JURISPRUDENCIA

Desaparición forzada de personas. Responsabilidad internacional del Estado. Violación a los derechos humanos. Rechazo de la demanda

 

Se rechaza la responsabilidad internacional del Estado de Paraguay por la desaparición forzada y tortura de Juan Francisco Arrom Suhurt y Anuncio Martí Méndez, líderes del movimiento político Patria Libre, entre el 17 y el 30 de enero de 2002, al concluirse de las investigaciones realizadas internamente así como de los elementos de prueba incorporados, la no participación de las personas individualizadas por las presuntas víctimas. Asimismo, se resaltó que el presente caso no podía ser enmarcado dentro de un contexto de práctica sistemática y generalizada de desapariciones forzadas, persecución política u otras violaciones de derechos humanos, por lo que no era posible utilizar el mismo para corroborar otros elementos de prueba. Y tampoco existió prueba alguna que demostrase que las presuntas víctimas estuvieron en manos de agentes del Estado antes de que sucedieran los hechos alegados.

 

 

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I

INTRODUCCIÓN DE LA CAUSA Y OBJETO DE LA CONTROVERSIA

1. El caso sometido a la Corte. - El 12 de diciembre de 2017 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la Comisión Interamericana” o “la Comisión”) sometió a la jurisdicción de la Corte el caso Arrom Suhurt, Martí Méndez y otros respecto de la República de Paraguay (en adelante también “el Estado”). La Comisión señaló que el caso se relaciona “con la desaparición forzada y tortura de Juan Francisco Arrom Suhurt y Anuncio Martí Méndez, líderes del movimiento político Patria Libre, entre el 17 y el 30 de enero de 2002”. La Comisión concluyó que “el Estado de Paraguay es responsable por la violación de los artículos 3, 4.1, 5.1, 5.2, 7, 8.1, 8.2 y 25.1 de la Convención, en relación con las obligaciones establecidas en el artículo 1.1 del mismo instrumento. Asimismo, la Comisión concluyó que el Estado es responsable por la violación de los artículos I a) y I b) de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas y de los artículos 1, 6 y 8 de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura”. Por último, la Comisión señaló que los hechos de este caso implicaron una violación del artículo 5.1 en perjuicio de los familiares de las presuntas víctimas (1).

2. Trámite ante la Comisión. - El trámite ante la Comisión fue el siguiente:

a) Petición. - El 23 y 27 de septiembre de 2002 Marina y Cristina Arrom Suhurt presentaron la petición inicial en representación de las presuntas víctimas.

b) Informe de Admisibilidad. - El 30 de octubre de 2008 la Comisión aprobó el Informe de Admisibilidad No. 86/08(2). El 14 de noviembre de 2008 la Comisión notificó dicho informe a las partes y se puso a su disposición a fin de llegar a un acuerdo de solución amistosa. El 24 y 25 de junio de 2010, el Estado y los peticionarios, respectivamente, manifestaron su deseo de no continuar con el trámite de solución amistosa.

c) Informe de Fondo. - El 5 de septiembre de 2017 la Comisión aprobó el Informe de Fondo No. 100/17, en el cual llegó a una serie de conclusiones(3) y formuló varias recomendaciones al Estado(4). El Informe de Fondo fue notificado al Estado el 12 de septiembre de 2017.

d) Informe sobre las recomendaciones de la Comisión. - El Estado paraguayo dio respuesta al Informe de Fondo rechazando las determinaciones hechas en cuanto a las violaciones establecidas y las medidas de reparación dispuestas a favor de las víctimas.

e) Sometimiento a la Corte. - El 12 de diciembre de 2017 la Comisión sometió el presente caso a la Corte “por la necesidad de obtención de justicia y reparación para las víctimas”. La Comisión designó al Comisionado Francisco Eguiguren Praeli y al Secretario Ejecutivo Paulo Abrão, como sus delegados. Asimismo la Comisión designó a Elizabeth Abi-Mershed, Secretaria Ejecutiva Adjunta, y Silvia Serrano Guzmán, abogada de la Secretaría Ejecutiva de la CIDH, como asesoras legales.

3. Solicitudes de la Comisión. - Con base en lo anterior, la Comisión Interamericana solicitó a este Tribunal que concluyera y declarara la responsabilidad internacional del Estado de Paraguay por las violaciones contendidas en su Informe de Fondo y se ordenara al Estado, como medidas de reparación, las recomendaciones incluidas en dicho informe (supra párr. 2).

II PROCEDIMIENTO ANTE LA CORTE

4. Notificación al Estado y a los representantes. - El sometimiento del caso fue notificado al Estado de Paraguay y a los representantes de las presuntas víctimas mediante comunicaciones de 12 y 13 de febrero de 2018, respectivamente.

5. Escrito de solicitudes, argumentos y pruebas. - El 3 de abril de 2018 los representantes de las presuntas víctimas (en adelante “los representantes”) presentaron su escrito de solicitudes, argumentos y pruebas (en adelante “escrito de solicitudes y argumentos”), conforme a los artículos 25 y 40 del Reglamento de la Corte(5). Los representantes coincidieron con lo alegado por la Comisión, y añadieron que el Estado también era responsable por la violación de los artículos 11.1 y 22 en relación con los artículos 1.1 y 2 de la Convención, así como los artículos 7 y 9 de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura. Asimismo, los representantes solicitaron que se ordenara al Estado adoptar diversas medidas de reparación y el reintegro de determinadas costas y gastos.

6. Escrito de contestación. - El 14 de agosto de 2018 el Estado presentó ante la Corte su escrito de excepciones preliminares y contestación al sometimiento del caso por parte de la Comisión, así como sus observaciones al escrito de solicitudes y argumentos (en adelante “escrito de contestación”) (6). En dicho escrito, el Estado interpuso dos excepciones preliminares y se opuso a las violaciones alegadas y a las solicitudes de medidas de reparación de la Comisión y los representantes.

7. Observaciones a las excepciones preliminares. - El 14 y 19 de noviembre de 2018 los representantes y la Comisión presentaron, respectivamente, sus observaciones a las excepciones preliminares.

8. Fondo de Asistencia Legal. - Mediante una nota de 24 de octubre de 2018 el Presidente de la Corte declaró procedente la solicitud presentada por las presuntas víctimas, a través de sus representantes, para acogerse al Fondo de Asistencia Legal.

9. Medidas provisionales. - Los días 3, 11 y 12 de enero de 2019 los representantes presentaron una solicitud de medidas provisionales para garantizar los derechos de los señores Juan Francisco Arrom Suhurt, Anuncio Martí Méndez, Víctor Antonio Colmán Ortega y Esperanza Martínez. La Corte desestimó tal solicitud mediante Resolución de 6 de febrero de 2019 (7). El 16 y 29 de marzo de 2019 los representantes realizaron una nueva solicitud de medidas provisionales a favor de Cristina Arrom con relación a declaraciones públicas del Ministro del Interior. La Corte desestimó dicha solicitud mediante Resolución de 13 de mayo de 2019 (8).

10. Prueba superviniente. - El 28 de enero de 2019 el Estado remitió un expediente administrativo de la Defensoría del Pueblo de Paraguay, solicitando que fuera admitido como prueba documental de acuerdo con lo previsto en el artículo 57.2 del Reglamento de la Corte.

11. Audiencia Pública. - El 17 de diciembre de 2018 el Presidente emitió una Resolución mediante la cual convocó a las partes y a la Comisión a la celebración de una audiencia pública, respecto de las excepciones preliminares y eventuales fondo, reparaciones y costas, para escuchar los alegatos finales orales de las partes y las observaciones finales orales de la Comisión respecto de dichos temas(9). Asimismo, mediante dicha providencia, se convocó a declarar en la audiencia pública a dos presuntas víctimas propuestas por los representantes y un testigo propuesto por el Estado, y se ordenó recibir las declaraciones rendidas ante fedatario público (afidávit) de 23 declarantes, el cual fue presentadas el 24, 26 y 31 de enero de 2019. El 21 de diciembre de 2018 Paraguay solicitó una reconsideración de la Convocatoria expedida por el Presidente, la cual fue atendida mediante Resolución de la Corte de 29 de enero de 2019 en la cual se decidió convocar a un testigo adicional por parte del Estado (10). La audiencia pública se celebró el 7 de febrero de 2019, durante el 129° Período Ordinario de Sesiones, llevado a cabo en su sede (11). En el curso de dicha audiencia, los Jueces de la Corte solicitaron cierta información y explicaciones a las partes y a la Comisión.

12. Medidas por violación al artículo 53 del Reglamento de la Corte. - El 20 de febrero de 2019 los representantes solicitaron ordenar a Paraguay las medidas pertinentes por considerar que se había violado el artículo 53 el Reglamento de la Corte al admitir una querella penal contra Cristina Arrom como consecuencia de sus declaraciones en la audiencia pública del caso ante la Corte. La Corte resolvió dicha solicitud el 14 de marzo de 2019, y ordenó al Estado la adopción de las medidas necesarias para que cesara el proceso penal iniciado a la señora Cristina Haydée Arrom Suhurt (12).

13. Alegatos y observaciones finales escritos. - El 6 y 7 de marzo del 2019 los representantes y el Estado presentaron, respectivamente, sus alegatos finales escritos así como determinados anexos. La Comisión remitió sus observaciones finales escritas el 8 de marzo de 2019.

14. Prueba e información para mejor resolver. - El 11 de marzo de 2019 el Presidente de la Corte solicitó al Estado la presentación de documentación para mejor resolver. Paraguay presentó dicha información el 18 de marzo de 2019.

15. Observaciones a la información y prueba para mejor resolver. - El 18 de marzo de 2019 los representantes y el Estado presentaron sus observaciones a los anexos presentados junto con los alegatos finales escritos. El 21 de marzo y el 1 de abril de 2019 los representantes y la Comisión presentaron, respectivamente, sus observaciones a la prueba presentada por el Estado como prueba como mejor resolver.

16. Hechos supervinientes. - Los días 15 y 16 de marzo de 2019 los representantes remitieron información sobre hechos supervinientes relativos a la condición de refugiados en Brasil y a la alegada violación de la presunción de inocencia de las presuntas víctimas. El Estado presentó observaciones al respecto el 26 de marzo de 2019.

17. Erogaciones en aplicación del Fondo de Asistencia Legal. - El 9 de abril de 2019 se trasmitió al Estado el informe sobre las erogaciones realizadas con cargo al Fondo de Asistencia Legal en el presente caso. El Estado presentó observaciones al respecto en el plazo otorgado para ello.

18. Deliberación del presente caso. - La Corte inició la deliberación de la presente Sentencia el 13 de mayo de 2019.

III COMPETENCIA

19. La Corte es competente para conocer el presente caso, en los términos del artículo 62.3 de la Convención, en razón de que Paraguay es Estado Parte de la Convención desde el 24 de agosto de 1989 y reconoció la competencia contenciosa de este Tribunal el 11 de marzo de 1993. Asimismo, el Estado depositó los instrumentos de ratificación de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura el 3 de septiembre de 1990 y de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas el 26 de noviembre de 1996.

IV CONSIDERACIONES PREVIAS

20. El Estado presentó dos excepciones preliminares relativas a la falta de determinación e individualización de las presuntas víctimas, y la falta de agotamiento de recursos internos. Sin embargo, la Corte advierte que estos alegatos no constituyen excepciones preliminares ya que no están cuestionando la admisibilidad del caso o la competencia del Tribunal para conocer de un determinado caso o de alguno de sus aspectos(13). Por el contrario, el Estado se refiere a: i) la determinación e individualización de las presuntas víctimas y ii) la inclusión de hechos que supuestamente no hacen parte del marco fáctico del caso. Por tal razón serán analizados como consideraciones previas.

A. Determinación e individualización de las presuntas víctimas

A.1 Alegatos de las partes y de la Comisión

21. El Estado señaló que la Comisión ha identificado como presuntas víctimas a los familiares de los señores Juan Arrom Suhurt y Anuncio Martí de una manera genérica. Destacó que ante la Corte los representantes han “presentado un listado de 24 personas, alegando un supuesto ‘vínculo familiar’ existente con los señores Juan Arrom Suhurt y Anuncio Martí”. Alegó que “para otorgar la calidad de presunta víctima, [se] debe[n] examinar las supuestas violaciones cometidas en [perjuicio de] cada individuo”, sin embargo en el presente caso la Comisión presumió las afectaciones a la integridad física sin realizar mayor análisis. Asimismo, destacó que las parejas e hijos de Juan Arrom Suhurt y de Anuncio Martí no fueron identificados por su nombre. Solicitó a la Corte que “únicamente sean consideradas como presuntas víctimas los señores Juan Arrom Suhurt y Anuncio Martí”.

22. La Comisión alegó que, “contrario a lo que afirmó el Estado, [la Comisión] individualizó al menos a seis familiares como víctimas de afectación a la integridad psíquica y moral, y las personas restantes fueron mencionadas con el mayor nivel de especificidad posible tomando en cuenta la información disponible”. Señaló que “[e]n ese escenario, corresponderá a la Honorable Corte determinar si a las personas no individualizadas con su nombre en el Informe de Fondo, les resulta aplicable la excepción contenida en el artículo 35.2 del Reglamento”.

23. Los representantes alegaron que el Estado “tuvo la oportunidad de oponerse a la intervención de los familiares de Arrom y Martí y no lo hicieron, pero ahora, bajo pretexto de una supuesta imprecisión por parte de la [Comisión], tratan de hacerlo”. Indicaron que “cuando la Comisión hace referencia a los familiares de Juan Francisco Arrom Suhurt y Anuncio Martí Méndez, la misma hace referencia concreta a todas las personas que reúnen tales condiciones y no a otras. Por este motivo [...], no existe ninguna imprecisión”.

A.2 Consideraciones de la Corte

24. La Corte nota que los alegatos presentados se refieren a la alegada falta de identificación de los familiares de Juan Arrom Suhurt y Anuncio Martí. En su Informe de Fondo, la Comisión concluyó que eran víctimas de violación a su integridad personal “los familiares de Juan Francisco Arrom Suhurt, a saber, su pareja y los hijos que tenían en ese momento y sus hermanas Cristina, Marina, Carmen y María Auxiliadora; así como [...] los familiares de Anuncio Martí Méndez, a saber, su pareja y el hijo que tenía al momento que ocurrieron los hechos y sus hermanas Marina Cristina y Marta Ramona”. Posteriormente, en el párrafo conclusivo del Informe de Fondo, la Comisión señaló que “el Estado de Paraguay es responsable por la violación de los derechos a la personalidad jurídica, a la vida, a la integridad personal, a la libertad personal, a las garantías judiciales y a la protección judicial establecidos en los artículos 3, 4, 5, 7, 8 y 25 de la Convención Americana, en relación con la obligación establecida en el artículo 1.1 del mismo instrumento, en perjuicio de Juan Francisco Arrom Suhurt[,] Anuncio Martí Méndez y sus familiares”. La Corte entiende que el término “familiares” incluido en la conclusión del Informe de Fondo, se refiere a los familiares previamente identificados en el capítulo de integridad personal.

25. Por otra parte, los representantes en sus alegatos incluyeron a otros familiares de Juan Arrom Suhurt y de Anuncio Martí Méndez (14).

26. Con relación a la identificación de presuntas víctimas, la Corte recuerda que el artículo 35.1 del Reglamento de la Corte dispone que el caso le será sometido mediante la presentación del Informe de Fondo, que deberá contener la identificación de las presuntas víctimas. Corresponde pues a la Comisión identificar con precisión y en la debida oportunidad procesal a las presuntas víctimas en un caso ante la Corte (15), salvo en las circunstancias excepcionales contempladas en el artículo 35.2 del Reglamento de la Corte, de conformidad con el cual, cuando se justifique que no fue posible identificarlas, por tratarse de casos de violaciones masivas o colectivas, el Tribunal decidirá en su oportunidad si las considera víctimas de acuerdo con la naturaleza de la violación (16).

27. Este Tribunal encuentra que en el presente caso no corresponde aplicar la excepción prevista en el artículo 35.2 del Reglamento. En consecuencia, solo se podrán considerar como presuntas víctimas a aquellas personas identificadas con precisión en el Informe de Fondo. Por tanto, solo se considerará como presuntas víctimas a Juan Arrom Suhurt, Anuncio Martí Méndez, Cristina Arrom Suhurt, Carmen Arrom Suhurt, Maria Auxiliadora Arrom Suhurt, Marina Arrom Suhurt, María Cristina Martí Méndez y Marta Ramona Martí Méndez.

28. Por último, la Corte advierte que parte de los alegatos del Estado se refieren a que no existiría prueba o argumentación suficiente respecto a determinadas violaciones a la Convención respecto de los familiares de Juan Arrom Suhurt y Anuncio Martí Méndez. Estos alegatos son relativos al fondo del caso y por tanto no serán examinados en este capítulo.

B. Sobre el marco fáctico del caso

B.1 Alegatos de las partes y de la Comisión

29. El Estado alegó que “[l]uego de haberse cerrado el proceso de admisibilidad” los peticionarios han introducido al proceso argumentos referentes a publicaciones en prensa en el año 2010, donde se incluía a las presuntas víctimas dentro de una publicación titulada “enemigos del pueblo”. Por tanto, el Estado señaló que se encontró “en un [e]status de indefensión” sin poder realizar consideraciones sobre la falta de agotamiento de recursos internos sobre estos hechos ante la Comisión, puesto que estos ocurrieron tras el informe de admisibilidad.

30. La Comisión observó que la propaganda publicada “se trató de un hecho superviniente en el marco de la investigación penal seguida contra los señores Arrom y Martí en Paraguay y una evidencia adicional de la ausencia de garantías en dicho proceso, incluyendo la garantía de imparcialidad”. Por lo que “no resulta necesario continuar exigiendo el agotamiento de los recursos internos relativo a cada hecho de esa naturaleza”. Agregó que “si el Estado consideraba que estos hechos no eran supervinientes y tenía tal entidad e independencia para exigir el agotamiento de los recursos internos de manera autónoma, debió plantear tal cuestión en el procedimiento ante la Comisión en la primera oportunidad que tuvo sobre este alegato".

31. Los representantes alegaron que el Estado tuvo la oportunidad de presentar esta excepción cuando el caso se hallaba ante la Comisión, pero no lo hizo. Argumentaron que las publicaciones del año 2010 en adelante “deben ser entendidas como una actividad más de la persecución ilegal en contra [las presuntas víctimas], la cual [...] continúa [...] hasta la fecha”.

B.2 Consideraciones de la Corte

32. En el presente caso el Estado alegó ante la Corte que no se agotaron recursos internos respecto a una publicación realizada en el 2010 titulada “Enemigos del Pueblo Paraguayo BUSCADOS”, la cual incluye a Juan Arrom y Anuncio Martí, ofreciendo una recompensa de hasta quinientos millones de guaraníes (₲500.000.000) por información útil que lleve a su captura (17). A pesar de ser denominado por el Estado como una excepción preliminar de falta de agotamiento de recursos internos, de la lectura de los alegatos del Estado se desprende que en realidad lo que se está objetando es la inclusión de estos hechos dentro del proceso ante el Sistema Interamericano.

33. La publicación mencionada está incluida en el Informe de Fondo y tanto la Comisión como los representantes alegaron violaciones a la Convención Americana al respecto. Esta publicación está relacionada con la investigación penal seguida contra los señores Arrom y Martí en Paraguay por su presunta participación en el secuestro de la señora María Edith Bordón de Debernardi.

34. De acuerdo a la jurisprudencia de la Corte, el marco fáctico del proceso se encuentra constituido por los hechos contenidos en el Informe de Fondo sometidos a su consideración (18). Sin embargo, ante un alegato como el realizado por el Estado paraguayo en el presente caso, se torna necesario examinar si los aludidos hechos forman parte realmente del objeto del caso cuya admisibilidad fue examinada por la Comisión, y si estos pudieran considerarse hechos supervinientes.

35. El Informe de Admisibilidad analiza la alegada detención y tortura de las presuntas víctimas y la investigación penal realizada respecto a estos hechos (19). Tras la admisibilidad del caso, el 23 de agosto de 2010, los representantes hicieron referencia a la campaña iniciada por el Estado dónde se ofrecía recompensa a quien brindara información del paradero de las presuntas víctimas (20). En respuesta a este escrito el Estado señaló que las presuntas víctimas son acusadas en el proceso seguido por el secuestro de la señora María Edith Bordón de Debernardi y que “[c]ualquier alegación sobre irregularidades en este proceso debe ser puesto a consideración del Tribunal de Sentencias formado para el juicio oral y público [de ese] caso” (21). Posteriormente el 7 de noviembre de 2011 el Estado indicó que la causa seguida por el secuestro de la señora María Edith Bordón de Debernardi “necesariamente debe separarse de los hechos de supuesta privación de libertad y torturas cometidas contra los señores Arrom y Martí, y en ese sentido cualquier planteamiento o irregularidad debe ser puesto a consideración de cada órgano que interviene en dichos procesos en forma separada” (22).

36. En el Informe de Fondo la Comisión advierte que:

Los peticionarios manifestaron que el Estado violó sus derechos en el proceso judicial sobre el secuestro de la señora María Edith Bordón. El Estado sostuvo que las posibles irregularidades en dicho proceso deben ser debatidas en los tribunales nacionales y que la Comisión no es competente para pronunciarse al respecto. La Comisión estima que el asunto sobre el cual se pronunciará es, principalmente, la alegada desaparición y tortura contra Juan Arrom y Anuncio Martí, sin embargo, advierte que los hechos del caso se entrelazan con el proceso del secuestro de la señora Bordón. Por lo tanto, abordará este último proceso siempre que tenga relación con las posibles violaciones alegadas por las presuntas víctimas.

37. La Corte nota que la publicación titulada “Enemigos del Pueblo Paraguayo BUSCADOS” tuvo lugar ocho años después de que se adelantó la investigación por la alegada desaparición forzada de los señores Arrom Suhurt y Martí Méndez y que ocurrieron en el marco de un proceso judicial diferente, por lo tanto, al margen de las conclusiones a las que haya llegado la Comisión en el Informe de Fondo, este Tribunal no considera que se trate de hechos supervinientes dentro de la petición inicialmente sometida a consideración de la Comisión, ni guardan relación con las alegadas violaciones a las garantías judiciales y a un recurso judicial efectivo en el marco de la investigación de la alegada desaparición forzada y por lo tanto no tiene relación con el marco fáctico del presente caso.

38. En consecuencia, la inclusión en el Informe de Fondo de la publicación titulada “Enemigos del Pueblo Paraguayo” no está relacionada con el objeto de la litis, por lo que no puede ser considerada como parte del marco fáctico del caso. Adicionalmente, es necesario resaltar que la Comisión no examinó la admisibilidad de estos hechos. Por tanto, la Corte no tomará en cuenta la publicación titulada “Enemigos del Pueblo Paraguayo BUSCADOS” ni examinará las violaciones alegadas al respecto.

V PRUEBA

A. Admisibilidad de la prueba documental

39. El Tribunal recibió diversos documentos presentados como prueba por la Comisión, los representantes y el Estado, así como también aquellos solicitados por la Corte o su Presidencia como prueba para mejor resolver, los cuales, como en otros casos, admite en el entendido que fueron presentados en la debida oportunidad procesal (artículo 57 del Reglamento) (23) y su admisibilidad no fue controvertida ni objetada.

40. Por otra parte, respecto a la prueba superviniente aportada por el Estado el 28 de enero de 2019 (supra párr. 10), el Estado señaló que “el motivo del ofrecimiento extemporáneo era la recepción recién el 25 de enero [de 2019] del expediente administrativo” y que por esta razón “no podría haber sido ofrecido con anterioridad por no ser conocido su contenido”. Este Tribunal recuerda que no es admisible la prueba remitida fuera de las debidas oportunidades procesales, salvo en las excepciones establecidas en el referido artículo 57.2 del Reglamento, a saber, fuerza mayor, impedimento grave o si se tratare de un hecho ocurrido con posterioridad a los citados momentos procesales (24). La Corte no considera que la justificación brindada por el Estado se ajuste a alguno de estos presupuestos, y tampoco fue solicitada expresamente por la Corte, por lo cual la prueba resulta extemporánea en los términos del artículo 57.2 del Reglamento de la Corte, y por ende es inadmisible.

