JURISPRUDENCIA

Transporte de estupefacientes con fines de comercialización. Configuración de delito. Prisión preventiva

 

Se procesa al imputado como autor prima facie del delito de tráfico de estupefacientes, atento a la cantidad de droga secuestrada, el embalaje y acondicionamiento que mostró dicho material al momento de su hallazgo, sumado tanto al contenido como a las fechas y horas de los mensajes de texto enviados y recibidos en el teléfono celular que se le incautó, lo que permitió afirmar que el traslado del material constituyó un transporte ínsito en la cadena de tráfico de la sustancia.

 

 

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Buenos Aires, 10 de junio de 2019.

AUTOS Y VISTOS:

Para resolver en el marco del expediente n° 4230/2019, caratulado “H. F., L. M. s/ infracción ley 23.737”, del registro de la Secretaría n° 24 de este Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal n° 12, y respecto de la situación procesal de L. M. H. F., (sin sobrenombres o apodos, titular del documento nacional de identidad n° ..., nacido el 29 de octubre de 1984, en Asunción, Paraguay, de nacionalidad paraguayo, hijo de Elodia Franco y Gregorio Herrera (f), con domicilio en la calle Martínez Castro, local ..., primer piso, de esta ciudad, de estado civil soltero, defendido por el titular de la Defensoría Oficial n° 2, el Dr. Kollmann);

Y CONSIDERANDO:

I. Los hechos.

Que a H. F. se le imputa el transporte con fines de comercialización de 229,77 kilogramos de sustancia de color verde conformada a base de marihuana, distribuida en 164 panes de diferentes tamaños, que se encontraban distribuidos en el interior y caja trasera del vehículo Renault dominio ..., modelo Duster Oroch, del cual es propietario.

Tal circunstancia fue verificada el 26 de mayo pasado, aproximadamente a las 18.30 horas, oportunidad en la que personal de la División Robos y Hurtos de la Policía de la Ciudad, se hallaba realizando tareas investigativas en la intersección de la Avenida Caseros y Sáenz Peña de esta ciudad.

En tal locación observaron que por la primera avenida mencionada circulaba una camioneta de color blanca, la que al llegar a la calle Sáenz Peña y advertir su presencia dobló violentamente, motivo por el cual personal policial detuvo la marcha de la misma.

En esa ocasión se identificó al conductor, quien resultó ser L. M. H. F., y exhibió toda la documentación respectiva al rodado, la que se encontraba en regla.

Más la prevención detectó lo que describió como “un tremendo olor a marihuana en el interior del habitáculo”, por lo cual, frente a la presencia de los testigos convocados al efecto, requisaron el vehículo.

En esa oportunidad, se halló en el interior del auto, más precisamente en el asiento trasero: una bolsa de color blanca envuelta por una negra que contenía 29 envoltorios de material vegetal.

Luego, de la caja del rodado se secuestraron once bolsas de nylon negras en idénticas condiciones que las descriptas anteriormente, las cuales cinco de ellas contenían 8 envoltorios cerrados y encintados; cuatro de ellas 9 envoltorios acondicionados de igual manera, otra 16 envoltorios y una última 12 envoltorios. También, se hallaron 30 envoltorios acondicionados en idénticas características que las descriptas precedentemente.

Por último, debajo de la butaca derecha del rodado se halló un envoltorio cerrado y encintado con cinta color marrón.

Como consecuencia de lo descripto, se procedió a la detención de H. F. y al secuestro del rodado marca Renault, modelo Duster Oroch Privilege 2.0, de color blanco dominio ..., número de chasis ....

