JURISPRUDENCIA

Medida cautelar. Innovativa. Conducta antisindical. Plataforma digital. Reparto a domicilio

 

Se hace lugar a la medida cautelar innovativa interpuesta por los actores, representantes gremiales de la Asociación de Personal de Plataformas (APP), y se ordena a la demandada que cese, en forma urgente, con la conducta antisindical desplegada y proceda inmediatamente a desbloquear el acceso a su aplicación informática y móvil (“Soy Rappi”) a los actores, hasta tanto se defina el fondo de la contienda.

 

 

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Buenos Aires, 19 de marzo de 2019

Y VISTOS:

La medida cautelar autónoma promovida en los términos del art. 195 CPCCN por ROGER MIGUEL ROJAS LUIS, ALEJANDRO NICOLÁS GATTONI MORAGA y JULIO CESAR OLIVERO PERALTA tendiente a que la empresa RAPPI ARG. SAS cese inmediatamente su conducta antisindical y antidiscriminatoria (cfr. art. 1 ley 23.592) y proceda a desbloquear el acceso a su aplicación informática y móvil a fin de permitirles ingresar en la plataforma digital y continuar prestando servicios de reparto. Manifiestan que todos son trabajadores de Rappi ARG. SAS y fundadores y miembros de la Comisión Directiva de la Asociación de Personal de Plataformas (en adelante, “APP”), organización sindical de 1º grado con inscripción gremial en trámite ante la Dirección Nacional de Asociaciones Sindicales de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación.

Afirman que el coactor Roger Rojas ingresó a la demandada el 27/4/2018, Alejandro Gattoni en fecha el 11/5/2018 y, por su parte, Julio Olivero hizo lo propio el 12/05/2018. Todos realizaron tareas de reparto o entrega de productos, tratándose el 95% de entregas de comestibles.

Explican que esta modalidad de trabajo se conoce como “trabajo a demanda” o “vía app”, es decir, el trabajo tradicional solicitado a través de la web y utilizando datos geo referenciados. Lo usuarios demandan un servicio, frente a lo cual las plataformas digitales procesan el pedido y lo satisfacen por intermedio de los trabajadores disponibles. Refieren que no se hallaban inscriptos en los registros patronales de la demandada, no obstante que la demandada tenía el control unilateral del algoritmo de asignación de áreas, reservándose para sí la posibilidad de modificarlo según su conveniencia, y en idéntico sentido asimismo agregan que el poder de control y organización de Rappi excede la facultad de dirección que la Ley de Contrato de Trabajo reconoce al empleador, puesto que aquélla puede modificar autónomamente y en cualquier momento los aspectos formales, procedimentales o sustanciales de los términos de uso de la plataforma digital (v. fs. 12/13).-

Describen los incumplimientos de la empresa a los aspectos pactados con los trabajadores relativos a reformas unilateralmente decididas por la demandada con relación al algoritmo de asignación de tareas a los repartidores, y denuncian la falta de cumplimiento de las normas laborales.

Aseveran los actores que, en el marco de la conflictiva situación que se vivía con la accionada, juntamente con otros trabajadores resolvieron organizarse sindicalmente, por lo que en fecha 1/10/18 tuvo lugar la asamblea fundacional del sindicato que emergió bajo la denominación de Asociación de Personal de Plataformas (“APP”). En dicho acto, según refieren, procedió a redactarse el Estatuto de la Organización Sindical y fueron elegidas las autoridades del sidicato.-

Sostienen que el ámbito de actuación personal del sindicato alcanza a todos los trabajadores que prestan servicios personales y habituales en empresas dedicadas al transporte terrestre de cosas y personas, vinculados y/o contratados mediante plataformas digitales y/o informáticas “a demanda” mediante aplicaciones informáticas, plataformas en líneas, “crowdorking” y/o cualquier otro medio informático que en el futuro los reemplace con ámbito de actuación geográfico en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Dicen que tanto la constitución del sindicato como la identidad de sus miembros fue comunicada fehacientemente a la accionada mediante epístola fechada el 3/10/2018.

