JURISPRUDENCIA

Contrato de trabajo. Despido con causa. Principio de proporcionalidad. Potestad disciplinaria. Contratación o subcontratación. Actividad normal y específica. Responsabilidad solidaria

 

Se hace lugar a la demanda por despido arbitrario interpuesta por el actor, habida cuenta de que la empleadora no logró probar la injuria imputada al trabajador, quien prestaba servicios de rampa para aerolíneas de transporte aerocomercial privadas, y la falta imputada fue la de negarse a realizar una tarea ordenada por su superior. Asimismo, se extendió la responsabilidad solidaria a las otras demandadas, en los términos del artículo 30 de la ley de contrato de trabajo.

 

 

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En la ciudad de Buenos Aires, capital de la República Argentina, 7/03/2019 reunidos en la Sala de Acuerdos los señores miembros integrantes de este Tribunal, a fin de considerar los recursos deducidos contra la sentencia apelada, se procede a oír las opiniones de los presentes en el orden de sorteo practicado al efecto, resultando así la siguiente exposición de fundamentos y votación.

La Doctora Diana Cañal dijo:

I.- La Sra. Juez de anterior grado, hizo lugar a la demanda y condenó solidariamente en los términos del art. 30 de la LCT a las codemandadas AMERICAS GROUND SERVICES INC -Sucursal Argentina-, AMERICAN AIRLINES INC -Sucursal Argentina- y AEROPUERTOS ARGENTINA 2000 SA al pago de las indemnizaciones derivadas del despido, diferencias salariales, multas de la ley 25323 y la sanción dispuesta en el art. 80 de la LCT (fs. 308/329 vta.).

Contra tal pronunciamiento, se alzan las codemandadas AEROPUERTOS ARGENTINA 2000 SA, AMERICAS GROUND SERVICES INC -Sucursal Argentina-, AMERICAN AIRLINES INC - Sucursal Argentina-, a tenor de los memoriales obrantes a fs. 333/340 vta. y fs. 341/360 vta. con réplica a fs. 362/365 vta. y fs. 366/369.

II.- De una breve reseña de los hechos invocados en la demanda, resulta que el actor adujo que mantuvo relación laboral en el periodo que abarca desde el 12 de marzo de 2008 hasta el 27 de agosto de 2012 con la demandada AMERICAS GROUND SERVICES INC (cuya actividad era brindar servicios complementarios para transportes aéreos -prestación de servicios de rampa para aerolíneas de transporte aerocomercial privadas en todos los aeropuertos del país), realizando sus tareas en AEROPUERTOS ARGENTINA 2000, cumpliendo directivas tanto de esta empresa, como de AMERICAS GROUND SERVICES INC, y de AMERICAN AIRLINES INC, Sucursal Argentina. El actor manifestó que realizó una jornada de 8 horas diarias con cuatro días corridos de trabajo y dos de franco, y que sus tareas eran las siguientes: 1) Chofer de pista en camión de cabina service (acercar al avión las herramientas de trabajo); 2) Conductor de camioneta de traslado del personal; 3) Manejo de camión a rampa de aviones, con traslado de personal de limpieza teniendo habilitación para la apertura de puertas; 4) Colocación en aviones de grupos electrógenos; 5) Colocación en aviones de aires acondicionados; 6) Limpieza de aviones; 7) Recolección de basura en carros y su correspondiente traslado al contenedor del aeropuerto.

A su vez, dio cuenta de que percibió un sueldo básico de $3.458,72, correspondiente a la categoría laboral de “Personal de Limpieza”, aunque sostiene que su real categoría respondía a la de “Operador de Rampa Intermedio”, con una remuneración básica de $4.985. Señaló que recibió cursos de entrenamiento como “operador de rampa”, “señalero de aeródromo”, de capacitación y formación técnica, todos ellos brindados y aprobados por la Escuela de Instrucción y Perfeccionamiento Aeronáutico- Escuela Técnica de Aviación Profesional, lo que originó la obtención de diversas habilitaciones legales, no obstante lo cual el empleador le aplicó la categoría “Personal de limpieza”. La parte actora esgrimió que la actividad de la empleadora AGS se encuentra regida por el CCT Nro. 296/98, celebrado entre UPADEP y AGS. Señala que el 21 de agosto de 2012, se presentó a cumplir con sus tareas en su lugar de trabajo en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, cuando se le negó el ingreso, se lo despojó arbitrariamente de la credencial de acceso, inhabilitándosele por el sistema. Ante esta situación, intimó al empleador para que aclarara su situación laboral, notificando que haría uso legítimo del derecho de retención conforme lo dispuesto por el art. 1201 del Código Civil. Asimismo, intimó a American Airlines Inc. Suc. Argentina y a Aeropuertos Argentina 2000 SA, y comunicó su situación laboral a la AFIP. El actor manifestó que el 24 de agosto de 2012, recibió la comunicación de rescisión del vínculo de trabajo de parte de AMERICAS GROUND SERVICES INC -Sucursal Argentina-, con fundamento en que se le imputó que el día 10 de agosto de 2012, su Jefe de grupo, Sr. Leandro Rodríguez, le solicitó que lavara en forma intensiva el baño de una aeronave, y que él se negó a cumplir la orden. Por último, solicitó la condena solidaria en los términos del art. 30 de la LCT de las empresas AEROPUERTOS ARGENTINA 2000, AMERICAN AIRLINES INC SUC ARGENTINA, (fs. 5/13).

La codemandada AEROPUERTOS ARGENTINA 2000 SA. en su responde, negó cada uno de los hechos y adujo que nada tenía que ver con AMERICAN ni con AGS (AMERICAS GROUND SERVICES INC). Refirió que esta última empresa, no prestaba ningún tipo de servicio para AA 2000, y que no fue contratada por ésta última, por lo tanto, desconoció la relación de trabajo invocada por el actor. Manifiesta que, de conformidad con el contrato de concesión suscripto con el Estado Nacional, surgió que solo es responsable en los espacios concesionados y que si bien el actor pudo prestar servicios en el aeropuerto, lo cierto es que no lo hizo bajo su responsabilidad, sino que trabajó para AMERICAN AIRLINES INC SUC ARGENTINA. Por último, indicó que “los servicios que se prestan en el aeropuerto a los pasajeros de empresas aéreas ajenas (...) son materialmente ajenos y únicamente producto del servicio de esta potestad de organización otorgada (...) pero ninguno de ellos concibe en sí, parte de su establecimiento o la actividad habitual, normal y específica (...) o siquiera la secundaria o accesoria” (fs. 23/30).

Las codemandadas AMERICAS GROUND SERVICES INC Sucursal Argentina -en adelante AGS- y AMERICAN AIRLINES INC Sucursal Argentina -en adelante AA-, contestan demanda en forma conjunta, y manifestaron que el 12 de marzo de 2008 el actor comenzó a prestar servicios para AGS, y que vigente el plazo de período de prueba, el 6 de junio del mismo año, se le comunicó la rescisión del contrato de trabajo. Luego de ello, el 20 de noviembre de 2008, el trabajador fue contratado nuevamente por AGS hasta el 17 de agosto de 2012, momento en que se le comunicó su despido con causa. Argumenta que su jornada semanal era de cuatro días de trabajo por dos días de descanso. Asimismo, reconociendo que las tareas cumplidas por el mismo, consistieron en la limpieza de las aeronaves pertenecientes a American Airlines INC SA.

En cuanto a los hechos que antecedieron al despido, las empresas argumentaron que el 10 de agosto de 2012, el Sr. Leandro Rodríguez, Jefe de Grupo, le ordenó al actor que lavara el baño de la aeronave matrícula …, perteneciente a la llegada del vuelo 997, y que el mismo se negó a efectuar la tarea. A raíz de dicho episodio, el actor fue citado a la Oficina del Gerente General de AGS para que, en presencia de los Sres. Leandro Rodríguez, Flavia Tavagnutti y Cristian Arredondo, formulara un descargo por escrito sobre los hechos ocurridos. Sin embargo, el actor guardó silencio y en función de ello, la empresa decidió despedirlo el 17 de agosto de 2012.

Por último, cuestionan la responsabilidad pretendida por el actor respecto de la codemandada AMERICAN AIRLINES INC en los términos del art. 30 de la LCT, ya que afirman que ésta y AGS mantuvieron una relación comercial resultando esta última la empleadora del actor (fs. 101/115).

III.- Sentadas sucintamente las posturas de los litigantes, corresponde que por razones de mejor orden, se trata en primer término el recurso interpuesto por las codemandadas Americas Ground Services INC Sucursal Argentina y American Airlines Inc. Sucursal Argentina.

Las recurrentes se consideran agraviadas, porque la Sra. Juez de grado anterior concluyó que la decisión rupturista adoptada por la codemandada AMERICAN AIRLINES INC Sucursal Argentina, resultó desproporcionada e injustificada y por lo tanto, contraria a las prescripciones contempladas en el art. 242 de la LCT.

