JURISPRUDENCIA

Locación de obra. Vicios ocultos. Responsabilidad del constructor

 

Se revoca el fallo que rechazó la demanda de daños y perjuicios por vicios ocultos, pues acreditado que el deterioro y los daños producidos en el techo obedecieron a una deficiente instalación de las tejas que realizó la accionada, obrar que configura el incumplimiento a sus obligaciones contractuales.

 

 

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En Buenos Aires a los once días del mes de abril de dos mil diecinueve, reunidos los Señores Jueces de Cámara en la Sala de Acuerdos, fueron traídos para conocer los autos “CHAPERO, ALEJANDRO GABRIEL C/ STIEGLITZ CONSTRUCCIONES S.A. S/ ORDINARIO" Registro de Cámara N° 19408/2014 en los que al practicarse la desinsaculación que ordena el art. 268 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación resultó que la votación debía tener lugar en el siguiente orden: Vocalía N° 16, 18 y 17.

Estudiados los autos la Cámara plantea la siguiente cuestión a resolver:

¿Es arreglada a derecho la sentencia apelada de fs. 567/75?

La Señora Juez de Cámara Doctora Alejandra N. Tevez dice: I. Antecedentes de la causa.

a. Alejandro Gabriel Chapero (en adelante, “Chapero”) inició demanda contra Stieglitz Construcciones S.A. (en adelante, “Construcciones S.A.”) por daños por $ 640.526,50 derivados de los vicios ocultos que denunció en la ejecución del contrato de locación de obra que los vinculó; con más los intereses y las costas del proceso.

Relató el actor que celebró con Construcciones S.A. el 3.4.03 un contrato de locación de obra para la construcción de una vivienda donde se alojaría con su esposa e hijos, sita en el Barrio Colonia de Chacras, Río Lujan, Campana, Pcia. de Buenos Aires; que Construcciones S.A. proveyó los materiales y la mano de obra; que la entrega del “opus” fue el 24.6.04; y que el precio que abonó estaba por encima del promedio del de mercado pero optó por los servicios de la accionada por ser una empresa reconocida en el rubro.

Denunció Chapero que desde principios de 2013 el estado del techo de su casa era pésimo pues las tejas se despegaban y aparecían en el jardín, especialmente en los días de lluvia, y que ello generó filtraciones y humedades.

Refirió que según contrato, el techo debía construirse con teja asfáltica negra marca IKO; que la accionada le informó que tenían una duración de 30 años; que en las cláusulas del negocio se detalló que debían ser colocadas con un doble entablonado de pino, aislación hidrófuga y térmica.

Expuso el accionante que según dictamen que requirió al INTI debían retirarse las tejas e instalar un nuevo revestimiento; que contrató personal para llevar a cabo el trabajo; que abonó $ 223.850 más iva y que para ello tuvo que comprar materiales por $ 266.417,28.

Relató que el 7.11.14, al comenzar las tareas de cambio del techo, hizo una constatación notarial y allí advirtió que no se había colocado el material aislante ni la protección prevista contractualmente.

Tras estos acontecimientos denunció que las tejas no solo eran de mala calidad sino que también habían sido mal colocadas al no cumplir las condiciones pactadas en el contrato pues carecían de doble entablonado y de la aislación con lana de vidrio.

Así reclamó: i) $ 266.417,28 por compra de materiales para reparar el techo, ii) $ 223.850 por honorarios por mano de obra para esa tarea, iii) $ 2.450 por acta de constatación notarial del 7.11.14, iv) $ 11.200 por arancel por informe INTI, v) $46.609,22 por compra de materiales de pintura y, vi) $ 90.000 en concepto de mano de obra de pintura.

Ofreció pruebas y fundó en derecho su pretensión.

b. Construcciones S.A. a fs. 311/20 contestó demanda. Solicitó el rechazo de la acción con expresa imposición de costas. Opuso defensas de prescripción y caducidad, y requirió se cite como tercero a Iñaki S.A. en los términos del art. 94 del Cpr.

Negó todos y cada uno de los hechos expuestos en el escrito de inicio, en particular, que la casa construida no hubiera guardado los estándares de calidad adecuados, que hubiera colocado mal las tejas y, que el techo no tuviera aislación térmica.

Expuso Construcciones S.A. que adquirió las tejas a Iñaki S.A. por lo que solicitaba su citación como tercero en los términos del art. 94 del Cpr. pues, en el supuesto de que hubiera habido una falla en el producto, aquella sería la responsable de sus consecuencias.

Adujo que el actor jamás le informó que realizaría los trabajos de reparación y que no la intimó bajo apercibimiento de efectuarlos por su cuenta.

Alegó que según surge de la carta documento que Chapero le remitió el 11.6.12, los vicios ocultos se habrían producido un año antes del envió de la misiva, es decir en junio de 2011; ergo, estaba vencido el plazo de 60 días del art. 1647 “bis” del CCiv. para su denuncia y, en consecuencia, carecía el actor de derecho a reclamar. En este sentido manifestó que no acreditó aquél que hubiera realizado la denuncia de la existencia de los vicios en forma previa al envío de la carta documento.

A todo evento, opuso excepción de prescripción. Adujo que debía aplicarse el término anual del art. 1646 del CCiv. Así y considerando que según los dichos del propio del accionante los defectos aparecieron en junio de 2011, la acción se encontraba prescripta pues fue iniciada en junio de 2014.

Destacó Construcciones S.A. que el demandante no alegó que los defectos fueran de tal entidad que hubieran llevado a la obra a la ruina total o parcial; no obstante, aun cuando tampoco existía fundamento para catalogarla como tal.

Impugnó la existencia y cuantía de los rubros insertos en la liquidación.

Reconoció el intercambio epistolar.

Ofreció pruebas y fundó en derecho su pretensión.

c. Chapero contestó a fs. 329/31 el traslado de la excepciones de prescripción, caducidad y pedido de citación de tercero.

