JURISPRUDENCIA

Delito de extorsión. Acciones de inteligencia. Auto de procesamiento. Ley 25.520

 

Se confirma la resolución que dispuso el procesamiento de los imputados -sin prisión preventiva- y el embargo, en orden al delito de extorsión en grado de tentativa, en concurso ideal con el delito de realizar acciones de inteligencia prohibidas en la ley 25520, al valorarse que el análisis forense de la voz contenida en los audios extorsivos se correspondía con el material indubitable reunido en la causa, tal como se concluía en el peritaje glosado, mientras que los testimonios incorporados del expediente principal, aunados a la información digital acompañada en su sustento, daban adicional apoyo a la hipótesis delictiva central postulada por los acusadores. Así, se concluyó prima facie que uno de los imputados, en su condición de magistrado del Ministerio Público Fiscal de la Provincia de Buenos Aires, suministró al autor del hecho el listado de llamadas entrantes y salientes (asignadas al abonado perteneciente al querellante) utilizado para materializar la extorsión.

 

 

Ver correlaciones

Buenos Aires, 13 de junio de 2019.

Y VISTOS Y CONSIDERANDO:

I. Vuelven las presentes actuaciones a conocimiento del Tribunal en virtud de los recursos de apelación interpuestos por: i) C. Á. -por derecho propio y con la asistencia letrada del Dr. Federico Norvello-, contra el resolutorio que dispuso su procesamiento sin prisión preventiva y embargo en orden al delito de extorsión en grado de tentativa, en calidad de partícipe necesario, en concurso ideal con el delito de “realizar acciones de inteligencia prohibidas en la ley 25.520”, en calidad de autor (artículos 42, 45, 54 y 168 del Código Penal, y 43 ter, en función del 5 bis y 16, de la ley 25.520) -fs.83/95-; ii) la defensa de J. I. B., ejercida por el Dr. Gustavo Adolfo Daguerre Báez Peña, contra su procesamiento sin prisión preventiva y embargo en orden al delito de extorsión en grado de tentativa, en calidad de partícipe necesario, en concurso ideal con los delitos de “abuso de autoridad” -art. 248 del C.P.- e “incumplimiento” de las previsiones del artículo 15 bis de la ley 25.520, en calidad de autor (artículos 42, 45, 54, 168 y 248 del Código Penal, y 15 bis y 43 bis de la ley 25.520); y iii) la defensa de H. R. B., ejercida por la Dra. Tatiana Carla Terazano, contra su procesamiento sin prisión preventiva y embargo en orden al delito de extorsión en grado de tentativa, en calidad de partícipe necesario (artículos 42, 45 y 168 del C. P.).

II. Vale recordar que la denuncia que dio origen a esta causa data del 19 de diciembre de 2016 y se presentó en el fuero nacional en lo criminal de esta ciudad.

En aquella, G. T. -tenido por querellante- afirmó que M. D´A. (vecino suyo en el “country Saint Thomas” de Canning, Provincia de Buenos Aires) le había requerido el pago de abultadas sumas de dinero -en persona y por vía telefónica- a efectos de favorecerlo (por ejemplo, extrayendo de un sumario criminal un listado de llamados entrantes y salientes al que sostuvo tener acceso, entre otras cosas) en el marco de una investigación del fuero en lo penal económico públicamente conocida como “la mafia de los contenedores” donde estaba involucrado. Para dar pie a la maniobra, su autor, además de exhibir evidencia supuestamente extraída de la mentada pesquisa, dijo ejercer funciones en la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) y poseer conexiones en el ámbito del Poder Judicial y en medios periodísticos (fs. 1/4).

El 26 de diciembre de 2016, el Ministerio Público Fiscal requirió la instrucción y que se cite a D´A. a indagatoria. Además, pidió la realización de una serie de medidas de prueba (declaraciones de personas que habrían sido testigos de los eventos, intervención de una línea telefónica, allanamiento del domicilio del señalado) -fs. 9/11-. A la par, Traficante ofreció aportar su celular a los fines de realizar las diligencias pertinentes (fs. 6/7).