Llega firme a esta instancia que el 17 de agosto de 2012, la codemandada American Airlines INC Sucursal Argentina despidió al actor en los siguientes términos “no dirigimos a Ud. Por el incumplimiento cometido el día 10 de agosto de 2012, mientras Ud. Realizaba sus tareas normales y habituales. En efecto, aquél día su Jefe de Grupo, el Sr. Leandro Rodríguez, le solicitó que realice el lavado intensivo de baños de la aeronave matricula …, perteneciente a la llegada del vuelo 997, tarea a la cual Ud. se negó a cumplir y esa circunstancia generó que su compañero de trabajo, el Sr. Nicolás Campos, supla la función que tenía asignada. A continuación, su Jefe de Grupo le peticionó que realice un informe por escrito para explicar los motivos por los cuales se había negado a cumplir, y Ud. También se negó a presentar un informe. Con posterioridad a ello, Ud. fue citado a la oficina del Gerente el Sr. Daniel F. Ferreras quien le requirió por escrito y en presencia de los Sres. Leandro Rodríguez, Flavia Tavagnutti y Cristian Arredondo, que dentro de las 48 horas brinde explicaciones sobre lo sucedido y, sin embargo, Ud. ha guardado silencio a tal solicitud. Por todo lo expuesto, le notificamos que su comportamiento configura una inobservancia a las órdenes que le fueron impartidas por sus superiores así como también un incumplimiento a los deberes laborales que se encontraban a su cargo, razón, por la cual, le comunicamos que a partir del día de la fecha procedemos a extinguir el vínculo laboral por su exclusiva culpa (arts. 62, 63, 84 y 86 LCT y 35 CCT)” (CD Nro. …, fs. 97).

Vista la imputación formulada en la comunicación del despido, correspondía a la codemandada Americas Ground Services INC Sucursal Argentina, acreditar los hechos invocados como justa causa de la cesantía (art. 377 del CPCC).

La codemandada Americas Ground Services INC Sucursal Argentina a fin de corroborar el hecho denunciado, aportó en forma conjunta con la coaccionada American Airlines INC Sucursal Argentina, las declaraciones testimoniales de Ferreras, Vai, Tavagnutti, Arredondo y Rodríguez así como la prueba documental de fs. 75.

Respecto de esta última prueba, resulta ser una nota de AMERICAS GROUND SERVICES del 10 de agosto de 2012, dirigida al actor mediante la cual se le solicitó realizar “el informe correspondiente explicando el o los motivos (...) para no realizar la tarea del lavado intensivo de baños de la aeronave, tal como le solicitó en el día de hoy su superior, el Sr. Jefe de Grupo Leandro Rodríguez y Usted tomó la actitud de negarse a cumplir dicha tarea. Se le recuerda que ante tal negativa con respecto a una tarea diaria realizada por todos los empleados, utilizando los elementos de seguridad que provee la Empresa, es necesario conocer de parte suya y por medio escrito el o los motivos por el cual Usted se niega a realizar la mencionada tarea. Se deja constancia que ante el pedido de dicho informe escrito por parte del Jefe de Grupo Sr. Leandro Rodríguez Usted también se negó a proveerlo, por lo tanto, se le pide el mencionado informe en un plazo no mayor a cuarenta y ocho (48) horas. Fdo. DANIEL E. FERRERAS - GERENTE GENERAL DE AMRICAS GROUND SERVICES ARGENTINA. Firma empleado “Se niega a firmar la presente”.

La nota trascripta fue expresamente desconocida por la parte actora a fs. 144 vta., por lo tanto posteriormente me expresaré en cuanto a la autenticidad y valoración de la misma.

En relación con la prueba testimonial el primero de los testigo que declaró fue Ferreras, gerente de American Ground Services dio cuenta que conoció al actor porque trabajaba en American Ground Services, en la parte de limpieza de aviones, aunque no recordaba desde cuándo, que realizaba diferentes tareas dentro de la aeronave “para limpiar la parte economy, bussines class y las diferentes área del avión, baños, cocina del avión y la cabina del piloto”; el dicente afirmó que no recordaba la fecha de ingreso, ni cuánto cobraba el actor, ni hasta cuándo trabajó en la empresa. A su vez señaló que “el actor, dejó de trabajar, porque se negó a hacer a hacer un trabajo que es la limpieza de los baños que se le había pedido su jefe de grupo por lo tanto el jefe de grupo le pidió un informe de las causas de su negativa y el actor se negó a realizar el informe, lo llamaron a la oficina de la gerencia para preguntarle el porqué de su negativa y el actor se negó a realizar el informe, lo llamaron a la oficina de la gerencia para preguntarle el porqué de su negativa y el actor no dio explicaciones no quiso realizar informe y dicente pidió a otros jefes de grupo que fueran a su oficina y elaboraron ellos informe la situación, que esto ocurrió hace mucho tiempo no recuerda la fecha, que era durante su horario de trabajo no recuerda la hora, (...) que en esa reunion estaba Cristian Arredondo, Leandro Rodríguez, Juan Pablo Vai, y Flavia Tavagnutti, que al actor le dijeron al actor que lo que estaba haciendo era incorrecto que el trabajo tuvo que terminarlo un compañero del actor, le dijeron que quedaba asentado el hecho y el actor no quiso firmar el informe que realizaron y luego se le envió una CD explicando pidiéndole porque se negaba a realizar un informe, que no recuerda que hizo el actor ante esto, que el jefe de grupo del actor en ese momento era Leandro Rodríguez. Que el compañero del actor que hizo la tarea era el señor Campus no recuerda el nombre. Que exhibido fs.75 al testigo reconoce su contenido y su firma original en el mismo” (fs. 258/vta.).

Tavagnutti, testigo propuesta por la demandada, manifestó “que conoce al actor de la demandada American Ground Services INC el actor trabajaba como empleado de limpieza, que limpiaba aviones, que el actor tenía un horario de 9 a 5 de la tarde es según las temporadas, que trabajaba con frecuencia de cuatro días de trabajo y dos de franco, que desconoce cuánto cobraba el actor, que la dicente desconoció desde cuando trabajó el actor en la empresa, que la dicente ingresó primero que la dicente el 26/12/2000, que el actor trabajó hasta una fecha que no recuerda la dicente, que fue despedido por negarse a hacer los trabajos, que se había negado a hacer la limpieza de los baños de los aviones, que esto ocurrió antes que lo despidieran, que no recuerda la fecha, que la distribución del día de la limpieza de aviones ese día le tocó al actor realizar la limpieza de los baños y dijo que no” (fs. 259).

Arredondo, testigo que declaró por la demandada, dio cuenta que “conoció al actor de AGS que es una empresa de cabing y ser vicio de rampa, que conoce a las demandadas porque el dicente es empleado de AGS que sería American Ground Services, que el actor era operario de cabing que sería limpieza, que limpiaba el interior de los aviones, que desconoce desde cuando trabajaba el actor allí, que el horario de trabajo del actor era de 9 a 5 de la tarde, que trabajaba todos los días, que trabajan cuatro días por dos de franco, que el actor percibía una remuneración que desconoce el dicente, que el dicente era jefe de grupo. Que el dicente era en un momento jefe de grupo del actor. Que el actor trabajó en la empresa hasta hace un par de año atrás, que dejó de trabajar porque calcula por una acumulación de situaciones inesperadas para él, que habrá tenido infortunios o encontronazos con los jefes o no le gustaríaa hacer cosas, que eso lo sabe porque fue jefe del actor, que el dicente fue jefe del actor pero no recuerda en que período” (fs. 260).

En cuanto a Vai, el dicente aportó sus dichos a propuesta de la empresa demandada y afirmó que “conoció al actor porque trabajaron en American Ground Services juntos, que el actor era empleado, que el actor realizaba las tareas de limpieza de aeronave, que el dicente era coordinador de esas tareas de limpiezas, que el actor trabajaba 8 hs por la mañana, exacto no recuerda y trabajaba cuatro días por dos de franco, eran rotativos, que no recuerda desde cuando trabajaba el actor en la empresa, que el actor trabajo hasta hace uno o dos años, desconoce las causas por las cuales dejo de trabajar. Que exhibido fs.75 no reconoce firma suya en dicha copia certificada, tampoco su legajo agrega, fs.76 reconoce su firma en original” (fs. 261).

Por último el testigo Rodríguez, propuesto por la demandada señaló que conoció “al actor de la empresa, que el actor era empleado de limpieza de cabina, que el actor ingresó junto con el dicente en el año 2008, que el actor no recuerda si era de 9 a 17 o de 8 a 16 varia, que el dicente era encargado de grupo, que el dicente era uno de los encargados de grupo del actor, que se trabajaba cuatro días por dos de franco, se rota, que no recuerda hasta cuando trabajó en la empresa, que dejó de trabajar pero desconoce los motivos, que el actor tenía como obligación realizar tareas de limpieza dentro del avión, que el actor tiene que limpiar la cabina, asientos, baños, cocina, que el dicente le planteaba se hacía una hoja de trabajo y cada cual cumplía su función, que si no se hace esa función el dicente informa al superior y el superior se encarga de hacer lo que corresponde, que en ese momento era el superior Tavanutti Flavia, que el dicente un día informó que el actor se negó a realizar las tareas que se le plantearon, que no recuerda cuando ocurrió este hecho, que tenía que limpiar baños y no quiso hacer y el dicente tuvo que informar y dsp se hizo lo que la supervisora quiso que fue hacer el informe, que el actor le dijo al dicente que no tenía los elementos de trabajo, que limpió los baños el otro compañero del actor que estaba con el, no recuerda su nombre, que luego de informar eso el dicente llego solo a informar a Flavia Tavanutti y luego ella se encargó del tema, no sabe de que se encargó ella, eso es tema administrativo, que exhibido fs.75 el dicente reconoce su firma en la copia certificada. Que reconoce su firma en fs.76. que es cuando se le envío el telegrama” (fs. 262).

