señalado la C.I.D.H., la prisión preventiva no constituye un fin en sí misma, ni debe ser considerada un anticipo de pena, ya que su aplicación se encuentra limitada por el principio de legalidad, la presunción de inocencia, la necesidad y proporcionalidad, de acuerdo con lo que es estrictamente necesario en una sociedad democrática, pues es una medida cautelar, no punitiva (cfr. "BAYARRI vs. ARGENTINA", 30/10/08, en esa línea: "ACOSTA CALDERON vs. ECUADOR", 26/06/05, "TIBI vs. ECUADOR", 07/09/04, "SUAREZ ROSERO vs. ECUADOR", 12/11/97).-

III.- Analizando el caso en examen bajo los parámetros antes enunciados, concuerdo con el vocal preopinante respecto a que corresponde otorgar la libertad al imputado S. E. F..-

Ello así porque surge de las constancias del expediente que F. fue detenido el 6/6/2014 por personal policial en la ciudad de Rosario, Provincia de Santa Fe. En fecha 9/06/2014 la Sra. Jueza de Instrucción interviniente, Dra. Elisa Zilli, le recibió declaración indagatoria y resolvió no concederle la excarcelación (acta de fs. 615/616 vta.). La medida cautelar se mantuvo en el auto de procesamiento (cfrt. auto de fs. 620/643 vta.) y también en la sentencia condenatoria dictada por la -entonces- Sala Segunda de la Excma.Cámara Primera en lo Criminal de Paraná (obrante a fs. 1035/1094) y este pronunciamiento fue convalidado por la Cámara de Casación Penal (cfrt.fs. 1126/1134).-

La defensa técnica de F. interpuso Impugnación Extraordinaria Provincial ante este Tribunal ad quem, cuestionando -únicamente- la confirmación de la condena de su asistido como coautor penalmente responsable -junto al coimputado V.- del homicido en ocasión de robo -art. 165 del Código Penal- de Claudio Daniel Vera.-

Por sentencia del 13/5/2019 esta Sala N°1 del STJER hizo lugar al recurso extraordinario provincial impetrado, declaró la nulidad parcial de la sentencia de fecha 9/5/2017 dictada por la Sala N° 1 de la Excma. Cámara de Casación de Paraná y ordenó el reenvío de las actuaciones a su origen a fin de que, por quien corresponda, se dicte nuevo pronunciamiento ajustado a derecho.-

Por ende, soy de opinión que la situación procesal del imputado ha sufrido una variación sustancial que debe ser ponderada al resolver el escueto pedido de revocación de la prisión preventiva incoado por sus defensores técnicos.-

Así las cosas, estando todavía pendiente la definición de su situación procesal con respecto a la imputación más gravosa dirigida en su contra, entiendo que no es razonable mantener su estado de privación de la libertad, aún cuando la misma pudiera haber encontrado inicial justificación hace ya casi un lustro.-

Por lo expuesto, si bien se encuentra firme la condena dictada en contra de F. por el delito de Robo Simple (art. 164, Código Penal) cometido en perjuicio de M. G. M., considero que -a esta altura del proceso penal- no existen elementos que permitan pronosticar que subsista el primigenio riesgo de elusión procesal que determinó la imposición del encarcelamiento preventivo en examen, máxime cuando hay medidas cautelares alternativas que se orientan a evitar la fuga del imputado y asegurar la realización del derecho sustantivo.-

En este sentido, cabe recordar que en el ámbito de las medidas cautelares rigen los principios de "excepcionalidad" e "interpretación restrictiva" y ellos se traducen en la necesidad de preferir, a los fines de asegurar los fines del proceso, las medidas menos gravosas.-

Por consiguiente, adhiero a la propuesta del Dr. Carubia de conceder inmediatamente la libertad a S. E. F., con las restricciones detalladas en el voto que antecede.-

Así voto.-

A la misma cuestión propuesta, el Señor Vocal Dr. Salduna, dijo:

Que, existiendo coincidencia de los Sres. Vocales que me preceden en la votación, hago uso de la facultad de abstención que me otorga el art.33, última parte, de la L.O.P.J., texto según ley N° 9234.-

Con lo cual se dio por terminado el acto, quedando acordada la siguiente sentencia:

 

Fdo: DANIEL O. CARUBIA- CLAUDIA M. MIZAWAK -BERNARDO I. R. SALDUNA.

 

SENTENCIA:

PARANA, 30 de mayo de 2019.-

Y VISTOS:

Por los fundamentos del acuerdo que antecede;

SE RESUELVE:

I.- HACER LUGAR a lo peticionado por los Dres. Luis Pedemonte y Jorge Gabriel Sueldo a fs. 1208 y en consecuencia, disponer el cese de la prisión preventiva, ordenando la inmediata libertad, bajo caución juratoria del encartado Sebastián Emiliano Fernandez.

II.- IMPONER al encartado Sebastián Emiliano Fernandez las siguientes medidas de coerción: 1°) la fijación de domicilio en la ciudad de Paraná. 2°) la obligación de concurrir quincenalmente ante la Secretaría de este Tribunal dando cuenta de su presencia; 3°) la prohibición de ausentarse de la ciudad, sin expresa autorización de este Tribunal.

Protocolícese, registrese, notifíquese, cumplase.

 

Fdo: DANIEL O. CARUBIA - CLAUDIA M. MIZAWAK -BERNARDO I. R. SALDUNA. Ante mi: Noelia V. Rios

-Secretaria-

 

  Correlaciones:

G., J. L. s/incidente de cese de prisión - Cám. Penal Tucumán - Sala III- 18/05/2015 - Cita digital IUSJU007430E

 

Cita digital:IUSJU039634E
servados.