Sin expedirse sobre aquellos cursos de acción, el 27 de diciembre el titular del juzgado criminal de instrucción n° 11 se declaró incompetente a favor de la justicia federal (15/7), decisión que -apelada por la querella- fue confirmada por la Sala 7 de la CCC el 14 de marzo de 2017 (fs. 55).

Recibido el legajo, el titular del juzgado n° 9 del fuero (el 17 de marzo; ver fs. 57) no aceptó intervenir y lo remitió a la sede de procedencia (fs. 70/2). La discusión al respecto involucró diferentes pronunciamientos (ver fs. 75/8, 106/13, 117/8, 121/3) y recién se entendió definida el 30 de noviembre de 2017 cuando la Sala 7 de la CCC reafirmó la competencia federal (fs. 132/3).

III. A partir de ese hito se dispusieron distintas medidas de prueba que permitieron, no obstante el derrotero que imposibilitó transitar ciertas vías de investigación de manera oportuna, comprobar el acaecimiento del hecho anoticiado. Por eso, con fecha 6 de marzo del corriente año, el Juez de grado dispuso el procesamiento del individuo identificado como autor de la maniobra - M. D´A.-, decisión que fue, a la postre, homologada por esta Alzada -ver CCC 76091/2016/4/CA2, registro 47.107 del 1/03/19-.

Atañe remarcar que en esa primera intervención del Tribunal se encomendó la realización de nuevas diligencias -entre las que se destacó escuchar en sede judicial a las personas que presenciaron los eventos, además de la realización de un peritaje de voz con los audios reservados, entre otras-. Ello se hizo a propósito de los esfuerzos que debían encausarse para esclarecer los sucesos e identificar al resto de sus partícipes -conf. art. 193 del C.P.P.N.-.

Sin perjuicio de las pruebas producida desde entonces, observamos que aún no se han evaluado integralmente las conexiones telefónicas registradas por los imputados al momento de los hechos, ni se han practicado - partiendo de esos datos- otras diligencias útiles para completar la instrucción (geolocalización, entrecruzamientos, patrón de llamados, etcétera).

El agotamiento de tales cursos de acción quedará, por tanto, nuevamente encomendado al Director del proceso (ver CCC 76091/2016/4/CA2, registro 47.107 del 1/03/19, considerando nro. V).

Pues bien, la conclusión a la que se arribara en este segundo pronunciamiento de mérito es producto de la materialización -aunque parcial- de las diligencias requeridas en el decisorio citado. En efecto, según se colige de las consideraciones exteriorizadas por el a quo, lo obrado desde allí a esta parte habría conducido, por una lado, a precisar el modo en que la maniobra se desarrolló; por el otro, a delimitar el rol que tuvieron en ella J. I. B., C. Á. y H. R. B..

Sobre el asunto, se dirá que el análisis forense de la voz contenida en los audios -aptos para cotejo- extorsivos atribuidos a M. D´A., se corresponde con el material indubitable reunido en la causa, tal como se concluyera en el peritaje glosado a fs. 865/884. A su vez, los testimonios incorporados a fs. 939/940, 947/948 y 949/950 del expediente principal, aunados a la información digital acompañada en su sustento, han dado adicional apoyo a la hipótesis delictiva central postulada por los acusadores.

El rol de los partícipes, sin embargo, constituye el debate que ha de ser dirimido en esta incidencia. Las defensas de B. y Á. no negaron la existencia del hecho principal atribuido a D´A. -la extorsión-, pero sí afirmaron ignorar el fin ilícito perseguido por aquél a través de la información que ellos le suministraron, limitando su accionar al ejercicio de sus respectivas funciones públicas. Por su parte, B., quien reconoció el vínculo que mantenía con el autor de la maniobra, negó haber realizado actos intimidatorios con el supuesto propósito de que la víctima abonara las sumas de dinero ilícitamente exigidas.