Todos los testimonios citados precedentemente fueron impugnados por la parte actora a fs. 270, con el argumento de que todos los testigos se encontraban comprendidos en la generales de la ley por ser dependientes de la codemandada Americas Ground Services INC Sucursal Argentina y en tal sentido estaban teñidos de parcialidad.

Respecto a la circunstancia de que los testigos de las codemandadas fueran dependientes de ellas reiteradamente he sostenido (SD Nro. 93905, del 18 de marzo de 2014, en autos “Toledo Juan Carlos c/VECO S.A. s/Despido” del registro de esta Sala), que “en la inteligencia de que si en el medio laborativo un mismo factor puede afectar a todos los trabajadores, esto de por sí no podría descalificarlos cuando unos declaren en el juicio de los otros, porque de otra forma no podrían disponer nunca de la prueba testimonial al ser precisamente ellos los únicos que conocen la situación.”

“La misma reflexión aplico cuando se trata de dependientes de la empleadora, que son las únicas personas de las que esta dispone cuando desea probar circunstancias relacionadas con el medio laboral.”

“En uno y en otro caso se trata de los únicos testigos disponibles necesariamente, de otro modo solo podrían declarar terceros ajenos al vínculo de trabajo y por lo tanto de muy pobre valor para las causas.”

“Este criterio lo he seguido invariablemente como Juez de primera instancia, en la lógica de lo cerrado de la comunidad de trabajo, que impedían de otro modo que aún la empleadora no pudiese tampoco acompañar declaraciones de quienes son sus dependientes y/o funcionarios.”

“En ambos casos, la vara es la misma: verificar con mayor estrictez a esta clase de declarantes, teniendo en cuenta la coherencia con los escritos introductorios y la de los testigos de la parte entre sí.”

Por lo tanto, y de conformidad con lo expuesto precedentemente, analizaré la prueba testimonial aportada por ambas partes, conforme los criterios expuestos precedentemente

En cuanto a los declarantes de la parte actora, existen cuatro testimonios de quienes eran compañeros de trabajo de Barbero.

En efecto, el primero de ellos, el testigo Rojas, fue jefe del actor en la empresa AGS, el dicente dio cuenta que “ el actor era trabajador de cabina, en lo que era la limpieza de los aviones de AMERICAN AIRLINES que en inglés se llamaba Cabine service, que el actor ingresó a trabajar en el año 2008 marzo o febrero, el dicente ingresó en abril de 2007, que AMERICAN AIRLINES INC es la empresa de aviación a al cual le proveían los servicios de limpieza, era cliente de AGS y también proveían servicio de rampa, que aunque AGS y American Airlines pertenecen al mismo holding empresarial que se llama AMR. Que AGS era la empresa tercerizada, que el actor trabajaba con una frecuencia de 4 días por 2 de descanso ingresando a las 8 y se iba a las 4 de la tarde esto es horario de invierno y en verano entraba a las 9 y se iba a las 5 de la tarde, que además podía cuando la empresa lo requería o lo necesitaba realizar horas extras entonces aclara el testigo que podía llegar a trabajar 5 días por un día (...), que Aeropuertos lo conoce porque es el que tiene a cargo las instalaciones del Aeropuerto de Ezeiza, lo concesiona Aeropuertos Argentina 2000 y cuando necesitaban de una manga para un avión y la manga no estaba en condiciones debían llamar a Aeropuertos Argentina 2000 o por ej. si había un derrame de combustible en la pista donde tenían que operar llamaban a AA2000 para que lo limpiara, que las tareas del actor eran limpieza de aviones pero además el actor tenía las habilitaciones de rampa que se las había dado la empresa respaldadas por la Fuerza Aérea y que le permitían al actor a diferencia de otros empleados de limpieza, mover equipo que estaba en relación con los aviones, ej podía colorar un aire acondicionado en el avión, podía mover y colocar grupos electrógenos, podía mover el camión de cabina en el avión y además estaba habilitado para abrir las puertas del avión de American Airlines, (...)Que lo sabe porque el dicente era jefe y sus superiores le informaban las habilitaciones que tenía el actor para hacer estas tareas y porque el dicente le indicaba tareas al actor, que por encima del dicente había una persona Flavia Tavagnutti que era la supervisora de cabine services, otro supervisor por encima del dicente era Marcelo Alemán, y a su vez el gerente de la empresa Daniel Ferreras, que el actor prestaba tareas solo para Americas Airlines, trabajaban en AGS solo para prestar servicios en Americas Airlines, que el actor trabajaba en el aeropuerto de ezeiza” (fs. 236/vta).

Por su parte, Suárez, prestó servicios en American Ground Services y fue compañero del actor manifestó que “cuando el dicente ingresó en diciembre de 2007, a los pocos meses ingresó el actor, realizaban tareas de limpieza de cabinas de los aviones, tareas conjuntas, que eran aviones de American AIRLINES era un servicios exclusivo para American Airlines, que conoce a Aeropuertos Argentina 2000, es un ente regulador de lo que es el servicio de aeropuertos en pista, en rampa, que el horario de trabajo del actor era de 8 a 16 hs. con un sistema de 4 por 2 se trabaja 4 días y se descansa dos, que lo sabe porque el dicente tenía el mismo sistema, (...) que el actor y el dicente hacían limpieza en la aeronave ya sea de baños, asientos, la cocina hasta el año 2010 donde al dicente lo pasan al servicio de rampa, pasan a ese servicio el actor ya tenía el curso habilitado, que era para operar diferentes equipos más allá de la limpieza, operaba el grupo electrógeno, los tractores, el aire acondicionado, el camión de limpieza y trasladaba a la gente de limpieza en camioneta y quien tenía esa habilitación podía abrir puertas del avión de adentro para afuera, que este trabajo era con habilitación para operar en rampa, el dicente lo aprendió cuando lo pasaron a ese sector, que es servicio de remolque y señalero aeródromo, (...) Que Aeropuertos Argentina 2000 es el ente regulador porque si había mucha basura el encargado llamaba a la gente de aeropuertos argentina 2000 para que fueran a limpiar el sector, para poder ingresar la aeronave, también regulaba las mangas del avión, si había equipos de otras empresas el encargado del ellos llamaba a aeropuertos para que se comunique con esa empresa para que retiren sus equipos, que desconoce a quien llamaban de aeropuertos porque eso lo hacia el encargado de ellos, que los abe porque el encargado se los decía que cuando había mucha basura debía llamar a aeropuertos argentina 2000 para que saquen toda esa basura” (fs. 237).

Otro de los testigos que declararon en favor del actor resultó ser Llamas, que prestó servicios para AMERICAN GRUP SERVICES, el dicente afirmó que “limpiaban exclusivamente los aviones de AMERICAN AIRLINES, que AEROPUERTOS ARGENTINA 2000 les hacia los controles de credenciales y a veces de la velocidad como conducían, debían estar habilitados, que el actor realizaba la limpieza interna del avión, colocación de grupo electrógeno, aire acondicionado, arrimaba el camión a la puerta del avión, y abría las puertas del avión; (...) que trabajaban en el aeropuerto internacional de Ezeiza, que las tareas del actor las supervisaban los gerentes de American Airlines y los gerentes de Aeropuertos 2000 que a veces subían al avión para supervisarlos, que el gerente de American era Daniel Hurtado, y el gerente de Aeropuertos 2000 era Alejandro Fernández, (...) con una credencial que decía que era de American Airlines y Fernández era bastante pasado de peso, no estaba de traje Fecha de pero tenía una camisa y pantalón de vestir y una credencial que decía Aeropuertos 2000, que los encargados Sergio Martínez y Carina Andrea Delgado eran quienes organizaban las tareas del actor dentro del avión, que dependían estas personas a AGS y lo sabe porque lo vio, que no tenían categoría laboral el actor ni el dicente, que en la credencial había un número que era el 5 si estaba en rojo quería decir que estaban habilitados para manejar en la pista, y manejarse en la pista ya sea manejando camiones, tractores, camionetas, que primero para ser habilitados tenían que hacer el curso y habilitaba aeropuertos 2000, que era una credencial azul” (fs. 238/vta.).

Por último Álvarez, trabajó para AGS “realizando tareas de servicio de rampa y señalero de aeródromo, que conoció al actor del trabajo en AGS el actor hacia trabajos de limpieza y trabajos de rampa, que limpieza hacia era dentro del avión y rampa hacia traslado de grupos electrógenos, aire acondicionado y gente, que el actor cree que ingresó en el año 2008 y el dicente (...) en diciembre de 2007, (...) que el actor limpiaba aviones de American Airlines, que Aeropuertos Argentina 2000 supervisaba todos los grupos que estaban en sus posiciones y supervisaban todas las tareas que realizaban, que el dicente lo veía, cuando dejaban un avión pasaban ellos después a ver que estuviera todo en orden y que no hubiera basura en la pista, que trabajaban en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, que para entrar tenían una credencial para poder pasar porque la pista en lugar restringido y pasaban por un puesto donde la policía de seguridad aeroportuaria tenían una credencial sino no podían entrar, que la credencial la emitía Aeropuertos Argentina 2000 y PSA, la credencial decía PSA AEROPUERTOS ARGENTINA 2000 y tenía el número del sector donde se podía trabajar, que no tenían contacto directo con las personas que supervisaban de Aeropuerto Argentina 2000 y siempre iban en auto” (fs. 239/vta.).