En relación a la defensa de prescripción expuso el actor que: interrumpió los plazos con el reclamo que inició ante la Dirección de Información al Consumidor de Campana y con el pedido de prueba anticipada; y los suspendió con la carta documento que envió a Construcciones S.A. y con el inicio del procedimiento de mediación. Finalmente, señaló que el 1.7.14 promovió esta demanda.

A todo evento, adujo que debía aplicarse el plazo decenal previsto en el art. 4023 del CCiv. pues la accionada incumplió con la obligación de proveer las tejas aptas para sus fines. Señaló que el techo perdió su utilidad antes del décimo año de la entrega de la obra por lo que, en la peor de las hipótesis, debía aplicarse el plazo anual del art. 1646 del CCiv. por tratarse de un supuesto de ruina total de la obra.

Manifestó que es arbitraria la fecha que Construcciones S.A. pretende fijar como de toma de conocimiento del incumplimiento; pues todo comenzó con algunas humedades y recién tuvo idea efectiva de los vicios ocultos cuando cortó el techo de la casa para realizar la reparación.

Alegó que según carta documento del 12.6.12, la defendida había asumido el compromiso de efectuar las reparaciones necesarias.

No se opuso a la citación de tercero.

d. A fs. 332/33 se ordenó citar como tercero a Iñaki S.A quien se presentó al proceso a fs. 368/70. Solicitó el rechazo de la acción en aquello que respecta a su mandante, con costas al actor y a la demandada pues fue quien pidió la citación.

Reconoció que Construcciones S.A. adquirió las tejas que finalmente fueron colocadas en el techo de la vivienda del actor. No obstante, alegó que su deterioro no es consecuencia de la mala calidad del material sino de la errónea colocación a cargo de la accionada pues, tal como surge del acta de constatación notarial, omitió insertar el sistema de ventilación y material aislante.

Refirió que fueron anoticiados de la existencia del problema y que Santiago Retta concurrió hasta el lugar comprobando personalmente que el deterioro se debía a la mala colocación de las pizarras, por falta de ventilación; circunstancia que hizo saber al empleado de Construcciones S.A. quien lo acompañó en tal oportunidad. Acompañó ciertas fotografías tomadas en ese momento del lugar.

Ofreció pruebas y fundó en derecho su pretensión.

e. A fs. 386/87 se difirieron para el tiempo de dictar sentencia las excepciones opuestas.

A fs. 544 el sindicó denunció que el 6.11.17 se abrió el concurso preventivo de Construcciones S.A. y emitió dictamen previsto en el art. 21 de la LCQ.

II. La sentencia de primera instancia.

A fs. 567/75 el a quo rechazó la demanda con costas al actor vencido.

Previo a introducirse en el fondo de la cuestión expuso que como línea de principio no era viable dictar una sentencia de condena al tercero citado, pues no había pretensión o acción que hubiera sido entablada contra Iñaki S.A. Así, dijo que si bien era parte en el proceso, al producir la sentencia sobre él los efectos de la cosa juzgada, no era susceptible de condena ni tampoco de ejecutabilidad pues tal circunstancia importaría igualar su posición procesal con la de la parte demandada.

Luego y para fundar el rechazo de la acción, meritó que no es objeto de discusión que actora y demandada se vincularon por un contrato de locación de obra suscripto el 3.4.03 y que el 24.06.04 el actor la recibió.

Tras exponer las obligaciones principales a las que se obligaron y caracterizar a las del locador como de resultado; dijo que es aquí aplicable el art. 1647 “bis” del CCiv. que regula los vicios o defectos de la obra, aparentes u ocultos y el plazo que tiene el dueño para reclamar por ellos, los que se encuentran sujetos a un régimen de denuncia, caducidad y prescripción.

Consideró que liminarmente debía analizar si había operado o no la caducidad del derecho a ejercer la acción; y, luego, cuál era el plazo de prescripción aplicable para el caso de vicios ocultos de la obra.

Meritó que el art. 1647 “bis” del CCiv. establece que el dueño de la obra cuenta con un término de 60 días para anoticiar al empresario o persona autorizada por éste los defectos o vicios ocultos desde su manifestación a fin de que pueda verificarlos, determinar sus causas y dar una solución; y que no podía ser suplida por ninguna notificación o denuncia a tercero sino que solo bastaba con comunicar al responsable.

Tras estos conceptos, expuso que si bien en la carta documento que remitió el actor el 11.6.12 a Construcciones S.A. se decía que la accionada se había comprometido a dar una solución al grave problema suscitado con el techo desde hacía más de un año; ante la negativa de Construcciones S.A. de que hubiera recibido intimación o reclamo previo, resultaba carga del pretensor acreditar tales extremos.

Continúo el primer sentenciante y meritó que de las pruebas producidas no surgía elemento alguno que demostrara la existencia de reclamos fehacientes de Chapero anteriores a aquella misiva; por lo que había incumplido con la carga dispuesta en el art. 1647 “bis” del CCiv.

Puntualmente dijo el a quo que según dichos del actor insertos en la nota, los desperfectos habían surgido en junio de 2011; por lo cual si la carta documento se remitió en junio de 2012; desde aquella primera fecha había transcurrido en exceso el termino de 60 días del 1647 “bis” del CCiv. para denunciarlos. Ergo, el derecho a ejercer la acción había caducado.

Tras ello, juzgó abstracto el análisis de la excepción de prescripción.

Impuso las costas al actor vencido.

III. Los recursos.

Apeló Chapero la sentencia a fs. 576 y su recurso fue concedido libremente a fs. 577.

Su expresión de agravios corre a fs. 586/92. Asimismo, requirió la apertura a prueba en esta instancia para producir la declaración de dos testigos denegados en la anterior. Su presentación recogió respuesta de la demandada a fs. 594/97 y de la sindicatura de Construcciones S.A. a fs. 601/04.