II. La prueba colectada.

Los elementos de prueba recogidos, que sustentan mi opinión y dan por acreditados los extremos establecidos en el artículo 306 del Código Procesal Penal de la Nación, son los que a continuación se detallan:

1. Sumario policial n° 870/2019, labrado por las autoridades de la División Robos y Hurtos de la Policía de la Ciudad, a fojas 1/41: del cual corresponde destacar el acta inicial de fojas 2/4; acta de detención y notificación de derechos a fojas 5; acta de secuestro de fojas 6/9; declaraciones de testigos a fojas 10/11; fotos del rodado, material secuestrado, DNI y cédula de conducir del detenido a fojas 12/15; Inventario del Vehículo a fojas 16; planilla de custodia a fojas 17/18; declaración testimonial del oficial primero Wilhelm a fojas 25/29; constatación del domicilio a fojas 34;

2. Constancias de la Dirección Nacional de los Registros de la Propiedad Automotor de fojas 42.

3. Todos los efectos reservados en secretaría, y que fueran puestos a disposición del causante y su defensa.

4. acta de apertura y adelanto de experticia a fojas 49/64.

III. El descargo del imputado.

El 28 de mayo del corriente año el nombrado fue trasladado a la sede del Tribunal, a fin de que preste declaración indagatoria de acuerdo con lo estipulado por el artículo 294 del código de procedimiento, haciéndosele saber el hecho imputado, así como también las pruebas que obran en su contra.

En el marco de la audiencia, y respecto de sus condiciones de vida, indicó que tiene a cargo dos hijos -de 12 y 8 años- y que posee estudios secundarios completos.

Respecto a su trabajo manifestó que: “hasta marzo de este año trabajaba como encargado de turno en un estacionamiento ubicado en Thames 2160 de esta ciudad. Ahora tengo un kiosco en mi casa y parrilla, percibo por mes $30.000 aproximadamente. En mi casa vivo con mi mujer y mis hijos”.

Posteriormente, en cuanto al hecho que se le reprocha, hizo uso de su derecho de negarse a declarar, previsto por el artículo 296 del Código Procesal Penal de la Nación, en función del 18 de la Constitución Nacional (ver fojas 45/47).

IV. La valoración de los elementos de prueba reunidos.

Las constancias recopiladas hasta aquí permiten a este juez tener por acreditada la materialidad del hecho delictivo descrito anteriormente, y por demostrada la intervención que cabe atribuirle a L. M. H. F., con el grado de certeza requerido por esta etapa procesal, y de acuerdo a las disposiciones del artículo 306 y concordantes del Código Procesal Penal de la Nación.

Los detalles y alcances del procedimiento policial llevado a cabo en la intersección de la Avenida Caseros y Sáenz Peña de esta ciudad, se traslucen a partir de las actas labradas al respecto y con los testimonios brindados por quienes fueron convocados como testigos de actuación, confirmándose así su detención y el secuestro del narcótico y el automóvil dominio ... (ver fojas 2/4, 5, 6/9, 10/16, 14/19, 20/22 y 105/106).

En ese contexto, personal de la División Robos y Hurtos se hallaba realizando tareas de investigación en la zona, cuando al encontrarse sobre la Avenida Caseros y su cruce con la calle Sáenz Peña de esta ciudad, una camioneta blanca que venía de frente a ellos, al verlos, dobla violentamente, notándose que la misma transportaba mercadería en la caja, llamándoles la atención que viajaba en ella una sola persona (ver fojas 1).

En primer lugar, vale tener en cuenta la gran cantidad de material estupefaciente incautado del interior del vehículo que se encontraba manejando el imputado, tratándose de un total de 229,77 kilogramos de sustancia conformada a base de marihuana.

Es más, fue el olor que emanaba dicho material estupefaciente desde el interior del auto, lo que motivó la requisa del vehículo, mientras el personal preventor procedía a la identificaión de H. F. (ver fojas 2 vta.).

Acerca de dicho alcaloide, cabe decir que obra en autos el acta de apertura y adelanto de peritaje, el cual arrojó resultado positivo para marihuana, tal como surge de fojas 64.

Asimismo, he de destacar la distribución del compuesto secuestrado, acondicionado en 164 ‘panes’ de diferentes tamaños, todos organizados de igual manera, es decir envueltos en cinta adhesiva compactados en forma de ladrillos (ver 3/4, 17, 55/57).