41. Respecto a la prueba presentada por el Estado y los representantes junto con sus alegatos finales escritos, adicional a la solicitada por los Jueces en la audiencia pública (supra párr. 13) (25), la Corte advierte que los representantes no han justificado la razón por la cual, en los términos del artículo 57.2 del Reglamento de la Corte, han presentado los anexos 8(26), 23(27), 25(28), y 27(29) junto con los alegatos finales escritos, pues el momento procesal oportuno para hacerlo era junto con su escrito de solicitudes y argumentos. En consecuencia, dichas pruebas son extemporáneas y de conformidad con el artículo 57.2 del Reglamento, no procede su admisión al acervo probatorio del presente caso. Por otro lado, el anexo 51(30) se refiere a hechos supervinientes por lo que son aceptados por este Tribunal. Respecto a los demás anexos aportados por los representantes la Corte advierte que ya formaban parte del expediente de prueba del caso, por lo cual no estima necesario un pronunciamiento separado sobre su admisibilidad.

42. Por último, los días 15 y 16 de marzo de 2019 los representantes informaron sobre ciertos hechos supervinientes, relativos a su condición de refugiados en Brasil, y anexaron páginas del libro de Juan Arrom “Callejones del terror”, varias notas periodísticas y un video de declaraciones ante un medio de comunicación de María Edith Bordón de Debernardi de 11 de marzo de 2019 como prueba(31). El Estado alegó que estas notas periodísticas no guardan relación con el caso. La Corte admite las notas periodísticas y el video de las declaraciones de María Edith Bordón al considerarse hechos supervinientes relacionados con el presente caso. En cuanto a las páginas del libro mencionado, el Tribunal constata que el mismo ya forma parte del expediente de prueba del caso, por lo cual no estima necesario un pronunciamiento sobre su admisibilidad.

B. Admisibilidad de la prueba testimonial y pericial

43. La Corte escuchó en audiencia pública las declaraciones de Juan Francisco Arrom Suhurt, Cristina Haydée Arrom Suhurt, Óscar Germán Latorre Cañete, y Edgar Gustavo Sánchez Caballero. Asimismo, los representantes remitieron al Tribunal los días 24 y 26 de enero de 2019 las declaraciones ante fedatario público de dieciséis personas(32). Por su parte, el señor Marcelo Kimati Dias, perito ofrecido por los representantes, remitió el 31 de enero de 2019 las pericias médico-psiquiátricas practicadas a los señores Arrom y Martí. El Estado aportó el 31 de enero de 2019 las declaraciones ante fedatario público de Adolfo René Marín Ferreira y Juan Carlos Duarte Martínez, así como los peritajes de Pablo Ernesto Lemir Marchese y Nicolás Garcete. La Comisión remitió al Tribunal el peritaje de Víctor Madrigal Borloz los días 31 de enero y 1 de febrero de 2019.

44. En tanto no fueron objetadas por las partes, la Corte estima pertinente admitir las declaraciones de Juan Francisco Arrom Suhurt, Cristina Haydée Arrom Suhurt, Óscar German Latorre Cañete, Edgar Gustavo Sánchez Caballero, Anuncio Martí Méndez, María Auxiliadora Arrom de Orrego, Carmen Edilia Arrom de Cabello, Carmen Marina Arrom Suhurt, María Cristina Martí Méndez, Marta Ramona Martí de Páez, Héctor Raúl Marín Peralta, Federico Aníbal Emery, Esperanza Martínez, Carlos Portillo Esquivel, Mario Torres, Víctor Antonio Colmán Ortega, Liza Liana Larriera Rojas, Gloria Elizabeth Blanco, Elena Mendez Vda. de Martí, y Paulo Ezequias de Jesús, en lo que se ajusten al objeto que fue definido por la Presidencia en la Resolución mediante la cual se ordenó recibirlos (supra párr. 11). Los alegatos presentados relativos a la valoración de las declaraciones serán tomados en cuenta al momento de examinar dicha prueba.

45. Por otro lado, la Corte advierte que el Estado solicitó al Tribunal declarar inadmisible los peritajes de Marcelo Kimati Dias y de Víctor Madrigal Borloz ya que, entre otros, la versión firmada por un fedatario público llegó una vez vencido el plazo para presentar dichos peritajes. Al respecto, la Corte advierte que una versión de ambas declaraciones llegó el 31 de enero de 2019, fecha en la cual vencía dicho plazo. Sin embargo, estas versiones no cumplían con el requisito de haber sido realizadas ante fedatario público. El 1 de febrero de 2019 la Comisión remitió el peritaje ante fedatario público del señor Madrigal, mientras que el peritaje ante fedatario público de Marcelo Kimati Dias fue recibido el 25 de febrero de 2019. Al respecto, la Comisión señaló que el retardo se había debido a motivos imponderables, y los representantes no presentaron alegatos al respecto. En vista de que la Comisión y los representantes no fundamentaron debidamente la presentación extemporánea de los peritajes, este Tribunal decide declararlos inadmisibles de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 57.2 del Reglamento de la Corte.

VI

HECHOS PROBADOS

46. En atención a los alegatos presentados por las partes y la Comisión, se expondrán los principales hechos del caso en el siguiente orden: A) los hechos sucedidos entre el 17 y el 30 de enero de 2002; B) diligencias realizadas por los familiares e investigación de los hechos, y C) refugio de Juan Arrom y Anuncio Martí en Brasil. No se ha demostrado ante esta Corte que estos hechos hubiesen ocurrido dentro de un contexto de práctica sistemática y generalizada de desapariciones forzadas ni tampoco dentro de un contexto de persecución a las presuntas víctimas por sus actividades políticas.

A. Hechos sucedidos entre el 17 y 30 de enero de 2002

47. El 19 de enero de 2002 el Ministerio Público ordenó la detención de Juan Arrom Suhurt y Anuncio Martí Méndez por su presunta participación en un secuestro(33). De acuerdo a notas de prensa, desde el 20 de enero de 2002, el Ministro del Interior, Julio César Fanego manifestó que varios dirigentes de la organización Patria Libre estaban involucrados en el secuestro de la señora María Edith Bordón, incluyendo a Juan Arrom Suhurt y que “desde el [15 de enero] ya se estaba montando vigilancia sobre los autores morales, por lo que estaba muy seguro que ser[ían] atrapados todos los que participaron en el secuestro”(34). Paralelamente, desde el 20 de enero de 2002 fue ampliamente difundido en prensa que Juan Arrom Suhurt y Anuncio Martí Méndez se encontraban desaparecidos(35).

48. La Corte advierte que existe controversia sobre lo ocurrido durante el 17 y 30 de enero de 2002 a las presuntas víctimas. Por un lado, los representantes y la Comisión alegaron que las presuntas víctimas fueron privadas de la libertad el 17 de enero, lo cual constituyó el inicio de una desaparición forzada que tuvo fin el 30 de enero de 2002, cuando fueron encontrados con vida. Indicaron además que durante este tiempo habrían sido sujetos a tortura. Señalaron que esos actos los habrían realizado grupos de la Policía Nacional, con aquiescencia de altos mandos del Ministerio del Interior, del jefe de la Policía y la Fiscalía Nacional. Por otro lado, el Estado sustentó su defensa en que no se ha demostrado la participación de agentes del Estado, y que las presuntas víctimas están evadiendo la justicia interna dentro del proceso de la investigación del secuestro de María Edith Bordón. La Corte resolverá la controversia relativa a la participación de los agentes estatales en el capítulo de fondo respectivo.

49. En este capítulo se resumirá la información recibida que relata la aprehensión de las presuntas víctimas el 17 de enero de 2002, su aparición el 30 de enero de 2002 y los posibles maltratos a los que fueron sujetos.

50. De acuerdo a lo declarado por Juan Arrom y Anuncio Martí, el 17 de enero se encontraban en casa de Anuncio Martí (36). Salieron de la casa en el automóvil del señor Martí Méndez para comprar pañales para su hijo y llevar al señor Arrom Suhurt al centro (37). Detuvieron un momento el vehículo y el señor Arrom Suhurt descendió para hablar por teléfono celular con la persona con quien se iba a encontrar (38). Ambas presuntas víctimas declararon que en ese momento habrían sido abordados por unos hombres armados y vestidos de civiles, quienes habrían subido a Juan Arrom a un vehículo Gol blanco y pasado a Anuncio Martí al asiento de atrás de su vehículo(39). Esto fue aproximadamente a las 22:00 (40). Indicaron que les habrían vendado los ojos, golpeado, asfixiado e interrogado sobre el secuestro de la señora María Edith Bordón y la organización Patria Libre (41). Luego los habrían llevado a un río y habrían sido sujetos a torturas por inmersión, hasta el punto que el señor Arrom Suhurt se habría desmayado (42).

51. Las presuntas víctimas señalaron que los habrían llevado a una casa donde no había nada, luego los habrían trasladado a otra, dónde ocurrió una inundación, por lo que los habrían conducido a una tercera casa, dónde fueron encontrados (43).

52. Por otro lado, el 30 de enero de 2002 Cristina Haydée Arrom Suhurt recibió información de que su hermano y Anuncio Martí podrían estar detenidos en una casa en Villa Elisa (44). Las hermanas de Juan Arrom, Cristina Haydée y María Auxiliadora, acudieron a la dirección (45).

53. De acuerdo a declaraciones de algunas personas presentes, así como a un video aportado, filmado por el canal Telefuturo, se puede establecer que cuando llegaron las hermanas del señor Arrom Suhurt encontraron dos vehículos Gol sin chapa estacionados, uno blanco en la entrada del garaje y uno gris dentro del garaje (46). En un momento una persona se asomó por una de las ventanas de la casa, y segundos después un vehículo Gol blanco sin chapa pasó por la calle frente a la vivienda (47). Aproximadamente un minuto después, ambos autos estacionados se retiraron apresuradamente (48).

54. Anuncio Martí Méndez declaró que el 30 de enero a las 18:00 aproximadamente escuchó sonar los celulares de los secuestradores. A los pocos minutos escuchó que salió uno de los vehículos Gol, por una rendija vio que habían cámaras de televisión y periodistas, por lo que empezó a gritar (49). El señor Arrom Suhurt declaró que al escuchar a Anuncio Martí gritar fue a su habitación y comenzó a gritar junto a él (50).

55. La Corte constata que en el video se escuchan gritos que dicen: “¡Soy Anuncio Martí, estoy aquí con Juan Arrom!...Soy Anuncio” (51) y “Acá estamos!, yo soy, yo soy Juan!” (52). Posteriormente, se observa como la mano de Anuncio Martí Méndez sale por una de las ventanas y se escuchan unos gritos diciendo: “¡que nos saquen de acá!, por favor! ¡Por favor! Somos Anuncio y Juan Arrom” (53). Minutos después llegaron oficiales de la policía, los cuales atravesaron el portón de la vivienda y se acercaron a la ventana dónde se veía la mano del señor Martí Méndez. Realizaron un breve recorrido por las afueras del inmueble, le indicaron a un periodista que no podían ingresar sin orden fiscal y se retiraron (54). Seguidamente, Juan Arrom salió por la puerta principal de la vivienda sin camisa, con las manos en alto, y con marcas de golpes en su espalda inferior, seguido por Anuncio Martí (55). Ambos declararon ante medios de comunicación y familiares lo que habría sucedido (56). En un momento se observa a Anuncio Martí entrar de nuevo a la casa y luego volver a salir con una camiseta, sus anteojos y otros objetos (57).

56. Luego de dar declaraciones a la prensa, Juan Arrom y Anuncio Martí intentaron ingresar a un vehículo pero les fue impedido por policías. En ese momento, Héctor Raúl Marín Peralta, el Defensor Adjunto del Pueblo, se interpuso entre las presuntas víctimas y agentes de policía, indicándoles que él se haría responsable (58). Tras varios forcejeos entre los policías y los manifestantes presentes, un policía ingresó a un automóvil donde se encontraban las presuntas víctimas y se dirigieron al centro de salud privado Sanatorio Migone (59).

57. En el Sanatorio Migone les realizaron un examen médico, el cual está firmado por trece doctores (60). En el informe realizado a Juan Arrom Suhurt se constató que tenía heridas o hematomas en la cabeza, el cuello, el tórax, el abdomen, los glúteos, el pene, los testículos y miembros superiores e inferiores, destacando la presencia de un gran hematoma en las paredes posterior y laterales del abdomen y glúteos (61). Este informe concluyó que Juan Arrom Suhurt “ha sufrido diversos traumatismos con armas contundentes naturales (manos y pies), armas contundentes propiamente dichas (culata de arma de fuego y objetos metálicos como esposas). Estas lesiones podrían tener alrededor de 15 días de evolución, excepto el gran hematoma descrito que [...] lleva entre 5 y 7 días de evolución”(62).

58. Anexo al informe hay una evaluación psiquiátrica de la misma fecha que concluyó que el señor Arrom Suhurt se encontraba en estado de alarma, de estrés permanente, de labilidad emocional afectiva y de insomnio(63).

59. Por solicitud de Cristina Arrom Suhurt, este examen médico fue presenciado por una notaria pública, quien indicó que el examen fue realizado por nueve doctores(64) y que se encontraban presentes otros seis doctores(65).

60. Por otra parte, en el informe del examen médico realizado a Anuncio Martí Méndez se constató que tenía una cicatriz de reciente excoriación en la cabeza, un hematoma en el abdomen y lesiones en los miembros superiores e inferiores(66). Este informe concluyó que Anuncio Martí Méndez “ha sufrido diversos traumatismos con armas contundentes naturales (manos y pies), armas contundentes propiamente dichas (culata de arma de fuego y objetos metálicos como esposas). Estas lesiones podrían tener alrededor de 15 días de evolución”(67).

61. Anexo al informe hay una evaluación psiquiátrica de la misma fecha que concluyó que el señor Martí Méndez se encontraba en estado de alarma permanente aunque se reduzca la situación amenazante, labilidad afectiva, temor, inseguridad, hipertensión arterial. Indicó que puede presentar insomnio, pesadillas, y estrés postraumático(68).

62. En el expediente además se encuentran fotos y un video de las lesiones que tenían Juan Arrom y Anuncio Martí después de su liberación, donde se aprecian lesiones en diferentes partes del cuerpo, lo cual es consistente con el relato de los informes médicos(69).

B. Diligencias realizadas por los familiares e investigación de los hechos

B.1 Gestiones realizadas a instancia de los familiares

63. De acuerdo a lo declarado por las presuntas víctimas, el 19 de enero, las hermanas de Juan Arrom lo buscaron en el Ministerio del Interior, en Comisarías, en el Cuartel Central de la Policía Nacional y en el Departamento de Investigación de Delitos(70). El 20 de enero visitaron al Fiscal Hugo Velázquez en la Fiscalía de Luque y al Comisario González Cuquejo en el Departamento de Investigación de Delitos(71). El 23 de enero fueron al Comando de Artillería de Paraguarí y al Control de Automotores de la Policía Nacional(72). Posterior a ello se dirigieron al Arzobispado, y luego al Congreso, en donde los recibió un senador, quien los convocó para que al día siguiente se presentara su caso en la Comisión Permanente del Congreso(73).

64. Paralelamente, el 19 de enero de 2002, las señoras Cristina Arrom y Carmen Marina Arrom presentaron un recurso de Hábeas Corpus Reparador a favor de su hermano Juan Arrom, solicitando que se dispusiera inmediatamente su libertad. Aseguraron que, en los medios de comunicación, se había manifestado que él habría sido aprehendido el jueves 17 de enero de 2002 por autoridades de la Policía o del Ministerio del Interior y que habría sido llevado a la zona de Ybycuí.(74).

65. El 20 de enero el Juez ordenó librar oficio al Ministerio del Interior y a la Policía Nacional a fin de que informara si Juan Arrom Suhurt se encontraba detenido(75). En respuesta, el Jefe del Departamento Judicial, el Departamento de Investigación de Delitos y el Ministro del Interior informaron que Juan Arrom no se encontraba detenido(76). El 22 de enero las hermanas Arrom Suhurt presentaron un nuevo escrito reiterando que el señor Arrom Suhurt se encontraba en dependencias de Organismos de Seguridad del Estado, sin poder determinar el sitio exacto de reclusión(77).

66. El 23 de enero de 2002, el Juzgado resolvió no hacer lugar al pedido de Hábeas Corpus(78). Al respecto señaló que “no c[ontaba] con la certeza que Juan Francisco Arrom Suhurt se hall[ara] privado de su libertad”(79). Indicó que el hábeas corpus “no está orientad[o] a evitar la modificación de una situación de hecho existente, es decir, la ausencia con paradero desconocido del [s]eñor Juan Francisco Arrom Suhurt -existiendo una orden de privación de libertad ordenada por una [a]utoridad competente-; el [j]uzgado arriba a la conclusión de que corresponde [n]o [h]acer [l]ugar al pedido de Hábeas Corpus Reparador, [...] al advertir [...] que no existe libertad física ilegal que restaurar”(80).

67. El 23 de enero de 2002, las señoras María Cristina y Marta Ramona Martí Méndez presentaron un Hábeas Corpus Preventivo a favor de Anuncio Martí Méndez aduciendo que aquel se encontraba desaparecido desde el día jueves 17 de enero de 2002 y, que estaría recluido en una dependencia policial(81). Ese mismo día el juez ordenó librar oficio al Ministerio del Interior y a la Policía Nacional a fin de que informara si Anuncio Martí Méndez se encontraba detenido(82).

68. El 24 de enero de 2002, el Juzgado Penal resolvió no hacer lugar al pedido de Hábeas Corpus. Señaló que “las circunstancia[s] de lo planteado [...] no se ajusta a lo dispuesto en [la Constitución] en atención a que del informe policial se desprende que [Anuncio Martí] no se enc[ontraba] detenido en dependencias policiales”. Por lo que consideró que no se reunían los presupuestos para una detención ilegal en su contra “teniendo en cuenta la existencia de una orden de detención emanada de la [F]iscalía en su contra”(83).

69. Por otra parte, la Comisión Interamericana dictó medidas cautelares el 6 de febrero de 2002 para “asegurar la vida e integridad física de Juan Francisco Arrom Suhurt y Anuncio Martí Méndez”(84).

B.2 Investigación penal

70. El 24 de enero de 2002 las hermanas de Anuncio Martí Méndez presentaron una denuncia penal por la desaparición de Anuncio Martí junto con Juan Arrom desde el 17 de enero. Indicaron que de acuerdo a los medios de prensa ese día había sido detenido por efectivos policiales y conducido a dependencias del Departamento de Investigaciones de la Policía Nacional. Señalaron que “otras versiones referían a que [...] estaría detenido en una Estancia en Ybycuí, propiedad del [entonces] Ministro del Interior”(85). En la mañana del 30 de enero de 2002, a solicitud de las hermanas de Anuncio Martí Méndez, el fiscal se constituyó en la casa del señor Martí Méndez para realizar una inspección(86).

71. Tras el hallazgo de las presuntas víctimas, el mismo 30 de enero se realizó una inspección a la casa donde fueron encontrados Juan Arrom y Anuncio Martí(87). Al día siguiente se realizó un allanamiento de otra casa en Villa Elisa, dónde presuntamente habrían estado detenidas las presuntas víctimas los primeros días(88). El 2 de febrero de 2002 el fiscal remitió las evidencias recolectadas en los mencionados allanamientos para realizarles análisis criminalístico(89).

72. El 1 de febrero de 2002, Marta Ramona Martí amplió la denuncia penal indicando que Anuncio Martí también fue víctima de tortura, por lo que solicitó la realización de varias diligencias y anexó el informe médico realizado el 30 de enero(90).

73. El 7 de febrero de 2002, el Ministerio Público imputó a los señores Saturnino Antonio Gamarra Acosta y José David Schémbori Ocampos los delitos de privación de la libertad, desaparición forzosa y tortura contra Juan Arrom y Anuncio Martí(91). Posteriormente, el Ministerio Público imputó al Jefe del Centro de Investigación Judicial del Ministerio Público, Javier Cazal Elizeche por los mismos delitos(92). El 14 de febrero de 2002 se ordenó la detención de Juan Carlos González Villar, por ser el arrendatario de la casa donde fueron encontradas las presuntas víctimas(93). Sin embargo, la misma no pudo ser procesada por no coincidir el número de cédula que se encontraba en el contrato de arrendamiento con el nombre de Juan Carlos González Villar(94).

74. El 7 y 26 de febrero de 2002, Juan Arrom y Anuncio Martí presentaron, respectivamente, una querella por los hechos de los que adujeron ser víctimas(95).

75. Durante las investigaciones se recibieron las declaraciones de las presuntas víctimas, sus familiares, del Ministro del Interior, del Ministro de Justicia y Trabajo, del Fiscal General, de tres fiscales del Ministerio Público, y de al menos de 16 oficiales de policía, y 87 personas que podrían tener información sobre lo sucedido, o de los posibles implicados(96). Adicional a ello se solicitaron diversas informaciones(97), se realizó la reconstrucción de los hechos del momento de la presunta detención de Juan Arrom y Anuncio Martí(98) y del hallazgo de los mismos(99). También se realizaron retratos hablados con base en lo manifestado por Juan Arrom(100).

76. El 29 de enero de 2003 se presentó el informe criminalístico sobre las evidencias recabadas en las inspecciones y allanamientos realizados el 30 y 31 de enero de 2002(101). En este se hace notar que el 13 de febrero de 2002 se calendarizaron los estudios que se realizarían a estas evidencias entre el 15 y el 19 de febrero, y que estos no fueron cumplidos por inasistencia de “los representantes de los señores Arrom y Martí”(102). Por tanto no fueron procesadas las evidencias.

77. El 8 de febrero de 2003, el Ministerio Público solicitó el sobreseimiento definitivo de los imputados en el proceso, Javier Benjamín Cazal Elizeche, José David Schémbori y Saturnino Antonio Gamarra Acosta(103). En esa misma fecha solicitó la desestimación de las querellas instauradas, ya que “de las circunstancias fácticas que supuestamente podrían incriminar a los querellados, no constituye[ron] hechos punibles”(104).

78. Por su parte, el 8 y 10 de febrero, respectivamente, Anuncio Martí y Juan Arrom presentaron acusación contra los imputados y ofrecieron determinada prueba(105). El 28 y 31 de marzo de 2003, Anuncio Martí y Juan Arrom, se opusieron a la solicitud de sobreseimiento y solicitaron que se practicaran algunas pruebas(106).

79. El 14 de mayo de 2003 se llevó a cabo la audiencia preliminar(107). Ese mismo día la Jueza a cargo determinó que los fundamentos del requerimiento de sobreseimiento definitivo no eran suficientes “debido a que la no participación de los imputados debe aparecer de manera evidente y sin lugar a dudas”. Destacó que en el caso “existen diversos elementos probatorios que deben ser debatidos y analizados en juicio oral y público”(108). En consecuencia, ordenó que las actuaciones se remitieran al Fiscal General para que acusara o ratificara la petición efectuada por los fiscales que actuaron inicialmente, tal como lo disponía el Código Procesal Penal(109).

80. El 27 de mayo de 2003, el Fiscal Adjunto, encargado del despacho de la Fiscalía General de la Nación ratificó la solicitud de sobreseimiento presentada por los agentes fiscales a favor de Antonio Gamarra, José David Schémbori y Javier Cazal, y consideró que era ajustada a derecho la desestimación de la querella presentada contra Hugo Velázquez Moreno, Julio César Fanego Arellano y Silvio Gustavo Ferreira Fernández(110).

