JURISPRUDENCIA

Acción preventiva de daños. Entidades bancarias. Reclamo de deuda. Hostigamiento. Derecho a la intimidad. Prueba

 

Se confirma la sentencia que desestimó la acción preventiva de daños interpuesta contra una entidad bancaria, a fin de que cese de hostigar al peticionante en su persona y entorno familiar, por diversas vías de comunicación, con motivo del cobro de una deuda que mantenían y que vulneraría su derecho a la intimidad. Ello así, al concluirse que las copias simples de las notas enviadas al accionante para procurar el cobro de la deuda no evidenciaban el hostigamiento al que hacía referencia el emplazante en su escrito de inicio, ni de las expresiones vertidas en cartas en cuestión surgía acreditado el trato indigno en el cual fundamentó la medida precautoria requerida.

 

 

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Buenos Aires, 21 de junio de 2019. SD

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por la parte actora a fs. 139 -fundado con la presentación de fs. 141/145 vta.- contra la resolución de fs. 133/134 vta.; y

CONSIDERANDO:

I.- Que el señor A. F. P. inició la presente acción preventiva de daño contra el BBVA Banco Francés S. A.; PRO ACTION SERVICE S. A. y/o contra cualquier otro estudio de cobranzas que designe la primera de las sociedades mencionadas.

Después de señalar los antecedentes de la causa, sostiene que, con el objeto de obtener el cobro de una deuda que el actor tendría con la entidad bancaria aludida, las demandadas comenzaron a hostigar a su persona; entorno familiar y laboral, a través de diversas vías de comunicación (telefónica, mensajes de texto, mensajes de whatsapp; correos electrónicos y redes sociales), vulnerando su derecho a la intimidad.

Por ello, solicitó como medida cautelar que se ordene a las accionadas el cese de las comunicaciones a su persona, su grupo familiar, social y laboral, toda vez que están generando una vulneración de derechos que puede agravarse en los sucesivo de continuar el ejercicio irregular y abusivo del derecho a reclamar.

Posteriormente, el accionante amplía la demanda contra CIPE SOLUTIONS S. A. (conf. fs. 101).

II.- La magistrada interviniente desestimó la medida precautoria pretendida.

Para así decidir, la a quo consideró que para determinar el requisito de verosimilitud en el derecho pretendido por el actor habría que adentrase en la cuestión sustancial controvertida.

Y además, entendió que, al resultar coincidente la precautoria pretendida con el objeto de la causa, la procedencia de aquella debía ser analizada de una forma más rigurosa.

Con relación al peligro en la demora señaló que aquél no se convalidaba por la sola invocación del peticionario y que resultaba ser complementario del primer requisito.

A su vez, expuso que si bien en algunas ocasiones anticipando el objeto de la litis se puede evitar un perjuicio irreparable, ponderó que, con los elementos incorporados y la naturaleza del trámite impreso a la causa, no se justificaba resolver lo planteado antes de que se encontrara sustanciada la acción y producida la prueba.

III.- Contra la mentada decisión el emplazante interpuso el recurso detallado en el visto.

En prieta síntesis, el recurrente sostiene que la magistrada desnaturalizó la acción preventiva incorporada al Código Civil y Comercial de la Nación en su art. 1710 al imponer la necesidad de una prueba acabada de las circunstancias y los hechos que sustentan el caso. Expone que lo requerido podría llevar varios años con la consiguiente afectación de sus derechos más íntimos.

Arguye que la a quo confunde el objeto del proceso de habeas data (reclamado en otras actuaciones) con el que corresponde al presente reclamo. Sostiene que en el primero se cuestiona la exigibilidad del crédito mientras que en el segundo se discute la forma del reclamo llevado a cabo para exigirlo.

Expone que la sentencia recurrida es arbitraria por carecer de fundamentación suficiente. Cita jurisprudencia que -arguye- avala su postura.