Entonces, las cuestiones previamente descritas fueron las que sustentaron las sospechas que llevaron al personal policial a detener el vehículo y más luego, debido al olor que se desprendía desde el interior del mismo, su requisa (ver fojas 105/106).

De esta forma, no puede sino concluirse que las constancias probatorias incorporadas en autos permiten, con el grado de sospecha exigido en esta instancia, tener por acreditada la hipótesis de investigación sostenida a lo largo de esta investigación, presentándose como actividad habitual del causante.

En virtud de los argumentos expuestos, y como adelantara, entiendo que se encuentra alcanzado el grado de convicción requerido por el Código Procesal Penal de la Nación para este momento procesal, como para vincular estrechamente al encartado con la conducta referenciada, imponiéndose a este juzgador decretar su procesamiento por el suceso por el que fuera indagado (artículo 306 y cctes. Del CPPN.).

V. La calificación legal.

En razón de las consideraciones señaladas en el apartado precedente y luego del análisis realizado respecto de las pruebas reunidas en esta investigación, entiende el suscripto que L. M. H. F. deberá responder en calidad de autor del delito de tráfico ilícito de sustancias estupefacientes, en la modalidad de transporte, de conformidad con las disposiciones de los artículos 5°, inciso "C", de la ley 23.737, y 45 y 55 del Código Penal de la Nación.

Se arriba a tal encuadre en virtud del hallazgo de 229,77 kilogramos de sustancia conformada a base de marihuana, distribuidos en 164 ‘panes’ dentro del automóvil dominio ... de su propiedad (ver fojas 4/8, 10/13, 21/22 y 39/65).

De acuerdo al estudio pericial incorporado en autos, puede afirmarse la calidad de estupefaciente de la droga hallada, encontrándose la marihuana incluida en los listados previstos en el anexo I del decreto 772/2015.

Antes de avanzar en el desarrollo del presente análisis, he de señalar que el transporte es la etapa, dentro de la cadena de tráfico ilícito de estupefacientes, que tiene por fin conectar entre sí a los puntos de producción y de distribución (BAIGÚN, DAVID y ZAFFARONI, EUGENIO RAÚL -dirección-, Código Penal y normas complementarias, análisis doctrinal y jurisprudencial, Hammurabi, Buenos Aires, 2014, tomo 14A, páginas 355 y subsiguientes).

Este estadio presenta, entonces, la singularidad de que la droga se encuentra en movimiento, contando de esta manera con personas encargadas de cargarla en su lugar de origen, de desplazarla, y de recibirla en su destino (op. cit., pp. 357 y subsiguientes).

Una vez relatadas tales cuestiones, corresponde ahora expedirme acerca del caso particular que aquí nos ocupa, partiendo del estudio de los aspectos objetivos que lo rodean.

Para comenzar, he de destacar la notable cantidad de compuesto trasladado y la forma en que estaba acondicionado.

Luego, he de destacar que H. F., al momento de su detención, no poseía teléfono móvil alguno, lo que permite al suscripto sospechar que otro automóvil venía guiándolo por delante, motivo por el cual se solicitaron las cámaras de seguridad de la zona donde se produjo la prevención.

Esto es así, toda vez que es sabido que estas organizaciones actúan en grupo y no dejarían librado al azar al miembro que transportara esa gran cantidad de mercadería, ya que cualquier improvisto que dificulte su destino, representa una importante pérdida económica.

Amén de ello, al momento de ser ingresado a la Unidad 29 del Servicio Penitenciario Federal, se le secuestró al imputado de entre sus efectos personales un chip marca Personal n° ..., respecto del cual se ordenó la pericia correspondiente, la que arrojó resultado negativo, pudiéndose sólo extraer la lista de contactos del encartado (ver fojas 68).

