JURISPRUDENCIA

Abuso de autoridad. Violación de los deberes de funcionario público. Agentes de la AFIP. Auto de procesamiento

 

Se confirma el auto de procesamiento de los imputados por el delito del artículo 248 del Código Penal, en su calidad de agentes jerárquicos de la AFIP, al concluirse que existió un uso abusivo de las facultades otorgadas a la AFIP para desarrollar actividades con el fin de incentivar y motivar una campaña de desprestigio contra la legisladora E. C., y que los indicios que llevaron a sostener tal tipificación no habían perdido entidad al ser contrastados con las alegaciones que pretendían encuadrar la actuación como regular o común.

 

 

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Buenos Aires, 14 de junio de 2019.

Y VISTOS Y CONSIDERANDO:

I- En la decisión que en copias luce a fs. 1/100 se resolvió procesar a F. O. C. y R. M. por el delito del art. 248, CP y “reformular el auto de procesamiento” de G. M. B., estableciendo que queda cautelado por ese mismo ilícito en su modalidad comisiva (al igual que el resto). Se les fijó un embargo sobre sus bienes de doscientos cincuenta mil pesos ($250.000).

Contra ello, apelaron y alegaron ante la Sala los Dres. Ana L. Palmucci y Gabriel R. Iezzi -por C.- y Carlos I. Vela y Liban A. Kusa -por Bravo y M.-.

II- El origen del caso remonta a la resolución dictada el 14 de diciembre de 2015 por el titular del Juzgado Nacional en lo Penal Económico n° 9, Dr. Javier López Biscayart. En aquella, a la par de disponer la desestimación de la denuncia de la AFIP contra Urbaland Argentina S.A. por evasión impositiva (punto I), el magistrado ordenó extraer testimonios de la causa para investigar la supuesta comisión de delitos por parte de funcionarios públicos -punto III- (fs. 1/9 del ppal.).

En concreto, relató que el agente G. B., con fecha 3 de junio de 2013, presentó un pedido, invocando el art. 229 del CPPN, ante el Juzgado Federal de Campana, con el objeto que se ordenara el allanamiento de determinadas fincas del Club de Campo Chacras de la Cruz, situado en Capilla del Señor, provincia de Buenos Aires. El fundamento se debía a supuestas transgresiones a la ley 24.769 por parte de la sociedad anónima vendedora de los terrenos, Urbaland Argentina.

Las singularidades que, a su entender, daban pie a la operatividad de la obligación del art. 177 del CPPN, fueron -en resumidas cuentas- las siguientes:

(1) que pedidos como el efectuado, que tienen por objeto intervenir y secuestrar libros rubricados, documentación contable, elementos respaldatorios y otros archivos -en formato papel o informático-, “...suelen ser canalizados a través del artículo 21 de la ley 24769, que es el artículo específicamente creado a ese efecto...” (fs. 3);

(2) que el proyecto original de la AFIP estaba así planteado, pero fue enmendado a puño y letra -y presentado- por B., que sólo invocó el art. 229 del CPPN.

Dijo el magistrado: “...un pedido efectuado en esos términos y bajo esa norma que lo funda....en el ámbito penal tributario es, por lo menos, novedoso” (fs. 2vta.);

(3) que todo eso resultaba relevante porque “...el aparente trasfondo que motivaba el pedido de la medida urgente (y tal lo reza el artículo 21 de la ley 24769 aunque no haya sido la norma fundante invocada), se relacionaría con la presunta comisión de alguno de los delitos previstos en la ley 24769. En concreto, con el impuesto a las ganancias, presuntamente omitido por un monto que ascendería, aproximadamente, a $2.500.000. Es decir: no se relacionaba con razones de higiene, moralidad y orden público (artículo 229 del C.P.P.N.)” (fs. 3vta.);