IV. Situación de J. I. B.:

Las pruebas reunidas en el expediente indican que B., en su condición de Magistrado del Ministerio Público Fiscal de la Provincia de Buenos Aires, suministró al autor del hecho el listado de llamadas entrantes y salientes (asignadas al abonado perteneciente a G. T.) utilizado para materializar la extorsión.

a) En línea con ello, se dirá que no existe controversia respecto del origen de los datos empleados con esa específica finalidad. El listado de “...comunicaciones (llamadas y sms) entrantes y salientes” del teléfono de G. T. fue formalmente requerido -con “carácter de urgente” y para ser utilizado en un “juicio oral”- por J. I. B. el 4 de noviembre de 2016 (ver fs. 264, 275, 276 y 286/287).

Tampoco existe discusión en punto al destino de ese listado, pues el propio B. reconoció haberlo solicitado con el verdadero propósito de remitírselo a M. D´A.. Y eso fue lo que finalmente hizo (ver fs. 833/840).

b) El apelante manifestó que esa acción -desplegada en noviembre de 2016- se orientó a esclarecer episodios que tenían, según él, alguna conexión con el “Triple Crimen de General Rodríguez” -caso otrora instruido en la Unidad Fiscal a su cargo-.

Es cierto que en la dependencia del recurrente se inspeccionaron, en su momento, hechos relacionados con esa trama (ver fs. 286/287). Sin embargo, ha de reconocerse que la Instrucción Penal Preparatoria (IPP) 09-00-268904/08 (donde se investigó el denominado “Triple Crimen de General Rodríguez”) concluyó en diciembre de 2012 a raíz de la sentencia condenatoria emitida por el Tribunal Oral nro. 2 de Mercedes -expte. 5025/2011-; y que la inspección de los hechos abarcados por la IPP 09-00-268351-08 (desprendimiento de aquel sumario principal), fue remitida con fecha 2 de febrero de 2016 a conocimiento del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal nro. 1 de esta ciudad, en función de la declinatoria de competencia dispuesta por el Juez de Garantías de Mercedes.

De allí que no pueda, sobre la base de lo esgrimido por la defensa, formularse una asociación clara entre la solicitud del listado (supuestamente necesario para celebrar un “juicio oral”) y la labor funcional desempeñada -en ese entonces- por el agente público comprometido.

En cualquier caso, la razón invocada en sustento de esa “urgencia” tampoco encontró correlato en los expedientes mencionados, pues ninguno de ellos, aun al interior de la tesis preconizada en el recurso, se hallaba en “instancia de debate oral”.

Al respecto, y conforme surge de la declaración testimonial documentada a fs. 920/923, la leyenda incluida en el encabezado de la rogatoria -“2 horas juicio oral”- respondería a que la “persona que efectuó la solicitud a la OFITEC [...] hizo saber que la información era requerida de forma urgente porque se precisaba para un juicio oral. Que es un sello específico para juicio oral y no un genérico que se incorpore comúnmente...” (ver, asimismo, copia de declaración glosada a fs. 1179/1182).

c) Por otro lado, apreciamos que la IPP en la que se pretendió canalizar la diligencia remite a un informe (sin fecha) firmado por C. O. Á. -funcionario de la Agencia Federal de Inteligencia- en el que se proporcionaron distintos datos relativos a “G. T.”. La pieza exteriorizó, de manera expresa, que la labor del agente derivaba de las “tareas investigativas encomendadas” por la Unidad Fiscal a cargo de B..

No obstante ello, de las presentaciones realizadas por el Director General y la Subdirectora General de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) -ver fs. 848/849- se desprende que “C. O. Á.” no había sido autorizado por el organismo para intervenir en ninguna de las pesquisas en conflicto (conforme exigencias previstas por el artículo 5 bis de la Ley de Inteligencia Nacional -nro. 25.520, modificada por Ley 27.126-).