Expresan que el 9/11/2018, luego de asistir a una reunión con personas que se identificaron como empleados de la demandada (sr. Gonzalo Hegille y Natalia Russo) y luego de plantear diversos reclamos referidos a las condiciones de trabajo, fueron súbitamente bloqueados para ingresar a la plataforma digital de la demandada, y -por ende- para desempeñar el servicio de reparto de mercaderías para el cual fueron contratados.

Aclaran, al respecto, que la empresa “no despide”, sino que simplemente “bloquea” al usuario de la plataforma, mecanismo que, en verdad, constituye un mero eufemismo al cual recurre la demandada con el propósito de desvirtuar cualquier rasgo posible de laboralidad y mantenerse oculta en el fraude laboral que lleva a cabo. Manifiestan, asimismo, que tal acción respondió a un móvil discriminatorio en razón de su actividad, atento los cargos que ostentan en la APP. A partir de ello consideran que dichos despidos, efectivizados como modo de represalia por su actividad y condición gremial, devienen nulos de nulidad absoluta.-

En lo relativo, concretamente, a la medida cautelar peticionada, reconocen que la situación de informalidad en la que se hallan constituye un obstáculo a los fines de determinar su procedencia, pero enfatizan en que la verosimilitud del derecho que exige toda medida como la solicitada se evidencia, en la especie, mediante la calidad de representantes gremiales que ostentan, la actividad desplegada en el marco de la organización sindical APP y la innumerable cantidad de indicios, que permiten inferior -cuanto menos, a priori- la existencia de un vínculo de índole laboral entre RAPPI ARG. SAS y los suscriptos.-

De tal modo, expresan que la aquí accionada es una empresa que se vale de una plataforma digital para garantizar la realización de un servicio de reparto de mercadería dentro del mercado, a cambio del cual obtiene una ganancia, ejerciendo en tal marco sus facultades patronales de dirección y control sobre quienes ejecutan, materialmente, dicho servicio. Refieren que RAPPI ARG SAS utiliza la aplicación informática para contratar trabajadores, asignarle labores, monitorear su desempeño, percibir su ganancia y también adoptar medidas disciplinarias ante la verificación de incumplimientos, lo que se efectiviza mediante el descuento de las comisiones abonadas por trayectos realizados, el rechazo de la asignación de órdenes y pedidos, y -eventualmente- incluso hasta proceder al bloqueo del usuario, sanción equivalente al despido.-

Enfatizan, asimismo, que la empresa actúa dentro del mercado desarrollando una actividad con ánimo de lucro que nada tiene en común con la economía colaborativa en la que pretende enrolarse. Que perciben un ingreso mensual aproximado de $15.000.-, pero que a ese monto deben descontarle los gastos originados por el trabajo, como factura telefónica, gastos de combustible y mantenimiento del rodado.-

Dicen que la campera y mochila en forma de cubo para poder transportar la mercadería eran entregadas “en comodato” puesto que debían abonar una suma de $300.-, que el dinero que se le cobra al cliente por el costo de la mercadería y del traslado efectuado debía ser depositado por el repartidor en la cuenta de RAPPI (ante locales de Rapipago o Pago Fácil) y que su remuneración es liquidada y abonada a posteriori, con frecuencia quincenal, a través del pago en efectivo o del depósito que efectúa la empresa en sus respectivas cuentas bancarias.-

Manifiestan que la empresa también utiliza un sistema de premios y castigos para asignar mayor cantidad de repartos a trabajadores mejor puntuados en función de la habitualidad del servicio que prestan. Sostienen que, en ese marco, la organización de los trabajadores de plataformas digitales surgió como una necesidad ante los abusos en los que incurren las empresas (como RAPPI), que no sólo evaden la aplicación de la ley laboral sino que incumplen con los términos dispuestos en sus propias plataformas digitales.