(4) que, además, el domicilio fiscal de Urbaland estaba ubicado en la Ciudad de Buenos Aires, siendo que la competencia para intervenir en los delitos tributarios allí cometidos, a la fecha de los hechos, correspondía a la ex Justicia en lo Penal Tributario. Según la postura plasmada en la pieza en cuestión, tanto el art. 22 de la ley 24.769 como jurisprudencia sobre la materia, revelaban que debía haber entendido. Ése, por cierto, había sido el criterio seguido por la propia AFIP cuando denunció a Urbaland en sede capitalina, oportunidad en que no hizo ninguna alusión a los procedimientos que por igual asunto se llevaron adelante en Campana, con resultado negativo;

(5) que, el mismo día en que se presentó la solicitud en la judicatura provincial, B. concurrió a ratificarla, pero “...desistió de los allanamientos originariamente solicitados con relación al domicilio fiscal de Urbaland Argentina S.A. y al domicilio real del cotitular de las cuentas de esa empresa. Al fundar su desistimiento tuvo en consideración el encuadre efectuado, En efecto. Por inentendible que parezca....” (fs. 5). Llamó la atención del juez que “...se prefiera allanar cuatro lotes que, en definitiva, pertenecían a terceros ajenos a la contribuyente (vinculados, únicamente, por el hecho histórico de haber comprado esos terrenos) y que, en última instancia, en su caso, por ser extraños en la relación tributaria cuestionada, podrían haber sido objeto de circularización sin recurrir a la medida intrusiva” (fs. 5vta/6);

(6) que para el Dr. López Biscayart, “gran parte de la explicación de todo este proceder” (fs. 6) podría encontrarse en publicaciones de portales de noticias, que relataban “...sin sustento en las constancias de la causa, que la investigación de la A.F.I.P. se dirigiría contra la diputada nacional E. C., líder de una agrupación política que, para esa época, competía en un proceso electoral nacional de medio término” (fs. 6/6vta).

Ya radicada la denuncia en esta sede, se presentó la Diputada E. C.. Solicitó diligencias para acreditar “...la operación política que se realizara en mi contra...” (fs. 13). El pedido fue tomado por la fiscalía, entre otras medidas que sugirió al requerir la instrucción. Afirmó, sobre la hipótesis a investigar, que “...se utilizó información amparada por el secreto fiscal con fines espurios ajenos a la misión del organismo recaudador (téngase en cuenta, en aquel momento, la inminencia de las elecciones del año 2013)...” (fs. 15/8).

De conformidad con lo solicitado, el a quo agregó copias certificadas del expediente CFP 4977/2013 del registro del Juzgado Federal n° 12.

Surge de allí que se inició el 28 de mayo de 2013 por denuncia de quien dijo ser G. O. contra E. C. por enriquecimiento ilícito, a raíz de una publicación del 23 de mayo de 2013 de la revista “Veintitrés” titulada “La Chacra de C.”, del cual se extrajo -según el escrito del nombrado- que la Diputada Nacional “compró a la empresa Urbaland Argentina S.A. una parcela...en el Club de Campo Chacras de la Cruz” (fs. 26/32).

El 4 de junio de 2013 -el mismo día en que el Juzgado Federal de Campana ordenó el allanamiento-, el fiscal de la causa del fuero federal de la capital pidió su desestimación, que fue luego resuelta por el juez a cargo (fs. 37/50 y 51/3).

III- Con este contexto, la Sala intervino en otra oportunidad. Sostuvo que estaba suficientemente corroborada la hipótesis que, en el caso, existió un uso abusivo de las facultades otorgadas a la AFIP para desarrollar actividades con el fin de incentivar y motivar una campaña de desprestigio contra la legisladora E. M. C. (CFP 14119/2015/2/CA1 del 30/10/17).

En esa ocasión, se tuvieron en cuenta las coincidencias entre los disparadores de los procedimientos y las fechas involucradas, el tenor de la presentación efectuada en sede provincial, la enmienda realizada a mano sobre las normas invocadas y el hecho que, después de consignar una lista de domicilios en el escrito, se abandonara, de inmediato y en la misma fecha en que lo anterior se produjo, la solicitud con respecto a todos aquellos que no correspondían a las parcelas del Club de Campo.