81. El 19 de junio de 2003, el abogado de Juan Arrom presentó una excepción de inconstitucionalidad porque consideró que la aplicación del artículo 358 del Código Procesal Penal en la causa era contraria a los derechos constitucionales de su defendido. El citado artículo dispone que el Juez no podrá decretar apertura a juicio si no existe acusación fiscal(111). El 19 de septiembre de 2003, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia desestimó la excepción de inconstitucionalidad, al considerar que el artículo 358 del Código Procesal Penal formaba parte de una serie de disposiciones del sistema penal acusatorio de carácter mixto en el cual el Ministerio Público tiene la función de acusar y el Juez de Garantías tiene la de asegurar la protección de los derechos del imputado y la víctima, así como la de analizar las evidencias obtenidas en la investigación(112).

82. El 4 de noviembre de 2003, el Juez Penal decretó el sobreseimiento definitivo respecto de Javier Cazal, Antonio Gamarra y José David Schémbori, y dispuso la extinción de la acción penal en la causa. El Juez expuso que el artículo 358 del Código Procesal Penal establece que si el Ministerio Público no ha acusado, el Juez solicitará que las actuaciones se remitan al Fiscal General para que aquel acuse o ratifique lo dicho por el fiscal anterior; luego, si el Fiscal ratifica que no pretende acusar, el Juez debe resolver de acuerdo con lo que solicite el Ministerio Público. En consecuencia, teniendo en cuenta que la petición de sobreseimiento fue ratificada por Fiscales del Ministerio Público, el Juez consideró que, independientemente de su convencimiento interno, le correspondía decretar el sobreseimiento de los imputados(113).

83. El 11 y 12 de noviembre de 2003, los abogados de Anuncio Martí Méndez y Juan Arrom Suhurt presentaron recurso de apelación general contra la decisión del Juez Penal del 4 de noviembre de 2003(114).

84. El 24 de marzo de 2004 la Sala Cuarta del Tribunal de Apelaciones en lo Penal confirmó el sobreseimiento(115). La Sala sostuvo que la función del Fiscal como titular de la acción consistía en presentar ante el Juez solo aquellos casos “racionalmente sustentables y que tengan la posibilidad de superar las reglas de contradicción, examen y contraexamen en juicio oral público”(116). Resaltó además que en ningún caso el juez podrá decretar un auto de apertura a juicio si no hay acusación fiscal(117). Con esta decisión se dio fin definitivo a la causa.

C. Refugio de Juan Arrom y Anuncio Martí en Brasil

85. El 11 de agosto de 2003 Juan Arrom Suhurt y Anuncio Martí Méndez se trasladaron a Brasil(118). El 1 de diciembre de 2003, el Comité Nacional para los Refugiados de Brasil -CONARE- decidió por unanimidad reconocer el estatuto de refugiados por haber “demostrado o fundado temor de persecución por motivos de orden político”(119).

86. En tres oportunidades Paraguay ha solicitado al Gobierno de Brasil la revisión del caso(120). Las primeras dos oportunidades han sido negadas(121). La tercera solicitud de Paraguay fue realizada el 10 de enero de 2019 y a la fecha de emisión de esta Sentencia aún no ha sido resuelta(122).

VII FONDO

87. En el presente caso, la Comisión y los representantes sostienen que Juan Arrom Suhurt y Anuncio Martí Méndez fueron víctimas de desaparición forzada y tortura entre el 17 y el 30 de enero de 2002. El Estado enfatizó que no se ha demostrado la participación de agentes estatales en tales hechos, por lo que no es responsable internacionalmente. Además, se encuentra en controversia si el Estado realizó una investigación completa y diligente, y si es responsable por violaciones de derechos alegadas respecto de los familiares.

88. Este Tribunal advierte que los representantes alegaron la violación de los artículos 11, 22 y 2 de la Convención y los artículos 7 y 9 de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, sin presentar alegatos sobre las razones por las cuales consideraban que se habrían violado. La Comisión no alegó la violación de los mencionados artículos. Por tanto, la Corte considera que no tiene elementos para pronunciarse sobre la alegada violación de los mismos(123).

89. De acuerdo a los alegatos de las partes y la Comisión, en el presente caso la Corte examinará, (1) la alegada violación de los derechos a la libertad personal, integridad personal, vida y reconocimiento de la personalidad jurídica, (2) las alegadas violaciones a las garantías judiciales y a la protección judicial, y (3) la alegada violación a la integridad personal de los familiares de Juan Arrom Suhurt y Anuncio Martí Méndez.

VII-1

ALEGADA VIOLACIÓN DE LOS DERECHOS A LA LIBERTAD PERSONAL(124), INTEGRIDAD PERSONAL(125), VIDA(126) Y RECONOCIMIENTO DE LA PERSONALIDAD JURÍDICA(127), EN RELACIÓN CON LA OBLIGACIÓN DE RESPETAR LOS DERECHOS(128)

A. Alegatos de las partes y de la Comisión

90. La Comisión alegó que “existían múltiples indicios de participación de agentes del Estado” en los hechos relacionados con las alegadas desaparición forzada y tortura de los señores Arrom y Martí. Al respecto destacó que “las declaraciones de Juan Arrom y Anuncio Martí son coherentes entre sí y en estas mencionaron la participación de agentes estatales”. Asimismo resaltó que “(i) de acuerdo con una declaración del Ministro del Interior, Julio César Fanego, difundida en prensa, estaba vigilando a los dirigentes de Patria Libre, días antes de su alegada desaparición, por su posible responsabilidad en el secuestro de la señora María Edith Bordón de Debernardi; (ii) el funcionario policial Antonio Gamarra solicitó al Ministerio Público que emitiera una orden de captura de Juan Arrom y Anuncio Martí, lo que indica que agentes estatales estaban no solo vigilando sino buscando a dichas personas; (iii) existen varios testimonios sobre una actividad inusual en el barrio en el que Juan Arrom y Anuncio Martí alegaron haber sido capturados, justo en el momento en que ellos puntualizaron que fueron detenidos, contexto en el cual el señor Resck adujo haber visto al director del Centro de Investigaciones Judiciales, Javier Cazal, quien también fue identificado por Juan Arrom posteriormente; (iv) el señor Héctor Lacognata afirmó que la esposa del Ministro del Trabajo, Silvio Ferreira, le informó que aquel tenía conocimiento de la detención de Juan Arrom y que él y Anuncio Martí serían presentados a la Fiscalía; (v) según una nota de prensa, el Defensor Adjunto del Pueblo, Héctor Raúl Marín Peralta, denunció que los agentes fiscales, [...] conocían de la detención clandestina de Juan Arrom y Anuncio Martí; (vi) el periodista Aníbal Emery indicó que en el contexto de la liberación de los señores Arrom y Martí, vieron al suboficial José David Schémbori, identificado por Juan Arrom como uno de sus torturadores [...]; (vii) las hermanas de Juan Arrom identificaron a José David Schémbori en el mismo contexto; (viii) Víctor Colmán y Ana Rosa Samudio denunciaron que agentes estatales [...] irrumpieron en su casa y les dijeron que habían detenido a Juan Arrom y a Anuncio Martí; (ix) la periodista Mónica Laneri afirmó que le informaron que Juan Arrom había sido detenido pero que el Comisario González Cuquejo lo desmintió al aire, agregando que le preguntó al [fiscal Velásquez] sobre la situación y que éste le dijo que la situación de Martí era ‘muy negociable’, y (x) las declaraciones -cuya retractación no fue debidamente investigada- de Esteban Centurión y Ángela Estefanía Salinas involucrando al policía Antonio Gamarra”.

91. Los representantes señalaron que Juan Arrom Suhurt y Anuncio Martí vieron y reconocieron a diversos agentes estatales, algunos de los cuales fueron también vistos por Luis Alfonso Resck, Aníbal Emery, Cristina Arrom y María Auxiliadora Arrom. “También algunos de ellos aparecen en las filmaciones y tomas fotográficas realizadas el día del rescate”. Agregaron que en los primeros días “fueron llevados a una primera casa ubicada en Villa Elisa, propiedad de la esposa del entonces Subcomisario Saturnino Antonio Gamarra”, una segunda casa donde permanecieron un día y una tercera casa de reclusión “también en la ciudad de Villa Elisa, propiedad del comisario Octavio Francisco Flores”.

92. El Estado alegó que “no se ha acreditado participación de agentes del Estado”, y que en el presente caso no existe un contexto ni un patrón sistemático de desapariciones, por lo que no se puede utilizar una presunción en perjuicio del Estado. Ratificó que “de la actividad probatoria obrante en los cuatro tomos del expediente judicial y trece tomos del cuaderno de investigación fiscal, se concluyó correctamente que los denunciados no habían participado en los hechos punibles investigados”.

B. Consideraciones de la Corte

93. En el presente caso, los representantes y la Comisión alegaron que los señores Juan Arrom Suhurt y Anuncio Martí Méndez fueron detenidos, torturados y desaparecidos forzadamente por agentes estatales entre el 17 y el 30 de enero de 2002. Por su parte, el Estado señaló que no se ha demostrado la participación de autoridades estatales en tales hechos.

94. Para que se configure una violación a la Convención Americana es necesario que los actos u omisiones que produjeron dicha violación sean atribuibles al Estado demandado. Estos actos u omisiones pueden ser de cualquier poder u órgano del Estado, independientemente de su jerarquía(129). Tomando en cuenta la controversia existente, la Corte procederá a analizar si estos hechos alegados pueden ser atribuidos al Estado y posteriormente, de ser necesario, determinará si los mismos constituyeron violaciones a la Convención Americana y demás tratados internacionales alegados.

95. En casos como el presente donde no existe prueba directa de la actuación estatal, la Corte ha resaltado que es legítimo el uso de la prueba circunstancial, los indicios y las presunciones para fundar una sentencia, siempre que de ellos puedan inferirse conclusiones consistentes sobre los hechos(130). Al respecto, este Tribunal ha señalado que corresponde a la parte demandante, en principio, la carga de la prueba de los hechos en que se funda su alegato; no obstante, ha destacado que, en los procesos sobre violaciones de derechos humanos la defensa del Estado no puede descansar sobre la imposibilidad del demandante de allegar pruebas, cuando es el Estado quien tiene el control de los medios para aclarar hechos ocurridos dentro de su territorio(131).

96. La Corte advierte que el presente caso, a diferencia de otros conocidos por este Tribunal, no se enmarca dentro de un contexto de práctica sistemática y generalizada de desapariciones forzadas, persecución política u otras violaciones de derechos humanos, por lo que no es posible utilizar el mismo para corroborar otros elementos de prueba(132). Tampoco existe en el presente caso prueba alguna que demuestre que las presuntas víctimas estuvieron en manos de agentes del Estado antes de que sucedieran los hechos alegados(133). Por tanto, no es aplicable una presunción en contra del Estado en relación con lo sucedido. En este sentido, contrario a lo señalado por la Comisión, el Estado no tiene la obligación de presentar una tesis alternativa sobre lo sucedido a las presuntas víctimas.

97. Por otra parte, en el presente caso los elementos de prueba presentados por los representantes y la Comisión se refieren primordialmente a la alegada participación de determinados agentes del Estado identificados por las presuntas víctimas, quienes fueron investigados por las autoridades internas. La Corte analizará las conclusiones de esta investigación donde se examinaron elementos de prueba relacionados con la posible participación de dichos agentes estatales en las alegadas violaciones de los derechos convencionales de los señores Arrom Suhurt y Martí Méndez.

98. Tomando en cuenta lo anterior, así como los alegatos de las partes, se procederá a examinar: 1) la información que apuntaría a demostrar la alegada participación estatal en el presente caso, y 2) las conclusiones de la investigación penal realizada sobre los hechos.

B.1 Información que apuntaría a demostrar la alegada participación estatal

99. En el expediente constan: i) declaraciones de las presuntas víctimas; ii) declaraciones de personas que afirman haber presenciado el momento de la detención de las presuntas víctimas por parte de agentes estatales; iii) declaraciones de personas que afirman haber recibido información sobre la participación de los agentes estatales en general, y iv) información sobre las casas donde las presuntas víctimas habrían estado detenidas.

B.1.a Declaraciones de las presuntas víctimas

100. En el presente caso, las presuntas víctimas han realizado diversas declaraciones sobre lo sucedido. Las primeras declaraciones fueron dadas a la prensa justo después de salir de la casa el 30 de enero de 2002. En el video de Telefuturo se observa que tras la liberación, un periodista le preguntó a Anuncio Martí Méndez si puede reconocer a quienes se lo llevaron, a lo que responde: “no sabemos”, seguidamente Juan Arrom Suhurt lo interrumpe diciendo que: “de Investigación Judicial parece que eran, así decían. No, no sabemos nosotros, nos tenían casi todo el día encapuchados”(134).

101. Posteriormente, las presuntas víctimas han señalado que tras su liberación identificaron a algunos agentes estatales al ver fotografías en la prensa(135). Consta en el expediente que el señor Arrom Suhurt declaró el 4 de febrero de 2002 ante el Juez Penal de Garantías(136), el 18 de abril de 2002 durante la diligencia de reconstrucción de hechos sucedidos el 17 de enero(137), el 23 de mayo de 2002 ante agentes fiscales(138), y el 7 de febrero de 2019 en la audiencia pública celebrada en el presente caso(139). Por su parte, el señor Martí Méndez declaró el 31 de enero de 2002, cuando la Procuradora Fiscal coadyuvante de la Unidad Especializada en Hechos Punibles contra los Derechos Humanos lo entrevistó en el Sanatorio Migone(140), el 4 de febrero de 2002 ante el Juez Penal de Garantías(141), el de 11 de febrero de 2002 ante el Juez Instructor de Sumarios del Quinto Turno de la Dirección de Justicia Policial(142), el 18 de abril de 2002 durante la diligencia de reconstrucción de hechos sucedidos el 17 de enero(143); el 31 de mayo de 2002 ante agentes fiscales(144), y el 17 de enero de 2019 ante fedatario público(145).

102. Del análisis de dichas declaraciones, la Corte advierte que, en términos generales, de acuerdo a las presuntas víctimas, (i) identificaron como sus captores al Subcomisario Gamarra, al Suboficial José David Schémbori, al Comisario Francisco Servián y al Suboficial de policía Pablo Ignacio Morinígo; (ii) vieron en al menos una oportunidad al Director del Centro de Investigaciones Judiciales, Javier Cazal, y (iii) el señor Arrom se reunió con el Ministro de Justicia y Trabajo, Silvio Ferreira Fernández, el viernes 18 y posteriormente le pasaron un teléfono donde el Ministro de Interior del Poder Ejecutivo, Julio César Fanego Arellano le habría dicho que se encontraba con el Ministro Ferreira.

103. Por otra parte, María Auxiliadora y Cristina Arrom Suhurt declararon que cuando llegaron a la casa donde estaban Juan Arrom Suhurt y Anuncio Martí vieron una camioneta Blazer de color verde oscuro, chapa ADR642, cerca de la casa(146), y que vieron salir de la casa por un momento un hombre que posteriormente identificaron por haberlo visto en la televisión durante la investigación del secuestro de María Edith Bordón, como José David Schémbori Ocampos(147). Cada una de estas afirmaciones fue corroborada por un declarante(148). Asimismo, la presencia del Suboficial Schémbori Ocampos el 30 de enero también fue señalada por el señor Juan Arrom y Anuncio Martí(149).

104. Por último, las hermanas de Juan Arrom Suhurt declararon haber recibido información entre el 17 y el 30 de enero sobre la participación de agentes estatales en la detención de su hermano. Al respecto, la señora Cristina Haydée Arrom Suhurt declaró que el 19 de enero estando en el Departamento de Investigaciones de Delitos indagando por el paradero de su hermano, un policía vestido de civil se les acercó y les dijo que Juan Arrom Suhurt estaba con el Ministro del Interior(150). Señaló que también les dijeron que el Ministro del Interior se encontraba con su hermano en una estancia o establecimiento en el interior del país(151). Indicó que en una oportunidad se acercó un policía y un periodista y les dijeron que preguntaran por el celular del señor Arrom(152).

105. Por su parte, María Auxiliadora Arrom Suhurt declaró que el 23 de enero en la noche la llamó un periodista del canal 13, quien le habría dicho “que Juan podría estar en el local de Control de Automotores de la Policía Nacional”(153). Señaló que recibieron información que se encontraba en el Comando de Artillería de Paraguarí(154). Asimismo, señaló que el 24 de enero en la noche la llamaron y le dijeron que la policía fue al norte, acompañada de periodistas y que tenían acorralados a Juan y a Anuncio. Declaró que “[e]n Radio Ñandutí [l]e dijeron que era cierto, que la policía se había ido y que la propia radio había enviado periodistas para acompañarla. No recuerdo quien me dio esa información”(155). Señaló que en un momento recibieron información de que podrían estar en manos de grupos parapoliciales o paramilitares, “inclusive [la señora Cristina] había recibido un fax con los nombres de algunos militares supuestamente involucrados, esos mismo nombres habían recibidos periodistas de radio Cáritas”(156).

106. Asimismo, Carmen Marina Arrom Suhurt declaró que el 19 de enero fueron al Departamento de Investigación de Delitos y dos policías en la entrada les dijeron que el Ministro del Interior, Julio César Fanego tenía a su hermano en su estancia de Ybycuí(157). Señaló que el lunes 21 muy temprano la llamó un periodista y le dijo que tenía que ir a “Investigación de Delitos porque un policía [l]e dijo que ahí es que le tienen a Juan”(158). Señaló que cuando fueron, el martes 22, algunos periodistas les dijeron que preguntaran por el celular de Juan Arrom y porqué su camioneta estaría llena de barro(159).

107. La Corte recuerda que conforme a su jurisprudencia las declaraciones de las presuntas víctimas no pueden ser valoradas aisladamente sino dentro del conjunto de las pruebas del proceso, ya que son útiles en la medida que pueden proporcionar mayor información sobre las alegadas violaciones y sus consecuencias(160). En este sentido, en un caso como el presente, ante la ausencia de un contexto y posiciones contradictorias sobre los hechos sucedidos, es necesario que lo señalado por las presuntas víctimas coincida con otros elementos de prueba que permitan a la Corte utilizar estas declaraciones para tener mayor información sobre lo sucedido.

B.1.b Declaraciones de personas que afirman haber presenciado el momento de la detención de las presuntas víctimas por parte de agentes estatales

108. Cuatro vecinos de la zona donde presuntamente detuvieron a Juan Arrom Suhurt y Anuncio Martí declararon haber visto mucho movimiento de autos el 17 de enero de 2002, incluyendo algunos autos sin chapa y que en la noche hubo una aglomeración de gente frente a las oficinas del Centro de Investigación Judicial(161).

109. La Corte resalta que no existen testimonios directos que afirmen haber visto a Juan Arrom Suhurt y Anuncio Martí Méndez ser detenidos. Solo el señor Luis Alfonso Resck Haiter afirmó haber presenciado la detención de una persona, a quién no identificó(162). Asimismo, el señor Resck Haiter declaró que en el operativo se encontraba presente el Director del Centro de Investigaciones Judiciales, Javier Cazal (163).

110. Dentro de las investigaciones realizadas internamente se puso en duda si lo presenciado por los vecinos habría ocurrido el 17 de enero. En este sentido, se advierte que existe un registro de un operativo en la zona el 9 de enero, donde se detuvieron a dos personas(164). Asimismo, uno de los vecinos de la zona declaró que “el día o la noche que pudo el [señor] Resck ser testigo de algo, llegó una romería de gente” y él vio al señor Resck Haiter gesticulando y hablando fuerte. Indicó que fue “probablemente la segunda semana de enero, [...] aproximadamente a las 22 horas”(165). Esta declaración coincide con la ocurrencia de un operativo el 9 de enero de 2002. Por tanto, no se desprende con claridad si la fecha en que ocurrieron los hechos relatados por los vecinos coincide con la fecha de la detención de las presuntas víctimas.

B.2.c Declaraciones de personas que afirman haber recibido información sobre la participación de los agentes estatales en general

111. En el expediente consta que Héctor Ricardo Lacognata Zaragoza, amigo y exconcuñado del señor Arrom Suhurt, declaró que cuando se enteró de la desaparición de Juan Arrom, llamó a la señora Gladis Maubet, esposa del señor Silvio Ferreira, Ministro de Justicia y Trabajo. Señaló que la señora Maubet le confirmó al día siguiente que Juan Arrom se encontraba detenido, pero se encontraba bien y que su esposo, el señor Silvio Ferreira, le pedía que no comentara el tema(166). Le habría señalado además que probablemente presentarían a Arrom a la justicia el 21 de enero(167). Al no ocurrir esto, el señor Lacognata Zaragoza se comunicó nuevamente con la señora Maubet quien le dijo que no se preocuparan “que Juan estaba en manos de gente seria” y que “su marido Dr. Silvio Ferreira, conocía esta gente”(168). Señaló que de acuerdo a la señora Maubet, el señor Arrom “no se encontraba detenido en una dependencia policial, sino que [...] estaba a cargo de un grupo formado especialmente. Este grupo estaba a cargo del Ministro Fanego, pero su esposo, Silvio, “est[aba] controlando la situación y él garantizaba la seguridad de Juan Arrom”(169).

112. En el mismo sentido, Víctor Miguel Benítez Cano, periodista, señaló que fuentes le dijeron cuando aún estaban desaparecidos, que Juan Arrom y Anuncio Martí estaban guardados. Que el plan fue idea de Silvio Ferreira y se hizo con colaboración del Ministro Fanego y el Fiscal General(170). Asimismo, la periodista, Mónica Laneri Ferreira, declaró que de acuerdo a sus fuentes extraoficiales de la policía, Arrom se encontraba detenido por el secuestro de la señora Bordón. Señaló además que el Fiscal Velásquez le había indicado que Anuncio Martí “no era autor moral ni material, que había aportado sus conocimientos de los medios, pero que su situación era muy negociable” (171).

113. Adicionalmente, el señor Víctor Colmán y la señora Ana Rosa Samudio de Colmán, declararon que el 19 de enero de 2002, al ser detenidos por su presunta participación en el secuestro de la señora Bordón, el Director del Centro de Investigación Judicial, Javier Cazal, les habría asegurado que había detenido al señor Arrom el 17 de enero a las 21:00 horas(172), y que el fiscal Velázquez Moreno les habría dicho que tenían a Juan Arrom y a Anuncio Martí(173). En su declaración ante fedatario público el señor Colmán agregó que el Subcomisario de la Policía, Saturnino Antonio Gamarra Acosta y al Suboficial de la Policía, José David Schémbori Ocampos, también le habrían manifestado al momento de su detención que tenían detenidos a las presuntas víctimas(174). Sobre estas declaraciones se deberá tomar en cuenta que antes de la liberación de las presuntas víctimas, los declarantes solo habían hecho referencia a que les habrían insinuado que las presuntas víctimas se encontraban detenidas(175).

114. Por último, el Defensor Adjunto del Pueblo, Héctor Raúl Marín Peralta, declaró que el fiscal Hugo Velázquez Moreno le habría señalado que Juan Arrom y Anuncio Martí se encontraban en manos de otra gente, mencionando en un momento a grupos paramilitares o parapoliciales(176). Esto coincidiría con lo declarado con el señor Víctor Colmán ante fedatario público, cuando señaló que el 20 o 21 de enero cuando el señor Marín Peralta lo vistió en el centro de detención le comentó que “el policía Schémbori y el señor Javier Cazal [le] dijeron que ellos [...] tenían a Arrom y Martí”(177).

115. Respecto de todas estas declaraciones (supra párrs. 108 a 114) la Corte advierte que son testimonios de oídas, ya que los declarantes no percibieron directamente los hechos sino que declararon sobre el relato que les hizo otra persona de un hecho. Por tanto no pueden acreditar la veracidad del hecho en sí mismo, sino solo del relato. Estas declaraciones podrán ser tomadas como un indicio, y no podrán valorarse en forma aislada sino en relación con el resto del material probatorio. En este sentido, es necesario que lo señalado en estas declaraciones coincida con otros elementos de prueba para ser concluyentes en relación a la responsabilidad internacional del Estado. Asimismo, es necesario tomar en cuenta que la declaración del señor Lacognata Zaragoza se refiere al relato dado por una persona sobre lo dicho por otra persona, por lo que su confiabilidad es menor que la de otros testimonios de oídas.