Indican que los múltiples planteos incumplidos respecto de la modificación unilateral decidida por la demandada del algoritmo de asignación, la decisión de imponer condiciones retributivas más favorables a los nuevos repartidores, la negativa de contratar seguro de riesgos del trabajo y la falta absoluta de cumplimiento de la normativa laboral, derivaron en una huelga que se llevó a cabo el 15/7/2018, primera medida de dicha índole adoptada en América Latina respecto de trabajadores contratados por plataformas digitales. Expresan que, seguidas todas las formalidades previstas en la ley 23.551, acudieron al Ministerio de Trabajo a fin de obtener la inscripción gremial, trámite que aún se encuentra en proceso. Transcriben intercambio telegráfico, desplegan consideraciones respecto del cumplimiento en autos de los requisitos de la medida cautelar que se pretende, fundan en derecho, ofrecen prueba y peticionan.

Y CONSIDERANDO:

I) Producidos los medios probatorios ofrecidos por la parte actora, la causa se encuentra en estado de resolver sobre la viabilidad de la medida cautelar solicitada.

II) Cabe memorar, en primer término, que la procedencia de toda medida cautelar está condicionada a la acreditación liminar de la verosimilitud del derecho que se intenta resguardar y del peligro en la demora que pudiera ocasionar la tramitación del proceso inherente a su reconocimiento (art. 230 CPCCN).

En tal sentido, la jurisprudencia ha sostenido para casos análogos -en criterio que comparto y hago mío- que “la valoración del concepto de verosimilitud del derecho invocado, no requiere que obra en la causa una prueba directa y convincente sobre la razón de la pretensión (que, por otra parte, de así ocurrir, podría llevar a un prejuzgamiento reñido con las disposiciones adjetivas) sino que sólo debe estimarse si a través de los elementos que la integran, se prefigura - o no -una situación que permita afirmar en forma lata y en cabeza del demandante, lo que se ha dado en denominar “humo de buen derecho” y que, en base a ello, se pueda inferir una apariencia que prima facie exhiba visos de legitimidad a la postura del peticionante”(v. Dictamen Fiscalía nro.6 Nº42137 21/10/10 en autos “Barraza Victor Hugo c/ PAMI s/ Juicio Sumarísimo”, del registro de este Juzgado interinamente a mi cargo).

Aclaro, en este sentido, que en rigor a que la petición de los actores importa la novación de las circunstancias fácticas vigentes, requiere como recaudo imprescindible el cabal cumplimiento de las condiciones de admisibilidad señaladas. Sobre el tópico, reiteradamente se ha sostenido que “tratándose de una medida innovativa, la verosimilitud del derecho debe surgir de manera manifiesta de los elementos obrantes en la causa” (cfr. CN. Fed. De C.C., Sala1, 23/12/03, en autos “Kimberly Clark Argentina S.A. c/ Procter & Gamble Argentina S.A.).

III) De conformidad con los parámetros expuestos, corresponde examinar si los recaudos de viabilidad se hallan configurados en la especie. A tal fin, de la prueba sumaria arrimada por los accionantes se desprende:

A) Que por Acta obrante a fs. 41/42, el escribano Nicolas M. Spino constató en fecha 29/11/18, mediante la aplicación “Soy Rappi” instalada en los celulares de los coactores (vinculadas a sus respectivos números, usuarios y contraseñas) que -en los tres casos- al pulsar el botón “Conéctate ya”, aceptar los términos y condiciones exhibidos y luego presionar la opción “Conéctate ahora”, aparece el mensaje “Estás inhabilitado comunícate con desactivaciones”. A fs. 43/47, asimismo, obran las impresiones de captura de pantalla de lo relatado;

B) Que de las declaraciones testimoniales brindadas por Johannes Konrad Drescher Pollo y María Belén Fierro, ratificadas a fs. 177 y 180, surge que que ambos dieron cuenta de que los coactores utilizaban la aplicación “Soy Rappi” en el celular para hacer repartos, que fueron elegidos para desempeñarse como representantes de los trabajadores y que, luego de una reunión de índole sindical que llevaron a cabo, la empresa procedió a bloquearlos en la plataforma y les impidió continuar trabajando;