Culminada la precedente síntesis, observo que los testimonios otorgados por Ferreras, Vai, Arredondo, Rodríguez y Tavagnutti, resultan contradictorios. Digo así, porque el testigo Ferreras manifestó respecto del día 10 de agosto de 2012, fecha en la cual se lo citara al actor para formular su descargo ante la negativa a efectuar sus tareas, mientras que estaban presentes Arredondo, Vai, Rodríguez y Tavagnutti, esta última testigo afirmó que se encontraban Ferreras, Rodríguez y el actor (no señaló a los testigos Vai y Arrendondo). Por su parte, Arredondo en su declaración no mencionó estar presente en la reunión del 10.8.2012.

Por ello, reitero los testimonios prestados por los testigos que declararon a propuesta de las codemandadas Americas Ground Services INC Sucursal Argentina y American Airlines INC Sucursal Argentina, fueron contradictorios entre sí y poco precisos, en consecuencia, estimo que carecen de validez probatoria (arts. 386 y 456 del CPCC).

Mientras que los deponentes Rojas, Suárez, Llamas y Álvarez, fueron precisos en detallar en que la actitud del actor en su trabajo no era una actitud negativa y de incumplimiento en el servicio de su prestación, sino por el contrario sus tareas excedían a las de limpieza, ya que detallaron que colocaba en los aviones aires acondicionados, grupos electrógenos, movía el camión de cabina en el avión, abría las puertas del avión de American Airlines, llevaba un camión tirado por un tractor donde colocaba las bolsas de residuos y las trasladaba por la rampa, trasladaba a la gente de limpieza en la camioneta, entre otras tareas.

La descripción de las tareas realizadas por los testigos que declararon por la parte actora, concuerdan con el informe de la Escuela Técnica de Aviación Profesional (ETAP), organismo que dio cuenta de que Barbero realizó en esa escuela en carácter de alumno regular los cursos de OPERADOR DEL SERVICIO DE RAMPA durante el mes de junio de 2008 y de SEÑALERO DE AERÓDROMO en julio de 2008, con altas calificaciones y dichos cursos fueron abonados por la empresa AMERICAN AIRLINES INC (fs. 210/212).

En consecuencia, otorgo suficiente validez probatoria a estos testimonios, pues resultan concordantes, precisos y verosímiles, ya que los deponentes dieron suficiente razón de sus dichos, y tomaron conocimiento de los hechos que relatan en forma directa (arts. 386 y 456 del CPCC).

Por otro lado y aún soslayando la circunstancia del deficiente registro del contrato de trabajo del actor, considero que en el caso, no resultó acreditado el hecho que la empleadora atribuyó al actor, ya que los testimonios que aportara la empleadora resultan insuficientes a tales fines.

A la vez señalo que la ley otorga al empleador una amplia gama de facultades para que éste pueda aplicar una sanción menor, que sea a la vez ejemplificadora y correctiva de la conducta del trabajador ante la negativa de limpiar, sin aplicar la pena máxima como es la del distracto laboral, toda vez que en autos no obra constancia de la existencia de sanciones anteriores.

En consecuencia el despido dispuesto por la empleadora resultó intempestivo y la decisión de la accionada se ajustó a derecho (art. 242 LCT). Por ello, auspicio confirmar el fallo apelado en este aspecto.

IV.- En cuanto a las diferencias salariales por el incorrecto encuadramiento de la categoría, advierto que los testigos tratados precedentemente fueron contestes en afirmar que el actor no solo cumplió tareas de limpieza, sino que también realizó servicios de aplicación de aires acondicionados, traslado y colocación de grupos electrógenos, abertura puertas del avión de AMERICAN AIRELINES INC SUCURSAL ARGENTINA, y traslado de la gente de limpieza.

Esencialmente tal como lo señaló la Sra. Juez de grado anterior, el Gerente de codemandada AMERICAS GROUND SERVICES INC, Sr. Ferreras en su declaración testimonial de fs. 258 reconoció en su carácter que el actor se “DEDICABA A LA ASISTENCIA EN TIERRA DE LOS AVIONES DE AMERICAN AIRLINES INC.

Por otra parte y como se expuso anteriormente, la Escuela de Instrucción y Perfeccionamiento Aeronáutico informó que en los meses de junio y julio de 2008 el actor realizó en dicha escuela los cursos de OPERADOR DEL SERVICIO DE RAMPA y SEÑALERO DE AERÓDROMO, ambos cursos fueron abonados por la codemandada AMERICAN AIRLINES INC (fs. 210).

Por ello, el actor evidentemente no cumplía las tareas básicas de limpieza en aviones, sino que como tal lo expuso en su demanda, era OPERADOR DE RAMPA y visto que el mismo percibía una remuneración que no condice con la de su categoría (fs. 198, arts. 386 y 477 del CPCC), corresponde confirmar la procedencia de las diferencias salariales.

V.- Acto seguido, procederé a tratar los agravios planteados por las codemandadas Aeropuertos Argentina 2000, que se considera agraviada porque la Sra. Juez de grado anterior las condenó solidariamente en los términos del art. 30 de la LCT, respectivamente.

Para ello previamente cabe señalar que conforme el informe contable el actor integró la nómina del personal dependiente de la demandada AMERICAS GROUND SERVICES INC, con la categoría de “personal de limpieza” (ver punto 3 de la pericia contable de fs. 197). No obstante, y conforme se expuso en el considerando III, los testigos de la parte actora acreditaron con la exposición de sus dichos que tal como lo expuso en el escrito inicial, Barbero cumplió funciones operador de rampa intermedio, tanto para AGS como para la coaccionada AMERICAN AIRLINES INC SUCURSAL ARGENTINA, por lo que resulta que su contrato se encontraba deficientemente registrado (categoría y salario, ver punto 4 de la pericia contable fs. 198).

A su vez, de la pericia contable rendida en autos, verifico el objeto social de la codemandada AMERICAS GROUND SERVICES INC que resultó ser el cumplimiento de “Servicios Complementarios para el Transporte Aéreo”, dentro de las instalaciones de AEROPUERTOS ARGENTINA 2000.

En cuanto al vínculo comercial entre las coaccionadas AMERICAS GROUND SERVICES INC y AMERICAN AIRLINES INC SUCURSAL ARGENTINA, el perito expuso que “De acuerdo a la certificación expedida por la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), Americas Ground Services Sucursal Argentina (American Airlines In), satisface las exigencias legales y reglamentarias para desarrollar la Autoprestación de los Servicios de Atención en Tierra a Aeronaves (Rampa), para las aeronaves que se encuentren afectadas en la empresa American Airlines Inc, debiendo ajustar su funcionamiento técnico administrativo a los preceptos establecidos en la Resolución Nº 587/01, Disposición 106/02 y las Regulaciones Argentinas de Aviación Civil (RAAC). Dicha certificación tiene vigencia desde el 28/11/2013 al 28/11/2015, surgiendo la misma de renovaciones anteriores” (punto 1 de fs. 201/202).

Con respecto al vínculo entre las codemandadas AMERICAS GROUND SERVICES INC y AEROPUEROS ARGENTINA 2000, esta última adujo en el responde que “el 9 de febrero de 1998 suscribió con el Estado Nacional un contrato en virtud del cual, en los términos y con los alcances de la licitación pública nacional e internacional convocada por el decreto Nro. 375/97 se le concedió la administración de una serie de aeropuertos en todo el país. En el marco del contrato mencionado lo que corresponde entender es que esta potestad de administración no es ni más ni menos que un poder otorgado por el Estado Nacional a mi representada para que ésta lleve adelante, organice y centralice el servicio aeroportuario”.

“Esta potestad es la que implica la unidad técnica de ejecución de AA2000 y se encuentra limitada a organizar la prestación del servicio aeroportuario. En este contexto, el espacio concesionado de los aeropuertos no es más que un instrumento de propiedad del Estado Nacional - solo concesionado a mi representada por un espacio temporal- sobre el cual mi mandante ejerce la facultad de organización, pero ese espacio en sí, es ajeno a esta potestad.”

“De ahí que los servicios que se prestan en el aeropuerto a los pasajeros de empresas aéreas ajenas (...) son materialmente ajenos y únicamente producto del ejercicio de esta potestad de organización otorgada a mi representada, pero ninguno de ellos concibe, en sí, parte de su establecimiento o la actividad habitual, normal y especifica de mi representada; o siquiera la secundaria o accesoria”.

Acto seguido, advierto que el experto contable refirió que las codemandadas AMERICAS GROUND SERVICES INC y Aeropuertos Argentina 2000 no exhibieron los contratos comerciales de su relación “amparándose en razones de confidencialidad” (respuesta 1 de fs. 206/207)

A la luz de todo lo expuesto hasta aquí, para determinar la naturaleza de la relación existente entre ambas coaccionadas, cabe recordar que el artículo 30 de la LCT dice textualmente, “quienes cedan total o parcialmente a otros el establecimiento o explotación habilitado a su nombre, o contraten o subcontraten, cualquiera sea el acto que le de origen, trabajos o servicios correspondientes a la actividad normal y específica propia del establecimiento, dentro o fuera de su ámbito, deberán exigir a sus contratistas o subcontratistas el adecuado cumplimiento de las normas relativas al trabajo y los organismos de seguridad social...”.