Asimismo, se valoró que en los anexos presentados por la agencia ante el Juzgado Federal de Campana y la documentación que antecedió a su pedido, había constancias sobre el domicilio fiscal y real de Urbaland, ubicados en Capital; sobre las cuestiones fiscalizadas, relativas al impuesto a las ganancias; y sobre el análisis contable de la situación tributaria. Además, en ninguno de esos papeles había mención alguna de cómo se iniciaron las averiguaciones.

Se hizo notar que toda la tarea de AFIP previa al allanamiento había presentado evidentes rasgos de urgencia, en contraste con una tardanza posterior de casi dos meses en formular la denuncia penal en esta ciudad (fs. 1/13 de las copias del expediente COPE 970/2013/CA2). Allí se expuso que la competencia para intervenir obedecía a la manda del art. 22 de la Ley 24.769, pero nada se dijo sobre dónde ni cómo se solicitaron los procedimientos sobre la base de la misma hipótesis, ni sobre sus resultados.

En sede del juzgado federal de Campana, un particular -Walter A. Leone, abogado-, adjuntó una nota publicada por un portal de internet el 5 de junio de 2013. El artículo se titula: “Allanaron el country en el que C. compró un terreno...Luego de recibir una orden judicial, la AFIP allanó el club de campo Chacras de la Cruz S.A. Cómo avanza la investigación contra la diputada”. En su texto, se consignan datos fiscales de contribuyentes, sobre sus impuestos y sobre las identidades de personas, entre otras cosas. Y se dice, sobre la fuente, que todo es “según datos que aportó la entidad que conduce R. E. al juzgado” (fs. 776 a 778 de las copias invocadas).

La Sala destacó que esa información estaba comprendida en las previsiones del art. 101 de la Ley 11.683, según el cual “Las declaraciones juradas, manifestaciones e informes que los responsables o terceros presentan a la ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS, y los juicios de demanda contenciosa en cuanto consignen aquellas informaciones, son secretos...”. Máxime, cuando ni la formulación ni la concreción de un pedido en los términos del art. 229 del CPPN implicaba tener por iniciada una instrucción penal propiamente dicha, con las reglas de publicidad y transparencia que rigen a ciertos de sus actos.

IV- En la misma decisión, se encomendó dirigir la instrucción a determinar la eventual responsabilidad que les pudo haber cabido en los hechos a funcionarios de mayor rango en la AFIP. Lo propio promovió la fiscalía, cuando contestó una vista ordenada por el juez (fs. 563/4 del ppal.).

El resultado de esos cursos de acción condujo a convocar en los términos del art. 294, CPPN, a R. M. y a F. O. C. -Jefe de la División Jurídica de la Dirección Regional Centro de la AFIP y máxima autoridad de aquella en la época de los hechos, respectivamente-. Después de celebrados los actos, el juez los procesó. Además, reformuló el pronunciamiento que, en iguales términos, había adoptado con relación a G. B., Jefe Interino de la Sección Penal Tributaria de la Dirección en cuestión.

Esa decisión será avalada.

En efecto, los indicios que llevaron a sostener un caso de abuso de autoridad no han perdido entidad al ser contrastados con las alegaciones que pretenden encuadrar la actuación como regular o común. Al contrario, la presunción sobre la existencia de conductas ilícitas fue reforzada por otras pruebas. Así:

Ya se conocía en la causa que la movilización de agentes de la AFIP para el procedimiento en un club de campo con -según se sabía de antemano- pocos domicilios, fue significativa.

