JURISPRUDENCIA

Mobbing. Acoso psicológico. Prueba. Testigos. Rechazo de la demanda

 

Se rechaza la demanda por despido iniciada por la trabajadora, habida cuenta de que no logró acreditar el “mobbing” denunciado como injuria laboral. El tribunal destacó que la prueba testimonial producida no acreditaba el maltrato psicológico alegado, dado que los testigos tuvieron conocimiento del mismo a partir de los dichos de la accionante.

 

 

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Buenos Aires, 16 de mayo de 2019.

se procede a votar en el siguiente orden:

El Dr. Alvaro E. Balestrini dijo:

I- Contra el pronunciamiento dictado en la anterior instancia -que rechazó la demanda incoada- se alza la parte actora a tenor del memorial obrante a fs. 240/244, que mereció réplica de la contraria a fs. 247/250.

Asimismo, a fs. 252 la Sra. perito psicóloga apela los honorarios deducidos a su favor, por estimarlos reducidos.

II- Adelanto que, de compartirse mi voto, la queja principal que plantea la actora no tendrá favorable recepción.

Digo ello por cuanto comparto la conclusión expuesta por la Sra. Juez en lo relativo a la insuficiencia de los elementos probatorios reunidos en la causa a fin de acreditar la actitud persecutoria y de acoso laboral en que la trabajadora fundó su decisión rescisoria.

Al respecto, resalto que de las declaraciones de los testigos Jariñuk -ver fs. 170 y vta., delegada gremial- y Barros -ver fs. 178, subdelegado gremial-, se desprende que ambos tomaron conocimiento de los hechos materia de controversia por dichos de la propia actora y, por ende, no en forma directa, extremo que priva de virtualidad probatoria a sus dichos.

En tal sentido, recuerdo que el valor de la prueba testimonial radica en que los declarantes hayan tomado conocimiento en forma directa de los hechos - simultáneamente a su acaecimiento-, lo que -insisto- no se verifica en este caso.

Sin perjuicio de ello, a mayor abundamiento, agrego que los citados testimonios lucen por demás genéricos e imprecisos -nótese que Jariñuk refirió a “... comentarios descalificativos ...” y “... llamados por teléfono a su casa ...”, sin indicar en qué consistirían concretamente dichos comentarios y los fines de los llamados-. Además, ambos declarantes aluden a que a la accionante le negaban hacer cambios de horario con otros compañeros y a un episodio que involucró a la madre de la trabajadora -la empleadora habría rechazado un pedido de permiso para acompañar a su progenitora enferma-, pero lo cierto es que omiten individualizar las circunstancias de tiempo y lugar en que se habrían producido estos eventos, que vagamente describen; máxime que -reitero- los deponentes admitieron saber de los mismos por dichos de la trabajadora.

Por su parte, la testigo Derboghossian -ver fs. 180, compañera de trabajo-, afirmó que la persona a quien la actora atribuyó la actitud persecutoria “día tras día” -la Sra. Arce, ver escrito de inicio, en part. fs. 6 vta.- acudía cada 15 días al puesto de trabajo donde la reclamante prestaba servicios y, al igual que los restantes deponentes, relató -sin brindar mayores detalles- una serie de situaciones genéricas, en virtud de las cuales Arce “... les arruinaba el día ...” -lo que denota, en todo caso, que el trato dispensado era igual para todos los empleados del lugar- y, al aludir a cuestiones vinculadas específicamene con la accionante, en definitiva, admitió que fue “... la propia actora quien se lo comentó ...”.

Así las cosas, analizada la prueba testimonial en sana crítica -cfr. art. 90 de la L.O. y art. 386 del C.P.C.C.N.-, como ya adelanté, concluyo -al igual que la Sra. Magistrada de grado- en que aquella carece de entidad convictiva suficiente para acreditar el mobbing invocado como causal de extinción de la relación que unió a las partes; sin que la exposición que desarrolla la recurrente en el memorial bajo estudio luzca eficaz a los fines pretendidos, toda vez que -en este punto- no trasciende el plano de una mera oposición subjetiva -cfr. art. 116 de la L.O.-.

Sentado ello, señalo que no soslayo la relevancia que la apelante pretende atribuir a la denuncia efectuada ante el sindicato -ATSA, ver prueba informativa de fs. 105/110-.