B.2.d Información sobre las casas donde las presuntas víctimas habrían estado detenidas

116. De acuerdo a lo declarado por las presuntas víctimas, durante su detención estuvieron en tres casas diferentes (supra párr. 51).

117. Respecto a la casa donde fueron encontrados consta en el expediente que es propiedad del señor Octavio Francisco Flores García(178), quien no era ni ha sido oficial de policía(179). El 18 de enero de 2002 el señor Flores García alquiló por seis meses la casa a Juan Carlos González Villar, una persona que conoció días antes(180), bajo el acuerdo que se mudaría esa semana(181). Las personas que cuidaban la casa relataron que se mudaron de la misma aproximadamente el 24 de enero para entregar la casa al inquilino(182).

118. El 31 de enero de 2002 las personas que cuidaban la casa, Esteban Centurión Vega y Ángela Estefanía Salinas de Lugo, declararon que el día que se mudaron se presentó en la casa una persona que identificó como Antonio Gamarra quien les consiguió un taxi de carga para que se mudaran(183). En su declaración, el señor Centurión Vega indicó que había recibido constantes visitas de personas extrañas y policías en su casa, y que temía por su integridad(184). No obstante, el 12 de abril de 2002 ambos declarantes se presentaron a la fiscalía y declararon que el 30 de enero recibieron visitas policiales, y que el diputado Luis Alberto Wagner se presentó en su domicilio y los llevó a la fiscalía. El diputado le habría indicado al señor Centurión Vega que “era por [su] propia seguridad”, y que “todo era obra de éstos policías, y que [él] debería involucrarlos, cuyos nombres eran un señor de apellido Gamarra y otro de apellido Schémbori”(185). Asimismo señaló que la señora Cristina Arrom le “manifestó que debería prestar urgente una declaración ante el fiscal de la causa[,] que todo era por [su] seguridad”. En este sentido, destacó que declaró presionado por Luis Alberto Wagner y Cristina Arrom, quienes lo obligaron a involucrar al señor Gamarra y al señor Schémbori(186). Señaló además que tras la aparición de Juan Arrom y Anuncio Martí, recibió amenazas constantes(187). La señora Salinas de Lugo confirmó que su esposo le habría comentado que debían hacer lo que decía el diputado Wagner y Cristina Arrom, sino su vida corría peligro, y ahí hicieron la primera declaración(188). Aclaró que rectificaba la declaración ahora que “ya pasó el susto” aclarando que Cristina Arrom y sus hermanas dijeron que tenían que nombrar en la declaración a Antonio Gamarra(189).

119. Este Tribunal hace notar que no consta en el expediente que se haya investigado las amenazas que el señor Centurión Vega y la señora Salinas de Lugo declararon haber recibido, ni tampoco lo señalado en la segunda declaración. Sin embargo, esto no es razón suficiente para dejar de tomar en cuenta que los declarantes se retractaron de haber visto al señor Gamarra en la casa donde encontraron a las presuntas víctimas, puesto que no se ha acreditado elementos en el expediente para sospechar o cuestionar dicha retractación. Por tanto, las declaraciones iniciales del señor Centurión Vega y la señora Salinas de Lugo no constituyen elementos probatorios que corroboren la participación de agentes estatales en la privación de la libertad de las presuntas víctimas.

120. Por otra parte, la Corte considera que no se cuenta con evidencia, más allá de los dichos de las presuntas víctimas, sobre los otros lugares donde habrían estado detenidos.

B.2 Las conclusiones de la investigación penal realizada sobre los hechos

121. En la investigación realizada respecto de los hechos de este caso se recibió diversa información que respaldaba la inocencia de los agentes del Estado que las presuntas víctimas habían identificado. Con base en esta información la investigación interna fue sobreseída definitivamente y se desestimaron las querellas presentadas (supra párr. 82). Se procederá a resumir las conclusiones que llevaron al dictar el sobreseimiento definitivo de la investigación y a la desestimación de las querellas.

122. Respecto al Subcomisario Gamarra Acosta, el Ministerio Público analizó su posible participación en los hechos de privación de libertad, desaparición forzada y tortura alegados. En relación con la privación de libertad indicó que las aseveraciones de las presuntas víctimas “se contraponen con testimonios que afirman haber visto al procesado Gamarra en la tarde y noche del 17 de enero y madrugada del día siguiente en el cruce Piribebuy”. Estos testimonios “reforzados [por lo declarado por el Subcomisario Gamarra Acosta] diluyen las afirmaciones de las presuntas víctimas”, las cuales “no fueron reforzados por ninguna otra testimonial”(190). Respecto a la desaparición forzada, indicó que en su declaración el Subcomisario Gamarra “se encargó de desacreditar gran parte de las acusaciones formuladas en su contra, ofreciendo testimonios y documentos respecto a las actividades desplegadas durante el mes de enero”. Por tanto, “no existen elementos que ofrezcan certeza respecto a la participación de Gamarra en éste ilícito, pues para motivar una acusación seria y formal debe surgir certeza y no probabilidad”(191). Por último, respecto a la tortura, concluyó que no se pudo demostrar su presencia con las presuntas víctimas en la noche del 17 y madrugada de 18 de enero(192).

123. En la ratificación de la solicitud de sobreseimiento, la Fiscalía General del Estado señaló que “la imputación [al Subcomisario] Gamarra se debió exclusivamente a lo manifestado por las víctimas”, las cuales “no han podido ser reforzadas con otros elementos de prueba que puedan tan siquiera someramente demostrar que efectivamente el [señor] Antonio Gamarra haya tenido algún tipo de participación en los ilícitos investigados”(193).

124. En relación con el Suboficial Schémbori Ocampos el Ministerio Público señaló que el imputado dio una explicación detallada y puntual acerca de sus actividades entre el 17 y el 30 de enero, parte de esta respaldada por otras declaraciones. Además se demostró que en este tiempo el suboficial Schémbori se encontraba de vacaciones laborales(194). Se analizó su alegada presencia en la noche y madrugada entre el 17 y 18 de enero de 2002 e indicó que el señor Arrom denunció en noviembre de 2002 que perdió su licencia de conducir el 19 de enero de 2002 en el trayecto a Asunción, lo cual no sería posible si él se encontraba detenido en esas fechas(195). Asimismo, analizó la alegada presencia del suboficial Schémbori el 30 de enero de 2002, indicó que “no sería aventurado sostener que las hermanas del afectado Juan Arrom y el periodista [Federico Emery] hayan caído en una confusión sobre la presencia del Suboficial Schémbori [...], al ser sugestionados por las fotografías aparecidas en la prensa escrita los días inmediatamente posteriores [al 30 de enero], que presentaban una imagen de archivo del sospechoso”. Señaló además que “son consistentes y uniformes las pruebas testimoniales e instrumentales que dan crédito a la presencia del imputado en la casa donde se festejaba el cumpleaños de la [niña Patrocinio Morinigo]”(196). El Ministerio Público concluyó que debía ser sobreseído(197).

125. En la ratificación de la solicitud de sobreseimiento, la Fiscalía General del Estado indicó que las declaraciones existentes en contra del Suboficial Schémbori “no pueden considerarse convincentes por sí solas”. Asimismo señaló que la hipótesis de coartada alegada por el imputado “está absolutamente corroborada con varios elementos de prueba producidos en el marco de la investigación, testimoniales y documentales, que otorgan demasiada consistencia y coherencia a esa versión”(198).

126. Respecto al Director del Centro de Investigaciones Judiciales, Javier Cazal, el Ministerio Público señaló que su imputación “halla asidero exclusivamente, en los dichos de [Juan Arrom y Anuncio Martí] y las manifestaciones del testigo Luis A. Resck”. Al respecto señaló que “las versiones brindadas por las supuestas víctimas y actuales querellantes no han podido ser acreditadas, pues, a más de las lesiones presentadas por aquellas, no surgieron otros elementos que corroboren suficientemente, específicamente, con relación a la participación de quienes aparecen sindicados como responsables”(199). Indicó que el testimonio del señor Resck que inicialmente sostuvo haber visto al señor Cazal al momento de la presunta detención, con posterioridad “se pronuncia de manera contradictoria a su primera declaración, e incluso refiere situaciones que pueden calificarse de inverosímiles”. Asimismo, destacó que en la reconstrucción de los hechos se realizó una prueba para evidenciar si el señor Resck podría reconocer a una persona a la distancia que dice haber reconocido al señor Cazal y no pudo individualizarlo(200). Por otra parte, resaltó que “se han producido numerosos elementos de prueba en corroboración a los argumentos exculpatorios sustentados por el imputado”. En virtud de todo lo anterior, concluyó que “los elementos probatorios evaluados no permiten certificar ninguna relación fáctica sostenida por la querella”(201).

127. En la ratificación de la solicitud de sobreseimiento, la Fiscalía General del Estado señaló que lo declarado por las presuntas víctimas sobre la participación de Javier Cazal solo “hallan respaldo, y aún muy parcialmente, en el testimonio del [señor] Luis A.Resck”. Al respecto, indicó que “el mismo se pronunció de manera incongruente en sus sucesivas manifestaciones” y no fue posible corroborar “la capacidad del testigo de percibir visualmente de manera idónea desde el sitio donde sostuvo divisar a [Javier Cazal]”(202).

128. En relación al Ministro de Justicia y Trabajo, Silvio Ferreira Fernández, el Ministerio Público indicó que “los elementos de cargo que se alzan [en su contra] son las declaraciones de [los señores] Arrom y Héctor Lacognata”. Respecto a las declaraciones del señor Arrom Suhurt, el Ministerio Público indicó que de acuerdo a la prueba de descargo el señor Ferreira Fernández se encontraba navegando en el río Paraguay en la fecha en la cual según el señor Arrom se habría reunido con él. Al respecto, se concluyó que no es posible que estuviera en ambos lugares al mismo tiempo y es improbable que se hubiese reunido con el señor Arrom ya que esto “no está avalado por una sola pieza procesal”(203). Respecto a la declaración del señor Lacognata indicó que de acuerdo a lo manifestado por la señora Gladis Maubet y el propio señor Ferreira el conocimiento de este último sobre el alegado plagio del señor Arrom Suhurt se limitaba “a una verificación y preguntas hechas a personales de la Penitenciaria Nacional de Tacumbú, [sobre] si Juan Arrom había ingresado al reclusorio”. Por tanto, señaló que “las declaraciones son diametralmente opuestas” y “al haber dudas insalvables e insuperables, y “ser la única pieza procesal de cargo con que se cuenta”, no queda otra alternativa que requerir la desestimación de la querella(204).

129. Respecto al Ministro del Interior, Julio César Fanego Arellano, el Ministerio Público indicó que “los elementos de cargo provienen de una única fuente: las manifestaciones del querellante Juan Francisco Arrom”, las cuales “no hallan corroboración alguna en ningún otro elemento de prueba, de manera que la hipótesis delictiva del querellado Fanego, [...] resulta jurídicamente insustentable”(205). En contrapartida “las alegaciones exculpatorias formuladas por el querellado Fanego aparecen coherentes y verosímiles”, y “poseen numerosos elementos de corroboración”(206). Por tanto, señaló que “se halla suficientemente acreditada la falta de participación del querellado”(207).

130. Respecto al fiscal, Hugo Adalberto Velázquez Moreno, el Ministerio Público señaló que Juan Arrom declaró que en la conversación con el Ministro Fanego le habría dicho que debía colaborar, lo cual fue entendido por el señor Arrom como que debía firmar un documento ante el fiscal Velázquez Moreno. Al respecto, el Ministerio Público señaló que no está demostrada la ocurrencia de dicha llamada telefónica y que las afirmaciones del señor Arrom son “suposiciones de que Velázquez estaba en conocimiento de los supuestos plagios sufridos por él y Martí”(208). Por otra parte, el Ministerio Público hizo referencia a lo señalado por el Defensor Adjunto del Pueblo, Héctor Raúl Marín Peralta y señaló que mientras este declaró que fue el fiscal Velázquez Moreno quien le informó que las presuntas víctimas estaban en poder de paramilitares, el fiscal Velázquez Moreno afirmó que fue el señor Marín quien le informó a él, lo cual quedó reflejado en notas de prensa. Por lo que “hay certeza de la no participación de Velázquez en los hechos”(209).

B.3 Conclusión

131. Este Tribunal advierte que la gran mayoría de las pruebas presentadas para demostrar la participación estatal se refieren a declaraciones de las presuntas víctimas y testimonios de oídas, los cuales para ser concluyentes en relación a la responsabilidad internacional del Estado deberían coincidir con otros elementos de prueba (supra párrs. 107 y 115). Las investigaciones realizadas internamente tomaron en cuenta dichas declaraciones, así como los elementos de prueba que demostrarían la no participación de las personas individualizadas por las presuntas víctimas y concluyeron que no se contaban con elementos suficientes para presentar una acusación en contra de estas personas. No obran en el expediente ante la Corte elementos adicionales a los examinados por las autoridades internas que demuestren la participación estatal.

132. En virtud de las consideraciones anteriores la Corte advierte que los indicios presentados ante este Tribunal son insuficientes para inferir la conclusión de que los señores Juan Arrom Suhurt y Anuncio Martí Méndez fueron privados de libertad por parte de agentes estatales o con la aquiescencia de éstos. Por tanto, la Corte concluye que el Estado no es responsable de la violación de los artículos 3, 4, 5 y 7 de la Convención, en relación con el artículo I.a) de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas y de los artículos 1 y 6 de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura.

VII-2

ALEGADA VIOLACIÓN A LAS GARANTÍAS JUDICIALES (210) Y A LA PROTECCIÓN JUDICIAL (211), EN RELACIÓN CON LA OBLIGACIÓN DE RESPETAR Y GARANTIZAR LOS DERECHOS

A. Alegatos de las partes y de la Comisión

133. La Comisión alegó que el Estado tenía un deber de diligencia reforzada para desvirtuar los indicios de participación de sus agentes, pero en el proceso penal interno se ordenó el sobreseimiento basándose en las declaraciones de los agentes estatales involucrados y se desechó “lo narrado por Juan Arrom y Anuncio Martí bajo el argumento principal de que no corroboraron sus dichos”, por lo que se les trasladó “indebidamente la carga de la prueba”. En ese sentido, la Comisión consideró que la falta de pruebas para corroborar lo denunciado es consecuencia de la falta de medidas de debida diligencia. Ante ello, la Comisión afirmó que la investigación del Ministerio Público fue meramente formal sin la voluntad de esclarecer los hechos e imponer responsabilidades. Por otro lado, consideró que “los jueces que conocieron los recursos de hábeas corpus no actuaron con la debida diligencia, [...] pues únicamente oficiaron a las autoridades de Policía para que estas informaran sobre la existencia de órdenes de captura vigentes y sobre los posibles lugares de detención en los que pudieran estar [las presuntas víctimas]”. Asimismo, señaló que el rechazo de un hábeas corpus no puede estar sustentado en la sola existencia de una orden de detención. Con relación a la independencia e imparcialidad en la investigación, la Comisión observó que el Estado no tomó las medidas necesarias para asegurar que los fiscales que tramitaban la causa fueran independientes de los imputados tomando en cuenta el rol decisivo del Ministerio Público de acusar o no. En relación al deber de remoción de obstáculos, la Comisión afirmó que el Estado incumplió dicho deber por no haber tomado las medidas adecuadas para asegurar la posibilidad de algún tipo de control judicial a las actuaciones definitivas del Ministerio Público. Ello queda evidenciado con la imposibilidad de formular acusación ante una solicitud ratificada de sobreseimiento. Asimismo, la Comisión consideró que se incumplió con este deber al no investigar los motivos de la retractación de testigos clave en el presente caso.

134. Los representantes destacaron que solicitaron innumerables diligencias y que la Fiscalía se negó a realizarlas. En este sentido, indicaron que se está frente a una cosa juzgada fraudulenta, donde “tanto el Ministerio Público como el Tribunal competente, procedieron a montar un proceso con un resultado determinado”. Asimismo, afirmaron que el Poder Judicial no removió los obstáculos frente a los hábeas corpus que fueron presentados y que varias denuncias verbales por parte de los familiares no fueron tomadas por escrito por las autoridades correspondientes.

135. El Estado alegó que realizó 245 actos de investigación, de los cuales 160 fueron realizados por impulso del Ministerio Público. Indicó que estos actos investigativos se realizaron para comprobar los hechos y la individualización de los presuntos responsables, así como diligencias oportunas y conducentes para el descubrimiento del paradero de los peticionarios y la existencia de los hechos denunciados. Con respecto a ciertas diligencias solicitadas, éstas no se realizaron por “reiterativas o inconducentes”. Por lo que, “la solicitud de sobreseimiento definitivo [...] fue conclusión de una exhaustiva labor fiscal que se originó desde el primer momento en que se tuvo conocimiento [de la alegada desaparición]”. En relación a la independencia e imparcialidad, el Estado resaltó que ni las presuntas víctimas ni sus representantes recusaron a alguno de los fiscales intervinientes, como tampoco a ninguno de los jueces competentes, ni ejercieron su facultad de solicitar auxilio judicial o cuestiones sobre la investigación. En cuanto a la obligación de remoción de obstáculos, el Estado considera que durante toda la etapa investigativa tuvieron una activa participación como querellantes y ejercieron todos los recursos procesales pertinentes para objetar el sobreseimiento definitivo. Asimismo, el Estado agregó que cuando se trata de desaparición forzada, debe analizarse el contexto en el cual ocurren los hechos, de modo que los hechos del presente caso se encuentran enmarcados dentro del secuestro de la señora María Edith Bordón, lo cual explica que “las autoridades no tuvieron motivos razonables [...] para sospechar de una desaparición forzada. Es un hecho frecuente que una persona cuya captura se ha ordenado intente postergar por un tiempo su detención”. Por otra parte, señaló que con los hábeas corpus se “realiz[aron] todos los actos necesarios [...] para averiguar o constatar la privación ilegal alegada en los lugares señalados por las accionantes” y que no pudo verificarse la detención de Juan Arrom.

B. Consideraciones de la Corte

136. La obligación de investigar violaciones de derechos humanos es una de las medidas positivas que deben adoptar los Estados para garantizar los derechos reconocidos en la Convención. Así, desde su primera sentencia esta Corte ha destacado la importancia del deber estatal de investigar y sancionar las violaciones de derechos humanos(212), el cual adquiere particular importancia ante la gravedad de los delitos cometidos y la naturaleza de los derechos lesionados(213). Dicha obligación también se desprende de otros instrumentos interamericanos. Así, en casos de desapariciones forzadas, la obligación de investigar se ve reforzada por el artículo I.b de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas(214), y en casos de tortura se ve reforzada por los artículos 1, 6 y 8 de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura(215).

137. Frente a los alegatos realizados por las partes y la Comisión sobre los derechos a las garantías y protección judiciales, esta Corte examinará: (1) el deber de iniciar de oficio una investigación, y (2) la debida diligencia en las investigaciones.

B.1 Deber de iniciar de oficio una investigación

138. Toda vez que haya motivos razonables para sospechar que una persona ha sido sometida a desaparición forzada debe iniciarse una investigación ex officio, sin dilación, y de una manera seria, imparcial y efectiva(216). Esta obligación es independiente a la presentación de una denuncia, pues en casos de desaparición forzada el derecho internacional y el deber general de garantía, imponen la obligación de investigar el caso ex officio, sin dilación, y de una manera seria, imparcial y efectiva, de modo tal que no dependa de la iniciativa procesal de la víctima o de sus familiares o de la aportación privada de elementos probatorios(217). En el mismo sentido, el artículo 8 de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura establece que los Estados partes garantizarán: a toda persona que denuncie haber sido sometida a tortura en el ámbito de su jurisdicción el derecho a que el caso sea examinado imparcialmente. Asimismo, cuando exista denuncia o razón fundada para creer que se ha cometido un acto de tortura en el ámbito de su jurisdicción, los Estados partes garantizarán que sus respectivas autoridades procederán de oficio y de inmediato a realizar una investigación sobre el caso y a iniciar, cuando corresponda, el respectivo proceso penal.

139. En el presente caso, el Estado tomó conocimiento de la alegada desaparición forzada a través de los recursos de hábeas corpus interpuestos por los familiares de Arrom Suhurt y Martí Méndez, el 19 y 23 de enero de 2002, respectivamente (supra párrs. 64 y 67). Los jueces que conocieron de los recursos libraron oficios al Ministerio del Interior y a la Policía Nacional a fin de que informaran si Juan Arrom Suhurt y Anuncio Martí se encontraban detenidos (supra párrs. 65 y 67). Tras recibirse información sobre que no se encontraban detenidos, los hábeas corpus fueron negados, teniendo en cuenta además que existía una orden de detención pendiente en contra de ambos (supra párrs. 64 y 68).

140. La Corte recuerda que este caso no se enmarcó en un contexto de práctica sistemática y generalizada de desaparición forzada, persecución política u otras violaciones de derechos humanos ni tampoco existía prueba alguna que demuestre que las presuntas víctimas estuvieron en manos de agentes del Estado antes de que sucedieran los hechos alegados (supra párr. 96). Por tanto, una vez recibida la información solicitada por los jueces a cargo de los hábeas corpus, no existían motivos razonables para sospechar que Juan Arrom Suhurt y Anuncio Martí Méndez habían sido víctimas de una desaparición forzada. Por otra parte, la Corte advierte que en el presente caso es un hecho público y notorio que en los mismos días que el Estado tuvo conocimiento sobre la desaparición de las presuntas víctimas, este ya estaba realizado diversas acciones de búsqueda para determinar su paradero con el objeto de poder hacer efectiva su orden de detención(218). Resultaría contradictorio considerar que las autoridades estatales no estaban realizando acciones de búsqueda para dar con el paradero de Juan Arrom Suhurt y Anuncio Martí Méndez.

141. En consecuencia, el Estado no incumplió con su obligación de iniciar sin dilación y de oficio la investigación de la desaparición de Juan Arrom Suhurt y Anuncio Martí Méndez. Asimismo, tampoco se configuró una violación del artículo 25 de la Convención por la alegada inefectividad de los hábeas corpus presentados.

B.2 Debida diligencia en las investigaciones

142. La Corte ha señalado de manera consistente que el deber de investigar es una obligación de medios y no de resultados, que debe ser asumida por el Estado como un deber jurídico propio y no como una simple formalidad condenada de antemano a ser infructuosa, o como una mera gestión de intereses particulares, que dependa de la iniciativa procesal de las víctimas o de sus familiares o de la aportación privada de elementos probatorios(219). Además la investigación debe ser seria, objetiva y efectiva, y estar orientada a la determinación de la verdad y a la persecución, captura, y eventual enjuiciamiento y castigo de los autores de los hechos(220).

143. Ahora bien, la posibilidad de la Corte, en el ámbito de su competencia, coadyuvante y complementaria, de examinar los procedimientos internos de investigación(221), puede llevar a la determinación de fallas en las debidas diligencias en los mismos(222). No obstante, ello será procedente en tanto se evidencie que las falencias que se aduzcan pudieran haber afectado la investigación en su conjunto, de modo “que conforme el tiempo vaya transcurriendo, se afecte indebidamente la posibilidad de obtener y presentar pruebas pertinentes que permitan esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades que correspondan”(223). En ese sentido, no debe asumirse que fallas en medidas puntuales de investigación tengan un impacto negativo sobre el conjunto del proceso si, pese a ellas, la investigación tuvo un resultado efectivo en la determinación de los hechos(224).