Todos estos elementos emparentan al causante con el movimiento de la sustancia prohibida, resultando ser en el plan de tráfico, quien se ocuparía directamente de transportarla.

De acuerdo a lo expresado por la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal, tales elementos de prueba resultan compatibles con la calificación legal escogida: “Es que más allá de los dichos del imputado acerca de su adicción a los estupefacientes y de los motivos por los que los adquirió, lo cierto es que la cantidad de droga secuestrada, el embalaje y acondicionamie nto que mostró dicho material al momento de su hallazgo, sumado tanto al contenido como a las fechas y horas de los mensajes de texto enviados y recibidos en el teléfono celular que se le incautara, permiten afirmar -al menos con la probabilidad que esta etapa procesal impone- que el traslado del material en cuestión constituyó un transporte ínsito en la cadena de tráfico de la sustancia, circunstancia que torna aplicable al caso la figura escogida por el instructor (ver en este sentido causa n° 10.591 “González”, rta. el 4/11/94, reg. n° 11.372 y causa n° 17.645 “Todaro”, reg. n° 18.821 del 12/07/01, entre otras)” (Sala II, causa n° 31.111, “Maciel, César Ariel s/procesamiento y caución”, expediente n° 11.047/2011/3, reg. n° 33.695, rta. el 01/11/2011).

En otro orden de ideas, vale destacar que no resulta necesario el arribo al punto en que acaba el transporte para su consumación, dado que estamos en presencia de un delito de mera actividad, configurándose el daño al bien jurídico con el inicio del traslado de la sustancia prohibida, sin que necesariamente produzca consecuencias concretas.

En misma dirección se conduce el criterio adoptado por los integrantes de la Sala II de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal al decir que: "En otro orden, y en atención al encuadre de los sucesos pesquisados en la figura prevista en el art. 5°, inc. "c", de la ley 23.737 -en su modalidad de transporte de sustancias estupefacientes-, esta Sala tiene dicho que para que el ilícito en cuestión llegue a ese nivel de desarrollo del iter crimins no resulta exigencia típica que el traslado del material culmine, arribando éste a su destino final, sino que lo necesario es que -como en el caso haya comenzado ese accionar, toda vez que nos encontramos ante un delito de mera actividad, en el que el tipo penal se agota con la realización de una acción que, si bien debe ser lesiva de un bien jurídico, no necesita producir un resultado material (ver causa 17.516 "Castillo", reg. n° 18.493 del 20/03/01, y más recientemente, causa n° 24.618 "Suárez", reg. n° 26.149 del 12/12/06) (...) Pues bien, lo cierto es que en el sub examine las circunstancias que rodearon la detención de Huerta González, como así también la cantidad de sustancia incautada y la forma en que la misma se encontraba fraccionada y acondicionada mientras era trasladada en el bolso que portaba el encausado, permiten afirmar -con el grado de probabilidad positiva requerido en esta etapa del proceso- que la conducta desplegada constituye transporte de estupefacientes en cualquiera de las interpretaciones que guían la jurisprudencia de los suscriptos, motivo que conduce a homologar en tal sentido el decisorio en crisis (ver voto de los Dres. Cattani e Irurzun en causa n° 30.480 de esta Sala, "Aguada Martínez", del 9/6/11, registro n° 33.007; ver voto de Farah en dicho fallo; y en causa n° 45.112 de la Sala I, "Bonilla, Rosa Edelmira y otros s/ procesamiento con prisión preventiva", registro n° 1.394, del 28/12/2010, cita a DE LUCA, Javier, "El concepto de transporte en la ley 23.737", CDyJP, Año O, N° 1, p. 296)" (CCCFed., Sala II, "Huerta González, Julián N. s/ procesamiento con prisión preventiva", 23/04/14, causa n° 34.400).

