JURISPRUDENCIA

Contrato de trabajo. Despido indirecto. Horas extras. Falta de pago. Remuneración. Carácter alimentario

 

Se hace lugar a la demanda por despido interpuesta por el actor, dado que la falta de pago de horas extras y días de enfermedad, configuran una grave injuria laboral. El tribunal destacó que el crédito salarial reviste carácter alimentario y está destinado a satisfacer necesidades básicas de subsistencia, por lo que la falta de pago íntegro y oportuno de la remuneración en la que incurrió la empleadora, constituyó un incumplimiento de máxima gravedad configurativo de una injuria que no admitía el mantenimiento del vínculo (art. 242 LCT).

 

 

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En la Ciudad de Buenos Aires, a los 17 días del mes de mayo de 2019, para dictar sentencia en estos autos: “LAOS RAMOS, GERMAN ANTONIO C/DIXEY S.A. s/DESPIDO” se procede a votar en el siguiente orden:

LA DOCTORA GRACIELA L. CARAMBIA DIJO:

I. La sentencia de primera instancia, que hizo lugar a la demanda, ha sido apelada por la accionada a tenor del memorial de agravios obrante a fs. 159/161, el cual recibió réplica de la actora a fs. 163/166.

La representación letrada de la parte actora, apela los honorarios que le fueron regulados, por considerarlos bajos.

II. La parte demandada se queja por el resultado obtenido en la sentencia de grado en cuanto consideró justificada la actitud del actor de considerarse despedido ante la falta de pago de horas extras y días por enfermedad.

En tal sentido, agravia al recurrente el análisis de la prueba realizado por la sentenciante y manifiesta que la supuesta injuria en la que el actor fundó su despido fue un retraso en el pago de algunas horas extras y de cuatro días por licencia inculpable, cuyos montos estaban próximos a depositarse.

Adelanto que, más allá del intento del apelante, en mi opinión, la queja deducida no tendrá favorable acogida.

En efecto, en lo que a ello respecta, comparto el análisis de la cuestión efectuado en primera instancia por el cual consideró que el actor tuvo derecho a considerarse despedido ante la actitud de la demandada de no haber contestado en tiempo oportuno los reclamos salariales aludidos.

Conforme surge de la prueba informativa del Correo Oficial, ver fs. 96, se advierte que, ante las intimaciones efectuadas por el accionante a fin de que le abonaran conceptos salariales no cancelados y horas extras laboradas, lo cierto es que la demandada, habiendo recibido la intimación el día 9/3/2015, que había sido enviada el día 6/3/15, recién procedió a contestarla en forma tardía el día 17/3/2015 alegando que depositaría los conceptos reclamados, cuando el día 16/3/2015 ya había recibido la comunicación del despido dispuesto por el trabajador el día 13/3/2015.

Cabe destacar que el crédito salarial reviste carácter alimentario y está destinado a satisfacer necesidades básicas de subsistencia, por lo que la falta de pago íntegro y oportuno de la remuneración en la que incurrió la empleadora, constituyó un incumplimiento de máxima gravedad configurativo de una injuria que no admitía el mantenimiento del vínculo (.art.242 LCT).

Desde tal perspectiva, entiendo que la decisión resolutoria adoptada por el accionante se basó en causa legítima por lo que propongo confirmar la sentencia en cuanto hizo lugar al reclamo indemnizatorio pretendido (art. 245; 232 y 233 LCT).

La demandada pretende sostener que el actor no logró acreditar tampoco ninguna del resto de las injurias invocadas para colocarse en situación de despido pero, en el punto, su queja tampoco puede prosperar pues sabido es que cuando se invocan varias injurias pretendiendo justificar el "autodespido", basta con la acreditación de una causal que, por su gravedad no consienta la prosecución del vínculo.

Por tanto, propongo desestimar el recurso en este sustancial aspecto.

III. A continuación agravia a la demandada la procedencia de la multa prevista en el art. 80 LCT y, en este aspecto, considero que le asiste razón.

De acuerdo a las constancias de autos y documental acompañada por el propio accionante, la demandada puso a disposición las certificaciones del art. 80 LCT en el plazo de ley, los cuales también intentó entregar sin éxito en la audiencia ante el SECLO por haberse negado el actor a recibirlos (ver sobre documental parte actora fs. 3 y Acta ante el SECLO fs. 2).

Según la documental acompañada por la demandada que luce a fs. 26/33, se acreditó la confección del certificado de trabajo y de la certificación de servicios y remuneraciones, contando esta última con fecha cierta producto de la certificación de firmas del 6/4/2015, es decir dentro del plazo legal vigente.

En tales condiciones, considero que cabe tener por cumplida la obligación en tiempo oportuno por parte de la demandada por lo que he de proponer revocar en este aspecto el decisorio apelado y dejar sin efecto la multa prevista en el art. 80 LCT deduciendo del monto de condena la suma de $35.701,74.

Conforme lo expuesto, el capital de condena queda determinado en la suma de $155.139,42 el cual será incrementado de acuerdo a lo dispuesto en grado.

IV. Por último, agravia a la demandada la forma en que fueron impuestas las costas pero, en virtud de la solución que he propuesto respecto del fondo del asunto, me parece justo que hayan sido dispuestas a cargo de quien resultó vencida en lo sustancial del reclamo (art. 68 CPCCN).