C) Que del informe del Correo Argentino que luce a fs. 190/216 se colige que en fecha 3/10/2018, el coactor Rojas Luis Roger Miguel -en su carácter de Secretario General de la Asociación de Personal de Plataformas (APP)- le comunicó a RAPPI ARG S.A.S la constitución de la asociación sindical mencionada y asimismo puso en su conocimiento que la inscripción gremial respectiva se encontraba en trámite por ante el Ministerio de Producción y Trabajo de la Nación. De la mencionada misiva surge, a su vez, que le informó que se habían designado a los aquí coactores como integrantes de la directiva provisional de la asociación: Roger Miguel Rojas Luis como Secretario General, Alejandro Gattoni como Secretario de Acción Social y Julio Ontivero como Secretario de Organización. Dicha epístola salió a distribución los días 9 y 10/10/2018 siendo devuelta por el agente distribuidor con la observación “cerrado con aviso”.

Obran en la causa, además, otras cuatro misivas (ver fs. 202/205) en las que los coactores intiman al cese de la conducta sindical y solicitan el desbloqueo de la aplicación informática, las cuales sí fueron recibidas por la contraria (ver informe del correo a fs. 216).

D) Que de los extractos de cuentas bancarias del Banco Macro y Santander Río, de titularidad de los coactores Gattoni y Olivero, surge que obran depósitos por sumas variables (al menos dos por mes) realizadas por RAPPI ARG SAS;

F) Que del informe de la Dirección Nacional de Asociaciones Sindicales pertenecientes al labró el expediente administrativo Nº 2018-49795046, trámite del cual -asimismo- surge que la Asociación de Personal de Plataformas se encuentra tramitando su inscripción gremial por el expediente Ex2018-49795046-APN-DGDM#MPYT. Se informó, también, que a la fecha del informe (15/2/2019) la asociación sindical no se encontraba inscripta, y se acompañó copia del acta de asamblea fundacional de la ASOCIACIÓN DE PERSONAL DE PLATAFORMAS (APP);