Evidentemente, resulta capciosa la fórmula empleada por la reforma al referirse a la actividad normal y “específica”, tendiente a romper la finalidad de la LCT en sí misma que busca establecer un esquema de protección al trabajador, que no le impida al empleador tercerizar a su gusto, más sin colocar al dependiente en situación de riesgo.

La reforma, en cambio, en un avance claramente inconstitucional, que al violar la lógica de la LCT hace otro tanto con el artículo 14 bis mismo de la Constitución Nacional, ha procurado por el contrario que el empleador se desentienda de aquellos aspectos de su actividad que puedan ser asumidos por terceras empresas, pero sin preocuparse por la suerte del trabajador.

De ahí, el excluyente calificativo de “específica” que permite, sin mayor ejercicio de reflexión, dejar fuera del arco de responsabilidad del principal todo aquello que no se compadezca con el corazón de su actividad, lo que deriva al absurdo de que, contrariamente a lo que es la práctica comercial, solo un aspecto de la misma resulte propia, lo que diera por resultado un fallo como “Rodríguez c/ Cía. Embotelladora”.

Mas en torno a su vinculatoriedad, no solo destaco que los jueces mal pueden estar atados a los precedentes de la CSJN, ni de ningún otro tribunal, al tiempo de dictar sus sentencias, dado el esquema de independencia judicial de nuestro sistema jurídico, sino que además convoco puntualmente la doctrina de la CSJN, en una decisión recaída el 22 de diciembre del 2009, in re “Benítez, Horacio Osvaldo c/ Plataforma Cero”.

La misma es relativa, precisamente, al Fallo Rodríguez, en la que reza que ese decisorio se refiere a los defectos específicos de la sentencia que había dictado en esa causa la cámara, pero “la interpretación del derecho del trabajo que se hace en el fallo citado, -art. 30, LCT- así como la finalidad de establecer un quietus en la práctica de los tribunales correspondientes, carecen de toda fuerza normativa, porque no versan específicamente sobre derecho federal, para cuya aplicación tiene competencia apelada el Tribunal -art.116 CN, art.14 de la ley 48 y 6 de la ley 4055- y porque no forman parte del pronunciamiento central o ratio decidendi del pronunciamiento referido (del voto en disidencia de la Dra. Argibay)”.

Este principio hace prevalecer, en caso de discordancia, lo fáctico, es decir, lo que realmente ocurre, sobre lo establecido en documentos o que ha sido asentado de alguna manera.

En este sentido, digo que el principio de la realidad campea básicamente en los derechos fiscal, penal y laboral. En estos dos últimos casos, se parte de la base de que las partes vinculadas (querellante y querellado, en un caso, y trabajador y empleador, en el otro), no se encuentran en un pie de igualdad.

Desde la perspectiva de la relación laboral, ese vínculo contractual (y por supuesto, la relación), supone una desigualdad inicial, a priori, que sólo ficcionalmente equilibra el legislador. De allí que un hijo dilecto del principio de la realidad, sea la irrenunciabilidad, el in dubio pro operario, etc.

Distinta resulta la lógica del derecho civil (aunque dejo expresamente afuera, el derecho de los consumidores), pues este parte de una igualdad inicial, reparada a posteriori por el legislador, sólo en caso de que se produzca el desequilibrio (abuso de derecho, fuerza mayor, etc.).

Por consiguiente, el principio de la realidad debe ser rector dentro y fuera del proceso judicial.

Destaco que, hace unos años, al formular ante un curso plagado de especialistas en Derecho del Trabajo, originarios de vertientes ideológicas absolutamente diversas, la pregunta de si la solidaridad en nuestra disciplina era regla o excepción, la asombrosa y unánime respuesta fue: la excepción.

Esto demuestra una abrumadora cosmovisión de la Ley de Contrato de Trabajo desde una teoría completamente descaminada, porque la misma ley provee las herramientas para comprender los alcances, en el caso concreto del artículo 30, del modo correcto y sin necesidad de recurrir a otro cuerpo normativo: ambas empresas constituyen el empleador, y son solidarias, responsabilidad que se excepciona solo cuando acreditan haber cumplido con las obligaciones a su cargo.

En efecto, si tenemos presente la lógica que surge de la Ley de Contrato de Trabajo, en la que sabiamente el legislador originario recogiera el dato de la realidad de que, para el trabajador su empleador es uno solo, aunque se presente en forma múltiple. Ella misma nos lleva a comprender la inteligencia que entraña el artículo 30: la de la imposibilidad de distinguir entre empleador principal y accesorio, en el sentido que a estos términos les otorga el Código Civil, puesto que ambos tienen obligaciones “directas” para con el trabajador y “cruzadas” (o de control, que derivan en la obligación de cumplir cuando el otro no cumple, lo que no se podría conocer sin ese “control”).

Lo que puede ser accesorio, es la actividad nunca el empleador, bajo la óptica de los mandatos legales referidos.

Por eso, nada como los gráficos que nos permiten poner en blanco y negro los conceptos, a fin de evitar confusiones.

Destaco que he utilizado la variedad de denominaciones señaladas por la ley (arts. 29, 29 bis, 30 LCT), las que deben unificarse en la lógica reseñada ut supra, que anula la idea de principal y accesorio. El esquema es el siguiente:

A: empleador principal, tercerista, empresa usuaria (AMERICAS GROUND SERVICES INC SUCURSAL ARGENTINA).

B: tercero, intermediario, agencia de servicios eventuales, contratista o subcontratista (AMERICAN AIRLINES IN SUCURSAL ARGENTINA y AEROPUERTOS ARGENTINA 2000), Quien contrata mano de obra con vista a proporcionarlas a otras empresas (usuarias).

T: trabajador (BARBERO).

Destaco que he utilizado la variedad de denominaciones señaladas por la ley (arts. 29, 29 bis, 30 LCT), las que deben unificarse en la lógica reseñada ut supra, que anula la idea de principal y accesorio.

En este triángulo, se verifican 3 clases de vínculos y 3 relaciones: un vínculo comercial entre A (AMERICAS GROUND SERVICES INC, SUCURSAL ARGENTINA) y B (AMERICAN AIRLINES IN SUCURSAL ARGENTINA y AEROPUERTOS ARGENTINA 2000) y tres relaciones laborales: entre A (AMERICAS GROUND SERVICES INC, SUCURSAL ARGENTINA) y T (BARBERO), y entre B (AMERICAN AIRLINES IN SUCURSAL ARGENTINA) y T (BARBERO) y (AEROPUERTOS ARGENTINA 2000) y T (BARBERO).

La pregunta es, sí las obligaciones generadas por estos vínculos laborales son independientes entre sí, y la respuesta es que no. Porque, precisamente, la solidaridad que funciona como regla, y no como excepción, juega automáticamente a menos que A demuestre haber cumplido con las obligaciones a su cargo (lo cual no constituye “accesoriedad”, sino “condicionalidad”); de ello se deriva que tiene el peso del onus probandi, y que si no lo cumple, o demuestra la satisfacción de las obligaciones, debe responder (en sentido análogo, SD Nro 93489, del 22.04.13, dictada en autos “Saraza Víctor Hugo c/ Siat SA y otro s/ despido”, del registro de esta sala).

Aplicando la idea al caso de autos, y su regla normativa (art. 30 LCT), resulta que ambas empresas demandadas, constituyen el empleador y que, por lo tanto, son solidarias. Responsabilidad que se excepciona solo cuando acreditan haber cumplido con las obligaciones a su cargo, circunstancia ésta que no se da en autos.

En efecto, siguiendo el cuadro graficado ut supra, el vínculo entre A y B, en relación con T, es “ de empleador”, y si bien los incumplimientos de A solo generan responsabilidad si existieron antes por parte de B, de ello se deriva que tiene obligaciones propias, lo que se ve mucho más claro, cuando puede ser responsable ante los organismos de seguridad social, a pesar de que nada le deba B al trabajador (art. 136 ib).

En la especie, resulta que se establece dos relaciones comerciales la primera entre AMERICAS GROUND SERVICES INC, SUCURSAL ARGENTINA y AMERICAN AIRLINES IN SUCURSAL ARGENTINA, la segunda AMERICAS GROUND SERVICES INC, SUCURSAL ARGENTINA y AEROPUERTOS ARGENTINA 2000 y en ambas la codemandada AMERICAS GROUND SERVICES INC, SUCURSAL ARGENTINA registró deficientemente el contrato de trabajo de BARBERO, respecto del respecto de la categoría y por ende del salario y ambas codemandadas AMERICAN AIRLINES IN SUCURSAL ARGENTINA y AEROPUERTOS ARGENTINA 2000 no realizaron los controles que exige el art. 30 de la LCT respecto del cumplimiento de las normas laborales y de seguridad social por parte de AMERICAS GROUND SERVICES INC.

Por lo tanto, tal como lo dispone el artículo citado, tanto una como la otra, resultan solidariamente responsables por las obligaciones derivadas del contrato de trabajo.