Pero ahora hay nuevas referencias sobre los verdaderos motivos del despliegue de personal. A eso refirió la agente de planta permanente P. H.: “Si no recuerdo mal, eran tres domicilios. Fuimos en las combis de AFIP. Primero fuimos al juzgado a retirar las órdenes y después nos fuimos al lugar. Me acuerdo que estacionamos a dos cuadras para que no vieran que estaba la AFIP siendo que era un campo y estaba como descampado y, cuando llegamos ya estaba en el lugar un medio periodístico: C5N, el único. Me llamó la atención porque por lo general, llegan después. Para ese entonces sabíamos que el caso estaba relacionado con C.. No era habitual movilizar toda esa estructura de la AFIP para un caso como el de Urbaland, por lo que era evidente que se trataba de un tema exclusivamente político. Cuando ingresamos, eran tres casas que no tenían nada, el allanamiento dio negativo y me acuerdo de haber llamado a mi marido y decirle que ponga C5N para ver qué salía de los allanamientos de C., pero recién salió a la noche y me acuerdo que decían que había dado resultado positivo, cuando no era así. Todo eso no hizo más que confirmarme que este caso se había “montado” para que se hablara mal de C.. Yo en este caso me sentí usada, como que era parte de un circo que se había montado” (fs. 1779/81).

Se han colectado otras versiones, de diferente tenor. Pero hay coincidencia en torno a la particularidad de la actuación adoptada sobre el tema -incluso se formaron tres actuaciones internas en AFIP en pocos días, con distintas conclusiones y procederes poco habituales en la carga informática de los datos-, a la urgencia que se requirió y a la permanente recepción de directivas (fs. 1372/8, fs. 1382/5, 1412/5, 1725/7, 1731/4 y 1800/2).

Se insiste: con este trasfondo el estándar del art. 306, CPPN respecto de la materialidad de los cargos, está satisfecho.

Dicho eso, debe resaltarse que ninguno de los imputados ha negado la intervención que les cupo en la actividad de la AFIP, según sus respectivos roles. Además, la tarea investigativa ordenada por el juez permitió constatar cómo la llevaron adelante.

R. M. y G. B. mantuvieron comunicaciones telefónicas reiteradas los días en que se pidió y concretó el allanamiento. Según se verificó, ambos acudieron tanto a sede del juzgado federal de campana como al procedimiento en “Chacras de la Cruz” (fs. 725/34). Su superior, F. C., estuvo en constante contacto con los agentes que participaron -y con autoridades de mayor rango, por cierto- (fs. 871/3, 1362/3 y 1692) y dio -o transmitió- las órdenes del caso (ver análisis de la Unidad Federal de Investigaciones Especiales de la PFA a fs. 2050/81).

Así las cosas, hay suficientes evidencias como para respaldar el procesamiento apelado. Es verdad que, amén de ello, sigue observándose la necesidad de avanzar en la cadena de responsabilidades; también lo ha hecho el instructor, que dispuso convocar como sospechoso a F. O. D. R. -quien era Subdirector General de Operaciones Impositivas Metropolitanas de la AFIP- (ver punto VIII), sin perjuicio de otros eventuales partícipes.

En su caso, la afectación al proceso de quienes detentaban los más altos cargos de la agencia, podría llevar a evaluar nuevamente el tenor de los aportes de sus inferiores.

V- Se coincide con las defensas en punto a que corresponde reducir los embargos (que quedarán fijados en la suma de ciento cincuenta mil pesos), en vista del tipo de delito enrostrado y sus características propias.

Por ende, se reducirá la suma de tal manera.

Por lo expuesto, SE RESUELVE:

I- CONFIRMAR el auto recurrido por cuanto PROCESÓ a F. O. C. y R. M. por el delito del art. 248, CP.

II- REDUCIR los embargos fijados hasta cubrir la suma de ciento cincuenta mil pesos ($150.000).

Regístrese, hágase saber y devuélvase.

 

  Correlaciones:

Peña, Marcos s/abuso de autoridad y viol. deb. func. públ. (art. 248) - Juzg. Nac. Crim. y Correc. Fed. - N° 7 - 06/09/2016 - Cita digital IUSJU010185E

 

 

Cita digital:IUSJU039627E