G) Que a fs. 335/346 obra copia de la sentencia “Envíos YA SA y otros c/ GCBA s/amparo” que tramitara ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario Nº 2 Secretaría Nº 4 de CABA. Del pronunciamiento en cuestión se desprende que las sociedades Envío Ya SA, Arribo Postal SRL, Curier Express SRL, E-Logística SA, Inmediato SA, Logística al Instante SA, Star Cadetes SA, The Saint SRL y Trámites Urbanos SRL iniciaron contra el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires -Secretaría de Transporte del Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte- una acción tendiente a obtener el reconocimiento de las empresas a ofertar y prestar sus servicios de mensajería urbana y reparto domiciliario de sustancias alimenticias de conformidad con lo normado en la ley 5.526, y asimismo una medida cautelar relativa al mismo objeto. Se observa de las actuaciones que el Tribunal ordenó medidas de publicidad de dicho proceso colectivo, lo que motivó la presentación -entre otros- de Rappi Arg. SAS y de Roger Miguel Rojas Luis, éste último por derecho propio y en representación de la Asociación de Personal de Plataformas (APP). Al resolverse la cautelar intentada, el Tribunal hizo referencia a la modificación introducida al Código de Tránsito y Transporte por la ley 5.226, cuerpo normativo que consagra una regulación específica para los servicios de mensajería urbana y de reparto a domicilio de sustancias alimenticias, a los que define taxativamente, en el primer caso como aquél que “comprende el retiro y entrega de elementos varios de pequeña y mediana paquetería y/o la realización de gestiones desde su solicitud y hasta el o los domicilios que sean indicados, son tratamiento o procesamiento, utilizando como medio de transporte en motovehículo o ciclorodado en un plazo menor a las 24 horas y en un ámbito urbano acotado” y en el segundo como el que “abarca el transporte de sustancias alimenticias desde el domicilio de su proveedor hasta su entrega en el domicilio que el cliente indique, utilizando como medio de transporte un motovehículo o ciclorodado (...) Dicha norma se trata de una norma de orden público que dispone que la actividad de los servicios de mensajería urbana y de reparto a domicilio de sustancias alimenticias se encuentra sujeta al control de la Secretaría de Transportes de la Subsecretaría de Trabajo (...) la norma también aborda cuestiones relativas al derecho del trabajo, al disponer que deberán encontrarse en calidad de conductores en el régimen del trabajador en relación de dependencia del prestador, cumpliendo con la legislación laboral y previsional vigente (art. 13.3.2 del Código de Tránsito y Transporte) ... Por otra parte, los conductores que ejecuten el servicio en cuestión deben utilizar: a)casco homologado para la categoría según se trate del vehículo, b) indumentaria con bandas reflectivas conforme la reglamentación que establezca la Autoridad de Aplicación, c) indumentaria apropiada para utilizar días de lluvia y en época invernal, conforme lo establezca la Autoridad de Aplicación (art. 13.3.5 del CCT) (...) En nuestro país, puntualmente, las empresas Rapi Arg SAS y Kadabra SAS (Glovo) evidenciaron en los últimos meses un crecimiento exponencial en la oferta del servicio de mensajería y de reparto a domicilio de alimentos -a través de los nombres de fantasía Rappi y Glovo, respectivamente-, tal como lo muestran los anuncios publicitarios en la vía pública y en los medios de comunicación, así como la proliferación de jóvenes en bicicleta por las calles llevando las cajas portadoras de objetos (...) sin perjuicio de que la calificación jurídica del vínculo entre la empresa que se dice “intermediaria” y el mensajero excede el marco cognoscitivo de esta etapa cautelar, lo cierto es que la actividad de mensajería y reparto de alimentos a domicilio se realiza actualmente en la Ciudad de Buenos Aires, en franca violación a la legislación vigente. Y con la total inacción de las autoridades que tienen a su cargo el ejercicio del poder de policía (...) Por ello y “atento el grave riesgo que implica para la seguridad de las personas el incumplimiento de la ley”, se dispuso hacer cumplir “mediante los controles pertinentes, la prohibición de prestar el servicio en condiciones que no den cumplimiento a dicha normativa, ello para todos los operadores de los servicios de mensajería y/o reparto de sustancias alimenticias a domicilio, incluyendo a las firmas Rappi SAS, Kadabra SAS (Glovo), así como a todas las personas físicas y/o jurídicas que desarrollan actividades homologas a través de plataformas virtuales” y se resolvió hacer lugar a la medida cautelar solicitada y se lo hizo saber “a las firmas Rappi SAS, Kadabra SAS (Glovo) y a todas las personas físicas y/o jurídicas que desarrollan actividades homólogas a través de plataformas virtuales que dentro del plazo de diez (10) días de notificada la presente deberán solicitar la inscripción en RUTRAMyC y la habilitación para operar como prestadores del servicio de mensajería urbana y/o entrega de sustancias alimenticias a domicilio en los términos de la ley 5226 y su reglamentación ante la Secretaría de Transporte”.

IV) Las pruebas reseñadas me persuaden, prima facie, que en el estricto contexto de este prieto marco cautelar, liminarmente se encuentra acreditada la verosimilitud del derecho que le asistiría a los codemandantes, con respecto a la prestación de servicios “a pedido”, desempeñados bajo la directiva de la demandada. Ello, claro está, sin que importe -en modo alguno- abrir juicio o sentar posición acerca del fondo de la controversia, y específicamente de la naturaleza del vínculo mantenido entre las partes.