De este modo, cuando el empleador lo desee abarca el todo, obtiene sus beneficios y se responsabiliza por él, y cuando no, terceriza, lucra, pero no asume responsabilidades. Esta relación, que las codemandadas AMERICAN AIRLINES IN SUCURSAL ARGENTINA y AEROPUERTOS ARGENTINA 2000 pretenden desconocer, y a la que en todo caso se consideran ajenas, no podían en modo alguno ser ignorada, a la luz de lo normado por los artículos 26, 30 y 136 de la LCT.

Reitero, en este caso, la actividad desarrollada por AMERICAS GROUND SERVICES INC SUCURSAL ARGENTINA tenía como actividad la prestación de servicios de atención en tierra a aeronaves (Rampa) afectadas a la empresa AMERICAN AIRLINES INC SUCURSAL ARGENTINA y esta última recibía un lucro.

Así como la codemandada AMERICAS GROUND SERVICES INC SUCURSAL ARGENTINA con la prestación de servicios en tierra saber, limpieza de aeronaves, colocación o cambio de mangas, limpieza del sector de ingreso de aeronaves, limpieza de pista, control de vehículo con circulación en pista, todas estas tareas son necesarias para la configuración del objeto principal de AEROPUERTOS ARGENTINA 2000 cuyo objeto es “explotación, administración y funcionamiento de aeropuertos” (conforme escritura 57 del 28/1/1998, punto 3 de fs. 208).

Por lo tanto, considero que el actor no solo fue dependiente de AMERICAS GROUND SERVICES INC SUCURSAL ARGENTINA sino que también fue destinado al cumplimiento del objeto de las otras dos codemandadas AMERICAN AIRLINES INC SUCURSAL ARGENTINA y AEROPUERTOS ARGENTINA 2000. Por ello, cabe mantener lo decidido en la instancia anterior, respecto de que esta situación queda enmarcada en los límites de la responsabilidad solidaria del art. 30 LCT.

En este mismo sentido, se ha sostenido que “la expresión utilizada por el legislador en el art. 30 LCT está indicando, en una interpretación teleológica, que quedan aprehendidas por la regla, incluso áreas que a primera vista podrían aparecer accesorias, pero que en realidad son engranajes imprescindibles para la obtención del objetivo empresario......Es que la empresa es una unidad técnica de ejecución y toda actividad que coadyuva al funcionamiento ejecutivo y se orienta a su fin, queda comprendida. No así aquellas otras que se pueden descartar por resultar anexas, o secundarias y prescindibles” (CNAT Sala VII Expte n°6890/03 sent. 38439 22/4/05 “Montero, Lirio c/ Jockey Club Asoc. Civil y otros s/ despido”).

He dicho como Juez del Juzgado Nacional del Trabajo Nro. 74, en la SD Nº 2711, del 12 de febrero del 2010, dictada en autos “Nuñez, Olga Isabel c/ Plataforma Cero S.A. y otro s/ despido” (confirmada por esta Sala, el 30.09.11 en la SD Nº 92805, en la que lógicamente no voté), que precisamente estas obligaciones que la parte ignora, lisa y llanamente tienen dos caras. La una, es la de la verificación del cumplimiento de la normativa, que implicaba el control desde los registros de AMERICAS GROUND SERVICES INC SUCURSAL ARGENTINA. La otra, que para el caso de verificar irregularidades por parte de las coaccionadas AMERICAN AIRLINES INC SUCURSAL ARGENTINA y AEROPUERTOS ARGENTINA 2000, debían cumplir en su lugar y luego repetir de la codemandada de AMERICAS GROUND SERVICES INC SUCURSAL ARGENTINA, efectuando en su caso las denuncias pertinentes, si deseaba excepcionar la responsabilidad que, como regla, le impone la ley de contratos.

En razón de todo lo expuesto hasta aquí, dado que ambas empresas eran “el empleador” del accionante, en los términos de los arts. 26, y 30 de la LCT, resultan ser responsables solidarias de las obligaciones laborales, y con los organismos de la seguridad social, y en consecuencia, corresponde mantener lo decidido al respecto de las codemandadas AMERICAS GROUND SERVICES INC SUCURSAL ARGENTINA, AMERICAN AIRLINES INC SUCURSAL ARGENTINA y AEROPUERTOS ARGENTINA 2000, en la instancia anterior.

VI.- La codemandada AEROPUERTOS ARGENTINA 2000, cuestiona la condena solidaria de cumplir con la entrega de los certificados de trabajo del art. 80 de la LCT.

Inverteradamente he señalado que “Ante el esquema de responsabilidad solidaria aplicable en el caso, y como ambas codemandadas actuaron a la vez como empleadoras de la actora (art. 26 LCT), por lo tanto resultan deudoras solidarias de todos los rubros indemnizatorios y salariales reclamados, así como de la obligación de entregar los certificados de trabajo (art. 80 de la LCT, SENTENCIA Nro. 93872, del 30 de diciembre de 2013, en autos “Peralta Lorena Noemí c/PRINCIPAL PLAN S.R.L. y otros s/despido”, del registro de esta Sala).

Por lo tanto, y de conformidad a lo expuesto precedentemente considero que la codemandada AEROPUERTOS ARGENTINA 2000 debe afrontar con la entrega de los certificados de trabajo y en consecuencia, propongo confirmar en el punto la sentencia recurrida.

VII.- Respecto de la indemnización prevista en el art. 80 de la LCT, y tal como reiteradamente he sostenido en esta Sala, Sentencia Definitiva Nro. 92788, del 26 de septiembre de 2011, recaída en autos “RUEDA FATIMA C/ PELLEGRI LAURA NATALIA Y OTROS S/ DESPIDO”, del registro de esta Sala, y como Juez de primera instancia en los autos “Velarde, Andrea Karina c/ Maxima A.F.J.P. S.A. s/ certificados art. 80 LCT” (sentencia Nº 2449 del 29.2.08, del registro del Juzgado Nº 74); la reglamentación del art. 80 de la LCT dispuesta por el decreto Nº 146/01 resulta inconstitucional.

“Ello, porque dicho decreto exige al trabajador esperar un plazo de treinta días corridos a partir de la extinción del contrato de trabajo para que el empleador haga entrega de los certificados de trabajo. Dicha requisitoria que se impone al trabajador constituye un exceso reglamentario en relación con la norma superior que reglamenta (art. 80 LCT, conf. art. 45 de la ley 25.345), pues se encuentra en abierta contradicción con lo previsto en la materia por los arts. 28 y 99 inc. 2 de la C.N. y torna inconstitucional el mencionado art. 3 del decreto 146/01 (Del voto del Dr. Fernández Madrid, en mayoría, CNAT Sala VI Expte nº 30189/02 sent. 57061 del 31/3/04 en autos “Cuellar, Santiago c/ Inversiones y Transportes SA y otro s/ despido”; Sala VII Expte n° 19358/05 sent. 39717 9/11/06 “Daix, Odina c/ La Tortería SRL s/ despido”). En igual sentido, ver mi voto en autos “Righetti, Mario Alberto c/ Joaquín Brenta Alcalde SA”, sentencia Nº 92470 del 4.3.2011, del registro de esta Sala.

“El citado art. 80 LCT, en su último párrafo, establece que el empleador está obligado a entregar los certificados de trabajo cuando el trabajador lo requiere a la época de la extinción de la relación, y durante el tiempo de la misma, cuando medien causas razonables. Luego, otorga un plazo de dos días hábiles desde el día siguiente a la intimación fehaciente al empleador, sancionándolo con una indemnización especial, en caso de incumplimiento.”

“Reiteradamente he sostenido que no puede considerarse cumplida la intimación a acompañar las certificaciones del art. 80 de la L.C.T., con la notificación de su puesta a disposición, pues la empleadora siempre tiene el recurso legal de la consignación (conf. Sentencia Nº 2675 del 26.10.09, en autos “Camacho, Mario Javier c/ Establecimientos Metalúrgicos Becciu e hijos S.A. s/ despido”, del registro del Juzgado Nº 74).

“En síntesis, la entrega de los certificados de trabajo y aportes previsionales al dependiente en oportunidad de la extinción de la relación laboral, es una obligación de la empleadora, que debe ser cumplida en forma inmediata a la desvinculación. No hay razones, pues, para considerar que el cumplimiento de esta obligación dependa -en lo que se refiere a su aspecto temporal- de que el trabajador concurra a la sede de la empresa o establecimiento a retirar los certificados, sino que corresponde entender que, en caso de que así no ocurra, el empleador debe, previa intimación, consignar judicialmente los certificados (en sentido análogo, SD Nro. 83170 del 11.2.2002, “Fraza, María Aída c/ Storto, Silvia Noemí y otro”, del registro de esta Sala).

En la especie, el actor el 27 de agosto de 2012 intimó a la entrega de los certificados de trabajo, quien esencialmente no cumplió con el aporte de la mencionada obligación por cuanto la documentación de fs. 80/86 no refleja la real relación de trabajo entre las partes.

En definitiva, la parte actora cumplió con los recaudos previstos en el art. 3 del decreto 146/, sin que las codemandadas se avinieran a satisfacer la obligación, ya que en autos resultaron condenadas a la entrega del certificado de trabajo.

Por lo tanto, propongo confirma la sentencia de primera instancia en cuanto al pago del agravamiento previsto en el art. 45 de la ley 25345.