144. En el presente caso, se desprende del acervo probatorio que las autoridades encargadas de la investigación sobre la alegada desaparición y tortura de las presuntas víctimas realizaron múltiples diligencias tendientes a indagar lo sucedido. Entre ellas, se pueden mencionar las siguientes: a) inspección de la casa dónde fueron encontrados Juan Arrom y Anuncio Martí; b) allanamiento de otra casa, donde presuntamente habrían estado detenidas las presuntas víctimas los primeros días; c) recepción de las declaraciones del Ministro del Interior, del Ministro de Justicia y Trabajo, del Fiscal General, de tres fiscales, y de al menos 16 oficiales de policía y 87 personas que podrían tener información sobre lo sucedido, o de los posibles implicados; d) reconstrucción de los hechos del momento de la presunta detención de Juan Arrom y Anuncio Martí; e) reconstrucción de los hechos del momento del hallazgo de Juan Arrom y Anuncio Martí , y f) identikit con base en lo dicho por Juan Arrom (supra párrs. 71 y 75). Después de esta investigación se dictó el sobreseimiento definitivo de los imputados.

145. Los representantes presentaron una lista de diligencias y alegaron que no se habrían realizado dentro de la investigación. Al respecto, la Corte ha señalado que en principio, no compete a la Corte determinar la procedencia o utilidad de acciones o medidas concretas de investigación, a menos que la omisión en su realización resulte contraria a pautas objetivas, o irrazonable de modo manifiesto(225). Sin perjuicio de lo anterior, es necesario hacer notar que al menos 19 diligencias que los representantes listan como no realizadas si se llevaron a cabo dentro de la investigación(226), así como que están incluidas en la diligencias listadas como no realizadas otras diligencias que no se efectuaron por falta de colaboración de las presuntas víctimas o sus representantes.

146. Sobre esta falta de colaboración es necesario resaltar que en la Audiencia Pública los representantes indicaron que “siempre estuvieron a disposición de la fiscalía[,] colaborando [...] permanentemente, pero cuando comenzaron [un] cambio de rumbo [en la investigación producido por el cambio del fiscal encargado], entonces ya no tenían confianza en la fiscalía ya se perdió la confianza”, lo que a juicio de este Tribunal no justifica la ausencia de colaboración. Los representantes incluyen dentro de las diligencias no realizadas la omisión de la policía de remitir los resultados de las pericias realizadas a las varias evidencias encontradas en dos de las casas donde habrían estado secuestrados(227). Sin embargo, consta que el 13 de febrero de 2002 se calendarizaron los estudios que se realizarían a estas evidencias entre el 15 y el 19 de febrero, y no fue cumplido por inasistencia de “los representantes de los señores Arrom y Martí”, por lo que no fueron procesadas las evidencias(228). La Corte no cuenta con información sobre las razones por las cuales era necesaria la presencia de los representantes de los señores Arrom y Martí. No obstante, no puede dejar de hacer notar que esta inasistencia implicó que no se llevara a cabo dicha prueba.

147. Asimismo, los representantes señalaron que no se había realizado el retrato hablado o identikit del médico que inspeccionó las lesiones de Martí Méndez(229). No obstante, cuando se realizaron los identikit, el señor Anuncio Martí informó que “por imposibilidad personal de [su] parte y por recomendación de [su] abogado [se] abst[iene de hacer la identificación correspondiente”(230). En respuesta se le informó al señor Anuncio Martí que “esta diligencia no se podrá llevar a cabo en una oportunidad posterior, en razón a que es un acto personalísimo y el mismo puede tener conocimiento de los rasgos de los identi[k]it de persona, efectuados por el señor Juan Arrom”(231). En virtud de las consideraciones anteriores, no es posible determinar que las presuntas omisiones señaladas por los representantes resultaran contrarias a pautas objetivas, o irrazonables de modo manifiesto. Por tanto, estas omisiones no son suficientes para configurar la responsabilidad internacional del Estado.

148. De acuerdo a la legislación paraguaya corresponde dictar el sobreseimiento definitivo “cuando resulte evidente que el hecho no existió, que no constituye hecho punible, o que el imputado no ha participado en él”(232). Para dictar el sobreseimiento las autoridades internas tomaron en cuenta que las manifestaciones de las presuntas víctimas no fueron corroboradas por otras pruebas. Este Tribunal advierte que esto no constituye, como lo señaló la Comisión, un traslado de la carga de la prueba, sino que es una aplicación del principio de presunción de inocencia.

149. Respecto al alegado obstáculo a la investigación que implicaría la imposibilidad de formular acusación ante una solicitud ratificada del Ministerio Público sobre el sobreseimiento, la Corte advierte que los Estados partes pueden organizar su sistema procesal penal, considerando sus necesidades y condiciones particulares, siempre que cumplan con los propósitos y obligaciones determinadas en la Convención Americana(233). En este sentido, que sea necesaria la acusación realizada por el Ministerio Público para continuar con el proceso penal no implica una violación a la Convención.

150. Con base en lo anterior, la Corte concluye que en este caso la investigación no presenta omisiones manifiestas que pudiesen implicar una violación de la Convención. Este Tribunal entiende que el sobreseimiento definitivo dictado en este caso implica la extinción de la acción penal respecto de los imputados. Si bien no constan en el expediente acciones posteriores al sobreseimiento definitivo, la Corte no cuenta con información sobre la existencia de indicios no investigados por el Estado. De surgir nuevos elementos de prueba sobre los mismos, de acuerdo a la Convención Americana, el Estado sigue estando obligado a investigar los hechos.

151. En virtud de las consideraciones anteriores, esta Corte concluye que el Estado ha cumplido con sus obligaciones internacionales contenidas en los artículos 8 y 25 de la Convención.

152. Por otra parte, esta Corte considera que no tiene los elementos suficientes para pronunciarse sobre la alegada falta de independencia e imparcialidad en la investigación.

B.3 Conclusión

153. En virtud de que el Estado i) no incumplió con su obligación de iniciar de oficio de la investigación, y ii) llevó a cabo la investigación con la debida diligencia, la Corte concluye que el Estado no es responsable de una violación de los artículos 8.1 y 25.1 de la Convención, en relación con el artículo 1.1 del mismo instrumento, el artículo I.b de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada, y los artículos 1, 6 y 8 de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura.

VII-3

ALEGADA VIOLACIÓN AL DERECHO A LA INTEGRIDAD PERSONAL DE LOS FAMILIARES DE JUAN ARROM SUHURT Y ANUNCIO MARTÍ MENDEZ

A. Alegatos de las partes y de la Comisión

154. La Comisión señaló que en caso de desaparición forzada, se presume el sufrimiento de los familiares derivado de la incertidumbre del paradero de la persona desaparecida, así como del temor por el riesgo que corre a su vida e integridad personal. Asimismo, la Comisión destacó el cambio radical en el núcleo familiar de las presuntas víctimas originado por la salida del país de Juan Arrom y Anuncio Martí.

155. Los representantes alegaron que el sufrimiento de los familiares es una consecuencia directa de una desaparición forzada. Además señalaron que la responsabilidad del Estado se ve agravada por “cuanto que los familiares de las víctimas se encontraron en la situación de tener que asumir[...] la dirección de la investigación”. Además resaltaron que todo esto ocurrió “en medio de una furiosa campaña de estigmatización y de criminalización contra las víctimas”.

156. El Estado destacó que la Comisión no estableció qué daños habrían sufrido cada una de las hermanas de Arrom, ni tampoco fundamentó la existencia de un daño y su relación causal con los hechos vividos por Arrom. Adicional a ello, el Estado se refirió a la imposibilidad de medición de una afectación psicológica o física para los mismos por no existir constancias de estudios psicológicos. Además indicó que el cambio de vida de los familiares se “produjo exclusivamente a consecuencia de la actitud de [Arrom y Martí] de no someterse a la justicia paraguaya, por lo que se niega [...] que sus familiares hayan sufrido afecciones por parte del Estado”.

B. Consideraciones de la Corte

157. La Corte nota que las argumentaciones sobre la alegada violación del derecho a la integridad personal de los familiares se fundamentan en la supuesta responsabilidad estatal por la desaparición forzada y tortura de Juan Arrom Suhurt y Anuncio Martí, o en la aducida falta de investigación adecuada de los hechos. La Corte considera que no hay responsabilidad internacional del Estado respecto al derecho mencionado, consagrado en el artículo 5 de la Convención Americana, en tanto no estableció la participación estatal en la alegada desaparición y tortura de Juan Arrom Suhurt y Anuncio Martí Méndez, ni por una violación a los derechos a las garantías y protección judiciales.

VIII

PUNTOS RESOLUTIVOS POR TANTO,

LA CORTE DECLARA:

Por unanimidad, que

1. El Estado no es responsable de la violación de los artículos 3, 4, 5 y 7 de la Convención, en relación con el artículo 1.1 del mismo instrumento, el artículo I.a) de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas y de los artículos 1 y 6 de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, en los términos de los párrafos 93 a 132 de la presente Sentencia.

2. El Estado no es responsable de la violación de los artículos 8.1 y 25.1 de la Convención, en relación con el artículo 1.1 del mismo instrumento, el artículo I.b) de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, y los artículos 1, 6 y 8 de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, en los términos de los párrafos 136 a 152 de la presente Sentencia.

3. El Estado no es responsable de la violación del artículo 5 de la Convención, en relación con el artículo 1.1 del mismo instrumento, en los términos del párrafo 157 de la presente Sentencia.

4. Al no haberse establecido la responsabilidad internacional del Estado, no procede pronunciarse sobre reparaciones, costas y gastos.

Y DISPONE:

Por unanimidad,

5. Que la Secretaría de la Corte notifique la presente Sentencia a la República de Paraguay, a los representantes de las presuntas víctimas y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

6. Archivar el expediente.

Redactada en español en Buenos Aires, Argentina, el 13 de mayo de 2019.

Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot

Presidente

Eduardo Vio Grossi

Elizabeth Odio Benito

Humberto A. Sierra Porto

L. Patricio Pazmiño Freire

Ricardo Pérez Manguire

Pablo Saavedra Alessandri

Secretario

Comuníquese y ejecútese,

Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot

Presidente

Pablo Saavedra Alessandri

Secretario

Notas:

  (1) Los familiares de Juan Arrom Suhurt identificados como presuntas víctimas son sus hermanas Cristina Arrom Suhurt, Carmen Arrom Suhurt y María Auxiliadora Arrom Suhurt. Los familiares de Anuncio Martí Méndez identificados como presuntas víctimas son sus hermanas Marina Cristina Martí Méndez y Marta Ramona Martí Méndez. Asimismo, la Comisión indicó en su Informe de Fondo que al momento de los hechos Juan Arrom “tenía una pareja y tenían hijos” y que Anuncio Martí tenía también “una pareja y un hijo de pocos años de edad”, concluyendo que estas personas eran presuntas víctimas sin identificarlas con sus nombres. Al respecto, el Estado interpuso una excepción preliminar por la “falta de determinación e individualización de las víctimas” la cual será debidamente analizada por la Corte (infra párrs. 24 a 27).

  (2) Cfr. CIDH, Informe No. 86/08, Petición 04-03, Admisibilidad, Juan Francisco Arrom Suhurt, Anuncio Martí Méndez, Víctor Antonio Colmán Ortega, Ana Rosa Samudio de Colmán, Jorge Samudio Ferreira y sus familiares, Paraguay, 30 de octubre de 2008.

  (3) La Comisión concluyó que el Estado es responsable por la violación de los artículos 3, 4.1, 5.1, 5.2, 7, 8.1, 8.2 y 25.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con las obligaciones establecidas en el artículo 1.1 del mismo instrumento. Asimismo, la Comisión concluyó que el Estado es responsable por la violación de los artículos 1 a) y 1 b) de la Convención interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas y de los artículos 1, 6 y 8 de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura.

  (4) La Comisión hizo al Estado una serie de recomendaciones en relación con: 1. Reparar integralmente las violaciones de derechos humanos declaradas en el presente informe tanto en el aspecto material como inmaterial. El Estado deberá adoptar las medidas de compensación económica y de satisfacción; 2. Disponer las medidas de atención en salud física y mental necesarias para la rehabilitación de Juan Arrom y Anuncio Martí, de ser su voluntad y de manera concertada. Teniendo en cuenta que ellos se encuentran en Brasil, corresponde pagarles un monto específico para cubrir los servicios médicos que deban sufragar en dicho país; 3. Reabrir y completar la investigación penal de manera diligente, efectiva y dentro de un plazo razonable con el objeto de esclarecer los hechos en forma completa, identificar todas las posibles responsabilidades e imponer las sanciones que correspondan respecto de las violaciones de derechos humanos declaradas en el presente informe, y 4. Disponer mecanismos de no repetición que incluyan: a) Fortalecer la capacidad investigativa del Ministerio Público, en especial en aquellos casos de graves violaciones a derechos humanos, que aseguren el inicio de oficio de la investigación y la debida diligencia en su desarrollo; b) Adoptar las medidas necesarias para que las actuaciones del Ministerio Público que puedan cerrar definitivamente la posibilidad de investigar graves violaciones de derechos humanos, puedan ser sometidas a control judicial, y c) Adoptar las medidas necesarias para que en el desarrollo de las investigaciones y de los procesos penales todas las autoridades cumplan con el deber de respetar la presunción de inocencia y eviten estigmatizar a quienes están siendo procesados en el marco de las medidas de búsqueda de dichas personas.

  (5) El 25 de enero de 2018 las presuntas víctimas presentaron poderes de representación a favor de Carlos Abadie Pankow. El 22 de febrero de 2019 Juan Francisco Arrom Suhurt remitió su poder de representación junto con el de Anuncio Martí Méndez a favor del abogado Marcos Santos Vasconcelos. El 26 de marzo de 2019 remitieron un nuevo poder de representación a favor de Rubén Bernardo Lisboa Lezcano y Hugo Ruiz Díaz Balbuena. El 10 de abril de 2019 las presuntas víctimas presentaron un escrito mediante el cual revocaron el poder otorgado inicialmente al señor Carlos Abadie Pankow. Por tanto, al hacer referencia a alegatos o prueba presentada por los abogados Carlos Abadie Pankow, Marcos Santos Vasconcelos, Ruben Bernardo Lisboa Lezcano o Hugo Ruiz Diaz Balbuena, la Corte se referirá a ellos como “los representantes”.

  (6) El Estado designó como agente a Francisco Barriocanal, Procurador General de la República, y como agentes alternos al Ministro Marcelo Scappini, Director General de Derechos Humanos, y al abogado Rubén Ortiz, Director de la Dirección de Asuntos Legales.

  (7) Cfr. Caso Arrom Suhurt y otros Vs. Paraguay. Solicitud de Medidas Provisionales. Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 6 de febrero de 2019. Disponible en: http://www.corteidh.or.cr/docs/medidas/arrom_se_01.pdf

  (8) Cfr. Caso Arrom Suhurt y otros Vs. Paraguay. Solicitud de Medidas Provisionales. Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 13 de mayo de 2019. Disponible en: http://www.corteidh.or.cr/docs/medidas/arrom_se_02.pdf

  (9) Cfr. Caso Arrom Suhurt y otros Vs. Paraguay. Convocatoria a audiencia. Resolución del Presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 17 de diciembre de 2018. Disponible en: http://www.corteidh.or.cr/docs/asuntos/arrom_suhurt_17_12_18.pdf

  (10) Cfr. Caso Arrom Suhurt y otros Vs. Paraguay. Convocatoria a audiencia. Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 29 de enero de 2019. Disponible en: http://www.corteidh.or.cr/docs/asuntos/arrom_29_01_19.pdf

  (11) A esta audiencia comparecieron: a) por la Comisión Interamericana: Silvia Serrano Guzmán, Asesora Legal, y Christian González Chacón, Asesor Legal; b) por los representantes de las presuntas víctimas: Carlos Abadie Pankow; Carmen Marina Arrom Suhurt, y María Teresa Arrom Suhurt, y c) por el Estado Paraguayo: Sergio Coscia Nogués, Procurador General de la República; Ricardo Merlo, Fiscal Adjunto Responsable de la Unidad Especializada de Derechos Humanos del Ministerio Público; Marcelo Scappini, Director General de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores; José Félix Fernández Estigarribia, Embajador del Paraguay ante Costa Rica; María Noelia López, Directora de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores; Renzo Cristaldo, Agente, Procurador Delegado; Pablo Rojas, Procurador Delegado; Belén Diana, Procuradora Delegada; Alejandra Peralta, Directora de Derechos Humanos del Ministerio Público; Myriam Rodríguez, Relatora del Ministerio Público; Antonella Saint Paul, Relatora del Ministerio Público; Ramiro Sabino Ocampos, Director de Asesoría Jurídica del Ministerio del Interior; Juan Pablo Feliciangeli, Director de Derechos Humanos, Ministerio del Interior; Gloria Delagracia, Comunicación, Ministerio del Interior, y Raquel Cáceres, Oficial Embajada del Paraguay ante Costa Rica.

  (12) Cfr. Caso Arrom Suhurt y otros Vs. Paraguay. Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 14 de marzo de 2019. Disponible en: http://www.corteidh.or.cr/docs/asuntos/arrom_14_03_2019.pdf

  (13) Cfr. Caso Las Palmeras Vs. Colombia. Excepciones Preliminares. Sentencia de 4 de febrero de 2000. Serie C No. 67, párr. 34, y Caso Muelle Flores Vs. Perú. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 6 de marzo de 2019. Serie C No. 375, párr. 20.

  (14) En particular, en la comunicación mediante la cual los representantes presentaron los poderes de representación indicaron que representaba además a de Juan Arrom Suhurt y Anuncio Martí Méndez a Liza Liana Larriera Rojas, Gloria Elizabeth Blanco, Carlos Ernesto Arrom Insaurralde, Laura María Arrom, Luana María Larriera Arrom, Felipe Manuel Martí Blanco, Sara Blanco Martí, Elena Mendez Vda. de Martí, Maria Teresa Arrom Suhurt, Carmen Aurora Arrom de Salgado, Carmen Edilia Arrom de Cabello, Carmen Marina Arrom Suhurt, Cristina Haydée Arrom Suhurt, Rossana Eleuteria Arrom de Escurra, Elizabeth Avelina Arrom de Femández, Wenceslao Marcial Arrom, María Auxiliadora Arrom de Orrego, Mercedes Beatriz Arrom Leiva, Marta Ramona Martí de Páez, lsabelino Martí Mendez, María Cristina Martí Méndez, y Rufina Martí Méndez. Cfr. Comunicación de 25 de enero de 2018 (expediente de fondo, folios 63 a 66).

  (15) Cfr. Caso de las Masacres de Ituango Vs. Colombia. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 1 de julio de 2006. Serie C No. 148, párr. 98. y Caso Omeara Carrascal y otros Vs. Colombia. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 21 de noviembre de 2018. Serie C No. 368, párr. 55.

  (16) Cfr. Caso Masacres de Río Negro Vs. Guatemala. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 4 de septiembre de 2012. Serie C No. 250, párr. 48, y Caso Cuscul Pivaral y otros Vs. Guatemala. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 23 de agosto de 2018. Serie C No. 359, párr. 27.

  (17) Cfr. Copia del anuncio titulado “Enemigos del Pueblo Paraguayo, BUSCADOS” (expediente de prueba, folio 704).

  (18) Cfr. Caso Rodríguez Vera y otros (Desaparecidos del Palacio de Justicia) Vs. Colombia. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 14 de noviembre de 2014. Serie C No. 287, párr. 47, y Caso Mujeres Víctimas de Tortura Sexual en Atenco Vs. México. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 28 de noviembre de 2018. Serie C No. 371, párr. 45.

  (19) Cfr. CIDH, Informe No. 86/08, Petición 04-03, Admisibilidad, Juan Francisco Arrom Suhurt, Anuncio Martí Méndez, Víctor Antonio Colmán Ortega, Ana Rosa Samudio de Colmán, Jorge Samudio Ferreira y sus familiares, Paraguay, 30 de octubre de 2008.

  (20) Cfr. Escrito de los representantes de 23 de agosto de 2010 (expediente de prueba, folio 1659).

  (21) Cfr. Escrito del Estado de 28 de febrero de 2011 ante la Comisión (expediente de prueba, folio 1541).

  (22) Cfr. Escrito del Estado de 7 de noviembre de 2011 ante la Comisión (expediente de prueba, folio 2419).

  (23) La prueba documental puede ser presentada, en general y de conformidad con el artículo 57.2 del Reglamento, junto con los escritos de sometimiento del caso, de solicitudes y argumentos o de contestación, según corresponda, y no es admisible la prueba remitida fuera de esas oportunidades procesales, salvo en las excepciones establecidas en el referido artículo 57.2 del Reglamento (a saber, fuerza mayor, impedimento grave) o salvo si se tratara de un hecho superviniente, es decir, ocurrido con posterioridad a los citados momentos procesales. Cfr. Caso Familia Barrios Vs. Venezuela. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de noviembre de 2011. Serie C No. 237, párrs. 17 y 18, y Caso Muelle Flores Vs. Perú. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 6 de marzo de 2019. Serie C No. 375, párr. 38.

  (24) Cfr. Caso Barbani Duarte y otros Vs. Uruguay. Fondo Reparaciones y costas. Sentencia de 13 de octubre de 2011. Serie C No. 234, párr. 227 y Caso Villamizar Durán y otros Vs. Colombia. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 20 de noviembre de 2018. Serie C No. 364, párr. 53.

  (25) Se consideran relacionados con las preguntas realizadas por los jueces los cuatro anexos presentados por el Estado y los anexos 10, 13, 14, 17, 20, 22, y 33 presentados por los representantes.

  (26) Corresponde a la Nota del Diario Noticias, titulada “Según Nogués, sigue la tiranía”, de 3 de febrero de 2002 (expediente de prueba, folio 13456).

  (27) Corresponde a la Nota del Diario ABC color digital, titulada “Piden se revoque refugio de Arrom y Martí”, de 8 de julio de 2005 (expediente de prueba, folio 13500).

  (28) Corresponde, en cuanto a la información nueva, a la resolución de la Corte Suprema de Justicia de Colombia en el proceso N° 29.877 18 de mayo de 2011 (expediente de prueba, folio 13506 a 13532).

  (29) El anexo 27 a los alegatos finales escritos de los representantes corresponde, en cuanto a la información nueva, la Acordada N° 236 20 diciembre 2001 (expediente de prueba, folio 13586-13590).

  (30) El anexo 51 a los alegatos finales escritos de los representantes corresponde a las notas del Diario Última Hora digital tituladas “Caso Arrom y Martí: Codehupy sostiene que el Estado pretende bajar la protección en DDHH”, de 15 de enero de 2019 (expediente de prueba, folio 13940 a 13942); “Atacar a la Corte IDH es desconocer todo lo avanzado en cuanto a DDHH”, de 21 de enero de 2019 (expediente de prueba, folio 13943 a 13946), y “Desconocer el rol de la Corte IDH sería seguir el camino de Venezuela”, de 22 de enero de 2019 (expediente de prueba, folio 13947 a 13948).

  (31) Concretamente, las notas presentadas por los representantes como prueba de los hechos supervinientes son: (i) Nota del Diario La Nación, titulada “Aguardan reciprocidad de Brasil en entrega de los criminales prófugos”, de 15 de marzo de 2019; (ii) Nota del Diario ABC Color, titulada “Bolsonaro les retiraría el refugio a Arrom y Martí” de 13 de marzo de 2019; (iii) Nota del Diario La Nación, titulada “Bolsonaro insinúa que Arrom y Martí perderán su estatus de refugiados”, de 13 de marzo de 2019, y (iv) Nota del Diario Última Hora, titulada “Bolsonaro promete ante Abdo no dar asilo a bandidos escondidos en Brasil”, de 13 de marzo de 2019. Por su parte, el video aportado consiste en una entrevista realizada a Maria Edith Bordón de Debernardi el 11 de marzo de 2019 en el programa televisivo “Algo Anda Mal”, el cual está disponible en el siguiente enlace: https://www.youtube.com/watch?v=kxRexb5Hod8

  (32) Los representantes aportaron las declaraciones ante fedatario público de Anuncio Martí Méndez, María Auxiliadora Arrom de Orrego, Carmen Edilia Arrom de Cabello, Carmen Marina Arrom Suhurt, María Cristina Martí Méndez, Marta Ramona Martí de Páez, Héctor Raúl Marín Peralta, Federico Aníbal Emery, Esperanza Martínez, Carlos Portillo Esquivel, Mario Torres, Víctor Antonio Colmán Ortega, Liza Liana Larriera Rojas, Gloria Elizabeth Blanco, Elena Mendez Vda. de Martí, y Paulo Ezequias de Jesús.