También, he de estar a esta altura al criterio sustentado por el Superior Jerárquico en orden a la figura en trato: “...cabe recordar que este Tribunal ha referido en reiteradas oportunidades que si bien no toda traslación de sustancia prohibida puede considerase constitutiva del tipo penal de transporte, dicho encuadre aparece ineludible en aquellos casos en que el sujeto actúa con conocimiento de que se trata de materia prohibida y conciencia de desplazamiento, o que claramente demuestre el ánimo del transporte, en circunstancias que indiquen la posibilidad de contribuir o facilitar la comercialización de la droga o su distribución a cualquier título fuera de los supuestos permitidos. (Conf. Fallo de esta Sala C.N° 27.691, Maza, Raúl del 2/4/97, reg. 183, in re Albernaz Vega, J. del 8/3/94; y con la actual integración, CN° 44.072, “Sáez, Carmona Carmen”, Reg. 271, Rta. el 7/04/10)” (CCCFed., Sala I, “Benítez”, causa n° 48.287, reg. n° 517, rta. el 16/05/13).

En razón de lo expuesto, entiendo que el accionar desarrollado por H. F. presenta los elementos objetivos típicos de la figura legal en cuestión.

Luego, considero también verificado el aspecto subjetivo, pues he de decir que las pruebas analizadas dan por plenamente satisfecho el dolo exigido por la figura penal en trato, esto es, que H. F. conocía perfectamente lo que se estaba trasladando, es decir 164 ‘panes’ formados a base de marihuana y “voluntariamente acometió el traslado”, conducta que por lo demás quería desplegar (CFCP, Sala II, “Dos Santos, José Guillermo s/recurso de casación”, rta. el 17 de noviembre de 2006, reg. n° 9288, del voto de los Dres. FÉGOLI, DAVID y MITCHELL).

En tanto huelga recordar la actitud del imputado al momento de visualizar al personal preventor, ya que con el fin de eludir un control policial, giró violentamente llamando la atención de éstos.

Es que todas las cuestiones valoradas sirven de sustento al criterio conforme el que el causante conocía la ilicitud de su quehacer, y pese a ello, lo llevaba adelante.

En cuanto al grado de intervención que le cupo, habré de sostener que ha desarrollado él mismo la conducta atribuida, queriendo el hecho para sí y detentando en sus manos el dominio del curso causal, por lo que corresponde su atribución en calidad de autor, conforme lo establecido por el artículo 45 del Código Penal de la Nación.

Prosiguiendo con el análisis desenvuelto, toca indicar que no se visualizan en autos la concurrencia de causa alguna de inculpabilidad o inimputabilidad que pudiera beneficiarlo.

VI. Las medidas cautelares que habrán de disponerse.

a. La libertad provisional.

De inicio cabe señalar que los aspectos relativos a la libertad ambulatoria de H. F. ya han sido tratados en el marco del incidente de excarcelación, en el cual este tribunal el 29 de mayo de 2019 resolvió no hacer lugar a este instituto, bajo ningún tipo de caución, conforme a lo establecido el artículo 331 y concordantes del Código Procesal Penal de la Nación.

Sin perjuicio de ello, tal incidencia se encuentra actualmente tramitando ante la Sala I de la excelentísima Cámara del fuero, debido a la apelación interpuesta en tiempo y forma por la defensa del nombrado.

De todas formas como en aquella ocasión, he de sostener que por principio constitucional, la única fuente legítima que el Estado tiene para privar de la libertad ambulatoria a un sujeto es la condena que culmina el debido proceso legal, por lo que antes de ese estadio toda facultad para cercenarla tiene que interpretarse en forma restrictiva y proporcionada.

Sin embargo, y puesto que no existen derechos absolutos, también esta libertad puede verse relativizada si se acredita la existencia de distintos aspectos objetivos que hagan presumir al juez que el imputado intentará eludir la acción de la justicia o entorpecer el curso de la investigación (CCCFed., Sala I, causa n° 51.872, rta. el 5 de noviembre de 2015, entre muchos otros).