A fs. 605 se receptó el pedido del accionante y se ordenó la producción de la prueba testimonial; tomadas que fueran las declaraciones, se pusieron estos autos nuevamente para alegar (v. fs. 613. Solo hizo uso de su derecho Construcciones S.A. a fs. 614/15.

Vencido el plazo, se llamaron autos para dictar sentencia a fs. 619 y el sorteo se practicó a fs. 620.

Ello así, se encuentran estos autos en condiciones de dictar pronunciamiento conclusivo.

IV. Los agravios.

Los quejas del actor transcurren por los siguientes carriles: i) meritó erróneamente el “a quo” que no realizó la denuncia de los defectos en el plazo de caducidad de 60 días previsto en el art. 1647 “bis” del CCiv., ii) no consideró el magistrado que ni bien empezaron las filtraciones, reclamó a Construcciones S.A. por teléfono y por correo electrónico, que tras estas comunicaciones la accionada se comprometió a realizar las reparaciones que nunca llevó adelante y, que luego instó el expediente ante la oficina de defensa del consumidor, iii) al ser el negocio jurídico sometido a juzgamiento una relación de consumo es inaplicable el plazo de caducidad del art. 1647 “bis” del CCiv. pues tratándose de fallas, debe resolverse la cuestión bajo el amparo del art. 10 “bis” de la LDC, iv) el carácter de orden público de la normas de la LDC hace que estas prevalezcan sobre las del CCiv., v) la aplicación estricta al “sub lite” del art. 1647 “bis” del CCiv. excede la finalidad de la norma para la cual fue creada, vi) la responsabilidad de Iñaki S.A. no puede ser eludida sobre la base del art. 1647 “bis” del CCiv. sino que ambas son responsables solidariamente de acuerdo al art. 40 LDC frente al consumidor, vii) el a quo interpretó erróneamente el texto de la carta documento que remitió el 11.6.12 pues de ella misma surge que reclamó a tiempo por medios informales, y la defendida se obligó a darle una respuesta y, ix) recién tomo conocimiento de los incumplimientos de modo definitivo al tiempo que debió cortar el techo de la casa.

V. La solución.

a. Antecedentes y aclaraciones preliminares.

De la lectura de estas actuaciones surge que las partes se vincularon el 3.4.03 por un contrato de locación de obra en el cual Construcciones S.A. se obligó a construir una vivienda familiar sita en el Barrio Colonia de Chacras, Río Lujan, Campana, Pcia. de Buenos Aires; que Construcciones S.A. proveyó la mano de obra y el material; y que el “opus” se entregó el 24.6.04.

No es objeto de discusión que el techo de la vivienda se deterioró y que, en consecuencia, debió el actor sacar el existente y reemplazarlo y que, a tal fin, abonó la mano de obra y los materiales necesarios para ello. No obstante, disienten respecto a cuáles fueron las causas que provocaron el deterioro de la azotea; y en la cuantía y razonabilidad de los gastos que Chapero denunció haber efectuado para concretar el trabajo y solucionar el desperfecto.

El primer sentenciante rechazó la demanda pues juzgó que no había realizado el actor la denuncia de los vicios ocultos de la obra dentro de los 60 días desde su descubrimiento previstos en el art. 1647 “bis” del CCiv., por lo que su derecho a ejercer la acción había caducado; tras ello cerró allí su decisión al considerar abstracto el tratamiento de las restantes cuestiones controvertidas.

Contra esa decisión se alzó el accionante. En lo que aquí interesa referir sostiene que el “a quo” interpretó erróneamente el contenido de la carta documento que envió a Construcciones S.A. el 11.6.12; que denunció oportuna e informalmente a la defendida la existencia del vicio oculto; que

Construcciones S.A. se comprometió a repararlos mas nunca lo hizo; y que no debe aplicarse el 1647 “bis” que prevé el plazo de caducidad de 60 días sino el art. 10 bis “LDC” por ser más favorable al consumidor.

Expuesta en prieta síntesis la plataforma fáctica, jurídica y recursiva por la que transcurre el caso sometido a decisión; a fin de resolver esta litis analizaré liminarmente si cabe tener por acreditado que Chapero denunció en los plazos previstos en el art. 1647 “bis” del CCiv. la existencia del vicio oculto a Construcciones S.A. A tal fin, estudiaré la prueba rendida en la anterior instancia junto con las declaraciones testimoniales que en esta sede se hubieran producido.

Aclaro que en este particular supuesto, solo en la hipótesis de responder negativamente este interrogante y por adquirir virtualidad jurídica y recursiva; me abocaré al estudio del agravio del actor a partir del cual intenta se revoque la sentencia apelada bajo aquel argumento que sostiene que tratándose el caso de una relación de consumo debe aplicarse aquí el art. 10 “bis” de la LDC y, como consecuencia, arguye que no rigen los plazos previstos en el art. 1647 “bis” del CCiv.

Así porque los magistrados no están obligados a seguir a las partes en cada una de las argumentaciones, ni a ponderar una por una y exhaustivamente todas las pruebas agregadas a la causa, sino sólo aquellas estimadas conducentes para fundar sus conclusiones (CSJN, Fallos: 272:225; 274:113; 276:132; 200:320; esta Sala, “Montana Managment S.A. c/ Genovesi Alejandro e hijos S.R.L. s/ordinario”, del 28.10.10).

En este sentido no atenderé todos los planteos recursivos de los recurrentes sino solo aquellos que estime esenciales y decisivos para dictar el veredicto en la causa (cnfr. CSJN, "Altamirano, Ramón c. Comisión Nacional de Energía Atómica", del 13/11/1986; ídem "Soñes, Raúl c. Adm. Nacional de Aduanas", del 12/2/1987; bis ídem, "Pons, María y otro" del 6/10/1987; ter ídem, "Stancato, Caramelo", del 15/9/1989; y Fallos, 221:37; 222:186; 226:474; 228:279; 233:47; 234:250; 243:563; 247:202; 310:1162; entre otros).

b. Denuncia del actor de los vicios ocultos a Construcciones S.A.