V. Finalmente agravia a la demandada el monto de los honorarios, aspecto que también llega apelado por la representación letrada del accionante.

Acerca de la ponderación de los mismos, es necesario indagar en cada caso la época o momento en que se cumplió el hecho, acto o relación jurídica que engendró y sirvió de fundamento a la obligación, ya que esa circunstancia determinará cuál es la legislación aplicable.

Ello así en concordancia con lo dictaminado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa CSJ 32/2009 (45e)/ CS1 originario “ESTABLECIMIENTOS LAS MARÍAS S.A.C.I.F.A. c/ MISIONES, Provincia de s/ acción declarativa” en el acuerdo del 4 de setiembre de 2018 (manteniendo los Fallos: 321:146; 328:1381; 329:1066, 3148, entre muchos otros) y por la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires en el fallo “MORCILLO Hugo Héctor c/ PROVINCIA DE Buenos Aires S/ INCOST. Decr.-ley 9020” de fecha 8 de noviembre de 2017, que remite al criterio adoptado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación a partir del precedente que se registra en el Fallo 319:1915 (mantenido en Fallos: 320:31; 2349 y 2756; 321:146; 330, 532 y 1757; 325:2250).

Allí se estableció que frente a una nueva norma arancelaria, como la que en el caso nos ocupa -Ley 27.423 (B.O. del 22/12/2017), promulgada por Decreto 1077/17, que contiene, en su Art. 7, una observación del Art. 64-, la remuneración por la labor en los juicios debe determinarse tomando en cuenta las etapas del proceso cumplidas. Resulta necesario, entonces, ante la entrada en vigor de un nuevo ordenamiento arancelario, discriminar aquellas pasadas durante la vigencia del régimen anterior, de las que se hicieron a partir de la operatividad del nuevo sistema.

De tal modo, en el caso, en tanto los trabajos profesionales, por la labor cumplida en la primera instancia, se realizaron estando en vigencia la Ley 21.839, el Art. 38 de la ley 18.345, el Art. 13º de la ley 24.432 (DL 16.638/57) habrán de utilizarse las normas arancelarias allí contenidas.

Desde tal perspectiva, entiendo que los porcentajes de honorarios fijados en origen lucen adecuados teniendo en cuenta el mérito, extensión y resultado obtenido por cada uno de los profesionales intervinientes, por lo que propongo confirmarlos, aclarando que los mismos deberán ser calculados sobre el nuevo monto de condena.

VI. De acuerdo a la solución alcanzada entiendo justo que las cos tas de alzada sean soportadas por la demandada quien ha sido vencida en lo sustancial (art. 68 CPCCN) a cuyo efecto estimo los honorarios de los letrados intervinientes en el ...% de lo que les corresponda percibir por su actuación en origen (art. 16 y 30 ley 27.423).

EL DOCTOR NÉSTOR MIGUEL RODRIGUEZ BRUNENGO DIJO:

Adhiero al voto que antecede, con excepción a lo resuelto en relación a la multa establecida en el art. 80 LCT.

Es mi ver que la circunstancia de que la demandada hubiese puesto a disposición del actor los referidos instrumentos, no alcanza para eximirla del pago de la indemnización (art. 45 de la ley 25.345); es decir, no resulta suficiente, pues, para tener por cumplida la obligación, los tendría que haber confeccionado y luego consignado, lo que no aconteció en el caso (art. 756 C.C.).

Por último, resalto que la entrega de los instrumentos mencionados es una obligación que debe ser cumplida en oportunidad de la extinción de la relación laboral, de forma inmediata a la desvinculación, esto es en el tiempo que razonablemente puede demorar su confección, debiendo constar en ello las reales características de la relación laboral.

Por los argumentos, propicio confirmar el fallo en este punto

EL DOCTOR LUIS ALBERTO CATARDO DIJO:

En lo que ha sido motivo de disidencia por parte de mis distinguidos colegas, adhiero al voto de la Dra. Carambia.

En atención al resultado del presente acuerdo, EL TRIBUNAL RESUELVE: 1) Modificar parcialmente la sentencia apelada y establecer el capital de condena en la suma de $155.139,42 (pesos ciento cincuenta y cinco mil ciento treinta y nueve con cuarenta y dos centavos), la cual será incrementada de acuerdo a lo dispuesto en grado. 2) Confirmar la sentencia en lo demás que decide aclarando que los porcentajes de honorarios deberán ser calculados sobre el nuevo monto de condena. 3) Imponer las costas de alzada a la demandada a cuyo efecto se regular los honorarios de los letrados intervinientes en el ...% (... por ciento) de lo que les corresponda percibir por su actuación en origen. 4) Oportunamente, cúmplase con lo dispuesto en el art. 1º de la ley 26.856 y con la Acordada de la CSJN Nº15/2013.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

 

Fecha de firma: 17/05/2019

Firmado por: NESTOR MIGUEL RODRÍGUEZ BRUNENGO, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: LUIS ALBERTO CATARDO, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: HÉCTOR HORACIO KARPIUK, SECRETARIO

Firmado por: GRACIELA LILIANA CARAMBIA, JUEZ DE CAMARA

 

  Correlaciones:

Chagas, Walter Héctor c/García Corado y Asociados SA s/despido - Cám. Nac. Trab. - SALA I - 11/12/2018 - Cita digital IUSJU035003E

 

Cita digital:IUSJU038732E