De tal manera, la privación de la libertad durante el proceso sólo es compatible con el artículo 7 de la Convención Americana de Derechos Humanos, si no excede los límites estrictamente necesarios para asegurar que el imputado no impedirá el desarrollo eficiente de las investigaciones o que no eludirá la acción de la justicia.

Precisamente, y en base a los límites antes citados, el legislador estableció, bajo las previsiones del artículo 280 del código de rito, aquellos únicos casos que, a los fines del proceso, determinan el encarcelamiento antes del dictado de una sentencia condenatoria.

Estas excepciones atienden específicamente a un objetivo resguardo de las metas del proceso que suponen la averiguación de la verdad y la realización del derecho pena material (CCCFed., Sala I, causa n° 37.788, rta. el 29 de abril de 2005, reg. n° 345; causa n° 49.290, rta. el 27 de mayo de 2014, entre muchos otros).

Tales elementos de juicio han sido valorados extensamente por los integrantes de la Cámara Federal de Casación Penal en pleno a través del precedente “Díaz Bessone”, al explicar que “no basta en materia de excarcelación o eximición de prisión para su denegación la imposibilidad de futura condena de ejecución condicional, o que pudiere corresponderle al imputado una pena privativa de la libertad superior a ocho años (artículos 316 y 317 del CPPN.), sino que deben valorarse en forma conjunta con otros parámetros tales como los establecidos en el art. 319 del ordenamiento ritual a los fines de determinar la existencia de riesgo procesal”.

Por ello, y con apego a esos lineamientos, las prescripciones legales de los artículos 316 y 317 del Código Procesal Penal de la Nación -que, conforme el artículo 312, inciso 2°, del código de forma, resultan determinantes a la hora de dictar prisión preventiva- no pueden representar más que un parámetro relevante para evaluar la existencia de riesgos procesales (CCCFed., Sala I, causa n° 51.800, rta. 22 de octubre de 2015).

Y, tal como lo sostuviera el Superior jerárquico en los precedentes citados, no obstante la amenaza de pena, pueden existir circunstancias que permitan descartar esos riesgos. De ahí que sólo los elementos de cada caso concreto puedan fundar válidamente y de forma razonable el encarcelamiento preventivo.

Sin perjuicio de ello, la gravedad del hecho que motiva las actuaciones y la severidad de la pena atribuible, que representa el daño que normalmente provoca el delito en las víctimas y el peligro contra el orden público, no debe ser pasada por alto ni minimizada por los jueces al tiempo de resolver cuestiones como la que aquí se trata, pues ha sido considerada de forma pacífica como una presunción iuris tantum del peligro procesal.

De esta manera, debe tenerse en cuenta que las circunstancias valoradas al tiempo de analizar el instituto de la excarcelación no se han modificado. Por el contrario, se ven fortalecidos por el avance de la causa a etapas subsiguientes y el procesamiento que ha de decretarse con este exordio, por lo que corresponde disponer la prisión preventiva del nombrado.

Es que, tal como se juzgó en el marco de aquella incidencia, se le atribuye en autos el tráfico de estupefacientes en la modalidad de transporte, previéndose para el caso una pena que oscila entre los cuatro (4) y los quince (15) años de prisión, lo cual impediría hacer lugar a su libertad caucionada durante el proceso, según lo normado por los artículos 312, 316 y concordantes del Código Procesal Penal de la Nación.

Allí, también se indicó que la expectativa de pena y la seriedad de la acusación son parámetros que deben ser tenidos en cuenta a los efectos de evaluar la detención provisoria del imputado, sin perjuicio de ser analizados en conjunto con sus demás circunstancias de la causa.

De seguido, habré de valorar aquellas circunstancias personales del nombrado que, a la luz de los parámetros establecidos por el artículo 319 del código de forma, sugieren mantener su detención preventiva.

En este sentido, cabe destacar que H. F. posee movimientos migratorios irregulares, tal como surge del acta de declaración migratoria, en tanto sus últimos registros son dos salidas del país (ver fojas 23 del legajo de personalidad de H. F.). Ello deja en evidencia que conoce canales irregulares de cruce de la frontera, de que podría servirse para obstaculizar el actuar del Tribunal en esta causa.