  (33) Cfr. Resolución N° 8 de 19 de enero de 2002 del Ministerio Público (expediente de prueba, folios 6516 y 6517).

  (34) Cfr. Nota del Diario La Nación, titulada “Secuestradores son de Patria Libre”, del 20 de enero de 2002 (expediente de prueba, folio 71), y Nota del Diario ABC, titulada “Policía dice que identificó a autor intelectual del secuestro”, del 20 de enero de 2002 (expediente de prueba, folio 72). Véase también, Nota del Diario ABC, titulada "La policía sospecha que grupo de izquierda está detrás del secuestro", publicada el 19 de enero de 2002 (expediente de prueba, folio 68).

  (35) Cfr. Nota del Diario La Nación, titulada “Denuncian que Arrom está desaparecido”, del 20 de enero de 2002 (expediente de prueba, folio 71); Nota del Diario Noticias, titulada "Familiares de un acusado piden que sea presentado", publicada el 21 de enero de 2002 (expediente de prueba, folio 78); Nota del Diario Crónica, titulada "Familiares denuncian extraña desaparición de Juan Arrom", publicada el 21 de enero de 2002 (expediente de prueba, folios 87 y 88), y Nota del Diario Crónica, titulada "Familiares siguen buscando a Juan", publicada el 22 de enero de 2002 (expediente de prueba, folio 1894).

  (36) Cfr. Declaración de Anuncio Martí Méndez de 4 de febrero de 2002 ante el Juez Penal de Garantías (expediente de prueba, folio 4049), y Declaración de Juan Arrom Suhurt de 4 de febrero de 2002 ante el Juez Penal de Garantías (expediente de prueba, folio 4032).

  (37) Cfr. Declaración de Anuncio Martí Méndez de 31 de enero de 2002 ante Procuradora Fiscal coadyuvante de la Unidad Especializada en Hechos Punibles contra los Derechos Humanos (expediente de prueba, folio 4750); Declaración de Anuncio Martí Méndez de 11 de febrero de 2002 ante el Juez Instructor de Sumarios del Quinto Turno de la Dirección de Justicia Policial (expediente de prueba folio 6011); Declaración de Anuncio Martí de 4 de febrero de 2002 ante el Juez Penal de Garantías (expediente de prueba, folio 4049), y Declaración de Juan Arrom Suhurt de 4 de febrero de 2002 ante el Juez Penal de Garantías (expediente de prueba, folio 4032).

  (38) Cfr. Declaración de Anuncio Martí Méndez de 31 de enero de 2002 ante Procuradora Fiscal coadyuvante de la Unidad Especializada en Hechos Punibles contra los Derechos Humanos (expediente de prueba, folio 4750); Declaración de Anuncio Martí de 4 de febrero de 2002 ante el Juez Penal de Garantías (expediente de prueba, folio 4049), y Declaración de Juan Arrom Suhurt de 4 de febrero de 2002 ante el Juez Penal de Garantías (expediente de prueba, folio 4033).

  (39) Cfr. Declaración de Anuncio Martí Méndez de 31 de enero de 2002 ante Procuradora Fiscal coadyuvante de la Unidad Especializada en Hechos Punibles contra los Derechos Humanos (expediente de prueba, folio 4750); Declaración de Anuncio Martí de 4 de febrero de 2002 ante el Juez Penal de Garantías (expediente de prueba, folio 4050); Declaración de Anuncio Martí Méndez de 11 de febrero de 2002 ante el Juez Instructor de Sumarios del Quinto Turno de la Dirección de Justicia Policial (expediente de prueba folio 6011), y Declaración de Juan Arrom Suhurt de 4 de febrero de 2002 ante el Juez Penal de Garantías (expediente de prueba, folio 4033).

  (40) Cfr. Declaración de Anuncio Martí Méndez de 4 de febrero de 2002 ante el Juez Penal de Garantías (expediente de prueba, folio 4049), y Declaración de 11 de febrero de 2002 de Anuncio Martí Méndez ante el Juez Instructor de Sumarios del Quinto Turno de la Dirección de Justicia Policial (expediente de prueba, folio 6012).

  (41) Cfr. Declaración de Anuncio Martí Méndez de 31 de enero de 2002 ante Procuradora Fiscal coadyuvante de la Unidad Especializada en Hechos Punibles contra los Derechos Humanos (expediente de prueba, folio 4751); Declaración de Anuncio Martí Méndez de 4 de febrero de 2002 ante el Juez Penal de Garantías (expediente de prueba, folio 4050), y Declaración de Juan Arrom Suhurt de 4 de febrero de 2002 ante el Juez Penal de Garantías (expediente de prueba, folio 4033).

  (42) Cfr. Declaración de Anuncio Martí Méndez de 31 de enero de 2002 ante Procuradora Fiscal coadyuvante de la Unidad Especializada en Hechos Punibles contra los derechos humanos (expediente de prueba, folio 4752); Declaración de Anuncio Martí de 4 de febrero de 2002 ante el Juez Penal de Garantías (expediente de prueba, folio 4051), y Declaración de Juan Arrom Suhurt de 4 de febrero de 2002 ante el Juez Penal de Garantías (expediente de prueba, folio 4034).

  (43) Cfr. Declaración de Anuncio Martí Méndez de 4 de febrero de 2002 ante el Juez Penal de Garantías (expediente de prueba, folios 4052 y 4053); Declaración Testimonial de Anuncio Martí Méndez de 31 de mayo de 2002, ante el Ministerio Público (expediente de prueba, folios 5837 y 5838); Declaración de 11 de febrero de 2002 de Anuncio Martí Méndez ante el Juez Instructor de Sumarios del Quinto Turno de la Dirección de Justicia Policial (expediente de prueba, folios 6017 y 6019); Declaración rendida ante fedatario público (afidávit) por Anuncio Martí Méndez el 16 de enero de 2019 (expediente de prueba, folio 13189); Declaración testifical de Juan Arrom Suhurt ante el Juez Penal de Garantías de 4 de febrero de 2002 (expediente de prueba, folio 4036), y Declaración Juan Arrom Suhurt rendida en audiencia pública celebrada en el presente caso.

  (44) Cfr. Declaración testifical de 11 de febrero de 2002 de Cristina Haydée Arrom Suhurt (expediente de prueba, folio 4968), y Declaración de Esteban Domingo Centurión Vera de 31 de enero de 2002 ante la Jueza Penal de Garantías de Feria y de Guardia (expediente de prueba, folios 4754 y 4755).

  (45) Cfr. Declaración testifical de 11 de febrero de 2002 de Cristina Haydée Arrom Suhurt (expediente de prueba, folio 4968).

  (46) Cfr. Canal Telefuturo, video del rescate de Juan Arrom y Anuncio Martí del 30 de enero de 2002, (expediente de prueba, carpeta de material audiovisual, “archivo01” minutos 00:03 a 00:06, 00:13 a 00:27, 00:43 a 00:58, 01:11 a 01:24 y 01:25 a 01:55); Declaración testifical de 11 de febrero de 2002 de María Auxiliadora Arrom Suhurt (expediente de prueba, folio 4965), y Declaración testifical de 11 de febrero de 2002 de Cristina Haydée Arrom Suhurt (expediente de prueba, folios 4968).

  (47) Cfr. Canal Telefuturo, video del rescate de Juan Arrom y Anuncio Martí del 30 de enero de 2002, (expediente de prueba, carpeta de material audiovisual, “archivo01” minutos 01:09 a 01:10); Declaración testifical de 11 de febrero de 2002 de María Auxiliadora Arrom Suhurt (expediente de prueba, folios 4963 a 4966); Acta de declaración testimonial de Federico Aníbal Emery de 7 de mayo de 2002 (expediente de prueba, folio 5675), y Acta de declaración testimonial de Patricia Raquel Baudin de 9 de julio de 2002 (expediente de prueba, folio1850).

  (48) Cfr. Canal Telefuturo, video del rescate de Juan Arrom y Anuncio Martí del 30 de enero de 2002, (expediente de prueba, carpeta de material audiovisual, “archivo01” minutos 02:15 a 02:50); Declaración testifical de 11 de febrero de 2002 de Cristina Haydée Arrom Suhurt (expediente de prueba, folio 4969), y Acta de declaración testimonial de Federico Aníbal Emery de 7 de mayo de 2002 (expediente de prueba, folio 5675).

  (49) Cfr. Declaración de Anuncio Martí Méndez de 4 de febrero de 2002 ante el Juez Penal de Garantías (expediente de prueba, folio 4054).

  (50) Cfr. Declaración Testimonial de Juan Arrom Suhurt de 23 de mayo de 2002, ante el Ministerio Público (expediente de prueba, folios 5792 y 5793), y Declaración de Juan Arrom Suhurt rendida en audiencia pública celebrada en el presente caso.

  (51) Cfr. Canal Telefuturo, video del rescate de Juan Arrom y Anuncio Martí del 30 de enero de 2002, (expediente de prueba, carpeta de material audiovisual, “archivo01”).

  (52) Cfr. Canal Telefuturo, video del rescate de Juan Arrom y Anuncio Martí del 30 de enero de 2002, (expediente de prueba, carpeta de material audiovisual, “archivo01”).

  (53) Cfr. Canal Telefuturo, video del rescate de Juan Arrom y Anuncio Martí del 30 de enero de 2002, (expediente de prueba, carpeta de material audiovisual, “archivo01”), y Acta de declaración testimonial de Federico Aníbal Emery de 7 de mayo de 2002 (expediente de prueba, folio 5676).

  (54) Cfr. Canal Telefuturo, video del rescate de Juan Arrom y Anuncio Martí del 30 de enero de 2002, (expediente de prueba, carpeta de material audiovisual, “archivo01”), y Acta de declaración testimonial de Federico Aníbal Emery de 7 de mayo de 2002 (expediente de prueba, folios 5675 y 5676).

  (55) Cfr. Canal Telefuturo, video del rescate de Juan Arrom y Anuncio Martí del 30 de enero de 2002, (expediente de prueba, carpeta de material audiovisual, “archivo01”).

  (56) Cfr. Canal Telefuturo, video del rescate de Juan Arrom y Anuncio Martí del 30 de enero de 2002, (expediente de prueba, carpeta de material audiovisual, “archivo01”).

  (57) Cfr. Canal Telefuturo, video del rescate de Juan Arrom y Anuncio Martí del 30 de enero de 2002, (expediente de prueba, carpeta de material audiovisual, “archivo01”).

  (58) Cfr. Canal Telefuturo, video del rescate de Juan Arrom y Anuncio Martí del 30 de enero de 2002, (expediente de prueba, carpeta de material audiovisual, “archivo01”), y Declaración rendida por Héctor Raúl Marín Peralta ante fedatario público el 24 de enero de 2019 (expediente de prueba, folio 13181).

  (59) Cfr. Canal Telefuturo, video del Rescate de Juan Arrom y Anuncio Martí del 30 de enero de 2002, (expediente de prueba, carpeta de material audiovisual, “archivo01”); Acta de declaración testimonial de Pascual Roberto Sotelo de 17 de abril de 2002 (expediente de prueba, folio 5497), y Declaración rendida por Héctor Raúl Marín Peralta ante fedatario público el 24 de enero de 2019 (expediente de prueba, folio 13181).

  (60) Los informes fueron firmados por los doctores Domingo A. Mendoza, Miguel Ferreira Galeano, Ricardo Morales, Jorge Querey Rojas, Carlos Meilicke, Esperanza Martinez, Irma Ortiz, Hector Lacognata, Enrique Bellassai, Edgar Gimenez, Fernando Herrerosu, Eugenio Baez y Juan Fabio O. Cfr. Informe médico de 30 de enero de 2002 de Juan Arrom Suhurt (expediente de prueba, folios 4888 a 4892), e Informe médico de 30 de enero de 2002 de Anuncio Martí (expediente de prueba, folios 4893 y 4896).

  (61) Cfr. Informe médico de 30 de enero de 2002 de Juan Arrom Suhurt (expediente de prueba, folio 4891).

  (62) Cfr. Informe médico de 30 de enero de 2002 de Juan Arrom Suhurt (expediente de prueba, folios 4888 a 4891).

  (63) La evaluación está firmada por Carlos Portillo. Cfr. Informe psiquiátrico de 30 de enero de 2002 de Juan Arrom Suhurt (expediente de prueba, folio 4798).

  (64) En particular, se refiere a los doctores Domingo A. Mendoza, Miguel Ferreira Galeano, Ricardo Morales, Jorge Querey Rojas, Carlos Meilicke, Esperanza Martínez, Irma Ortiz, Enrique Bellassai y Edgar Gimenez. Cfr. Acta notarial de constatación de maltratos físicos de 30 de enero de 2002 (expediente de prueba, folios 4800 y 4801).

  (65) En particular, se refiere a los doctores Héctor Lagognata, Juan Fabio, Fernando Herreros Usher, Eugenio Baez Maldonado, Oscar Felipe Armele y Carlos Portillo. Cfr. Acta notarial de constatación de maltratos físicos de 30 de enero de 2002 (expediente de prueba, folio 4801).

  (66) Cfr. Informe médico de 30 de enero de 2002 de Anuncio Martí Méndez (expediente de prueba, folios 4893 a 4895).

  (67) Cfr. Informe médico de 30 de enero de 2002 de Anuncio Martí Méndez (expediente de prueba, folio 4895).

  (68) Cfr. Informe psiquiátrico de 30 de enero de 2002 de Anuncio Martí (expediente de prueba, folio 4720).

  (69) Cfr. Fotografías de las lesiones de Juan Arrom Suhurt y Anuncio Martí Méndez (expediente de prueba, folios

221 a 236), y video 2 anexo al escrito de solicitudes y argumentos.

  (70) Cfr. Declaración testifical de 11 de febrero de 2002 de María Auxiliadora Arrom Suhurt (expediente de prueba, folio 4963); Declaración testifical de 11 de febrero de 2002 de Cristina Arrom Suhurt (expediente de prueba, folio 4967); Declaración rendida por Cristina Arrom Suhurt el 7 de febrero de 2019 en la audiencia pública celebrada en este caso; Declaración de Carmen Marina Arrom Suhurt rendida por afidávit presentada ante la Corte (expediente de prueba, folios 13138 y 13139)

  (71) Cfr. Declaración testifical de 11 de febrero de 2002 de María Auxiliadora Arrom (expediente de prueba, folio 4963); Declaración rendida por Cristina Arrom Suhurt el 7 de febrero de 2019 en la audiencia pública celebrada en este caso; Declaración de Liza Liana Larriera Rojas rendida por afidávit presentada ante la Corte (expediente de prueba, folio 13202), y Declaración de María Auxiliadora Arrom rendida por afidávit presentada ante la Corte (expediente de prueba, afidávits y peritajes, folio 13159).

  (72) Cfr. Declaración testifical de 11 de febrero de 2002 de María Auxiliadora Arrom (expediente de prueba, folio 4964); Declaración de 21 de junio de 2002 de Ofelia Noemí Insaurralde Morel (expediente de prueba, folios 5929); Declaración de María Auxiliadora Arrom rendida por afidávit presentada ante la Corte (expediente de prueba, afidávits y peritajes, folio 13159), y Declaración rendida por Cristina Arrom en la audiencia pública celebrada en este caso.

  (73) Cfr. Declaración testifical de 11 de febrero de 2002 de María Auxiliadora Arrom (expediente de prueba, folio

4964).

  (74) Cfr. Sentencia Definitiva N° 4 de 23 de enero de 2002 (expediente de prueba, folio 504).

  (75) Cfr. Auto Interlocutorio N° 38 del 20 de enero de 2002 (expediente de prueba, folio 1151).

  (76) Cfr. Sentencia Definitiva N° 4 de 23 de enero de 2002 (expediente de prueba, folio 504).

  (77) Cfr. Sentencia Definitiva N° 4 de 23 de enero de 2002 (expediente de prueba, folio 506).

  (78) Cfr. Sentencia Definitiva N° 4 de 23 de enero de 2002 (expediente de prueba, folio 507).

  (79) Cfr. Sentencia Definitiva N° 4 de 23 de enero de 2002 (expediente de prueba, folio 506).

  (80) Cfr. Sentencia Definitiva N° 4 de 23 de enero de 2002 (expediente de prueba, folio 507).

  (81) Cfr. Sentencia Definitiva N° 1 de 24 de enero de 2002 (expediente de prueba, folio 509).

  (82) Cfr. Auto Interlocutorio N° 65 del 23 de enero de 2002 (expediente de prueba, folio 1157).

  (83) Cfr. Sentencia Definitiva N° 1 de 24 de enero de 2002 (expediente de prueba, folio 510).

  (84) Cfr. Nota de la Comisión Interamericana de 6 de febrero de 2002 (expediente de prueba, folios 827 y 828).

  (85) Cfr. Denuncia de desaparición de Anuncio Martí presentada el 24 de enero de 2002 (expediente de prueba, folios 4700 a 4703); Nota del Diario ABC, titulada “Hermanas de Martí recurren a fiscalía”, de 25 de enero de 2002 (expediente de prueba, folio 170), y Nota del Diario La Nación, titulada “Denuncia de desaparición forma parte del plan”, de 25 de enero de 2002 (expediente de prueba, folio 176).

  (86) Cfr. Acta de constitución de 30 de enero de 2002 (expediente de prueba, folios 4707 a 4708).

  (87) Cfr. Actas de inspección de 30 de enero de 2002 (expediente de prueba, folios 5370 a 5373); Informe criminalístico de 29 de enero de 2003 (expediente de prueba, folios 7269 a 7276), y Acta de procedimiento de 13 de febrero de 2002 de evidencias levantadas el 30 y 31 de enero de 2002 (expediente de prueba, folio 7295).

  (88) Cfr. Acta de allanamiento de 31 de enero de 2002 (expediente de prueba, folios 4713 a 4714), e Informe de la diligencia de allanamiento de 31 de enero de 2002 (expediente de prueba, folios 4728 y 4729).

  (89) Cfr. Nota del Agente Fiscal en lo Penal N° 25 de 2 de febrero 2002 (expediente de prueba, folio 4733).

  (90) Cfr. Ampliación de denuncia de 1 de febrero de 2002 (expediente de prueba, folios 4716 y 4717), e Informe médico de 30 de enero de 2002 (expediente de prueba, folios 4718 y 4719).

  (91) Cfr. Acta de imputación a Antonio Gamarra y José David Schémbori de 7 de febrero de 2002 (expediente de prueba, folios 4957 a 4959).

  (92) Cfr. Acta de imputación a Javier Cazal Elizeche de 21 de febrero de 2002 (expediente de prueba, folios 5016 a 5017).

  (93) Cfr. Resolución N° 12 de 14 de febrero de 2002 (expediente de prueba, folios 4991 y 4992).

  (94) Cfr. Oficio de 15 de febrero de 2002 de la Policía Nacional (expediente de prueba, folio 4989).

  (95) La querella de Juan Arrom Suhurt fue presentada contra el Subcomisario de la Policía, Saturnino Antonio Gamarra; el Director del Centro de Investigación Judicial, Javier Cazal, el Ministro de Justicia y Trabajo, Silvio Ferreira Fernández, el señor Marcos Antonio Álvarez Pereira, el Ministro de Interior del Poder Ejecutivo, Julio César Fanego Arellano, y el Fiscal Hugo Velázquez Moreno, todos ellos por los hechos punibles contra la libertad, coacción grave, secuestro, amenaza, tentativa de homicidio doloso, desaparición forzosa, lesión grave, lesión grave en el ejercicio de funciones públicas, tortura y persecución de inocentes, todos los anteriores en asociación criminal. Cfr. Querella presentada por Juan Arrom Suhurt el 7 de febrero de 2002 (expediente de prueba, folios 4808 a 4810). La querella de Anuncio Martí fue presentada contra las mismas personas incluidas en la querella de Juan Arrom, con excepción de los señores Fanego Arellano y Velázquez Moreno. Asimismo, la querella fue también interpuesta contra el Subcomisario a cargo del Departamento de Investigación de Delitos de la Policía Nacional, José David Schémbori Ocampos, el Suboficial de policía Pablo Morínigo, al Comisario Roberto González Cuquejo, la señora Gladys Maubet de Ferreira, esposa del ex Ministro Silvio Ferreira, el Oficial Inspector Gomez, el Oficial 1o Martinez, el Oficial Inspector Nelson Alderete, el Oficial Inspector Julio Diaz, el Oficial Limenza y el Oficial Morínigo, por los delitos de secuestro, tortura, desaparición forzosa, lesión grave, asociación ilícita, coacción grave, amenaza, tentativa de homicidio doloso, lesión grave en el ejercicio de funciones públicas, persecución de inocentes, todos en asociación criminal. Cfr. Querella presentada por Anuncio Martí el 26 de febrero de 2002 (expediente de prueba, folio 526).

  (96) Cfr. Expediente caratulado Saturnino Antonio Gamarra y otros s/tortura y otros (expediente de prueba, folios

4697 a 8554).

  (97) Véase por ejemplo, Comunicación de 8 de marzo de 2002 (expediente de prueba, folio 5167); Nota del Agente Fiscal en lo Penal N° 309 de 8 de marzo de 2002 (expediente de prueba, folio 5186); Oficio N° 151 de la Policía Nacional de 11 de marzo de 2002 (expediente de prueba, folios 5193 a 5196); Oficio del Agente Fiscal en lo Penal de 8 de marzo de 2002 (expediente de prueba, folio 4899); Solicitud de 11 de marzo de 2002 (expediente de prueba, folio 5190).

  (98) Cfr. Diligencia de reconstrucción de hechos de 18 de abril de 2002 (expediente de prueba, folios 5519 a 5525).

  (99) Cfr. Acta de procedimiento de 28 de noviembre de 2002 (expediente de prueba, folios 6536 a 6547).

  (100) Cfr. Acta N° 027 / 2002; Acta N° 028 / 2002; Acta N° 029 / 2002 y Acta N° 030 / 2002 (expediente de prueba, folios 5426 a 5432). Por su parte Anuncio Martí informó que “por imposibilidad personal de [su] parte y por recomendación de [su] abogado [se] abst[iene] de hacer la identificación correspondiente”. Cfr. Acta de 11 de abril de 2002 (expediente de prueba, folios 5435 y 5436).

  (101) Cfr. Informe criminalístico de 29 de enero de 2003 (expediente de prueba, folios 7269 a 7280).

  (102) Cfr. Informe criminalístico de 29 de enero de 2003 (expediente de prueba, folios 7278 a 7280), y Acta de procedimiento de 13 de febrero de 2002 de evidencias levantadas el 30 y 31 de enero de 2002 (expediente de prueba, folio 7296).

  (103) Cfr. Solicitud de sobreseimiento del Ministerio Público de 8 de febrero de 2003 (expediente de prueba, folios 7512 y 7513).

  (104) Cfr. Solicitud de desestimación del Ministerio Público de 8 de febrero de 2003 (expediente de prueba, folio 7467).

  (105) Cfr. Escrito de Anuncio Martí Méndez de 8 de febrero de 2003 (expediente de prueba, folios 8208 a 8220), Escrito de Juan Arrom Suhurt de 10 de febrero de 2003 (expediente de prueba, folios a 1204 a 1223).