Ya dije que el “a quo” basó su decisión en el contenido de la carta documento que remitió Chapero a Construcciones S.A. el 11.6.12. (v. fs. 243). Juzgó que el propio accionante allí había expuesto que los desperfectos habían surgido en junio de 2011, ergo, si la misiva la había enviado en junio de 2012, había transcurrido en exceso el término de 60 días del 1647 “bis” del Cciv. para denunciar los defectos y, en consecuencia, el derecho a ejercer la acción había caducado.

A fin de resolver el agravio me detendré en el contenido de la prueba producida y referiré a ciertas particularidades procesales que a su respecto acaecieron dentro del proceso; esto último pues entiendo reflejan una clara conducta del actor durante el trámite de estas actuaciones que, bien se ve, tuvieron por objetivo esclarecer la verdad jurídica objetiva, obrar que tiene relevancia procesal para corroborar el sentido de las pruebas producidas y permite crear convicción respecto de la solución que propondré (conf. arg. art. 163 inc. 5, 2do. párrafo).

En este sentido, recuerdo que el actor al tiempo que contestó el traslado de las excepciones de caducidad y prescripción opuestas por la defendida, ofreció la declaración de dos testigos a fin de demostrar las promesas de reparación que Construcciones S.A. le informaba y, por efecto, que había realizado en tiempo oportuno la denuncia de los vicios ocultos a su contratista (v. fs. 331). No obstante la trascendencia que tal probanza tenía para esta litis -tal como surge del fundamento de la sentencia- el magistrado de la anterior instancia la denegó (v. fs. 512/25 y v. fs. 532 vta.).

Como en acápites anteriores describí, Chapero replanteó la prueba en esta instancia (v. fs. 589, pto. 8); a fs. 605 se receptó su petición y se ordenó la comparecencia de los testigos que había propuesto. Ambas declaraciones corren a fs. 610 y fs. 611.

Adelanto que del contenido de los testimonios, analizados y meritados de acuerdo a la informalidad que caracteriza a los iniciales reclamos de los consumidores, es posible concluir que el actor en tiempo anterior a que protocolizara su reclamo por carta documento del 11.6.12 a Construcciones S.A. utilizó otros métodos de comunicación no regulares, también válidos, a fin de anoticiar a su contratista la existencia de vicios ocultos que se habían presentado en su techo y, que la accionada prometió falsamente promesa que los repararía.

En este sentido, obsérvese que el testigo Ricardo Julio Pantano, al ser preguntado respecto a cuál había sido la conducta del actor por el estado de su casa entre los años 2011 al 2015, expuso que al inicio comenzó a hablar con la constructora para que lo repararan (v. fs. 610 vta., respuesta a la 4° pregunta), que lo vio él mismo conversar con la constructora (v. fs. 610, respuesta a la 4° pregunta), y que la accionada le informaba y decía que lo iban a arreglar y luego lo posponían (v. respuesta a la 4 ° y 5 °, preguntas obrantes a fs. 610 vta.).

El testigo Jorge Luis Torales, también es coincidente con la declaración de Ricardo Julio Pantano, en el sentido que el accionante realizó múltiples reclamos informales a la defendida a fin de que solucionara los defectos e, incluso, dijo haber visto a Construcciones S.A. revisar el techo (v. respuesta a la pregunta 2° obrante a fs. 611/611vta.).

Si bien no se me escapa que a diferencia de Jorge Luis Torales, Ricardo Julio Pantano dijo que los reclamos los presenció en el verano posterior al 2011; ello no paraliza la virtualidad probatoria ni quita veracidad a los dichos del primero en relación a la oportunidad en que el actor comenzó a realizar los reclamos (conf. arg. art. 386 del Cpr.). Es que nada obsta, a que frente a la omisión de la defendida de reparar el techo de la casa y ante las promesas incumplidas de que lo haría tal como declaró Jorge Luis Torales; Chapero continuara en tiempo posterior instando quejas a Construcciones S. A.

Del otro lado, aprecio razonable el discurso de Chapero en punto a que al tiempo que comenzaron a aparecer los desperfectos en las tejas y en el techo, inicialmente dirigió sus reclamos a Construcciones S.A. utilizando métodos no protocolares y que frente a las incumplidas promesas de reparación, la falta de respuesta efectiva y solución de los problemas, debió ir incrementando sus quejas y adoptando mayores formalidades.

Es que no puedo desconocer que la originaria informalidad que atravesó el reclamo del actor a fin de proteger sus derechos y denunciar la existencia del vicio es costumbre y conducta habitual y frecuente desplegada por los consumidores quienes, obrando con absoluta buena fe y confiando en la profesionalidad y buenas prácticas comerciales que debe ser connatural a la actividad que despliega su contratante, utilizan métodos y herramientas poco ortodoxos para encausar su reclamos; caminos que frente a proveedores desaprensivos de los derechos y necesidades de los consumidores, los coloca procesalmente en situaciones desventajosas que en esta instancia judicial la magistratura no puede desconocer y menos tolerar. Esto último, dada finalidad protectoria de los derechos del consumidor que caracteriza a la LDC.

A mayor abundamiento y aun cuando no se compartiera por completo esta decisión, por considerarse que existe algún matiz dudoso; tal hipótesis debe encontrar solución bajo los principios que surgen de la cláusula de cierre prevista en el art. 3 y 37 de la LDC la que expresamente ordena interpretar esa duda a favor del consumidor.