VIII.- En cuanto a la multa del art. 2 de la ley 25323, dicha normativa, tiende a resarcir daños distintos e independientes de la cesantía en sí, ya que busca indemnizar los perjuicios que sufre el trabajador, como consecuencia de la falta de pago en tiempo oportuno de las reparaciones consagradas por la LCT. Esto es que pretende que el acreedor laboral sea satisfecho de modo inmediato, en atención al carácter alimentario de sus créditos, sin tener que padecer la pérdida de tiempo y los mayores gastos que implica el inicio de un proceso administrativo o judicial.

En este caso, el trabajador el 27 de agosto de 2012 al pago de las indemnizaciones por despido comunicación CD …, fs.165 y fs. 171.

Por lo tanto, considero el trabajador constituyó en mora a las sociedades y esencialmente al no encontrar una respuesta satisfactoria a su intimación, tuvo que iniciar la presente acción, a fin de reconocer el vínculos con las codemandadas solidarias y cobrar las sumas reclamadas. En consecuencia, corresponde confirmar el agravamiento en cuestión.

IX.- Luego, en materia de intereses, cabe señalar que conforme lo expresé en la causa Nº 36638/2012/CA1, “RODRIGUEZ, NORMA DEL VALLE y OTRO c/PRIORITY HOME CARE SRL y OTRO s/DESPIDO”, de fecha 7/12/17, sostuve que a partir del 1º de diciembre del 2017, la aplicación del 36% fijo anual que dispone el Acta Nº 2630/16, en lugar.

Desde la nueva integración, y efectuado un nuevo análisis de la situación, propiciaría que a partir del 08/05/2018 se aplicara la tasa de intereses determinada en el ACTA nº 2658, fecha en la que la misma establece un interés superior al 36%.

En consecuencia, si bien entiendo que corresponde aplicar el Acta 2658 desde el 08/05/2018, fecha en la que la misma establece un interés superior al 36%.

Por lo tanto, voto por mantener la tasa de interés fijada en la anterior instancia, conforme las Actas 2601 y su correlativa 2630, el 36% de tasa de interés anual hasta el 30/11/2017, y a partir de allí, y hasta el momento de su efectivo pago, los intereses adecuados resultan ser los establecidos en el Acta CNAT Nº 2658.

Finalmente, auspicio confirmar la actualización monetaria concedida por la Sra. Juez de grado anterió, aún de manera oficiosa y en cualquier estado del proceso (inclusive, en etapa de ejecución). Ello, en razón del principio iura novit curia y como consecuencia necesaria de la notoria y pública inflación.

Esto último, puede inferirse del actual texto del art. 772 del CCCN, que resulta aplicable en el caso, el cual en su primera parte dispone que “si la deuda consiste en cierto valor, el monto resultante debe referirse al valor real al momento que corresponda tomar en cuenta para la evaluación de la deuda...”.

Así, resulta ser un dato público y notorio la inflación que vivimos desde la crisis del año 2001 (por cierto, también preexistente en diversas medidas). Dicha circunstancia, no debe ser desconocida por quienes somos los encargados de resolver los conflictos que se suscitaren en torno al derecho del trabajo, tal como expresamente lo indica la propia demandada.

Esta cuestión (constante inflación), es de macro impacto, y en caso de ignorarse la realidad (razonabilidad), se negaría la racionalidad.

Ejemplos claros del proceso de inflación que se vive en nuestro país, son los que escuchamos a diario en los medios de comunicación masiva. Así, tenemos el caso del dólar, que a principios del mes de agosto cotizó para la venta en sumas cercanas a los dieciocho pesos ($18).

Luego, contamos con distintos índices. Uno de ellos, es el oficial. Así, el índice de precios al consumidor del mes de abril 2017, reflejó una variación del 2,6% con relación al mes anterior. A su vez, se registró un aumento en los precios a “nivel general” del 27,5% con respecto a abril del 2016. Con relación a la vivienda y servicios básicos, durante el último año se incrementó en un 34,2% (fuente: www.indec.gob.ar/uploads/informesdeprensa/ipc_05_17.pdf).

Otro índice, es el que publica mensualmente la Cámara Argentina de la Construcción (CAC). Actualmente, estableció como índice de base 100 la de Diciembre del 2014, arrojando un aumento al mes de abril del 2017 (28 meses posteriores) un incremento de la mano de obra del 207,90%, del costo de la construcción del 187,30; y de materiales del 173,20%.

En sentido coincidente, se encuentran los nuevos índices que se utilizan para los préstamos hipotecarios denominados “UVA”. Algunas entidades financieras, como el Banco Nación (también lo ofrecen el Banco Provincia y el Banco Ciudad), otorgan estos créditos con un interés fijo que es del 3,5% anual (para clientes del banco que adhieran a los paquetes de servicios) o del 4,5% anual (no clientes que no adhieran al paquete de servicios), más el índice de actualización que se denomina “UVA” (unidad de valor adquisitivo), que se publica diariamente por el Banco Central de la República Argentina.

Ahora bien, en el último registro de este índice, alcanza el valor de 19,19; y el primer registro del mismo, data del 31/03/2016 en un valor de 14,05. Es decir que en el transcurso de 14 meses el índice se incrementó en 36,58%.

También, contamos con el índice de las Remuneraciones Imponibles Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE). Dicho informe, publicado por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, nos permite analizar de forma más global el proceso inflacionario, puesto que data del mes de julio de 1994, y arroja números que sorprenden. Puesto que si se toma como base dicho mes, a marzo del 2017, surge un aumento del 2.547,29%.

Sin ir más lejos, si tomamos en cuenta el índice de abril del 2007, surge que durante los último 10 años, se vivió una inflación de por lo “menos” 1.227,61% (RIPTE del mes de abril 2007: 207,50; RIPTE de marzo 2017: 2.547,29: 2547,29 x 100 / 207,50)

Digo “por lo menos”, dado que, lamentablemente, las remuneraciones vienen en forma “atrasada” a la inflación. Nunca se otorga un aumento salarial en forma “previa” al aumento de precios, por el contrario, este viene a consecuencia del proceso inflacionario.

Esta realidad económica, que marca un constante y “alarmante” nivel de aumento de los precios, también trae consecuencias negativas con los reclamos de los trabajadores.

Desconocer el proceso inflacionario habido, en el cálculo de la indemnización que debiera resguardar el poder adquisitivo al momento del hecho, sería no hacer “justicia”, o hacerlo “a medias”. Digo así, dado que entiendo que el juez no puede desconocer todo lo reseñado, y cuenta con herramientas que resultan necesarias para preservar el crédito del trabajador (sujeto de preferente tutela).

Incluso, una herramienta enteramente al alcance, es el costo en materia alimentaria y vestimenta, que soporta el mismo juez.

Asimismo, destaco que la CSJN misma, ha entendido que la depreciación monetaria debe ser entendida como un hecho público y notorio: “las variaciones del valor de la moneda, lo que por otro lado es público y notorio y se refleja con asiduidad en los valores de las cosas, son valores venales que sufren, desde hace largo lapso, fuertes alteraciones. De ello resulta el grave deterioro en la remuneración real recibida por los señores jueces ya que el envilecimiento del signo monetario disminuye notablemente el poder adquisitivo de una cantidad; de aquí pues que para compensar el mayor valor de las cosas sea necesario recibir una mayor retribución (A. 302. XXII; “Almeida Hansen, Jorge A. c/ Estado Nacional (Ministerio de Educación y Justicia) s/ amparo”, 28-03-1990, T. 313, P. 344)”.

A su vez, el tribunal superior ha manifestado que, si un acontecimiento es de público y notorio conocimiento “los jueces no deben sustraerse porque integra la verdad jurídica objetiva” (C. 2002. XXXII.; Chubut, Provincia del c/ Centrales Térmicas Patagónicas S.A. s/ sumario.07-12-2001 T.324, P. 4199); “ya que sus sentencias han de ceñirse a las circunstancias dadas cuando se dictan, aunque sean sobrevinientes al recurso extraordinario, pues la subsistencia de los requisitos jurisdiccionales es comprobable de oficio y su desaparición importa la del poder de juzgar” (P. 679. XLVIII; REX04-09-2012).

Por otra parte, no puedo dejar de recordar la doctrina del fallo “Camusso”, de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que data del 21 de mayo de 1976, en el cual se resolvió, con relación a la ley 20.695, que “la actualización de un crédito cuyo importe había sido establecido mediante una sentencia firme, pero estaba pendiente de pago, no implicaba una alteración sustancial de la cosa juzgada que menoscabara las garantías constitucionales de propiedad y de la defensa en juicio.”

Esta, como otras pautas interpretativas alcanzadas por la Corte en el mencionado fallo, gozan de evidente razonabilidad y vigencia en nuestros días, dentro del marco de la racionalidad normativa vigente de los derechos humanos fundamentales.

De todas formas, señalo que de mediar en esa misma realidad, a la que le estoy prestando atención, un fenómeno en el futuro que produzca un desajuste en perjuicio de la contraparte, también ha de ser atendido siguiendo en ello lo que esta Justicia Nacional del trabajo tuviera como práctica con los incidentes de ejecución en tiempos de la Ley 24283, conocida como Ley Martínez Raymonda referida a la actualización del valor de bienes o prestaciones (B.O. 21-12-1993).