Al declarar en los términos del artículo 294 del C.P.P.N., Á. reconoció su firma al pie del informe, mas negó su contenido (ver fs. 1030/1034).

d) Esta secuencia de irregularidades encontró su colofón en el vínculo que el nombrado mantuvo al momento de los eventos con el resto de las personas implicadas -es decir, con M. D´A., C. O. Á. y H. R. B.-; y en la coherencia que, en principio, la información colectada -por su contenido y alcance temporal- guardaba con la maniobra desplegada por su consorte.

Con ello basta para rechazar la tesis alternativa introducida por la defensa (art. 306, C.P.P.N.).

Situación de C. O. Á.:

El impugnante, quien comenzó a desempeñarse en la Agencia Federal de Inteligencia en noviembre de 2002, habría realizado investigaciones - encomendadas por el Fiscal B.-, violando, entre otras, las disposiciones contenidas en el artículo 5 bis de la Ley de Inteligencia Nacional (Ley 25.520).

De ello da suficiente cuenta el informe -rubricado por el propio impugnante- agregado a la Instrucción Penal Preparatoria conducida por B., el que en su parte pertinente dice -de manera explícita- que la labor desplegada por Á. obedecía a las “tareas investigativas encomendadas” por la Fiscalía; y la respuesta asignada al asunto por las autoridades de la AFI, en tanto comunicaron que Á. no había sido autorizado para intervenir en ningún caso relacionado con los eventos en pugna (conf. fs. 848/849 y prohibiciones establecidas en la Ley 25.520).

El conjunto de datos incluidos en la pieza, amén de propiciar la solicitud del listado de llamadas entrantes y salientes de G. T. -ver acápite anterior-, denota además un nuevo correlato con la información exteriorizada por el autor al momento de desarrollar la maniobra (ver transcripciones obrantes a fs. 193/217).

Es necesario reiterar que el imputado reconoció su firma al pie del instrumento, pero aseveró que éste había sido elaborado -en el transcurso del año 2018- por el propio B.. Dijo haberlo firmado sin leer su contenido, pues “no tenía [sus] anteojos”, y que lo manifestado en su momento al Fiscal se vinculaba -exclusivamente- con una conversación que escuchó “en una parrilla” (ver fs. 1030/1034).

Nada de ello, conforme el resultado de las medidas ordenadas para cotejar la versión del imputado, autoriza a desvirtuar la lectura de los eventos desarrollada en el resolutorio del Juez.

Situación de H. R. B..

La hipótesis bajo estudio indica que B., quien se desempeñó en la Agencia Federal de Inteligencias desde mayo de 2003 hasta mayo de 2016, intervino, junto a M. D´A., en las maniobras extorsivas. En concreto, su participación se habría visto proyectada en diversos actos intimidatorios dirigidos contra G. T. y sus allegados -J. P. D. P. y G. G.-, a quienes recurrieron, mediante el mismo ardid, para torcer la voluntad de la víctima.

Veamos.

El testimonio prestado por J. P. D. P. indica que a la sazón de las amenazas proferidas, M. D´A. se mostró en reiteradas oportunidades acompañado por quien luego identificó como H. R. B. -alias “R. de la S.”-. En particular, destacó que ambos imputados concurrieron a su domicilio para discutir los asuntos que interesan en esta pesquisa (ver fs. 947/948).

Idénticos datos surgen del testimonio aportado por G. G. a fs. 949/950. Allí el nombrado explicó que al concurrir a las oficinas de D´A., una persona apodada “R. de la S.” le manifestó, en el apremiante contexto recogido en el resolutorio del a quo, que Traficante “iría preso si no pagaba”. El testigo luego identificó a “R. de la S.” como H. R. B..

En sustento de su apreciación, el declarante acompañó capturas de pantalla de su teléfono celular (ver certificación obrante a fs. 1029, y sobre blanco reservado en Secretaría que reza: “documentación aportada por Garcés el 15/04/19).