Así las cosas, de acuerdo a la prueba producida y demás consideraciones y valoraciones aquí efectuadas; concluyo que el actor denunció a Construcciones S.A. dentro del plazo previsto en el art. 1647 “bis” del CCiv. la existencia de los vicios ocultos que la obra padecía y, frente a sus reclamos, la accionada se obligó a repararlos; ergo, corresponde revocar en el punto la sentencia apelada.

c. Defensa de prescripción.

c.1. Decidido lo anterior y en tanto que propuse la revocación del pronunciamiento, por el principio de adhesión implícita de la apelación cobran aquí virtualidad jurídica todas las defensas planteadas al contestar demanda. Recuérdese que por el contenido y sentido de la sentencia del magistrado de la anterior instancia, el tratamiento de aquéllas se había vuelto abstracto (conf. arg. Hitters, Juan C. “Técnica de los recurso ordinario”, ed. Librería Editora Platense, La Plata, 1988, p. 419). Así, en líneas siguientes me someteré a su estudio

c.2. Recuerdo que Construcciones S.A. opuso defensa de prescripción. Alegó que debe utilizarse el plazo anual previsto en el art. 1646 del CCiv. para los supuestos de ruina de la obra.

Como se desprende de los acápites anteriores, la relación que unió al accionante y a la defendida es una de consumo (art. 1 y 2 LDC). En este sentido, la LDC en tanto normativa específica que protege los derechos de los consumidores y usuarios, no puede soslayarse, en función de lo previsto por su art. 65; por lo que debe emplearse para decidir el asunto (cfr. esta Sala, “Kirchner Gustavo Gerardo c/ Hernández Pablo Daniel s/ secuestro prendario”, del 22.12.09; “Molina Cristina Irma y otro c/ BBVA Consolidar Compañía de Seguros S.A. s/ ordinario”, del 18.10.12; entre otros).

En consecuencia, a fin de zanjar cual será el término de prescripción utilizable, recuerdo que el art. 50 de la LDC por entonces vigente cuando comenzó a correr el lapso (conf. art. 2537 del CCyC.), establecía que: “Las acciones judiciales, las administrativas y las sanciones emergentes de la presente ley prescribirán en el término de TRES (3) años. Cuando por otras leyes generales o especiales se fijen plazos de prescripción distintos del establecido precedentemente se estará al más favorable al consumidor o usuario. La prescripción se interrumpirá por la comisión de nuevas infracciones o por el inicio de las actuaciones administrativas o judiciales”.

Así las cosas y en tanto que el lapso trianual que prevé el art. 50 de la LDC es más beneficioso para el consumidor que aquel otro anual previsto en el CCiv. para los supuestos de ruina de la obra (1646 del CCiv.), el que conforme doctrina resulta aquí utilizable por analogía a los casos de vicios ocultos en la construcción (art. 1647 “bis” del CCiv.); corresponde emplear aquel plazo mayor previsto en la normativa consumeril y desplazar el anual del código de fondo (conf. arg. art. 3, 37 y 50 de la LDC; Gregorini Clusellas, Eduardo L., “Contrato de obra en el proyecto de código. Lagunas sobre garantías y plazos de prescripción”, LL 2012-E, 719).

Sobre estas premisas y considerando que: i) el accionante contaba con un lapso de prescripción trianual para iniciar esta acción desde que descubrió los vicios ocultos; ii) según juzgó el primer sentenciante y no fue materia de agravios, aquél los conoció en junio de 2011; iii) Chapero intimó por carta documento a Construcciones S.A. a subsanarlos en junio de 2012 (v. fs. 243), acto que conforme art. 3896 del CCiv., tuvo efectos suspensivos por un año de la prescripción, instituto que deviene aquí aplicable en materia mercantil a partir del precedente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación: ”Cornes, Guillermo J.J. c. Massuh S.A.”, del 12.3.91 (Fallos 314:1704); y, iv) por último, que esta demanda se inició en julio de 2014; debo concluir que no transcurrió el plazo trianual previsto en el art. 50 de la LDC que contaba Chapero para ejercer la acción. De allí que, en consecuencia, cabe rechazar la prescripción opuesta.

d. Causa de los defectos aparecidos en el techo. Incumplimiento a las obligaciones de Construcciones.

Rechazada la defensa de prescripción opuesta, cabe continuar con el análisis de aquellas alegaciones que introdujo Construcciones S.A. al contestar demanda las que transcurren sobre la base de negar la existencia de los vicios ocultos en la obra.

Especial atención concita entonces, el aporte probatorio producido a partir del informe pericial, pues ilustrará sobre conocimientos técnicos ajenos al saber de la magistratura (conf. arg. art. 457 del Cpr.). Es que esta prueba deviene relevante ya que el dictamen del experto no es una mera apreciación sobre la materia del litigio, sino un análisis razonado con bases científicas y conocimientos experimentados (CNCiv., Sala D., en autos “Yapura, Gregoria Erminda c. Transporte Automotor Riachuelo S.A. s/ daños y perjuicios”, expte. libre n° 77.257/98, del 08/10/2002; ídem, “Fiorito, José Luis c. Petersen, José y otro s/ Ds. y Ps”, expte. libre n° 105.505/97, del 20/09/1991).

El informe pericial que emitió la perito arquitecta corre a fs. 512/25. De su lectura surge que es determinante la conclusión a la que arribó la auxiliar pues afirmó que si bien no podía comprobarse que se hubiera colocado la aislación térmica, su ausencia total o parcial, no era la causante del deterioro de la teja (v. fs. 518). Así, dijo que el origen determinante de su envejecimiento precoz era que al tiempo en que fueron instaladas se había omitido realizar, conforme se indicaba en el manual de instrucciones del fabricante, las ventilaciones superiores e inferiores que permitían la circulación del aire y el enfriamiento necesario para evitar una temperatura crítica cuya ausencia era lo que había producido el deterioro del material de las piezas.

En este orden de cosas, a fin de meritar el incumplimiento de Construcciones S.A., destacó la perito que conforme cláusula 12 del contrato de locación de obra, la accionada se había obligado a realizar la colocación de materiales y su instalación de acuerdo a las especificaciones del fabricante (v. fs. 102 vta.).