Asimismo, en relación con esta cuestión, pueden debatirse temas que tienen que ver con los conceptos de “deuda de valor” y “deuda de dinero”. Al respecto, ilustra Cornaglia (en “La reparación del daño y la deuda de valor. El carácter ontológico de la deuda reparativa de daños laborales por infortunios”, Abeledo Perrot nº 0003/402854): “el juicio por la reparación de daños producidos por un infortunio laboral se trata de un litigio por deudas de valor (tarifadas o no), que reclama la declaración de certeza hecha por un juez que legitime la titularidad del crédito y fije el quantum valorativo (...). Para la categoría del absurdo (madre de buena parte de las arbitrariedades), no podría calificarse como deuda de dinero a la de valor o de valor a la de dinero. Porque, en lo que nos interesa en justicia, está el valor por sobre el dinero, por cuanto el dinero no deja de ser una imperfecta e insuficiente forma de considerar el valor”.

Asimismo, agrega que: “sin perjuicio de ello, es cierto que una mejor técnica legislativa en una posible reforma de la Ley de Riesgos de Trabajo debería atender a los salarios más próximos a la fecha del pago y no a la fecha del hecho. Pero esto no altera nuestra posición en cuanto a que toda acción, tarifada o no, por infortunio responde a una deuda de valor y arrastra a la necesaria declaración de inconstitucionalidad de sus previsiones en cuanto pretendan desactivar o desmerecer la íntegra reparación del daño causado. Ni el juez ni el legislador pueden arrogarse el poder (derecho) que la Constitución le reconoce a la víctima” (Los destacados en los párrafos precedentes me pertenecen).

Sin perjuicio de todo lo expuesto, señalo que este criterio ha sido una constante para mí, puesto que la inflación también lo fue de inveterado para el país. De hecho que, ya con el anterior código, inclusive como jueza de primera instancia, dispuse practicar la actualización de los créditos alimentarios (Sentencia Definitiva Nº 2404, de fecha 30-08-2007, en Exte. Nº 16.879/2002, Autos “MENA, Norma Cristina y otros c/ CW Comunicaciones S.A. y otros s/ despido”)

Dicho criterio, también lo sostengo como Juez de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, entre otros precedentes, en autos “Sánchez, Javier Armando c/ Cristem S.A. s/ Juicio Sumario” (Expte. Nº 28.048/2011/CA1, Sentencia Definitiva de fecha 01/12/2014, de los registros de esta Sala III), al cual me remito en orden a la amplitud de los argumentos allí desarrollados.

Asimismo, consigno sus fundamentos en relación a la declaración de inconstitucionalidad del artículo 4º de la ley 25561, en donde también se deja a salvo con profusa argumentación, el iura novit curia y la inconstitucionalidad de oficio -según el caso-.

En consecuencia, propicio confirmar la actualización monetaria sobre los créditos que proceden (criterio también recogido en el art. 772 del nuevo CCCN), tal como explicitó la Sra. Juez de grado anterior en la sentencia.

X.- Las coaccionadas AMERICAS GROUND SERVICES INC SUCURSAL ARGENTINA y AMERICAN AIRLINES INC SUCURSAL ARGENTINA apelan el régimen de costas de primera instancia.

En el caso, no encuentro “mérito” para apartarme del régimen de la derrota contenido en el art. 68 del CPCCN, por ello propongo confirmar en el punto el pronunciamiento apelado.

A la vez considero que las codemandadas solidarias AMERICAS GROUND SERVICES INC, SUCURSAL ARGENTINA y AMERICAN AIRLINES IN SUCURSAL ARGENTINA, y AEROPUERTOS ARGENTINA 2000 deben afrontar las costas en la alzada.

XI.- Las codemandadas solidarias apelan los honorarios regulados a la representación letrada de la parte actora y perito contador en la instancia anterior por estimarlos elevados. Por su parte el experto contable recurre sus emolumentos por considerarlos bajos.

En atención al monto del litigio, a la calidad y extensión de las tareas desempeñadas por los profesionales intervinientes y a lo dispuesto en el art. 38 de la ley 18.345, arts. 6, 7, 8, 9, 19, 37, 39 y conc. de la ley 21839, y concs. de la Ley de Aranceles y ley 24432, arts. 3, 6 del decreto ley 16638/57 y demás normas arancelarias vigentes, los honorarios regulados a la representación letrada de la parte actora resultan adecuados a derecho y por ello propicio confirmarlos. En lo que respecta a los honorarios del Sr. Perito contador estimo que los mismos son reducidos y en consecuencia propongo elevarlos en el …% del monto de condena (capital e intereses).

Auspicio regular los honorarios de los profesionales firmantes de fs. 333/339, fs. 340/360 vta. y fs. 362/369 por sus trabajos ante la alzada, en …%, …% y …% , respectivamente de lo que le corresponda percibir por sus trabajos en la instancia previa (art. 14 de la ley 21839).

En definitiva y por lo que antecede voto por: I.- Confirmar la sentencia de primera instancia en todo cuanto fue materia de recursos y agravios. II.- Imponer las costas de la alzada a cargo de la codemandadas AMERICAS GROUND SERVICES INC, SUCURSAL ARGENTINA y AMERICAN AIRLINES IN SUCURSAL ARGENTINA, y AEROPUERTOS ARGENTINA 2000. III.- Confirmar los honorarios de la representación letrada de la parte actora. IV.- Elevar los honorarios del Sr. Perito contador en el …% del monto de condena (capital e intereses). V.- Regular los honorarios de los profesionales firmantes de fs. 333/339, fs. 340/360 vta. y fs. 362/369 por sus trabajos ante la alzada, en …%, …% y …%, respectivamente de lo que le corresponda percibir por sus trabajos en la instancia previa.

El Dr. Miguel Omar Pérez dijo:

Disiento con la doctora Cañal acerca de la condena dineraria con base en el art. 80 LCT porque hay agravio puntual que habilita la revisión en el punto y porque, en el caso, la intimación de la actora (TCL Nº … del 27.8.12, fs. 165, fs. 171) no se ajusta al plazo que prevé el art. 1º el decreto 146/01 que considero que no importa el ejercicio de una facultad reglamentaria excedida al fijar un plazo tampoco irracional si éste tiende, entre otros objetivos, a que al empleador pueda regularizar relaciones con eventuales puntos controvertidos por las proyecciones a la certificación a emitir por el principal. Ello, pues el despido es del 17.8.12.

Ello sin perjuicio de señalar que al efectuar el cuestionamiento constitucional -en la demanda- no se expresan argumentos de entidad como para obtener una declaración de inconstitucionalidad.

De allí que la suma de $ 14.955 (admitida con base en el art. 80 LCT), de prosperar mi voto, se debería detraer del monto de condena. Es decir que la demanda prospera por la suma de $ 88.577,58 ($ 103.532,58 - $ 14.955), con más sus intereses.

Acerca de la actualización monetaria, considero que no es posible la repotenciación de las deudas dinerarias en base a índices de precios, es necesario que la alícuota contenga un ingrediente que mitigue la incidencia dañosa de la inflación, aspecto que debe considerarse adecuadamente cubierto a través de la tasa de interés.

Por lo demás, la Corte Suprema de Justicia de la Nación se ha expedido por no admitir la inclusión de la indexación (CSJN en causas “Massolo...”, “Belatti...” del 20.4.10 y 20.12.11, respectivamente; entre otras).

En consecuencia, adhiero al voto de la Dra. Cañal salvo en lo que respecta a la indemnización del art. 80 de la LCT y a la actualización monetaria. Por lo cual auspicio reducir el monto de condena a la suma de $ 88.577,58 con más sus intereses, sin actualización monetaria.

Conforme el art. 279 del CPCCN las costas de primera instancia deben seguirán a cargo de las demandadas y las alzada por su orden por el resultado.

Respecto de la regulación de honorarios considero adecuadamente retributiva la de grado y los de alzada en el …% a cada uno (Ley 21839, art. 38 de la L.O).

El Dr. Alejandro Hugo Perugini dijo:

Que adhiere al voto del Doctor Pérez por compartir sus fundamentos.

Por lo tanto, el Tribunal RESUELVE: I.- Modificar la sentencia de primera instancia y por ende reducir el monto de conde na a la suma PESOS OCHENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SETENTA Y SIETE CON CINCUENTA Y OCHO CENTAVOS ($88.577,58) con más sus intereses y sin actualización. II.- Dejar sin efecto el régimen de costas de primera instancia. III.- Imponer las costas de primera instancia a las demandadas vencidas. IV.- Declarar por su orden las costas de la alzada. V.- Mantener la regulación de honorarios de primera instancia. VI.- Regular los honorarios de los profesionales firmantes de fs. 333/339, fs. 340/360 vta. y fs. 362/369 por sus trabajos ante la alzada, en …%, para cada uno de ellos respectivamente, de lo que les corresponda percibir por sus trabajos en la instancia previa.

Regístrese, notifíquese y oportunamente devuélvase.

 

Alejandro Hugo Perugini

Juez de Cámara

Miguel Omar Pérez

Juez de Cámara

Diana Regina Cañal

Juez de Cámara

Ante mi: María Luján Garay

Secretaria.

 

  Correlaciones:

Pérez, Carla Tatiana c/Rex Argentina SA y otro s/despido - Cám. Nac. Trab. - Sala II - 09/10/2015 - Cita digital IUSJU004828E

 

 

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