  (106) Cfr. Escrito de Anuncio Martí de 28 de marzo de 2003 (expediente de prueba, folios 8244 a 8255), y Escrito de Juan Arrom Suhurt de 31 de marzo de 2003 (expediente de prueba, folios 8256 a 8312).

  (107) Cfr. Acta de la audiencia preliminar de 14 de mayo de 2003 (expediente de prueba, folios 8333 a 6339).

  (108) Cfr. Resolución N° 68 de 14 de mayo de 2003 (expediente de prueba, folio 8340).

  (109) Cfr. Resolución N° 68 de 14 de mayo de 2003 (expediente de prueba, folio 8341).

  (110) Cfr. Dictamen de la Fiscalía General del Estado de 27 de mayo de 2003 (expediente de prueba, folios 8342 a 8369).

  (111) Cfr. Escrito de 19 de junio de 2003 (expediente de prueba, folios 634 a 644).

  (112) Cfr. Sentencia de la Corte Suprema de Justicia de 19 de septiembre de 2003 (expediente de prueba, folios 646 a 648).

  (113) Cfr. Decisión de 4 de noviembre de 2003 (expediente de prueba, folios 8468 a 8470).

  (114) Cfr. Recurso de Apelación de 11 de noviembre de 2003 (expediente de prueba, folios 8537 a 8539), y Recurso de Apelación de 12 de noviembre de 2003 (expediente de prueba, folios 8495 a 8512).

  (115) Cfr. Decisión de la Sala Cuarta del Tribunal de Apelaciones en lo Penal de 24 de marzo de 2004 (expediente de prueba, folios 8516 a 8526).

  (116) Cfr. Decisión de la Sala Cuarta del Tribunal de Apelaciones en lo Penal de 24 de marzo de 2004 (expediente de prueba, folio 8522).

  (117) Cfr. Decisión de la Sala Cuarta del Tribunal de Apelaciones en lo Penal de 24 de marzo de 2004 (expediente de prueba, folio 8522).

  (118) Cfr. Declaración de Juan Arrom Suhurt rendida en audiencia pública celebrada en el presente caso, y Declaración de Anuncio Martí Méndez ante fedatario público de 16 de enero de 2019 (expediente de prueba, folio 13193).

  (119) La nota técnica no menciona el nombre de los tres ciudadanos paraguayos a los que concedió el estatus de refugiados. Cfr. Nota técnica del Coordenador-Geral do Comité Nacional para os Refugiados CONARE (expediente de prueba, folio 687).

  (120) Las solicitudes han sido realizadas el 27 de octubre de 2006, el 22 de febrero de 2010 y el 10 de enero de 2019. Cfr. Nota técnica del Coordenador-Geral do Comité Nacional para os Refugiados CONARE (expediente de prueba, folio 687); Nota del Diario Estadao, titulada “Brasil negará extradição de refugiados políticos”, de 3 de mayo de 2010 (expediente de prueba, folios 690 y 691), y Solicitud DM/N° 9/2019 de 10 de enero de 2019 suscrito por Hugo Saguier Caballero, Ministro Sustituto de Relaciones Exteriores dirigido al Ministro de Relaciones Exteriores de la República Federativa del Brasil (expediente de medidas provisionales, folio 136 a 145).

  (121) Cfr. Nota técnica del Coordenador-Geral do Comité Nacional para os Refugiados CONARE (expediente de prueba, folio 687), y Nota del Diario Estadao, titulada “Brasil negará extradição de refugiados políticos”, de 3 de mayo de 2010 (expediente de prueba, folios 690 y 691).

  (122) Cfr. Solicitud DM/N° 9/2019 de 10 de enero de 2019 suscrito por Hugo Saguier Caballero, Ministro Sustituto de Relaciones Exteriores dirigido al Ministro de Relaciones Exteriores de la República Federativa del Brasil (expediente de medidas provisionales, folio 136 a 145).

  (123) En los alegatos finales los representantes alegaron además la violación del artículo 24 de la Convención, así como el artículo 2 de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura y los artículos VII, IX y XI de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas. Sin embargo estos alegatos son extemporáneos por lo que la Corte no se pronunciará al respecto.

  (124) El artículo 7 de la Convención establece que: “1. Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad personales. 2. Nadie puede ser privado de su libertad física, salvo por las causas y en las condiciones fijadas de antemano por las Constituciones Políticas de los Estados Partes o por las leyes dictadas conforme a ellas. 3. Nadie puede ser sometido a detención o encarcelamiento arbitrarios. 4. Toda persona detenida o retenida debe ser informada de las razones de su detención y notificada, sin demora, del cargo o cargos formulados contra ella. 5. Toda persona detenida o retenida debe ser llevada, sin demora, ante un juez u otro funcionario autorizado por la ley para ejercer funciones judiciales y tendrá derecho a ser juzgada dentro de un plazo razonable o a ser puesta en libertad, sin perjuicio de que continúe el proceso. Su libertad podrá estar condicionada a garantías que aseguren su comparecencia en el juicio. 6. Toda persona privada de libertad tiene derecho a recurrir ante un juez o tribunal competente, a fin de que éste decida, sin demora, sobre la legalidad de su arresto o detención y ordene su libertad si el arresto o la detención fueran ilegales. En los Estados Partes cuyas leyes prevén que toda persona que se viera amenazada de ser privada de su libertad tiene derecho a recurrir a un juez o tribunal competente a fin de que éste decida sobre la legalidad de tal amenaza, dicho recurso no puede ser restringido ni abolido. Los recursos podrán interponerse por sí o por otra persona. 7. Nadie será detenido por deudas. Este principio no limita los mandatos de autoridad judicial competente dictados por incumplimientos de deberes alimentarios”.

  (125) El artículo 5 de la Convención establece que: “1. Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral. 2. Nadie debe ser sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Toda persona privada de libertad será tratada con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano. 3. La pena no puede trascender de la persona del delincuente. 4. Los procesados deben estar separados de los condenados, salvo en circunstancias excepcionales, y serán sometidos a un tratamiento adecuado a su condición de personas no condenadas. 5. Cuando los menores puedan ser procesados, deben ser separados de los adultos y llevados ante tribunales especializados, con la mayor celeridad posible, para su tratamiento. 6. Las penas privativas de la libertad tendrán como finalidad esencial la reforma y la readaptación social de los condenados”.

  (126) El artículo 4 de la Convención establece que: “1. Toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho estará protegido por la ley y, en general, a partir del momento de la concepción. Nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente. 2. En los países que no han abolido la pena de muerte, ésta sólo podrá imponerse por los delitos más graves, en cumplimiento de sentencia ejecutoriada de tribunal competente y de conformidad con una ley que establezca tal pena, dictada con anterioridad a la comisión del delito. Tampoco se extenderá su aplicación a delitos a los cuales no se la aplique actualmente. 3. No se restablecerá la pena de muerte en los Estados que la han abolido. 4. En ningún caso se puede aplicar la pena de muerte por delitos políticos ni comunes conexos con los políticos. 5. No se impondrá la pena de muerte a personas que, en el momento de la comisión del delito, tuvieren menos de dieciocho años de edad o más de setenta, ni se le aplicará a las mujeres en estado de gravidez. 6. Toda persona condenada a muerte tiene derecho a solicitar la amnistía, el indulto o la conmutación de la pena, los cuales podrán ser concedidos en todos los casos. No se puede aplicar la pena de muerte mientras la solicitud esté pendiente de decisión ante autoridad competente”.

  (127) El artículo 3 de la Convención establece que: “[t]oda persona tiene derecho al reconocimiento de su personalidad jurídica”.

  (128) El artículo 1.1 de la Convención establece que: “[L]os Estados Partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social”.

  (129) Cfr. Caso Cantoral Huamaní y García Santa Cruz Vs. Perú. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 10 de julio de 2007. Serie C No. 167, párr. 79, y Caso López Soto y otros Vs. Venezuela. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 26 de septiembre de 2018. Serie C No. 362, párr. 127.

  (130) Cfr. Caso Velásquez Rodríguez Vs. Honduras. Fondo. Sentencia de 29 de julio de 1988. Serie C No. 4, párrs.

130 y 131, y Caso Alvarado Espinoza y otros Vs. México. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 28 de noviembre de 2018. Serie C No. 370, párr. 169.

  (131) Cfr. Caso Velásquez Rodríguez Vs. Honduras. Fondo. Sentencia de 29 de julio de 1988. Serie C No. 4, párr. 135, y Caso López Soto y otros Vs. Venezuela. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 26 de septiembre de 2018. Serie C No. 362, párr. 163.

  (132) Véase por ejemplo, Caso Terrones Silva y otros Vs. Perú. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 26 de septiembre de 2018. Serie C No. 360.

  (133) Véase por ejemplo, Caso Munárriz Escobar y otros Vs. Perú. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 20 de agosto de 2018. Serie C No. 355.

  (134) Cfr. Canal Telefuturo, video del Rescate de Juan Arrom y Anuncio Martí del 30 de enero de 2002, (expediente de prueba, carpeta de material audiovisual, “archivo01”).

  (135) Cfr. Declaración de Anuncio Martí de 4 de febrero de 2002 ante el Juez Penal de Garantías (expediente de prueba, folios 4054 y 4055); Declaración de Juan Arrom Suhurt de 4 de febrero de 2002 ante el Juez Penal de Garantías (expediente de prueba, folio 4033), y Diligencia de reconstrucción de hechos de 18 de abril de 2002 (expediente de prueba, folio 5527).

  (136) En dicha oportunidad el señor Arrom Suhurt declaró que al momento de la captura todos actuaban a cara descubierta. Indicó que tras la captura lo llevaron a un lugar donde pudo ver que estaba el Subcomisario Antonio Gamarra. Seguidamente lo llevaron cerca de la entrada de una caballería donde recuerda haber visto a una persona de estatura alta, delgada, con bigotes y barba semi crecida, a quien apodaban KABUL. Indicó que al día siguiente, tras solicitarle al Subcomisario Gamarra una reunión con el señor Ferreira, lo montaron en un auto, y lo condujeron a un lugar a donde llegó el Ministro Ferreira a hablar con él. El Ministro Ferreira le habría indicado que hablaría con el Ministro Fanego, quien le iba a “dar garantías”. Al regresar de esa reunión, le pasaron un teléfono y el Ministro Fanego le habría dicho “Arrom, aquí estoy con el Ministro Ferreira, él está escuchando lo que te voy a decir, colabora con la gente que te vamos a enviar, te vamos a dar todas las garantías y te vamos a sacar del país”. Señaló que al rato le taparon los ojos y la boca con cinta de embalaje y lo subieron a una camioneta y le pidieron que diera la dirección de Víctor Colman. Indicó que en un momento “cambi[ó] el grupo de gente que estaba en la camioneta y se subió gente que se decía de la Secretaría antiterrorismo”. El día sábado en la noche se presentó un médico a examinarlo y el Comisario Gamarra se encontraba presente. Cuando los trasladaron a la segunda casa le “volvieron a poner cinta de embalaje por la cara, ojos y boca” y permanecieron todo ese día con los ojos vendados, señaló que él “podía divisar a las personas que se movían en la pieza, reconociendo plenamente a un señor que dicen que es el [señor] Cazal, cuyas fotos salen en el diario”. Indicó que vio al Comisario Gamarra en dos oportunidades más, el lunes a la noche, dos días antes que los encontraran y el miércoles en la mañana. Asimismo, señaló que Gamarra le habría dicho que debían sanar sus heridas para que puedan llevarlos a la Fiscalía y que colaborara firmando una declaración que ya tenía preparada el Fiscal Velázquez. Indicó además que “varios policías [le] pidieron por favor que no les impli[cara]”. Cfr. Declaración de Juan Arrom Suhurt de 4 de febrero de 2002 ante el Juez Penal de Garantías (expediente de prueba, folios 4032 a 4037).

  (137) En dicha oportunidad el señor Arrom Suhurt declaró que todos actuaron a cara descubierta. Señaló que al momento de la captura se encontraban presentes el Subcomisario Gamarra, David Schémbori, Javier Cazal y una última persona cuya fotografía apareció hace pocos días en el diario Última Hora, de hombre Francisco Servián”. Cfr. Diligencia de reconstrucción de hechos de 18 de abril de 2002 (expediente de prueba, folio 5520).

  (138) En dicha oportunidad el señor Arrom Suhurt declaró que se ratificaba de la declaración anterior y agregó que: la persona que identificó por medio de un foto en el periódico que la persona que llamaban KABUL es el Suboficial José David Schémbori, quien estaba cuando lo torturaban en el río y estaba acompañado por Francisco Servián. Señaló que el viernes, cuando salió de la casa, unas personas se identificaron como de una secretaría antiterrorista. Indicó que ese día, cuando recorrían la zona del señor Víctor Colman, “a efectos de que [él] identificara su casa[,] en un momento dado [le] levantaron la cinta de embalaje que tenía del lado izquierdo del ojo para que dijera si una de las casas [era la de] Víctor Colman”. En ese momento se percató que a su lado izquierdo estaba una persona que conoció en marzo del 2000, el Teniente Coronel del Ejército, Mario Restituto González Benítez. Declaró que la persona que le pasó el teléfono para hablar con el Ministro Fanego fue Francisco Servián. Explicó que al pasar el teléfono le indicaron que hablaría con el Ministro Fanego y que él le reconoció la voz “por haberlo escuchado en varias oportunidades anteriores en declaraciones a la prensa radial y televisiva”. Afirmó que le presionaron para firmar unas declaraciones que el Fiscal Hugo Velázquez ya tenía listas. Señaló que vio al oficial Pablo Morínigo en el primer lugar dónde estaban recluidos, lo vio en varias oportunidades y cuando lo llevaron a hablar con el Ministro Ferreira. Reiteró que el primer día fue torturado por el Subcomisario Gamarra y que en la segunda casa vio a Javier Cazal. Explicó que tenía una cinta de embalaje en los ojos pero que estaba floja. Agregó que el día de la liberación el Subcomisario Gamarra fue a inspeccionar las heridas y ante el reclamo de Arrom, éste le habría dicho que lo llevarían a la Fiscalía pronto. Cfr. Declaración testimonial de Juan Arrom Suhurt de 23 de mayo de 2002, ante el Ministerio Público (expediente de prueba, folios 5785 a 5795).

  (139) En dicha oportunidad el señor Arrom Suhurt declaró que el jefe de grupo que lo capturó era el Subcomisario Antonio Gamarra, quien se presentó varias veces, incluyendo el 30 de enero. En una oportunidad, Arrom habría preguntado qué día los iban a presentar ante el Fiscal, a lo cual respondió que el viernes o lunes pues las heridas debían sanar. Reiteró que se reunió con el Ministro Ferreira y que al volver Francisco Servián le pasó un teléfono para hablar con el Ministro Fanego. Explicó que “los agentes que [l]os tenía secuestrados y que [l]os torturaron se presentaron a cara descubierta. En todos los días en que [estuvieron] secuestrados, todos ellos actuaban a cara descubierta”. Indicó que él “no conocía por nombre a ninguno, excepto uno que yo identifi[có] el día 18 de enero del año 2002, que era un militar al cual lo había visto en un momento dado en la antesala del despacho del Ministro Silvio Ferreira”. Señaló que el 30 de enero estaban en la casa el Subcomisario Gamarra y el Suboficial José David Schémbori. Asimismo, reiteró que lo presionaron para firmar declaraciones que tendría preparadas el Fiscal Hugo Velázquez. Cfr. Declaración de Juan Arrom Suhurt rendida en audiencia pública celebrada en el presente caso.

  (140) El señor Martí Méndez declaró que cuando los capturaron le dijeron: “somos policías y estamos por el secuestro”. Esta declaración no fue firmada por el señor Martí Méndez por no encontrarse presente su abogado. Cfr. Acta de entrevista previa a Anuncio Martí Méndez de 31 de enero de 2002 (expediente de prueba, folio 4750).

  (141) En dicha oportunidad el señor Martí Méndez declaró que al momento de la captura le dijeron “somos policías y estamos por el secuestro”. Señaló que el viernes a las 21:00 vio al Subcomisario Gamarra. El sábado escuchó mencionar al Ministro Ferriera, por lo que preguntó si iba a verlos y le respondieron que ya había visto a Juan Arrom. El domingo se presentaron Javier Cazal, Antonio Gamarra y una persona que solo vio ese día que “aparentemente era de inteligencia policial”. Cuando los trasladaron de la segunda a la tercera casa tenían vendados los ojos e identificó a Antonio Gamarra. Indicó que al Subcomisario Gamarra lo vio de nuevo unos días antes de la liberación. Asimismo, indicó que les habrían prometido ir a la Fiscalía cuando sanaran sus heridas. Cfr. Declaración de Anuncio Martí de 4 de febrero de 2002 ante el Juez Penal de Garantías (expediente de prueba, folios 4050 a 4055).

  (142) En dicha oportunidad el señor Martí Méndez declaró que ratificaba las denuncias previamente realizadas. Reiteró que al momento de la captura le dijeron: “somos policías y estamos por el secuestro de la señora”. Indicó que en el río estaba José David Schémbori y Pablo Ignacio Morínigo. Al día siguiente a las 21 horas llegó el Comisario Gamarra. El día sábado permanecieron en el lugar todo el día José David Schémbori y Pablo Morínigo. El lunes 21 lo interrogaran el Subcomisario Gamarra, el señor Javier Cazal y “una persona que decía ser de Inteligencia Policial o Militar. Unos días antes de la liberación vio al Subcomisario Gamarra. Cfr. Declaración de 11 de febrero de 2002 de Anuncio Martí Méndez ante el Juez Instructor de Sumarios del Quinto Turno de la Dirección de Justicia Policial (expediente de prueba, folios 6011, 6014 a 6020).

  (143) En dicha oportunidad el señor Martí Méndez declaró que todos tenían la cara descubierta y pudo identificar a Suboficial de la Policía José David Schémbori Ocampos, Pablo Morínigo y Francisco Servián. Ante una pregunta sobre dónde estaría el Comisario Gamarra, indició que “él no mencionó a Gamarra”. Cfr. Diligencia de reconstrucción de hechos de 18 de abril de 2002 (expediente de prueba, folios 5524 y 5525).

  (144) En dicha oportunidad el señor Martí Méndez declaró que tomando en cuenta las declaraciones previas, en esta solo haría ampliaciones. Indicó que entre los responsables de su detención y tortura él identificó a Javier Cazal,

José David Schémbori, Julio Díaz, Oficial Alderete, Oficial Martínez, Oficial Limenza, Oficial Gómez, Oficial Morínigo, el Subcomisario Antonio Gamarra y el oficial Francisco Servián. Indicó que los oficiales Servián, Morínigo y Schémbori participaron en las torturas en el río, y que Javier Cazal estuvo en la primera casa tres días después del inicio de la detención, junto con José David Schémbori, Francisco Servián y el Subcomisario Gamarra. Indicó que durante su detención “no siempre estuv[o] vendado, [...] más tiempo estuv[o] sin venda”. Señaló que a Gamarra lo vio en varias ocasiones. Indicó que el 30 de enero estuvo en la casa José David Schémbori. Indicó que en una oportunidad lo sacaron de la casa y en el auto estaba Francisco Servián, José David Schémbori y Pablo Morínigo. Señaló que en el traslado a la tercera casa estaban presentes José David Schémbori, Francisco Servián y Pablo Morínigo y que vio a González Cuquejo en su camioneta el día en que fue liberado. Indicó que en el momento de la detención se le cayeron sus anteojos y se los devolvieron en la tercera casa. Aclaró que tiene 2.50 de hipermetropía, “no v[e] bien de cerca pero sí de lejos”. Señaló que el día que vio a Javier Cazal no tenía puestos los anteojos. Cfr. Acta de declaración testimonial de Anuncio Martí Méndez de 31 de mayo de 2002 (expediente de prueba, folios 5832 a 5844).

  (145) En dicha oportunidad el señor Martí Méndez declaró que cuando lo detuvieron le dijeron que eran policías. Señaló que el viernes vio a Antonio Gamarra y que el domingo lo interrogó Javier Cazal. Señaló que vio de nuevo a Antonio Gamarra en uno de los traslados, antes de llevarlos a la tercera casa y lo volvió a ver unos dos días antes de la liberación. Asimismo, reiteró que les habrían prometido que irían a la Fiscalía. Cfr. Declaración de Anuncio Martí Méndez ante fedatario público de 16 de enero de 2019 (expediente de prueba, folios 13187 a 13190).

  (146) Cfr. Declaración testifical de 11 de febrero de 2002 de María Auxiliadora Arrom Suhurt (expediente de prueba, folio 4965); Declaración de María Auxiliadora Arrom Suhurt ante fedatario público de 24 de enero de 2019 (expediente de prueba, folio 13160); Declaración de Cristina Haydée Arrom Suhurt rendida en audiencia pública celebrada en el presente caso, y Declaración testifical de 11 de febrero de 2002 de Cristina Haydée Arrom Suhurt (expediente de prueba, folio 4968).

  (147) Cfr. Declaración testifical de 11 de febrero de 2002 de María Auxiliadora Arrom (expediente de prueba, folio 4965); Declaración testifical de 11 de febrero de 2002 de Cristina Haydée Arrom Suhurt (expediente de prueba, folio 4969); Declaración de Cristina Haydée Arrom Suhurt rendida en audiencia pública celebrada en el presente caso, y Declaración de María Auxiliadora Arrom Suhurt ante fedatario público de 24 de enero de 2019 (expediente de prueba, folio 13160). Asimismo Carmen Marina Arrom Suhurt también declaró haber reconocido al señor Schémbori, sin embargo ella no se encontraba presente en ese momento. Cfr. Declaración de Carmen Marina Arrom Suhurt ante fedatario público de 24 de enero de 2019 (expediente de prueba, folio 13141).

  (148) El señor Derlis Melgarejo Fariña, quién trabajaba como chofer para Ricardo Arrom Suhurt, corroboró haber visto la camioneta de placa ADR642. Por otra parte, el señor Federico Aníbal Emery, periodista de Radio Ñanduti, que se encontraba cubriendo los hechos del 30 de enero, señaló que de la casa salió “una persona alta de barba, tenía remera blanca, pantaloncito negro, estaba descalza e inmediatamente interpreté que salió para ver qué pasaba”, luego salió a abrir el portón de vehículos”. Explicó que reconoció al señor Schémbori unos días después cuando salió una foto en el periódico. Indicó que esta información la dijo al aire días después y comenzó a recibir amenazas. Cfr. Acta de declaración testimonial de Derlis Megarejo Fariña de 6 de junio de 2002 (expediente de prueba, folio 4161); Acta de declaración testimonial de Federico Aníbal Emery de 7 de mayo de 2002 (expediente de prueba, folios 5675 y 5676), y Declaración de Federico Aníbal Emery ante fedatario público de 24 de enero de 2019 (expediente de prueba, folio 13117).

  (149) Cfr. Declaración testimonial de Anuncio Martí Méndez de 31 de mayo de 2002, ante el Ministerio Público (expediente de prueba 5838), y Declaración de Juan Arrom Suhurt rendida en audiencia pública celebrada en el presente caso.

  (150) Cfr. Declaración testifical de 11 de febrero de 2002 de Cristina Haydée Arrom Suhurt (expediente de prueba, folio 4967), y Declaración de Cristina Haydée Arrom Suhurt rendida en audiencia pública celebrada en el presente caso.

  (151) Cfr. Declaración testifical de 11 de febrero de 2002 de Cristina Haydée Arrom Suhurt (expediente de prueba, folios 4967 y 4968).

  (152) Cfr. Declaración de Cristina Haydée Arrom Suhurt rendida en audiencia pública celebrada en el presente caso.

  (153) Cfr. Declaración de María Auxiliadora Arrom Suhurt ante fedatario público de 24 de enero de 2019 (expediente de prueba, folio 13159).

  (154) Declaración testifical de 11 de febrero de 2002 de María Auxiliadora Arrom (expediente de prueba, folios 4964).