Observo que ordenado el traslado (v. fs. 526 y fs. 529) y conforme certificación de prueba (v. fs. 531vta./32) la defendida no solicitó explicación, impugnó, u observó el informe -ni aun hizo uso de esa facultad al tiempo de alegar, última oportunidad procesal prevista para hacerlo- a fin de rebatir y oponer argumentos de mayor rigor científico sobre las contundentes conclusiones de las causas del deterioro del envejecimiento precoz de las tejas que había dictaminado la experta (conf. 473 del Cpr.)

Y, antes bien, las afirmaciones del auxiliar obedecen a elementos de juicio que ha tenido en cuenta, los que se apoyan suficientemente en los antecedentes de la causa y en sus conocimientos técnicos específicos, experiencia y saber; ergo, tendré aquí acreditado que el deterioro y los daños producidos en el techo obedecieron a una deficiente instalación de las tejas que realizó Construcciones S.A., obrar que configura el incumplimiento a sus obligaciones contractuales.

Es que su obligación fundamental consistía en ejecutar el objeto en la forma debida y se supone que debío reunir las cualidades prometidas y no presentar vicios que anulen o disminuyan su valor u utilidad (Belluscio- Zanoni, “Código Civil y leyes complementarias”, Ed. Astrea, T. 8, Bs.As., 1999 p. 246,). La realización de una obra sin vicios o deficiencias con lo convenido forma parte del contenido de la prestación del empresario. En consecuencia, cuando se entrega una obra defectuosa hay un incumplimiento de la prestación fundamental del locador, y al comitente le corresponden los mismos derechos que la ley consagra a favor del acreedor insatisfecho.

Así las cosas y en tanto que los vicios ocultos de la obra nacieron a partir del incumplimiento a las obligaciones principales de Construcciones S.A. y aparecieron dentro del plazo de garantía de 10 años de haber sido recibida (conf. art. 4023 del CCiv.); esta debe responder por los daños derivados de su obrar antijurídico.

En este sentido y frente a la negativa de Construcciones S.A., frente a la intimación que realizó el actor (v. fs. 7 y fs. 243), a reparar los vicios que la obra padecía (conf. arg. art. 625 CCiv.); asistió derecho a Chapero a realizarlas por sí o por un tercero (conf. arg. art. 626 y 630 del CCiv.).

e. Daños.

Recuerdo que al tiempo que se liquidaron reclamó Chapero: i) $ 266.417,28 por materiales para reparación del techo; ii) $ 223.850 por mano de obra con el mismo objetivo, iii) $ 46.609,22 en concepto de materiales para concretar tareas de pintura, iv) $90.000 por mano de obra pintura y, v) $ 13.650 por gastos, monto que se integra con el acta de constatación notarial e inspección realizada por el INTI.

A fin de examinar estos daños, tendré presente que de acuerdo a lo previsto en el art. 520 y 901 del CCiv., al tratarse de un supuesto de responsabilidad contractual la defendida debe responder solo por aquellos perjuicios que sean consecuencia inmediata y necesaria de su obrar antijurídico pues no encuentro presente que hubiera existido dolo de su parte.

e.1. Reparación del techo.

Tal como dije, requirió el actor $ 266.417,28 por reembolso de gastos que dijo tuvo que realizar para la compra de los materiales que utilizó para reparar el techo y, $223.850 por mano de obra.

A fin de fundamentar el “quantum” acompañó 5 facturas emitidas por Maderas Ruta 25 (v. fs. 135/139) y adjuntó cierto presupuesto donde se detallaron los trabajos a ejecutar para su reparación (v. fs. 134).

A fs. 476 Maderas Ruta 25 informó que: “las facturas nros. 4877, 4878, 4879, 4881 y 5092 son auténticas y corresponden a materiales vendidos por mi empresa y entregados en la unidad funcional 44 del Barrio Colonia de Chacras del Río Lujan, propiedad del señor Alejandro Chapero”.

Sobre el rubro la experta manifestó: i) que las facturas por materiales que se presentaron, donde hay especificación de productos, podía verificar que eran correctos y coincidían con el valor de mercado para la fecha de la emisión de la factura (v. fs. 527), ii) en el techo no había ningún sector con tejas pues habían sido reemplazadas en su totalidad (v. fs. 513); y, iii) durante los trabajos de reparación se agregó un sector, del lado del guardacoches que antes era descubierto (v. fs. 513).

Así las cosas y en tanto que: i) de la prueba informativa surge que las facturas que el actor acompañó para justificar el gasto son auténticas; ii) conforme visita que realizó la auxiliar a la obra el techo se encontraba reparado y las tejas reemplazadas por chapa; iii) que la experta indicó que los precios abonados eran acordes a los del mercado; y, iv) que la auxiliar hizo saber que el valor actualizado del rubro por mano de obra por la colocación de techo que había sido pactado en el contrato de obra ascendería a un monto mayor de aquel que fuera abonado por el accionante para la reparación (v. fs. 526/27); tendré por exactos los desembolsos efectuados.

No obstante, y en tanto que la auxiliar reveló que se consumó un techado adicional que antes no existía (v. fs. 513); cabe detraer del “quantum” requerido por el actor por ambos conceptos el 10 %, superficie que aprecio razonable de acuerdo a la imagen que surge de las fotografías pues no existe otra prueba de la que pueda obtener otra conclusión (conf. arg. art. 165 del Cpr.).

Así las cosas y con base en las pruebas producidas, otorgaré por el rubro: i) $ 239.775,56 por reembolso de gastos de materia prima, y, ii) $ 201.465 por mano de obra; ambos con más los intereses que se calcularán a la tasa activa que aplica el Banco de la Nación Argentina para sus operaciones comunes de descuento a treinta días (cfr. argumentos expuestos por esta Sala en “Moreno Constantino Nicasio c/ Aseguradora Federal Argentina S.A. s/ ordinario”, del 01.01.13), desde que la mora que tendré por acaecida el 11.6.12 fecha en que Chapero intimó a Construcciones a reparar los defectos (v. fs. 243).

e.2. Pintura.