Sobre este aspecto de la controversia, sólo queda decir que las circunstancias relatadas por los nombrados se condicen con otros indicios recabados en el expediente, tales como las gestiones previas realizadas por D´A. para contactarse con ellos y con la víctima (ver declaración testimonial de Manuel Alejandro Ramón Morilla obrante a fs. 939/940).

Pero además, las conversaciones registradas entre el querellante y D´A. develaron, por una vía independiente, el rol que a B. le tocó ocupar al interior de la operatoria bajo examen. Ello se observa en los cuestionamientos que el primero le hizo a D´A. a partir de la injerencia que éste tuvo en los asuntos que lo aquejaban; y en las acciones que de ahí en más el autor desplegaría para ponerle fin a ese estado de cosas -ver fs. 206/vta.-.

Ha de recordarse, por lo demás, que el examen forense de la voz contenida en dichos audios -en los que se registraron conversaciones entre M. D´A. y G. T.-, han permitido despejar las dudas relativas a la identidad de los interlocutores, otorgando mayor peso probatorio a las comunicaciones oportunamente acompañadas por el acusador particular (ver peritaje obrante a fs. 865/884).

V. En definitiva, el análisis conjunto de la prueba recolectada en el sumario permite concluir, con probabilidad positiva, que los recurrentes -cada uno desde su rol particular- prestaron una cooperación determinante para la realización del hecho puntual que aquí se instruye (ver CCC 76091/2016/4/CA2, reg. 47.107 del 21/03/19).

En este contexto, y a propósito de los agravios postulados por las defensas, debe reiterarse que la entidad ilícita de los cargos formulados (vinculados exclusivamente a los sucesos intimados en los términos del artículo 294 del C.P.P.N.) no se ve perturbada por el hecho de que Traficante hubiere sido previamente sindicado como eventual partícipe de los hechos investigados en el marco del expediente n° 529/16 en trámite ante el fuero en lo penal económico, lo que era reflejado en la época por distintos medios periodísticos (ver fs. 157, 544/6 y 547/56).

Es que, aun cuando el autor y sus cómplices hayan obrado con engaño, lo cierto es que la maniobra (dotada de idoneidad en función de la contribución concomitante de los encartados) se dirigió a afectar la voluntad del destinatario por el temor, por la exigencia que compele a hacer lo que no se quiere, en procura de un beneficio económico. Tales las características típicas del delito de extorsión (ver Romero Villanueva, Horacio “Código Penal de la Nación y Legislación Complementaria. Anotados con jurisprudencia”, quinta edición ampliada y actualizada, Ed. Abeledo Perrot, Bs. As., 2012, pág. 716 y sgtes.), no consumada en este hecho por razones ajenas a la intención del autor (art. 42, CP).

Con todo, sin perjuicio de la calificación legal que en definitiva corresponda, estimamos que los elementos reseñados otorgan aval a los procesamientos dispuestos, por lo que debe avanzarse con celeridad hacia la elevación a la instancia oral de este caso concreto.

VI. Por último, en lo que hace al monto de los embargos dispuestos por el juez instructor, debe señalarse que aparecen ajustados a tenor de la naturaleza de la maniobra desplegada y las finalidades previstas en el artículo 518 del ordenamiento procesal, en razón de lo cual serán confirmados.

Por lo expuesto, SE RESUELVE:

CONFIRMAR la resolución recurrida en todo cuanto dispone y fue materia de apelación, DEBIENDO el Sr. Juez de grado proceder conforme lo indicado en los considerandos.

Regístrese, hágase saber y devuélvase.

 

Fdo. Leopoldo Bruglia - Martín Irurzun

Ante mí: Gastón Federico González Mendonca

 

  Correlaciones:

M., R. y otros s/extorsión - Juzg. Nac. Crim. y Correc. Fed. - N° 2 - 15/12/2015 - Cita digital IUSJU019008E

 

Cita digital:IUSJU039623E