IV.- El actor inició una acción preventiva de daños en los términos del artículo 1711 del Código Civil y Comercial de la Nación. La norma establece: “La acción preventiva procede cuando una acción u omisión antijurídica hace previsible la producción de un daño, su continuación o agravamiento. No es exigible la concurrencia de ningún factor de atribución.”.

Por lo tanto, parece claro que si se invoca como fundamento de la medida evitar la producción de un daño, su continuación o agravamiento, la carga de la prueba sobre ese extremo recae sobre quien pretende la restricción cautelar (arg. art. 377 del CPCCN).

V.- A criterio del Tribunal de los elementos probatorios agregados a las presentes actuaciones no luce acreditado tal extremo.

Las copias simples de las notas enviadas al accionante para procurar el cobro de la deuda, -aunque ésta haya sido negada o impugnada- no evidencian el hostigamiento al que hace referencia el emplazante en su escrito de inicio. De las expresiones vertidas en cartas en cuestión no surge acreditado el trato indigno en el cuál el peticionario fundamenta la medida precautoria requerida (conf. fs. 16/42). Lo expresado es así si se tienen en cuenta los términos del art. 8 bis de la Ley Nº 24.240, pues aquellas no contienen vocablos vergonzantes, vejatorios o intimidatorios; ni cuentan con la apariencia de un reclamo judicial.

Por otra parte, no es posible acreditar el avasallamiento en el derecho invocado con las copias simples de mensajes de textos o de Whatsapp cuando, por el momento, no es viable constatar, siquiera de manera conjetural, el origen y el destino de aquellos, elementos que deberán ser objeto de debate y prueba (conf. fs. 16/42; 51/52). Tal como lo señaló la señora jueza preopinante en el decisorio recurrido.

Con relación a aquellos, corresponde adicionar que, más allá del valor probatorio analizado, no alcanzan para justificar, en este estado de la causa, el alegado ejercicio abusivo de derecho de la entidad bancaria a fin de procurar el cobro de las sumas presuntamente adeudadas.

Tampoco resultan útiles para justificar la medida pretendida, los supuestos mensajes entre quien fuera mencionado como el anterior letrado del pretensor, Matías Saqueta Melo, y quien sería representante del departamento de embargos del Banco Francés, pues lucen en el marco de una aparente negociación entre las partes a fin de procurar un acuerdo transaccional respecto de la supuesta deuda que el emplazante tendría con la entidad (fs. 52 vta./53). Las que además, no están dirigidas a la persona del accionante con la derivada afectación.

Es que para que proceda la tutela preventiva es requisito esencial que se acredite una conducta antijurídica, por acción u omisión, y con los elementos agregados a la causa, en el estado liminar en que se encuentra la contienda, aquella no luce -prima facie- acreditada a fin de justificar el dictado de una medida precautoria como la pretendida.

Por el momento, con las copias agregadas al expediente, no se encuentra acreditado que la entidad bancaria esté ejerciendo su derecho a reclamar una supuesta deuda de manera abusiva y con un trato indigno hacia el actor y su entorno familiar.

VI.- Antes de finalizar, cabe agregar que las decisiones sobre medidas cautelares no causan estado, ni son definitivas, ni preclusivas, pueden reverse siempre que se aporten nuevos elementos. En general, tienen carácter eminentemente mutable, de manera que la resolución que recae sobre ellas de acuerdo con las particularidades de cada caso es siempre provisional (confr. esta Sala, doctr. causa nº 7115/2002 del 10.12.02; entre muchas otras). Por ende, éstas se dictan sin perjuicio de lo que se pudiera decidir en el futuro ante la existencia de nuevas probanzas, dado el carácter mutable propio de las medidas precautorias. (arts. 202 y 203 del CPCCN).

Por todo lo expuesto, este Tribunal RESUELVE: desestimar el recurso interpuesto y confirmar el decisorio apelado.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

 

ALFREDO SILVERIO GUSMAN

EDUARDO DANIEL GOTTARDI

RICARDO VÍCTOR GUARINONI

 

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