Recuerdo que el actor solicitó: i) $ 46.609,22 en concepto de materiales por trabajos de pintura y, iv) $ 90.000 por mano de obra.

A fin de acreditar los desembolsos que dijo debió efectuar para comprar la materia prima necesaria para reparar los daños acaecidos como consecuencia de los defectos de colocación en las tejas, acompañó Chapero facturas de Pinturerías Rex (fs.143, fs. 145, fs. 146, fs. 147, fs. 149, fs. 150, fs. 154, fs. 155, fs. 159 y fs. 160), Pinturería Sarmiento, (Chidal S.R.L, v. fs. 148), Ultracolor (v. fs. 151, fs. 156, fs. 158, fs. 161, fs. 162 y fs. 164), Zarantonello (v. fs. 157) y cotización y facturas de Pinturerías Prestigio (v. fs. 144, fs. 152 y fs. 163).

Asimismo, adjuntó cierto presupuesto en donde se detallaron los trabajos de pintura y albañilería a ejecutar para la reparación (v. fs. 165).

La perito arquitecta informó que si bien los arreglos ya se habían efectuado -v. también en este sentido lo expresado por la auxiliar, a fs. 513- podía deducir, en tanto que había concurrido a la casa y a partir del conocimiento del expediente, que las labores informadas tuvieron por objeto reparar los daños ocasionados por la deficiente colocación del techo (v. fs. 528).

Así es que, a modo de ejemplo, señaló que: “si la teja en el exterior al desgranarse mancho la pared, y esta es de color amarillo, se deduce que la pintura se tiene que hacer en la totalidad de la pared y en el interior, si hay chorreaduras, las chorreaduras se inician en la parte superior se debe reparar el techo y la pared” (v. fs. 528).

No obstante la auxiliar, del monto por materiales que pretendió el actor, expuso que debía deducirse $ 13.975 que surgía del presupuesto de “Pinturerías Prestigio”. Ello pues dijo que el detalle de la materia prima inserta en ese documento coincidía con los materiales de la factura que había emitido Pinturerías Rex (v. fs. 528). Sobre el punto debo aclarar que tal aspecto no fue objeto de impugnación ni observación por el actor.

Ahora bien. A fs. 416 Pinturerías Rex, a fs. 461/69 Ultracolor, a fs. 470/71 Pinturería Sarmiento (Chidal S.R.L) y a fs. 477/81 Zarantonello, informaron que eran auténticas las facturas acompañadas.

Luego y respecto del precio que surge del presupuesto por mano de obra, dijo que los valores indicados, como sumatoria de reparación de albañilería y pintura, eran razonables para mayo de 2015 (v. fs. 524).

Sobre las bases expuestas, otorgaré por el rubro: i) $90.000 en concepto de gastos efectuados por mano de obra para trabajos de pintura y, ii) $ 32.634,22 por gastos realizados para la compra de materiales de pintura; ambos con más los intereses que se calcularán a la tasa activa que aplica el Banco de la Nación Argentina para sus operaciones comunes de descuento a treinta días (cfr. argumentos expuestos por esta Sala en “Moreno Constantino Nicasio c/ Aseguradora Federal Argentina S.A. s/ ordinario”, del 01.01.13), desde que la mora que tendré por acaecida el 11.6.12 fecha en que Chapero intimó a Construcciones a reparar los defectos (v. fs. 243).

e.3. Gastos.

Requirió también la devolución de $ 2.450 que dijo abonó por acta de constatación notarial que se llevó a cabo el 7.11.14 y $ 11.200 monto que abonó por el informe que solicitó al INTI.

Advierto que si bien el recurrente rotuló el rubro bajo el concepto de “daños”, lo cierto es que se trata de erogaciones que integran las costas del juicio.

En efecto, estas comprenden todos los gastos causados y ocasionados en la sustanciación del proceso y los que se hubieren realizado para evitarlo o preparar la demanda, descartándose aquellos superfluos o inútiles (conf. Gozaini, Osvaldo A., "Costas procesales", ed. Ediar, p. 52, Bs. As., 1990).

En este sentido, y como anticipé, corresponderá encuadrar el reclamo en el concepto de "costas procesales" y diferir su acreditación, cuantificación y valoración de necesidad, utilidad y razonabilidad, para la etapa de ejecución de sentencia (conf. mi voto, “De Luca Sandra Elena c/ Hsbc BankArgentina S.A. y otro s/ ordinario”, del 08.08.13, “Podestá Arturo Jorge c/ Caja de Seguros S.A. y otro s/ ordinario", del 18.2.14).

f. Responsabilidad de Iñaki S.A.

Tal como surge de la prueba rendida, el envejecimiento precoz de las tejas y los daños producidos en el techo fueron consecuencia de la deficiente instalación que llevó adelante Construcciones S.A.

Desde esta premisa, y sin que implique adelantar opinión sobre el fondo del asunto respecto a si corresponde considerar al incumplimiento de Construcciones S.A. como un vicio en el servicio que genere el supuesto previsto en el art 40 de la LDC; lo cierto es que Iñaki S.A. acreditó que la causa del daño le fue ajena y, en consecuencia, no cabe imputarle responsabilidad alguna por el hecho de autos (Chamatropulos, Demetrio A., “Estatuto del consumidor. Comentado”, T. 2, Ed. La Ley, Bs.As., p. 97 y ss., 2016).

g. Costas.

g.1. De conformidad con lo previsto por art. 279 del Cpr. ponderando la modificación de la sentencia de grado que aquí se propone, procede la readecuación del régimen de costas decidido en la anterior instancia.