Partiendo de tal orden de entender, destaco a través del Expte. Administrativo identificado bajo el rótulo “EX-2018-49795046-DGDMT=MPYT” del registro de la actual Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, trámite mediante el cual se solicitó la inscripción gremial de la Asociación de Personal de Plataformas (“APP”, fundada con fecha 1/10/18 cfr. Acta de Asamblea y Estatuto que lucen agregados), con la designación del aquí actor Roger Miguel Rojas Luis en calidad de Secretario General (fs. 230) y la participación de los codemandantes Gattoni Alejandro Nicolás y Julio Ontivero (fs. 245), también quedaría evidenciada -reitero, prima facie- la actividad de índole gremial desempeñada por los aquí peticionantes.-

A su turno, las epístolas referidas precedentemente permiten colegir que RAPPI ARG. SAS se hallaría notificada acerca del carácter de representantes sindicales que ostentan los actores, los que aparecerían -por tanto- revestidos de especial tutela, que en el caso aproxima precaria pero eficiente, de conformidad con el art. 47 de la ley 23.551 y la amplia plataforma del art. 1º de la ley 23.592 (cfr. CSJN in re “Álvarez, Maximiliano y otros c/ Cencosud S.A. s/ Acción de amparo”, del 7/12/10).-

Frente a ello, el bloqueo que habría efectivizado la demandada a los actores, impidiéndoles el acceso a la aplicación informática y móvil (Soy Rappi) a través de sus respectivas identidades digitales (ID), y -por tanto- continuar prestando servicios de reparto en las mismas condiciones que lo venían haciendo hasta el 9/11/18, se hallaría en franca transgresión a la garantía de libertad sindical que reconoce nuestra Carta Magna en sus arts. 14 bis, el Convenio nº 87 de la O.I.T. (de raigambre, también, constitucional, por hallarse inserto en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales), la Declaración Universal de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (art. 75 inc. 22 segundo párrafo de la C.N.) y que merece ser reparado en forma inmediata, a influjo de lo dispuesto en los preceptos legales citados ut supra.

Por las consideraciones expuestas y citas legales efectuadas, RESUELVO: 1) Hacer lugar a la medida innovativa interpuesta y, sin que ello importe pronunciamiento sobre la cuestión de fondo, ordeno a la demandada RAPPI ARG S.A.S. (CUIT 30-71580389-1) que cese, en forma urgente, con la conducta antisindical desplegada y proceda inmediatamente a desbloquear el acceso a su aplicación informática y móvil (“Soy Rappi”), mediante sus respectivas identidades digitales (“ID”), de los actores ROGER MIGUEL ROJAS LUIS (línea telefónica vinculada a la aplicación: 15-2481-1309), ALEJANDRO NICOLAS GATTONI MORAGA (línea telefónica vinculada a la aplicación: 15-3036-3812) y JULIO CESAR OLIVERO PERALTA (línea telefónica vinculada a la aplicación: 15-5998-6274) a fin de que continúen prestando servicios en la misma forma y modo que lo hicieron hasta el 9/11/2018 . 2) La manda judicial impuesta deberá hacerse efectiva dentro del plazo de 24 horas, y bajo apercibimiento de aplicar una multa de $3.000.- por cada día de demora (conf. Art. 666 bis del Código Civil).- 3) Sin costas, atento la ausencia de sustanciación.

Regístrese y notifíquese en forma electrónica a la parte actora, a la demandada al domicilio denunciado por la actora en su escrito de inicio, diligencia que deberá ser realizada en forma urgente y en el día y al Sr. Fiscal en forma electrónica.

 

Fecha de firma: 20/03/2019

Firmado por: STELLA MARIS VULCANO, JUEZ SUBROGANTE

 

  Correlaciones:

Ley 23.592

Ley 5526 - Buenos Aires (Cdad.)

Envíos YA SA y otros c/GCBA s/amparo - Juzg. Cont. Adm. y Trib. - N° 2 - 06/12/2018 - Cita digital: IUSJU035793E

 

 

Cita digital:IUSJU038746E