Sin embargo, es dable destacar que en la oportunidad procesal pertinente -esto es, en el escrito de inicio-, no se introdujo argumentación alguna con sustento en tal denuncia, la que fue adjuntada en autos recién a fs. 86/87 -en la etapa prevista solamente para ofrecer prueba y reconocer o desconocer la autenticidad de la documentación adjuntada en el responde, cfr. art. 71 segundo párrafo-, por lo que el escueto planteo de fs. 242 vta. pto. D), desde la perspectiva de los principios consagrados en los arts. 277 del C.P.C.C.N. y 18 de la Constitución Nacional, deviene inadmisible; máxime que, a mayor abundamiento, el mismo -sin ánimo de resultar reiterativo- incumple las directivas que emanan del art. 116 de la L.O., en tanto frente a los motivos que la Sra. Juez esgrimió a efectos de privar a dicha prueba de entidad suasoria -en virtud de tratarse de una manifestación unilateral de la trabajadora, que no encuentra aval en otros elementos de juicio idóneos obrantes en la causa, ver fs. 237 primer párrafo-, la recurrente solo esboza un mero disenso discrepante y dogmático.

Agrego que en base a lo hasta aquí expuesto, considero inatendibles los agravios que se fundan en las conclusiones que arroja la prueba pericial psicológica producida en autos -ver fs. 136 I/ fs.139 I y aclaraciones de fs. 148 y vta.-, en razón de que, reitero, en la especie no han sido probados los hechos en lo que se sustentó el reclamo y en los que se funda la elaboración del mencionado dictamen; ello sin poner en tela de juicio que la afección psíquica informada por la experta pueda estar presente en la actora.

Resta indicar que también deviene inadmisible la argumentación recursiva esgrimida por la quejosa quien pretende se aplique el principio “in dubio pro operario” (cfr. art. 9 de la L.C.T.), pues en el presente caso no ha habido duda, en virtud de los considerandos que preceden, respecto a la aplicación o interpretación del derecho o la prueba.

En lo demás, la apelante solo vierte conceptos genéricos y abstractos, que no constituyen la crítica concreta y razonada que exige el ya citado art. 116 de la L.O.

A esta altura no resulta ocioso memorar que el mobbing como concepto, citando a Abajo Olivares (en El Mobbing o acoso psicológico en el Trabajo pág., 18, Buenos Aires, Lexis Nexis Depalma), puede ser definido “como el fenómeno en el que una persona o grupo de personas ejerce una violencia psicológica extrema de forma sistemática y recurrente y durante un tiempo prologado sobre otra persona en el lugar de trabajo, con la finalidad de destruir redes de comunicación de la víctima o víctimas, destruir su reputación, perturbar el ejercicio de sus labores y lograr que finalmente esa persona o personas acaben abandonando el lugar de trabajo”.

Desde tal óptica y en el marco de lo expuesto “ut supra”, no encuentro razones para apartarme de lo decidido en el origen, por lo que -en definitiva-, propongo se confirme la sentencia de grado en lo principal que decide.

III- En cuanto a la apelación de honorarios deducida por la Sra. perito psicóloga a fs. 252, teniendo en cuenta el mérito, extensión y calidad de los trabajos realizados por dicha profesional en el origen, considero que los emolumentos regulados a su favor lucen reducidos, motivo por el que sugiero elevarlos a la suma de $17.500.-, a valores actuales (art. 38 de la L.O.; y ley 21.839 -mod. por ley 24.432-).

IV- Propicio imponer las costas de la Alzada a la actora vencida (art. 68 primera parte del C.P.C.C.N.); y regular los honorarios de las representaciones letradas de las partes actora y demandada en el ...% de lo que a cada una le corresponda percibir por su actuación en la anterior instancia (art. 14 de la ley 21.839).

El Dr. Roberto C. Pompa dijo: Por compartir los fundamentos, me adhiero al voto que antecede.

El Dr. Mario S. Fera: no vota (art. 125 de la L.O.).

A mérito del acuerdo al que se arriba, el Tribunal RESUELVE: I) Confirmar la sentencia de grado en cuanto ha sido materia de recurso y agravio; con excepción de los honorarios de la Sra. perito psicóloga, que se elevan a la suma de $17.500.-. II) Costas de la Alzada a la actora. III) Regular los honorarios de la representación letrada de las partes actora y demandada en el ...% de lo que a cada una le corresponda por lo actuado en la anterior instancia.

Regístrese, notifíquese y oportunamente devuélvase.

 

Roberto C. Pompa

Juez de Cámara

Alvaro E. Balestrini

Juez de Cámara

Ante mí.

Guillermo F. Moreno

Secretario de Cámara

 

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