Resulta de plena aplicación en el “sub lite” el inveterado criterio que sostiene que, en los reclamos por daños y perjuicios, las costas deben imponerse a la parte que con su proceder dio motivo al pedido resarcitorio, según una apreciación global de la controversia y con independencia de que las reclamaciones del perjudicado hayan progresado parcialmente respecto de la totalidad de los rubros o montos pretendidos, sin que quepa sujetarse en esta materia a rigurosos cálculos aritméticos (CNCom., Sala C, “Enrique R. Zenni y Cía. S.A. c/ Madefor S.R.L. y otro s/ ordinario”, del 14.02.91; “Martín, Oscar C. c/ Toyoparts S.A. s/ sumario”, del 11.02.92; “Levi, Raúl Jacobo c/ Garage Mauri Automotores s/ ordinario”, del 23.03.94; “Alba de Pereira, Victorina c/ Morán, Enrique Alberto s/ daños y perjuicios”, del 29.03.94; “Pérez, Esther Encarnación c/ Empresa Ciudad de San Fernando S.A. y otro s/ sumario”, del 02.02.99; entre otros; esta Sala, “Fernández Blanco Guillermo Eduardo c/ Volkswagen Argentina S.A. y otros s/ ordinario”, del 07.04.15; íd., “Fernández Jorge Eduardo c/ La Caja de Seguros S.A. s/ ordinario”, del 26.11.15).

Como ha sido dicho, la noción de vencimiento ha de ser establecida -a los efectos de distribuir las costas del trámite- con sujeción a una visión sincrética de lo sucedido en el juicio (CNCom., Sala D, “Lanci c/ Costa”, del 30/6/1982) y no mediante una simple comparación aritmética entre lo pretendido y su resultado (conf. esta Sala, “Escandón Ghersi Gonzalo Arturo c/ Martinelli Guillermo y otro s/ ordinario” del 21.03.13).

Desde dicha perspectiva y en tanto la interposición de la Litis resultó necesaria para el reconocimiento del derecho del actor (ver esta, Sala, “Bebebino Anabella Karina c/ Ford Argentina y otro s/ ordinario”, del 06.12.11; entre otros), impondré a Construcciones S.A. las costas de ambas instancias, atento su carácter de vencida (cfr. arg. art. 68 del Cpr.; en igual sentido, ver mis votos en los autos “Barreiro Manuel Jorge c/ Repsol YPF S.A. s/ ordinario”, del 08.06.17 y “Peitiado Nerio Alfredo c/ Industrias Plásticas Australes S.A. s/ ordinario”, del 22.08.17).

Es que no puede soslayarse, pese al progreso parcial de la acción, que el obrar antijurídico de la accionada fue el antecedente lógico que tornó necesaria la promoción de la demanda.

Las costas generadas por la actuación del tercero Iñaki S.A. en primera instancia también serán impuestas a Construcciones S.A., pues fue esta quien requirió su intervención.

No obstante, aquellas otras devengadas ante este Tribunal las impondré al actor. Es que del contenido de la expresión de agravios surge que este requirió, en un cambio de posición procesal, la extensión de la condena al tercero y esto aun cuando, de la prueba pericial ya había tomado conocimiento que la causa de los vicios que generaron el deterioro en el techo le era ajena a Iñaki S.A.

VI. Conclusión.

Por todo lo expuesto y si mi criterio fuera compartido por mis distinguidos colegas del Tribunal, propongo al Acuerdo: admitir parcialmente el recurso del actor y en consecuencia: i) revocar la sentencia apelada y condenar a Stieglitz Construcciones S.A. a pagar al actor: a) $90.000 en concepto de gastos efectuados por mano de obra para trabajos de pintura y $32.634,22 por gastos efectuados para la compra de materiales de pintura conforme surge del acápite “e.2” y, b) $239.775,56 por reembolso de gastos de materia prima para la reparación el techo y $201.465 por mano de obra conforme surge del acápite “a.1”; todo ello con más los intereses y la mora allí dispuesta.

Las costas de ambas instancias se imponen a la defendida vencida (conf. arg. art. 279 y 68 del Cpr.), a excepción de aquellas devengadas por ante este tribunal respecto de Iñaki S.A. las que serán impuestas al actor atento su carácter de vencido (conf. arg. art. 68 del Cpr.).

Así voto.

Por análogas razones los doctores Rafael F. Barreiro y Ernesto Lucchelli adhieren al voto que antecede.

Con lo que terminó este Acuerdo que firmaron los señores Jueces de Cámara doctores:

 

Alejandra N. Tevez

Ernesto Lucchelli

Rafael F. Barreiro

María Florencia Estevarena

Secretaria de Cámara

 

Buenos Aires, 11 de abril de 2019.

Y Vistos:

I. Por los fundamentos expresados en el Acuerdo que antecede, se resuelve: i) revocar la sentencia apelada y condenar a Stieglitz Construcciones S.A. a pagar a Alejandro Gabriel Chapero: a) $90.000 en concepto de gastos efectuados por mano de obra para trabajos de pintura y $32.634,22 por gastos efectuados para la compra de materiales de pintura conforme surge del acápite “e.2” y, b) $239.775,56 por reembolso de gastos de materia prima para la reparación el techo y $201.465 por mano de obra conforme surge del acápite “a.1”; todo ello con más los intereses y la mora allí dispuesta.

II. Notifíquese (Ley N° 26.685, Ac. CSJN N° 31/2011 art. 1° y N° 3/2015), cúmplase con la protocolización y publicación de la presente decisión (cfr. Ley N° 26.856, art. 1; Ac. CSJN N° 15/13, N° 24/13 y N° 6/14) y devuélvase a la instancia de grado.

 

Alejandra N. Tevez

Ernesto Lucchelli

Rafael F. Barreiro

María Florencia Estevarena

Secretaria de Cámara

 

  Correlaciones:

Urbaneja, María Cristina c/B. de R. K.; L. M. y otros s/vicios redhibitorios - Cám. Nac. Civ. sala K - 26/02/2013 - Cita digital IUSJU207153D

 

 

Cita digital:IUSJU038773E