Además, vale mencionar que carece de domicilio real fijo. Adviértase que la desvinculación de su mujer, lo lleva a alternar domicilios familiares, situación que él mismo dio a conocer al momento en que fuera prevenido, lo que permitió el ocultamiento de todo eventual rastro del hecho investigado, entorpeciendo claramente la investigación.

Asimismo, carece de trabajo estable fehacientemente acreditado (más allá de sus referencias); circunstancia que, aunada a la mencionada alternatividad de domicilio, impiden sostener el concepto de “arraigo”, lo que torna aplicable el criterio que sostiene que: “Si bien hemos dicho que ‘la ausencia de un trabajo estable (...) no es una pauta que en principio impida la concesión de la libertad provisoria’ (...) lo cierto es que es otro elemento que demuestra la falta de arraigo” (CCCFed., Sala I, registro 383).

Luego, he de señalar el estado embrionario de la presente pesquisa -en el marco de la cual se secuestraron notables cantidades de material estupefaciente- que demanda, además de la sujeción de H. F. al proceso, la disposición de medidas orientadas al esclarecimiento de los sucesos analizados hacia los demás eslabones de esta cadena de tráfico, cuyo éxito correría riesgo de encontrarse aquél en libertad.

Además, habré de señalar el tiempo de detención que viene cursando, siendo que fue aprehendido el 26 de mayo de 2019, por lo que la medida de restricción adoptada al respecto también deviene razonable en ese sentido, de acuerdo a los parámetros establecidos por la Convención Americana de Derechos Humanos, artículo 7, punto 5°; y ley 24.390, artículos 1 y 9.

Si bien manifestó sustentar económicamente a una pareja y dos hijos, lo cierto es que esa circunstancia, por sí sola, no permite atemperar los riesgos hasta ahora advertidos y que fueran previamente analizados.

De acuerdo al análisis expuesto, es de destacar que no se cuentan en autos con otros medios, de menor intensidad, que permitan asegurar su comparecencia a este proceso, según lo normado por el artículo 280 del Código Procesal Penal de la Nación.

La interpretación propuesta se ajusta en un todo al criterio adoptado en el plenario XIII por los magistrados de la Cámara Nacional de Casación Penal el 30 de octubre de 2008, en el marco de la causa n° 7.480 del registro de la Sala II de esa instancia, caratulada "Díaz Bessone, Ramón Genaro s/recurso de casación”, habiéndose analizado en conjunto todas los elementos obrantes en autos que sugieren continuar con la medida restrictiva de la libertad que viene cursando el incuso.

Por lo expuesto, habré de decretar la prisión preventiva de L. M. H. F., de acuerdo con lo estipulado por el artículo 312 del Código Procesal Penal de la Nación.

b. Respecto del embargo.

Con relación a la medida de índole real contemplada en el artículo 518 del Código Procesal Penal de la Nación, debe atenderse a las pautas de determinación establecidas en el artículo 533 de dicho plexo normativo.

El embargo es la medida cautelar de tipo económico, que tiene como destino asegurar la ejecución de la pena pecuniaria, la indemnización civil y las costas del proceso (Guillermo Rafael Navarro y Roberto Raúl Daray, Código Procesal Penal de la Nación, análisis doctrinal y jurisprudencial, Hammurabi, Buenos Aires, 2013, T. III, páginas 523 y s.s.; ver también CCCF, Sala I, c/n° CFP 9357/2013/1/CA1, rta. 21 de agosto de 2014; c/n° 42.648, rta. el 12 de diciembre de 2008, reg. n° 1519, entre muchos otros).