  (155) Cfr. Declaración de María Auxiliadora Arrom Suhurt ante fedatario público de 24 de enero de 2019 (expediente de prueba, folio 13159).

  (156) Declaración testifical de 11 de febrero de 2002 de María Auxiliadora Arrom (expediente de prueba, folios

4964).

  (157) Cfr. Declaración de Carmen Marina Arrom Suhurt ante fedatario público de 24 de enero de 2019 (expediente de prueba, folio 13139).

  (158) Cfr. Declaración de Carmen Marina Arrom Suhurt ante fedatario público de 24 de enero de 2019 (expediente de prueba, folio 13139).

  (159) Cfr. Declaración de Carmen Marina Arrom Suhurt ante fedatario público de 24 de enero de 2019 (expediente de prueba, folio 13140).

  (160) Cfr. Caso Liakat Ali Alibux Vs. Surinam. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de enero de 2014. Serie C No. 276, párr. 31, y Caso San Miguel Sosa y otras Vs. Venezuela. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 8 de febrero de 2018. Serie C No. 348, párr. 39.

  (161) Cfr. Acta de declaración testimonial de Amada Concepción Cerquetti de Cáceres de 30 de abril de 2002 (expediente de prueba, folio 5582); Acta de declaración testimonial de Pedro Pablo Cáceres Barrios de 30 de abril de 2002 (expediente de prueba, folios 5578 y 5579); Acta de declaración testimonial de María Teresa de Jesús Cerquetti de 6 de mayo de 2002 (expediente de prueba, folios 5666 y 5667), y Acta de declaración testimonial de Zully Noemí Rosa Flores de 6 de mayo de 2002 (expediente de prueba, folio 5670).

  (162) Cfr. Declaración testifical de Luis Alfonso Resck Haiter de 7 de febrero de 2002 (expediente de prueba, folio 4909).

  (163) Cfr. Declaración testifical de Luis Alfonso Resck Haiter de 7 de febrero de 2002 (expediente de prueba, folios 4907 a 4909).

  (164) Cfr. Informe N° 00018/02 de 9 de enero de 2002 (expediente de prueba, folios 6597 a 6599), y Nota del Diario ABC, titulada "Resck presenció operativo el mismo día del secuestro" del 8 de febrero de 2002 (expediente de prueba, folio 1766).

  (165) Cfr. Acta de declaración testimonial de Ramón Alberto López Noguera de 3 de mayo de 2002 (expediente de prueba, folios 5662 y 5663),

  (166) Cfr. Declaración testifical de Héctor Ricardo Lacognata Zaragoza de 12 de febrero de 2002 (expediente de prueba, folio 4923).

  (167) Cfr. Declaración testifical de Héctor Ricardo Lacognata Zaragoza de 12 de febrero de 2002 (expediente de prueba, folio 4923).

  (168) Cfr. Declaración testifical de Héctor Ricardo Lacognata Zaragoza de 12 de febrero de 2002 (expediente de prueba, folio 4924).

  (169) Cfr. Declaración testifical de Héctor Ricardo Lacognata Zaragoza de 12 de febrero de 2002 (expediente de prueba, folio 4923).

  (170) Cfr. Declaración de Víctor Miguel Benítez Cano de 20 de diciembre de 2002 (expediente de prueba, folios 6586 y 6587).

  (171) Cfr. Declaración testifical de Mónica Laneri Ferreira de 13 de febrero de 2002 (expediente de prueba, folios 5005 y 5006).

  (172) Cfr. Acta de declaración testimonial de Víctor Colman de 29 de mayo de 2002 (expediente de prueba, folio 5807); Declaración de Víctor Antonio Colmán Ortega ante fedatario público de 24 de enero de 2019 (expediente de prueba, folio 13207); Acta de declaración del imputado Víctor Antonio Colmán Ortega de 11 de febrero de 2002 (expediente de prueba, folio 5069), y Acta de declaración testimonial de Ana Rosa Samudio de Colman de 29 de mayo de 2002 (expediente de prueba, folios 5813 a 5815).

  (173) Cfr. Acta de declaración testimonial de Ana Rosa Samudio de Colman de 29 de mayo de 2002 (expediente de prueba, folio 5814), y Declaración de Víctor Antonio Colmán Ortega ante fedatario público de 24 de enero de 2019 (expediente de prueba, folios 13207 y 13208). Asimismo, el señor Víctor Colmán en su declaración ante fedatario público señaló que el Fiscal Velázquez Moreno declaró que Juan Arrom ya se había declarado culpable del secuestro de la señora Bordón. Cfr. Declaración de Víctor Antonio Colmán Ortega ante fedatario público de 24 de enero de 2019 (expediente de prueba, folio 13210).

  (174) Cfr. Declaración de Víctor Antonio Colmán Ortega ante fedatario público de 24 de enero de 2019 (expediente de prueba, folio 13210).

  (175) Véase por ejemplo, Nota del Diario Noticias, titulada “Colmán dice que le insinuaron que Juan está detenido”, del 23 de enero de 2002 (expediente de prueba, folio 4408), y Nota del Diario Noticias, titulada "Defensor adjunto del Pueblo busca a Arrom en Investigaciones" del 23 de enero de 2002 (expediente de prueba, folio 3833).

( 176) Cfr. Declaración de Héctor Raúl Marín Peralta de 15 de julio de 2002 (expediente de prueba, folio 6185), y Declaración rendida por Héctor Raúl Marín Peralta ante fedatario público el 24 de enero de 2019 (expediente de prueba, folio 13181).

  (177) Cfr. Declaración de Víctor Antonio Colmán Ortega ante fedatario público de 24 de enero de 2019 (expediente de prueba, folio 13209).

  (178) Cfr. Registro de Compraventa de 25 de septiembre de 2001 (expediente de prueba, folios 4773 a 4776), y Denuncia penal formulada por Octavio Francisco Flores García el 6 de febrero de 2002 (expediente de prueba, folios 4771 a 4772).

  (179) Cfr. Nota del Jefa del Departamento Jurídico de la Policía Nacional de 20 de febrero de 2019 (expediente de prueba, folios 13950), y Nota de la Dirección de Gestión del Personal de la Policía Nacional de 20 de febrero de 2019 (expediente de prueba, folio 13951).

  (180) Cfr. Contrato de arrendamiento de 18 de enero de 2002 (expediente de prueba, folios 4778 a 4780); Denuncia penal formulada por Octavio Francisco Flores García el 6 de febrero de 2002 (expediente de prueba, folio 4771), y Declaración indagatoria de Octavio Francisco Flores García de 7 de febrero de 2002 (expediente de prueba, folio 4819).

  (181) Cfr. Declaración Indagatoria de Octavio Francisco Flores García de 6 de febrero de 2002 (expediente de prueba, folio 4819).

  (182) Cfr. Declaración de Esteban Domingo Centurión Vera de 31 de enero de 2002 ante la Jueza Penal de Garantías de Feria y de Guardia (expediente de prueba, folios 4754 y 4755); Declaración de Ángela Estefanía Salinas de Lugo de 31 de enero de 2002 ante la Jueza Penal de Garantías de Feria y de Guardia (expediente de prueba, folios 4757 y 4758); Declaración Indagatoria de Octavio Francisco Flores García de 6 de febrero de 2002 (expediente de prueba, folio 4818), y Acta de declaración testimonial de Octavio Francisco Flores García de 10 de abril de 2002 (expediente de prueba, folio 5411).

  (183) Cfr. Declaración de Esteban Domingo Centurión Vega de 31 de enero de 2002 ante el fiscal (expediente de prueba, folios 4711); Declaración de Esteban Domingo Centurión Vera de 31 de enero de 2002 ante la Jueza Penal de Garantías de Feria y de Guardia (expediente de prueba, folios 4754 y 4755), y Declaración de Ángela Estefanía Salinas de Lugo de 31 de enero de 2002 ante la Jueza Penal de Garantías de Feria y de Guardia (expediente de prueba, folios 4757 y 4758). Consta en el expediente además un video sin fecha de una declaración del señor Centurión Vera ante Telefuturo, dónde relata los mismos dichos e indica que él conoce a Antonio Gamarra. Asimismo, agrega que a él lo llevaron a la casa de la esposa de Antonio Gamarra en Villa Elisa. Cfr. Video 43 presentado junto con el escrito de argumentos y pruebas (expediente de prueba, carpeta de material audiovisual, “archivo43”).

  (184) Cfr. Declaración de Esteban Domingo Centurión Vera de 31 de enero de 2002 ante la Jueza Penal de Garantías de Feria y de Guardia (expediente de prueba, folio 4755).

  (185) Cfr. Acta de declaración testimonial de Esteban Domingo Centurión Vega de 12 de abril de 2002 (expediente de prueba, folio 5457).

  (186) Cfr. Acta de declaración testimonial de Esteban Domingo Centurión Vega de 12 de abril de 2002 (expediente de prueba, folio 5457).

  (187) Cfr. Acta de declaración testimonial de Esteban Domingo Centurión Vega de 12 de abril de 2002 (expediente de prueba, folio 5458).

  (188) Cfr. Acta de declaración testimonial de Ángela Estefanía Salinas de Lugo de 12 de abril de 2002 (expediente de prueba, folio 5453).

  (189) Cfr. Acta de declaración testimonial de Ángela Estefanía Salinas de Lugo de 12 de abril de 2002 (expediente de prueba, folio 5453).

  (190) Cfr. Solicitud de sobreseimiento del Ministerio Público de 8 de febrero de 2003 (expediente de prueba, folios 7508 y 7509).

  (191) Cfr. Solicitud de sobreseimiento del Ministerio Público de 8 de febrero de 2003 (expediente de prueba, folios 7510 y 7511).

  (192) Cfr. Solicitud de sobreseimiento del Ministerio Público de 8 de febrero de 2003 (expediente de prueba, folio 7511).

  (193) Cfr. Dictamen de la Fiscalía General del Estado de 27 de mayo de 2003 (expediente de prueba, folios 8348 y 8349).

  (194) Cfr. Solicitud de sobreseimiento del Ministerio Público de 8 de febrero de 2003 (expediente de prueba, folio 7493).

  (195) Cfr. Solicitud de sobreseimiento del Ministerio Público de 8 de febrero de 2003 (expediente de prueba, folio 7495).

  (196) Cfr. Solicitud de sobreseimiento del Ministerio Público de 8 de febrero de 2003 (expediente de prueba, folio 7497).

  (197) Cfr. Solicitud de sobreseimiento del Ministerio Público de 8 de febrero de 2003 (expediente de prueba, folio 7493).

  (198) Cfr. Dictamen de la Fiscalía General del Estado de 27 de mayo de 2003 (expediente de prueba, folios 8360 y 8361).

  (199) Cfr. Solicitud de sobreseimiento del Ministerio Público de 8 de febrero de 2003 (expediente de prueba, folio 7482).

  (200) Cfr. Solicitud de sobreseimiento del Ministerio Público de 8 de febrero de 2003 (expediente de prueba, folio 7483).

  (201) Cfr. Solicitud de sobreseimiento del Ministerio Público de 8 de febrero de 2003 (expediente de prueba, folios 7484 y 7485).

  (202) Cfr. Dictamen de la Fiscalía General del Estado de 27 de mayo de 2003 (expediente de prueba, folios 8365 y 8366).

  (203) Cfr. Solicitud de desestimación del Ministerio Público de 8 de febrero de 2003 (expediente de prueba, folios 7464 a 7465).

  (204) Cfr. Solicitud de desestimación del Ministerio Público de 8 de febrero de 2003 (expediente de prueba, folio 7464).

  (205) Cfr. Solicitud de desestimación del Ministerio Público de 8 de febrero de 2003 (expediente de prueba, folio 7467).

  (206) Cfr. Solicitud de desestimación del Ministerio Público de 8 de febrero de 2003 (expediente de prueba, folio 7458).

  (207) Cfr. Solicitud de desestimación del Ministerio Público de 8 de febrero de 2003 (expediente de prueba, folio 7459).

  (208) Cfr. Solicitud de desestimación del Ministerio Público de 8 de febrero de 2003 (expediente de prueba, folio 7466).

  (209) Cfr. Solicitud de desestimación del Ministerio Público de 8 de febrero de 2003 (expediente de prueba, folios 7466 y 7467).

  (210) El artículo 8.1 de la Convención establece que: “Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter”.

  (211) El artículo 25.1 de la Convención establece que: “Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales”.

  (212) Cfr. Caso Velásquez Rodríguez Vs. Honduras. Fondo. Sentencia de 29 de julio de 1988. Serie C No. 4, párr. 166, y Caso Alvarado Espinoza y otros Vs. México. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 28 de noviembre de 2018. Serie C No. 370, párr. 212.

  (213) Cfr. Caso Goiburú y otros Vs. Paraguay. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 22 de septiembre de 2006. Serie C No. 153, párr. 128, y Caso Alvarado Espinoza y otros Vs. México. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 28 de noviembre de 2018. Serie C No. 370, párr. 212.

  (214) El artículo I.b de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas establece: “Los Estados Partes en esta Convención se comprometen a: [...] b) Sancionar en el ámbito de su jurisdicción a los autores, cómplices y encubridores del delito de desaparición forzada de personas, así como la tentativa de comisión del mismo”.

  (215) El artículo 1 de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura establece: “Los Estados partes se obligan a prevenir y a sancionar la tortura en los términos de la presente Convención”. El artículo 6 de esa misma Convención establece: “De conformidad con lo dispuesto en el artículo 1, los Estados partes tomarán medidas efectivas para prevenir y sancionar la tortura en el ámbito de su jurisdicción. Los Estados partes se asegurarán de que todos los actos de tortura y los intentos de cometer tales actos constituyan delitos conforme a su derecho penal, estableciendo para castigarlos sanciones severas que tengan en cuenta su gravedad. Igualmente, los Estados partes tomarán medidas efectivas para prevenir y sancionar, además, otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes en el ámbito de su jurisdicción. El artículo 8 por su parte, establece: “Los Estados partes garantizarán a toda persona que denuncie haber sido sometida a tortura en el ámbito de su jurisdicción el derecho a que el caso sea examinado imparcialmente. Asimismo, cuando exista denuncia o razón fundada para creer que se ha cometido un acto de tortura en el ámbito de su jurisdicción, los Estados partes garantizarán que sus respectivas autoridades procederán de oficio y de inmediato a realizar una investigación sobre el caso y a iniciar, cuando corresponda, el respectivo proceso penal. Una vez agotado el ordenamiento jurídico interno del respectivo Estado y los recursos que éste prevé, el caso podrá ser sometido a instancias internacionales cuya competencia haya sido aceptada por ese Estado”.

  (216) Cfr. Caso Anzualdo Castro Vs. Perú. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 22 de septiembre de 2009. Serie C No. 202, párr. 65, y Caso Alvarado Espinoza y otros Vs. México. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 28 de noviembre de 2018. Serie C No. 370, párr. 215.

  (217) Cfr. Caso Velásquez Rodríguez Vs. Honduras. Fondo. Sentencia de 29 de julio de 1988. Serie C No. 4, párr. 177, y Caso Alvarado Espinoza y otros Vs. México. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 28 de noviembre de 2018. Serie C No. 370, párr. 240.

  (218) Nota del Diario Noticias, titulada "Caen tres secuestradores más y 8 siguen prófugos", publicada el 21 de enero de 2002 (expediente de prueba, folios 77 a 78); Nota del Diario La Nación, titulada "Fiscal sostiene que Arrom se encuentra prófugo", del 22 de enero de 2002 (expediente de prueba, folio 3847); Nota del Diario Última Hora, titulada “Búsqueda en el campo” del 22 de enero de 2002 (expediente de prueba, folio 7424); Nota del Diario La Nación, titulada “Infructuosa búsqueda de Arrom y Martí en el norte de Concepción”, de 27 de enero de 2002 (expediente de prueba, folio 10250), y Nota del Diario Última Hora, titulada “Sin rastros de Arrom, y Martí”, de 28 de enero de 2002 (expediente de prueba, folio 7576).

  (219) Cfr. Caso Velásquez Rodríguez Vs. Honduras. Fondo. Sentencia de 29 de julio de 1988. Serie C No. 4, párr. 177, y Caso Alvarado Espinoza y otros Vs. México. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 28 de noviembre de 2018. Serie C No. 370, párr. 240.

  (220) Cfr. Caso Juan Humberto Sánchez Vs. Honduras. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 7 de junio de 2003. Serie C No. 99, párr. 127, y Caso Omeara Carrascal y otros Vs. Colombia. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 21 de noviembre de 2018. Serie C No. 368, párr. 203.

  (221) Cfr. Caso de los “Niños de la Calle” (Villagrán Morales y otros) Vs. Guatemala. Fondo. Sentencia de 19 de noviembre de 1999. Serie C No. 63, párr. 222, y Caso Villamizar Durán y otros Vs. Colombia. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 20 de noviembre de 2018. Serie C No. 364, párr. 178.

  (222) Cfr. Caso Yarce y Otras Vs. Colombia. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 22 de noviembre de 2016. Serie C No. 325, párr. 282, y Caso Villamizar Durán y otros Vs. Colombia. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 20 de noviembre de 2018. Serie C No. 364, párr. 178.

  (223) Cfr. Caso Ibsen Cárdenas e Ibsen Peña Vs. Bolivia. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 1 de septiembre de 2010. Serie C No. 217, párr. 172, y Caso Villamizar Durán y otros Vs. Colombia. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 20 de noviembre de 2018. Serie C No. 364, párr. 178.

  (224) Cfr. Caso Luna López Vs. Honduras. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 10 de octubre de 2013. Serie C No. 269, párr. 167, y Caso Villamizar Durán y otros Vs. Colombia. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 20 de noviembre de 2018. Serie C No. 364, párr. 178.

  (225) Cfr. Caso Castillo González y otros Vs. Venezuela. Fondo. Sentencia de 27 de noviembre de 2012. Serie C No. 256, párr. 153, y Caso Alvarado Espinoza y otros Vs. México. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 28 de noviembre de 2018. Serie C No. 370, párr. 213.

(226)  En particular, solicitaron las declaraciones testificales de Víctor Colmán, Ana Rosa Samudio, Saturnino Gamarra, José David Schémbori, Cristina Dávalos de Nicora, Florentín Giménez, Federico Aníbal Emery, así como las declaraciones de Hugo Velázquez Moreno, Cynthia Paola Lovera Britez, Gladys Maubet, Blas Chamorro, Raúl Marín, Antonio Debernardi, Sandra Quiñonez, Víctor Benítez, Nelson Alderete Santacruz, Gustavo Herminio Limenza Ríos, Pablo Morínigo y Roberto González Cuquejo. Cfr. Solicitud de diligencias de 22 de mayo de 2002 suscrita por Luis Samaniego Correa, dirigida al Ministerio Público (expediente de prueba, folio 4483); Acta de declaración testimonial de Víctor Colmán de 29 de mayo de 2002 (expediente de prueba, folios 5807 a 5810); Acta de declaración testimonial de Ana Rosa Samudio de Colmán de 29 de mayo de 2002 (expediente de prueba, folios 5813 a 5815); Solicitud de declaración testifical de 21 de junio de 2002 suscrita por Diego Bertolucci, dirigida al Ministerio Público (expediente de prueba, folio 4489); Declaración indagatoria de 14 de enero de 2003 de Saturnino Gamarra Acosta (expediente de prueba, folios 6681 a 6702); Declaración preliminar de 13 de enero de 2003 de José David Schémbori Ocampos (expediente de prueba, folios 6651 a 6660); Solicitud de diligencias de 4 de diciembre de 2002 suscrita por Juan Emilio Closs Suhurt, dirigida al Ministerio Público (expediente de prueba, folios 4492 a 4494); Declaración testimonial de 19 de diciembre de 2002 de María Cristina Dávalos de Nicora (expediente de prueba, folios 6581 a 6584); Declaración testimonial de 18 de diciembre de 2002 de Florentín Giménez Mendoza (expediente de prueba, folios 6579 a 6580); Solicitud de declaración testifical de 2 de mayo de 2002 suscrita por Diego Bertolucci, dirigida al Ministerio Público (expediente de prueba, folio 4495); Acta de declaración testimonial de Federico Aníbal Emery de 7 de mayo de 2002 (expediente de prueba, folios 5674 a 5679); Solicitud de diligencias de 25 de febrero de 2002 suscrito por Diego Bertolucci, dirigida al Ministerio Público (expediente de prueba folio 4485); Declaración testimonial de 18 de noviembre de 2002 de Hugo Adalberto Velázquez Moreno (expediente de prueba, folios 6494 a 6502); Declaración testimonial de 20 de Noviembre de 2002 de Cynthia Paola Lovera Britez (expediente de prueba, folios 6510 a 6515); Acta de declaración testimonial de Gladys Maubet de 5 de abril de 2002 (expediente de prueba, folios 5334 a 5340); Solicitud de diligencias de 19 de junio de 2002 suscrita por Ramón Sosa Azuaga, dirigida al Ministerio Público (expediente de prueba, folio 4486); Declaración testimonial de 17 de julio de 2002 de Blas Ignacio Chamorro López (expediente de prueba, folios 6196 a 6200); Declaración testimonial de 15 de julio de 2002 de Héctor Raúl Marín Peralta (expediente de prueba, folios 6184 a 6188); Declaración testimonial de 18 de julio de 2002 de Antonio Miguel Albino Debernardi Cano (expediente de prueba, folios 6213 a 6217); Declaración testimonial de 19 de noviembre de 2002 de Sandra Raquel Quiñonez Astigarraga (expediente de prueba, folios 6504 a 6515); Solicitud reiterando pedido de 11 de noviembre de 2002 suscrita por Diego Bertolucci, dirigida al Ministerio Público (expediente de prueba folio 4491); Declaración testimonial de 19 de diciembre de 2002 de Víctor Miguel Benítez Cano (expediente de prueba, folios 6585 a 6588); Solicitud de diligencias de 11 de abril de 2002 suscrita por Ramón Sosa Azuaga, dirigida al Ministerio Público (expediente de prueba, folios 4497 a 4499); Acta de declaración testimonial de Nelson Alderete Santacruz de 16 de mayo de 2002 (expediente de prueba, folios 5698 a 5701); Acta de declaración testimonial de Gustavo Herminio Limenza Rios de 21 de mayo de 2002 (expediente de prueba, folios 5717 a 5719); Acta de declaración testimonial de Pablo Ignacio Morínigo de 21 de mayo de 2002 (expediente de prueba, folios 5724 a 5726), y Acta de declaración testimonial de Roberto González Cuquejo de 15 de abril de 2002 (expediente de prueba, folios 5475 a 5479).

  (227) Cfr. Solicitud de diligencias de 25 de octubre de 2002 suscrito por Diego Bertolucci, dirigido al Ministerio Público (expediente de prueba, folio 4475).

  (228) Cfr. Informe Criminalístico de 29 de enero de 2003 (expediente de prueba, folios 7279 y 7280), y Acta de procedimiento de 13 de febrero de 2002 de evidencias levantadas el 30 y 31 de enero de 2002 (expediente de prueba, folio 7296).

  (229) Cfr. Solicitud de diligencias de fecha 11 de abril de 2002 suscrito por Ramón Sosa Azuaga (expediente de prueba, folios 4497 a 4499).

  (230) Cfr. Acta de 11 de abril de 2002 (expediente de prueba, folios 5435 a 5436).

  (231) Cfr. Acta de 11 de abril de 2002 (expediente de prueba, folio 5436).

  (232) Cfr. Decisión judicial que decreta el sobreseimiento del 4 de noviembre de 2003 (expediente de prueba, folio 8551).

    (233) Cfr. Caso Tristán Donoso Vs. Panamá. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 27 de enero de 2009. Serie C No. 193, párr. 164.

 

  Correlaciones:

Caso V. F. y otros vs. Guatemala - Corte Interamericana de Derechos Humanos - 19/05/2014 - Cita digital IUSJU226043D

 

Cita digital:IUSJU039830E