A estos efectos, no debe perderse de vista que la mensuración del monto a imponer debe guardar el mayor correlato posible con el perjuicio causado, que en principio surge de la maniobra delictiva desplegada (conf. CCCFed., Sala I, causa N° 30.629 "Giuseppucci, Carlos s/procesamiento", registro N° 267, 22/04/1999; y causa N° 33.010 "Ribelli, Juan José s/procesamiento", registro N° 842, 21/09/2001).

Sustentando esta postura, y en relación a la determinación exacta de la cifra a imponer, tiene dicho el Superior que “sólo debe tratarse de un estimativo en atención a la imposibilidad de fijarlo de momento en una suma definitiva, lo que recién podrá hacerse al momento de la sentencia final del proceso” (CCCFed., Sala I, causa N° 42.495, “Dukarevich, Pablo s/embargo”, 28/05/2009).

En esta línea de pensamiento, se ha señalado también que la suma a imponer no puede ser inferior al monto mínimo de la pena de multa prevista por el tipo legal, pues, como se dijera, debe garantizar la pena eventual pecuniaria al querellante (op. cit., página 527).

Tras la sanción de la Ley 27.302 se modificaron los montos estipulados para la pena de multa previstos por el artículo 5 de la Ley 23.737, fijándose un valor entre las 45 y las 900 unidades fijas.

Conforme lo estipulado por el artículo 9 de la ley 27.302, una unidad fija equivale al valor en pesos de un (1) formulario de inscripción de operadores en el Registro Nacional de Precursores Químicos.

Que a dicho formulario, al día de la fecha, se le asigna un valor de pesos tres mil seiscientos ($ 3.600), tal y como se desprende de la página web del organismo correspondiente (http://www.renpre.gov.ar/formulario.php).

A ello se le debe sumar, en la ponderación, el valor de los gastos de los informes periciales necesarios en la investigación.

Por ende, ponderando la totalidad de las consideraciones aquí vertidas, se concluye que, se deberá trabar embargo sobre los bienes y/o dinero de L. M. H. F. hasta cubrir la suma de un millón seiscientos veinte mil ($ 1.620.000).

Consecuentemente, se ordenará confeccionar el correspondiente mandamiento de embargo en el incidente respectivo, e intimar al nocente a dar la suma señalada.

RESUELVO:

I. DECRETAR EL PROCESAMIENTO de L. M. H. F., cuyos datos filiatorios obran en el encabezado, por considerarlo, en principio, autor del delito de tráfico ilícito de sustancias estupefacientes, en la modalidad de transporte, de conformidad con las disposiciones de los artículos 5°, inciso "C", de la ley 23.737, 45 y 55 del Código Penal de la Nación, y 306 del Código Procesal Penal de la Nación.

II. CONVERTIR EN PRISIÓN PREVENTIVA la detención que viene sufriendo el nombrado, según establece el artículo 312 del Código Procesal Penal de la Nación.

III. MANDAR TRABAR EMBARGO sobre los bienes y/o dinero respecto de L. M. H. F. hasta cubrir la suma de pesos un millón seiscientos veinte mil ($ 1.620.000).

De acuerdo a ello, fórmese oportunamente el correspondiente incidente de embargo y cúmplase allí con la intimación debida.

IV. NOTIFICAR a la Agente Fiscal en su público despacho y al señor Defensor Oficial, mediante cédula de diligenciamiento electrónico.

De igual forma, practíquese la notificación del incuso que se encuentra actualmente alojado en la Unidad 29 del Servicio Penitenciario Federal, para lo cual líbrese un telegrama.

  

Fecha de firma: 10/06/2019

Alta en sistema: 11/06/2019

Firmado por: P.R.S. RODOLFO CANICOBA CORRAL, Juez Federal

Firmado (ante mi) por: VERONICA BRESCIANI, SECRETARIO DE JUZGADO

 

  Correlaciones:

L., L. E. s/procesamiento - Cám. Nac. Crim. y Correc. Fed. - Sala II - 13/03/2018 - Cita digital IUSJU028264E

 

Cita digital:IUSJU039638E